El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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La Audiencia libra del banquillo a los supervisores en el ‘caso Bankia’ | Compañías

El caso Bankia se juzgará sin los supervisores sentados en el banquillo de los acusados. Así lo ha ratificado este viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver uno de los recursos presentados por la acusación popular, según confirman fuentes conocedoras de la decisión judicial.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, había solicitado incluir entre los acusados a los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia.

La Audiencia Nacional ya les había dado la razón durante la instrucción de la causa, en contra del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón, obligando a citar como investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores.

En esta ocasión, sin embargo, la Audiencia Nacional avala la posición de juez y fiscal de no procesarles por la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad que acabo requiriendo el mayor rescate de España.

La decisión del tribunal libra del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernandez Ordóñezo al expresidente de la CNMV Julio Segura entre otros. En concreto, exime al exnúmero dos de la CNMV Fernando Restoy, así como a los cargos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

Su papel de vigilantes del proceso quedó en entredicho durante la investigación judicial al aparecer unos correos del inspector del Banco de España responsable de Bankia en los que advertía a sus superiores de que sacar la entidad al parqué podía suponer el primer paso para su nacionalización.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han manifestado los representantes del colectivo 15MparaRato, personados en la causa, al conocer la decisión.

Voto particular en contra

El auto de la Audiencia Nacional, en todo caso, contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría de magistrados puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado, dice.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri en el voto particular.

Se juzgará a Deloitte 

Por otra parte, la Audiencia Nacional revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez instructor exoneró previamente a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma respecto a Deloitte. Sin embargo, la Sala de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte, “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica

En otro auto, los jueces confirman la responsabilidad penal del exministro Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, por su “participación relevante” en la salida a Bolsa y del exconsejero de OHL y de Bankia Javier López Madrid.

El tribunal también rechazó los recursos de los exconsejeros Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Alberto González y José Manuel Serra, que en los próximos meses se sentarán en un banquillo de más de 30 acusados con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a la cabeza.

La acusación popular recurrirá la decisión ante el Supremo

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular del caso Bankia que había solicitado sentar en el banquillo a los responsables de supervisión del Banco de España y la CNMV, consideran que la decisión de la Audiencia Nacional del librarles del banquillo es “un escándalo y un despropósito jurídico”, en palabras de su representante legal, el abogado Andrés Herzog.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, no entiende el “sorpredente cambio de criterio de la Audiencia Nacional”, que durante la fase de instrucción sí que rebatió al juez y obligó a citar como investigados a los responsables de supervisión de Bankia por el escándalo de su salida a Bolsa.

“España no puede permitirse un juicio del caso Bankia sin la presencia de dos de sus máximos responsables, el Banco de España, la CNMV”, ha expuesto Postigo avanzando que la CIC prevé presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y llegar al Tribunal de Justicia de la UE si es necesario, para sentar en el banquillo a los supervisores financieros.

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Por qué Venezuela recurre a una empresa de EE UU para imprimir sus billetes | Mercados

Venezuela no tiene capacidad para imprimir las ingentes cantidades de billetes que necesita su economía, sumida en una espiral inflacionista. Por eso subcontrata parte de la producción a empresas especializadas. Las últimas remesas de billetes de 100 bolívares llegaron al país caribeño procedentes de una fábrica sueca, propiedad del grupo norteamericano Crane Currency (con sede en Boston).

El encarecimiento imparable de precios ha obligado a Venezuela a requerir la impresión de millones de billetes de diferentes denominaciones, unas necesidades que sobrepasaban la capacidad de producción de la Casa de la Moneda de Venezuela (CMV).

Crane Currency no es la única empresa contratada por el Gobierno de Nicolás Maduro para fabricar moneda. Desde 2015 ha recurrido también a De la Rue (de Reino Unido), Oberthur Fiduciaire (Francia) y Giesecke & Devrient, G&D (Alemania). También han negociado con la rusa Goznak y parte de la producción fue subcontratada a Canadian Bank Note Company.

El caso de Venezuela no es único. Se calcula que la mitad de los 200 países soberanos recurren a compañías especializadas para fabricar su moneda.

