Referéndum: Cataluña: todos los actores a punto para un choque inevitable el 1-0 | Mi dinero

Josep Pla escribió que Barcelona alcanza su máximo esplendor en otoño, cuando a la ciudad regresan el orden, la puntualidad y la pausa, tan desatendidas en verano y que tan bien le sientan a la capital catalana.

En este otoño aún veraniego, atípico y caótico -que horrorizaría al escritor de Palafrugell- quien ha llegado puntual a Barcelona, esta vez sí, ha sido el Estado. A diferencia del ensayo general del 9N, donde el Gobierno de Mariano Rajoy prefirió verlo por televisión, el Estado se ha hecho más visible que nunca en la capital catalana y en todo el territorio. En pueblos pequeños se ven convoyes de 4×4 verdes y blancos de la Guardia Civil, algo que los más jóvenes, que solo han conocido a los Mossos d’Esquadra imponiendo orden, no habían visto nunca.

El Estado ha comparecido con un despliegue sin precedentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con una actividad preventiva de la Fiscalía y de los tribunales, que han vinculado en los preparativos para evitar el referéndum a la policía autonómica y local. Sí, ellos también son Estado.

Las fuerzas policiales han golpeado parte de la logística y preparativos de la Generalitat y de las organizaciones independentistas, lideradas por la ANC y Òmnium Cultural. Con tal demostración de fuerza, si se celebrara un referéndum, o algo muy parecido, supondría un fracaso del Gobierno de Mariano Rajoy.

La Generalitat se mueve ágil frente a una maquinaria del Estado que es fuerte, pero más lenta y pesada

Sin embargo, los movimientos independentistas y el Gobierno catalán han demostrado una gran capacidad de organización y estrategia. Es evidente que habían preparado el choque de trenes a conciencia y que contaban con planes alternativos a medida que el Estado, siempre más lento y pesado, adoptaba decisiones coercitivas. Mientras el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguraba desde Madrid que el referéndum no se celebraría, en Barcelona, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, posaban sonrientes ante una suerte de urna. No es la típica urna transparente de metacrilato, sino que se trata de un cubo de plástico, con el logo de la Generalitat, una tapa y precintos rojos. Es algo así como un contenedor, algo aparatoso, pero que se puede transportar en dos piezas, lo que permite sortear posibles controles. El precio de estos cubos ronda los cinco euros y si su pago ha salido de las cuentas públicas significa que las medidas de Cristóbal Montoro, que aseguró que no se destinaría ni un euro público a organizar el referéndum, no han funcionado.

En un centro de prensa en Barcelona organizado por Mediapro, que cobra 10 euros al día a los periodistas, los representantes de la Generalitat han anunciado que 5.343.358 catalanes “están llamados a votar en los 2.315 colegios electorales” que se abrirán de 9 a 20 horas.

Así, este domingo se verá por un lado a fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen la orden de precintar los colegios electorales, identificar a los responsables de las mesas electorales y requisar las urnas. Por el otro, una masa entusiasta de catalanes madrugará y saldrá a la calle dispuesta a votar para que Cataluña sea un Estado independiente. Muchos elementos que sugieren que la situación puede acabar mal. El riesgo de que cualquier incidente, incluso menor, derive en altercados es elevadísimo. A ello se acoge la cúpula de los Mossos d’Esquadra para defender que no impedirá que se celebren las votaciones si observan riesgos para el orden público. Habrá que ver, entonces, qué estrategia adopta la Guardia Civil y la Policía nacional, que cuentan con miles de efectivos por toda Cataluña.

De momento, los independentistas se están organizando para ocupar las escuelas que serán colegios electorales. En multitud de localidades catalanas, se están programando actividades y turnos para que las escuelas permanezcan abiertas las 24 horas del día. Los payeses, que este viernes invadieron Barcelona con tractores para manifestarse a favor de la independencia, han aparcado los pesados vehículos frente a colegios electorales para dificultar que las fuerzas de seguridad cumplan con las órdenes de los tribunales. “Esto es una revolución”, decía asombrada una mujer mientras veía avanzar la columna de tractores ante los gritos de votarem de estudiantes que volvieron a manifestarse en la Plaza Universitat de Barcelona. Aunque solo unos metros más lejos, en el Paseo de Gracia, barceloneses y turistas vivían ajenos a esa revolución. Una parte muy importante de la población no se siente interpelada por la votación y no acudirá a ningún colegio electoral. Los partidarios del no se quedarán en casa y quizás este sea precisamente el mayor factor deslegitimador del referéndum.

