Claves del nuevo bono social eléctrico: requisitos y cómo beneficiarse del descuento | Mercados

Enfrentarse a la factura de la luz a final de cada mes puede ser un mal trago para algunas economías domésticas. Para estos consumidores más vulnerables, el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo bono social eléctrico. Las ayudas se repartirán en función de la renta de los titulares y otras características especiales. 

En las nuevas directrices se recoge la figura de consumidor vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento; la del vulnerable severo, al que se le aplicará el 40%, que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión. Las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también podrán solicitar el bono. 

Según el real decreto publicado en el BOE, un consumidor vulnerable es aquel que acredite una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un hijo a su cargo, la cuantía máxima para percibir la ayuda será de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para percibir el bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. 

Si los ingresos del ciudadano no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, será considerado “vulnerable severo”. 

Para todos los beneficiarios habrá un máximo de consumo al que se le efectuará la rebaja, para preservar la eficiencia energética.

El descuento se aplicará directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad. El consumidor podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal. 

El decreto también introduce novedades en el caso de impago. Por ejemplo, las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses. 

Los clientes que ya cuenten con un bono social antiguo podrán mantenerlo seis meses más sin necesidad de volver a tramitarlo. Para nuevas concesiones, el Gobierno facilitará a los usuarios una aplicación con toda la información. Además, se podrá solicitar por teléfono, correo electrónico, correo postal y en las oficinas de las empresas comercializadoras. 

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Cómo facturar sin ser autónomo | Legal

La crisis ha empujado a mucha gente a trabajar por su cuenta en pequeños trabajos que muchas veces no compensan los gastos a los que tienen que hacer frente, ante lo cual, ya desde 2008 comenzaron a aparecer cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto es gestionar las facturas de profesionales que realizan un mismo proyecto o trabajan en un mismo sector de forma puntual; es decir, están dirigidas a profesionales que generan pocos ingresos.

Desde un punto de vista laboral, en vez de darse de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, la persona que trabaja por su cuenta se da de alta online en la cooperativa de forma que, como en cualquier cooperativa de ese tipo, sus miembros son socios y al mismo tiempo trabajadores de la misma.

Cuando va a facturar los servicios prestados a un cliente, el ya cooperativista lo comunica a la cooperativa, que gestiona su alta por cuenta ajena en la Seguridad Social por el tiempo que le haya llevado el trabajo -horas o días-, y emite la factura al cliente en nombre de aquél.

La cooperativa entrega al trabajador cooperativista una nómina por el importe de las facturas que genera, con el descuento de la Seguridad Social, los costes de la cooperativa -incluida la comisión que le cobra, que suele oscilar entre un 4% y un 6% de las facturas, más una cantidad mensual o por gestión realizada- y los impuestos –retención a cuenta del IRPF, Sociedades-. Algunas abonan el importe neto horas después desde que el cliente les abona la factura. Y no faltan las que aplican un porcentaje al Fondo de Garantía Salarial para asegurar el cobro de las facturas en caso de impago.

Los ingresos son mínimos pero también la cotización es mínima, por el tiempo estrictamente trabajado.

Ahora bien, el sistema genera dudas acerca de la legalidad de la relación laboral existente entre las partes, la más grave la falta de cobertura durante la prestación del servicio, al no figurar de alta en la Seguridad Social hasta que esta ha finalizado. Y otras como cuál sería el convenio colectivo aplicable o en qué grupo profesional se le incluiría. O dudas para el cliente, como a quién reclamar en caso de defectos en el servicio o discrepancias de cualquier tipo.

Ante el crecimiento del fenómeno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando la existencia de un presunto fraude de estas cooperativas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de facturar sin ser autónomos, como falsos asalariados, actuando realmente como empresas de facturación.

Y la Tesorería General de la Seguridad Social ha comenzado a enviar cartas a clientes de las plataformas de facturación. En una de ellas, por ejemplo, tras examinar su documentación contable y fiscal, considera que el cliente ha mantenido una actividad por cuenta propia durante los periodos que indica, sin figurar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y, como consecuencia, le ha dado de alta y de baja automáticamente en esas fechas, a fin de reclamarle cuotas atrasadas más intereses de demora.

Lo cierto es que, si el fin fuera un medio de ayuda mutua que proporciona a sus socios puestos de trabajo a través del esfuerzo personal y directo, no habría ningún problema, pero si lo único que se persigue es eludir la obligación de alta en autónomos y la consiguiente emisión de facturas, el sistema no sería legal.

Los afectados se están organizando y parece que las cooperativas plantarán cara a la Seguridad Social, en una batalla que previsiblemente terminará por regularizar la situación y aclarar las lagunas actuales.

Desde el punto de vista fiscal, en el IRPF tienen la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones satisfechas al consultante socio cooperativista por los servicios prestados a la cooperativa, con independencia de su régimen de afiliación a la Seguridad Social.

Así, la persona que presta sus servicios a través de la cooperativa, y que de otro modo obtendría rendimientos de actividades económicas, pasa a percibir únicamente rentas que tienen la consideración de rendimientos de trabajo.

En materia de retenciones, el porcentaje, deja de ser el fijo del 15% para depender básicamente del importe de las cantidades percibidas, siendo el mínimo del 2%.

Como contrapartida a sus aparentes ventajas, el profesional no puede deducir los gastos inherentes al desarrollo de su actividad, que en ocasiones pueden ser muy elevados, y que en según en qué sectores de actividad harían que esta opción fuese económicamente poco rentable.