Un puñado de firmas, la mayor parte de ellas centenarias, se ha encargado de elaborar entre el 10% y el 20% de los billetes en circulación en todo el planeta. Incluso los países más poderosos, como Estados Unidos, recurren en ocasiones puntuales a estas compañías. Crane Currency lleva desde 1879 fabricando dólares para el Departamento del Tesoro. Y G&D fabrica euros por encargo del Bundesbank.

Eficiencia y especialización

Además de una cuestión de hiperinflación o de demandas puntuales, las razones para que muchos países opten por contratar a Crane, De la Rue u Oberthur son puramente económicas. Imprimir billetes es caro, requiere de maquinaria muy especializada y una capacidad de renovación tecnológica importante para combatir a los falsificadores.

Los especialistas en impresión de billetes tienen una gran experiencia en el procesado de diferentes tipos de papel, en la creación de marcas de agua, en aplicar tintes que cambien de color según la luz y en la introducción de hologramas y bandas de seguridad.

Los países más pequeños son los que suelen recurrir más a empresas como Crane. Sus presupuestos son limitados y no necesitan imprimir demasiados billetes, por lo que comprar la sofisticada maquinaria de producción de billetes no es asumible. Así, Crane ha fabricado guaraníes para Paraguay, dólares para Liberia y chelines para Tanzania.

Aunque lo más habitual es que las autoridades monetarias del país opten por diversificar sus proveedores de billetes. Por ejemplo, los laris de Georgia son elaborados por De la Rue, Giesecke & Devrient y Oberthur Fiduciaire.

Euros de ricos y euros de pobres

Sede del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncort.
Sede del Banco Central Europeo (BCE), en Fráncort.

En la zona euro es un comité del Banco Central Europeo (BCE) el que decide cuánto dinero debe imprimirse cada año y dónde se imprimirá. Todos los países de la eurozona producen una parte, en función del tamaño de su economía. Curiosamente, los billetes de mayor denominación son fabricados sobre todo por países ricos, mientras que los de cinco euros son producidos por las economías más modestas.

Billetes de 500 euros. Aunque el BCE ya ha acordado dejar de fabricar billetes de la mayor denominación (en un intento de luchar contra la economía sumergida), desde 2012 este tipo de billete se ha producido únicamente en tres países: Austria, Alemania y Luxemburgo, tres de los Estados más ricos de la Unión Europea. Los de 5 euros son producidos por España, Portugal, Grecia, Irlanda…

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Presentan la primera demanda civil por el colapso de Popular | Mi dinero

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popular, intervenido el pasado junio y vendido por un euro simbólico a Banco Santander dejando sin dinero a sus accionistas y bonistas, presenta un nuevo frente.

Por primera vez, una firma particular ha presentado una demanda civil reclamando el dinero que invirtió en la entidad en la ampliación de capital que Popular celebró en junio de 2016, más los intereses generados desde entonces.

En concreto, solicita que se le abonen 9.996 euros. Su abogado, Felipe Izquierdo, que acompañó a la organización de consumidores OCU en la querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del extinto banco, considera que la vía civil es compatible con la penal.

Así ocurrió, recuerda, con el caso Bankia, donde el Tribunal Supremo ya ratificó que salió a Bolsa utilizando información no veraz en un procedimiento civil que devino en un proceso de devolución generalizada a los inversores particulares, mientras que el juicio oral por la causa penal está pendiente de abrirse.

Izquierdo considera probado que Banco Popular amplió capital, por 2.500 millones de euros en junio de 2015, utilizando también información que no era fiable, como demostraría la propia comunicación de Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado abril, informando de errores en las cuentas del ejercicio anterior.

Los argumentos de la demanda

“En el folleto de la ampliación, el Banco Popular estima unas pérdidas para el ejercicio 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros, es decir, existió un resultado manifiestamente contrario al publicitado en el folleto, elevándose el desfase en nada más y nada menos que en 1.485 millones de euros (un 75% más), pudiendo concluirse por tanto que los datos económicos publicitados en el folleto eran como mínimo gravosamente inexactos”, recoge la demanda, al a que ha tenido acceso este diario.

“Si lo anterior fuera poco, que desde luego no lo es, resulta que en fecha 3 de abril de 2.017, el Consejo de Administración del Banco Popular comunica a la CNMV un Hecho Relevante en el que reformulan las cuentas de 2.016 ahondando en mayores pérdidas y desvelando otra serie de importantes irregularidades”, prosigue el documento, recordando que la entidad evitó pese a todo reformular las cuentas del año anterior.

