S&P pone en perspectiva negativa el ‘rating’ de Cataluña por la “confrontación política” | Compañías

 La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha puesto el ‘rating’ de Cataluña (‘B+/B’) en perspectiva negativa por la “confrontación política” entre el Govern catalán y el Gobierno que preside Mariano Rajoy y el riesgo de que termine afectando al cumplimiento de las obligaciones financieras de la comunidad autónoma.

“La confrontación política del Gobierno catalán con el Gobierno central de España ha aumentado tras el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de la región. Vemos riesgo de que esta escalada pueda afectar a la coordinación y la comunicación entre los dos gobiernos, que es esencial para que Cataluña pueda cumplir sus obligaciones de deuda en tiempo y forma”, ha dicho en un comunicado.

Standard & Poor’s ha recordado que “Cataluña sigue dependiendo de los fondos del Gobierno central para hacer frente a su deuda a largo plazo y financiar sus déficit”, si bien al mismo tiempo ha considerado que, a juzgar por los recientes desembolsos, el último el 28 de septiembre, Moncloa “sigue comprometida con proporcionar liquidez” a la comunidad autónoma.

No obstante, Cataluña también tiene deuda a corto plazo que debe satisfacer o refinanciar por sus propios medios y “su solvencia se ha debilitado en los últimos años como resultado de su creciente deuda y de la gestión financiera”, ha apuntado la agencia. “Nuestro escenario base sigue siendo que Cataluña continuará formando parte de España, pero no podemos descartar que la eficacia de la cooperación financiera entre los gobiernos regional y central se debilite en los próximos meses”, ha argumentado.

Standard & Poor’s ha explicado que revisará el ‘rating’ de Cataluña en tres meses, el 24 de noviembre, y entonces decidirá si bajarlo o subirlo, en función de la amenaza que la situación política represente para la capacidad financiera de la Generalitat.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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Referéndum 1-O: El mercado quiere la vía vasca para Cataluña | Mercados

En Polonia o Hungría se está reduciendo y eliminando poco a poco la democracia, pero con el enorme apoyo de una mayoría. La palabra democracia suena muy bien, pero lo decisivo es el Estado de derecho, la separación de poderes. Hitler llegó al poder democráticamente, apoyado por una gran mayoría, pero el que alguien sea elegido por mayoría no es lo bueno; lo bueno es que exista la separación de poderes”. El filosofo Rudiger Safransky reflexionaba así en febrero (en una entrevista con Berna González Harbour para El País) sobre el “populismo que se define como una especie de democracia de base, de Twitter”.

No puede haber democracia sin Estado de derecho. Sin imperio de la ley, sin reglas claras, sin acatamiento de lo que resuelvan los tribunales. Lo sabe bien la UE, que empieza a tomar medidas contra Polonia (que pretendía controlar a los jueces desde el Gobierno) y contra Hungría (que desobedece sentencias de la justicia europea sobre refugiados escudándose en un referéndum). Sentenció esta semana el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, que el Estado de derecho “no es una opción, es una obligación”. Un mensaje a Polonia, a Hungría… y a esta Cataluña desobediente a todas las legalidades, metida en una vía revolucionaria que tiene arraigo histórico en aquella tierra pero no traerá nada bueno.

En la pretendida república catalana solo cuenta la mayoría parlamentaria, ni siquiera reforzada. La mitad más uno de los votos sirve para cualquier cosa. Para derogar la Constitución y el Estatut. Para anunciar que se van a incautar todos los bienes del Estado allí. Para poner, a la húngara, a los tribunales al servicio del poder político. Para establecer por ley que, aunque en el seudorreferéndum del 1 de octubre votara solo una pequeña parte del censo, y no se cumpla ninguna garantía, sería vinculante y se proclamaría la independencia exprés.

Lo llaman la “revolución de las sonrisas”, y la adornan con discursos amables, a veces naíf. Pero se quiere demoler las bases de la convivencia. Invocar la democracia para eso es un insulto a la bella idea de los griegos antiguos y a los principios de la Ilustración.

Lo más irritante del procés es que se haga en nombre de los derechos humanos. Puigdemont homenajeó a Rosa Parks en la víspera de la Diada, como si los catalanes fueran los negros obligados a ceder su asiento en el autobús a los blancos, como en la Alabama de 1955. La resistencia de aquella mujer a las injustas leyes de segregación racial en el transporte triunfó en el Tribunal Supremo y dio lugar al movimiento por los derechos civiles que cambió la historia de EE UU. Otras veces el independentismo ha citado a Mahatma Gandhi y a Nelson Mandela como sus ejemplos. Mal elegidos: Gandhi no celebró la descolonización de India porque le amargó la (sangrienta)partición de Pakistán. Nelson Mandela fue todo un estadista. Salió de prisión sin rencor y cuidó la concordia, llevando de la mano a las élites blancas en el proceso político de la Sudáfrica salida del apartheid. Son justo la concordia y los derechos de las minorías lo que se pone en peligro ahora en Cataluña. Ya se ven las fracturas en los municipios y en las instituciones, en algunos partidos, nos tememos (ojo) que en los Mossos.

Rosa Parks
Rosa Parks monta en autobús en Alabama en 1956, cuando la justicia derogó la segregación racial en el transporte público.

