La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por la debacle de Popular | Compañías

La debacle de Banco Popular, y la posible responsabilidad de sus máximos responsables, es ya oficialmente objeto de investigación por parte de la Justicia española. El juez de la Audienica Nacional Fernando Andreu ha comunicado este miércoles que admite a trámite varias de las querellas presentadas por los inversores afectados, con el aval de la Fiscalía, ante la posible comisión de delitos de falsedad documental, administración desleal o apropiación indebida.

La investigación se centrará en el histórico presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad hasta el pasado febrero, así como en su sucesor, Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la firma que auditaba las cuentas de la entidad, PwC.

A la hora de abordar la investigación, el juez Andreu sigue el consejo de la Fiscalía y acuerda la apertura de dos piezas separadas. La primera de ella centrada en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró en junio de 2016, bajo la presidencia de Ron.

La segunda, buscará dilucidar si hubo manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor en los últimos meses de vida de la entidad, donde los inversores bajistas hicieron su agosto apostando en contra de la acción del banco.

Ante la desconfianza desatada también entre clientes y la retirada masiva de depósitos, Popular fue intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 de junio y, tras recapitalizar la firma a costa del dinero de sus accionistas y bonistas, vendida inmediatamente a Banco Santander por un euro simbólico

La investigación de estas dos causas promete adentrarse también en las luchas de poder que se abrieron en el consejo de administración del banco y en la admisión por parte de Popular de que sus cuentas de 2016 reflejaban errores de millones de euros que derivaban en pérdidas superiores a las reconocidas.

Diligencias y pruebas periciales

El juez prevé ya la puesta en marcha de distintas diligencias entre las que destacan la comparecencia de Ron, la petición de los informes de PwC, el requerimiento a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de un informe pericial sobre las apuestas bajista en el mercado o la elaboración de un informe por parte de un experto en medios de comunicación para analizar el impacto mediático en la desaparición del banco.

Como ya ocurriera con el caso Bankia, que se encamina a la apertura de juicio oral ante la sospecha de que la entidad salió a Bolsa utilizando información falsa, Andreu conmina al Banco de España a aportar dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y aclaren si la información contable de Popular era veraz.

A priori, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, el juez no ha incluido en la investigación a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que habían sido incluidos en algunas de las querellas presentadas tras el final de Popular.

Posibles fianzas

En su escrito, Andreu admite la posibilidad de imponer fianzas por las posibles responsabilidades de los investigados si bien advierte que esta opción, y su cuantía, no se abordará hasta haber escuchado primero a los querellados.

Más allá de Ron y Saracho, se admiten querellas contra otra veintena exresponsables del banco, como Roberto Higuera, Reyes Calderón, Ignacio Sánchez Asiain, Francisco Aparicio, Pedro Larena, José María Arias, José Ramón Estévez, o el exconsejero delegado Pedro Larena.

También se investigará a inversores clave, como el mexicano Antonio del Valle o la sindicatura de accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones (ligada al Opus), como resultado de la admisión a trámite de estas querellas.

Las querellas admitidas

Inicialmente han sido tres las querellas admitidas aunque pocas horas después trascendía la admisión de una cuarta, y es posible que la lista aumente porque se recibieron una treintena. La primera, especialmente dirigida contra Saracho por un presunto delito de administración desleal, es de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que engloba a más de 1.007 inversores perjudicados bajo la representación legal del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

La segunda querella admitida la planten Estel Ingeniería y Obras S.A, junto a 45 personas más, representados por Unive Abogados, acusando de falsedad documental, administración desleal y delito contra el mercado a los dos consejos de administración.

La última, corresponde a dos particulares que cargan contra todos los gestores y algunos de los principales inversores por un delito societario y otro contra los consumidores. La cuarta es la que presentó la organización de consumidores OCU contra Saracho, Ron, Larena, PwC y su socio auditor.

El juez advierte que “los hechos denunciados en la querella merecen una investigación en sede penal”, pues como ya expuso la Fiscalía “podrían ser constitutivos de delito”. Además, “sea o no merecedor de reproche penal”, argumenta Andreu, el final del banco “ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, lo que motiva iniciar las pesquisas planteadas.

