Endesa insiste en que sus grandes centrales de carbón son inviables si no son compensadas | Compañías

En su respuesta a la consulta pública realizada por el Ministerio de Energía previa a la tramitación del real decreto por el que este departamento quiere regular el procedimiento de cierre de centrales eléctricas, Endesa ha insistido en que “en las actuales condiciones de regulación y de mercado” no es posible realizar las inversiones medioambientales necesarias que garanticen el futuro de sus dos grandes centrales de carbón nacional de Teruel y Compostilla.

En el escrito presentado el viernes, al que ha tenido acceso Cinco Días, Endesa recuerda que la normativa europea (directiva de emisiones industriales, principalmente) establece que las centrales de carbón que quieran operar más allá del 30 de junio de 2020 “tendrán que realizar un significativo volumen de inversiones para reducir sus niveles de NOx y SO2 y partículas”. Esto, unido a la incorporación de renovables, al fin de las ayudas a la minería del carbón a partir de 2018 y a la obligación medioambiental de consumir cierto porcentaje de carbón importado, lo que incrementa el coste de generación, hacen inviable económicamente dichas centrales. No así, las que utilizan únicamente carbón foráneo, como Litoral de Almería y As Pontes, cuyas condiciones de mercado le permiten realizar las citadas inversiones.

Aunque se desconocen oficialmente las razones que han llevado al ministerio que dirige Álvaro Nada a plantear una intervención directa en el caso de que una empresa quiera cerrar una planta, así como su  objetivo último (no existe un texto legal articulado con los detalles) han sido la intención de Endesa sobre sus centrales de carbón y las declaraciones de Iberdrola promoviendo el cierre de nucleares, las que parecen haber llevado al Ministerio de Energía a plantear una norma, por el momento, abstrusa. Se especula con posibles nacionalizaciones o subastas.  

El cierre a debate

En la consulta lanzada el 2 de agosto, Energía pregunta a los interesados si considera oportuno mantener operativa una central por motivos de seguridad del suministro; cambio climático e impacto en el precio. Asimismo, consulta sobre el procedimiento a seguir en el supuesto de que el titular solicite el cierre de una central necesaria para el sistema.

Según Endesa, que un propietario pida el cierre de una central necesaria para el sistema, “es síntoma de un fallo de mercado”, esto es, que este no permite recuperar los costes. En estos casos, la CE permite “precios de escasez” y, en último extremo, pagos por capacidad con criterios de mercado, añade. Y recuerda que, así como la UE permite ayudas de Estado para evitar el cierre de centrales por razones de seguridad o motivos medioambientales, “es contraria a la denegación del cierre para evitar un incremento de precios”. Esto supondría una “intervención que distorsiona el proceso de formación de la señal de precios”, subraya el escrito.

Endesa defiende el uso de las centrales de carbón y los ciclos combinados de gas durante la llamada transición energética hacia un sistema basado en renovables. De hecho, una salida prematura de las instalaciones de carbón y nucleares, obligaría a incorporar, según Endesa, 11.000 MW de potencia forme a partir de 2025. Es necesario seguir utilizando las centrales tradicionales, aunque “no del mismo modo”: en el futuro, estas pasarán de ser productoras de electricidad a ser prestadoras de servicios de respaldo”.

Tras recalcar que “nos encontramos en uno de los momentos de mayor incertidumbre en la larga historia del sector eléctrico”, la eléctrica española controlada por Enel, pide que se revise “la elevada fiscalidad” que soporta la generación eléctrica en España; que se establezca un mecanismo de pago por capacidad conforme a la normativa comunitaria, que podría traducirse en un mercado de capacidad abierto a todas las tecnologías o un esquema de reserva estratégica para salvar a las centrales térmicas que no sean económicamente viables.

Como el mercado español carece actualmente de precios de escasez y un mecanismo de pagos por capacidad, la eléctrica que preside Borja Prado propone, de manera transitoria, un mecanismo de reserva estratégica para evitar el cierre prematuro de centrales, como los de Bélgica, Dinamarca o Alemania. Asimismo, propone mecanismos de pagos por capacidad competitivos y neutrales tecnológicamente para contratar capacidad a plazo mediante un sistema de subastas.