Puigdemont apela a Rosa Parks, como si los catalanes fueran negros obligados a ceder el asiento a los blancos en el autobús

¿Por qué esa fijación del independentismo con los héroes de la lucha por los derechos humanos? Pues porque la autodeterminación es, dice el preámbulo de su ley de referéndum, “el primero de los derechos humanos”. Por ahí no paso. Perdonen, pero el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) es este: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Donde figura la autodeterminación (y es para sacudirse situaciones coloniales o de ocupación, no aplicables aquí) es en la Carta de las Naciones Unidas, que no trata de derechos humanos sino de relaciones entre Estados. Entre los objetivos de la Carta (artículo 1, segundo párrafo): “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”. Que en el siguiente artículo se aluda a la “integridad territorial” de los Estados suele ser obviado por los nacionalismos. Es más rotundo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, empieza. El punto 3 se dirige a los Estados “que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso”. Y el artículo 2 aclara que los países protegerán este derecho “con arreglo a sus procedimientos constitucionales”.

Las personas tienen derechos antes que las naciones (uno de esos mitos compartidos que facilitan la cooperación entre grupos de desconocidos, como bien las define Harari). Los derechos humanos nacieron para defender al individuo del poder, no para tomar el poder.

La primera Declaración de Derechos del Hombre se puso por escrito en Virginia, en 1776, en plena guerra de independencia contra la metrópoli británica. Desde el principio se decía (artículo V): “Que los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben estar separados y distinguirse del judicial”. Los revolucionarios franceses hicieron lo mismo en su Declaración de Derechos Humanos de 1789. Artículo XVI: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”.

Las declaraciones de derechos humanos no consagran la autodeterminación, sino la separación de poderes

Lo primero, ahora, es restablecer el Estado de derecho en Cataluña. Que nadie entienda esta defensa de la legalidad como un elogio del inmovilismo. Las leyes se reforman gradualmente o de forma más ambiciosa cuando hay una mayoría consistente para ello. Por desgracia no existen hoy consensos amplios, pero nunca los habrá si no empezamos a explorarlos. Si España hubiera abordado hace unos años la reforma de su modelo territorial, incluida la financiación, quizás no habríamos llegado hasta aquí. Cabe suponer que si Mariano Rajoy pudiera rebobinar su trayectoria, se ahorraría ese recurso contra el Estatut que desató los demonios. No sé si admitiría que también fue un error dar portazo sin más al pacto fiscal con que se plantó Artur Mas en La Moncloa. Ahora, sin embargo, el Gobierno se muestra comedido ante el desafío: recurre a la justicia, claro, pero ni pide detenciones (no quiere regalarles esa foto) ni persigue por sedición (15 años) o rebelión (30 años). Nada del artículo 155. Por ahora.

Cuando pase el 1-O, algo tiene que moverse. Así lo están entendiendo los empresarios, los bancos, las agencias de calificación, aquellos que mueven los mercados. Su apuesta es clara: no va a haber independencia a corto ni medio plazo. La probabilidad de una secesión inmediata es “extremadamente baja” según Barclays, “altamente improbable” para DBRS. “El escenario central es que Cataluña continuará formando parte de España”, dice Standard &Poor’s. Para Fitch, la situación “no va a resultar en una disrupción significativa” económica ni política.

El mercado lo ve así. Ante una ruptura del Estado, la prima de riesgo estaría por las nubes (no pasa de 120) y los capitales huirían. Ni siquiera está en revisión a la baja la nota de España, pero sí la de Cataluña (ya bono basura), porque la confrontación puede resultar en “una reducción o retirada del apoyo del Estado” (Fitch), como está produciéndose ya ante la negativa de la Generalitat a rendir cuentas a Hacienda pese a la evidente necesidad de su auxilio.

A ojos de los que mueven el dinero, la salida a este enredo no está en la autodeterminación, sino en un acuerdo fiscal. Y los informes internacionales resultan más optimistas que los análisis que se escuchan en España. Fitch prevé “un movimiento hacia más transferencias con gran autonomía fiscal” para Cataluña. Más explícito: “Una solución duradera debería satisfacer algunas de las principales demandas catalanas, en particular las relacionadas con más recursos fiscales”, pero siempre “respetando las restricciones de la Constitución española”.

Un escenario prometedor:la presión por la independencia “puede relajarse más adelante”, dice DBRS, según mejore la economía, se negocie una nueva financiación y suba la inversión estatal en la comunidad. La firma percibe “una actitud más abierta a reconocer las diferencias regionales en el Gobierno nacional”.

Las agencias de calificación esperan un movimiento hacia una mayor autonomía fiscal de Cataluña

Sí, debe amainar la tensión. Una vez ablandadas las intransigencias a uno y otro lado, la crisis podría encauzarse por la vía vasca, que no es extrapolable tal cual pero puede servir de referencia. El País Vasco (como Navarra) obtuvo en la Constitución de 1978 el reconocimiento de “derechos históricos”, incluido el de recaudar los principales impuestos en sus tres territorios. Luego hace cuentas con el Estado de forma bilateral (y se calcula el llamado cupo). Esto no sirvió entonces para que los vascos apoyaran la Constitución, ni para evitar décadas de terrorismo, pero a la larga ha dado gran estabilidad.

Hay fuertes resistencias políticas a eso que llaman “federalismo asimétrico”, pero el modelo de 1978 ya era muy desigual. El País Vasco puede permitirse más gasto educativo o sanitario por habitante porque vive con más desahogo (quizás también porque gestionen mejor).

Muchos expertos creen que España puede soportar un trato fiscal especial, o privilegiado, para el País Vasco y Navarra porque no suman tanta población (16%) y PIB (19%) como Cataluña. Que sin Cataluña el sistema fiscal general estaría muy desequilibrado. Pero el problema no estaría en realidad en que las Haciendas locales recauden sus impuestos, sino en la forma en que se calcula su aportación al Estado. De Cataluña, dada su riqueza, cabe esperar un compromiso mayor con la solidaridad con el resto de comunidades. Por cierto, en el nacionalismo vasco no hace demasiada ilusión que se exporte su modelo, no sea que implique una revisión del que tienen ellos.