Recurso contra el Frob

El exconsejero externo independiente y exvocal del consejo de administración de Popular José Ramón Estévez Puerto ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución de la entidad, recoge Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha registrado este recurso contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB por adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que puso en marcha el dispositivo de resolución sobre Popular el pasado 7 de junio.

Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación firmada por la letrada de Administración de Justicia Elena Oca de Zayas.

Estévez ocupó los cargos de consejero externo independiente y vocal del consejo de administración de Popular con anterioridad a la resolución acometida en el banco el pasado 7 de junio desde su nombramiento en abril de 2016. Era, además, presidente de la comisión de retribuciones de la entidad.

Source link

Liberbank ultima la venta de su ladrillo para asegurarse el éxito de su ampliación | Compañías

Liberbank no quiere seguir el camino de Popular y da pasos firmes para evitarlo. El foco ahora está en deshacerse del lastre del ladrillo que todavía acumula después de la crisis, dar así la imagen al mercado de que es una entidad saneada y garantizarse el éxito en la ampliación de capital. Así, ultima la venta, esta semana, de una gran parte de su cartera de activos adjudicados, en paralelo a la ampliación que aprobará la junta de accionistas del 9 de octubre.

La entidad pilotada por Manuel Menéndez trabaja contra reloj para garantizarse la independencia. La CNMV le ha dado hasta el 30 de noviembre, al prorrogar por tercera vez un veto a las posiciones cortas que instauró en junio, pocos días después de la resolución de Popular. Fuentes próximas a la operación esperan que el primer paso (la venta de una cartera de 800 millones) se cierre esta semana. A más tardar en 15 días y que, en ese caso, se haga de forma paralela al inicio de la ampliación.

Liberbank recibió las primeras ofertas vinculantes al principio de la semana pasada. Y de ellas ha seleccionado a tres fondos: KKR, Bain y Cerberus. Este último es el que adquirió este verano la filial inmobiliaria del banco, Mihabitans, a través de Haya Real State. Entonces desembolsó 85 millones. El mercado calificó la operación como un “éxito” y la pone como ejemplo para la inminente venta de ladrillo tóxico.

Haya está gestionando de forma exclusiva los actuales activos inmobiliarios adjudicados en el balance de Liberbank, así como los futuros activos inmobiliarios adjudicados que sean incorporados al balance general del banco o de sus filiales inmobiliarias. Según las cuentas del primer semestre, Liberbank tenía en su balance 3.115 millones de euros en activos adjudicados, con una cobertura de provisiones del 40%. De éstos, 1.741 millones son viviendas terminadas, 1.162 suelo, 480 viviendas en construcción y 402 oficinas y naves.

Accionistas comprometidos

  • Debut en Bolsa. Liberbank salió en mayo de 2013 a 1,1 euros por acción, bajo la obligación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para dar liquidez a los dueños de las preferentes y la deuda subordinada de las cajas de ahorros que forman la actividad bancaria de la entidad: Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Alcanzó su máximo histórico en mayo de 2014 a más de 2,4 euros por acción y una capitalización superior a los 2.400 millones de euros. Tras la crisis del Popular y pese al blindaje de posiciones cortas desde el 12 de junio, que tiene como fecha límite el 30 de noviembre, vale apenas 700 millones de euros. 
  • Socios. Los grandes accionistas de Liberbank son las fundaciones de las antiguas cajas que controlan en total el 43,8%, varios inversores mexicanos agrupados en torno a la familia Tinajero Flores (7,569%), Masaveu (5,6%) y el hedge fund Oceanwood (con un 12,08%). Todos ellos se han comprometido a acudir a la ampliación.

Esta nueva venta de activos adjudicados, bautizada como Operación Invictus, se cerrará en el entorno de los 400 millones de euros. Mientras que el valor en libros de los activos inmobiliarios de este paquete Liberbank es de 800 millones, la venta se cerrará con un descuento de al menos el 50%. Santander cerró la venta del 51% del ladrillo de Popular a Blackstone con un descuento del 66%.

