Grecia combatirá el fraude fiscal con una lotería | Mercados

El Gobiero griego ha lanzado un sistema de lotería mundial en el que participarán todas las personas que hagan sus pagos mediante tarjeta. Esta medida tiene como objetivo reducir la evasión fiscal.

El sorteo se celebrará al final de cada mes y en él participarán todos los pagos mediante tarjeta de consumidores mayores de edad que dispongan de un código de identificación fiscal, según la información proporcionada por el ministerio de Finanzas. La lotería distribuirá cada mes 1.000 premios de 1.000 euros cada uno, que serán transferidos a las cuentas bancarias de los ganadores. Según el comunicado, los premios no estarán sujetos al impuesto sobre la renta, ni tampoco pueden ser confiscados por deudas del ganador con Hacienda o con la seguridad social.

Grecia era uno de los países europeos con menor uso de tarjetas bancarias hasta la implantación del control de capitales en julio de 2015. Según datos de Mastercard de junio pasado, a partir de entonces su uso subió exponencialmente, y los pagos por tarjeta pasaron del 6% del consumo total en 2014 al 13% en 2016, aunque sigue siendo inferior a la media europa (40%).

Este incremento tuvo un efecto inmediato en las arcas del Estado, cuyos ingresos por IVA aumentaron en más de un 10% en 2016, según el Banco de Grecia- Sin embargo, esta medida no fue suficiente, pues muchos comerciantes ofrecen a sus clientes rebajas su pagan efectivo. Según cálculos del Ministerio de Finanzas, la economía sumergida mueve cifras que suman en torno al 25% del PIB:

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El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA | Mercados

España ha reducido a la mitad las pérdidas en la recaudación del IVA hasta 2.503 millones de euros en 2015, según un informe publicado este jueves por la Comisión Europea. Solo cuatro años antes, a Hacienda se le escapaban 8.622 millones, el 13% de la recaudación potencial como consecuencia del fraude, la evasión, las bancarrotas o los errores de cálculos. El agujero se ha reducido ahora al 3,52%. Además, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha logrado aumentar la recaudación un 8% en 2015 hasta recaudar más de 68.000 millones de euros. Tres puntos de la mejora se explican por la ampliación de la base imponible y cinco puntos por la mayor eficiencia.

El informe anual encargado por la Comisión Europea intenta calibrar en cada país de la UE la diferencia entre el potencial de recaudación del IVA y los ingresos finales. En 2015, las pérdidas del conjunto del club europeo se redujeron en 8.700 millones de euros. Pero el sistema sigue presentando un agujero descomunal de 151.500 millones de euros, equivalente al presupuesto de la UE para todo un ejercicio.

“Los Estados miembros no pueden aceptar unas pérdidas tan impactantes”, señala el comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici. Los estudios que maneja la Comisión indican que el 36% de la hemorragia se debe al fraude, propiciado por un sistema de recaudación ideado hace cinco décadas y que apenas se ha modernizado en el último cuarto de siglo.

El país con más exenciones

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (en base a la legislación actual) de 71.092 millones de euros. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos.

España encabeza el ránking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

¿Cómo se explica que España dejará de recaudar 8.622 millones en 2011 y ahora solo 2.503 millones? La realidad es que no existe una respuesta clara a esta pregunta y ello es una de las debilidades de estos informes anuales que realiza la Comisión Europea. Se trata de un estudio que gira en torno a la idea de la recaudación potencial del IVA, una cifra que es una mera estimación que se obtiene tras cruzar multitud de variables y que contiene un elevado grado de incertidumbre.

De hecho, la Comisión Europea corrige sus propios datos. En la edición de 2015, Bruselas señaló que en el año 2011, España dejó de ingresar 11.773 millones. En la edición publicada ayer, la pérdida recaudatoria de 2011 se había reducido a 8.622 millones. Ello refleja que los datos deben tomarse con cierta cautela y distancia.

Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que calculan un dato alternativo que reduce la pérdida de ingresos por IVA a más de la mitad. Según los números de Hacienda, a España se le escapan 1.120 millones al año, menos de la mitad de lo que apunta la Comisión Europea. La Agencia Tributaria señala que no existe polémica alguna con Bruselas, ya que ambas cifras proceden de sus cuentas.