Un pacto fiscal con Cataluña no podría ser igual a los conciertos vasco y navarro. Pero es que ni siquiera se ha estudiado una fórmula que pudiera responder a sus peculiaridades. En contra de un acuerdo así pesa la dinámica del café para todos que vive España desde la transición. Como si el Estado autonómico no se hubiera diseñado en 1978 principalmente para resolver el encaje de los territorios con identidad más diferenciada. Algún día tendrá que vencerse ese temor. No todos los territorios ansían el mismo autogobierno. No hacen falta 17 marcos igual de distintos.

Avanzar en este sentido obliga a sacudirse el cortoplacismo que domina la política. Todos hicieron cálculos electoralistas. La entonces Convergència se sumó al independentismo, en un giro de 180 grados, cuando vio las calles llenas de esteladas. En el PP, una actitud impasible trataba de aparentar firmeza;se temía que cualquier concesión fuera vista por los suyos como debilidad. Con ese espíritu nunca habría sido posible la transición.

Puede parecer ingenuo esperar que un nuevo marco fiscal resuelva el ansia por la independencia. Desde luego, no bastaría. A los catalanes les han prometido una república, y cualquier otra cosa decepcionará a los más entusiastas. Pero quizás un acuerdo fiscal junto a otras reformas, que incluyan competencias mejor precisadas y cambios en la Constitución, irían moviendo el péndulo al atraer a los moderados del nacionalismo a posiciones más realistas. Si el suflé independentista subió tanto en poco tiempo (porque se atizaron las brasas irresponsablemente desde sus instituciones, y por la inacción desde el Estado), también podrá irse desinflando más lentamente.

En este terreno hay otras lecciones que aprender de Euskadi. Cuando Juan José Ibarretxe impulsó el plan que llevaba su nombre (no del todo independentista, sino de “libre asociación”), al menos respetó los procedimientos y los plazos. Esa frustrada reforma del Estatuto se debatió a fondo en Vitoria, se aprobó por los pelos (necesitó los votos de media Batasuna, la otra media en contra) y se llevó al Congreso, donde el propio Ibarretxe la defendió con solemnidad, en febrero de 2005. El Congreso dijo no.

Tres años después Ibarretxe intentó desbloquear el asunto mediante una ley de consultas (no vinculantes) que el Constitucional anuló. Hubo protestas, pero nunca se llamó a las urnas a las bravas. Tampoco existía la excitación festiva que en las calles de Cataluña provoca el procés, porque en Euskadi aún se sentía miedo al terror y la kale borroka.

El fiasco se pagó después: las elecciones autonómicas de 2009 dieron la presidencia al socialista Patxi López y el PNV se libró de su visionario lehendakari. Desde entonces manda en el partido gente pragmática: primero Josu Jon Imaz y ahora Iñigo Urkullu (quien no para de desmarcarse de la vía catalana). Como la prioridad en el País Vasco es consolidar la pacificación (y la prosperidad), el nacionalismo moderado se cuida mucho de aventuras irresponsables. Logran mucho más pactando en Madrid (como con los Presupuestos) que sacando multitudes a la calle. Otra constatación: el clima político mejora cuando se forman pactos transversales (gobiernan PNV y PSE) en vez de trincheras demarcadas por el sentimiento nacional.

No vale más tener la mayoría que respetar las reglas. La democracia no es “queremos votar”. Tenemos derecho al Estado de derecho. Rosa Parks merecía que pusieran su imagen en los billetes de 20 dólares, como estudió el Tesoro (al final eligió a otra afroamericana, Harriet Tubman). El secesionismo catalán podría referirse, mejor, a Safransky. O, más fácil, fijarse en cómo sus hermanos del PNV salieron del lío en que les metió Ibarretxe.

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La prima de riesgo catalana marca máximos desde noviembre del año pasado | Mercados

El 1 de octubre, marcado en rojo por el Govern como el día del referéndum para determinar la independencia de Cataluña, se acerca con el mercado de deuda revuelto. La liquidez de los bonos autonómicos es mínima, lo que provoca movimientos bruscos. Pero es un hecho que los diferenciales con sus homólogos emitidos por el Tesoro español han ido ensanchándose poco a poco en los últimos meses.

Las primas de riesgo varían sobremanera en función del vencimiento que se tome como referencia. Pero la comparativa entre una emisión de la Generalitat con vencimiento en dos años y medio y una soberana que expira en el mismo plazo arroja una prima de riesgo que ronda los 300 puntos básicos, entorno de niveles máximos desde noviembre de 2016 (véase gráfico).

La deuda catalana empleada es de una de las remesas de los denominados bonos patrióticos comercializados entre minoristas. Se vendieron desde 1.000 euros en febrero de 2010 y vencen en el mismo mes de 2020, ahora ofrecen en torno al 2,7% y hay 1.000 millones en circulación. La deuda estatal con la que se ha hallado esta prima de riesgo –rentabilidad del bono español menos la del catalán– es una emisión de tamaño muy superior (23.012 millones), con mucha más liquidez, que expira en enero de 2020 y con un rendimiento negativo en torno al –0,25%.

Los diferenciales han ido agrandándose, pero aun así los expertos coinciden en que la probabilidad que asigna el mercado a una desconexión unilateral es mínima.

La agencia de calificación de riesgo DBRS advierte de que “el nivel de ruido aumentará en las semanas previas al referéndum”. “El ruido ya tiene un impacto en los rendimientos de la deuda de Cataluña, que se han ampliado en relación con los de la deuda soberana española”, añade la firma en una nota. DBRS concluye que la declaración de independencia es muy improbable.

El Ejecutivo catalán lleva sin vender deuda en el mercado mayorista –la de febrero de 2010 se colocó fundamentalmente a través de oficinas– desde 2009, cuando emitió 140 millones de euros a diferentes vencimientos.

