El Supremo ataja la aspiración de Jaime Botín de recuperar lo que pagó para regularizar sus cuentas suizas | Compañías

Comienza a venirse abajo la pretensión de Jaime Botín y sus hijos de recuperar parte del dinero que pagaron para regularizar su situación fiscal después de que la llamada lista Falciani revelara la existencia de cuentas bancarias en el banco suizo HSBC.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado este martes el recurso planteado por Marcelino Botín Sanz de Sautuola Naveda para lograr que Hacienda le devolviese 1,7 millones de euros.

Los abonó en 2010 al realizar una declaración complementaria del IRPF de 2005 para evitar un posible delito fiscal tras el descubrimiento de las cuentas suizas. El fallo resulta especialmente relevante porque la Sala tiene pendientes de resolución cinco recursos similares planteados por Jaime Botín, padre de Marcelino, y por cuatro hermanos de éste último por decenas de millones de euros.

El Supremo confirma así la sentencia dictada por la Audiencia Nacional que ratificó la decisión de Hacienda de desestimar la pretensión de Marcelino Botín, planteada en noviembre de 2012, de que le fuese devuelto el dinero que abonó para la regularización fiscal.

Alegaba que cuando hizo el abono ya había prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. Tras realizar la declaración complementaria en 2010, la Audiencia Nacional archivó las actuaciones penales que seguía en relación, entre otros, al recurrente, al aplicar la llamada excusa absolutoria del artículo 305 del Código Penal que exime de responsabilidad pena a quien regularice su situación tributaria en determinadas circunstancias

Para el Supremo, “la actuación del recurrente, pretendiendo la solicitud de devolución, después del pronunciamiento de la jurisdicción penal, resultaría contraria a sus propios actos y hasta podría calificarse como fraude de ley, en cuanto realizó un ingreso para conseguir la exoneración de la responsabilidad penal, utilizando luego la literalidad del artículo 221.1 c) de la Ley General Tributaria para burlar el pronunciamiento penal”.

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Unión Europea: La UE continúa su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo | Legal

Entra en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y con ello el refuerzo de las normas vigentes en la materia y el aumento de la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También mejora la transparencia para evitar la elusión fiscal. La Directiva entra en vigor en un momento en que los debates con el Parlamento Europeo y el Consejo sobre medidas adicionales, que la reforzarán aún más, se encuentran en una fase avanzada.

Según una nota de la Comisión, también se ha publicado un informe útil para que las autoridades de los Estados miembros puedan abordar mejor, en la práctica, los riesgos de blanqueo de capitales. Tal y como exige la nueva Directiva, la Comisión ha evaluado los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ligados a diferentes sectores y productos financieros. El informe determina los ámbitos de mayor riesgo y las técnicas más frecuentemente utilizadas por los delincuentes para blanquear fondos ilícitos.

El vicepresidente primero de la Comisión Frans Timmermans, reconoce que “El blanqueo de capitales da oxígeno a la delincuencia, el terrorismo y la elusión fiscal”. “Debemos cegar sus fuentes del mejor modo que podamos. Las normas más estrictas en vigor desde hoy constituyen un gran avance, pero ahora nos urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la Comisión propuso el pasado mes de julio”, ha concretado Timmermans.

Por su parte, Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha afirmado que “los terroristas y delincuentes siguen encontrando maneras de financiar sus actividades y blanquear los productos del delito en la economía. Es por ello que “las nuevas normas en vigor a partir de hoy son fundamentales para colmar las lagunas que seguían existiendo”. También ha instado a lograr un rápido acuerdo sobre las nuevas revisiones propuestas por la Comisión tras las revelaciones de los Papeles de Panamá, con el fin de aumentar la transparencia de la titularidad real.

Refuerzo de las normas existentes

La cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales hace más rigurosa la normativa existente al introducir modificaciones como el refuerzo de la obligación de proceder a una evaluación de riesgos impuesta a los profesionales de la banca, abogacía, contabilidad, etc.; el establecimiento para las empresas de requisitos claros de transparencia sobre la titularidad real; esta información se conservará en un registro central (por ejemplo, en el registro mercantil) y estará a disposición de las autoridades nacionales y las entidades obligadas; el fomento de la cooperación y el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera de los diversos Estados miembros para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas, a fin de prevenir y descubrir delitos graves o actos terroristas; el establecimiento de una política coherente en relación con aquellos terceros países en los que las normas de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo sean deficientes; y el refuerzo de las facultades sancionadoras de las autoridades competentes.

En julio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales con objeto de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios. La Comisión ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que ultimen su labor legislativa lo antes posible, para que las nuevas normas puedan entrar en vigor rápidamente. Sobre la base de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, estas nuevas normas permitirán configurar un sólido marco de lucha contra el blanqueo de capitales en la UE.

Mejorar la evaluación de riesgos en todo el mercado interior

El Informe sobre la Evaluación Supranacional de Riesgos es un instrumento que ayudará a los Estados miembros a determinar, analizar y abordar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En él se analizan los riesgos en los sectores financiero y no financiero, y se examinan también los nuevos riesgos emergentes, como las monedas virtuales o las plataformas de microfinanciación colectiva.

Por último, la Comisión también se ha comprometido a estudiar distintas opciones para mejorar el funcionamiento y la cooperación transfronteriza de las Unidades de Información Financiera.

Próximos pasos

En relación con la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales, el plazo para que los Estados miembros notifiquen la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales concluye hoy, 26 de junio de 2017. A partir de ahora, la Comisión Europea controlará el avance de dicha transposición y se dirigirá sin dilación a los Estados miembros que aún no hayan tomado las medidas necesarias.

En relación con el Informe sobre la Evaluación Supranacional de Riesgos, la Comisión llevará a cabo las acciones oportunas descritas en el Informe, en particular examinará las opciones barajadas para mejorar el funcionamiento y la cooperación transfronteriza de las Unidades de Inteligencia Financiera mediante normas específicas de la UE. También se dirigirá a los Estados miembros para supervisar la aplicación de las recomendaciones.

La Comisión continuará examinando la evolución de los riesgos en los ámbitos del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo y presentará una nueva evaluación de esos riesgos en junio de 2019 y cada dos años a partir de entonces.

Antecedentes

El nuevo marco de la lucha contra el blanqueo de capitales se compone de dos instrumentos jurídicos, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y el Reglamento sobre transferencias de fondos, adoptados ambos el 20 de mayo de 2015.

En julio de 2016, la Comisión presentó una propuesta para mejorar la lucha contra la financiación del terrorismo y garantizar una mayor transparencia de las transacciones financieras a raíz de las revelaciones de los llamados Papeles de Panamá. Estas modificaciones tienen por objeto ofrecer un nivel elevado de salvaguardias con respecto a los flujos financieros procedentes de terceros países de alto riesgo, mejorar el acceso de las Unidades de Información Financiera a los datos, por ejemplo de los registros centralizados de cuentas bancarias, y atajar los riesgos relacionados con las monedas virtuales y las tarjetas de prepago a efectos de la financiación del terrorismo. La propuesta se encuentra actualmente en fase de negociación en el Consejo y el Parlamento Europeo, y está previsto que sea adoptada en el transcurso de 2017.

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