Un sistema de pensiones solvente es un pilar de estabilidad | Mercados

El sistema español de pensiones públicas registrará este año un déficit de unos 17.000 millones de euros y agotará completamente los ahorros que durante varios años se habían acumulado en el Fondo de Reserva creado en 2000.

La tentación de creer que una generación acelerada de empleo como la actual, que puede llevar al país a disponer de más de 20 millones de cotizantes en 2020, será suficiente para enjugar el déficit de la Seguridad Social es políticamente reconfortante, pero financieramente ilusoria. La Seguridad Social era sostenible con 20 millones de ocupados en 2006, pero el acelerado ritmo de avance del gasto (cada pensionista nuevo cobra un 40% más que el que se da de baja por fallecimiento) hace imposible que pueda reproducirse la situación ahora y esquivar el déficit. Además, si las cuentas no se pueden equilibrar en el corto plazo, la expectativa es mucho más complicada en el largo, con una evolución demográfica endiablada que exige cambios muy profundos y ciertamente radicales para sostener las pensiones.

Las opciones son aparentemente simples, aunque de un gran impacto social. La solución solo puede provenir de un incremento muy severo de las aportaciones de los cotizantes, o de un recorte no menos severo de las prestaciones, o bien de una combinación moderada de ambas cuestiones. Además de plantearse una aceleración en el calendario de la aplicación de las reformas de 2011 y de 2013 que adelante el retraso de la jubilación a 67 años y endurezca la escala de aseguramiento con periodos más prolongados de aportaciones, no es despreciable la idea de plantear retrasos adicionales del retiro, además de cortar el paso a las jubilaciones anticipadas. Pero hay que meter en el debate un incremento de la cotización de los empleados, puesto que la de las empresas está en la escala alta europea y es un desincentivo a la generación de empleo.

Las pensiones necesitan soluciones rápidas y con alto consenso político. Hay un numeroso colectivo percibiéndolas y va a ser creciente desde 2020. Disponer de garantías sobre el cobro de prestaciones razonables es dar firmeza a uno de los pilares de cohesión social y estabilidad de la economía del país.

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