El dato alternativo que ofrece la Agencia Tributaria consiste en tomar como referencia el IVA en términos de devengo en lugar de utilizar el criterio de Contabilidad Nacional. También se corrige el IVApor inversión en vivienda para ajustarlo al hecho imponible. Se trata de dos factores técnicos que explican que la pérdida recaudatoria sea inferior.

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (basándose en la legislación actual) de 71.092 millones. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos. España encabeza el ranking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

Moscovici tiene previsto presentar próximamente una drástica reforma del IVA. El principal cambio será la unificación del tratamiento de las ventas nacionales y transfronterizas. El nuevo modelo abolirá la exención de IVA en las exportaciones intracomunitarias. El país de origen de la mercancía o el servicio cargará el IVA al tipo vigente en el país de destino y le trasladará el ingreso. La nueva fórmula pretende erradicar el llamado fraude del carrusel que aprovecha el comercio transfronterizo para defraudar cientos de miles de millones de euros. “Si bien la Comisión está apoyando los esfuerzos por mejorar la recaudación fiscal en toda la UE, las normas vigentes datan de 1993 y han quedado obsoletas. Vamos a proponer en breve una revisión de la normativa del IVA sobre las ventas transfronterizas. Nuestra reforma contribuirá a reducir el fraude del IVA transfronterizo en un 80% y devolverá un dinero muy necesario a las arcas de los Estados miembros”, señaló Moscovici.

Bruselas considera imprescindible mejorar la efectividad de un impuesto que supone una de las principales fuentes de ingresos de las haciendas europeas, con una recaudación total cercana al billón de euros, según datos de 2014.

Grecia sigue a la baja

Grecia, bajo presión de la troika, ha elevado el tipo estándar del IVA al 23%, por encima del de Alemania (19%), Francia (19,5%) o España (21%). Pero la recaudación potencial, tras siete años de rescate, sigue sin despegar y la efectividad del sistema tampoco mejora.

En 2015, a raíz del tercer rescate, se elevaron los tipos del IVA de varios bienes y servicios, incluidos los de algunos alimentos. Cinco islas del país, además, perdieron el 30% de rebaja del IVA que disfrutaban hasta entonces.

El efecto ha sido mínimo, según el informe publicado por la CE este jueves. La recaudación potencial se ha incrementado en 1.000 millones de euros hasta 17.964 millones. Pero como consecuencia del deterioro económico sufrido, sigue muy por debajo de los 22.600 millones potenciales de 2011.

El impacto en la recaudación real ha sido aún menor, pues en 2015 solo aumentó en 200 millones de euros, hasta 12.885 milones. Como consecuencia, el agujero entre recaudación potencial y real ha aumentado y asciende ya al 28%, más del doble que la media europea (12,77%) y muy por encima de las pérdidas registradas en España en el mismo ejercicio (3,52%).

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital” | Compañías

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe
de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que “no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad”.

Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil” no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el “descrédito y la desconfianza” que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas “potencialmente perjudicados”.

El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, par hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.

Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como
la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.

No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.

Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella “abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular”. “Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnates inversores”, ha explicado.

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Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular | Compañías

La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.

La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.

En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.

Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.

Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.

Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.

Otros frentes de la batalla judicial

Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados. 

Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.

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Llevar asuntos ante la Seguridad Social no es tarea exclusiva de los graduados sociales | Legal

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura denunció por un delito de intrusismo profesional, del artículo 403 del Código penal, a un hombre, titulado como Experto universitario en Derecho Tributario y Experto universitario en Asesoría Laboral de Empresa, que prestaba los servicios a particulares y empresas de elaboración de contratos de trabajo, nóminas, seguros sociales o inscripción de empresas y de altas y bajas en la Seguridad Social y representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el Colegio de Graduados Sociales la formación de este profesional no le habilitaba para realizar estas funciones ya que según indicaron, estas materias son competencias de los Graduados Sociales conforme a sus Estatutos aprobados por el Real Decreto 1415/2006 de 1 de diciembre de 2006. La sentencia de la Audiencia Provincial Las Palmas puso el acento en analizar si existía o no exclusividad en esas funciones. En primer lugar, consideró que el marco regulatorio de los Graduados Sociales no describe sus funciones de manera exhaustiva, y además la norma especifica que pueden ejercer “otras funciones técnicas propias o exclusivas de su título análogas”, dejando abierto el listado de sus competencias.

