La venta de casas aguanta la apatía de agosto y se encamina a las 470.000 anuales | Mi dinero

La actividad en el mercado inmobiliario resiste incluso el efecto agosto, un mes en el que tradicionalmente se suele frenar el ritmo de compraventas ante el cierre de numerosas empresas y las vacaciones de buena parte de la población. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se vendieron un total de 41.282 viviendas, cifra que representa un incremento ya notable del 6,3% sobre el mes anterior, un 16% sobre idéntico periodo de 2016 y un 14% si se toma el periodo enero-agosto de este año sobre el mismo del ejercicio anterior.

Así, en los ocho primeros meses del año se han vendido un total de 315.795 casas, y en los últimos doce meses (septiembre 2016-agosto 2017) 444.055, lo que hace pensar al sector que a finales de este ejercicio se podrían alcanzar las 470.000 viviendas vendidas. Los más optimistas no descartan alcanzar la cota del medio millón que la mayoría de analistas deja para 2018. Lo cierto es que de llegar a esas 470.000, la mejora en un año sería de un nada despreciable 15,9%, ya que el año pasado se compraron 405.385 casas, el mejor registro desde 2010, último ejercicio en el que se rebasó la cota de las 400.000.

La mejora del mercado laboral y el flujo de crédito serán los dos principales factores que determinen si estos ritmos de ventas se mantienen, desaceleran o, por el contrario, se truncan, algo que los expertos ven poco probable. Lo normal es que en los territorios donde se concentre la actividad económica y se genere más empleo, las transacciones continúen manteniendo un buen ritmo de avance. En el resto de territorios la mejora será mucho más suave y paulatina.

Por tipologías pocos cambios, si bien la estadística comienza a reflejar cómo el aumento de las promociones de nueva construcción hace que poco a poco cada vez se vendan más viviendas a estrenar. Hay que recordar que las operaciones que contabiliza el INE son aquellas inscritas en los registros de la propiedad. En el caso de la vivienda nueva, si ésta se adquiere sobre plano, el comprador firma un contrato privado con el promotor que no se eleva a consideración de público hasta que se produce la entrega de llaves y se firma la operación ante notario, un proceso que puede prolongarse hasta 24 meses, según sea el momento en el que se cierra la venta.

En cualquier caso, del total de viviendas vendidas en agosto, el 82,1% correspondió a casas usadas y el 17,9% a pisos de nueva construcción. Aunque en el total sigue siendo poco su peso respecto al pasado (en pleno boom la proporción casi era del 50%), es destacable que el aumento de las compraventas de pisos nuevos se haya disparado un 21,3% respecto a agosto de 2016 y con ese mes son ya cuatro consecutivos en los que las operaciones de viviendas a estrenar registran incrementos superiores al 10%.

Por territorios, las comunidades autónomas donde se contabilizaron los mayores incrementos anuales fueron Castilla-La Mancha, con un 37,9%, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 32,5% y Galicia, con el 23%. Madrid se situó en el quinto lugar con un crecimiento del 18,3% que tiene más relevancia si cabe, puesto que esta región suele liderar todos los meses el ranking de mayor actividad. Por contra, en otras regiones esos porcentajes tan elevados suelen responder a que parten de cifras muy bajas, lo que explica el fuerte repunte en términos relativos.

Pese a esta mejoría generalizada, en agosto también hubo territorios como Navarra o el País Vasco donde las transacciones inmobiliarias apenas aumentaron un 1,9% y un 4% anual, respectivamente.

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“Pocos fenómenos alteran el aspecto de las ciudades, el coche autónomo lo hará” | Tendencias

Carlo Ratti (Turín, 1971) es un arquitecto poco convencional. Su formación de ingeniero le lleva a buscar nuevas formas de aplicar tecnología a sus construcciones. El pabellón de paredes de agua digital, la instalación más llamativa de la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, es buen ejemplo de ello. Aunque las inquietudes del italiano van más allá de edificios concretos. Ratti dirige el MIT Senseable City Lab, un grupo de investigación dedicado a explorar cómo las tecnologías están haciendo mutar las urbes y la propia forma de concebir la arquitectura. Los expertos en ciudades inteligentes suelen tener en cuenta sus ideas, más centradas en el componente experiencial que en el tecnológico. Ratti ha estado esta semana en Málaga para participar en EmpoderaLive, un simposio centrado en analizar la tecnología como eje de la transformación social. Atiende por teléfono a EL PAÍS RETINA poco antes de salir a pronunciar su conferencia.

¿Cómo se imagina las ciudades dentro de 20 años?

Ahora mismo estoy en el centro de Málaga, en un café situado en una de las calles que dan a la catedral. Todo lo que veo estará aquí dentro de 20 o 30 años. No creo que cambien mucho las cosas desde el punto de vista físico, como no lo han hecho sustancialmente desde tiempos de los romanos. Necesitamos edificios en los que vivir, con ventanas para ver y calles por las que transitar. También espacios en los que socializar e interactuar. Eso no quiere decir que el café en el que estoy ahora no se convierta dentro de un tiempo en otro tipo de local, por ejemplo en una especie de oficina por horas. Lo que está cambiando es la forma en que nos movemos por la ciudad, la forma en que nos relacionamos, la forma en que consumimos: ahora los productos llegan a nosotros, no vamos nosotros a buscarlos a las tiendas. Todo eso tiene repercusiones en el urbanismo. Pero las ciudades son también un ancla para el tiempo. Cuando el hombre empezó a vivir en ciudades, hace 18.000 años, las primeras se construyeron junto a los cementerios. Las ciudades seguirán siendo muy parecidas a lo que son hoy, lo que cambiará es la vida.