Por otra parte, en el IVA, en su Ley reguladora, se declara expresamente la no sujeción a dicho tributo de los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas. Ello implica sin embargo, la imposibilidad de deducirse el IVA soportado en la adquisición de bienes para la realización de actividades económicas en la medida en que se realicen exclusivamente operaciones no sujetas.

Lo que sí es evidente es la simplificación de las obligaciones formales y de gestión con la Agencia Tributaria, desapareciendo la obligación de darse de alta en el Censo de Empresarios y Profesionales y en el IAE, la obligación de presentar declaraciones de IVA, la de declaración anual de operaciones con terceras personas…

A pesar de ello, desde el punto de vista fiscal, habría que hacer números para ver qué opción, si ambas fueran lícitas, resulta más rentable.

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Se imponen nuevas maneras de llevar los libros de facturas | Legal

Se acerca el 1 de julio, fecha de entrada en vigor del nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información.

De acuerdo con la normativa del IVA, hasta ahora, los empresarios y profesionales y restantes sujetos pasivos del IVA, debían llevar un Libro Registro de facturas expedidas, un Libro Registro de facturas recibidas, un Libro Registro de bienes de inversión y un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

A partir del 1 de julio dichos libros se llevan a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y los registros de facturación se deben remitir a la Agencia Tributaria por vía electrónica, en unos plazos muy cortos, de cuatro días naturales (ocho para el 2017) a los que haremos alusión más adelante.

Si bien esto no cambia para todos los obligados tributarios, sí lo hace para aquellos con un período de liquidación mensual, así como para quienes hayan optado por su aplicación de manera voluntaria.

Los sujetos pasivos con un período de liquidación mensual, y para los que resulta obligatoria la aplicación del nuevo sistema, son aquellos cuyo volumen de operaciones hubiera excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, los inscritos en el Registro de Devolución Mensual (a efectos de evitar la aplicación del SII, han podido renunciar al REDEME antes del 15 de junio) y los que apliquen el régimen del grupo de entidades.

La exclusión del REDEME, implica la exclusión del SII, así como el cese en el régimen especial del grupo de entidades, salvo que el sujeto pasivo siga obligado a presentar declaraciones periódicas mensualmente.

Asimismo, cabe la opción de acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema, siendo vinculante dicha opción por lo menos en el año natural para el que se ejercita. La opción debe ejercitarse con carácter excepcional durante el mes de junio de 2017 y, con carácter general, en el mes de noviembre del año anterior al que deba surtir efecto o al presentar la declaración de inicio de actividad. Se entiende prorrogada salvo renuncia, que también se efectúa a través de la declaración censal, en el mes de noviembre anterior al año en el que ha de tener efectos.

Debe tenerse en cuenta que los sujetos pasivos que apliquen el SII desde el 1 de julio de 2017 deben remitir los registros de facturación del primer semestre de 2017, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017, identificando que se trata de operaciones correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017. Estos registros de facturación deben enviarse con los datos que exige la regulación de los libros registro de IVA a 30 de junio de 2017, sin los datos adicionales exigidos por el SII. No están obligados a suministrar estos datos los contribuyentes que hayan presentado el modelo 340 de enero a junio de 2017.

Los plazos para el envío de los registros de información son los siguientes:

La información correspondiente a las facturas expedidas debe suministrarse en el plazo de cuatro días naturales (ocho para el 2017) desde su expedición, salvo que sean expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, el plazo es de ocho días naturales. Asimismo, se establece un límite adicional, ya que la remisión en todo caso, debe realizarse antes del día 16 (es decir el 15 como muy tarde) del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse. Este límite coincide con el previsto para la remisión de las facturas cuando el destinatario sea un empresario o profesional. Por ello, en el caso de que la factura se emita el último día, es decir el día 15 del mes siguiente al de devengo de la operación, la remisión de los datos debe efectuarse ese mismo día.

Cuando no sea de aplicación el SII, con carácter general, las facturas deben hallarse asentadas en los libros-registro, en el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.

La información correspondiente a las facturas recibidas debe ser suministrada en el plazo de cuatro días naturales (ocho para el 2017) desde la fecha en la que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del IVA en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

En las operaciones de importación, los cuatro/ocho días naturales se computan desde que se produzca el registro contable del documento en el que consta la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se refiera la declaración.

En las operaciones intracomunitarias, en el plazo de cuatro días (ocho para el 2017), desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que para el cómputo de dichos plazos se excluyen los sábados, domingos y festivos nacionales. Igualmente, cuando opere el plazo límite de antes del 16 del mes siguiente, si el día 15 fuera sábado, domingo o festivo nacional, se traslada al primer día hábil siguiente.

La información relativa al libro registro de bienes de inversión debe suministrarse dentro del plazo de presentación del último período de declaración del año (hasta el 30 de enero).

Es importante tener en consideración que el retraso en el suministro de la información tiene consecuencias, ya que se establece una sanción específica, consistente en una multa pecuniaria de un 0,5% del importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

Ahora bien, el SII no sólo supone un aumento de la información a suministrar a la Agencia Tributaria, en plazos de tiempo cortos. Como contrapartida, permite a los contribuyentes acogidos a él, disfrutar de una serie de ventajas, como son la supresión de la obligación de presentar los modelos 347, 340 y 390 y la ampliación en diez días del plazo para la presentación de las autoliquidaciones periódicas del IVA.

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