Las tres grandes agencias de calificación sitúan la nota de Cataluña en bono basura. Moody’s desde mayo del año pasado mantiene su nota tres escalones por debajo del grado de inversión; S&P la fija a cuatro peldaños y Fitch, a dos. De acuerdo con los preceptos de Hacienda, la Generalitat no puede emitir deuda, pues incumpliría con la regla de venderla con un diferencial máximo de 50 puntos básicos respecto al Tesoro al mismo plazo.

Cataluña recibió hasta marzo 50.627 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el 34% del total inyectado en las 17 comunidades (149.282 millones de euros). La deuda cotizada de la Generalitat asciende a cerca de 7.000 millones de euros, según los datos recopilados por Thomson Reuters, frente a los casi 13.000 millones de finales de 2014.

Para el presente ejercicio, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que solicitará más de 7.300 millones de euros al FLA. La autonomía que preside Carles Puigdemont tendría complicado financiarse por sí misma en el mercado, al menos, a corto plazo, explican en una entidad.

Aunque podría hacerlo, eso sí, pagando unos tipos de interés muy por encima de los que actualmente marca el secundario. Lo mismo ocurre con las otras regiones que dependen del FLA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia.

Un récord y una vía alternativa

JP Morgan publicó un informe a finales de julio que constata que, “aparte de Cataluña, que parece sufrir una prima de riesgo político alrededor de los 200 puntos básicos (véase gráfico), el resto de los bonos autonómicos cotiza cerca del valor justo de acuerdo a nuestra evaluación”. La prima del banco estadounidense está hallada con bonos que vencen en 2022, de ahí que difiera de la obtenida con la deuda que expira en 2020.

ING aseguró en un informe reciente que las consecuencias de la independencia de Cataluña podrían ser “proporcionalmente peores” que el brexit.

La Generalitat catalana no puede, bajo las reglas de las resoluciones de prudencia financiera del Tesoro, emitir deuda con una prima que supere en 50 puntos básicos a la soberana al mismo plazo. Pero el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una versión autonómica del ICO estatal, dispone de un programa de pagarés, que emite a demanda explícita de los inversores.

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La reforma del sistema de financiación autonómica requiere 11.200 millones | Mi dinero

A finales de julio la Comisión de expertos nombrada por el Gobierno y las comunidades para la reforma del sistema de financiación autonómica entregaron sus conclusiones a Hacienda. Del documento, además de las recomendaciones planteadas, destaca la fuerte división que ha suscitado el debate de cómo mejorar el actual sistema. De hecho, el 40% del escrito lo forman votos particulares.

Uno de los especialistas elegido por el Ejecutivo, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, denunció entonces el funcionamiento de la comisión y la elección de “expertos con bandera”. Pues bien, ayer De la Fuente presentó los cálculos que ha realizado teniendo en cuenta el núcleo del nuevo modelo que plantean los expertos, es decir, aplicando los dos nuevos instrumentos, el Fondo Básico de Financiación (FBF) y el Fondo de Nivelación Vertical (FNV).

El primero estaría formado por la recaudación de recursos propios y cedidos de las comunidades; mientras que el segundo se nutriría con el dinero aportado por el Estado que sería repartido entre las 15 comunidades de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) para reducir la desigualdad.

De la Fuente recuerda que el FBF funcionaría como el actual Fondo de Garantía, “absorbiendo una parte sustancial de los ingresos tributarios de las comunidades y se distribuiría en proporción a la población ajustada”. Y el FNV se repartiría para reducir las diferencias de financiación que persistieran tras la aplicación del FBF sin alterar la ordenación de las regiones en términos de financiación por habitante ajustado. Asimismo, el actual sistema contempla la llamada cláusula de statu quo, que implica que ninguna comunidad puede recibir menos recursos de los que obtendría con el sistema anterior. Los expertos abogan por eliminar este precepto, pero de forma paulatina.

El profesor De la Fuente realiza una simulación sobre cómo quedaría la nueva financiación con la aplicación de esos dos nuevos fondos teniendo en cuenta un escenario de corte continuista con el modelo actual en cuanto al peso que tendrían parámetros como la superficie, la dispersión de la población o la insularidad. Con sus cálculos y el nuevo FBF la comunidad que mejor financiación obtendría sería Madrid e intentar la nivelación total del resto con esta sería imposible, ya que se requerirían 11.242 millones.

“Puesto que solo se dispone de 4.217 millones, el último escalón completo que se podrá financiar nos lleva a la igualación de Cantabria y todas las regiones por debajo de ella con Aragón, con un coste de 1.934 millones”, asegura. Así, aunque crítico, cree que la aplicación del principio de que nadie pierda reducirá la diferencia entre la mejor y la peor financiada de 29,2 a 11,0 puntos, dependiendo de los criterios de reparto del FNV. Eso sí, aboga por una desaparición gradual del statu quo porque de lo contrario tendría “un impacto dramático”.

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Rajoy anuncia 2.000 millones para la conexiones ferroviarias mediterráneas | Mi dinero

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará el lunes dos licitaciones relacionadas con el Corredor Mediterráneo, que superarán los 2.000 millones de euros y mejorarán las conexiones ferroviarias en la Comunitat Valenciana.

Durante la clausura de la Interparlamentaria del PP, Rajoy ha indicado que ambas licitaciones demuestran que el compromiso del Ejecutivo con Valencia y con el Corredor Mediterráneo “está ahí y va muy en serio”.

En concreto, ha explicado que se va a licitar la redacción del estudio informativo del nuevo eje ferroviario pasante en la ciudad de Valencia y la redacción del estudio informativo del tramo de alta velocidad ferroviaria entre Valencia y Castellón.