La “reformulación las nuevas cuentas las tendrían que firmar el nuevo presidente y sus nuevos consejeros y desde luego, el señor Saracho por nada del mundo quería asumir futuras responsabilidades (civiles y/o penales) de su antecesor en el cargo señor Ron (12 años de presidente)”, argumenta.

Las circunstancias de la compra

La demandante es una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos “que en 11 años de existencia jamás había adquirido acciones de clase alguna”, reza el texto remitido al juzgado. Sin embargo, al acudir a su sucursal de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a solicitar un crédito de 100.000 euros para la compra de un camión, asegura la demanda, “tanto el comercial como el director de dicha oficina bancaria le exponen la conveniencia de suscribir acciones de la ampliación de capital”.

Como resultado, la demandante adquirió 6.630 acciones de Banco Popular el 20 de junio de 2016, con un coste de 8.287,50 euros, al que hay que añadir 1.709,32 euros correspondientes a la compra de derechos realizada el 7 de junio de 2016. En total, 9.996,82 euros que reclama, por vicio en el consentimiento, junto a los intereses generados y las costas

Otras vías judiciales en marcha

La demanda civil presentada será previsiblemente la primera de muchas. En opinión de Izquierdo, es el camino más fácil y rápido para aquellos que acudieran a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, mientras, aduce, que los accionistas más antiguos deberán esperar a ver si la investigación que pueda abrirse por la vía penal demuestra irregularidades anteriores a la del folleto de aquella operación.

El propio Izquierdo, de la mano de la OCU, ha presentado una querella criminal contra le excúpula de Popular en la Audiencia Nacional, medida que permite interrumpir la prescripción para las reclamaciones, expone.

En paralelo, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, o el despacho Durán & Durán, también emprendieron actuaciones por la vía penal. 

Más allá, esta misma semana trascendía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha comenzado a aceptar los recursos presentados por accionistas de Banco Popular. Para Izquierdo, esta última es la principal alternativa para los grandes inversores de la entidad, aquellos que no podrán alegar que desconocían la situación real de la entidad o que debían fiarse únicamente de la información del folleto.

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El euro causa furor entre los falsificadores gracias a la tecnología | Tendencias

Los euros falsos no tienen bandera. Tan pronto nacen en una imprenta zaragozana como en la remota China. Se han desmantelado imprentas en Colombia, Perú y Tailandia. Hasta por partes aparecen: el portal de venta online Alibaba ha llegado a ofertar hologramas falsos para billetes de euro. Tal es el furor causado por la ‘moneda única’, que desde su nacimiento, en 2002 ha motivado la retirada de circulación de unos 12 millones de imitaciones, entre monedas y billetes.

  • Evolución del número de falsificaciones

Fuente: Banco Central Europeo/Comisión Europea

¿Por qué tanto interés? Desde la Comisión Europea aluden una mezcla de sex-appeal y disponibilidad recursos tecnológicos. “Es una divisa altamente atractiva para la falsificación”, explican. No en vano, es la moneda oficial en diecinueve países, con 18 millones de billetes y 115 mil millones de monedas en circulación dentro y fuera de la Unión Europea. Más de un billón (12 ceros) de euros en manos de 340 millones de ciudadanos.

“Además la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías proporcionan nuevas oportunidades a los falsificadores”, añaden. En este contexto, el papel de los billetes -de composición ya inimitable- se ha llenado transparencias, marcas de agua, hologramas, tintas especiales… Según Juan Bañuelos, jefe de la sección técnica de la Brigada de Investigación del Banco de España (BIBE) -encargada de perseguir los asuntos relacionados con falsificación de billetes y monedas en nuestro país- lo importante es la dificultad para integrar en la falsificación todos los elementos de seguridad que componen los originales. “Si sólo miras una, puede estar perfectamente simulada, pero el resto no. Puede ser un holograma perfecto, pero fallar en la marca de agua o en la ventana de la última serie de los billetes de 20 y 50, la tinta…”, explica. En estos casos, mirar, girar y tocar el billete es la receta del BCE para despejar las sospechas.

