Preguntas que un asesor de autónomos debería saber responder | Autónomos

Los autónomos, antes de iniciar su actividad económica e incluso cuando ya están inmersos en ella, necesitan de los servicios de un asesor o gestoría. Una entidad capaz de gestionar y resolver dudas laborales, tributarias y de cualquier otra índole. La compañía Sage ha hecho público un listado de preguntas que cualquier asesor debería saber responder. Las recopilamos y analizamos a continuación, con el objetivo de que te ayude a la hora de contratar a quien te asesorará a lo largo de tu trayectoria profesional.

¿Cómo hay que darse de alta y cotizar correctamente? ¿Es mejor ser autónomo o actividad empresarial?

Es la primera pregunta que realizan los emprendedores. El asesor debe tener en cuenta el calendario antes de responderte: si nos encontramos en los últimos meses del año y puede aplazar el inicio, deberían recomendártelo.

Se ahorrará el depósito de cuentas, las declaraciones informativas y el Impuesto de Sociedades, en caso de que se trate de una empresa. Si es autónomo, el asesor debe recordar la obligatoriedad de cotizar desde el primer día de mes, con independencia de sus ingresos.

¿Cuál es la mejor forma jurídica?

Dependerá del número de personas que conformen la empresa, de sus previsiones de ingresos, gastos, así como de los riesgos que conlleva la realización de la actividad empresarial. El asesor debería recordare que para formar una Sociedad Limita el capital inicial es de 3.000 euros y para constituir una Sociedad Anónima, asciende a 60.000. Puede ser dinero líquido o activos materiales.

¿Qué obligaciones tengo como autónomo?

Las principales son el pago de la cuota correspondiente a la Seguridad Social, darse de alta en el censo de empresarios de la Agencia Tributaria y la declaración trimestral de IVA ante Hacienda en concepto de liquidaciones.

¿Cómo obtengo el certificado digital y para qué sirve?

A través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es interesante que el asesor te cuente que con este certificado, se pueden realizar trámites con cualquier administración pública las 24 horas del día, cualquier día del año, de manera legal y segura. También debería informarte sobreque su emisión no tiene coste.

¿Es obligatorio para el IAE?

Sage recuerda que no en todos los casos es obligatorio hacer frente al Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Están exentos las sociedades sin personalidad jurídica y los contribuyentes cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros en el penúltimo año anterior al del devengo del impuesto. Tampoco pagan los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos.

¿Cómo incluyo a mi pareja e hijos en la empresa?

Tanto los cónyuges como los familiares de hasta segundo grado, es decir, desde padres e hijos hasta abuelos, nietos, hermanos y cuñados, que realicen alguna actividad laboral para la empresa, deben estar dados de alta también en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Un asesor adecuado te recordará también que este tipo de relaciones serán modificadas en la próxima Ley de Autónomos, aprobada ya por el Congreso.

¿Por qué tengo que contratarle?

El asesor que estás valorando puede responder aquí diversas cuestiones. Desde Sage recomiendan a aquel profesional que te invite a valorar a otros perfiles, pues es una muestra de transparencia y honestidad. También de que sus precios están dentro del mercado.

¿Es bueno ayudar a un autónomo con los planes de empresa?

Un asesor que muestre preocupación por este aspecto ganará muchos puntos. Valora aquel que se implique en este servicio, pues es un plus a valorar, dado que muchos asesores tienen una variada experiencia. Este hecho se deriva de las diferentes casuísticas que se le presenten, al trabajar con empresas de diversos ámbitos.

¿Cómo se fija el salario del administrador?

El asesor debe informarte, en primer lugar, de que esta cuestión no atañe al empresario individual (autónomo). Deberá trasladarte que sólo afecta a los autónomos societarios y se fija en función de la normativa vigente. Es imprescindible que las condiciones de la remuneración se especifiquen en los estatutos de la empresa.

-¿Qué es el acta de titularidad real?

Es un documento que deben tener las sociedades mercantiles y emiten los notarios. Sirven para prevenir los casos de blanqueo de capital. Se emplean en operaciones para la ampliación económica de una sociedad.