La eléctrica recuerda que, según la normativa actual, la clausura de centrales en España debe ser autorizada por el ministerio, previo informe del operador del sistema (REE) y la CNMC, y que la generación es una actividad liberalizada, basada en la libertad de acceso. En este sentido, prohibir el cierre de una instalación cuando no es viable económicamente, “vulnera ese principio básico de libertad”, por lo cual, si se pretende cerrar, “debe imponerse una obligación de servicio público a su titular (..) que debe ser compensado por ello de forma suficiente”. Lo contrario, según Endesa, implica la vulneración de importantes preceptos comunitarios.

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Muere a los 68 años el ex consejero delegado de E.on Wulf Bernotat | Compañías

El expresidente de la compañía alemana de suministro energético E.on Wulf Bernotat, directivo que capitaneó la compañía durante la batalla de opas y contraopas para comprar Endesa en 2006 y 2007, murió el domingo a la edad de 68 años después de una larga enfermedad.

E.on informó hoy de que lamenta la pérdida de su anterior consejero delegado, que presidió la compañía desde mayo de 2003 y hasta 2010 en sustitución de Ulrich Hartmann y Wilhelm Simson.

Bernotat desempeñó una función fundamental en dar forma al desarrollo de E.on. Primero llevó a cabo la consolidación de las adquisiciones de VEBA y VIAG y después el proceso de internacionalización de la compañía con la expansión en el Reino Unido, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia e Italia.

Esta expansión también le llevó a España, donde E.on entró en 2006 en la batalla por hacerse con el control de Endesa y a punto estuvo de adquirirla.

Tras realizar varias ofertas por la eléctrica española, finalmente se retiró de la puja tras la opa conjunta anunciada por la italiana Enel, actual propietaria de Endesa, y Acciona, que habían entrado en su capital y adquirido participaciones relevantes en la misma durante el proceso de opa de E.on.

No obstante, al tiempo que abandonaba sus planes de compra, pactó con Enel y Acciona la adquisición de activos de Endesa en Francia, Italia, Polonia y Turquía, así como varias centrales en España y la que entonces era filial española de Enel, Viesgo.

Esta operación permitió a E.on convertirse en uno de los operadores relevantes del mercado eléctrico español, del que salió en 2015 con la venta de prácticamente todo su negocio en España a dos fondos de inversión.

“Gracias a su espectacular personalidad Wulf Bernotat dio a E.on una identidad poderosa en pocos años después de la fusión y todavía nos beneficiamos de esa fortaleza hoy“, dijo el actual presidente de la compañía,Johannes Teyssen.

Destacó que Bernotat desarrollara las renovables en Europa y Norte América cuando todavía eran un negocio joven.

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Las viejas centrales de energía se resisten a morir | Compañías

Sobre el papel, los cambios tecnológicos en la generación de electricidad, forzados por la inevitable lucha contra el cambio climático, parecen sencillos y consensuados. Una apariencia a la que contribuye el que la mayoría de los ciudadanos se declare mayoritariamente partidaria de lo sostenible, verde o eficiente. Eso sí, siempre que esta posición no suponga ningún coste para quien la mantiene.

En una encuesta realizada hace pocos años por una asociación española de renovables, el 97% de los encuestados se definía partidario de este tipo de energías (lo extraño, en realidad, era que un 3% las rechazara, cuando opinar favorablemente era gratuita y políticamente correcto). La posición cambió radicalmente cuando a los supuestos defensores de las renovables se les preguntó si estarían dispuestos a pagar una prima en la factura de la luz para el desarrollo de dichas tecnologías. Pagar, eso no, vino a decir la mayoría.

Este es el quid (se puede sustituir “la prima en el recibo” por cualquier otro coste) de un debate que se precie sobre la renovación de los viejos parques de generación contaminantes (de carbón o gas) por los de energías renovables que se van imponiendo en todo el mundo.