Además, los controles superan la simple renovación de la flota. “Cada Estado Miembro designó autoridades con competencia para centralizar la información policial y técnica, en coordinación a nivel europeo con Europol, la comisión y el Banco Central Europeo (BCE)”, explican desde Bruselas. Pero este esfuerzo creciente ha llevado a los criminales a buscar nuevas formas de llevar sus euros fraudulentos a la circulación. Desde Alibaba hasta la web oscura o profunda, proliferan los anuncios de componentes de alta calidad e incluso falsificaciones completas. 

Prueba de autenticidad sobre un billete de50 euros

La web oscura (deep web en su original inglés) es el interne que se le escapa a Google, en el que un ingente volumen de datos cifrados guardan una particularidad común: no está regulado por gobiernos o entes. En ella, la comunicación e intercambio de información es libre entre usuarios gracias a conexiones parten P2P (peer to peer). En muchos casos se trata simplemente de páginas con contenidos no indexados: intranets o bases de datos.Pero también hay contenidos cifrados por motivos políticos, militares, de activismo de la privacidad o puramente delictivo.

  • Distribución de las falsificaciones, por billetes (en %)

Fuente: Banco Central Europeo

Sólo en 2016 se retiraron de circulación 684.000 billetes apócrifos, la mayoría de ellos, de 50 euros. Esta serie y la de 20 euros, han sido las favoritas de las imprentas ilegales desde que la divisa entro en circulación. Según los últimos datos, relativos a la primera mitad de 2017, la pareja estrella concentra el 87,5% de las falsificaciones. En un muy discreto segundo plano quedan los billetes de cinco y diez euros, que no han supuesto ni el 4%, y otra consideración merecen, por su valor, los billetes de 100, 200 y 300 euros, que además alcanzan el 11,6% del total.

Mirar, girar y tocar el billete es la receta del BCE para despejar las sospechas sobre una posible falsificación

“Las cifras de falsificación del euro no son elevadas, en relación con los billetes que circulan”, puntualizan fuentes del Banco de España. En el primer semestre de 2017 se retiraron de la circulación 331.000 billetes falsos, actualmente el número de billetes en euros en circulación supera los 20.000 millones de billetes en circulación, lo que representa 17 billetes falsos por cada millón de billetes en circulación. Impedir el incremento de estas cifras es crucial para un medio de pago que sigue siendo el más utilizado por los ciudadanos europeos. “Nuestro principal reto es mantener la confianza del público en los billetes y monedas de euros, que permite realizar las transacciones con plena garantía de su valor”, explican.

La llegada de terceros países donde el euro no es moneda oficial a la fiesta de la falsificación tampoco ayuda. La detección se complica cuando las autoridades locales desconocen las técnicas para reconocer euros sospechosos y carecen de los equipos necesarios para determinar su autenticidad. “Todos los años hacemos un curso de formación en Iberoamérica con unidades policiales, bancos centrales y autoridades judiciales y fiscales de estos países”, explica Bañuelos. Estos cursos se celebran dentro del programa Pericles 2020, de la Comisión Europea, en el que la BIBE y el Banco de España han tenido presencia constante: “Nos ha brindado la oportunidad de conocer y compartir experiencias con los cuerpos técnicos y policiales de otros países y mostrar el modelo de colaboración existente entre entre el Banco de España y la BIBE, que es altamente valorado en todo el mundo”.

Pero los euros latinoamericanos ya no son el único problema. En 2014 se retiraron 22.000 billetes con hologramas falsos de alta calidad made in China. Un año más tarde fueron 47.000. Y en 2015 se alcanzaron 71.000. Además, los criminales chinos están empezando a combinar el suministro de componentes -hologramas, tintas especiales- con la fabricación del producto completo. “Estamos intentando ver cómo podemos colaborar con las autoridades chinas para luchar contra esto. Lo que pasa es que la legislación existente es diferente en cada país. Si ya en Europa no tenemos armonización legislativa, imagínate con China”, añade Bañuelos.

Todas las entidades coinciden en que, en los demás niveles, la colaboración es plena: “Existe coordinación policial y técnica. Para el análisis la clasificación de las monedas falsas a escala europea, está el centro técnico y científico europeo. A nivel nacional están sus reflejos en los centros nacionales de análisis y centros nacionales de análisis de moneda”, precisan desde el Banco de España.