¿Existen realmente las ciudades inteligentes?

Depende de a lo que nos refiramos. A mí no me gusta ese término porque es demasiado tecnológico. Lo importante son las transformaciones que hay detrás. El internet de las cosas (IoT, en sus siglas inglesas) tiene impacto en la vida urbana, desde la movilidad hasta la energía, pasando por la gestión del agua o de los residuos. Esa es la clave de la ciudad inteligente, que ya es una realidad. Uber o Airbnb no existirían sin la IoT. Lo mismo pasa con el smartgrid, o el uso eficiente de la energía. El carsharing, que se ha empezado a desplegar estos años, está llevando la conducción a un nuevo nivel. Todos estos fenómenos están redefiniendo las ciudades.

¿No cree que las ventajas de la smart city solo repercuten sobre los ricos?

Todas las tecnologías empiezan aumentando la brecha entre los que más tienen y los que menos. Sucedió por ejemplo el teléfono móvil, aunque con el tiempo se ha democratizado su acceso y ahora casi todo el mundo tiene uno. La tecnología suele ser muy cara al principio, pero si planificas correctamente su despliegue puede contribuir a reducir las diferencias. No hay que fijarse en las diferencias que causa hoy la tecnología, sino en el potencial que tiene para reducirlas mañana.

¿Cómo deberían abordarse estos cambios y nuevos usos de las ciudades desde el punto de vista de la arquitectura?

La IoT está cambiando nuestras vidas. No por la tecnología, sino por los nuevos estilos de vida que promueve. Las oficinas tradicionales han constado de cubículos o, más recientemente, de grandes espacios diáfanos. Hoy, debido a que somos más flexibles y a que los minijobs están ganando peso, la clave de las oficinas ya no son los grandes espacios sino la interacción entre los distintos trabajadores. Los coworkings han transformado la forma en la que concebimos los espacios de trabajo. Dedican 6m2 por persona, mientras en una oficina tradicional se emplean entre 10 y 20. Al final se trata de usar las infraestructuras y recursos de la forma más eficiente que se pueda. La arquitectura es como la ropa: según cambian tus necesidades te pones una prenda u otra.

Proyecto The Cloud, en Londres.

¿Cómo se pasa de los edificios inteligentes a las ciudades inteligentes?

El mismo fenómeno tiene varias escalas: edificio, barrio, ciudad, área metropolitana… En movilidad, por ejemplo, se están recopilando muchos datos, que Bloomberg hizo públicos antes de dejar la alcaldía, según los cuáles se podría reducir en un 40% el número de taxis en la ciudad si la gente estuviera dispuesta a compartir trayectos, con servicios como los de Uber Pool. Ese es un ejemplo de cómo usar el big data en el desarrollo de nuevos sistemas de movilidad.

Los vehículos han sido un pilar sobre el cuál se ha estructurado el urbanismo durante el último siglo. ¿Cree que esa disposición cambiará gracias a las nuevas tendencias en movilidad?

Le Corbusier ya decía en los años 20 que el automóvil lo iba a cambiar todo. Así que también sería lógico pensar que los nuevos sistemas de movilidad van a alterar el urbanismo del siglo XXI. Pocos fenómenos son capaces de cambiar el aspecto de las ciudades. El vehículo autónomo provocará una revolución que dejará huella. Lo interesante es que el coche que te lleve al trabajo, en vez de quedarse aparcado, luego seguirá transportando a otra gente por la ciudad. Se creará un sistema híbrido en el que el transporte público y privado cooperarán. Si eso sucede, la cantidad necesaria de vehículos será mucho menor a la actual. Algunos estudios dicen que en las grandes ciudades bastaría con un 20% del parque. Sobre todo porque los coches pasan el 95% del tiempo aparcados. Eso se traduciría también en liberar mucho espacio dedicado a parkings. Y, desde el punto de vista arquitectónico, implicaría empezar a pensar en un nuevo sistema de infraestructuras.

¿Eso sucederá solo en las grandes ciudades?

El potencial de compartir coches depende de la densidad, así que donde mejor funcionará es en los grandes núcleos de población. ¿Logrará el coche autónomo reducir el tiempo de los trayectos? Eso dependerá de cómo se implementen las políticas. El problema del transporte no tiene que ver con la capacidad, que suele estar ahí, sino con cómo afrontar los picos de demanda. La tecnología nos permite ser más flexibles.

¿Cree que los ciudadanos están participando en el diseño de las smart cities?

En Europa, la gente cree que es el Gobierno o la UE quien debería diseñarlas. Creo que esa es una aproximación equivocada: hay que dejar que los ciudadanos implementen sus ideas, que experimenten. El proceso debería ser bottom-up. Con el big data y la tecnología podemos crear grandes herramientas. Estamos experimentando muchos pequeños cambios en nuestra vida que modifican la forma en que nos desenvolvemos.

Ha mencionado la incidencia de Uber en las ciudades. Airbnb también la tiene, en este caso gentrificándolas. ¿Cómo se ataja eso?

El caso de Airbnb es paradigmático. Existe porque la IoT permite que consigamos apartamento en tiempo real, y que además le pongamos rating a la experiencia. Eso es lo que realmente no podíamos hacer hace 20 años. La IoT ha puesto partes físicas de la ciudad online. El lado positivo de Airbnb es que ha forjado la mayor cadena hotelera del mundo sin costes adicionales de energía. Piense en ello: crear una capacidad equivalente requeriría una cantidad enorme de recursos. También ofrece una forma más agradable de conocer una ciudad porque tratas con la gente. Pero su cara negativa es el sobreuso de la apliación, que aumenta precios y vacía los centros urbanos de población local. Crea tensiones dentro de los edificios y en los vecindarios. Algo hay que hacer para controlar eso.

