En España sí se puede desheredar | Mi dinero

Existe la idea generalizada de la imposibilidad de que el causante en España no puede desheredar a sus legítimos (según establece el Código Civil) herederos, cuestión que es cierta en la mayoría de los supuestos comúnmente denominados habituales. No obstante, y como independencia de la idea generalizada, es posible llevarlo a cabo, siempre y cuando se den algunas de las causas previstas en el Código Civil, que afortunadamente para algunos ya han sido parcialmente desarrolladas por la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal.

Antes de entrar en un análisis pormenorizado de las distintas posibilidades que nos brinda nuestro ordenamiento jurídico, debemos señalar que en el País Vasco ya es posible hacerlo sin necesidad de acudir a las causas tasadas, todo ello como consecuencia de la publicación el 3 de octubre de 2015 de la Ley del Derecho Civil Vasco, esto es, se da la oportunidad a los propietarios de los bienes a decidir sobre el destino de los mismos una vez fallezcan. Este cambio legislativo ha dado lugar a múltiples intentos de empadronamiento en alguna ciudad del País Vasco, con el fin único descrito anteriormente, evitar que los legítimos herederos, según el Código Civil, hereden los bienes objeto del caudal hereditario, lo que muestra la clara voluntariedad de muchos españoles de evitar las imposiciones sobre su patrimonio del legislador central y de este modo sentirse libres sobre el destino final de su patrimonio.

Sin embargo, la situación en el resto del territorio nacional es diametralmente opuesta, es decir, salvo que se den algunos de los condicionantes establecidos en el artículo 765 del Código Civil, en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria, además de las establecidas en el artículo 853 del mismo cuerpo legal. A modo de ejemplo y sin entrar en el detalle de las mismas, entre otras, son causas de desheredación en España, el abandono, maltrato psicológico o físico, haber sido condenado por los mismos, o por agresión sexual o física, por atentar contra la integridad moral, contra la libertad o contra el cónyuge de este o persona en análoga situación de afectividad.

Si bien, y dada la cercanía temporal entre la publicación de la Ley 15/2015 y la actualidad, no contamos con resoluciones de nuestro Tribunal Supremo al respecto, sin embargo, sí lo hacemos en relación con el artículo 853 del Código Civil. Concretamente es la sentencia de la Sala de lo Civil, de 3 de junio de 2014, donde el legislador se pone en este caso del lado del testador declarando como justa causa para desheredación el maltrato psicológico. Teniendo en cuenta este pronunciamiento del Tribunal Supremo, es posible que la tendencia actual en materia sucesoria sea progresivamente ir posicionándose del lado del causante, siempre y cuando además de darse las causas previstas por el ordenamiento jurídico, sea establecido en testamento.

La reciente modificación de la mano del ya conocido precepto del Código Civil abre la puerta a que los testadores decidan sobre su patrimonio, si bien por el momento de modo limitado, lo que además de generar un cambio importante en la clásica legislación española sobre sucesiones lo que permitirá el desarrollo de este área del derecho en dos sentidos; el primero de ellos parece claro que se podría desarrollar un claro nicho de negocio para los despachos profesionales y en segundo lugar, y valiéndose de lo acontecido en el País Vasco se reabrirá el debate sobre las posibilidades de desheredar, bien sea por los motivos tasados (los cuales previsiblemente se verán ampliados) o bien como ya sucede en muchos países de nuestro entorno únicamente derivado de la única y libre voluntad del finado.

Con ello el legislador parece que pretende dar una respuesta a los cambios que la sociedad actual está pidiendo en materia sucesoria, ya que aunque de modo limitado permite desheredar siguiendo la tendencia generalizada y ya afianzada en muchos de los países de nuestro entorno, que además tras su implantación en el País Vasco demuestra el interés de la sociedad española sobre la cuestión.

Se trata de un asunto de claro interés social y los cambios en la línea descrita se irán desarrollando.

Mª Teresa Aragón Sánchez y Alfonso Legaz Hevia son socia y abogado en Quabbala Abogados y Economistas.

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El Gobierno crea 93 nuevos juzgados | Legal

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, a estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal, de manera que la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades. Se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional, así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.

En relación con la distribución concreta de los órganos judiciales de nueva creación, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.

La distribución por comunidades autónomas de las 93 plazas es la siguiente:

Juzgados

La transformación de los cuatro juzgados responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal. De esta manera, el Real Decreto transforma cuatro juzgados en una clase diferente:

juzgados

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La venta de casas aguanta la apatía de agosto y se encamina a las 470.000 anuales | Mi dinero

La actividad en el mercado inmobiliario resiste incluso el efecto agosto, un mes en el que tradicionalmente se suele frenar el ritmo de compraventas ante el cierre de numerosas empresas y las vacaciones de buena parte de la población. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en agosto se vendieron un total de 41.282 viviendas, cifra que representa un incremento ya notable del 6,3% sobre el mes anterior, un 16% sobre idéntico periodo de 2016 y un 14% si se toma el periodo enero-agosto de este año sobre el mismo del ejercicio anterior.

Así, en los ocho primeros meses del año se han vendido un total de 315.795 casas, y en los últimos doce meses (septiembre 2016-agosto 2017) 444.055, lo que hace pensar al sector que a finales de este ejercicio se podrían alcanzar las 470.000 viviendas vendidas. Los más optimistas no descartan alcanzar la cota del medio millón que la mayoría de analistas deja para 2018. Lo cierto es que de llegar a esas 470.000, la mejora en un año sería de un nada despreciable 15,9%, ya que el año pasado se compraron 405.385 casas, el mejor registro desde 2010, último ejercicio en el que se rebasó la cota de las 400.000.