Capítulo aparte merecen las centrales nucleares que, aunque no emiten CO2 y, por tanto, no se las considera enemigas del clima, forman parte del debate por su nulo futuro: tienen ya una edad avanzada y el capitalismo (léase, bancos y eléctricas)les ha dado la espalda. También las rechazan las nuevas generaciones de políticos, a la vista de la herencia envenenada que supone su desmantelamiento y la gestión durante siglos de los residuos radiactivos que no pueden ser reciclados. Según calcula la UE, el desguace de los más de 200 reactores europeos (90 ya parados) superará la friolera de medio billón de euros.

Como en cualquier crisis (o “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”, en definición de la RAE), la llamada transición energética hacia un modelo de generación libre de emisiones puede resultar traumática y contradictoria.

Un claro ejemplo es el protagonizado por el actual Gobierno, cuyo presidente, Mariano Rajoy, negó no hace tanto tiempo el cambio climático y cuyo ministro de Energía, Álvaro Nadal, hasta ahora claro partidario del mercado y reconocido pronuclear, protege ahora las centrales de carbón y acaba de dar carpetazo a Garoña.

Bien podría parecer que el mundo se ha vuelto del revés: mientras las grandes compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, promueven el cierre de centrales de carbón y nucleares, el Gobierno liberal del PP quiere protegerlas. Otra falsa apariencia, pues son solo las térmicas de carbón nacional ubicadas principalmente en zona popular, como es Castilla y León, las que se pretenden desahuciar. Y las nucleares, salvo que se les descargue de la actual fiscalidad.

Sin que se conozcan claramente las razones ni los objetivos, el ministro de Energía quiere potestad sobre el cierre de las viejas centrales. Para ello, ha sometido a audiencia pública una propuesta (genérica y sin articular) de real decreto por el que se regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. A saber, Nadal desea ampliar el motivo por el que su ministerio y REE pueden vetar actualmente el cierre de una central (garantizar el suministro eléctrico) a otros dos supuestos tan vagos como “el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y la competitividad de la economía española” y “cambio climático”.

Los más críticos creen que con la excusa de la planificación el Gobierno quiere frenar el cierre de plantas por razones políticas, como es el caso de las de carbón (una de las amenazadas por el cierre es la central de Compostilla de Endesa, propiedad de la italiana Enel), e ideológicas, como la nuclear.

Copiar a Alemania

Podría creerse que el Ejecutivo de Rajoy estaría intentando emular el modelo alemán, en el que los operadores de las redes han denegado parte las solicitudes de cierre de capacidad (casi 4.000 MW que consideran “críticos”, sobre los más de 19.000 MW) tramitadas desde 2012, equivalentes a 90 centrales.

Nada más lejos de la realidad, pues las razones de seguridad de suministro que alegan los TSO (operadores y transportistas) germanos ya están reguladas en España. Esto es, si una central se considera necesaria, REE y el propio ministerio tienen potestad para impedir su cierre. Sirvan como ejemplo los casos relativamente recientes de la petición de cierre de varios ciclos combinados de gas por parte de Endesa e Iberdrola: a la primera se le denegó el cierre de su central de Colón (Huelva), mientras la segunda recibió la autorización para clausurar una de las unidades de su ciclo de Castellón, aunque luego se echó para atrás. 

El mercado alemán no solo no tiene la sobrecapacidad que el español (con un importante parque ocioso de gas que se levantó durante los años de la burbuja), sino que se enfrenta al cierre por decreto de sus 18 centrales nucleares, cuya clausura definitiva está prevista en 2022.

Esta decisión, y la declaración de intenciones del Gobierno de Macron de cerrar 17 centrales nucleares francesas en los próximos años, choca con el empecinamiento de España de defender las viejas térmicas de carbón y las nucleares. En ambos casos, las eléctricas quieren ser compensadas con una regulación favorable, un chantaje que el Gobierno considera inadmisible y que podría estar tras la decisión del Ejecutivo de controlar los cierres de plantas.

Respecto a la intención de Nadal de subastar o hibernar las centrales intervenidas, resulta un tanto inverosímil. ¿Quién va a explotar unas plantas aparentemente no rentables y con fecha de caducidad? El ministro, en línea con Endesa, esgrime que sin la actual producción nuclear el precio de la electricidad se incrementaría un 26%. Un motivo este que impedirá cualquier cierre si prospera el real decreto en trámite. Una norma, por cierto, recurrible por las empresas ante los tribunales.