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Estas son las respuestas al malestar ciudadano con los turistas | Compañías

Se veía venir, se queda corto. Los que en la academia y en contexto internacional nos ocupamos de desarrollo turístico disponemos de suficiente conocimiento para haber previsto en detalle lo que iba a caerse encima de las mayores ciudades europeas: niveles crecientes e imparables de presión turística, empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades de destino y hasta efectos en la sociedad local.

De un lado, la despoblación de los centros históricos o, más bien –esto sí que es nuevo– la sustitución de la población residente con población flotante, que se aloja en pisos turísticos sin licencia, no genera impuestos y no vota. En pocas palabras, destruyendo capital social del que hace ciudad con puro consumo de lugar. Del otro, una respuesta ciudadana que ha pasado del ser pura irritación (fenómeno ya analizado por el sociólogo Doxey hace 42 años) a ser organización de alternativas.

En este sentido, el caso español es admirable, porque en muchos otros destinos turísticos masificados del mundo esta respuesta ha tardado muchísimo en llegar. Quien les escribe es nativo (y todavía medio residente) de Venecia, worst case scenario del mundo en cuanto a impacto del turismo. Esta ciudad ha sido laboratorio para la investigación en turismo durante décadas: varios modelos analíticos que utilizamos en el análisis de la transformación de lugares sujetos a altos niveles de estrés han sido retallados al caso veneciano. Y, sin embargo, después de 35 años de haber constatado que Venecia tiene un problema con su turismo, las posibles soluciones han sido eternamente discutidas y nunca implementadas, hasta que solo ahora, frente a una creciente presión ciudadana y de organismos internacionales, y de forma sumamente confusa, se están tomando medidas que, ya podemos anticipar, apenas funcionarán.

En un artículo que publicamos en la revista Journal of Urban Affairs con Alessandro Scarnato (premio Ciudad de Barcelona 2016), sugerimos que el caso de Barcelona puede considerarse único, pero ha abierto una brecha importante en cómo se ve y se habla del turismo a nivel mundial: una ciudad que debe sus grandes avances y éxitos desde la transición a un progresivo proceso de cosmopolitización y embellecimiento en el que el desarrollo turístico es una dimensión fundamental. Al mismo tiempo, un modelo que acaba de ser fagocitado por el mismo turismo, lo único que creció de verdad, especialmente durante la crisis, produciendo una ruptura del consenso social, sobre todo entre las clases medias que aquel modelo hicieron posible en su tiempo.

De aquí, un cambio político hasta un punto inesperado: Barcelona es el único gran destino mundial que elige un gobierno abiertamente crítico con el modelo de crecimiento basado en los grandes números del turismo; es más, creemos que si ha ganado las elecciones Ada Colau es precisamente por ello. Revertir el modelo tomará años o décadas y no dejará Barcelona en la misma situación que antes de 1992; si la visión estratégica que está dibujándose en planes y procesos participativos, la de organizar un nuevo urbanismo para una ciudad abierta a múltiples movilidades –pero no dominada por ellas– tendrá éxito, se tratará de una redefinición fundamental y de alcance global de cómo se entienden y gestionan las ciudades hoy en día.

Por el momento, Ada Colau y sus concejales tienen que lidiar con las emergencias turísticas –que han quedado en un segundo plano tras los atentados del mes de agosto–. Lo hacen desde una objetiva posición de debilidad política, empeorada por el incómodo posicionamiento en el campo soberanista. Turistas borrachos, invasión de espacio público, un modelo de promoción (privada) de la ciudad totalmente fuera de control y gestionado como si fuera 1993, un parque de viviendas que desaparece a diario frente a la presión especulativa (por tantas multas que se puedan poner), un puerto y aeropuerto que siguen creciendo, caóticamente, sin posibilidad de control por parte de los organismos locales, y una falta de gobernanza preocupante por parte de la Generalitat, a la que parece costarle muchísimo revisar algo tan simple como las formas de recaudación y de gasto de la tasa turística para hacer frente a los costes generados por el turismo a nivel local.

La supuesta turismofobia reprochada por los adversarios políticos al Gobierno de Colau, como si hubiera un mandado político oculto de perseguir a los turistas, no es nada más que una subida de tensión en un debate ciudadano sobre el malestar creado por el turismo, que por el momento no puede encontrar respuestas a corto plazo. Dejando de lado los ataques reivindicados por Arran, que tienen que leerse exclusivamente en clave de lucha en la izquierda por el poder (soberanista), cuatro pintadas en las paredes no pueden hacer olvidar dónde y cuándo se ha credo esta situación, quién tiene la responsabilidad política, quién está sufriendo sus efectos y cómo se puede salir de ello. Como bien sugiere Raúl Solís Galván en El Diario del 8 de agosto (Turismofobia, tu padre), empezando de una vez a retribuir dignamente a los trabajadores del sector, persiguiendo legalmente y policialmente las prácticas especulativas en torno a la vivienda, y dejando de tratar a los residentes como ciudadanos de serie B. Algunas cosas en este sentido han cambiado en Barcelona, en Palma de Mallorca, en Valencia, en San Sebastián; otras tendrán que cambiar, pero no sin un apoyo claro de Gobiernos autonómicos, Estado y Comisión Europea.

Antonio Paolo Russo, Universidad Rovira i Virgili (Tarragona).