La mejora del mercado laboral y el flujo de crédito serán los dos principales factores que determinen si estos ritmos de ventas se mantienen, desaceleran o, por el contrario, se truncan, algo que los expertos ven poco probable. Lo normal es que en los territorios donde se concentre la actividad económica y se genere más empleo, las transacciones continúen manteniendo un buen ritmo de avance. En el resto de territorios la mejora será mucho más suave y paulatina.

Por tipologías pocos cambios, si bien la estadística comienza a reflejar cómo el aumento de las promociones de nueva construcción hace que poco a poco cada vez se vendan más viviendas a estrenar. Hay que recordar que las operaciones que contabiliza el INE son aquellas inscritas en los registros de la propiedad. En el caso de la vivienda nueva, si ésta se adquiere sobre plano, el comprador firma un contrato privado con el promotor que no se eleva a consideración de público hasta que se produce la entrega de llaves y se firma la operación ante notario, un proceso que puede prolongarse hasta 24 meses, según sea el momento en el que se cierra la venta.

En cualquier caso, del total de viviendas vendidas en agosto, el 82,1% correspondió a casas usadas y el 17,9% a pisos de nueva construcción. Aunque en el total sigue siendo poco su peso respecto al pasado (en pleno boom la proporción casi era del 50%), es destacable que el aumento de las compraventas de pisos nuevos se haya disparado un 21,3% respecto a agosto de 2016 y con ese mes son ya cuatro consecutivos en los que las operaciones de viviendas a estrenar registran incrementos superiores al 10%.

Por territorios, las comunidades autónomas donde se contabilizaron los mayores incrementos anuales fueron Castilla-La Mancha, con un 37,9%, seguida de la Comunidad Valenciana, con el 32,5% y Galicia, con el 23%. Madrid se situó en el quinto lugar con un crecimiento del 18,3% que tiene más relevancia si cabe, puesto que esta región suele liderar todos los meses el ranking de mayor actividad. Por contra, en otras regiones esos porcentajes tan elevados suelen responder a que parten de cifras muy bajas, lo que explica el fuerte repunte en términos relativos.

Pese a esta mejoría generalizada, en agosto también hubo territorios como Navarra o el País Vasco donde las transacciones inmobiliarias apenas aumentaron un 1,9% y un 4% anual, respectivamente.

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Europa prepara medidas para facilitar a las pymes el traslado de país | Compañías

La Comisión Europea presentará este noviembre un paquete legislativo en materia de sociedades, en el que está previsto que se incluyan medidas para que las pymes puedan trasladar su sede de un país a otro de la UE mediante un procedimiento simplificado. Así lo explicó este viernes Susanne Knöfel, jefe adjunto de la Unidad de Derecho de Sociedades de la Comisión Europea, quien señaló en el congreso de notarios europeos que se celebra estos días en Santiago de Compostela que están trabajando en un paquete de derecho mercantil que quiere incluir medidas para facilitar este proceso a las pymes “porque no pueden permitirse asesoramiento jurídico y porque las soluciones alternativas actuales (crear una filial en otro país y luego fusionar matriz y filial en el nuevo país) son muy caras para ellas”.

La medida forma parte de un paquete más amplio que regulará las condiciones armonizadas para que las empresas puedan trasladar sus sedes en el espacio comunitario y poner fin a las incertidumbres jurídicas actuales, después de que en más de 20 años no haya prosperado la aprobación de ningún texto normativo referido a este asunto y de que el brexit haya puesto este debate en la primera línea.

En el mismo acto, la eurodiputada Evelyn Regner instó a la Comisión a legislar con urgencia sobre este asunto, porque la ausencia de una directiva de derecho mercantil, dijo, está provocando “una competencia enorme entre legislaciones mercantiles nacionales” y está permitiendo graves abusos, “como destaparon los Papeles de Panamá”. Regner, que insistió en que legislar sobre este tema es básico porque las empresas “deben seguir a sus clientes”, pidió a la UE que prohíba en la nueva directiva la creación de “empresas buzón” o “sociedades pantalla”.

Igualmente, los notarios reunidos en la ciudad gallega urgieron este viernes a que se cree un sistema legal armonizado en Europa para el traslado transnacional del domicilio social de las empresas, dado que la legislación que regula la domiciliación societaria no es la misma en los 28 Estados miembros, y en ocasiones es contradictoria. Isidoro Antonio Calvo Vidal, notario y coordinador del congreso, aseguró que “hace falta un estándar europeo que nos permita jugar a todos con las mismas reglas. Eso redundaría en una mejor y más leal competencia entre aquellos destinos que pugnan por ofrecerse para las sedes de las compañías europeas”.

En este contexto, Jens Bormann, presidente de la Cámara Federal del Notariado alemán, defendió que cualquier regulación que se haga tendría que cumplir tres requisitos. El primero, que esté armonizado con la directiva de fusiones transfronterizas de 2005. El segundo, que obligue al escrutinio en dos fases. Es decir, que haya un doble control de autoridad, en los que participarían los notarios. El primero deberá verificar, con la legislación del Estado de salida, que la empresa que se marcha ha cumplido con todos sus compromisos cuando abandona el país y, el segundo, y con la legislación del Estado de llegada, que la sociedad se ha adaptado a los esquemas previstos por su legislación. “Lo bueno de la presencia notarial es que nosotros tenemos sistemas de cooperación que nos permiten conocer las diferentes legislaciones y ayudar a las empresas en este proceso”, defendió Calvo Vidal.

