Las cuatro mentiras del independentismo a los empresarios | Compañías

Error de cálculo. La gran empresa -catalana, nacional y multinacional- despreció desde el primer día el desafío independentista puesto en marcha por media Cataluña contra la otra media. No llegará la sangre al río, no se atreverán a desafiar la ley, no hay riesgo de ruptura unilateral… Eso decían incluso los mejor informados hasta anteayer. Ahora que el anunciado choque de trenes tiene fecha y hora, y parece inevitable el encontronazo, el mundo económico empieza a prepararse para lo peor. Nadie espera, claro, que de verdad Cataluña vaya a convertirse en una República independiente, de España y de la UE, dos días después del referéndum. Resulta más previsible que el Estado intervenga para impedirlo, si hace falta invocando el temido artículo 155 (que no suspende la autonomía por completo). Quizás sea eso lo que en realidad han buscado los independentistas todo este tiempo: poder representar el victimismo ante el mundo entero.

Un enfrentamiento institucional llevado al límite tendrá impacto en el clima económico. Y sobre todo romperá la estabilidad que siempre buscan los negocios. Algunas compañías preparan planes de contingencia con mucha discreción por si la cosa llegara a mayores. Por ejemplo, estudiarían reordenar sus filiales para aislar el negocio en Cataluña del que tienen en el resto de España. La inversión de las multinacionales (con enorme peso en la comunidad: motor, químicas, alimentación…) no va a irse de repente, pero no entraría un euro más si se desborda la inseguridad política y jurídica. Casi nadie en el mundo empresarial va a levantar la voz porque se teme el boicot de unos u otros. Olvídense, claro, de la Agencia Europea del Medicamento, que no va a huir del brexit para meterse en el catalexit.

Una prueba rotunda del doble lenguaje figura en las presentaciones a los inversores internacionales que elabora la Consejería de Economía. En ellas, el equipo de Oriol Junqueras pasa de puntillas por la anunciada independencia y se incluyen en las previsiones el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) hasta ¡2026! Eso lo escriben los mismos que anuncian la independencia para el 3 de octubre próximo. En la última actualización de esos papeles, apenas se ha añadido una mención a la posibilidad de “escenarios institucionales alternativos”. No sirve eso mucho a que mejore la calificación de bono basura (“el más bajo que hemos asignado nunca a nivel regional”, dice S&P, al nivel de Ruanda o Kenia) para la deuda de la arruinada comunidad.

Algunas compañías estudian reordenar filiales para aislar su negocio en Cataluña. No entraría un euro más en un escenario de inseguridad jurídica y política

El desengaño del mundo económico llega después de que hayan quedado en evidencia las muchas mentiras dichas sobre el procés. Los mensajes que venían del Gobierno catalán y de los partidos que lo apoyan han jugado al equívoco desde el primer momento hasta ahora mismo. Doble lenguaje: prometían una cosa a los suyos y otra a los contrarios. A los temerosos de la ruptura les decían: tranquilos. A los ansiosos de lconvea independencia les prometieron lograr en pocos meses lo que saben imposible. A ninguno dijeron la verdad.

Primera mentira: el objetivo era presionar por una negociación. Visto hoy parece un escenario muy lejano, pero cuando en 2015 se convocaron las elecciones anticipadas a las que Convergència y ERC acudirían en coalición (Junts per Sí), en muchos ámbitos catalanistas se defendía que el movimiento hacia la independencia perseguía en realidad ablandar al Estado y abrir una vía de negociación desde una posición de fuerza. Una negociación que podría obtener un pacto fiscal y el blindaje de competencias, y que podría requerir algún retoque en la Constitución que no pasara por el núcleo duro de la Carta Magna (la que obliga a disolver las Cámaras y convocar referéndum estatal). Incluso hubo personalidades relevantes (una de ellas fue Joan Rosell, otra era el ministro Margallo) que hicieron llegar a La Moncloa propuestas de reforma constitucional (vía disposiciones adicionales) que desbloquearan la situación creada por el recorte del Estatut por el Tribunal Constitucional. De la imposibilidad de un acuerdo mínimamente ambicioso son responsables todas las partes que deberían haberlo facilitado, lo que incluye al muy pasivo Gobierno de Rajoy, pero el primer lugar lo ocupan los que blandieron desde el principio la amenaza de ruptura. Hicieron difícil siquiera intentarlo. Es como si un cónyuge pretendiera ser seducido cuando ya ha tramitado el divorcio.

