S&P pone en perspectiva negativa el ‘rating’ de Cataluña por la “confrontación política” | Compañías

 La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha puesto el ‘rating’ de Cataluña (‘B+/B’) en perspectiva negativa por la “confrontación política” entre el Govern catalán y el Gobierno que preside Mariano Rajoy y el riesgo de que termine afectando al cumplimiento de las obligaciones financieras de la comunidad autónoma.

“La confrontación política del Gobierno catalán con el Gobierno central de España ha aumentado tras el referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de la región. Vemos riesgo de que esta escalada pueda afectar a la coordinación y la comunicación entre los dos gobiernos, que es esencial para que Cataluña pueda cumplir sus obligaciones de deuda en tiempo y forma”, ha dicho en un comunicado.

Standard & Poor’s ha recordado que “Cataluña sigue dependiendo de los fondos del Gobierno central para hacer frente a su deuda a largo plazo y financiar sus déficit”, si bien al mismo tiempo ha considerado que, a juzgar por los recientes desembolsos, el último el 28 de septiembre, Moncloa “sigue comprometida con proporcionar liquidez” a la comunidad autónoma.

No obstante, Cataluña también tiene deuda a corto plazo que debe satisfacer o refinanciar por sus propios medios y “su solvencia se ha debilitado en los últimos años como resultado de su creciente deuda y de la gestión financiera”, ha apuntado la agencia. “Nuestro escenario base sigue siendo que Cataluña continuará formando parte de España, pero no podemos descartar que la eficacia de la cooperación financiera entre los gobiernos regional y central se debilite en los próximos meses”, ha argumentado.

Standard & Poor’s ha explicado que revisará el ‘rating’ de Cataluña en tres meses, el 24 de noviembre, y entonces decidirá si bajarlo o subirlo, en función de la amenaza que la situación política represente para la capacidad financiera de la Generalitat.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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La prima de riesgo catalana marca máximos desde noviembre del año pasado | Mercados

El 1 de octubre, marcado en rojo por el Govern como el día del referéndum para determinar la independencia de Cataluña, se acerca con el mercado de deuda revuelto. La liquidez de los bonos autonómicos es mínima, lo que provoca movimientos bruscos. Pero es un hecho que los diferenciales con sus homólogos emitidos por el Tesoro español han ido ensanchándose poco a poco en los últimos meses.

Las primas de riesgo varían sobremanera en función del vencimiento que se tome como referencia. Pero la comparativa entre una emisión de la Generalitat con vencimiento en dos años y medio y una soberana que expira en el mismo plazo arroja una prima de riesgo que ronda los 300 puntos básicos, entorno de niveles máximos desde noviembre de 2016 (véase gráfico).

La deuda catalana empleada es de una de las remesas de los denominados bonos patrióticos comercializados entre minoristas. Se vendieron desde 1.000 euros en febrero de 2010 y vencen en el mismo mes de 2020, ahora ofrecen en torno al 2,7% y hay 1.000 millones en circulación. La deuda estatal con la que se ha hallado esta prima de riesgo –rentabilidad del bono español menos la del catalán– es una emisión de tamaño muy superior (23.012 millones), con mucha más liquidez, que expira en enero de 2020 y con un rendimiento negativo en torno al –0,25%.

Los diferenciales han ido agrandándose, pero aun así los expertos coinciden en que la probabilidad que asigna el mercado a una desconexión unilateral es mínima.

La agencia de calificación de riesgo DBRS advierte de que “el nivel de ruido aumentará en las semanas previas al referéndum”. “El ruido ya tiene un impacto en los rendimientos de la deuda de Cataluña, que se han ampliado en relación con los de la deuda soberana española”, añade la firma en una nota. DBRS concluye que la declaración de independencia es muy improbable.

El Ejecutivo catalán lleva sin vender deuda en el mercado mayorista –la de febrero de 2010 se colocó fundamentalmente a través de oficinas– desde 2009, cuando emitió 140 millones de euros a diferentes vencimientos.

Las tres grandes agencias de calificación sitúan la nota de Cataluña en bono basura. Moody’s desde mayo del año pasado mantiene su nota tres escalones por debajo del grado de inversión; S&P la fija a cuatro peldaños y Fitch, a dos. De acuerdo con los preceptos de Hacienda, la Generalitat no puede emitir deuda, pues incumpliría con la regla de venderla con un diferencial máximo de 50 puntos básicos respecto al Tesoro al mismo plazo.