Por último, Bormann señaló que la directiva no debería permitir que una empresa pueda mover solo el domicilio registral. Es decir, que “haga un traslado ficticio de sede”. En este sentido, el presidente de la Cámara del Notariado alemán defendió el principio de la unidad de sede y de hacerlo compatible con la libertad de elección (la línea que parece va a seguir la Comisión Europea en su regulación). El objetivo es evitar que los cambios de sedes no respondan a necesidades económicas reales sino que sea una vía para el blanqueo de capitales y la elusión fiscal.

Otras voces, en cambio, plantearon una opción más flexible: que baste con algún tipo de vinculación, especialmente económica, de la sociedad al Estado al que quiere trasladar su sede.

Sobre este punto, Calvo Vidal resaltó que la directiva deberá proteger los intereses de cada uno de los Estados. Pero también los intereses de los socios (especialmente los minoritarios), que deberán tener un derecho de salida; los de los trabajadores (no se podrá utilizar el traslado de sede para vulnerar los derechos adquiridos), y los de los acreedores, estableciendo por ejemplo un derecho de oposición.

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Los notarios proponen crear un sello notarial que inyecte seguridad jurídica al comercio electrónico | Compañías

El comercio electrónico necesita más seguridad jurídica. Así lo aseguraron ayer los notarios europeos reunidos en Santiago de Compostela, que defendieron la necesidad de establecer un marco claro y seguro de derechos de los consumidores si se quiere potenciar las transacciones digitales. El presidente del Consejo de los Notariados de la UE, José Manuel García Collantes, defendió en el 4º Congreso de los Notarios de Europa que los notarios tienen los conocimientos jurídicos necesarios para jugar un papel clave en este proceso y aportar al mundo online la misma seguridad que en el mundo físico.

En este contexto, presentaron dos iniciativas. La primera, a propuesta de los notarios españoles, es la creación de un sello de calidad, un “sello de conformidad notarial” que certificaría que las empresas que ofrecen servicios por internet incluyen condiciones de contratación en sus webs conformes a la normativa comunitaria de protección del consumidor. “Este sello daría mucha tranquilidad al consumidor, pero también otorgaría a las empresas un plus de confianza”, aseguró José Carmelo Llopis, notario y uno de los coordinadores del congreso.

La segunda propuesta, que llega de la mano de los notarios de los Países Bajos, tiene que ver con la creación de una especie de DNI de identidad digital, un certificado electrónico que emitiría el notariado europeo y que garantizaría que el consumidor es quien dice ser. “Esto permitiría a las empresas saber a quién están ofreciendo un servicio por internet, evitando por ejemplo que vendan a un menor un producto o servicio solo apto para mayores de edad. Además, siempre se haría salvaguardando la privacidad de los datos de la persona”, subrayó Llopis.

Este aclaró que tanto el sello como el certificado electrónico serán voluntarios. Parten de un supuesto de autocontrol y autoseguridad, pero “estamos convencidos de que la utilización de ambos recursos elevaría la reputación online de las empresas y animaría a las personas a contratar más servicios digitales”. “En el momento que cuatro empresas grandes te obliguen a presentar un certificado de identidad de este tipo, el resto les seguirán”, remarcó Llopis.

El sello de conformidad notarial aparecería tanto en la web de la empresa como en la web del notariado correspondiente, de tal manera que cualquier persona pueda consultarla y comprobar si una empresa ha sido visada por un notario.

Durante el congreso, el papel de los notarios fue destacado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que “no puede existir una Europa fuerte sin un notariado de calidad que facilite la contratación transfronteriza”. En la misma línea Tiina Astola, directora general de Justicia y Consumidores de la CE, también subrayó la importancia de los notarios en la construcción de un espacio jurídico, pero advirtió que la labor de los notarios se enfrenta a un cambio importante con la llegada masiva del comercio electrónico, “ya que han de asumir su papel para analizar y mejorar el contenido de este tipo de contratos”.

Durante el congreso también se ha hablado mucho de herencia digital y de blockchain, del papel que puede jugar esta tecnología en la labor del notario. No se descartó que pueda aplicarse a proyectos como el citado de identidad digital. “Ya hay empresas apostando por ello”, dijeron.

Respecto a la herencia digital, un aspecto sobre el que los notarios reciben cada vez más consultas, admitieron que es algo que urge regular, pero que no es fácil, debido a que muchos de los grandes prestadores de los servicios digitales son ajenos a la Unión Europea.

Los notarios quisieron dejar claro que existe un problema al respecto y que hay que determinar cuánto antes qué pasa con las cuentas digitales de una persona cuando fallece o qué pasa con sus criptomonedas. “Imagínense la herencia digital de un escritor que tiene sus obras en la nube, o de una persona que compró bitcoins cuando valían poco y ahora tiene un capital”.

Ante esta situación, el notariado maltés ha propuesto en el congreso una regulación supranacional (Europea, en este caso) para permitir que exista una persona designada por otra antes de fallecer que le legitime frente a todos los servicios de la red. “Se trata de crear una figura de albacea, de heredero digital o responsable al que se le atribuyan estas facultades sobre el patrimonio digital de alguien”, detallaron.

Dicho patrimonio incluiría todo aquello que esté en formato digital y que exista cuando la persona fallece. “Hablamos del dinero que puede haber en monederos electrónicos, de colecciones de música, de fotografías, de cuentas en Facebook o Instagram… Se trata de ver cómo se legitima a alguien ante Facebook para decirle que borre una cuenta o a Google para que puedas acceder al monedero electrónico de una persona fallecida, y que le hagan caso. Que le permitan borrar cuentas de correo electrónico o acceder a una cuenta”.

Se espera que todas estas propuestas salgan aprobadas en el congreso, que concluye este sábado, para presentárselas a las autoridades europeas.