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Yescapa se consolida como el Airbnb de caravanas y furgonetas en España | Compañías

La recuperación económica ha propiciado que muchos españoles, tras años de austeridad, hayan vuelto a viajar durante sus vacaciones. Esta semana fue la Comisión Europea la que dio por acabada la crisis iniciada en 2008 en la UE. Los datos macroeconómicos, como los salarios o el PIB, desmontan la tesis de las autoridades comunitarias. A ello se une la eclosión de otros negocios digitales, que ofrecen, al estilo de Airbnb, formas más económicas de viajar.

Es el caso de Yescapa, una plataforma nacida hace cinco años en Francia y que desde hace dos opera en España poniendo en contacto a propietarios de autocaravanas y furgonetas camper con personas interesadas en alquilarlas. Julie Da Vara, responsable de Yescapa en España, subraya que el negocio ha avanzado muy rápido gracias a la buena aceptación de otros modelos similares, como Airbnb o Blablacar. “Es una actividad que está muy sujeta a la estacionalidad y a los períodos de vacaciones, aunque la gente cada vez lo demanda más para reuniones familiares o bodas por una cuestión puramente económica”, señala Da Vara en una entrevista con CincoDías. Tras dos años de actividad, Yescapa cerró el pasado ejercicio con 600 reservas en España y el objetivo para este año es triplicar esa cifra hasta llegar a las 1.800, con lo que el peso de España en el total de la compañía llegaría al 10% de su volumen de negocio. “En la actualidad tenemos 40.000 usuarios y 450 furgonetas. Solo entre enero y mayo obtuvimos tantas reservas como en todo 2016”, subraya Da Vara, que destaca que España es el país en el que un mayor número de usuarios (47%) utilizan el sistema Android.

El sistema de reserva funciona de una forma similar a la de Airbnb. El propietario publica de forma gratuita el anuncio, establece una tarifa y el interesado se pone en contacto con él. El anunciante dispone de 48 horas para rechazar o aceptar la solicitud. En el primer caso procederá al pago del precio, que incluye los tres euros diarios por el seguro de viaje y que puede realizarlo en dos plazos, mientras que el segundo se deshace la operación sin ningún tipo de compensación al propietario. Una vez realizado el pago, ambos pactan un lugar de recogida, en el que se firma el contrato de alquiler y se realiza una inspección in situ de la estado del vehículo. Al mismo tiempo, el arrendatario está obligado a presentar el carnet que le faculta para conducir ese vehículo y a pagar la fianza acordada. El propietario recibirá el pago acordado el día después al que se haya iniciado el alquiler.

Yescapa firmó en marzo un acuerdo con Lagún Aro para que fuera la gestora de los seguros a todo riesgo, que cubren posibles robos y facultan para tener asistencia técnica en carretera en España y en el resto de la UE. Consolidado el negocio en Francia (donde el corredor de seguros es Allianz) y afianzado el lanzamiento en España, Da Vara apunta que los dos próximos objetivos son Alemania y Reino Unido. “Ya estamos establecidos en el mercado alemán, en el que todas las transacciones que se han cerrado hasta ahora se pagan en efectivo, algo impensable en España mientras que nuestro gran objetivo a largo plazo es el mercado británico”, señala. Las negociaciones del nuevo modelo de relación con la UE condicionarán la apuesta por el mercado británico.

Hitos de la compañía

Origen. En 2011, Benoît Panel comienza a recopilar información para viajar en familia y adentrarse en Reino Unido en autocaravana. Descubre que los precios que le piden son muy elevados y opta finalmente por alquilar un apartamento en el norte de España. Convence a Adrien Pison en el Startup Weekend, un evento de emprendedores en Bretaña, para desarrollar un nuevo negocio. Ambos fundan Yescapa.

Ronda de financiación. El 2 de febrero de 2015 captan medio millón de euros para comenzar a desarrollar el negocio en España. El 17 de enero de 2016, un año después de lograr la inversión, la compañía logra llegar a los 2.000 usuarios.

Alemania. El 28 de abril de 2016 se lanza la plataforma en el país germano. Alquila caravanas en Berlín, Hamburgo, Colonia, Dresde, Múnich y Fráncfort.

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Cuatro hoteles esquivan la moratoria turística en Barcelona | Compañías

El pasado 28 de enero entró en vigor el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos de Barcelona (Peuat), que servía para establecer una moratoria para la construcción de nuevos establecimientos (hoteles, pensiones, albergues o apartamentos turísticos) ante la masificación del turismo y los problemas de convivencia que se iniciaron en el barrio de la Barceloneta en el verano de 2016.

El plan dividía la ciudad en cuatro zonas concéntricas: la zona 1, que coge los barrios del centro, en la que no se conceden licencias; la zona 2, en la que solo se otorgan si algún otro proyecto cesa previamente, y las zonas 3 y 4, en el extrarradio, con crecimiento limitado. Es en estas dos últimas zonas donde se han concedido las primeras licencias. En concreto, nueve proyectos han recibido un informe favorable previo a la solicitud de la licencia por parte del Ayuntamiento desde que éste aprobó el Peuat.

Los nueve suman unas 900 plazas y se ubican en zonas en las que el Peuat permite abrir nuevos establecimientos. Los nuevos alojamientos estarán situados en los distritos de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí y Nou Barris, han detallado fuentes municipales a Europa Press. De estos nuevos alojamientos turísticos que pretenden abrir en la ciudad en las zonas permitidas, cuatro son hoteles, tres son pensiones,uno es un apartamento turístico, y otro es un albergue.

Los expertos rechazan este plan al considerar que reorienta la oferta hotelera a zonas sin demanda, en la que los empresarios no van a invertir. Bruno Hallé, socio director de Magma Hospitality Consulting, considera que una solución más eficaz para acabar con el exceso de oferta es el control de la oferta ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio se ha hecho un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta. Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que lo vaya a hacer si solo se le permite en zonas sin demanda”, dice.