Con el fin de enjugar las pérdidas que generará el traspaso y deshacerse de una vez y para siempre de gran parte del lastre del ladrillo, el consejo de Liberbank planteó el 6 de septiembre la ampliación de capital que trata de blindar ahora. En ella espera levantar 500 millones de euros. El objetivo es que la ratio de morosidad se sitúe en el 3,5% en 2019 y las coberturas de activos no productivos (créditos dudosos y adjudicados) se eleven en torno al 50%. En ambas ratios, Liberbank tenía a cierre de junio un 11,3% y un 40%, respectivamente.

Con un balance de 40.000 millones de euros, es la entidad más pequeña de las supervisadas por el BCE junto al Banco Crédito Social Cooperativo, cabecera de Cajamar. Otra de las misiones de Liberbank es elevar su rentabilidad sobre fondos propios (ROE) del 8% en 2020, frente al 2,7% del primer semestre de este año. Es la segunda vez que este banco amplía capital desde que empezó a cotizar en 2013. La anterior la realizó en mayo de 2014 por casi 500 millones.

Ya entonces el banco encargado de coordinar la operación fue Deutsche Bank, y en la actual irá de la mano de Citi, y la inyección de dinero fresco permitió que la entidad pagara anticipadamente los 124 millones que le inyectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), reforzara su ratio de capital de máxima categoría por encima del 10% como si los requisitos de Basilea III fueran completamente aplicables y anticipara el pago de dividendos a sus accionistas.

Source link

La banca prepara la venta de carteras inmobiliarias por 6.000 millones | Compañías

La banca española sigue pasito a pasito reduciendo su exposición al sector inmobiliario, presionado por las directrices del Banco Central Europeo y del Banco de España. Cinco entidades más Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) actualmente preparan carteras para deshacerse de parte de su ladrillo por un valor de casi 6.000 millones de euros.

La mayor parte de las carteras incluyen créditos dudosos o NPL (non performing loans) aunque en algunos casos también se incorporan activos inmobiliarios provenientes mayoritariamente de adjudicados.

Santander, tras vender los activos de Popular a Blackstone, ya prepara una cartera a la que la entidad presidida por Ana Botín ha denominado Titán, a través de la plataforma Altamira que comparte con Apollo. Tiene un valor de alrededor de 400 millones, según avanzan fuentes conocedoras del proceso, y se estructura como “un escaparate online” abierto a todos los potenciales compradores. El banco dio un enorme impulso con la operación de venta en agosto del 51% del ladrillo de Popular (NPL y adjudicados principalmente) y que el mercado vio como una respuesta ágil y contundente tras la compra de Popular.

BBVA, por su parte, tiene abierto el denominado proyecto Sena, de venta de una porción de Anida a Cerberus por 400 millones, tal como adelantó ayer CincoDías. Aunque desde el mercado se apunta a que el banco podría deshacerse de todo el negocio de Anida. El banco comunicó ayer a la CNMV que está “está en conversaciones con Cerberus Capital” aunque aclaró que todavía no hay acuerdo. El valor nominal de ese cartera de inmuebles se sitúa en el entorno de los 1.100 millones. Esta operación sigue la estela de la cartera llamada Jaipur comprada este pasado julio por este mismo fondo.

Caixabank también prepara otras dos carteras. La primera, que ha denominado Tribeca, por un importe de 500 millones, saldrá al mercado en los próximos días. Será principalmente residencial. Cuenta con otra denominada Egeo, por 660 millones, compuesta por 440 millones sin colateral y 220 de un mix inmobiliario. La entidad espera recibir ofertas vinculantes de inmediato, según fuentes del mercado.

Uno de los proyectos más grandes que ya se conocen entre los potenciales inversores es el de Sabadell, llamado Voyager, por 800 millones. Se trata de créditos problemáticos a promotores y el resto corresponde a otros sectores, como hoteles. Este portfolio es casi una segunda parte del conocido como Traveller, que la entidad vendió recientemente a Bain. El banco espera ofertas en octubre y desea cerrar el proceso en diciembre, según conocedores del proceso.

