El Gobierno rebaja al 2,3% su previsión de déficit público para 2018 | Mi dinero

El Gobierno estima que el déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas se situará en el 2,3% del PIB a finales de 2018, lo que supone una décima más de lo acordado con la Comisión Europea (2,2%). Así lo recoge el Plan Presupuestario 2018, remitido este lunes por el Gobierno a Bruselas ante la imposibilidad de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la inestabilidad política generada por la deriva independentista en Cataluña.

El Ejecutivo había pactado con Bruselas un déficit del 3,1% del PIB este año, objetivo que asegura se va a cumplir; y del 2,2% en 2018, aunque la previsión que tiene ahora el Gobierno es de que será una décima superior y se situará en el 2,3%. La décima de desviación se adjudica a la administración central, que tendrá un déficit del 0,8% frente al 0,7% estimado. Mientras, se mantiene el déficit del 0,4% en las comunidades autónomas y del 1,1% en la Seguridad Social. El Gobierno indica que “de acuerdo con los últimos datos de recaudación y de ejecución presupuestaria disponibles, España tiene garantizado el cumplimiento, si cabe con menor riesgo, del objetivo de déficit público de 2017, fijado en el 3,1% del PIB”. “Esto nos sitúa en una buena posición de partida”, explica el Ejecutivo, aunque agrega que “la proyección bajo la hipótesis de política constante, junto con la ralentización del crecimiento económico real previsto para 2018, sitúa la estimación del déficit para 2018 en el 2,3%”.

“Es el resultado automático de proyectar el déficit de las administraciones públicas de 2017, una vez se descuenta la mejora cíclica estimadapara 2018”, se expone en el documento enviado a la Comisión. Según el texto, la previsión de déficit para 2018 es del 2,3% del PIB “en un escenario sin cambio de políticas públicas”, año en el que, en todo caso, España saldrá del Procedimiento por Déficit Excesivo (PDE). “Esta previsión se ha efectuado descontando el impacto del ciclo estimado para 2018 al déficit de las administraciones públicas previsto para 2017. Una vez se presente el Presupuesto del próximo año, se darán a conocer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad en 2018”, se añade.

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Hacienda reduce a la mitad las pérdidas por fraude en el IVA | Mercados

España ha reducido a la mitad las pérdidas en la recaudación del IVA hasta 2.503 millones de euros en 2015, según un informe publicado este jueves por la Comisión Europea. Solo cuatro años antes, a Hacienda se le escapaban 8.622 millones, el 13% de la recaudación potencial como consecuencia del fraude, la evasión, las bancarrotas o los errores de cálculos. El agujero se ha reducido ahora al 3,52%. Además, el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ha logrado aumentar la recaudación un 8% en 2015 hasta recaudar más de 68.000 millones de euros. Tres puntos de la mejora se explican por la ampliación de la base imponible y cinco puntos por la mayor eficiencia.

El informe anual encargado por la Comisión Europea intenta calibrar en cada país de la UE la diferencia entre el potencial de recaudación del IVA y los ingresos finales. En 2015, las pérdidas del conjunto del club europeo se redujeron en 8.700 millones de euros. Pero el sistema sigue presentando un agujero descomunal de 151.500 millones de euros, equivalente al presupuesto de la UE para todo un ejercicio.

“Los Estados miembros no pueden aceptar unas pérdidas tan impactantes”, señala el comisario europeo de Economía y Fiscalidad, Pierre Moscovici. Los estudios que maneja la Comisión indican que el 36% de la hemorragia se debe al fraude, propiciado por un sistema de recaudación ideado hace cinco décadas y que apenas se ha modernizado en el último cuarto de siglo.

El país con más exenciones

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (en base a la legislación actual) de 71.092 millones de euros. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos.

España encabeza el ránking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

¿Cómo se explica que España dejará de recaudar 8.622 millones en 2011 y ahora solo 2.503 millones? La realidad es que no existe una respuesta clara a esta pregunta y ello es una de las debilidades de estos informes anuales que realiza la Comisión Europea. Se trata de un estudio que gira en torno a la idea de la recaudación potencial del IVA, una cifra que es una mera estimación que se obtiene tras cruzar multitud de variables y que contiene un elevado grado de incertidumbre.