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Hacienda no entiende la economía digital | Compañías

Hacienda somos todos, y cualquier persona –física o jurídica– que lleve a cabo una actividad económica sujeta a tributación debe pagar lo que exigen las leyes. Esto debe aplicarse tanto en el mundo offline como online, sin que las nuevas tecnologías e internet sirvan como subterfugio para escapar del control de Hacienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria debe primero comprender el funcionamiento de los nuevos modelos de negocio digitales para encontrar luego la forma de regularlos. No se pueden aplicar fórmulas antiguas a realidades nuevas, ya que ello puede resultar en mecanismos de control ineficientes, desproporcionados y contrarios a la normativa del entorno digital.

Un ejemplo de esto último lo encontramos en el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Hacienda que incluye la obligación para las plataformas colaborativas de informar sobre el arrendamiento de viviendas con fines turísticos. Este texto es claramente impreciso en sus definiciones, pero adolece de un defecto aún mayor: se impone un régimen de información contrario a la normativa digital e inadecuado según la naturaleza de las plataformas y de la actividad que llevan a cabo.

Las llamadas plataformas colaborativas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, están sometidos a la directiva de comercio electrónico y a su ley nacional de transposición. Este régimen jurídico exime a las plataformas de ejercer una actividad general de supervisión o monitorización de sus contenidos, de forma que no están obligadas a recabar información de manera activa (sea para transmitirla o no a las autoridades públicas). Por tanto, la normativa propuesta desde Hacienda quebranta el régimen jurídico establecido por las autoridades europeas para las plataformas digitales, tratando de cambiar con una norma de rango reglamentario lo que está establecido en una directiva comunitaria.

¿Y no pueden las plataformas igualmente compartir la información que se les pide? La respuesta es que no. Además de que la normativa les exime de hacerlo, las plataformas tampoco pueden dar la información que quiere Hacienda porque no la tienen. El texto del proyecto prevé que las plataformas remitan un conjunto de información tremendamente exhaustivo que comprende los datos personales de anfitriones y huéspedes, la identificación de los inmuebles con su referencia catastral y detalles sobre la duración de las estancias y el importe de cada alquiler (incluso aunque sea gratuito).

Las plataformas digitales son muy diferentes entre sí, desde algunas que se limitan a ser un portal de anuncios que facilita el contacto entre particulares, hasta otras que tienen funcionalidades adicionales para aportar más seguridad a la intermediación. De esta manera, la información que maneja cada tipo de plataforma es muy dispar y, en ningún caso, llega hasta los extremos que pretende Hacienda. En otras palabras, la Agencia Tributaria está pidiendo a las plataformas digitales una información sobre la actividad subyacente (la de arrendamiento de viviendas con fines turísticos) que se produce en el entorno digital que ellas habilitan, pero que es una actividad en la que no intervienen y sobre la que no disponen de toda la información, ya que no tiene relación con el servicio concreto que prestan a sus usuarios.

En definitiva, las obligaciones tributarias contenidas en el proyecto de Real Decreto son, por un lado, contrarias a la normativa de comercio electrónico y, por otro, injustificadas, desproporcionadas e irreales por lo que respecta al propio funcionamiento de las plataformas y del entorno digital.

Además, como han advertido la Comisión Europea y la CNMC, este tipo de normas desproporcionadas representan una barrera de entrada al mercado que desincentiva la aparición de nuevos competidores digitales, lo que obstaculiza el desarrollo de la innovación y la digitalización. España necesita sumarse a la transformación digital y aprovechar más las oportunidades que esta ofrece para conseguir un modelo de crecimiento estable y con futuro. Para ello es necesario que las administraciones entiendan mejor los modelos digitales y sean más creativas a la hora de buscar fórmulas para regularlos, evitando alterar por vías indirectas aquellos instrumentos jurídicos que ya funcionan y que han permitido el desarrollo de dichas nuevas realidades económicas.

Por otro lado, es importante destacar que la propia existencia de las plataformas ya ayuda a las autoridades fiscales, gracias a la mayor trazabilidad de las operaciones. Asimismo, algunas plataformas envían también información periódica a sus usuarios de la actividad económica generada y su forma de tributación para facilitar el pago de los impuestos correspondientes. Es más, en otros países, incluso se han llegado a acuerdos con plataformas para que estas procesen el pago de ciertas tasas turísticas en nombre de los usuarios, poniendo de manifiesto que las fórmulas de colaboración público-privada son posibles si se entiende la naturaleza y particularidades de los nuevos modelos digitales.

Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas y de los organismos de competencia, las administraciones deben llevar a cabo una revisión normativa para adaptarse a la digitalización, colaborando con las plataformas para encontrar soluciones eficientes que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. La heterogeneidad de las plataformas digitales impide la aplicación de soluciones uniformes al uso, y Hacienda debe escuchar a las plataformas y trabajar con ellas para buscar soluciones realistas, proporcionadas, flexibles y adaptadas al mundo digital.

Alfonso González de León es abogado y consultor senior en Vinces.