Liberbank también prepara otra cartera, de non performing loans, bautizada como Invictus y con un valor de 700 millones, con el 50% vinculado a residencial.

Por último, Sareb ya ha puesto en el mercado una cartera llamada Inés, de cerca de 500 millones, que está en fase de cierre. El conocido como banco malo prepara su primer proyecto de venta online de préstamos, llamado inicialmente Dubai, por alrededor de 400 millones. Y presumiblemente, el mercado espera en los próximos días otro portfolio por 300 millones y nombre Tambo. Sareb quiere deshacerse a través de su nuevo canal online para la venta de préstamos de al menos 3.000 millones en 2018, según desveló la entidad en un conferencia con inversores este jueves en Londres.

Aunque se haya dicho que el ritmo de reducción de la banca al ladrillo ha sido lento, los expertos señalan que actualmente los bancos ya están en una velocidad de crucero aceptable, si se tiene en cuanta la capacidad de absorción de los posibles compradores, que para las mayores operaciones se reducen a 10 o 15 firmas.

Entre los potenciales compradores de estas carteras de la banca, con los que las entidades comienzan a contactar, se encuentran los habituales de este tipo de operaciones como Apollo, Oaktree, Bain, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Castlelake, Värde Partners, Lindorff, TPG o Goldman Sachs.

Reducción de los activos problemáticos

La banca redujo un 9% sus activos improductivos (dudosos y adjudicados) en 2016, hasta los 190.000 millones de euros, según se recoge en el Informe de Estabilidad Financiera publicado en mayo por Banco de España. De esa cifra, unos 80.000 millones son inmuebles adjudicados tras el estallido de la burbuja y el resto créditos problemáticos, principalmente de promotores.

Las exigencias tanto del Banco de España como del Banco Central Europeo para reducir la exposición de las entidades al ladrillo, además de las normas de Basilea III sobre la valoración de activos hace que los bancos hayan acelerado en la venta de estas carteras.

El mercado de carteras se encuentra en un momento de gran actividad y las entidades están recurriendo al asesoramiento de las firmas especializadas para ello, como PwC, JLL, Irea, KPMG, Alantra y Morgan Stanley.

Los expertos señalan que el ritmo más elevado de ventas será en 2018 y 2019. “A partir de ese año prevemos una desaceleración”, explican desde una consultora, en parte por el ritmo de absorción limitado de los fondos y también porque los activos mejores están saliendo al mercado en primer lugar.

Source link

El FROB está “razonablemente satisfecho” por la resolución de Popular | Compañías

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), Jaime Ponce, afirmó este miércoles que se pueden extraer varios “elementos positivos” de la resolución de Banco Popular, entre los que se encuentra que se protegió la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto en depósitos y sin emplear recursos públicos. Ponce recordó que Popular contaba con unos 60.000 millones de euros en depósitos, de los que 35.000 millones eran menores de 100.000 euros (cifra tope que está protegida por el Fondo de Garantía de Depósitos). 

Ponce, que compadeció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para informar sobre la resolución de Banco Popular y su venta a Banco Santander y sobre la actividad general del Frob en los últimos meses, subrayó que la intervención fue un evento de “gran trascendencia y significativo”, para reconocer que la “inviabilidad de un banco es siempre un evento muy desafortunado y perjudicial”.

La resolución del Popular se realizó después de que el Banco Central Europeo (BCE) determinara que la entidad estaba en quiebra o a punto de quebrar, y fue la primera liderada por el Fondo Único de Resolución Europeo.

En todo caso, explicó que “se pueden observar, al menos, dos elementos positivos”. El primero es que la regulación y las autoridades de supervisión “están plenamente operativas y resultan eficaces”, dijo. A ello se une, en segundo lugar, que la Junta Única de Resolución cumplió con el mandato que tiene y “logró gestionar la inviabilidad del banco protegiendo la estabilidad del sistema financiero, evitando impacto alguno en los depósitos, ofreciendo completa continuidad
operativa y evitando el uso de recursos públicos”.