En consecuencia, dado el carácter amplio, genérico y abierto de las funciones propias de los graduados sociales, los actos realizados por el acusado no requerían una concreta capacitación y, por lo tanto, su ausencia no justifica que se esté cometiendo un delito de intrusismo profesional.

De manera que los servicios prestados no eran exclusivos ni estaban reservados a los graduados sociales. Además, según se indica en la sentencia, podrían enmarcarse como actos de gestión administrativa que el propio interesado, ya sea personal de la empresa o el particular demandante del servicio, podrían realizar sin necesidad de una titulación o unas aptitudes especiales que justifiquen la intervención de un graduado social. Es por todo ello, que el tribunal confirmó el fallo del juzgado de lo penal que absolvió al acusado.

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La Audiencia libra del banquillo a los supervisores en el ‘caso Bankia’ | Compañías

El caso Bankia se juzgará sin los supervisores sentados en el banquillo de los acusados. Así lo ha ratificado este viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver uno de los recursos presentados por la acusación popular, según confirman fuentes conocedoras de la decisión judicial.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, había solicitado incluir entre los acusados a los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia.

La Audiencia Nacional ya les había dado la razón durante la instrucción de la causa, en contra del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón, obligando a citar como investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores.

En esta ocasión, sin embargo, la Audiencia Nacional avala la posición de juez y fiscal de no procesarles por la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad que acabo requiriendo el mayor rescate de España.

La decisión del tribunal libra del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernandez Ordóñezo al expresidente de la CNMV Julio Segura entre otros. En concreto, exime al exnúmero dos de la CNMV Fernando Restoy, así como a los cargos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

Su papel de vigilantes del proceso quedó en entredicho durante la investigación judicial al aparecer unos correos del inspector del Banco de España responsable de Bankia en los que advertía a sus superiores de que sacar la entidad al parqué podía suponer el primer paso para su nacionalización.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han manifestado los representantes del colectivo 15MparaRato, personados en la causa, al conocer la decisión.

Voto particular en contra

El auto de la Audiencia Nacional, en todo caso, contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría de magistrados puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado, dice.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri en el voto particular.

Se juzgará a Deloitte 

Por otra parte, la Audiencia Nacional revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez instructor exoneró previamente a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma respecto a Deloitte. Sin embargo, la Sala de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte, “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica

En otro auto, los jueces confirman la responsabilidad penal del exministro Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, por su “participación relevante” en la salida a Bolsa y del exconsejero de OHL y de Bankia Javier López Madrid.

El tribunal también rechazó los recursos de los exconsejeros Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Alberto González y José Manuel Serra, que en los próximos meses se sentarán en un banquillo de más de 30 acusados con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a la cabeza.

La acusación popular recurrirá la decisión ante el Supremo

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular del caso Bankia que había solicitado sentar en el banquillo a los responsables de supervisión del Banco de España y la CNMV, consideran que la decisión de la Audiencia Nacional del librarles del banquillo es “un escándalo y un despropósito jurídico”, en palabras de su representante legal, el abogado Andrés Herzog.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, no entiende el “sorpredente cambio de criterio de la Audiencia Nacional”, que durante la fase de instrucción sí que rebatió al juez y obligó a citar como investigados a los responsables de supervisión de Bankia por el escándalo de su salida a Bolsa.

“España no puede permitirse un juicio del caso Bankia sin la presencia de dos de sus máximos responsables, el Banco de España, la CNMV”, ha expuesto Postigo avanzando que la CIC prevé presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y llegar al Tribunal de Justicia de la UE si es necesario, para sentar en el banquillo a los supervisores financieros.