Asimetrías informativas y costes derivados

Los notarios advirtieron durante el congreso que el mundo digital tiene cada vez más peso en la economía y la sociedad y que es muy cambiante. “Surgen continuamente nuevas circunstancias, como el comercio móvil, o contraprestaciones hasta ahora desconocidas, como el pago de servicios con los datos del consumidor, algo que antes no pasaba”. Ante este nuevo escenario, los notarios quieren convertirse en los garantes de la legalidad dentro del sistema digital. “Queremos poner nuestro grano de arena para que los consumidores tengan una mayor sensación de seguridad, porque según todos los estudios la desconfianza es la que está frenando un avance más rápido del comercio electrónico. La gente no se fía porque no sabe muchas veces quién está detrás de una web, qué pasa si no le llega el producto que ha pedido o qué ocurre si le llega mal”.

Según los notarios, en el ámbito digital hay hoy “asimetrías informativas” (el comprador, por ejemplo, no sabe a quién compra ni el vendedor a quien vende) que provocan inseguridad jurídica y costes económicos. “Nuestra participación, como terceros de confianza, reduciría este problema”.

La eurodiputada Pilar del Castillo aseguró en una entrevista con Efe y CincoDías que la confianza y la seguridad en el mundo digital no tienen por qué estar reñidos con los intereses de la industria europea del big data o con la expansión del comercio electrónico en la UE.

“La confianza y seguridad son dos aspectos fundamentales para que los ciudadanos de los países europeos se sientan más estimulados a utilizar los medios digitales en varios aspectos de su vida, entre otros, obviamente, en el comercio electrónico”, añadió Del Castillo, que es miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía el Parlamento Europeo.

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García Collantes: “Queremos impulsar una red segura que interconecte todas las notarías europeas” | Compañías

La próxima semana se celebrará en Santiago de Compostela el 4º Congreso de los Notarios de Europa, y uno de los protagonistas será José Manuel García Collantes, desde enero presidente del Consejo de Notariados de la UE. Allí se debatirá, como el mismo explica, sobre cómo elevar la protección de los consumidores y las empresas en el ámbito digital, y plantearán medidas que garanticen la seguridad de la firma electrónica, de las identidades virtuales y del uso de tecnologías como el blockchain.

La economía digital ha transformado la relación entre empresa y cliente. ¿Cómo pueden contribuir los notarios a aclarar los aspectos legales de ese nuevo escenario?

En el congreso trataremos los retos que plantean las nuevas tecnologías y cuál es la posición que los notarios debemos tener para hacer frente a los mismos en beneficio de los usuarios. Hay puntos que nos preocupan. El comercio electrónico mueve ya ingentes cantidades de dinero, pero suscitan inseguridad al ciudadano a la hora de determinar cuáles son sus derechos cuando compra por internet y temor respecto a la identificación de la otra parte con la que contratan y que está al otro lado del ordenador. Por ello presentaremos soluciones a estos problemas. Y analizaremos nuevas herramientas tecnológicas como el blockchain, que pese a lo que se dice de que van a acabar con los notarios no creo que vaya a ser así. También abordaremos la herencia digital, los contenidos digitales que pueden formar parte de nuestro patrimonio. Hay que ver cómo se regula, combinándolo con una herencia analógica, tradicional. Cómo se heredan, por ejemplo, los bitcoins.

La agenda digital de la CE ha fijado 2020 como plazo para que las administraciones públicas sean digitales “por defecto”, interoperativas de un país a otro y basadas en la presentación de los documentos una sola vez. ¿Cómo afecta esa agenda a las notarías? ¿Han iniciado el proceso de adaptación?

Lo hicimos hace mucho tiempo, antes de que la Comisión lanzara su actual estrategia de mercado único digital. En España, los notarios tienen desde hace mucho una red privada segura de conexión entre todas las notarías, que se combinan también con todos los registros de la propiedad y registros mercantiles, y con las administraciones públicas a las que tenemos que mandar información (catastro, ayuntamientos, comunidades autónomas). En España, ya todas las escrituras se envían telemáticamente a los registros por procedimientos seguros, y es algo que están haciendo o empiezan a hacer todos los notariados de la UE que siguen el sistema latino germánico (22 de los 27 países de la UE).

Hay que ver cómo se regula la herencia digital, combinándola con la analógica, la tradicional. Cómo se heredan los bitcoins, por ejemplo

Pero la creación de un mercado único digital augura un consumidor cada vez más transfronterizo. ¿Tienen ustedes capacidad para adaptarse a ese marco europeo?

Por supuesto. Pero hay que distinguir los negocios que por imperativo legal se hacen ante notario (compraventa de un inmueble, constitución de una sociedad…) de lo que es el comercio de bienes mueble (la compra de un libro por internet, por ejemplo). Respecto a los primeros, vamos a presentar en el congreso dos proyectos. Uno pretende extender a nivel europeo una red segura que interconecte a todas las notarías europeas, de modo que un vendedor en Múnich con un inmueble en España y un comprador en Madrid puedan ante sendos notarios (en Múnich y Madrid) expresar la voluntad de vender y comprar, respectivamente, haciendo una sola escritura comunicándose telemáticamente las dos notarias. El segundo proyecto quiere impulsar el reconocimiento interestatal de la firma electrónica, porque ahora cada notario tiene su firma, que es reconocida solo a nivel interno dentro de su propio país. Respecto al otro tipo de negocio, presentaremos una propuesta para crear un sello notarial de conformidad, que se otorgaría a los oferentes de servicios por internet que incluyan condiciones de contratación en sus webs conformes a la normativa comunitaria de protección del consumidor. Eso daría tranquilidad al consumidor y otorgaría mayor confianza en las empresas oferentes.