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Operación turismofobia | Compañías | Cinco Días

Desde hace unos meses que la palabra turismofobia viene ocupando un lugar central en la escena política y mediática del turismo. El origen de este neologismo puede ser ubicado en 2007, cuando José Antonio Donaire, profesor de geografía de la Universidad de Girona y reconocido experto en turismo, alertó de “la ofensiva turismofóbica” que se estaba gestando en ciertos ámbitos sociales, mediáticos y académicos. Sin embargo, como el mismo Donaire aclaró en su momento, esta turismofobia no era otra cosa que la expresión que tomaba lo que el economista George Victor Doxey llamó a mediados de los años 70 “fase de antagonismo” de todo proceso turístico, una idea prestada de la teoría del Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos del geógrafo británico Richard Butler, y readaptación de los fundamentos que economistas como Joel Dean o Raimon Vernon utilizaron para describir el movimiento vital de cualquier producto en el mercado. La teoría de Butler, fuertemente anclada en el pensamiento liberal de Walt Whitman Rostow, partía de una premisa fundamental: los destinos evolucionan y lo hacen siempre siguiendo el patrón “exploración-involucración-desarrollo-consolidación-estancamiento”.

Pero la recuperación actual del concepto turismofobia poco tiene que ver con su sentido doxeyniano, y en parte es así porque eso implicaría un debate serio y preciso sobre las implicaciones e impactos de la turistificación, algo a lo que el sector (sector de sectores, heterogéneo y desigual, con liderazgos e intereses contrarios, pero al fin y al cabo sector) no parece estar dispuesto. Y es que valdría la pena empezar a reconocer que en el mando del turismo –si hacemos caso a cómo ha ido la historia del desarrollo turístico español en los últimos cincuenta años– quien ha marcado el camino y la estrategia a seguir ha sido siempre el capital financiero y especulativo, y ha sido así tanto en el franquismo como en democracia. Hoy, este capital financiero actúa en esencia igual que entonces, es decir, desbordando todo tipo de marcos legales, expoliando territorios, acaparando recursos fundamentales, así como precarizando trabajadores a corto y largo plazo. Se podrán llenar páginas sobre el destacado papel que ha jugado del pequeño empresario, sobre los esfuerzos que ha hecho para dar un servicio de calidad a los clientes o para garantizar los derechos de sus trabajadores, pero lo cierto es que el pequeño empresario nunca ha tenido ninguna incidencia ni capacidad de decisión en la política turística del país.

En este escenario, salidas ya conocidas como “la apuesta por el turismo de calidad” no solo enmudecen el debate, sino que insisten en un abanico de soluciones que no evitan ni mucho menos la generación de externalidades, impactos y transformaciones urbanas catalizadoras de desigualdad social. La actual situación habitacional y laboral, también legal y financiera, muestra hasta qué punto la gestión del turismo en nuestro país se ha mostrado insuficiente, inoperante e incluso contraproducente para la vida de miles y miles de habitantes. Ya no tiene mucho sentido medir y evaluar la huella turística a partir de la planta hotelera existente o del número de entradas vendidas por el museo del Barça. Nuevas dinámicas económicas, residenciales, legales, culturales y ecológicas están redefiniendo los límites de una ciudad-región turística con cada vez menos margen para practicarla, donde la expulsión de residentes es exponencial y el derecho a la movilidad ha sometido el derecho al lugar, a permanecer en él, a hacerlo y transformarlo, siempre siendo parte, nunca estando aparte.

El turismo ha perdido definitivamente el salvoconducto que le permitía aparentar ser una industria sin chimeneas, y ahora más que nunca, resulta evidente que siempre las ha tenido. Tampoco es la gallina de los huevos de oro ni una fuente de riqueza colectiva. La caída de estos mitos fundacionales ha provocado una rápida reacción, siendo la turismofobia uno de los artefactos conceptuales que se han destinado a definir, medir y contrarrestar el estado de crítica social hacia la ciudad turístificada y sus propietarios. La turismofobia tiene así una intención incriminatoria: en manos de determinados actores políticos-empresariales-mediáticos, trata de definir un tipo de reacción irracional, obsesiva y reprobable socialmente. Este relato patologizador que procura ayudar a mantener intactas las posiciones de un sector en estado de delirio.

Si bien es evidente que en el espectáculo mediático de la turismofobia hay intereses paralelos (véase, por ejemplo, la cobertura hecha en las protestas de Arran), resulta fácil asumir que es una nueva cortina de humo, un nuevo intento por deslegitimar la crítica y criminalizar la movilización social frente al modelo urbano y económico que se impone. Con el uso insistente e interesado de este concepto, se intenta definir los bandos y los límites mentales y políticos del conflicto, llevar las aguas al terreno de los intereses privados, y reducir lo que es un problema social en una estúpida pero peligrosa pataleta de unos pocos molestos con los turistas que “nos visitan”. Para que avance el barricidio, la fobia debe imponerse.

Queda por ver qué caminos alternativos se construyen ante esta ofensiva por el control de las ciudades, qué capacidad de gobernanza tiene el poder público para detener esta sangría de consecuencias irreversibles, o qué rol puede terminar ejerciendo la población organizada en la defensa de sus derechos fundamentales. Por lo demás, el problema de la turismofobia tiene una rápida solución, y no es otra que dejar de hablar de ella y abrir un debate serio y real, con consecuencias concretas sobre la vida de las personas y sus ciudades.

Sergi Yanes es doctor en Antropología Social. Miembro de Turismografías.

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Cuatro vías para luchar contra la turismofobia | Compañías

Poca gente va a Londres a pasar sus vacaciones de verano ni a Siberia a disfrutar de las navidades. Los turistas van buscando experiencias satisfactorias durante sus estancias y existe una línea de pensamiento único que les lleva a coincidir en sus preferencias: sol en verano y sol en invierno. Esa es la razón que ha llevado a España a convertirse en uno de los países más visitados del mundo. Pese a que disfruta de un clima similar a otras naciones del entorno como Italia, Túnez, Egipto o Turquía, España ha abierto brecha con el resto por una razón: seguridad. No se ha visto dañada por los atentados que han afectado a esos cuatro enclaves (a los que habría que añadir dos destinos urbanos como Londres y París) y eso ha provocado un efecto llamada que ha llevado a España a ganar siete millones de viajeros en 2015, otro siete millones de viajeros en 2016 y probablemente a subir otros nueve en 2017. En esos dos primeros años ha ganado lo mismo que lo logrado en los doce años anteriores.