De hecho, la Comisión Europea corrige sus propios datos. En la edición de 2015, Bruselas señaló que en el año 2011, España dejó de ingresar 11.773 millones. En la edición publicada ayer, la pérdida recaudatoria de 2011 se había reducido a 8.622 millones. Ello refleja que los datos deben tomarse con cierta cautela y distancia.

Fuentes de la Agencia Tributaria señalaron que calculan un dato alternativo que reduce la pérdida de ingresos por IVA a más de la mitad. Según los números de Hacienda, a España se le escapan 1.120 millones al año, menos de la mitad de lo que apunta la Comisión Europea. La Agencia Tributaria señala que no existe polémica alguna con Bruselas, ya que ambas cifras proceden de sus cuentas.

El dato alternativo que ofrece la Agencia Tributaria consiste en tomar como referencia el IVA en términos de devengo en lugar de utilizar el criterio de Contabilidad Nacional. También se corrige el IVApor inversión en vivienda para ajustarlo al hecho imponible. Se trata de dos factores técnicos que explican que la pérdida recaudatoria sea inferior.

España recaudó 68.589 millones de euros en 2014 sobre un potencial (basándose en la legislación actual) de 71.092 millones. Pero el informe de la Comisión, elaborado por el centro de estudios CASE de Varsovia, calcula que el IVA aplicado en España apenas genera el 41% de la recaudación que podría lograr sin exenciones ni tipos reducidos. España encabeza el ranking de impacto de las exenciones que equivalen al 44% de la recaudación total posible, por encima de la media europea del 35%.

Moscovici tiene previsto presentar próximamente una drástica reforma del IVA. El principal cambio será la unificación del tratamiento de las ventas nacionales y transfronterizas. El nuevo modelo abolirá la exención de IVA en las exportaciones intracomunitarias. El país de origen de la mercancía o el servicio cargará el IVA al tipo vigente en el país de destino y le trasladará el ingreso. La nueva fórmula pretende erradicar el llamado fraude del carrusel que aprovecha el comercio transfronterizo para defraudar cientos de miles de millones de euros. “Si bien la Comisión está apoyando los esfuerzos por mejorar la recaudación fiscal en toda la UE, las normas vigentes datan de 1993 y han quedado obsoletas. Vamos a proponer en breve una revisión de la normativa del IVA sobre las ventas transfronterizas. Nuestra reforma contribuirá a reducir el fraude del IVA transfronterizo en un 80% y devolverá un dinero muy necesario a las arcas de los Estados miembros”, señaló Moscovici.

Bruselas considera imprescindible mejorar la efectividad de un impuesto que supone una de las principales fuentes de ingresos de las haciendas europeas, con una recaudación total cercana al billón de euros, según datos de 2014.

Grecia sigue a la baja

Grecia, bajo presión de la troika, ha elevado el tipo estándar del IVA al 23%, por encima del de Alemania (19%), Francia (19,5%) o España (21%). Pero la recaudación potencial, tras siete años de rescate, sigue sin despegar y la efectividad del sistema tampoco mejora.

En 2015, a raíz del tercer rescate, se elevaron los tipos del IVA de varios bienes y servicios, incluidos los de algunos alimentos. Cinco islas del país, además, perdieron el 30% de rebaja del IVA que disfrutaban hasta entonces.

El efecto ha sido mínimo, según el informe publicado por la CE este jueves. La recaudación potencial se ha incrementado en 1.000 millones de euros hasta 17.964 millones. Pero como consecuencia del deterioro económico sufrido, sigue muy por debajo de los 22.600 millones potenciales de 2011.

El impacto en la recaudación real ha sido aún menor, pues en 2015 solo aumentó en 200 millones de euros, hasta 12.885 milones. Como consecuencia, el agujero entre recaudación potencial y real ha aumentado y asciende ya al 28%, más del doble que la media europea (12,77%) y muy por encima de las pérdidas registradas en España en el mismo ejercicio (3,52%).