Pero Ponce también reconoció que tras la intervención de Popular se han detectado algunas deficiencias en este proceso de resolución. Y citó como ejemplo, que hay “que trabajar para desarrollar los instrumentos de provisión de liquidez en escenarios de resolución, o en el perfeccionamiento de los planes de resolución, dotándolos de toda la información relevante y actualizada para garantizar la correcta ejecución de cada estrategia de resolución”.

También cree que es necesario “seguir avanzando en la adaptación del balance de las entidades para asegurarse de que existen los colchones de pasivos necesarios para hacer creíble y factible la estrategia de resolución prevista, sin efectos negativos para la estabilidad ni los recursos públicos”. 

Jaime Ponce también ha explicado que hasta la fecha el FROB ha recibido ingresos efectivos por importe de 5.911 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas realizadas a las entidades. Aseguró que el total de recursos públicos empleados por este organismo público para la reestructuración del sistema bancario español asciende a 59.056 millones de euros (las cifras difieren ligeramente con las aportadas unas semanas antes por el Banco de España).

De ellos, el FROB ya ha ingresado los citados 5.911 millones, cuyo origen es principalmente la amortización e intereses de los instrumentos híbridos de capital y la venta de entidades.

Entre las novedades más recientes, explicó, se encuentran el reembolso de 224,4 millones de Ibercaja y de 604 millones de Banco Ceiss y 211 millones de dividendo de Bankia este año.

El Banco de España aseguraba en su informe que se daban por perdidos, hasta el momento, algo más de 40.000 millones de euros de las ayudas públicas recibidas por la banca. Ponce, por su parte, aseguró que la cuantía de ayudas públicas que finalmente se podrá recuperar dependerá de “elementos sobre los que no existe aún certidumbre completa”.

Por ejemplo, expuso, la participación en el banco malo Sareb mediante capital y deuda subordinada es una inversión “viva” y “no exeta de riesgos” hasta 2027.

También hizo referencia a la desinversión en Bankia y BMN, “sujeta a la incierta evolución del precio de la participación en el mercado de capitales”.

En este sentido, explicó que el FROB está “analizando las mejores alternativas para realizar una desinversión” que “se producirá cuando se cumplan las condiciones que permitan reactivar este proceso”. Se refirió así a las relacionadas con el precio de la que, aseguró, es considerada una “magnífica entidad desde cualquier perspectiva” como “solvencia, eficiencia o potencial de rentabilidad”.

Nuevas negativas de la JUR a entregar el informe de Deloitte

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso pidieron ayer al presidente del FROB, Jaime Ponce, que haga públicos los informes de la auditora Deloitte que informó de la solvencia de Banco Popular y que posteriormente fue vendido a Banco Santander por un euro.

El portavoz económico, Pedro Saura, aseguró que la compra de Popular por parte del Santander no ha sido por un euro, sino que ha ganado hasta 10.000 millones por la venta de la cartera de activos inmobiliarios, además de que Deloitte valoró la entidad en 2.000 millones de euros.

Bruselas ha vuelto a denegar al Congreso el informe sobre la valoración de Popular. La Comisión del Congreso lo había solicitado.

Jaime Ponce se ha mostrado partidario de que se haga público el informe secreto que supuso la liquidación de Popular y su venta a Santander por un euro, aunque ha señalado que el propietario del documento también debe ser quien decida sobre su transparencia.

De cualquier forma, aseguró que serán los tribunales europeos los que diriman esta cuestión, además de que la Audiencia Nacional también lo ha reclamado ante las demandas interpuestas por inversores y asociaciones ante la resolución del Popular. 

Ponce ha desglosado los tres informes que se emitieron en relación con el Popular, el del Banco Central Europeo (BCE) sobre los problemas de liquidez, y del que se conoce en parte; el de la propia JUR sobre la valoración del banco, y el documento secreto que Europa se niega a desvelar y cifra cuánto habría costado liquidar la entidad.