Esta es la situación en la víspera del gran día que el independentismo lleva años preparando. Incluso si hay votaciones y abren colegios electorales, difícilmente el 1-0 podrá calificarse como un referéndum. Carece de garantías suficientes, de representatividad y se ha organizado vulnerando la legalidad vigente. Lo que la Generalitat había preparado como una consulta vinculante sobre la independencia de Cataluña derivará probablemente en movilizaciones. Y ello entra dentro de la hoja de ruta.

Hay una idea que los independentistas han repetido en las charlas y coloquios que organizan por toda la geografía catalana. Defienden que si el Estado recurre a la fuerza, ellos habrán ganado. Esta misma semana lo volvió a repetir el expresidente de la Generalitat, Artur Mas en RAC1. Sostienen los independentistas que ver a un guardia civil requisando urnas sería demoledor para la imagen internacional de España. Si bien sobrevaloran la capacidad de sorpresa o la empatía que su causa pueda generar en el exterior, sí es cierto que la percepción es que el relato lo está ganando el independentismo.

Cataluña no será independiente porque el Estado cuenta con mecanismos suficientes para evitarlo, pero los independentistas han llevado su proyecto a cotas impensables hace menos de una década y hoy no parece tan estrambótica la idea de un referéndum pactado. Definitivamente, no era un souflé. “Ya hemos ganado”, dicen los independentistas. Veremos si cuando acabe el día 1 de octubre, alguien ha ganado o todos han perdido.

Source link

Desafío independentista: Así son los tres cruceros en los que nadie robará ni los champús | Mercados

Cómo alojar a 5.000 personas durante dos semanas en una ciudad con la ocupación turística más alta del país, con un presupuesto limitado y sin mucha antelación. Ante este problema se encontró el Ministerio del Interior cuando decidió trasladar a más de 5.000 operativos de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña por la ofensiva independentista del uno de octubre. Y la solución llegó por mar desde Italia: Tres buques híbridos entre cruceros y ferris que ya están amarrados en puertos catalanes.

Se desconoce el coste de este despliegue, ya que ni las compañías italianas que han facilitado las embarcaciones al Gobierno ni Interior han querido dar datos al respecto. Otras navieras consultadas desconocen las tarifas que se pueden aplicar ya que no ofrecen un servicio de “alquiler”.

Eso sí, el ministerio puede evitar pagar los costes de amarre ya que bajo el artículo 171 de la ley de Puertos, los buques de Estado están exentos del pago de tasas. Aunque estos buques estén bajo bandera privada italiana, al ser requeridos para un uso oficial pueden acogerse a esta regla. Esta exención permitiría a Interior ahorrarse alrededor de 37.000 euros en gastos de amarre, practicaje o de recepción de residuos.

Hasta el cinco de octubre estos cruceros serán el hogar de 5.000 policías divididos en alrededor de 1.500 camarotes en tres embarcaciones en las que pasarán la noche y comerán: el GNVRhapsody, el GNV Azurra y el Moby Dada. Las tres embarcaciones pertenecen a dos compañías italianas, Grandi Naviere Veloci y Moby. 

El Rhapsody es el más nuevo de todos y el que más comodidades tiene. Se construyó en 1996y puede albergar a 2.448 pasajeros. También es el más grande, con 161 metros de eslora (largo) , 38 de manga (ancho) y 38.000 toneladas de peso. En el Rhapsody hay una piscina, un restaurante, una sala infantil, sala de lectura, sala de juegos, centro comercial y hasta una capilla. 

No está claro si los huéspedes temporales podrán hacer uso de todas las instalaciones ya que las directrices dependen del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado sobre el tema.
El GNV Azurra baja un escalafón en cuanto a extras se refiere. No cuenta con piscina, sala de juegos ni sala de lectura, por ejemplo. Fue construido en 1980 y es 8 metros más largo que el Rhapsody, pero 14 más estrecho. En él podrán alojarse hasta 2.180 policías distribuidos en 518 camarotes.

El último, y el que más sorna ha levantado entre los internautas y curiosos en los últimos los días, es el Moby Dada. Un buque de 34.000 toneladas, en el que caben 1648 personas, adornado con los personajes de los Looney Tunes de la Warner. Piolín, Silvestre y el Demonio de Tasmania lucen en la “fachada” de la improvisada morada de los miembros de la policía nacional desplazados. El Rhpasody y el Moby están amarrados en el puerto de Barcelona, y el Azurra en Tarragona.