Cataluña recibió hasta marzo 50.627 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el 34% del total inyectado en las 17 comunidades (149.282 millones de euros). La deuda cotizada de la Generalitat asciende a cerca de 7.000 millones de euros, según los datos recopilados por Thomson Reuters, frente a los casi 13.000 millones de finales de 2014.

Para el presente ejercicio, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que solicitará más de 7.300 millones de euros al FLA. La autonomía que preside Carles Puigdemont tendría complicado financiarse por sí misma en el mercado, al menos, a corto plazo, explican en una entidad.

Aunque podría hacerlo, eso sí, pagando unos tipos de interés muy por encima de los que actualmente marca el secundario. Lo mismo ocurre con las otras regiones que dependen del FLA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia.

Un récord y una vía alternativa

JP Morgan publicó un informe a finales de julio que constata que, “aparte de Cataluña, que parece sufrir una prima de riesgo político alrededor de los 200 puntos básicos (véase gráfico), el resto de los bonos autonómicos cotiza cerca del valor justo de acuerdo a nuestra evaluación”. La prima del banco estadounidense está hallada con bonos que vencen en 2022, de ahí que difiera de la obtenida con la deuda que expira en 2020.

ING aseguró en un informe reciente que las consecuencias de la independencia de Cataluña podrían ser “proporcionalmente peores” que el brexit.

La Generalitat catalana no puede, bajo las reglas de las resoluciones de prudencia financiera del Tesoro, emitir deuda con una prima que supere en 50 puntos básicos a la soberana al mismo plazo. Pero el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), una versión autonómica del ICO estatal, dispone de un programa de pagarés, que emite a demanda explícita de los inversores.

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La tensión en Cataluña dispara su prima de riesgo y anula la liquidez de los bonos | Mercados

Cataluña cerró la puerta a las grandes emisiones de deuda en 2009, cuando colocó 140 millones de euros a diferentes vencimientos. Después, la Generalitat vendió los denominados bonos patrióticos, destinados a particulares, con intereses a años luz de los que acumulaba el mercado y que se comercializaron en avalancha a través de la mayoría de las entidades bancarias entre 2010 y 2014. Con tipos hasta del 5,5% y vencimientos máximos de dos años, el Gobierno catalán logró financiarse con casi 13.000 millones y hacer gala de un poderío autárquico al margen del Estado.

Pero la capacidad de obtener dinero de los inversores por parte del Ejecutivo liderado ahora por Carles Puigdemont ha quedado desactivada. Cristóbal Montoro, a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ha insuflado aliento a la región. Las tres agencias de calificación sitúan inexorablemente la calificación de Cataluña en bono basura. Moody’s desde mayo del año pasado mantiene su nota tres escalones por debajo del grado de inversión; S&P la establece a cuatro peldaños de la ansiada calificación,y Fitch, a dos.

La falta de liquidez en el mercado de deuda autonómica catalana es absoluta. “No hay nada de nada, nadie compra, nadie vende. No existe mercado primario ni secundario, al estar siendo financiados por el FLA; sinceramente, no existe mercado, solo vemos de vez en cuando demandas en los pagarés del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)”, señala Javier Ferrer Delgado, director de tipos de interés, mercado de divisas y renta fija de Ahorro Corporación.

El ICF es una especie de versión catalana del Instituto de Crédito Oficial (ICO) estatal, y en los últimos tiempos solo realiza pequeñas emisiones de pagarés a un máximo de dos años. Fuentes financieras señalan que el papel se emite ad hoc y con tipos de interés a años luz de los que abona el Tesoro.

“No hay nada de nada, nadie compra, nadie vende. No existe mercado primario ni secundario”

Javier Ferrer Delgado, director de tipos de interés, mercado de divisas y renta fija de Ahorro Corporación

La rentabilidad oscila entre el 0,2% de los que expiran en tres meses al 1% de los que vencen en dos años. El coste es elevadísimo en comparación con el del Tesoro español, que a esos plazos cobra alrededor del 0,5% y del 0,04%, respectivamente. El FLA y también el otro instrumento para financiar el pago a proveedores han solventado el grueso de las necesidades de financiación de Cataluña desde su creación, con la inyección de más de cerca de 67.000 millones desde su creación en julio de 2012 hasta el año pasado.