Rajoy ha recordado además, porque “hay gente que tiene poca memoria”, que ha sido el Gobierno del PP “el que ha empezado las obras” del Corredor Mediterráneo, el que sigue con las obras de esta infraestructura, “y el que terminará con las obras” de un proyecto que es prioritario.

Según ha dicho, el Ejecutivo es consciente de que las infraestructuras son “claves” para la vertebración del territorio, y ha reivindicado que España es el país de Europa con un mejor nivel de infraestructuras y el segundo del mundo en alta velocidad, solo superado por China.

Financiación autonómica

Por otra parte, Rajoy ha asegurado hoy que “no se va a aprobar” el nuevo modelo de financiación autonómica si no hay un acuerdo con el PSOE, al que ha instado a sentarse con el Gobierno de España para hablar del nuevo sistema.

“Si hay un acuerdo PP-PSOE, habrá modelo de financiación autonómica, pero el PP en solitario no puede” sacarlo adelante, ha señalado Rajoy durante la clausura de la Interparlamentaria del PP, en la que ha recordado que el grupo popular en el Congreso de los Diputados cuenta con 137 parlamentarios.

Por ello, ha instado al PSOE a que siente al líder del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, o a “quien quieran” del partido a hablar para llegar a “un entendimiento y un acuerdo” sobre el nuevo modelo de financiación, en lugar de “organizar manifestaciones y esas cosas”.

De lo contrario, ha asegurado, “no será posible” el nuevo modelo de financiación, ya que él no hará lo que los socialistas hicieron en 2009 y el PP no apoyará el nuevo sistema.

Rajoy ha apelado a la “asunción de responsabilidades” que corresponde a cada uno en la vida política, y ha añadido que “lo mismo ocurre” con el Pacto nacional del Agua, que se empezará a negociar este año, por lo que ha invitado a todos los partidos, y “desde luego” al PSOE, a que “entre” en esa negociación.

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La diferencia entre la región mejor y peor financiada llega a 728 euros por habitante | Mi dinero

Los datos de liquidación definitiva del sistema de financiación de 2015 que se han conocido este año reflejan nuevamente las importantes diferencias entre comunidades. Cantabria destacó como el territorio con más recursos y dispuso en 2015 de una financiación equivalente a 2.906 euros por habitante. En el lado opuesto se situó Valencia con 2.178 euros. Así, la diferenciada entre la autonomía mejor y peor financiada alcanzó los 728 euros per cápita, según un informe publicado por Fedea a partir de los datos del Ministerio de Hacienda. Se trata de una diferencia importante y que refleja la desigual capacidad que tienen los Gobiernos autonómicos para financiar sus servicios. Las autonomías son las responsables de la educación, la sanidad y los servicios sociales, los pilares del Estado de bienestar.

Cataluña, Madrid, Andalucía y Murcia también se situaron por debajo de la media en financiación por habitante. La Rioja, Extremadura y Baleares, en cambio, acompañaron a Extremadura como la autonomía mejor financiada. Estos datos se calculan a competencias homogéneas y por habitante ajustado. Es decir, el indicador tiene en cuenta que algunas comunidades tienen más competencias por otras y también recoge que las necesidades de gasto en función de características demográficas. Es decir, el gasto en educación primaria será necesariamente mayor en comunidades con mayor población infantil. En un modelo en que todas las comunidades accedieran con igualdad a la financiación de los servicios públicos, las diferencias deberían ser mínimas.

La mayor parte de los expertos coinciden en que el modelo de financiación actual debe reformularse de arriba abajo porque genera desigualdades que no tienen justificación, es un modelo enrevesado y poco predecible. Recientemente, el consejo de sabios elegidos por las comunidades autónomas y Hacienda para elevar una propuesta de reforma presentó sus conclusiones. Se trata de un documento en el que se aboga por elevar la autonomía de las comunidades autónomas y se denuncia el desequilibrio vertical existente y que implica que las comunidades no tienen suficientes ingresos para cubrir sus necesidades de gasto.

Aun así, el informe también refleja notables divisiones entre los expertos. De hecho, casi la mitad del documento son votos particulares de miembros de la comisión que matizan o directamente rechazan parte del informe. El presidente de Fedea, Ángel de la Fuente, llega a acusar a sus colegas de ser expertos con banderas, es decir, de haber antepuesto los intereses particulares de las comunidades por las que fueron elegidos en lugar de guiarse por criterios técnicos.  

Una de las características del modelo actual es que los mecanismos de solidaridad provocan que el modelo no acerque de las comunidades pobres a las ricas, sino que se invierten las posiciones. Por ejemplo, con datos de 2014, Extremadura es la comunidad con menos recursos por habitante y Madrid es la que cuenta con más ingresos. Tras los aplicar los mecanismos de financiación, Extremadura alcanza una financiación de 114 puntos y Madrid se queda por debajo de la media con 97,9 puntos. La propuesta de los expertos contempla acabar con esta situación y recomiendan que el nuevo modelo respete la posición relativa de cada comunidad. Sin citarlo, los sabios proponen respetar el principio de ordinalidad, que era una de las viejas reclamaciones de la Generalitat. Los expertos elegidos por Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha se sumaron en un voto particular para rechazar este punto del informe. En su opinión, “invocación del principio de ordinalidad (…) no resulta compatible con el principio constitucional de solidaridad”.