Con la llegada de las embarcaciones a Cataluña comenzó la polémica. Los estibadores se negaron a prestar servicios a los buques, cuando en un principio este gremio no opera en cruceros. Entre el personal del puerto de Barcelona hay ideas de todos los gustos, según un trabajador del mismo, que hace hincapié en que el ambiente que se vive es festivo a pesar de las diferencias.

Más policías para el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó este viernes que el Ministerio enviará más operativos para hacer frente al desafío independentista por las “movilizaciones tumultuarias que se están produciendo”.  

Los efectivos desplazados cumplirán labores de “vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán si se mantuviera el referéndum ilegal”, declaró Zoido.
Los policías cobrarán entre 40 y 110 euros por día en dietas. Los que pernocten en hoteles recibirán 80 euros, los que hagan lo propio en cuarteles, 110, y 95 será la cantidad asignada para los que sean acomodados en los buques. Los que ya estén destinados en Cataluña cobrarán 40 euros.

Source link

Referéndum Cataluña: Guía legal para moverse en el desafío independentista | Legal

Los acontecimientos vividos en los últimos días en el Parlamento de Cataluña y la convocatoria del referéndum ilegal plantean toda una serie de interrogantes legales. Surgen dudas sobre la seguridad jurídica para las empresas que puedan participar de alguna manera en el proceso –como el caso de la imprenta que se encargue de elaborar las papeletas-, así como sobre la responsabilidad de los funcionarios que incumplan la ley, el papel de los ayuntamientos o la elaboración de un censo electoral. Ofrecemos respuesta a alguna de estas cuestiones clave.

¿Qué medidas legales tiene el Gobierno en sus manos?, ¿hasta dónde puede llegar el Estado?

El Gobierno de España ha dado ya toda una serie de pasos para lograr frenar el desafío independentista, con diversas acciones ante el Tribunal Constitucional. Según explica Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, en función de cómo transcurran los acontecimientos a partir de ahora, el Gobierno puede activar otros instrumentos ordinarios, que residen en medidas administrativas y sanciones penales. Esta experta señala que se podría instar la declaración de un estado de excepción o sitio o recurrir a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional por las que el presidente del Gobierno, mediante la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, puede tomar el control directo de órganos y servicios si se dan las circunstancias habilitantes para ello (se tendría que aprobar un decreto que detallara las medidas). También podría el Gobierno instar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que precisa la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, para conseguir que determinadas competencias o atribuciones dejen de ser ejercitadas por las autoridades de la comunidad autónoma y pasen a serlo directamente por las autoridades centrales o que se establezcan mecanismos para que las autoridades autonómicas cumplan forzosamente con la legalidad.

¿Qué puede pasarle a los altos cargos que incumplan la ley?

Las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional incluyen el apercibimiento personal a una serie de autoridades o personas involucradas en el proceso, con una advertencia específica sobre las eventuales responsabilidades penales en las que podrían incurrir en caso de incumplimiento. Según explica Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, el apercibimiento personal es un elemento esencial para constituir después un delito de desobediencia grave. Además, este experto recuerda que los Decretos y la Resolución del Parlamento, los actos o acuerdos contrarios podrán ser considerados un delito de prevaricación y aquellos que supongan una detracción presupuestaria serán consideradas asimismo ilegales y podrán constituir un delito de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), cuya pena se eleva hasta los 8 años de prisión si la cantidad malversada supera los 50.000 euros, algo nada difícil dada la envergadura del referéndum.

¿Qué responsabilidad se puede exigir a los funcionarios que colaboren con el proceso?

Todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a cumplir con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. Así lo establece con carácter general el art. 53 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, y así lo específica, para los funcionarios de la Administración de la Generalidad, el artículo 108 del Texto refundido de los preceptos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. En este sentido, Blanca Lozano, catedrática de Derecho Administrativo en Cunef y magistrada ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, advierte de que el incumplimiento de este deber está tipificado como una falta muy grave que puede conllevar la sanción máxima de separación de servicio. Según Lozano, están obligados a desacatar una orden ilegal, como lo sería cualquier orden o instrucción dirigida a incumplir lo establecido de forma pública y notoria por el Tribunal Constitucional.