Para el presente ejercicio, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que solicitará más de 7.300 millones de euros. “Cataluña no tiene capacidad de financiarse; y la progresiva ruptura de puentes entre el Ejecutivo español y la Generalitat está generando desconfianza en una parte de los inversores”, añaden desde un banco de inversión.

El pasivo que cotiza de la autonomía se ha reducido desde los cerca de 13.000 millones de finales de 2014 hasta poco más de 7.000, según los datos recopilados por Reuters.

Una emisión catalana que expira en mayo de 2024 paga el 4,7%, cuando la deuda soberana española a un plazo similar –expira ese mismo ejercicio aunque en el mes de enero– ofrece el 0,8%.

Es indudable la falta de liquidez –apenas hay compraventas en el secundario– de la mayor parte de los bonos emitidos por la Generalitat o su banco público, pero el diferencial o prima de riesgo hallado entre las dos referencias mencionadas se sitúa en entorno de máximos anuales, en cerca de 400 puntos básicos. En enero, este termómetro, que funciona exactamente igual al que se utiliza para medir el nivel de riesgo entre el bund alemán y el bono español a una década rondaba los 420, pero días después bajó de los 330.

El experto de Ahorro Corporación descarta que la tensión afecte a la deuda catalana de forma exclusiva, sino que apunta con el dedo a toda la zona euro desde las palabras de Mario Draghi en Sintra (Portugal) el pasado 28 de junio, cuando anticipó una gradual normalización de la política monetaria. Esto pasaría primero por la retirada de los estímulos, en forma de compras de deuda por 60.000 millones mensuales, y de una subida gradual del precio del dinero desde el actual 0%. Está por qué mensajes lanza el presidente del BCE mañana jueves.

El clima político de fuerte desentendimiento entre los Gobiernos español y catalán, con la crisis del referéndum programado por Puigdemont para el próximo 1 de octubre y anunciado el pasado 9 de junio se ha convertido en uno de los fantasmas que presiona el mercado de deuda. Eso sí, el aumento de la rentabilidad es mucho más evidente en los vencimientos largos plazo. En los de cortos, los movimientos han sido muy moderados (véase gráfico).

Cataluña debe al Estado 50.627 millones, el 67% de su pasivo

Los datos del Banco de España de deuda pública reflejan de forma fidedigna el deterioro de las cuentas de las administraciones. En el caso de Cataluña, la comunidad autónoma es una de las que ha registrado números rojos más elevados y mayores problemas para acceder a la financiación. Cataluña mantenía en 2007 un volumen de pasivo de 15.776 millones, una cifra que hoy se ha multiplicado por cinco y alcanza los 75.443 millones. Representa el 35,2% de su PIB, un nivel solo superado por la Comunidad Valenciana (41,5%) y Castilla-La Mancha (36,5%).

El incremento de la deuda se debe al aumento del déficit público y también al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012 para forzar que las autonomías y los ayuntamientos abonaran su deuda comercial y redujeran su elevado índice de morosidad.

Durante la crisis económica, Hacienda se ha convertido en el banco de los entes territoriales. Los mercados cerraron las puertas a la financiación de comunidades como Cataluña, que tuvo que recurrir inicialmente a los llamados bonos patrióticos para obtener liquidez a cambio de abonar un elevado interés. En este contexto, el Estado puso en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico que ha permitido a las comunidades autónomas financiarse a tipos de interés ventajosos, asumir sus vencimientos y cumplir las obligaciones de pago.

De los 75.443 millones que debe Cataluña, 50.627 millones es deuda contraída con la Administración central. Representa el 67% del total. Y se trata de un porcentaje que irá subiendo en la medida en que Cataluña aún no acude a los mercados, aunque la Generalitat ya ha mostrado su voluntad de financiarse por su cuenta. Hacienda sigue ejerciendo un control exhaustivo sobre las cuentas catalanas en cumplimiento de la Ley de Estabilidad. Cataluña es una de las comunidades que incumplió el objetivo de déficit el ejercicio anterior.

La Generalitat tiene planeado celebrar el referéndum independentista en una situación de dependencia total de la financiación del Estado. Hacienda estudia nuevas rebajas de los tipos, sin embargo, el ministro Cristóbal Montoro, criticó que el PSOE propusiera quitas para apaciguar a la Generalitat. Desde el Gobierno de Carles Puigdemont argumentan que Cataluña no se puede financiar por sí sola porque es víctima de un modelo de financiación que provoca que los catalanes paguen más de lo que reciben.

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