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La hora de la política en la financiación autonómica | Mi dinero

El pasado 26 de julio la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica hizo entrega de su informe a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro de Hacienda y Función Pública. Desde entonces los miembros de la comisión hemos hecho declaraciones públicas en sentido no siempre coincidente, y algunos incluso se han referido a los demás como “expertos con bandera” y por ello “faltos de rigor” (CincoDías 25-07-2017). Mi ánimo en esta página no es polemizar con mis colegas sino subrayar los puntos que a mi juicio dan al informe un valor añadido importante. En septiembre se iniciará la negociación política, que versará probablemente sobre los puntos esenciales de nuestra propuesta: la autonomía tributaria, la nivelación de las necesidades y la dinámica futura del sistema.

El reparto del poder entre diferentes niveles de gobierno requiere, para ser democrático y económicamente eficiente, que los ciudadanos cuando votan sepan cuál es el menú de gastos públicos e impuestos que se ofrece. Para ello es necesario, entre otros factores, que las CC AA dispongan de instrumentos tributarios con suficiente autonomía y visibilidad. Ahora las comunidades tienen capacidad para regular hasta el 57% de sus ingresos, uno de los más altos niveles en términos comparados. Aún así, los expertos recomendamos elevarlo.

Para ello podríamos haber propuesto ampliar la cesión del principal impuesto que confiere poder tributario relevante a las CC AA, el IRPF. Pero sin descartar esa opción, hemos preferido que los impuestos indirectos se separen en dos tramos, de tal modo que si las CC AA necesitan en el futuro más recursos, puedan plantear al Gobierno que el IVA, o los restantes impuestos indirectos, se incrementen. Este mecanismo no resuelve todos los problemas de autonomía, pero operaría como válvula protectora de los recursos del Estado, poniendo fin a la restricción presupuestaria blanda que, en perspectiva de 30 años, aqueja a nuestro sistema de financiación autonómica.

  • Las necesidades de financiación

La comisión de expertos ha optado por centrar el sistema de financiación en las necesidades combinadas con la capacidad tributaria. Se podría haber elegido la vía inversa, definir cuáles son los recursos tributarios autonómicos y establecer después reglas de nivelación horizontal y vertical. Ambas vías podrían dar resultados equivalentes, salvo que en la segunda se pusieran límites a la nivelación, como ha defendido el experto propuesto por Baleares y refleja el informe.

Sin embargo, siendo el indicador de necesidades crucial para el reparto de recursos, los expertos nos limitamos a sugerir una serie de mejoras, sin cuantificarlas. Queda entonces para la negociación política concretar las correcciones a la población que reflejen la demanda de servicios y sus costes de provisión. Por ejemplo, habrá que decidir qué ponderación dar a los tramos de edad para la sanidad, cómo computar los niños de 0 a 3 años para educación, si deben distinguirse las personas de 80 años o más para servicios sociales, o qué peso deben tener las variables no poblacionales en los otros servicios. Dada la complejidad del asunto, es un reto para los negociadores acertar y obtener un reparto de recursos que refleje mejor que hasta ahora las necesidades de gasto.

Tras el reparto de recursos por los indicadores de población ajustada, las CC AA conservarán una parte de su capacidad tributaria (a fijar políticamente), lo que introduce diferencias considerables entre ellas. La comisión recomienda corregirlas total o parcialmente (será también una decisión política), respetando siempre que una comunidad de mayor capacidad recaudatoria se encuentre con más o iguales recursos para su gobierno que otra con menor capacidad. Es el llamado criterio de ordinalidad que la mayoría de la comisión (no toda) ha interiorizado.

  • ¿Alguna comunidad puede perder recursos?

No se han calculado los resultados que daría el modelo descrito porque dependerán de cuantos recursos adicionales se aporten al sistema en su momento inicial, decisión de carácter eminentemente político. Si no hubiera más recursos, más de la mitad de las comunidades podrían salir perdiendo. A mayor aportación inicial, menos perdedoras. Por ejemplo, si se aportasen unos 13.000 millones adicionales, solo perderían Cantabria y La Rioja. Por eso los expertos recomendamos que “en el año base del nuevo modelo ninguna comunidad pierda recursos en términos absolutos”, aunque nos pronunciamos en contra de la inclusión de una cláusula en el nuevo sistema que garantice la permanencia en el tiempo del llamado statu quo.

Será nuevamente en el ámbito político donde deberá concretarse una dinámica que absorba las diferencias que la garantía inicial introduzca. Entonces la pregunta relevante es cómo evolucionarán los recursos autonómicos. En su conjunto, como hasta ahora, seguirán el curso de la economía: si España crece, todos sus gobiernos recaudan más. Pero para cada comunidad autónoma individualmente, la evolución dependerá esencialmente de la dinámica de su población ajustada en términos relativos .

¿Qué sucede si una comunidad pierde habitantes respecto a la media? El tratamiento de esta situación no puede ser simétrico: si ganas población, aumentan tus gastos, pero si pierdes población, los gastos en servicios públicos no bajan. Este es un tema más que los expertos hemos dejado para la decisión política, sin apuntar a garantías solidarias de ningún tipo.

En suma, el clima de tensión vivido entre nosotros en la comisión ha reflejado nuestras diferencias de criterio, en parte explicadas por el origen de la designación, incluidos los representantes escogidos por el Gobieno central. Pero ello no debe empañar el hecho de que hemos trabajado todos con generosidad durante cinco meses –se lo aseguro– tratando de construir un documento útil. Los políticos que se sientan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera tienen ante sí una herramienta que puede servir de base para lograr un acuerdo de financiación autonómica mejor que el vigente, si dan las respuestas acertadas a las cuestiones que les hemos dejado en suerte.

Alain Cuenca. Universidad de Zaragoza. Miembro de la comisión de expertos propuesto por Aragón.