La mayoría de los billetes falsos siguen naciendo, no obstante, en tierras europeas. Según los cálculos de Europol, hasta un 70% de ellos ven la luz en Italia, en gran parte gracias al impulso de los grupos napolitanos dedicados al crimen organizado. “Hacemos todo lo posible con las autoridades italianas, pero el resultado es el que hay. Se han hecho gestiones a través de Interpol y el BCE, se ha ido modificando la legislación para permitir la colaboración, porque antes no permitían equipos conjuntos, ni entregas controladas, ni agentes encubiertos… Todo esto dificultaba las cosas”, comenta Bañuelos.

  • Distribución de las falsificaciones, por monedas (en %)

Fuente: Comisión Europea

Los italianos tampoco encuetran rival en el apartado de las monedas. Desde 2002 se han desmantelado 27 fábricas que acuñaban euros al margen de la ley. Aunque las cinco españolas nos sitúan en el segundo puesto, estamos muy lejos de las catorce italianas. Dentro las monedas falsas, las favoritas son las de dos euros, que se han mantenido a la cabeza durante los últimos 20 años. La creciente calidad de estas falsificaciones nos dejó en 2015 13 nuevas variedades de euros fraudulentos con propiedades electromagnéticas de lo más verosímiles. Un año más tarde se retiraron de la circulación más de 150.000 monedas falsas.

Uno de cada diez billetes falsos retirados de la circulación en 2015 se detectaron en España. Dentro de nuestras fronteras, la investigación de estos delitos y los asociados a otras divisas ha correspondido a la BIBE desde 1934. “Nuestra experiencia empezó con la peseta, sólo tuvimos que adaptarnos al euro”, explica Bañuelos. Su aportación, que la Comisión Europea califica como “una de las más efectivas” pasa por un conocimiento profundo del circuito financiero, el flujo existente de euros falsos y el perfil de quienes los introducen. Ahora el reto es estar al día. “Qué duda cabe de que la red y la comunicación que se da a través de ella es nuestro mayor obstáculo. Los contactos son instantáneos. Hacer un pedido y recibirlo es cuestión de horas”, razona Bañuelos.

Además, en un mercado global e hiperconectado de divisas fraudulentas donde el euro y el dólar van, en muchos casos, de la mano, la colaboración internacional cobra relevancia. “No podemos poner paredes al viento, necesitamos las herramientas adecuadas para parar esta delincuencia. Si no podemos hacer un seguimiento, de IPs difícil lo vamos a tener”. Desde el Banco de España destacan también la necesaria colaboración del público para que al recibir un billete o moneda de euro, verifique sus características: “Hay que ser conscientes de que una divisa global, como es el euro, desde el punto de vista de la falsificación, es una moneda muy interesante”.

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Miguel Blesa: las cumbres y los abismos | Compañías

La muerte de Miguel Blesa, trágica, es el epíteto final a un hombre que tocó y acarició con los dedos las mieles del poder, del éxito, de la fama, exponente singular de un tiempo y unas formas que en España se dieron cita con fruición, con donosura y desparpajo. El mundo de las cajas de ahorros ha dejado un desierto de responsabilidades y un océano de excesos del que hoy todos, cínicamente, nos preguntamos cómo fue posible, y sin embargo se dejó hacer. Hasta que en el punto de mira financiero se situaron las cajas. Todas. Apenas una sobrevive de aquel maremágnum, de aquella borrachera política y partidista, clientelar y caciquil con que en España, pero sobre todo en las comunidades autónomas, se tejió y destejió el poder y el control, amén de la financiación del partido de turno que gobernase en una región u otra.

Aquellos tiempos son hoy pasado. Algunos de aquellos presidentes estuvieron o aún están en prisión. Sus honores y laudatios borrados del imaginario popular, su grandeza agigantada por aduladores y buscadores es hoy escarnio y pisoteo. En este país el éxito se digiere mal, pero sobre todo, cuando el fracaso y la caída asoman, simplemente no hay piedad. Blesa estuvo en dos ocasiones en prisión y estaba pendiente de su recurso ante el Supremo por el caso de las tarjetas de Caja Madrid. Salió justo antes del declive total del banco, pero cuando la morosidad era alarmante y la burbuja inmobiliaria, los excesos, la escasa aversión real al riesgo, los excesos, los devaneos internacionales, las fallidas, cuando no erróneas, expansiones a todas las comunidades autónomas acabaron pasando una agria factura, pero era solo una; la otra, más adusta y amarga, tenía un sabor y un regusto diferente, el político. Un político le encumbró, aun no teniendo conocimiento financiero alguno, y en medio de luchas fratricidas y cainitas entre dos eternos aspirantes henchidos de ambición Blesa se vio en medio de un barrizal que acabó devorándolo y siendo defenestrado.