Habla de una firma electrónica válida en toda Europa. ¿Hay algún cálculo sobre la inversión necesaria para digitalizar los servicios de notaría y hacerlos operativos con el resto de Europa?

Aún no hay un cálculo concreto, al céntimo, pero vamos a presentar el proyecto, el programa de desarrollo, que eso si está hecho.

¿Se sienten las notarías amenazadas por la revolución digital? ¿Temen que surjan servicios fedatarios que se ganen la confianza del consumidor en detrimentos de los suyos?

No, porque los notarios ofrecemos un servicio que muy pocos pueden ofrecer. Cuando se dice que el blockchain va a acabar con los notarios, no es cierto. El blockchain nada tiene que ver con nuestra función; es un sistema de almacenamiento de una serie de datos, que va encadenado de una manera totalmente inmutable y permanente en una cadena de bloques. Pero en esa cadena lo que se almacena es una referencia a un documento, una fecha y la hora exacta, pero no el documento. Los notarios lo que hacemos es controlar la legalidad de los documentos, asegurarnos que el contenido de los mismos está conforme a la ley. Eso el blockchain no lo cambia. Para nosotros, esta tecnología puede ser muy importante, porque podríamos usarla para hacer una cadena notarial de documentos, pero el control de los mismos, lo tienen que hacer los notarios.

Apostamos por impulsar el reconocimiento interestatal de la firma electrónica de los notarios, no que solo sea reconocida a nivel interno dentro de cada país.

En Europa conviven dos modelos, el latino basado en las notarías y el anglosajón que recurre a otras fórmulas. ¿Puede aumentar la tensión entre ambos si va a más, como parece previsible, el número de consumidores transfronterizos?

Estos dos modelos coexisten pacíficamente desde hace tiempo porque obedecen a sistemas jurídicos distintos. Los dos son buenos, con sus ventajas e inconvenientes, pero a cada uno nos va muy bien con el nuestro. Creo que va a seguir así.

En una Europa digital, sin fronteras, ¿se podrán mantener las estrictas regulaciones de las notarías en países como España (número clausus, demarcaciones territoriales)?

Sí, por supuesto. Nosotros somos funcionarios, y desarrollamos una función de interés público. Además, hay una sentencia muy reciente que corrobora y justifica que el Estado solo pueda delegar esa función en las personas en las que confía y que, por tanto, sea éste quien las seleccione (por oposición), y eso justifica una serie de restricciones importantes a la libre competencia porque no somos médicos, ni ingenieros, ni abogados, no somos una profesión liberal.

Pero cada cierto tiempo, Bruselas arremete con las regulaciones de los colegios profesionales e intenta imponer una liberalización. ¿Temen que la Comisión Europea vuelva a la carga?

Esto se basa precisamente en que la Comisión en algunos momentos ha desconocido o no conocía bien nuestra función, pero ya tenemos un precedente que cambia esto. Y no me refiero a esa sentencia, sino la modificación de la directiva de cualificaciones profesionales llevada a cabo en 2014, que excluyó expresamente a los notarios de la aplicación de esa directiva, precisamente por considerarlo un servicio estatal que realizaban los notarios por delegación del Estado.

García Collantes: “Queremos impulsar una red segura que interconecte todas las notarías europeas

Con los datos que ustedes manejan en sus notarías, ven si vuelve a haber cierta burbuja inmobiliaria.

Nosotros tenemos un servicio estadístico que da unas cifras muy exactas cada 15 días. No tengo en la memoria los números exactos, pero sí puede decirle que se está experimentando un repunte de las compraventas inmobiliarias con claridad y que los precios van poco a poco subiendo.

Ustedes dicen que las regulaciones son necesarias para proteger al consumidor, pero el estallido de la burbuja inmobiliaria reveló, al menos en España, que los clientes estaban en una clara inferioridad de condiciones en relación con los bancos y que de poco servía la presencia de un notario.

Es un tema que nos preocupa muchísimo. La ley del notariado nos obliga a ser imparciales, pero en determinados momentos, por circunstancias a veces externas, se ha podido dar la impresión de que no era así. Ha sido muy clásico el tema de ir los notarios a firmar a los bancos. Esto no está prohibido y en sí mismo no tiene porqué implicar una parcialidad del notario, pero de todas formas, y para evitar esto, la mayoría de los colegios de notarios en España han dictado normativas internas prohibiendo a los notarios ir a firmar a los bancos. La normativa dice que quien elige al notario es el consumidor, no el cliente poderoso (banco, constructora), pero eso a veces no se ha respetado. Hemos hecho muchas campañas publicitarias al respecto, pero igual no lo hemos hecho suficientemente bien. En el tema de las cláusulas suelo, no se puede excluir que en algún momento haya habido actuaciones notariales equivocadas, igual que hay malos policías, jueces o periodistas, pero estoy convencido de que en la mayoría de los casos, los notarios han actuado con una corrección enorme.

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Llevar asuntos ante la Seguridad Social no es tarea exclusiva de los graduados sociales | Legal

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura denunció por un delito de intrusismo profesional, del artículo 403 del Código penal, a un hombre, titulado como Experto universitario en Derecho Tributario y Experto universitario en Asesoría Laboral de Empresa, que prestaba los servicios a particulares y empresas de elaboración de contratos de trabajo, nóminas, seguros sociales o inscripción de empresas y de altas y bajas en la Seguridad Social y representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el Colegio de Graduados Sociales la formación de este profesional no le habilitaba para realizar estas funciones ya que según indicaron, estas materias son competencias de los Graduados Sociales conforme a sus Estatutos aprobados por el Real Decreto 1415/2006 de 1 de diciembre de 2006. La sentencia de la Audiencia Provincial Las Palmas puso el acento en analizar si existía o no exclusividad en esas funciones. En primer lugar, consideró que el marco regulatorio de los Graduados Sociales no describe sus funciones de manera exhaustiva, y además la norma especifica que pueden ejercer “otras funciones técnicas propias o exclusivas de su título análogas”, dejando abierto el listado de sus competencias.