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El Gobierno prorrogar el presupuesto y prev aprobar el de 2018 en enero | Espaa Home

El Gobierno admite que no puede presentar los presupuestos

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El Govern presentar un recurso para suspender la intervencin de sus cuentas | Catalua Home

El vicepresidente del Gover, Oriol Junqueras, ayer en Barcelona.
El vicepresidente del Gover, Oriol Junqueras, ayer en Barcelona.

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Referéndum Cataluña: Montoro: “Ni un euro irá a pagar una actividad ilegal” | Mi dinero

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el paquete de medidas extraordinarias impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como respuesta al último desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña, que el jueves anunció que dejaría de dar cuenta de sus gastos.

Hacienda venía exigiendo desde julio un informe semanal de los gastos aprobados por el Govern para ir liberando los fondos destinados a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fin de evitar que recursos públicos fueran destinados a la organización del pretendido referéndum independentista previsto para el 1 de Octubre, que el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso.

En respuesta, como adelantó este diario, Hacienda ha puesto en marcha medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permiten tomar el control de facto de la financiación autonómica.

“Hemos aprobado un novedoso sistema de pagos por los que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”, ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizando que “no completamente, pero sí en su mayoría”.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, ha dicho Montoro, garantizando que Hacienda se cerciorará de que los fondos públicos que van a parar a la comunidad autónoma no sirvan para sufragar la consulta soberanista.

Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno eleva un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dándole 48 horas para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que si no firma, será el Gobierno quien aplique. Es decir, el pago de nóminas y servicios públicos fundamentales serán asumidos por Hacienda en cualquier caso, pero el Govern tiene dos días para entregar el resto de facturas pendientes si pretenden que el Estado las cubra.

A partir de ahí, será la administración central quien supervise directamente el pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma y apruebe los distintos gastos que se deban afrontar siempre exigiendo la debida justificación, ha explicado el ministro. Montoro ha aclarado que lo que el Estado pasará a controlar son unos 1.400 millones de euros al mes en gastos de Cataluña.

Montoro, eso sí, ha admitido que el Estado no entrará en los recursos propios que obtiene la comunidad por los impuestos regionales, que serían de unos 250 millones al mes. 

El Estado pagará hasta las nóminas

“Significa que el Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas. Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha explicado, avanzando que este nuevo marco operará “mientras se sigan negándose a cumplir la ley”. “Con esa negación a cumplir la ley son ellos los que ponen en riesgo las prestaciones de servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos de dependencia”, ha aseverado.

Montoro ha sostenido que “es imposible” que Puigdemont no cumpla, alegando que “por no cumplir, ¿nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, la protección” de la ciudadanía?, se ha preguntado.

El ministro de Hacienda ha admitido que la legislación que se aplica es excepcional, es la primera vez que se aplica y que es una palanca previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar la autonomía a la comunidad.

Denuncia a la Fiscalía

Montoro ha avanzado que la negativa del vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a informar a Hacienda de los gatos de la Comunidad Autónoma ha sido remitida a la Fiscalía.

El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat bajo prescripción de la Abogacía del Estado ante alguien que no cumple con sus responsabilidades con la justificación, ha aclarado Montoro, advirtiendo que “cualquier funcionario que recibe una orden de un superior que es una ilegalidad está sujeto a consecuencias del incumplimiento de la ley”. “El superior está colocado fuera de la legalidad, no, lo siguiente”, ha puntualizado Montoro sobre Junqueras, que fue quien ordenó a la interventora dejar de dar cuentas al Estado.

“Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a una actividad ilegal. Pero tampoco privado. No puede haber ningún privado que lo haga. Un referéndum ilegal no puede tener financiación, sea pública o privada”, ha advertido Montoro. “Ni un euro de los catalanes irá a pagar un referéndum ilegal”, ha remachado el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”

 “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, adivirtió el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán celebrada en Barcelona horas después del Consejo de Ministros que aprobó arrebatar a Cataluña su soberanía financiera. Rajoy se mostró orgulloso de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya facilitado 69.000 millones de euros para atender los vencimientos de deuda y el pago a proveedores de la región, pero advirtió que “si en 48 horas no hay cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”. “El Estado va a seguir actuando porque es su obligación”, expuso, asegurando que los funcionarios catalanes seguirán cobrando. Más allá, Rajoy felicito a la Guardia Civil por haber requisado 100.000 carteles de propaganda a favor del referéndum.