Entre Albertos y Esperanzas el edificio que con tanto empeño y orgullo edificio, personalista sin duda, que había erigido se desplomó. El tsunami financiero no se quiso ver en toda su dimensión, pero la fuerza centrípeta que traía arrasaría con todo. En España difícilmente se perdona el éxito. País taimado y cainita, se desprecia al otro, se le envidia, se le busca siempre un flanco de debilidad, entre el narcisismo y la soberbia, la vanidad y el orgullo, el dedismo o ungimiento personal y el nepotismo. Los que le apadrinaron, o el presidente de Gobierno que le encumbró, marcaría parte de su vida empresarial, pero también personal.

Su estilo de gestión, su forma de ser –no vamos nosotros a calificarla ni a describirla, dado que por todos es conocida–, su liderazgo personalista hasta el extremo, le han acabado por pasar una terrible factura. Por mucho que algunos de los que se dicen amigos, y ya es difícil en España tener amigos en la caída y en el momento de arrastrarse a los infiernos mediáticos y el olvido de todos los que bajaban cabezas y tendían las manos en señal de reverencia caciquil, hayan aseverado en estos momentos luctuosos, máxime ante lo que parece ser un suicidio, que los procesos judiciales y la cárcel no le habían hecho mella en su carácter y personalidad.

Tuvo un enorme poder, una fuerte influencia en los destinos económicos y empresariales de este país. Muchos buscaron su cobijo y su apoyo. Otros trataron de zancadillearle. Y ya se sabe, cuanto mayor es la subida, mayor será la caída. En sus 14 años de poder omnímodo en la caja, fueron los primeros, sin duda, los mejores, los de cimentar todo el poder y sembrar para recoger en vísperas de la crisis en 2007 unos resultados y beneficios increíbles y extraordinarios. Pero el ocaso llegaría también envuelto en veleidades de candidatos políticos y de candidatos dispuestos a desbancarle, como antes hicieron con Terceiro.

El poder tiene eso, una pléyade de personajillos de medio pelo dispuestos a tomarlo, a la sucesión. Y no se olvide que en esos cambalaches de la primera planta de una sede política de Madrid, la guerra eterna entre la lideresa y el alcalde acabó pillando en medio a Caja Madrid y codiciar ese asiento. Sobresueldos, tarjetas black, emisiones de preferentes con nula transparencia y la caída a los infiernos. Ayer terminó todo. La presión, la derrota, la humillación, el olvido, la espalda de los fieles, etc.

 Abel Veiga es profesor de Derecho de la Universidad de Comillas

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Miguel Blesa, el banquero de Aznar | Compañías

Miguel Blesa de la Parra (Linares, Jaén, 1947) fue durante la presidencia de José María Aznar una de las personas más influyentes de España. Su estrecha amistad con el líder del Partido Popular -fraguada en sus años de opositores y en el primer destino de ambos, en Logroño- propició que cuando Aznar llegó a la Moncloa en 1996 nombrara a Blesa presidente de Caja Madrid, pese a no tener ninguna experiencia en el sector financiero.

Blesa fue entre 1996 y 2009 el máximo responsable de la cuarta mayor entidad financiera de España (tras Banco Santander, BBVA y La Caixa). Desde su despacho, en la última planta de una de las Torres KIO de Madrid, Blesa dirigió la expansión de Caja Madrid por otras regiones, su salto internacional con la compra de un banco en Florida (2008) y vivió en primera línea los tejemanejes de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre para hacerse con el control absoluto de una institución que era el brazo financiero de la Comunidad de Madrid.

El culmen de su carrera se produjo justo antes del inicio de la crisis financiera internacional. El año 2007 Caja Madrid obtuvo un beneficio descomunal: de 2.861 millones de euros. Pero llegaron las hipotecas subprime en Estados Unidos, el colapso de Lehman Brothers, la explosión de la burbuja inmobiliaria en España…. y poco a poco comenzó el declinar de Blesa. El banquero ya tenía claro en 2008 que la banca española iba a atravesar por problemas gravísimos: “la morosidad no es que venga es que galopa“, llegó a decir.