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Garoña: Cronología: Así han sido los 46 años de la central nuclear | Compañías

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha comunicado esta mañana el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. La planta burgalesa con una potencia instalada de 460 megavatios y propiedad al 50% por Endesa e Iberdrola, ha sido durante años fuente de grandes polémicas. Abierta en 1971, cesó su actividad en 2012 pese a contar con la aprobación de la Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para continuar con su labor hasta 2019.

Hasta ahora, el reactor nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, era el más antiguo de las ocho centrales nucleares en territorio español. Actualmente hay cinco centrales nucleares en operación, Almaraz en Cáceres, con dos reactores, Trillo en Guadalajara, Vandellos II y Ascó en Tarragona y Cofrentes en Valencia. La central de Garoña se une a Vandellos I en Tarragona y Zorita en Guadalajara que ya se encuentran en proceso de desmantelación.

Apertura de la central nuclear

El 17 de agosto de 1963, Nuclenor, la empresa con un 50% de participación de Endesa y un 50% de Iberdrola, obtiene la autorización para construir la central nuclear de Garoña. 8 años después, el 2 de marzo de 1971 comienza su actividad.

Durante sus primeras décadas el reactor funcionó sin apenas incidentes. En 1990 tras estar parada tres meses para proceder a la recarga del reactor, se produjo un incendio considerado por la CSN como incidente de nivel tres.

Con la llegada del nuevo siglo comenzaron a ser más habituales los incidentes en la central. El 4 de marzo de 2001 hubo un escape interno de 6.000 litros de agua con contaminación radioactiva.

Promesas de cierre

Una de las propuestas electorales de José Luís Rodríguez Zapatero era el cierre de la central nuclear programado para 2011, hasta el momento, Garoña continuaba su funcionamiento con apenas incidencias. Sin embargo, en 2009 el gobierno socialista pide al Consejo de Seguridad Nuclear un informe para posponer el cierre de la planta. En el informe, el CSN da el visto bueno a continuar con la actividad hasta 2019, siempre y cuando Nuclenor cumpla 15 condiciones, entre ellas instalar antes de 2013 un sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad.

Este mismo año, Zapatero prorroga el permiso de explotación por cuatro años y fija el cierre para el 6 de julio de 2013, en lugar de los 10 años aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En 2011 con el accidente nuclear de Fukushima en Japón, vuelven con más fuerza las peticiones para el cierre definitivo de Garoña, al tener unas características muy similares a la del país asiático.

En 2012, Nuclenor pide al Gobierno presidido por Mariano Rajoy reabrir Garoña. El Ejecutivo encarga un informe al CSN que aprueba esta apertura. A pesar de tener la aprobación gubernamental, Nuclenor decide no presentar la solicitud por motivos económicos al considerar que las inversiones son demasiados elevadas para seguir operando y el incremento de los impuestos para el combustible gastado. En diciembre, la central nuclear de Santa María de Garoña se desconecta de la red eléctrica.

Iberdrola y Endesa piden en 2013 la revocación parcial de la orden ministerial que fijaba el fin de su licencia de explotación ese mismo año por orden del Ejecutivo presidido por Zapatero.

Un año más tarde, el Gobierno popular aprueba un real decreto que permite reabrir la central cuyo cierre se debía a problemas económicos y no de seguridad. En 2014, Nuclenor pide renovar el permiso de explotación hasta 2031, decisión que dependerá del CSN.

Cierre definitivo

El 3 de febrero en 2016, tras las primeras elecciones, la mayoría de los grupos parlamentos piden detener el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. El 19 de octubre, el presidente del CSN, Fernando Martí, comunica en el Congreso que siguen a la espera de que Garoña cumpla las condiciones para su reapertura, exigidas en 2009.

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear no llega hasta principios de 2017.  El 8 de febrero aprueba la reapertura de la central nuclear de Garoña, siempre y cuando cumpla las inversiones en seguridad exigidas.

En marzo de este mismo año, el presidente de Iberdrola confirma que su compañía, a diferencia de Endesa, no tiene intención en reabrir Garoña. El 1 de agosto, Álvaro Nadal, ministro de Energía, confirma el cierre definitivo de la central.