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Referédum Cataluña: ¿Y ahora qué?: ¿Cómo cobrarán los funcionarios catalanes? | Mi dinero

Cristóbal Montoro ha anunciado hoy, al término del Consejo de Ministros, la decisión de exigir a la Generalitat un acuerdo que congele los pagos de la Generalitat a funcionarios y proveedores, después del rechazo del Govern a informar semanalmente de los gastos.

¿Qué ha anunciado hoy el Gobierno?

Ha exigido a la Generalitat que firme un decreto de no disponibilidad presupuestaria que ceda a Hacienda el control de los pagos de la autonomía, y garantizar así que no se destinen fondos a la celebración del referéndum. Hacienda se hace cargo así del pago de nóminas y de los servicios públicos fundamentales de la comunidad y da 48 horas (desde la publicación del acuerdo en el BOE) al Govern para aceptar el acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat, y presentar el resto de facturas pendientes, o negarse y dejarlas sin pagar.

¿Qué significa eso?

Se trata de un control directo de pagos por parte de la administración central. El Ministerio de Hacienda se encargaría de pagar directamente a los proveedores de la Generalitat y las nóminas de los empleados. Para realizar este pago se usarían fondos que en condiciones normales se transfieren periódicamente a la Generalitat.

¿Por qué se ha tomado esta medida?

Por la negativa del Govern a informar semanalmente de los gastos, medida exigida por Hacienda para garantizar que no se use dinero público para un referéndum declarado ilegal por la Justicia.

¿A cuánto dinero ascienden estos fondos?

Cristóbal Montoro ha asegurado que las transferencias a la Generalitat suponen 1.400 millones de euros cada mes.

¿Supone intervenir todas las cuentas de la Generalitat?

No, dado que algunos tributos, como por ejemplo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tienen recaudación y gestión autonómica. El Govern aún tendría fondos a su disposición.

Entonces, ¿la Generalitat podría pagar a sus funcionarios?

No a todos, dado que la recaudación autonómica es del todo insuficiente para realizar los abonos. Montoro calcula en 250 millones mensuales los recursos propios de la Hacienda catalana.

¿Y cómo cobrarían los funcionarios catalanes la nómina de septiembre?

El Estado solicitará al Govern la justificación de los pagos pendientes de realizar, y será Hacienda el que los ejecute, si la Generalitat le remite la información necesaria.

Entonces, ¿no podrán comprar urnas?

No con los 1.400 millones procedentes del Estado, pero sí con los 250 de recursos propios. El Gobierno ha advertido, no obstante, que pondría en manos de la fiscalía el uso de fondos para el referéndum. Es posible, además, que las urnas ya hayan sido adquiridas escapando al control de Hacienda.

¿En qué normativa se ampara la medida?

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el incumplimiento de los objetivos presupuestarios faculta a Hacienda a tomar medidas “preventivas, correctivas y coercitivas” sobre las cuentas autonómicas. Cataluña ha incumplido objetivos y ha rechazado facilitar información al Gobierno, por lo que Hacienda considera que está habilitada para la intervención. No obstante, numerosas autonomías han incumplido objetivos. Aunque es la primera vez que se toma una medida tan drástica, tampoco ninguna había rechazado anteriormente informar al Estado de sus gastos.

¿Es una intervención definitiva?

No, el Ejecutivo ha anunciado la intervención de forma indefinida, mientras se dé la “circunstancia excepcional” de la negativa a enviar información a Hacienda.

¿Qué más pasos puede dar el Estado?

La ley contempla que en el caso de que la autonomía incumpla las exigencias excepcionales aplicadas, se active el artículo 155 de la Constitución para la ejecución forzosa de dichas medidas. Se da la circunstancia de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada con votos de CiU.

¿Qué puede hacer la Generalitat?