¿Cómo deben actuar los Mossos d’Esquadra?

El papel que juegan los Mossos d’Esquadra es clave. Sobre este colectivo, Blanca Lozano recuerda que tanto las disposiciones generales de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aplicables a los cuerpos de Policía dependientes de las comunidades autónomas, como la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña reguladora de este cuerpo de Policía (Ley 10/1994, de 11 de julio), preceptúan que deben cumplir y hacer cumplir en todo momento la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación vigente. Desde el momento en que el TC ha suspendido la ley y los decretos de convocatoria del referéndum soberanista, cualquier orden o instrucción dirigida a apoyar dicha consulta sería manifiestamente ilegal y los Mossos d’Esquadra estarían obligados a no cumplirla en defensa de la legalidad constitucional. De lo contrario, esta experta entiende que incurrirían en los delitos contra la Constitución, de prevaricación y de sedición previstos en el Código Penal y, además, en una falta muy grave de incumplimiento a la Constitución en el ejercicio de las funciones prevista en la Ley catalana reguladora de este Cuerpo de Policía (artículo 68.1.a). Por otra parte, Lozano subraya que hay que tener en cuenta que los Mossos d’Esquadra adscritos a unidades de policía judicial dependen funcionalmente de los jueces y tribunales de lo penal y del ministerio fiscal y deben cumplir los mandatos judiciales. En caso de no hacerlo, incurrirían en el delito agravado de denegación del auxilio debido a la Administración de Justicia por las fuerzas públicas que prevé el Código Penal y, además, se les instruiría un expediente disciplinario a instancia del propio órgano judicial.

¿Qué opciones tienen los ayuntamientos?

Las entidades locales juegan un papel clave en la organización del referéndum. El presidente de la Generalidad, Carlos Puigdemont, envió una carta el pasado jueves a los alcaldes de los 948 municipios catalanes animándoles a participar en el proceso y dándoles 48 horas para dar una respuesta. Al cierre de esta edición, más del 60% ya habían accedido. En este sentido, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha señalado que “de ningún modo, los ayuntamientos pueden colocar urnas bajo un mandato ilegítimo”. No hay que perder de vista que la advertencia de la providencia dictada por el TC sobre las posibles responsabilidades penales a las que se enfrentan las autoridades involucradas alcanza a los alcaldes de la comunidad autónoma catalana.

¿Qué le pasará a quienes sean llamados a formar parte de una mesa electoral?

Las eventuales responsabilidades de actores secundarios que participen en el proceso parece más discutible que la de funcionarios públicos. Así lo entiende Nicolás García Rivas al señalar que aquellos a los que el Decreto catalán obligue a formar parte de las mesas electorales “no estarán jurídicamente obligados a asistir porque el Decreto ha sido suspendido, pero tampoco podrían ser considerados reos de un delito de desobediencia porque no habrán sido apercibidos personalmente de la ilegalidad de su actuación”. En estos casos, la posible comisión de otros delitos exigiría un análisis más detallado. Por otra parte, este experto apunta que aquellos que asistan a las mesas por temor a las eventuales represalias de las autoridades catalanas podrán invocar una eximente de miedo insuperable (artículo 20.6 del Código Penal).

¿Qué puede pasarle a las empresas que colaboren en el referéndum?

Al margen de esos casos, las empresas colaboradoras en la organización del referéndum (transportistas, imprentas, etc.), al no haber sido directamente apercibidas, no incurrirían en un delito de desobediencia, “aunque sí podrían ser consideradas partícipes de un delito de malversación de caudales públicos porque su condición de particulares no impide que, una vez conocida la ilegalidad de la actuación y la responsabilidad penal en que pueden incurrir quienes les encargan el transporte de urnas o la impresión de papeletas, deciden participar en una acción delictiva a conciencia”. Así lo subraya García Rivas, quien añade que “si actuasen por temor a represalias y ese temor no tuviera una motivación meramente económica, cabría alguna atenuación o exención de pena, en su caso”.

¿En qué situación quedarían los ciudadanos de Cataluña en caso de independencia?