Source link

El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución | Compañías

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

Source link

Candidatos a las próximas crisis económicas


Japón, Italia, China o Reino Unido son los países en el farolillo rojo de un sistema económico en el que las recesiones se han vuelto habituales desde que se rompió la relación moenda-oro.

Source link

¿Cómo responden por daños los gestores públicos? | Mi dinero

Nuestro Código civil establece: “el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La reparación se exige al sujeto siempre que haya causado el daño por su conducta, sistema que han recogido la mayor parte de los Códigos Civiles europeos, si bien se va abriendo paso la exigencia de responsabilidad objetiva en cuanto a los daños al medio ambiente y a la defensa de los consumidores.

En estos casos, “el que daña, tiene que pagar”. No importa la culpa o la negligencia del causante.Los fondos públicos se obtienen de la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos, como propugna el artículo 31.1 de la Constitución, y tienen el destino que les atribuyan los representantes de la soberanía popular. Por tanto, aquellos que los gestionan, manejan o custodian, así como los perceptores de subvenciones públicas o fondos de la Unión Europea, tienen la obligación de indemnizar al Tesoro Público por el daño debido a acciones u omisiones contrarias a la normativa presupuestaria y de contabilidad del sector público.

El Tribunal de Cuentas, según el artículo 136 de la Constitución, tiene jurisdicción para exigir el reintegro de las cantidades que se hayan menoscabado, más los intereses en un juicio contable con todas las garantías.Las demandas se interponen por la abogacía del Estado, los letrados de la Administración de la Seguridad Social, los representantes de las entidades perjudicadas o por el Ministerio Fiscal. Puede también iniciarse mediante la acción pública: cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar denuncia ante el alto órgano contable cuando estime fundadamente que los fondos públicos han sufrido daño. Para su ejercicio no se requiere prestar caución ni fianza, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pudiera incurrir el que la ejercite indebidamente.

Se resuelven en primera instancia mediante las sentencias dictadas por los Consejeros de Cuentas, contra las que cabe recurso ante la Sala de Apelación del propio Tribunal y, en su caso, recurso de casación ante el Tribunal Supremo en determinadas circunstancias.Tienen esa competencia otros tribunales de Cuentas , como los de Francia e Italia. Un concepto de control que les concede jurisdicción para enjuiciar la mala praxis y los perjuicios ocasionados a los fondos o efectos públicos . Nuestro de Tribunal de Cuentas declaró en sentencia de 29 de septiembre de 2009 que la responsabilidad “se hace efectiva a través de los procesos contables … para tratar de lograr la indemnidad de los caudales públicos, es decir la restitución íntegra a la Hacienda Pública……”.

La función jurisdiccional no obstaculiza, complementa, la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Son muchas las sentencias dictadas por este alto órgano. Algunas se han difundido por el relieve de los sujetos, o por las elevadas cuantías, como la resolución que condenó a los herederos del ex alcalde de Marbella al pago de varios millones por la mala praxis en la gestión de los fondos públicos de su progenitor.

Recientemente los medios de comunicación han dado a conocer el auto que inicia un proceso contra los responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña ante la denuncia presentada por la sociedad sivil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados catalanes por la Constitución, y la Fiscalía. Se ha ordenado el nombramiento de un delegado instructor para realizar las actuaciones previas por pagos presuntamente injustificados. Ya se determinará la condena si llega a probarse la gestión dolosa, la culpa o negligencia y en este caso, deberán los gestores hacer frente a las cantidades utilizadas en las votaciones sin cobertura legal: adquisición de ordenadores, sobres y papeletas, campañas de publicidad institucional, pólizas de seguro a los voluntarios. El Tribunal resolverá con todas las garantías, como corresponde a un Estado de Derecho .

 

Guadalupe Muñoz Álvarez es Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

Source link

Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

Source link

Montoro contradice al Banco de España y asegura que se recuperarán más ayudas a la banca | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha opinado que se recuperará más del rescate a la banca de lo que prevé el Banco de España, que este jueves daba por perdido más del 80% del importe de las ayudas.