Más allá de las acciones legales que considere, tiene tres escenarios. Uno es acatar la obligación de remitir información semanalmente, lo que supondría la retirada de las medidas de excepción aprobadas este viernes. Otro, aceptar el decreto de no disponibilidad de gasto y ceder a Hacienda el control de sus cuentas facilitándole las facturas pendientes. El tercer escenario sería rechazar el decreto de no disponibilidad, en cuyo caso los efectos prácticos serían los mismos: el control estatal de las cuentas, pero incurriendo en el impago de los servicios no fundamentales. Si la Generalitat rechaza facilitar al Estado la información necesaria eso complicará algunos abonos clave. El pago a proveedores sería más sencillo de realizar dado que Hacienda tiene en sus manos las facturas hasta ahora enviadas por éstos, dentro del Fondo de Liquidez Autonómicas.

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Montoro contradice al Banco de España y asegura que se recuperarán más ayudas a la banca | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha opinado que se recuperará más del rescate a la banca de lo que prevé el Banco de España, que este jueves daba por perdido más del 80% del importe de las ayudas.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Zaragoza,ha indicado que las previsiones de la institución “deben servir para estimular” y que se consiga “mucho más”. Ha apuntado que, desde el Gobierno, no se conformarán con “semejantes devoluciones”.

Montoro ha defendido que, de no haberse ayudado a la banca, el sistema habría quebrado y arrastrado no sólo a los inversores, sino también a los depositantes, creándose “un auténtico caos”. No obstante, ha asegurado que se va a tratar de maximizar la recuperación del dinero público.

“Todos mis respetos a esas previsiones, pero no son más que otras cualesquiera y estoy seguro de que vamos a tratar de superarlas como estamos siendo capaces de superar las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo en toda España”, ha concluido.

El Banco de España cifró en 10.402 millones de euros el importe recuperable a finales de 2016 de las ayudas públicas comprometidas a la banca en diversas formas de capital desde 2009, lo que supone el 19,14% del total.

Según los datos actualizados del organismo que lidera Luis María
Linde, estas ayudas ascendieron a 54.353 millones de euros, aportados
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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Montoro amenaza con acciones penales a quien pague a la Hacienda catalana | Mercados

El Ministerio de Hacienda ha recordado hoy el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y ha advertido de que hacerlo indebidamente ante la Agencia
Tributaria Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal.

Hacienda ha hecho público un comunicado en el que deja patente esa advertencia después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya asegurado que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros, está “preparada” para aplicar el resultado del referéndum del 1-O, “sea cual sea la voluntad” que manifiesten ese día los catalanes.

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro recalca que, si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar, y avisa a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que “se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas”.

En concreto, Hacienda explica que, en el marco del sistema de financiación autonómica, Cataluña, como las demás comunidades de régimen común, tiene una administración tributaria propia competente para gestionar sus propios tributos y los estatales cuya recaudación se cede íntegramente a esas comunidades de régimen común.

Cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

El resto se tiene que pagar ante la administración tributaria competente, y no hacerlo reitera Hacienda que implica que se den por no pagadas las deudas.

Por tanto, explica que en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, Hacienda podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda.

“En su caso -añade-, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública”. En este sentido, Hacienda recuerda que las personas jurídicas no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal.

Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

Hacienda recuerda que la Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña como ente encargado de la aplicación de los tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat, de la misma forma que otras comunidades disponen también de sus propias Agencias Tributarias autonómicas.

Añade que la Generalitat ha aprobado disposiciones para impulsar esta agencia y poder convertirla en la “Hacienda propia” de Cataluña, pero que el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario.

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Hacienda prevé que la presión fiscal vuelva a subir hasta el 38,3% este año | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda prevé que la presión fiscal en España se sitúe en el 38,3% del PIB en 2017, lo que supone un repunte de cuatro décimas en comparación con el año pasado (37,9%). Según datos del departamento que dirige Cristóbal Montoro, la presión fiscal –entendida como la relación del total de ingresos sobre el PIB– retomaría así la senda al alza después de dos años consecutivos a la baja.

En concreto, en 2015 la presión fiscal se moderó en tres décimas y en 2016 lo hizo en siete, hasta el 38,6% y el 37,9%, respectivamente. Por otra parte, con respecto a 2007, el peso de ingresos sobre el PIB caerá en 2,6 puntos, pues en ese ejercicio, antes de la crisis económica, era del 40,9% del PIB.