Según Teresa Freixes, llegado el hipotético caso (cosa que duda), la denominada Ley fundacional de la República y de transitoriedad prevé la atribución automática de la nacionalidad catalana a los ciudadanos españoles residentes en Cataluña, los cuales mantendrían la nacionalidad española. En este sentido, considera que “olvidan que ningún Estado puede atribuir unilateralmente la doble nacionalidad con ningún otro”. Freixes señala que defienden esta posición basándose en la regulación de la Constitución Española que establece que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, pero, según explica la catedrática, “no es que se les prive, es que, según el Código Civil, la nacionalidad española se pierde cuando se adopta voluntariamente otra atribuida por un Estado con el que no se haya firmado un tratado de aceptación de la doble nacionalidad y, para no perderla, hay que manifestar la voluntad de conservarla, dentro del plazo de tres años, ante el encargado del Registro Civil”.

¿Y cuáles serían los efectos para esos ciudadanos en relación con la Unión Europea?

Tampoco sería fácil dar el paso a nivel internacional. Teresa Freixes recuerda que la secesión de parte de un territorio de un Estado miembro de la UE deriva en que este nuevo Estado queda automáticamente excluido de la Unión. Cataluña quedaría en la situación propia de un tercer estado y sus nacionales perderían la ciudadanía europea y los derechos que ésta les proporciona. El propio presidente del Parlamento Europeo se ha pronunciado señalando, además, que una violación de la Constitución de un Estado miembro constituye al mismo tiempo una violación del Derecho de la Unión.

Mientras tanto, ¿a quién deben pagar impuestos los catalanes?

La llamada Hacienda catalana se ha convertido en el último pulso entre las fuerzas del independentismo catalán y el Gobierno de España en la cuenta atrás hacia el referéndum. Según los datos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), la Agencia Tributaria catalana necesitaría más de 4.000 nuevos efectivos para asumir las competencias estatales. Sobre este tema, José Luis Groba, presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), explica a este diario que “la presentación de la declaración del impuesto junto con su correspondiente pago a la Agencia Tributaria Catalana no produce ningún efecto liberador sobre las obligaciones tributarias del contribuyente”. Y añade que “hasta que la declaración no sea presentada en la sede de la AEAT ( en este caso habría que arbitrar un acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria Catalana y la AEAT) y el importe pagado no sea ingresado en el Banco de España (aquí habría menos problemas ya que aunque lo ignore el propio contribuyente el pago lo puede hacer un tercero ), el contribuyente será considerado un No Declarante y un deudor a la Hacienda Púbica, con todas las consecuencias que ello pudiera suponer tanto a nivel administrativo como en el ámbito penal”.

Source link

Fraudes en el fútbol español: los casos más sonados | Compañías

La Unidad Central Operativa (UCO) durante varios meses ha investigado un caso de corrupción dentro de la Federación Española de Fútbol. Esto se debe a la malversación de 1,2 millones de euros concedidos a esta en calidad de una subvención del Estado para fortalecer las políticas transversales de las federaciones deportivas que también tuvieran una fundación.

Los 1,2 millones concedidos tendrían que haber sido destinados para la realización de cuatro proyectos de carácter solidario, como la construcción de una escuela de fútbol en Haití que nunca llegó a construirse.

Tras la presentación de la justificación de cuentas de estos proyectos en el año 2011, en 2016 de marzo de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol y su hijo la CSD apuntó irregularidades en los documentos presentados. Comenzó así la investigación, que tras la imputación el pasado mes Gorka Villar, ahora desemboca en la detención de ambos (junto a otros miembros de la Federación) y el registro de la sede de la Federación así como de domicilios particulares.

Este golpe para la imagen pública del deporte rey no es un caso aislado. Sonados escándalos como los 14,7 millones de euros defraudados a Hacienda de Cristino Ronaldo o los 4,1 millones defraudados por Leo Messi están día a día en el ojo de la opinión pública.

El Fútbol Club Barcelona individualmente, en el año 2016 fue condenado por dos delitos fiscales ejercidos en las operaciones realizadas durante el fichaje del futbolista Neymar da Silva. El club tuvo que pagar una multa de 5,5 millones de euros en compensación, admitiendo así cometer dos delitos fiscales durante el fichaje y renovación del futbolista, en el año 2011 y 2013.

El futbolista Radamel Falcao, está actualmente acusado por la Fiscalía por no tributar sus ganancias derivadas de sus derechos de imagen durante los años 2012 y 2013. Se le reclama una cantidad que asciende a un total de 5,6 millones de euros.