En consecuencia, dado el carácter amplio, genérico y abierto de las funciones propias de los graduados sociales, los actos realizados por el acusado no requerían una concreta capacitación y, por lo tanto, su ausencia no justifica que se esté cometiendo un delito de intrusismo profesional.

De manera que los servicios prestados no eran exclusivos ni estaban reservados a los graduados sociales. Además, según se indica en la sentencia, podrían enmarcarse como actos de gestión administrativa que el propio interesado, ya sea personal de la empresa o el particular demandante del servicio, podrían realizar sin necesidad de una titulación o unas aptitudes especiales que justifiquen la intervención de un graduado social. Es por todo ello, que el tribunal confirmó el fallo del juzgado de lo penal que absolvió al acusado.

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Cláusulas suelo: El “negocio” de las demandas masivas: ¿son válidos los contratos entre abogado y consumidor? | Legal

La economía moderna y la globalización nos trae una nueva problemática derivada de que, en la contratación con consumidores, las empresas intentan racionalizar y estandarizar las operaciones, normalizándolas; lo que permite una contratación generalizada, con la consiguiente reducción de costos y la facilitación de las transacciones. En este entorno, la práctica ilegal o irregular de una empresa, afectará a múltiples personas, generando daños masivos. Los ejemplos son numerosos, como por ejemplo en el ámbito de las instituciones financieras con las “cláusulas suelo” o las preferentes. Por eso, en los últimos años, numerosos despachos de abogados han decidido captar a los consumidores perjudicados; muchos de ellos casi desconocidos, pero que no quieren abstenerse de participar en el “negocio” que supone la presentación de demandas de forma masiva.

La publicidad contenida en las páginas web de los despachos de abogados sorprende por su agresividad: “Más de 28.809 sentencias favorables ganadas con un 99 % de casos de éxito”; “miles de clientes han recuperado la totalidad de la inversión, sin ningún coste para ellos” (…). Es obvio que el particular afectado se siente atraído por el imbatible binomio de “total eficacia sin coste” decidiendo contratar los servicios de un abogado.

Esta nueva práctica de la abogacía que quiere acceder a un negocio millonario, nos debe hacer reflexionar sobre la bondad del contrato que vincula al consumidor perjudicado que acude a un despacho de abogados para solicitar sus servicios. Como veremos, este contrato arroja o genera muchas dudas o sombras.

Como punto de partida debemos tener en cuenta que el máximo intérprete de la legislación europea en materia de consumo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una reciente sentencia de 15 enero 2015, precisó que los contratos de servicios jurídicos que no se negocian de forma individual, tal y como ocurre en la mayoría de los conflictos que determinan la presentación de demandas de forma masiva, son contratos entre un profesional (abogado) y un consumidor (cliente); contratos de consumo. Por ello, como el cliente se encuentra en una situación de inferioridad respecto del abogado, se le deberá otorgar la máxima protección, procurando que los contratos estén redactados de forma clara y comprensible para el consumidor, respetando la normativa especial en esta materia. Si no se hiciera de esta forma, el contrato podría contener cláusulas abusivas que serían nulas.

Condiciones de los contratos

La normativa especial es muy precisa cuando regula las condiciones que deben reunir los contratos de servicios con consumidores (información previa al contrato, contenido del mismo, derecho de desistimiento, etcétera); no obstante, nos vuelve a llamar la atención, comprobar que las páginas web que ofertan los servicios jurídicos para reclamaciones masivas suelen coincidir en las virtudes y eficacia de los servicios que se prestan, así como en el hecho de que no tienen coste para el cliente, o que sólo pagará si se gana el pleito. Realmente cuesta encontrar las condiciones concretas de la prestación de los servicios jurídicos atendiendo a las diferentes situaciones que se pueden generar con ocasión de un proceso jurisdiccional (la suspensión del mismo, su terminación mediante una negociación, entre otras).

Todo ello se deja en manos, en la mayoría de ocasiones, de un servicio de atención telefónica que se activa cuando facilitas los datos personales; sin saber con quién estás hablando ni la cualificación profesional que tiene tu interlocutor. Es obvio que esta forma de contratar despierta muchas dudas respecto de la claridad y comprensión de las condiciones de prestación del servicio tal y como exige la regulación especial sobre la materia; aprovechándose del hecho de que, al consumidor se le ofrece el resultado que busca de una manera sencilla; pero, sin que sepa si es la más adecuada.

Continuando en la línea de conocer cómo prestan los servicios los despachos de abogados especializados en demandas masivas, comprobamos que la mayoría hacen su “negocio” al establecer como condición a sus clientes, que cobrarán un porcentaje del dinero que pague la empresa a la que se le formula la reclamación; el famoso pacto de “quota litis”. Este hecho también choca frontalmente con las Recomendaciones que da la Unión Europea a los Estados miembros para unificar la regulación de las acciones colectivas derivadas de los daños masivos causados por las empresas, al infringir la normativa comunitaria en materia de consumo (Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013).