Con lo que nadie contaba, y menos los políticos que han realizado unos balances tan positivos sobre el buen pulso del turismo, era con la reacción de los vecinos que conviven a diario con los turistas. La llegada masiva de viajeros ha servido para acuñar el término de turismofobia, definido como el rechazo vecinal a la presencia masiva de viajeros en sus calles y en sus bloques de viviendas. Hasta ahora, los turistas colapsaban las ciudades, pero por la noche pernoctaban en los hoteles, lo que evitaba los conflictos nocturnos con los vecinos. Pero eso cambió con la llegada de plataformas como Airbnb o HomeAway, que han permitido un doble beneficio: ofrecer un alojamiento mucho más económico que los hoteles a los turistas y permitir a un gran número de particulares sacarse un dinero extra compartiendo su casa con turistas.

Los vecinos y los hoteleros quieren poner coto a los pisos para turistas, mientras que las plataformas no están dispuestas a renunciar a un negocio que les permite además potenciar su imagen como fuente de ingresos alternativa para muchas familias en la parte final de una crisis económica que se resiste a desaparecer. En este contexto, ¿qué soluciones existen para tratar de alcanzar la paz social? Una de las posibilidades que manejan las autonomías más visitadas es la de introducir tasas turísticas. Las grandes capitales europeas, como Londres, París o Roma, ya las cobran desde hace varios años. La experiencia, sin embargo, demuestra que el impacto sobre la demanda es mínimo.

Un buen ejemplo se ha producido en Cataluña, que desde octubre de 2012 cobra una tasa a todos los viajeros que se alojan en sus establecimientos. Las tarifas van desde los 2,50 euros para cruceristas y turistas de hoteles de cinco estrellas hasta los 0,50 de los hostales. La medida no ha servido para reducir el interés de los turistas por este destino. Más bien todo lo contrario. En 2013 recibió 15,5 millones de viajeros, consolidando su posición como la comunidad más visitada de España, y ha seguido sumando turistas hasta los 18 millones a finales de 2016.

Otra de las medidas, no exenta de polémica, es prohibir la construcción de hoteles y poner coto a los pisos turísticos, bien evitando su construcción o limitando al máximo el número de días para su alquiler. Esa decisión la tomó el ayuntamiento de Amsterdam, que también aprobó un plan para que en cinco años los cruceros de turistas desembarquen fuera del casco urbano y no en el centro. Una medida similar aprobó el ayuntamiento de Barcelona, que prohibió la construcción de nuevos hoteles desde 2015 y la concesión de licencias para apartamentos turísticos a partir de este año. Bruno Hallé, socio de la consultora Magma TRI Hospitality Consulting, cree que los esfuerzos para acotar los efectos indeseados del turismo deben concentrarse en el alojamiento ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio lo que se ha hecho es un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta frente al 70% que está paralizada en la actualidad”. Hallé considera que el plan supone un bloqueo de facto sobre la oferta hotelera en Barcelona, ya que solo se permitirá proyectos en zonas sin demanda. En los distritos con mayor demanda, como Ciutat Vella o el Eixample, solo se concederán licencias siempre que se suprima otra. “Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que sea conveniente hablar de que existe sobreoferta hotelera si no más bien de la dificultad de invertir de zonas sin demanda”, dice.

La Comisión Europea baraja elevar la fiscalidad de las empresas ligadas a economía colaborativa ante la presión de Macron y Merkel

Los hoteleros, sin embargo, consideran que la solución al conflicto la tienen las autoridades políticas, que hasta ahora se han mantenido de perfil en el fenómeno de la economía digital. En primer lugar, las autoridades comunitarias han defendido hasta ahora el modelo de la economía colaborativa como algo diferente al resto. Cuando las protestas han arreciado y a las voces de países como España se han unido Alemania y Francia, la Comisión ya se ha tomado en serio la cuestión y prevé debatir un incremento de la fiscalidad a estas compañías en el próximo Consejo de Ministros de Economía que se celebrará en Tallin (Estonia) a mediados de septiembre. La mecha la ha prendido el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que tildó de “inaceptable” la factura fiscal de Airbnb en Francia, donde solo pagó 100.000 euros en el último ejercicio fiscal, pese a ser su segundo mercado con más de diez millones de usuarios.

El trabajo más arduo les espera, sin embargo, al Estado Central y a las autonomías. Al primero, con competencias en sociedad de la información, le toca velar porque todos los anuncios que se publiquen en plataformas como Airbnb o Home Away estén dados de alta en los registros oficiales. Los hoteleros ponen como ejemplo lo sucedido en San Francisco, donde la amenaza de sancionar con 1.000 dólares a cada casa sin número de registro provocó la anulación de 14.000 anuncios. A las autonomías, competentes en materia turística, les toca regular para clarificar dónde y cómo se pueden alquilar pisos para turistas y si pueden compartir espacio con los vecinos.