El ex futbolista del Fútbol Club Barcelona Samuel Eto’o también ha sido condenado por no declarar sus beneficios por derechos de imagen durante los años 2006 y 2009. Reclamando 3,46 millones de euros, la Fiscalía pidió en noviembre del año pasado una condena de 10 años y medio de cárcel para el deportista. Si la acusación llega a formalizarse, este tendrá que abonar una multa de 14 millones de euros.

El exjugador del Real Madrid, Ángel Di María, el pasado 22 de junio llegó a un acuerdo con la Fiscalía por el cual, tras defraudar 1,3 millones de euros durante 2012 y 2013, pagará dos millones y se le suma un año de cárcel, que no llegará a cumplir. También, el pasado 20 de junio la Fiscalía acusó al entrenador José Mourinho de defraudar a Hacienda 3,3 millones de euros, por no declarar durante 2011 y 2012 sus ingresos por la cesión de derechos de imagen.

En 2012, el futbolista Luis Figo tuvo que devolver los 2 millones y medio de euros que había defraudado a Hacienda durante los años 1997 y 1999. Iker Casillas pagó en 2014 dos millones a Hacienda tras una inspección. El futbolista Javier Mascherano asumió una multa de 700,000 euros en el año 2015 y devolvió el millón y medio de euros que defraudó por no declarar sus ingresos por derechos de imagen entre 2011 y 2012. El jugador de la selección española Xavi Alonso se vio en la misma situación, devolviendo un millón y medio de euros y abonando una multa de 850,000 euros.

Source link

La Comunidad de Madrid descarta la privatización del Canal de Isabel II | Compañías

El presidente del Canal de Isabel II y número dos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, acude esta tarde a la junta de accionistas de la empresa de aguas con mensajes como el mantenimiento a futuro del carácter público de la compañía; la necesidad de superar el impacto de la operación Lezo con un nuevo plan estratégico 2018-2022 de relanzamiento, y la vuelta del Canal a sus orígenes, que es la gestión del ciclo del agua en Madrid, renunciando a la internacionalización.

“Con el dinero de los madrileños no debemos jugar a la Bolsa”, ha afirmado esta mañana Garrido en rueda de prensa. El consejo presentará esta tarde unas cuentas de 2016 cerradas con 232 millones de beneficio, en línea con la de 2015, y en las que se han provisionado 8,1 millones por el deterioro de fondo de comercio de la filial brasileña Emissao.

La compra de esta última, en 2013, dio pie a la Operación Lezo, que motivó la entrada en prisión del expresidente madrileño Ignacio González tras denuncia de la Comunidad de Madrid ante la fiscalía. En el encuentro con los medios se ha aclarado que el deterioro de la participación en Emissao podría estar en línea con el supuesto sobreprecio pagado por la empresa. De forma paralela, el Canal va a activar un arbitraje en busca de recuperar entre 7 y 10 millones por una adquisición que fue cerrada en 25 millones en Brasil y sobre la que se sospecha que los activos estaban sobrevalorados.

El Canal va a activar un arbitraje en busca de recuperar entre 7 y 10 millones por una adquisición que fue cerrada en poco más de 20 millones en Brasil

La empresa madrileña ha lanzado la contratación de un asesor financiero para tasar los activos fuera de España, e incluso los negocios en Cáceres y Lanzarote, para proceder a su venta. Aún no e sabe si en un paquete o por activos. Incluso no se descarta la colocación en Bolsa.

Las filiales internacionales ofrecen alrededor del 20% de unos ingresos totales de 868 millones en 2016. El proceso de desinversión debería llevarse alrededor de un año. “Si salimos fuera de España será con contratos de ingeniería y asesoramiento, no estableciendo filiales”, se ha comprometido el presidente. Un mensaje que contrasta con la búsqueda de la internacionalización en empresas públicas dependientes de Fomento como Aena y Renfe.

Ángel Garrido explicará esta tarde en la junta que se han reforzado los controles internos para evitar nuevas corruptelas en el Canal: “Hemos enviado gente a las filiales extranjeras para que las controlen mientras dura el proceso de venta”.

El mensaje de la Comunidad de Madrid contrasta con la búsqueda de la internacionalización en empresas públicas como Aena y Renfe

Fin al intento de privatización

Sobre el blindaje de la propiedad 100% pública del Canal, está en trámite en la Asamblea de Madrid una proposición de Ley que modifique la posibilidad de venta de capital a manos privadas, proyecto que abanderó el propio Ignacio González durante el mandato de Esperanza Aguirre en la Comunidad madrileña. “El capital debe estar en manos de la Comunidad y sus Ayuntamientos”, ha insistido Garrido.