En realidad, la Unión Europea pretende que se utilicen las acciones colectivas, por ser las más adecuadas frente a las infracciones que generan daños masivos (una demanda que engloba a numerosos consumidores). Por el contrario, los despachos de abogados a los que venimos refiriéndonos, plantean, de forma simultánea, múltiples demandas individuales, todas ellas similares, haciendo que nuestra organización jurisdiccional colapse. En este entorno de las reclamaciones colectivas o demandas masivas, la Unión Europea advierte a los Estados miembros, que deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales innecesarias o litigios abusivos; subrayando como medida concreta impedir como norma general, los “honorarios condicionales”, o lo que hemos llamado el pacto de “quota litis” (cobrar un porcentaje en función del resultado). De esta forma, comprobamos la existencia de otro aspecto cuestionable en la contratación de los servicios jurídicos, derivado de la fijación de los honorarios.

Debemos concluir volviendo al inicio del artículo o reflexión: la economía moderna, la globalización nos trae una nueva problemática que se verá acentuada con las transacciones realizadas en un entorno digital. En este nuevo ámbito, se está creando una práctica procesal nueva en la que destaca la protección que se le debe otorgar a la figura del consumidor. Todo ello, nos obliga a adaptar nuestros contratos de prestación de servicios, para que podamos seguir cumpliendo con el deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que nos sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede servir como excusa para realizar “negocios” que nos desvíen del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.

 

Francisco José Peláez Sanz es abogado y director del Área de Derecho Procesal de Esade Law School. Universidad Ramón Llull.

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El TJUE libra a Intel de una multa histórica (de momento) | Legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia muy esperada. Se trata del caso Intel, que podría haber dado lugar a una de las mayores multas por infracción de derecho de la competencia a nivel comunitario, sólo superada por la impuesta al gigante tecnológico Google hace unos meses. De momento, la empresa americana de microprocesadores se libra de la sanción, que ascendía a 1.060 millones de euros, ya que ha sido anulada la sentencia previa que confirmaba y se devuelve ahora el caso al Tribunal General para que lo estudie de nuevo. 

La cuestión en liza tiene que ver con la posibilidad de que una empresa pueda aplicar un determinado tipo de descuentos para lograr imponerse en el mercado. En el año 2009, la Comisión Europea impuso la sanción en cuestión al fabricante tecnológico por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores, concretamente en el mercado mundial de las CPUs x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices (AMD).

Según apunta el tribunal, la Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70% o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables. Para la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Aplicación de descuentos

Al parecer, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, la compañía americana efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

Ante tales hechos, la Comisión decidió imponer a Intel la multa de 1.060 millones de euros, sanción que fue recurrida por la compañía ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la misma o, al menos, una reducción sustancial de la cuantía. Sin embargo, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel en su totalidad, en una sentencia de 12 de junio de 2014.

El Tribunal General validó la argumentación de la Comisión según la cual los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar la totalidad de las circunstancias del asunto ni, en particular, aplicar un test AEC (así denominado por la expresión inglesa «as efficient competitor test», o test del competidor igualmente eficiente).

Recurso de casación

Intel decidió actuar ante este pronunciamiento e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General sosteniendo, entre otras alegaciones, que este último incurrió en un error de derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del asunto. Y es aquí donde la justicia europea inclina finalmente la balanza en favor del fabricante americano.

El Tribunal de Justicia señala que, pese a haber afirmado que los descuentos de que se trata tenían la capacidad de restringir la competencia, la Comisión realizó sin embargo un examen en profundidad de las circunstancias del asunto, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de descuentos de que se trata podía expulsar del mercado a ese competidor. El test AEC tuvo, pues, verdadera importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores.

Examinar todas las alegaciones

Llega así a la conclusión de que el Tribunal General estaba obligado a examinar todos las alegaciones de Intel sobre dicho test (por ejemplo, los errores en la realización del test que Intel reprochaba a la Comisión), cosa que no hizo. Por ello, anula la sentencia del Tribunal General al haberse abstenido éste de examinar esas alegaciones al analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

El Tribunal de Justicia decide devolver el asunto al Tribunal General para que examine, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Pero no en todo ha salido victorioso el fabricante de microprocesadores. El Tribunal de Justicia ha desestimado las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para sancionar el abuso y sobre la existencia de vicios de procedimiento que, en su opinión, habían afectado a su derecho de defensa.

 

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Caso Neymar ¿un asunto de Derecho de la competencia? | Legal

La denuncia por Neymar Jr. de su contrato con el F.C. Barcelona abre la puerta al debate sobre si las inversiones de estados de fuera de la Unión Europea, a través de fondos dependientes de los mismos, en equipos de las ligas europeas son anticompetitivas. Aunque no sean ayudas de estado, cabe cuestionarse si constituyen prácticas anticompetitivas desleales.

El pasado 3 de agosto, el jugador de fútbol Neymar Jr, a través de sus intermediarios, depositaba ante la Liga de Fútbol Profesional (“LFP”) el monto correspondiente a la cláusula de resolución unilateral de su relación contractual con el F.C Barcelona. La sorpresa venía cuando la LFP, aduciendo el incumplimiento del régimen de Fair Play Financiero (FFP” por sus siglas en inglés) impuesto por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (“UEFA”), se negó a ser depositaria del monto correspondiente a esa cláusula.

Hace tiempo que se superó el debate sobre si la jurisdicción ordinaria tiene potestad sobre los deportes profesionales o si éstos solo se someten a las regulaciones deportivas (Asunto Meca-Medina). Al tratarse de actividades económicas, las leyes ordinarias también serán aplicables al comportamiento de los agentes económicos que participan en estas competiciones.