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Lo que hacen autonomías y municipios para frenar el turismo masivo | Compañías

El pasado año, la cifra de turistas que visitó España superó los 75 millones. La previsión para este año apunta a que se podría llegar a a los 84 millones, una cifra inédita que podría llevar a España a superar a Francia como primer destino mundial. Pero el auge turístico tiene su contrapartida: el turismo masivo, especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ambos municipios  y las grandes autonomías turísticas han tratado de frenar, con poco éxito por ahora, la masificación y exceso de afluencia en ciudades como Madrid o Barcelona. La última en intentarlo ha sido Baleares, cuya nueva ley entró el martes en vigor.

La principal novedad es que los propietarios que pongan sus pisos a disposición de los turistas sin los permisos correspondientes emitidos por la Conselleria de Turismo serán sancionados. Las multas podrán llegar a los 40.000 euros para los propietarios y a los 400.000 en el caso de las plataformas de alquiler. El texto en vigor desde ayer fija que debe ser el propietario del piso el que disponga de la documentación que demuestre que cumple con la ley. Además se le prohíbe arrendarlos por más de 30 días, cobrar una fianza y se establece como obligatorio un contrato de alquiler. En el caso de incumplimiento, el propietario se verá expuesto a una sanción económica.

Plataformas como Airbnb o HomeAway cuentan con 15 días para adaptar su oferta a la nueva ley de alquiler turístico. Esta ya prohibía parcialmente el alquiler en algunas zonas. Ahora apunta un techo máximo de camas para turistas, que queda establecido en 623.624, de las que más de la mitad estarán en manos de los hoteleros. Cada archipiélago dispondrá de libertad para decidir si permiten el alquiler de viviendas con fines turístico, cuanto tiempo y en que zonas.
Otras autonomías también han reformado sus normativas referentes a los alojamientos turísticos, con notables diferencias en el enfoque, pero con un denominador común: el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a esas leyes. Canarias y Madrid han tenido que modificar sus normas para frenar el fenómeno de los pisos turísticos.

Baleares limita a 623. 624 el número de turistas que se podrán alojar en el archipiélago

La última reforma fija que los vecinos de los edificios donde haya apartamentos turísticos podrán vetarlos, en caso de que lo ampare sus estatutos de la comunidad de vecinos. Estas nuevas medidas tienen su repercusión en Madrid capital, especialmente en los barrios del centro, donde se encuentra el grueso de apartamentos y viviendas alquiladas con fines turísticos. Las plataformas como Airbnb son consideradas empresas turísticas y como tales, todos los pisos que anuncien deben disponer del certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (Civut), un documento que garantiza al turista que el alojamiento elegido dispone de medidas de seguridad obligatorias, así como agua fría y caliente, calefacción, energía y ventilación directa al exterior. Los propietarios también están obligados a informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes.

Es la comunidad más afectada por la creciente oferta de pisos turísticos irregulares. Barcelona es la ciudad con más viviendas turísticas, ya que prácticamente el grueso de la comunidad está agrupado en los barrios del centro de la ciudad. Aunque la Generalitat no se ha implicado en la regulación de estos alojamientos, el gobierno de Ada Colau está comprometido para acordar ciertas medidas reguladoras de una oferta irregular que supera los 8.000 pisos. El pasado mes de junio impuso a la plataforma Airbnb una multa de 600.000 euros, con el objetivo de dar fin a lo que calificó Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona, como “una estafa a la ciudad”.

La quinta autonomía por número de visitantes extranjeros también ha tomado medidas legales para evitar los alquileres ilegales en la ciudad. Cinco plataformas estuvieron a punto de firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir en sus páginas web la obligación de indicar un “número de matrícula” de todos los pisos que identifica las propiedades como legales a alquilar, pero finalmente el acuerdo no llegó a firmarse. Airbnb, HomeAway y Rentalia han tenido que hacer frente a una sanción económica de 30.000 euros cada una por incluir viviendas sin registrar.

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El gigante turístico TUI reconoce que “España está llena” | Compañías

El grupo turístico TUI ha señalado el jueves que “España está llena”, y que debido a la gran demanda y al aumento de los precios, los europeos podrían buscar otros destinos más asequibles. Así lo ha comunicado Fritz Joussen, consejero delegado de la compañía, tras la publicación de los resultados trimestrales. 

La caída de la demanda turística en países del Mediterráneo como Túnez, Turquía o Egipto, debido a la convulsión que golpea a Oriente Medio, ha desplazado el foco turístico al sur de Europa. En España, el número de visitantes ha ido en aumento durante los dos últimos años. En la primera mitad de 2017 el turismo creció un 12% alcanzando los 36,4 millones de turistas.

Según la empresa, el acelerado incremento de la demanda y la consecuente subida de los precios podría llevar a los turistas a demandar otros destinos como Bulgaria o Cabo Verde. “Si la demanda y los precios son altos, aparecen otros destinos más asequibles”, señalaba Joussen. En el caso particular de los turistas británicos, al aumento de los precios habría que sumar la depreciación que ha sufrido la libra tras el Brexit.

Joussen, ha destacado que, en general, los españoles se encuentran satisfechos con el turismo, dado que crea empleo y sustenta la economía. Sin embargo, los últimos acontecimientos ocurridos en ciudades como Madrid, Palma o Barcelona, evidencian la existencia de un rechazo vecinal hacia el turismo masivo.

TUI Group, fusión de TUI AG y TUI Travel, es el mayor grupo turístico del mundo. La compañía registró un aumento de beneficios del 38% durante el tercer trimestre de 2017, 221,6 millones de euros ordinarios; en parte, como consecuencia de una Semana Santa tardía. Para el año prevé un incremento en las ventas del 3%. “El año pasado tuvimos un máximo récord y este año estará en niveles similares”, destacaba el consejero delegado. La cadena hotelera española Riu es la segunda mayor accionista del grupo.

 

 

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