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Claves del nuevo bono social eléctrico: requisitos y cómo beneficiarse del descuento | Mercados

Enfrentarse a la factura de la luz a final de cada mes puede ser un mal trago para algunas economías domésticas. Para estos consumidores más vulnerables, el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo bono social eléctrico. Las ayudas se repartirán en función de la renta de los titulares y otras características especiales. 

En las nuevas directrices se recoge la figura de consumidor vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento; la del vulnerable severo, al que se le aplicará el 40%, que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión. Las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también podrán solicitar el bono. 

Según el real decreto publicado en el BOE, un consumidor vulnerable es aquel que acredite una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un hijo a su cargo, la cuantía máxima para percibir la ayuda será de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para percibir el bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. 

Si los ingresos del ciudadano no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, será considerado “vulnerable severo”. 

Para todos los beneficiarios habrá un máximo de consumo al que se le efectuará la rebaja, para preservar la eficiencia energética.

El descuento se aplicará directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad. El consumidor podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal. 

El decreto también introduce novedades en el caso de impago. Por ejemplo, las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses. 

Los clientes que ya cuenten con un bono social antiguo podrán mantenerlo seis meses más sin necesidad de volver a tramitarlo. Para nuevas concesiones, el Gobierno facilitará a los usuarios una aplicación con toda la información. Además, se podrá solicitar por teléfono, correo electrónico, correo postal y en las oficinas de las empresas comercializadoras. 

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¿Cómo responden por daños los gestores públicos? | Mi dinero

Nuestro Código civil establece: “el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La reparación se exige al sujeto siempre que haya causado el daño por su conducta, sistema que han recogido la mayor parte de los Códigos Civiles europeos, si bien se va abriendo paso la exigencia de responsabilidad objetiva en cuanto a los daños al medio ambiente y a la defensa de los consumidores.

En estos casos, “el que daña, tiene que pagar”. No importa la culpa o la negligencia del causante.Los fondos públicos se obtienen de la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos, como propugna el artículo 31.1 de la Constitución, y tienen el destino que les atribuyan los representantes de la soberanía popular. Por tanto, aquellos que los gestionan, manejan o custodian, así como los perceptores de subvenciones públicas o fondos de la Unión Europea, tienen la obligación de indemnizar al Tesoro Público por el daño debido a acciones u omisiones contrarias a la normativa presupuestaria y de contabilidad del sector público.

El Tribunal de Cuentas, según el artículo 136 de la Constitución, tiene jurisdicción para exigir el reintegro de las cantidades que se hayan menoscabado, más los intereses en un juicio contable con todas las garantías.Las demandas se interponen por la abogacía del Estado, los letrados de la Administración de la Seguridad Social, los representantes de las entidades perjudicadas o por el Ministerio Fiscal. Puede también iniciarse mediante la acción pública: cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar denuncia ante el alto órgano contable cuando estime fundadamente que los fondos públicos han sufrido daño. Para su ejercicio no se requiere prestar caución ni fianza, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pudiera incurrir el que la ejercite indebidamente.

Se resuelven en primera instancia mediante las sentencias dictadas por los Consejeros de Cuentas, contra las que cabe recurso ante la Sala de Apelación del propio Tribunal y, en su caso, recurso de casación ante el Tribunal Supremo en determinadas circunstancias.Tienen esa competencia otros tribunales de Cuentas , como los de Francia e Italia. Un concepto de control que les concede jurisdicción para enjuiciar la mala praxis y los perjuicios ocasionados a los fondos o efectos públicos . Nuestro de Tribunal de Cuentas declaró en sentencia de 29 de septiembre de 2009 que la responsabilidad “se hace efectiva a través de los procesos contables … para tratar de lograr la indemnidad de los caudales públicos, es decir la restitución íntegra a la Hacienda Pública……”.

La función jurisdiccional no obstaculiza, complementa, la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Son muchas las sentencias dictadas por este alto órgano. Algunas se han difundido por el relieve de los sujetos, o por las elevadas cuantías, como la resolución que condenó a los herederos del ex alcalde de Marbella al pago de varios millones por la mala praxis en la gestión de los fondos públicos de su progenitor.