En declaraciones a los medios de comunicación este viernes en Zaragoza,ha indicado que las previsiones de la institución “deben servir para estimular” y que se consiga “mucho más”. Ha apuntado que, desde el Gobierno, no se conformarán con “semejantes devoluciones”.

Montoro ha defendido que, de no haberse ayudado a la banca, el sistema habría quebrado y arrastrado no sólo a los inversores, sino también a los depositantes, creándose “un auténtico caos”. No obstante, ha asegurado que se va a tratar de maximizar la recuperación del dinero público.

“Todos mis respetos a esas previsiones, pero no son más que otras cualesquiera y estoy seguro de que vamos a tratar de superarlas como estamos siendo capaces de superar las previsiones de crecimiento económico y de creación de empleo en toda España”, ha concluido.

El Banco de España cifró en 10.402 millones de euros el importe recuperable a finales de 2016 de las ayudas públicas comprometidas a la banca en diversas formas de capital desde 2009, lo que supone el 19,14% del total.

Según los datos actualizados del organismo que lidera Luis María
Linde, estas ayudas ascendieron a 54.353 millones de euros, aportados
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Source link

El Banco de España da por perdidos 40.000 millones de las ayudas a las cajas | Mercados

Pasa el tiempo y la recuperación de las ayudas públicas que el Estado inyectó en el sistema financiero español, y más en concreto en las cajas de ahorros, durante la crisis financiera (desde 2009) se ha convertido en casi misión imposible.

El contribuyente solo recuperará una pequeña parte de lo que aportó a las cajas. El Banco de España cifra en 14.275 millones de euros el importe que puede retornar a las arcas públicas. Esta suma supone el 26,2% del total de ayudas concedidas desde 2009, y que ascendieron a 54.353 millones de euros, aportados por el FROB. Da por perdidos así más de 40.000 millones, cifra que coincide con la que avanzó en el Congreso en abril de 2015 el entonces subgobernador y presidente del FROB, Fernando Restoy.

Las previsiones de recuperación incluyen la futura venta de Bankia y BMN, entidades en las que el FROB controla alrededor del 65%y que están en proceso de fusión. De esta operación y posterior privatización se espera que se recuperen 9.798 millones (según el valor que les da el FROB), el 40% de las ayudas inyectadas en ambas entidades, y que ascendió a unos 24.000 millones. En la actualidad la capitalización de Bankia (su matriz BFA no cotiza) asciende a 12.700 millones de euros.

De momento, las ayudas recuperadas solo suman 3.873 millones de euros, 1.187 millones más que los contabilizados hace un año. De ellos, 977 millones fueron devueltos por CaixaBank en 2013 procedentes de las ayudas recibidas por Banca Cívica; 800 millones de una emisión de 2010 de cuotas participativas de Cajasur; 782 millones por la venta de su participación en Catalunya Caixa (CX); 783 millones por venta de la participación en NCG; 407 millones amortizados anticipadamente por Ibercaja Banco de una emisión de cocos realizada por Caja3, y 124 millones amortizados antes por Liberbank.

A ello habría que sumar ahora los 604 millones de cocos que acaba de devolver Unicaja inyectados en 2014 en su filial Ceiss. A estas ayudas hay que sumar también las facilitadas por el propio sector financiero concedidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (FGDEC), que se elevan a 21.604 millones de euros, entre inyecciones de capital, deterioros por los esquemas de protección de activos (EPA), otras garantías concedidas en las subastas y aportaciones al FROB.

El fondo de garantía tuvo que adquirir las acciones no cotizadas de entidades controladas por el FROB como la gallega NCG y CX, que la gran mayoría de clientes de estas entidades habían recibido tras la conversión de las preferentes que habían suscrito en acciones (capital) para que tuvieran liquidez. En total, 1.803 millones de euros. El FGDEC ha vendido todas estas acciones y ha recibido por ellas 673 millones.

El Estado también concedió avales a los compradores de las cajas subastadas en EPA por 883 millones de euros.

Source link