Una abogada, cómplice de la sustracción de menores cometida por su cliente | Legal

La relación entre un cliente y un abogado puede acabar en condena para este último si se involucra demasiado. Esto es lo que ha ocurrido a una abogada, que ha sido condenada en concepto de cómplice de su cliente en dos delitos de sustracción de menores. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Lugo ha impuesto a la madre de los niños la pena de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad por mantener a sus hijos casi 2 años ocultos de su padre. Y a la abogada, a una pena de un año de prisión. Sin embargo, a ambas les han sido aplicadas las atenuantes de anomalía o alteración psíquica. A la primera por un trastorno adaptativo y de fabulación y, a la segunda, por un trastorno bipolar, sin afectación en ninguno de los dos casos a su capacidad de comprender la ilicitud de sus actos.

En la sentencia se narra cómo la acusada, con la finalidad de alterar el régimen de custodia legalmente establecido y conociendo perfectamente las resoluciones judiciales que la obligaban a entregar a sus hijos al padre, los ocultó para evitar su cumplimiento, sin dar a conocer su paradero durante dos años en una vivienda en Ribadeo.

Respecto a la conducta de la abogada, su relación excedía de la meramente profesional. Especifica la sentencia que no se limitaba a informarle de aspectos legales, sino que participaba de forma muy activa en las decisiones de la acusada, ayudándola a escapar de la búsqueda policial. Tal intervención no es calificada como inducción porque esta requiere una influencia sobre alguien que previamente no está decidido a cometer la infracción, además de que la incitación debe ser lo suficientemente intensa como para mover al inducido a ejecutar el hecho. Sin embargo sí cabe apreciar la complicidad, forma de participación accidental y que no afecta al delito cometido, que se da cuando entre la conducta del cómplice y la ejecución del delito existe una aportación que, aunque no sea necesaria, facilite la realización del delito por parte del autor principal, es decir, la madre. Así, el dolo del cómplice

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Tras cinco años de proceso judicial, desiste a una semana del juicio y le sale gratis | Legal

Si tras cinco años esperando a que se celebre el juicio, la acusación decide desistir y no perseguir sus pretensiones, no tiene que cargar con las costas del proceso. Al menos esto es lo que establece una reciente sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en un controvertido caso juzgado a finales de abril.

Una mujer, que había sufrido lesiones durante una persecución policial en Valencia, acusó a uno de los policías locales por las lesiones sufridas tras caer por un terraplén. Con el parte de lesiones en la mano y un informe forense en el que se explicaba el origen de estas, decidió proceder penalmente contra el agente. Tras cinco años y a solo una semana de que se celebrase la vista de juicio oral, la mujer decidió desistir y el policía fue absuelto.

El problema surge cuando condenan en costas a la mujer por uso temerario del proceso penal, cuestión que es objeto de recurso de casación interpuesto por su defensa. Según dicha defensa, al presentar el desistimiento el Juzgado de Primera Instancia debería haber dictado un auto de sobreseimiento de manera directa, sin necesidad de mantener el señalamiento para el juicio.

Para poder imputar el pago de las costas a una acusación particular que ha desistido de dicha acusación, se tiene que apreciar temeridad o mala fe en sus actos, es decir, que desista porque quiere con ello conseguir trastocar el normal desarrollo del proceso penal para obtener algo con ello. Sin embargo, las razones de la mujer radican en una cuestión puramente económica, ya que alega no poder hacer frente al coste de continuar con el procedimiento, además de resultarle imposible trasladarse desde su actual lugar de residencia, en Cádiz, hasta Valencia.

Entiende el Supremo que no puede apreciarse el ejercicio temerario del proceso que alegó el juez en primera instancia y que confirmó la Audiencia, ya que la acusación particular, que tenía suficientes pruebas para ganar el juicio, desiste por razones económicas, que si bien no fueron del todo justificadas, explican el cambio de postura. Para el alto tribunal esto es causa suficiente para no apreciar en el desistimiento mala fe ni temeridad por parte de la mujer y, por tanto, para no condenarle al pago de las costas procesales, por más que presentase el escrito solo una semana antes del juicio.

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