El accionariado de esta empresa, fruto del deseo de numeroros inversores industriales y de perfil financiero, está en manos de la Comunidad en un 82,4%, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un 7,6% y otros 110 municipios se reparten un 10%. Garrido ha asegurado esta mañana que se tratará de dar entrada al resto de Ayuntamientos sin participación, hasta completar los 179 de Madrid, “como muestra de refuerzo del control público”. Para ello, la Comunidad podría ceder el 2,4% en que su paquete excede el 80% del capital, aunque no se descarta una ampliación de capital. Consistorios del peso de Leganés y Brunete han expresado el deseo de integrarse en el accionariado, mientras se buscará una fórmula para acomodar a los pueblos de la Sierra Norte.

Estos últimos se han mantenido fuera hasta ahora al corresponderles una cuota mínima del capital, en función de sus escasas poblaciones y en contra de su papel fundamental como tenedores del agua en la cuenca alta de Madrid.

Source link

Estafa: Lea esto para saber si le han estafado a través de su teléfono móvil | Compañías

Más de tres años de investigación han permitido a la Guardia Civil destapar una estafa de al menos 30 millones de euros a un millón de usuarios de telefonía móvil a través de aplicaciones que
realizaban llamadas automáticas a números de tarificación adicional o enviaban mensajes premium.

Siete detenidos y once registros ha sido el resultado de la Operación Rikati, que hoy ha explicado en rueda de prensa el teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Una investigación que comenzó cuando las operadoras de telefonía en España se percataron de un tráfico de llamadas a números de tarificación adicional poco habitual en un tramo horario concreto.

Se trataba de llamadas automáticas que los teléfonos realizaban por la noche sin que el usuario se percatara y que se hacían a través de una aplicación aparentemente normal que lograba apagar el teléfono y quitarle el sonido mientras efectuaba la llamada, con un máximo de tiempo de media hora.

Para que los usuarios se descargaran las aplicaciones maliciosas, la trama descubierta, que operaba a través de empresas legales y otras pantalla, utilizaban el nombre y los logos de otras muy conocidas o enganchaban al usuario con nombres como “la linterna molona”, los “mejores trucos para evitar la calvicie” o los mejores vídeos pornos.

Y no solo eso, sino que, además, las anunciaban como gratuitas e redes sociales y paginas web y si en alguna ocasión informaban del coste, era muy complicado para el usuario verlo, han explicado los responsables de la investigación.

Sotomayor ha reiterado que, sobre todo, había dos tipos de aplicaciones fraudulentas: las que llamaban en modo silencioso número de líneas 803X y las que enviaban SMS a líneas de mensajería Premium.

Los detenidos tenían la capacidad de variar los contenidos que mostraban las aplicaciones de forma remota, lo que permitía, entre otras funcionalidades, engañar a las operadoras y reguladores del sector, haciéndoles creer que se trataba de aplicaciones diferentes, con lo que esquivaban así
la labor inspectora y de control realizada por estos, según la Guardia Civil.

Al parecer, la organización llevaba operando desde 2013 y ha generado un perjuicio cercano a los 30 millones de euros, se encontraba ubicada en Cataluña y utilizaba a su vez un entramado societario de empresas pantalla para cometer el fraude, cuyas sedes se situaban en Canarias,
Andorra, Luxemburgo y Hong Kong.

En la operación se han practicado 11 registros, donde la Guardia Civil ha intervenido cerca de 1.000 aplicaciones en distintas fases de desarrollo, ya que los autores iban introduciendo modificaciones para perfeccionar más las técnicas de engaño.

Igualmente, los investigadores han incautado en los centros de operaciones ubicados en Sant Cugat y Mollet del Vallés, ambas localidades de Barcelona, y en Santa Cruz de Tenerife datos de usuarios estafados, aplicaciones móviles y vehículos de alta gama, en tanto que se ha inmovilizado a la red un patrimonio por valor de varios millones de euros.

La UCO estima que un millón de usuarios han podido ser estafados y ha creado una web donde se podrá comprobar, introduciendo el número de teléfono, si se ha sido víctima del fraude. Puede hacerlo en esta página. La operación continúa abierta y no descartan nuevas detenciones en una investigación, considerada como una de las más importantes en España contra el fraude masivo en el uso de la telefonía móvil

Source link