En el presente asunto se cuestiona que las inyecciones económicas provenientes de Qatar, a través de Qatar Investment Authority, el fondo soberano de inversión del emirato que es propietario del Paris Saint-Germain (“PSG”), equipo que ha contratado a Neymar Jr, puedan ser prácticas restrictivas de la competencia bien por considerarse ayudas de estado, o por constituir un caso de competencia desleal.

El primero de los supuestos queda descartado. Aunque la Comisión Europea ha valorado ayudas concedidas por Estados Miembros a los clubes de fútbol (recordemos el expediente incoado por la Comisión Europea contra varios clubes españoles que acabó, en julio de 2016, con la obligación de devolución de ayudas consideradas ilegales), la regulación de ayudas de estado sólo afecta a ventajas financieras o de otro tipo otorgadas por Estados Miembros de la UE. Por tanto, las normas sobre ayudas estatales no resultan aplicables a inversiones realizadas por países de fuera de la UE, como sería aquí el caso de Qatar.

El segundo de los supuestos es más complicado, puesto que se tiene que entrar a valorar si estas inyecciones económicas contravienen la normativa impuesta por la UEFA en la regulación de la actividad y, en tal caso, si la infracción de esa regulación puede reputarse como desleal. Aquí encontramos diferencias entre el fútbol profesional y otros mercados no regulados, puesto que las empresas -clubes- tienen que someterse a unas reglas propias sobre sus fuentes de financiación.

Conviene recordar que la Ley de Competencia Desleal (“LCD”) tacha de desleal la obtención de ventajas competitivas como consecuencia de la “infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. Por tanto, la clave principal es determinar si el FFP es una “norma jurídica reguladora de la actividad concurrencial”, cuya infracción otorgase una ventaja competitiva a los clubes infractores.

El Tribunal Supremo establece que “lo importante es el contenido de la norma -y no su forma-. Lo determinante es que tenga por «objeto» la regulación de la actividad comercial”. Por tanto, debe determinarse si el FFP de la UEFA, tiene la finalidad de regular la actividad comercial de los clubes.

El propio reglamento de la UEFA (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations) señala que la finalidad del FFP es establecer los criterios que deben cumplir los clubes para acceder a las competiciones organizadas por la UEFA, esto es, al mercado del fútbol profesional europeo. No cabe dudar que este reglamento tiene como objetivo la “regulación de la actividad concurrencial”, más aún cuando la UEFA es la única entidad con capacidad para desarrollar e implementar la regulación de este mercado.

A pesar del carácter privado de estas reglas de la UEFA, regulan la actividad de los equipos de fútbol europeos incluidos en las Asociaciones adheridas a la misma. De hecho, no existe otra regulación de la actividad concurrencial de las empresas -clubes- que realizan esta actividad.

Una vez sentado esto (no exento de matización), tocaría abordar la posibilidad de que ciertas inyecciones de capital de fondos soberanos infrinjan el FFP. En concreto, se cuestiona la legitimidad de inyecciones de capital (por lo que ya fue sancionado el PSG en 2014), que adoptan la forma de acuerdos de patrocinio, para cuadrar el balance de los clubes y cumplir con los límites máximos de endeudamiento, fijados en 30 millones € en tres anualidades. Es decir, lo que de forma fáctica son inyecciones de capital de los dueños de los clubes, se esconderían tras contratos de patrocinio artificiosos.

El juez nacional determinará en cada caso si existe una infracción de la normativa interna. No obstante, la jurisprudencia señala que en supuestos donde la fijación de este extremo sea dudosa y no existan resoluciones previas, los pronunciamientos deben ser prudentes.

Por ello, de cara a iniciar acciones, convendría que la propia UEFA investigase si las prácticas financieras de los clubes cumplen su FFP. Si el órgano de la UEFA encargado de velar por el cumplimiento del FFP (UEFA Club Financial Control Body) entendiese que se produjo una infracción, el juez nacional contaría con una base argumental sólida en la que pueda apoyar su pronunciamiento.

Por tanto, para que la jurisdicción ordinaria nacional pueda entrar a conocer de estos asuntos es necesario: primero que el FFP se califique como una “norma jurídica” que regula una actividad económica en el sentido de la LCD y, segundo, que se determine si las formas de financiar los grandes fichajes utilizadas en el presente caso incumplen el FFP.

Fuera de este recurso, insólito hasta la fecha y, como vimos, matizable, también podrían considerarse los efectos del eventual incumplimiento por la UEFA de sus tareas de control de los reglamentos. La UEFA, confederación europea de asociaciones nacionales de fútbol, es, en sí misma o conjuntamente con las asociaciones nacionales, la única entidad reguladora del fútbol profesional a nivel europeo. Basándonos en la jurisprudencia europea que aplica la normativa sobre abuso de posición de dominio a las asociaciones de Derecho privado que organizan competiciones deportivas (asunto Motoe), podría entenderse que la UEFA ocupa una posición de dominio (individual o conjuntamente con las asociaciones nacionales) en el mercado de la organización de campeonatos deportivos de fútbol profesional a nivel paneuropeo y en la fijación de sus criterios de acceso.

De acuerdo con la normativa de competencia, las entidades que ostentan una posición de dominio tienen que comportarse de forma no abusiva. Una forma de abuso es el caso de la discriminación. Sería abusivo que la UEFA no aplicase las reglas del FFP concediendo ventajas a unas empresas -clubes- por delante de otras.

Todavía no se sabe cuál será el camino que utilizará la LFP para justificar su negativa al depósito de la cantidad correspondiente a la cláusula de resolución unilateral o si finalmente deciden no actuar, pero todo hace prever que este apasionante tema dará mucho de qué hablar en el corto y medio plazo.

Patricia Liñán y Daniel Arribas son socia y asociado de CMS Albiñana & Suarez de Lezo

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