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La tensión en Cataluña dispara su prima de riesgo y anula la liquidez de los bonos | Mercados

Cataluña cerró la puerta a las grandes emisiones de deuda en 2009, cuando colocó 140 millones de euros a diferentes vencimientos. Después, la Generalitat vendió los denominados bonos patrióticos, destinados a particulares, con intereses a años luz de los que acumulaba el mercado y que se comercializaron en avalancha a través de la mayoría de las entidades bancarias entre 2010 y 2014. Con tipos hasta del 5,5% y vencimientos máximos de dos años, el Gobierno catalán logró financiarse con casi 13.000 millones y hacer gala de un poderío autárquico al margen del Estado.

Pero la capacidad de obtener dinero de los inversores por parte del Ejecutivo liderado ahora por Carles Puigdemont ha quedado desactivada. Cristóbal Montoro, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha insuflado aliento a la región. Las tres agencias de calificación sitúan inexorablemente la calificación de Cataluña en bono basura. Moody’s desde mayo del año pasado mantiene su nota tres escalones por debajo del grado de inversión; S&P la establece a cuatro peldaños de la ansiada calificación,y Fitch, a dos.

La falta de liquidez en el mercado de deuda autonómica catalana es absoluta. “No hay nada de nada, nadie compra, nadie vende. No existe mercado primario ni secundario, al estar siendo financiados por el FLA; sinceramente, no existe mercado, solo vemos de vez en cuando demandas en los pagarés del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)”, señala Javier Ferrer Delgado, director de tipos de interés, mercado de divisas y renta fija de Ahorro Corporación.

El ICF es una especie de versión catalana del Instituto de Crédito Oficial (ICO) estatal, y en los últimos tiempos solo realiza pequeñas emisiones de pagarés a un máximo de dos años. Fuentes financieras señalan que el papel se emite ad hoc y con tipos de interés a años luz de los que abona el Tesoro.

“No hay nada de nada, nadie compra, nadie vende. No existe mercado primario ni secundario”

Javier Ferrer Delgado, director de tipos de interés, mercado de divisas y renta fija de Ahorro Corporación

La rentabilidad oscila entre el 0,2% de los que expiran en tres meses al 1% de los que vencen en dos años. El coste es elevadísimo en comparación con el del Tesoro español, que a esos plazos cobra alrededor del 0,5% y del 0,04%, respectivamente. El FLA y también el otro instrumento para financiar el pago a proveedores han solventado el grueso de las necesidades de financiación de Cataluña desde su creación, con la inyección de más de cerca de 67.000 millones desde su creación en julio de 2012 hasta el año pasado.

Para el presente ejercicio, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que solicitará más de 7.300 millones de euros. “Cataluña no tiene capacidad de financiarse; y la progresiva ruptura de puentes entre el Ejecutivo español y la Generalitat está generando desconfianza en una parte de los inversores”, añaden desde un banco de inversión.

El pasivo que cotiza de la autonomía se ha reducido desde los cerca de 13.000 millones de finales de 2014 hasta poco más de 7.000, según los datos recopilados por Reuters.

Una emisión catalana que expira en mayo de 2024 paga el 4,7%, cuando la deuda soberana española a un plazo similar –expira ese mismo ejercicio aunque en el mes de enero– ofrece el 0,8%.

Es indudable la falta de liquidez –apenas hay compraventas en el secundario– de la mayor parte de los bonos emitidos por la Generalitat o su banco público, pero el diferencial o prima de riesgo hallado entre las dos referencias mencionadas se sitúa en entorno de máximos anuales, en cerca de 400 puntos básicos. En enero, este termómetro, que funciona exactamente igual al que se utiliza para medir el nivel de riesgo entre el bund alemán y el bono español a una década rondaba los 420, pero días después bajó de los 330.

El experto de Ahorro Corporación descarta que la tensión afecte a la deuda catalana de forma exclusiva, sino que apunta con el dedo a toda la zona euro desde las palabras de Mario Draghi en Sintra (Portugal) el pasado 28 de junio, cuando anticipó una gradual normalización de la política monetaria. Esto pasaría primero por la retirada de los estímulos, en forma de compras de deuda por 60.000 millones mensuales, y de una subida gradual del precio del dinero desde el actual 0%. Está por qué mensajes lanza el presidente del BCE mañana jueves.

El clima político de fuerte desentendimiento entre los Gobiernos español y catalán, con la crisis del referéndum programado por Puigdemont para el próximo 1 de octubre y anunciado el pasado 9 de junio se ha convertido en uno de los fantasmas que presiona el mercado de deuda. Eso sí, el aumento de la rentabilidad es mucho más evidente en los vencimientos largos plazo. En los de cortos, los movimientos han sido muy moderados (véase gráfico).

Cataluña debe al Estado 50.627 millones, el 67% de su pasivo

Los datos del Banco de España de deuda pública reflejan de forma fidedigna el deterioro de las cuentas de las administraciones. En el caso de Cataluña, la comunidad autónoma es una de las que ha registrado números rojos más elevados y mayores problemas para acceder a la financiación. Cataluña mantenía en 2007 un volumen de pasivo de 15.776 millones, una cifra que hoy se ha multiplicado por cinco y alcanza los 75.443 millones. Representa el 35,2% de su PIB, un nivel solo superado por la Comunidad Valenciana (41,5%) y Castilla-La Mancha (36,5%).

El incremento de la deuda se debe al aumento del déficit público y también al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012 para forzar que las autonomías y los ayuntamientos abonaran su deuda comercial y redujeran su elevado índice de morosidad.

Durante la crisis económica, Hacienda se ha convertido en el banco de los entes territoriales. Los mercados cerraron las puertas a la financiación de comunidades como Cataluña, que tuvo que recurrir inicialmente a los llamados bonos patrióticos para obtener liquidez a cambio de abonar un elevado interés. En este contexto, el Estado puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico que ha permitido a las comunidades autónomas financiarse a tipos de interés ventajosos, asumir sus vencimientos y cumplir las obligaciones de pago.