Recientemente los medios de comunicación han dado a conocer el auto que inicia un proceso contra los responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña ante la denuncia presentada por la sociedad sivil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados catalanes por la Constitución, y la Fiscalía. Se ha ordenado el nombramiento de un delegado instructor para realizar las actuaciones previas por pagos presuntamente injustificados. Ya se determinará la condena si llega a probarse la gestión dolosa, la culpa o negligencia y en este caso, deberán los gestores hacer frente a las cantidades utilizadas en las votaciones sin cobertura legal: adquisición de ordenadores, sobres y papeletas, campañas de publicidad institucional, pólizas de seguro a los voluntarios. El Tribunal resolverá con todas las garantías, como corresponde a un Estado de Derecho .

 

Guadalupe Muñoz Álvarez es Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

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Cómo facturar sin ser autónomo | Legal

La crisis ha empujado a mucha gente a trabajar por su cuenta en pequeños trabajos que muchas veces no compensan los gastos a los que tienen que hacer frente, ante lo cual, ya desde 2008 comenzaron a aparecer cooperativas de trabajo asociado cuyo objeto es gestionar las facturas de profesionales que realizan un mismo proyecto o trabajan en un mismo sector de forma puntual; es decir, están dirigidas a profesionales que generan pocos ingresos.

Desde un punto de vista laboral, en vez de darse de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social, la persona que trabaja por su cuenta se da de alta online en la cooperativa de forma que, como en cualquier cooperativa de ese tipo, sus miembros son socios y al mismo tiempo trabajadores de la misma.

Cuando va a facturar los servicios prestados a un cliente, el ya cooperativista lo comunica a la cooperativa, que gestiona su alta por cuenta ajena en la Seguridad Social por el tiempo que le haya llevado el trabajo -horas o días-, y emite la factura al cliente en nombre de aquél.

La cooperativa entrega al trabajador cooperativista una nómina por el importe de las facturas que genera, con el descuento de la Seguridad Social, los costes de la cooperativa -incluida la comisión que le cobra, que suele oscilar entre un 4% y un 6% de las facturas, más una cantidad mensual o por gestión realizada- y los impuestos –retención a cuenta del IRPF, Sociedades-. Algunas abonan el importe neto horas después desde que el cliente les abona la factura. Y no faltan las que aplican un porcentaje al Fondo de Garantía Salarial para asegurar el cobro de las facturas en caso de impago.

Los ingresos son mínimos pero también la cotización es mínima, por el tiempo estrictamente trabajado.

Ahora bien, el sistema genera dudas acerca de la legalidad de la relación laboral existente entre las partes, la más grave la falta de cobertura durante la prestación del servicio, al no figurar de alta en la Seguridad Social hasta que esta ha finalizado. Y otras como cuál sería el convenio colectivo aplicable o en qué grupo profesional se le incluiría. O dudas para el cliente, como a quién reclamar en caso de defectos en el servicio o discrepancias de cualquier tipo.

Ante el crecimiento del fenómeno, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando la existencia de un presunto fraude de estas cooperativas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de facturar sin ser autónomos, como falsos asalariados, actuando realmente como empresas de facturación.

Y la Tesorería General de la Seguridad Social ha comenzado a enviar cartas a clientes de las plataformas de facturación. En una de ellas, por ejemplo, tras examinar su documentación contable y fiscal, considera que el cliente ha mantenido una actividad por cuenta propia durante los periodos que indica, sin figurar de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; y, como consecuencia, le ha dado de alta y de baja automáticamente en esas fechas, a fin de reclamarle cuotas atrasadas más intereses de demora.

Lo cierto es que, si el fin fuera un medio de ayuda mutua que proporciona a sus socios puestos de trabajo a través del esfuerzo personal y directo, no habría ningún problema, pero si lo único que se persigue es eludir la obligación de alta en autónomos y la consiguiente emisión de facturas, el sistema no sería legal.

Los afectados se están organizando y parece que las cooperativas plantarán cara a la Seguridad Social, en una batalla que previsiblemente terminará por regularizar la situación y aclarar las lagunas actuales.

Desde el punto de vista fiscal, en el IRPF tienen la consideración de rendimientos del trabajo las retribuciones satisfechas al consultante socio cooperativista por los servicios prestados a la cooperativa, con independencia de su régimen de afiliación a la Seguridad Social.

