La Audiencia Nacional imputa a 21 ex consejeros de Sa Nostra | Baleares Home

Sede de la antigua entidad bancaria Sa Nostra, hoy extinta tras integrarse en el banco BMN.

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Crisis en Catalua: El PP avisa a Puigdemont que puede acabar encarcelado como Companys

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El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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La Audiencia Nacional investigar a ngel Ron y Emilio Saracho por la quiebra de Banco Popular | Economa

El presidente del Banco Popular, ngel Ron, durante la presentacin de los resultados de 2016.

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La mujer de Ignacio Gonzlez se desvincula del blanqueo y niega al juez el manejo de dinero negro | Espaa Home

Lourdes Cavero (izqda.), a su llegada a la Audiencia Nacional.
Lourdes Cavero (izqda.), a su llegada a la Audiencia Nacional.

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital” | Compañías

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe
de 2.505 millones de euros y otra por la presunta manipulación del mercado con información falsa antes de que la entidad fuera vendida por un euro al Banco Santander.

En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que “no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad”.

Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil” no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el “descrédito y la desconfianza” que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas “potencialmente perjudicados”.

El fiscal denuncia que el banco puso en marcha una campaña de desprestigio a través de la publicación de noticias que contenían datos o información falsa, par hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios.

Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como
la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.

No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o
el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi.

En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.

Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella “abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular”. “Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnates inversores”, ha explicado.

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Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular | Compañías

La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.

La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.

En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.

Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.

Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.

Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.

Otros frentes de la batalla judicial

Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados. 

Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.

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Pinchazo a Villar y Cerezo el da que detuvieron a su ‘amigo’ Ignacio Gonzlez: ‘Ese juez es de cuidado’ | Deportes Home

Enrique Cerezo y ngel Mara Villar, segundo y cuarto por la izquierda, en 2009.

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La Junta oculta el fraude de UGT en Andaluca | Andalucia Home

La presidenta de la Junta de Andaluc
La presidenta de la Junta de Andaluca Susana Daz.

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