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Endesa considera que no presentar alegaciones sobre Garoña les crea indefensión | Compañías

La negativa de Iberdrola a presentar alegaciones en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía antes de tomar una decisión sobre Garoña, ha provocado la ruptura con Endesa, con la que comparte al 50% el capital de la central nuclear. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha insistido en presentar el desistimiento de la autorización de reapertura de la planta, mientras que Endesa presentó una propuesta de alegaciones en el consejo de Nuclenor celebrado el miércoles, según adelantó ayer CincoDías.

 En ella, esta compañía solicitaba un incentivo (a aprobar mediante un cambio regulatorio a aprobar antes de la fecha que se ha fijado el Gobierno, el 8 de agosto) para compensar las pérdidas de la planta burgalesa. Una propuesta que Iberdrola, empecinada en acelerar el cierre, no aceptó. Fuentes de Endesa dicen no entender la posición de Iberdrola en contra de presentar alegaciones, lo que “deja a las empresas en una situación de indefensión ante cualquier decisión del ministerio”. En cualquier caso, el desacuerdo en el seno de Nuclenor, ha impedido a cada una ejecutar su deseo: ni Iberdrola puede renunciar unilateralmente a la autorización ni Endesa puede presentar sus alegaciones, pues solo Nuclenor como tal puede participar en una consulta, cuyo plazo terminaba ayer.

Sí han alegado, sin embargo, las 10 instituciones restantes que se habían personado en el caso, según la resolución aprobada el 11 de julio por el departamento que dirige Álvaro Nadal: el Parlamento Vasco; el Gobierno Vasco; el Gobierno de Navarra; la Diputación de Álava ; el Gobierno de La Rioja; la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC); Nuclenor y los grupos ecologistas Greenpeace; Acción de Burgos y Ecologista Centaurea.

El Parlamento Vasco ha alegado en contra de la continuidad de la central burgalesa y, de igual manera, se han pronunciado el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y el Ejecutivo de Navarra. No en vano, dicho parlamento aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de ley sobre la necesidad de interponer un recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del 8 de febrero que posibilita la reapertura de Garoña con una serie de condiciones. Un trámite que sigue su curso.

En el extremo contrario se ha posicionado el Gobierno de Castilla y León y los municipios nucleares. Según declaró el viernes la consejera de Economía de esa comunidad, Pilar del Olmo, el Gobierno castellanoleonés se ha manifestado a favor de la explotación de la central, pues, de no ser así, “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”. Unos de los argumentos esgrimido es la ausencia de un plan alternativo a la central, que da empleo a 600 personas, según del Olmo, y su área de influencia. En este sentido, recordó que el CSN garantiza la seguridad siempre que se hagan inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031. Por ello, pide autorización para Garoña hasta esa fecha.

Asimismo, Castilla y León ha aprovechado estas alegaciones para defender también la producción eléctrica con carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “gran lastre para la economía nacional”.

Ecologistas y sindicatos

Greenpeace presentó sus alegaciones sobre Garoña el viernes sin ninguna sorpresa. Tanto esta organización, como Acción de Burgos y Ecologistas Centaurea, se oponen a la reapertura. Greenpeace pide al Gobierno que “acabe con el espectáculo” en torno a la central.

Su posición se basa en “las decisiones contradictorias, deficiencias en el informe del CSN, alteraciones en el procedimiento, los elevados costes y los incumplimientos medioambientales. Greenpeace criticó el comportamiento de los socios de Nuclenor:“Iberdrola no quiere la reapertura y Endesa quiere sacar tajada”.

Aunque los sindicatos no se han personado, estos se han manifestado en contra de la planta. Especialmente, el vasco ELA.

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¿Fusión Gas Natural-Endesa? Intermoney ve posible una integración | Mercados

Santander y Popular o BNM y Bankia son los últimos protagonistas de movimientos corporativos en la Bolsa española. Sin embargo, el sector energético podría ser el próximo escenario de una integración. Y es que Gas Natural y Endesa podrían ser parte activa en algún movimiento de consolidación. Al menos, esta es una de las posibilidades que comtemplan los analistas de Intermoney Valores.