De los 75.443 millones que debe Cataluña, 50.627 millones es deuda contraída con la Administración central. Representa el 67% del total. Y se trata de un porcentaje que irá subiendo en la medida en que Cataluña aún no acude a los mercados, aunque la Generalitat ya ha mostrado su voluntad de financiarse por su cuenta. Hacienda sigue ejerciendo un control exhaustivo sobre las cuentas catalanas en cumplimiento de la Ley de Estabilidad. Cataluña es una de las comunidades que incumplió el objetivo de déficit el ejercicio anterior.

La Generalitat tiene planeado celebrar el referéndum independentista en una situación de dependencia total de la financiación del Estado. Hacienda estudia nuevas rebajas de los tipos, sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro, criticó que el PSOE propusiera quitas para apaciguar a la Generalitat. Desde el Gobierno de Carles Puigdemont argumentan que Cataluña no se puede financiar por sí sola porque es víctima de un modelo de financiación que provoca que los catalanes paguen más de lo que reciben.

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Los ayuntamientos andaluces, los que más incumplen el deber de rendir cuentas | Legal

Entre las múltiples actuaciones que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas para fomentar la rendición de las cuentas generales de las entidades locales, ha incluido en su programa de trabajo para 2017 la “Fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación”.

Esta fiscalización incluye a los 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a la diputación provincial que, en el mes de marzo de este año, no habían cumplido con la obligación de rendir la cuenta general de los ejercicios 2014 y 2015. Entre sus principales objetivos está determinar las causas que ocasionan el incumplimiento del deber de rendir sus cuentas y contribuir a remover los obstáculos para conseguir la plena rendición.

Lo que pretenden es dar la mayor amplitud y profundidad al análisis del incumplimiento de dicho deber, con carácter reiterado, por las entidades locales, identificando sus causas, para eliminar los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión que lo originan.

En esta fiscalización se efectúa un análisis de la composición del censo del sector público local y del nivel de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas en los últimos años, determinándose en la misma los motivos que ocasionan el incumplimiento. Para ello se examina, para cada una de las 62 entidades en las que concurre tal circunstancia, la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias a las que están sometidas en materia de formación, aprobación y rendición de cuentas; así como la coherencia e integridad de las cuentas anuales formadas y no rendidas o, en su defecto, de su información contable. Además, se verifican los sistemas y procedimientos contables que tienen implantados y su correlación con los restantes sistemas de información y control interno.

En ejecución de esta fiscalización, en marzo de 2017, se remitieron oficios a las referidas entidades requiriendo la rendición de las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, y solicitando información sobre una serie de aspectos esenciales que permitirán evidenciar las razones del incumplimiento. A las entidades que no atendieron dicha solicitud, se les reiteró la reclamación en el mes de mayo, con la advertencia de que, si a 9 de junio no la hubieran respondido, se procedería a requerir la personación del respectivo Alcalde y del responsable de la Intervención municipal en la Sede del Tribunal de Cuentas para explicar las razones que lo motivaban.

Como consecuencia de estos requerimientos, hasta la fecha han rendido las cuentas de los referidos ejercicios las siguientes entidades: en Andalucía -Comunidad Autónoma donde se encuentra el mayor número de las entidades incumplidoras-, los Ayuntamientos de Albuñol, Álora, Bailén, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Minas, San Fernando, Ronda, San Juan de Aznalfarache, Villaverde del Rio, Villanueva del Ariscal y Villanueva del Río; y, en Extremadura, el Ayuntamiento de Castuera. Han rendido la cuenta de 2014, quedando pendiente la de 2015, los Ayuntamientos de Archidona, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cártama, Mairena del Alcor, Marbella, Nerva, Garrucha y Ronda, todos ellos sitos en Andalucía; además, ha rendido la cuenta de 2015, el Ayuntamiento de Gines, perteneciente a la misma Comunidad Autónoma.

A principios de julio se han cursado por el Tribunal de Cuentas escritos a los alcaldes que seguían sin enviar información ni rendir las cuentas, citándoles a su personación si a finales de mes no hubieran atendido la petición. Todo ello sin perjuicio de que se apliquen las medidas que establece la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas al efecto, entre las que se incluye la realización de requerimientos conminatorios y la imposición de multas coercitivas a los responsables de las entidades incumplidoras, que se harán efectivas sobre el patrimonio de estos, y que se reiterarán hasta el debido cumplimiento de la obligación, además de requerirse las responsabilidades que se deriven de dicha actuación.

El Tribunal de Cuentas viene realizando un gran esfuerzo para conseguir la plena rendición por las entidades locales. Para ello desarrolló en 2007 la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, que en la actualidad gestiona junto con los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas, y tiene regulado un procedimiento para la rendición telemática y en formato electrónico de dichas cuentas. Además, lleva a cabo planes de actuaciones anuales, que se ejecutan con carácter previo a la fecha de rendición y con acciones posteriores sobre las entidades incumplidoras una vez transcurrido el plazo legal para hacerlo efectivo.

El Tribunal de Cuentas recomienda reiteradamente en sus Informes de fiscalización sobre el sector público local que se vincule la percepción de ayudas y subvenciones por las entidades a la previa rendición de cuentas y que se adopten y se pongan en práctica medidas que garanticen su adecuado y oportuno cumplimiento en plazo y forma, debiendo ofrecerse un marco suficientemente explícito para que se reconozca a las cuentas anuales la importancia que tienen para el cumplimiento de sus fines y se asegure que las mismas ofrezcan una información completa, coherente, integrada y fiable. Solo de este modo puede garantizarse la necesaria transparencia y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía exigibles en la gestión pública.

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