El último vals de Viena

A pesar de adivinar el fin de una época en la banca española, Blesa no cejó en su afán expansionista. Poco después de la compra del banco de Florida, en 2008, el directivo puso en marcha la expansión de Caja Madrid en Europa del Este. Para el proyecto, abrió una oficina en un palacete de Viena, desde donde se daría servicio a empresas interesadas en expandirse por Eslovaquia, Hungría, la República Checa. Blesa no escatimó en gastos y feltó un avión privado para llevar a la inauguración directivos de Indra, Mapfre, FCC o El Corte Inglés, además de a algunos políticos madrileños. También estaban invitados varios líderes sindicales y periodistas. 

José María Aznar, en unas jornadas organizadas por Caja Madrid, en presencia de Miguel Blesa (en el centro).
José María Aznar, en unas jornadas organizadas por Caja Madrid, en presencia de Miguel Blesa (en el centro).

Los fastos incluyeron alojamientos en hoteles de cinco estrellas, comidas en restaurantes vieneses, visitas al palacio de Schönbrunn, conciertos con violines… Dos años después de la inauguración, la oficina fue cerrada y el edificio vendido.

Su último año al frente de Caja Madrid fue 2009, cuando aún se defendía que España sobrellevaría la crisis económica mundial mejor que otros países. La entidad financiera mantenía la apariencia de un balance saneado, pero la morosidad no dejaba de crecer. En la lucha intestina por Caja Madrid acabó mediando Mariano Rajoy, para imponer a Rodrigo Rato como sustituto de Blesa en la presidencia.

Blesa ya fue ajeno al proceso de integración de Caja Madrid en Bankia (junto con otras seis cajas de ahorros), a su salida a Bolsa y a su posterior rescate con dinero público. Pero su nombre ya estaba marcado en fuego en varios frentes judiciales.

Las primeras investigaciones que empezaron a destapara actividades sospechosas de Blesa al frente de la caja madrileña las impulsó el juez Elpidio Silva. En concreto, indagó sobre el proceso de compra del banco City National Bank de Florida. La agresiva instrucción del caso, que llevó incluso al encarcelamiento del exbanquero, acabó por dinamitar el procedimiento. El juez fue condenado por su actuación excesiva y el caso quedó archivado. Pero la semilla ya se había plantado.

Durante los cuatro últimos años, la vida de Blesa ha sido un calvario judicial. Aunque eludió el caso City, la Audiencia Nacional juzgó y condenó a seis años de cárcel al banquero por el uso abusivo de las tarjetas opacas en Caja Madrid. Blesa había recurrido la sentencia ante el Supermo, pero la sombra del regreso a la cárcel pendía sobre su cabeza.

Además, tenían pendientes otras dos investigaciones judiciales. Una por los sobresueldos abonados a la cúpula de Caja Madrid en los últimos años de su mandato. Otra,  por la colocación de 3.000 millones de euros de patricipaciones preferentes entre clientes minoristas: un producto de riesgo, que se vendió como si se tratara de un simple depósito bancario.

Al margen de la condena por las tarjetas black y el temor a un nuevo ingreso en prisión, la reputación de Blesa se había visto dañada por la publicación de los correos electrónicos que mandaba a los directivos y consejeros de Caja Madrid. Esta correspondencia, puso de relieve una gestión personalista, con constantes injerencias por parte de altos cargos del Partido Popular, y con gastos suntuosos a cargo de la entidad financiera. 

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China, pequeños pasos hacia el respeto a la marca | Compañías

La venta de falsificaciones se ha instalado en nuestras calles más comerciales como un elemento más del paisaje. ¿Sabemos el volumen comercial que significa el tráfico de mercancías falsas en nuestro entorno? A nivel de la Unión Europea, los productos falsificados y pirateados representan el 5% de sus importaciones totales, lo que equivale a 85 millones de euros. A nivel mundial, estos productos ya constituyen el 2,5% del comercio internacional: nada menos que 338.000 millones de euros. Son datos del informe Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact, publicado en abril por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

En cuanto al origen de dichas mercancías, a pesar de que los productos falsificados empiezan a producirse en varias partes del mundo, el principal productor de falsificaciones sigue siendo Asia y, dentro de ella, China, que supone en torno al 60% del origen de las falsificaciones mundiales, por un valor estimado de 396.000 millones de dólares al año.