Bajo el título ‘Gas Natural. Un posible encaje con Endesa’, Intermoney Valores analiza una hipotética integración entre ambas diez años después del desembarco del grupo italiano Enel en en el accionariado de Endesa.

“Aunque Endesa forma parte del grupo italiano Enel (70% Endesa), no sería descartable un cambio de estrategia después de la rentabilidad obtenida en los últimos años”, recoge el informe.

La historia de Enel-Endesa comenzó hace 10 años. Los expertos de Intermoney Valores han hecho números y creen que en este período, Enel, principal accionista de Endesa con un 70%, ha podido obtener cerca de 27.000 millones de euros vía dividendos y la OPV de 2014 (colocación del 22% de Endesa a 13,5 euros por acción),además de adquirir los activos de Latinoamérica, valorados en 8.250 millones de euros en 2014, cuando compró a Endesa el 62% del holding Enersis. En la casa de análisis consideran que ahora podría ser el momento de reconsiderar la estrategia y en caso de llevarse a cabo esta operación, Caixa y el Estado italiano serían los principales interlocutores.

Gas Natural tiene a Criteria (100% Fundación Bancaria “la Caixa”) como principal accionista, con un 24,4% del capital. También Repsol, participada por Caixa, es accionista de referencia, con un 20%. Por el lado de Endesa, Enel es el principal accionista con un 70% del capital. A su vez, Enel pertenece en un 23,6% al Ministerio de Hacienda italiano. Por tanto, Caixa y el Gobierno italiano deberían alcanzar un acuerdo.

Los expertos de Intermoney se plantean un escenario que contempla la compra de Endesa por parte de Gas Natural pagando 25.000 millones de euros y que podría dejar a Caixa como principal accionista, además de pagarle a Enel un efectivo de 7.500 millones de euros, que podría destinar a la adquisición de sus minoritarios en Latam, potenciar el negocio de renovables o pagar un dividendo extraordinario.

Y es que a juicio de estos expertos, la operación podría tener sentido estratégico y lógica industrial. “Aunque el tamaño de ambas compañías es similar, se podría articular de forma que redujera la participación de Enel en la nueva compañía, en favor de Caixa. El movimiento podría resultar agresivo inicialmente, aunque potenciales desinversiones (algunas en fase de estudio) permitirían acometer la operación”, añaden. En cualquier caso, la operación debería contar con el beneplácito del regulador.

Beneplácito del Gobierno español

Por otro lado los expertos creen que la operación contaría con el beneplácito del Gobierno español por varias razones. En primer lugar, la operación implicaría “recuperar” Endesa.” La compañía dejaría de ser considerada una filial de Enel y tendría como principales accionistas a dos grupos españoles: Caixa y Repsol. Este interés haría que las condiciones exigidas por el regulador a una potencial operación fueran subsanables”, explican.

En segundo lugar, supondrá recuperar los activos nucleares para una compañía española, además de los extrapeninsulares. “Se trata de activos estratégicos que interesa tener bajo la órbita de compañías españolas. Endesa tiene cerca de la mitad de los activos nucleares del país y más del 80% en las centrales nucleares instaladas en Cataluña. También Endesa es la propietaria de la potencia instalada en Baleares y Canarias”.

En tercer lugar,  Endesa tiene aproximadamente la mitad de la capacidad de carbón que hay en España (9.500MW). La competitividad de estas plantas está amenazada y el cierre de algunas plantas es un asunto complejo a gestionar en los próximos años, apunta Intermoney.

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Endesa calcula que le falta por recuperar 18.000 millones de la inversión de sus centrales | Compañías

Las plantas de Endesa Generación están lejos de amortizar la inversión que se hizo en ellas y en 2013 quedaban 18.000 millones de euros pendientes, que no se recuperarán en su totalidad, según estudios sobre la rentabilidad que obtuvo en el periodo 1988-2013 que han hecho tres firmas de análisis.

El socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) Arturo Rojas; el consejero delegado de SR y Asociados, Miguel Solchaga, y el vicepresidente de Compass Lexecon en España, Antón García, han presentado sus respectivos estudios elaborados a partir de datos públicos y de contabilidad interna aportados por Endesa.