Así, la persona que presta sus servicios a través de la cooperativa, y que de otro modo obtendría rendimientos de actividades económicas, pasa a percibir únicamente rentas que tienen la consideración de rendimientos de trabajo.

En materia de retenciones, el porcentaje, deja de ser el fijo del 15% para depender básicamente del importe de las cantidades percibidas, siendo el mínimo del 2%.

Como contrapartida a sus aparentes ventajas, el profesional no puede deducir los gastos inherentes al desarrollo de su actividad, que en ocasiones pueden ser muy elevados, y que en según en qué sectores de actividad harían que esta opción fuese económicamente poco rentable.

Por otra parte, en el IVA, en su Ley reguladora, se declara expresamente la no sujeción a dicho tributo de los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas. Ello implica sin embargo, la imposibilidad de deducirse el IVA soportado en la adquisición de bienes para la realización de actividades económicas en la medida en que se realicen exclusivamente operaciones no sujetas.

Lo que sí es evidente es la simplificación de las obligaciones formales y de gestión con la Agencia Tributaria, desapareciendo la obligación de darse de alta en el Censo de Empresarios y Profesionales y en el IAE, la obligación de presentar declaraciones de IVA, la de declaración anual de operaciones con terceras personas…

A pesar de ello, desde el punto de vista fiscal, habría que hacer números para ver qué opción, si ambas fueran lícitas, resulta más rentable.

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La regla de manutención entregará 1.200 euros limpios a cada autónomo | Autónomos

Tal y como ha adelantado Cinco Días, los partidos políticos han llegado a un acuerdo para incluir en la nueva Ley de autónomos que estos profesionales puedan deducirse hasta 26,67 euros al día por dietas. Es decir, que el trabajador por cuenta propia, que coma fuera de casa habitulamente, va a tener una buena inyección anual en su economía personal. Hemos charlado con Céspedes Asesores para que nos traduzca en dinero real qué supone esta medida para el bolsillo de un autónomo, y en qué casos.

1.200 euros de ingresos extra al año

Los cálculos se han realizado en base a un autónomo medio, con un rendimiento neto de 20.000 euros anuales. 20 días laborables a 26 euros diarios de gasto en comidas suman un total de 520 euros mensuales. Considerando un mes de inactividad al año, la cuenta a realizar para conocer el gasto total anual sería la siguiente: 520 * 11 meses = 5.720,00 euros de gasto deducible en el cálculo del rendimiento de la actividad económica.

Para un autónomo medio, con un rendimiento neto de 20.000 euros anual, la deducibilidad de esa partida, supondría una rebaja en la cuota resultante de su autoliquidación de renta de, aproximadamente, unos 1.200 euros.

Aunque los expertos recuerdan que es muy importante que, además de guardar la correspondiente factura, el pago se realice por medios electrónicos, para asegurarnos la deducibilidad del gasto. Así viene expresado en la norma, y no se admitirán gastos pagados en metálico.

Impacto real para Hacienda

En realidad, la medida afectará únicamente a los autónomos que ya comieran fuera de casa por su actividad. Es decir, los 1.200 euros al año no irán a parar al bolsillo de todos los profesionales, puesto que, para recibirlos, tendrían que tener un gasto de unos 5.720 euros en comidas al año.

Si, hasta ahora, no se ha visto obligado a comer fuera de casa, resultaría incongruente empezar a hacerlo. Ganaría 1.200 euros en deducciones, pero tendrías unas pérdidas de casi 6.000 euros.

Esta es una de las razones que, según ha podido saber este diario, ha animado a Hacienda a aceptar esta petición. La merma de sus ingresos no será tan voluminosa como haber aceptado otras peticiones que también han estado sobre la mesa. Por ejemplo, la deducción del 50% de los gastos de carburante, la cual no estará presente en la Ley.

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Se imponen nuevas maneras de llevar los libros de facturas | Legal

Se acerca el 1 de julio, fecha de entrada en vigor del nuevo Sistema de Suministro Inmediato de Información.

De acuerdo con la normativa del IVA, hasta ahora, los empresarios y profesionales y restantes sujetos pasivos del IVA, debían llevar un Libro Registro de facturas expedidas, un Libro Registro de facturas recibidas, un Libro Registro de bienes de inversión y un Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

A partir del 1 de julio dichos libros se llevan a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y los registros de facturación se deben remitir a la Agencia Tributaria por vía electrónica, en unos plazos muy cortos, de cuatro días naturales (ocho para el 2017) a los que haremos alusión más adelante.