No obstante, algo parece estar moviéndose muy tímidamente en los últimos años en China. Cabe destacar que, a principios de este año, el Consejo de Estado chino lanzó un plan estratégico para los próximos cinco años que persigue atajar las infracciones de propiedad industrial incrementando la lucha contra la producción, distribución y la venta de falsificaciones. En ese sentido, las aduanas chinas intervinieron en 2016 alrededor de 42 millones de productos falsificados que estaban listos para ser exportados a terceros países. Todo ello a pesar de que el modo en el que están llegando las falsificaciones chinas a Occidente está evolucionando hacia la pequeña paquetería y envíos postales.

Como consecuencia, en parte, de la presión que está ejerciendo el Gobierno chino a través de su proyecto Bridgehead, algunas plataformas de comercio online chinas están mejorando los procedimientos de detención de producto falso en sus páginas a través del uso del big data. Mediante el uso de dicha tecnología, Alibaba ha llevado a cabo con el Ministerio de Seguridad Pública chino la operación Cloud Sword, que ha derivado en el arresto de 322 individuos y la intervención de productos falsos por valor de 2.100 millones de dólares.

Además, el Global Anticounterfeiting Network Group ha otorgado recientemente su premio en la categoría de Institución Nacional a la Shanghai People’s Procuratorate, por haber incrementado la eficacia en la labor de los fiscales chinos contra la criminalidad relativa a la venta de falsificaciones.

Por tanto, y a pesar de ciertos pasos hacia atrás, como la regulación del procedimiento de notificación y retirada de productos falsos por parte de plataformas en el borrador de Ley de Comercio Electrónico china, parece que el Gobierno chino da pasos adelante. Y lo hace convencido de la necesidad de perseguir a las mafias que se encuentran detrás del negocio de las falsificaciones, tal y como reconoció recientemente el viceministro Liu Junchen, de la Administración Estatal para la Industria y el Comercio (SAIC). Y de esa nueva y tímida política, motivada por la defensa de sus propias marcas que ya empiezan a sufrir los embates de las falsificaciones, nos beneficiamos también las marcas occidentales que llevamos años sufriendo la competencia desleal del producto falsificado con origen en China.

De todas formas, debemos resaltar que China debe hacer más para impedir las exportaciones de productos falsos a Europa, más para perseguir a los grandes centros de producción de falsificaciones situados a lo largo de su territorio. De lo contrario, el impacto que percibimos en nuestros países hace que dicho esfuerzo de la Administración china sea bastante imperceptible.

Sin embargo, no todas las infracciones que se producen de marcas occidentales en China son responsabilidad exclusiva del infractor. En el mundo de la propiedad industrial, basado en el principio de territorialidad, si no tienes una marca registrada en un territorio difícilmente vas a poder defenderte del uso de tu marca en ese país, al no haberse instado su registro. Por ello, es fundamental que la empresa española que quiera abordar su conquista del mercado chino esté concienciada de la necesidad ineludible de registrar sus marcas y otros derechos de propiedad intelectual en China, incluso antes de iniciar la actividad comercial en el país. Sin la protección adecuada para las marcas y signos distintivos de las empresas, estas se encuentran totalmente expuestas a sufrir infracciones contra las que será realmente complicado actuar si no se ha obtenido el registro de la marca correspondiente en el país.

Es más, los expertos recomiendan el registro de las marcas ante las autoridades competentes de aduanas del país. De esta forma, se puede combatir más eficazmente la actuación contra la exportación de falsificaciones a otros mercados en el caso de bienes que han sido fabricados en China y quieren ser exportados al exterior.

China empieza a despertar en la necesaria protección de sus marcas y de las marcas de terceros países presentes en su mercado. La competencia leal y el respeto a la propiedad industrial y la creatividad harán de China un socio de mayor confianza. Pero, valorando y reconociendo el esfuerzo que se está haciendo, hay que pedirle a las autoridades chinas una respuesta mayor y más firme tanto frente a la producción como a la exportación desde sus fronteras. Que los pasitos tímidos se conviertan en pasos de gigante, como corresponde a su escala de potencia mundial.

José Antonio Moreno es director general de Andema.

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