Los tres analistas han coincidido en que los precios del mercado y los impuestos que soporta la actividad de generación impiden alcanzar unos flujos de caja suficientes para lograr una rentabilidad razonable que permita amortizar las inversiones, aunque todos ellos creen que esas plantas deben continuar funcionando porque siguen obteniendo flujos positivos. Rojas ha indicado que en su estudio han comprobado que los 18.000 millones de euros que restaban de inversión en 2013 no se han recuperado en términos de caja, ya que desde 2006 el flujo que queda para amortizar la inversión es negativo.

Una circunstancia que se agravó en 2013 con la entrada de impuestos que gravan la producción eléctrica, lo que elevó el saldo de caja negativo para amortizar inversión a más de mil millones. Según sus palabras, el crecimiento del precio de la electricidad en el mercado mayorista tendría que aumentar un 5,28% en los próximos 30 años para que se pudieran recuperar las inversiones, algo de lo que cree se está muy lejos.

Además, considera, “absolutamente imposible recuperar la inversión” con precios más altos o prolongando el plazo temporal, pues, según sus cálculos, aún a 100 años haría falta un crecimiento de los precios del 3,7%.

Solchaga considera que actualmente la generación está “infrarretribuida”, ya que las centrales nucleares e hidráulicas están por debajo del umbral de rentabilidad razonable del 7,38% (el bono a diez años más 300 puntos básicos), que se garantiza a las renovables pero no a otras fuentes de generación.

En su opinión, Endesa Generación tiene beneficios contables, pero “no una rentabilidad razonable para amortizar financieramente su inversión” y sus plantas de generación no están amortizadas, pero, además, con los flujos de caja que se obtienen, “no lo van a estar en ningún momento de su vida útil, aunque se prolongue”.

En este sentido, ha recordado que los flujos de caja obtenidos antes de impuestos están por debajo de los 970 millones anuales que serían necesarios para amortizar las inversiones y se han venido recortando en los últimos tiempos, pues si la media desde 2008 era de 640 millones, en los últimos tres años ha pasado a ser de sólo 239 millones, aunque el año pasado hubo un leve repunte hasta 287 millones.

Además, indicó que Endesa Generación sólo ha podido amortizar un 58% de la inversión, cuando se debería andar ya por un 75%, y ha dicho que la energía hidráulica y la nuclear explican el 90% de la falta de amortización, con 3.300 y 3.600 millones, respectivamente.

Miguel Solchaga reiteró que “en un principio sí parece razonable extender la vida de las centrales nucleares”, pues sus flujos de caja son positivos.

Además, ha señalado que las dificultades que hay para recuperar las inversiones que se hicieron en ellas se podrían ver amortiguadas al poder distribuirlas durante un mayor plazo de funcionamiento y ha añadido que “mantener las plantas que están actualmente abiertas es lo más razonable, si se quiere tener suficiente capacidad de producción en los próximos años”.

No obstante, ha advertido de que, para que puedan seguir activas estas instalaciones, las inversiones que se obligan a hacer a sus propietarios tendrían que ser “razonables” y no “excesivas”.

También el socio de AFI Arturo Rojas cree que hay que aprovechar el mayor tiempo posible la producción de las plantas nucleares que existen en la actualidad y que ha recordado que no emiten CO2.

Rojas, que ha señalado que el problema de los residuos que generan no es nuevo, pues ya se tiene, ha afirmado que las centrales nucleares son técnicamente seguras en España, donde la experiencia dice que no habido incidentes graves. Y ha indicado que, tanto por la ausencia de emisiones de CO2 de las nucleares como por estar descartada la construcción de nuevas, estas plantas constituyen “un valor económico y social” que hay que preservar mientras sea posible, aunque ha advertido de que a las compañías e inversores que tienen que poner el dinero para hacer las reformas necesarias para que sigan funcionado hay que darles la expectativa de que no pierden dinero.

Por su parte, el vicepresidente de Compass Lexecon señaló que no hay evidencia de que las centrales de la compañía que preside Borja Prado vayan a alcanzar rendimientos excesivos a lo largo de su vida útil, pero cree que si mantienen flujos de caja positivos, habría que mantenerlas abiertas.

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