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El lunes arranca el macrojuicio por la estafa de Forum Filatélico | Compañías

El lunes 18 de septiembre, la Audiencia Nacional comenzará a hacer justicia en la macroestafa que supuso el caso Forúm Filatélico. En concreto se sentará en el banquillo el lider de la trama delicitva Francisco Briones junto a otros 28 imputados. 

Los hechos se remontan a hace once años cuando la intervención de la sociedad, centrada en la captación de ahorro de particulares para la inversión en sellos destapó una fraude superior a 3.700 millones de euros y más de 260.000 ahorradores afectados. El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de diciembre.

La asociación de defensa de los pequeños inversores ADICAE pide  para la treintena de acusados penas que suman en su conjunto los 195 años y multas millonarias por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y otros delitos.

En definitiva asegura Adicae, Forum Filatélico era “una empresa cuyo único objetivo consistía en captar fondos mediante contratos de inversión que ofrecían rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal, gracias a la absoluta falta de regulación y control por parte de las diferentes administraciones públicas”.

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Kaspersky, dispuesto a testificar ante los legisladores de EE UU tras el veto a su empresa de ciberseguridad | Compañías

El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos ordenó este miércoles a las agencias del Gobierno retirar los productos de la empresa de seguridad rusa Kasperksy Lab de sus sistemas informáticos. ¿La razón? La preocupación de que la empresa de ciberseguridad pueda filtrar información al Kremlin.

El equipo de Donald Trump presentó una directriz en la que ordena a las agencias del Gobierno a que identifiquen los productos de Kaspersky Lab de sus sistemas informáticos en un máximo de 30 días, desarrollen planes para cancelarlos en los próximos 60 y los eliminen durante el mes siguiente. “El departamento está preocupado por las relaciones existentes entre algunos funcionarios de Kaspersky, la Inteligencia rusa y otras agencias del Gobierno, además de que la legislación rusa permite que las agencias de Inteligencia del país soliciten ayuda de Kaspersky para interceptar información”, indicó el organismo en un comunicado.

Aunque la empresa de seguridad inicialmente no comentó la noticia, su fundador y presidente ejecutivo Eugene Kaspersky, ha asegurado a Reuters este jueves que acepta la invitación para testificar ante los legisladores estadounidenses, pero que necesita una visa especial para hacerlo. El empresario habría sido invitado a testificar ante un comité de la cámara baja del Congreso estadounidense.

Kaspersky ha negado en múltiples ocasiones las acusaciones de que es un peón del Kremlin o que realiza espionaje en nombre de cualquier gobierno ruso. “Son acusaciones falsas e infundadas”, defiende. El directivo recuerda que su compañía, con sede en Moscú, ha sido acusada de espionaje durante varios años “sin fundamento” y sin prueba alguna de que haya cometido algún acto ilícito.

“Me he ofrecido en repetidas ocasiones a reunirme con funcionarios del Gobierno de EE UU y testificar ante el congreso de este país. Incluso proporcionar el código fuente de la empresa para que pueda auditarse”, insistió a Reuters.

Tras la noticia, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha cuestionado la honestidad de la competencia comercial de EEUU tras el veto emitido por el Departamento de Seguridad Nacional hacia la empresa Kaspersky Lab, que cuenta con presencia en 200 países.

La Embajada de Rusia en EEUU también ha reaccionado y ha publicado un comunicado en su web donde asegura que la decisión de las autoridades estadounidenses retrasa las perspectivas de restablecer la cooperación entre Moscú y Washington, incluyendo la lucha contra el terrorismo.

Kaspersky Lab no es la única empresa acusada de espionaje por las autoridades estadounidenses. La china Huawei, por ejemplo, también sufrió durante varios años acusaciones en este sentido, aunque en su caso hacia el gobierno chino. Curiosamente, The New York Times y la revista alemana Der Spiegel informaron en 2014, citando documentos filtrados por Edward Snowden, que la NSA había vigilado las comunicaciones de Huawei, uno de los principales fabricantes de móviles del mundo y de infraestructuras de internet.

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