Las estimaciones de este ministerio apuntan que la presión fiscal seguirá creciendo en los próximos ejercicios. En concreto, se prevé una subida de una décima en 2018, hasta el 38,4% del PIB.

Por su parte, Hacienda apunta un alza de dos décimas en 2019 y de una en 2020, hasta situarse en el 38,6% y el 38,7%, respectivamente.

Esta evolución de la presión fiscal descansa en un aumento sostenido de los ingresos públicos, que este 2017 subirán un 5,6% respecto al año anterior, con 445.207 millones de euros. Los ingresos mantendrán la tendencia al alza en los próximos años, hasta superar los 508.500 millones en 2020.

De los 445.207 millones de ingresos previstos en 2017, 240.969 millones de euros corresponden a impuestos, 142.613 millones a cotizaciones sociales y 41.075 millones a otro tipo de ingresos públicos.

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Montoro: la Generalitat no ha gastado “ni un euro” del FLA en el referéndum | Mi dinero

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha garantizado este jueves que la Generalitat de Cataluña no ha dedicado ningún recurso económico a la celebración del referéndum sobre la independencia previsto para el 1 de octubre. “No va a haber referéndum porque no hay presupuesto. Ni un euro de la Generalitat se ha destinado a financiar el reférendum. No sé cómo se hacen unas elecciones sin presupuesto”, ha afirmado.

Así lo ha explicado Montoro en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. El ministro acudía a esta cita convocada en sesión extraordinaria a petición de todos los grupos parlamentarios para explicar la amenaza realizada por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, de dejar a Cataluña sin acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para evitar que pudiera destinar dichos fondos a la celebración del referéndum de independencia. “Quiero dejar claro que el FLA no se ha suspendido”, ha asegurado Ana María Madrazo, portavoz del PP en la comisión.

En realidad lo que aprobó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el 21 de julio no fue la suspensión del FLA, sino únicamente una prolongación y refuerzo de medidas para garantizar la prestación de los servicios públicos en Cataluña. “El Gobierno ha tomado estas medidas para evitar que el dinero que tiene que ir destinado a los servicios públicos se dedique a partidas presupuestarias que han sido declaradas ilegales por el Constitucional”, ha aseverado Montoro.

Montoro ha explicado que se reforzó entonces el control sobre los gastos que realizaba la Generalitat de Cataluña. Entre estas medidas se incluía la obligación de reportar cada semana que no se había dedicado presupuesto a la celebración del referéndum, cuando antes de este refuerzo el control era mensual: “La Generalitat debía remetir cada semana un certificado de que no se han realizado modificaciones presupuestarias a la celebración del referéndum”.

El ministro ha asegurado que el propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, líder de Esquerra, quien envía el certificado cada semana. Reconociendo así que el Gobierno catalán está cumpliendo con esas medidas extraordinarias acordadas en julio. “El Gobierno de la Generalitat ha remitido todas las certificaciones que se le han pedido cada semana. Son los que promueven el referéndum son los que están certificando que no se está dedicando presupuesto a celebrar ese referéndum”, ha señalado Montoro.

El Fondo de Liquidez Autonómica es una línea de crédito creada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para que el Estado prestara dinero a las comunidades para que no tengan que recurrir a financiar su deuda en los mercados. “Cataluña es la comunidad que más ha recibido, la que más ha ahorrado en intereses”, ha señalado Montoro.

El ministro ha desglosado algunas de las cifras. Cataluña ha recibido de los diferentes fondos de liquidez una suma que asciende a los 69.278 millones de euros. De esta cifra, más de 23.000 millones han ido a pagar a proveedores. Estos fondos han permitido pagar casi 1,6 millones de facturas a proveedores. El ahorro en intereses asciende a 9.979,88 millones de euros.

Los representantes de los partidos independentistas han criticado que el Gobierno alarme a los proveedores con la suspensión del FLA, algo que no se ha producido. “La Generalitat nunca ha ingresado el dinero del FLA, puesto que es el Estado el que lo gestiona. Sirve para pagar vencimientos de deuda, aproximadamente siete de cada diez euros, y el pago de proveedores”, ha reprochado Ester Capella, portavoz de ERC en la Comisión, al ministro.

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