Si bien esto no cambia para todos los obligados tributarios, sí lo hace para aquellos con un período de liquidación mensual, así como para quienes hayan optado por su aplicación de manera voluntaria.

Los sujetos pasivos con un período de liquidación mensual, y para los que resulta obligatoria la aplicación del nuevo sistema, son aquellos cuyo volumen de operaciones hubiera excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, los inscritos en el Registro de Devolución Mensual (a efectos de evitar la aplicación del SII, han podido renunciar al REDEME antes del 15 de junio) y los que apliquen el régimen del grupo de entidades.

La exclusión del REDEME, implica la exclusión del SII, así como el cese en el régimen especial del grupo de entidades, salvo que el sujeto pasivo siga obligado a presentar declaraciones periódicas mensualmente.

Asimismo, cabe la opción de acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema, siendo vinculante dicha opción por lo menos en el año natural para el que se ejercita. La opción debe ejercitarse con carácter excepcional durante el mes de junio de 2017 y, con carácter general, en el mes de noviembre del año anterior al que deba surtir efecto o al presentar la declaración de inicio de actividad. Se entiende prorrogada salvo renuncia, que también se efectúa a través de la declaración censal, en el mes de noviembre anterior al año en el que ha de tener efectos.

Debe tenerse en cuenta que los sujetos pasivos que apliquen el SII desde el 1 de julio de 2017 deben remitir los registros de facturación del primer semestre de 2017, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017, identificando que se trata de operaciones correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017. Estos registros de facturación deben enviarse con los datos que exige la regulación de los libros registro de IVA a 30 de junio de 2017, sin los datos adicionales exigidos por el SII. No están obligados a suministrar estos datos los contribuyentes que hayan presentado el modelo 340 de enero a junio de 2017.

Los plazos para el envío de los registros de información son los siguientes:

La información correspondiente a las facturas expedidas debe suministrarse en el plazo de cuatro días naturales (ocho para el 2017) desde su expedición, salvo que sean expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, el plazo es de ocho días naturales. Asimismo, se establece un límite adicional, ya que la remisión en todo caso, debe realizarse antes del día 16 (es decir el 15 como muy tarde) del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse. Este límite coincide con el previsto para la remisión de las facturas cuando el destinatario sea un empresario o profesional. Por ello, en el caso de que la factura se emita el último día, es decir el día 15 del mes siguiente al de devengo de la operación, la remisión de los datos debe efectuarse ese mismo día.

Cuando no sea de aplicación el SII, con carácter general, las facturas deben hallarse asentadas en los libros-registro, en el momento en que se realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.

La información correspondiente a las facturas recibidas debe ser suministrada en el plazo de cuatro días naturales (ocho para el 2017) desde la fecha en la que se produzca el registro contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación del IVA en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

En las operaciones de importación, los cuatro/ocho días naturales se computan desde que se produzca el registro contable del documento en el que consta la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del período al que se refiera la declaración.

En las operaciones intracomunitarias, en el plazo de cuatro días (ocho para el 2017), desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a que se refieren.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que para el cómputo de dichos plazos se excluyen los sábados, domingos y festivos nacionales. Igualmente, cuando opere el plazo límite de antes del 16 del mes siguiente, si el día 15 fuera sábado, domingo o festivo nacional, se traslada al primer día hábil siguiente.

La información relativa al libro registro de bienes de inversión debe suministrarse dentro del plazo de presentación del último período de declaración del año (hasta el 30 de enero).

Es importante tener en consideración que el retraso en el suministro de la información tiene consecuencias, ya que se establece una sanción específica, consistente en una multa pecuniaria de un 0,5% del importe de la factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.

Ahora bien, el SII no sólo supone un aumento de la información a suministrar a la Agencia Tributaria, en plazos de tiempo cortos. Como contrapartida, permite a los contribuyentes acogidos a él, disfrutar de una serie de ventajas, como son la supresión de la obligación de presentar los modelos 347, 340 y 390 y la ampliación en diez días del plazo para la presentación de las autoliquidaciones periódicas del IVA.

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