Segunda mentira: no habría ruptura de la legalidad. A los empresarios preocupados por la deriva independentista de Convergència-PDCat, de siempre un partido pequeñoburgués, y ERC, pragmática en los tres gobiernos tripartitos, estas fuerzas intentaban tranquilizarles señalando que en ningún momento se plantearía una situación de inseguridad jurídica. El poder creciente de la CUP, hija de la tradición anarquista, y las declaraciones desafiantes del Govern fueron desmintiendo esa garantía. Por si cabía alguna duda, la chapucera ley de independencia exprés anunciada ahora deshace toda esperanza: al declararse norma “suprema” supone un golpe de muerte al Estado de derecho. Se aprobaría sin debate parlamentario, sin la mayoría reforzada que exigirían cambios menores en el Estatut, y pretendería validarse con un seudoreferéndum, como el del 9N de 2014, en el que se sabe que solo irían a votar los del “sí”, así que está ganado de antemano por muy baja que fuera la participación. Luego vendría la incautación de los bienes del Estado (puertos y aeropuertos también), la conversión de los tribunales en burdos títeres del Ejecutivo de la República y la redacción de una Constitución por un foro social que mandaría sobre el Parlament. Las alusiones al paraguas de la legalidad internacional no resisten un análisis serio: la misma Carta de Naciones Unidas a la que se agarran en defensa de la autodeterminación de los pueblos (“el primer derecho”, llegan a decir) defiende la integridad territorial de los Estados y la no intervención en sus asuntos internos.

Tercera mentira: no habrá declaración unilateral de independencia. Después de las elecciones autonómicas que dieron una insuficiente mayoría a Junts per Sí, el independentismo entendió que había ganado las elecciones, pero había perdido el plebiscito, al no lograr mayoría del voto popular. Que, por tanto, una declaración de independencia a las bravas no era viable. Hasta la CUP lo admitió así. Pero luego, cuando empezó a verse claro que el Gobierno catalán se plegaba a la vía de desobediencia del grupo antisistema, y cundió la inquietud entre el empresariado, los mensajes desde el palacio de la plaza de Sant Jaume seguían siendo tranquilizadores. El objetivo no era proclamar la independencia sino solo que pudiera celebrarse el referéndum. Ahora la declaración está puesta por escrito y tiene un plazo inflexible: 48 horas después del 1 de octubre.

Cuarta mentira: con Junqueras sí nos podremos entender. Fuera calculado o más bien producto de su rivalidad, el reparto de papeles entre el president Puigdemont y el vicepresident Junqueras ha llegado a engañar al Gobierno de la nación. Rotos todos los puentes entre La Moncloa y Puigdemont, Junqueras ofrecía su cara más amable ante el Gobierno central, con el que ha alcanzado importantes acuerdos financieros (por los que el FLA rescató a la Generalitat de la suspensión de pagos). Para colmo, el de ERC presumía en Madrid de su eficacia y ortodoxia como gestor. El Ejecutivo inició entonces la operación diálogo, encargando a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que mantuviera una interlocución fluida con el vicepresident. Se extendió en el Madrid político y financiero la idea de que una vez que Puigdemont se estrelle y Junqueras alcance la presidencia, sería posible una gestión del conflicto más razonable. Un argumento muy oído: “Como Junqueras ha sido independentista siempre, no como los de Convergència, no tiene que demostrar nada”.

De acuerdo con este relato, abortado el referéndum, y tras nuevas elecciones, Junqueras tomaría las riendas y daría un giro en sus prioridades desde el referéndum (sin renunciar a él) hacia la agenda social, tal vez de la mano de los comuns de Ada Colau e incluso del PSC. Quienes se han creído esto no saben hasta qué punto están movilizados la cúpula, los cuadros y las bases de ERC con el procés. Lo único cierto es que Junqueras (si consigue esquivar la inhabilitación, y parece cuidadoso con lo que firma) está llamado a jugar el papel más relevante en la Cataluña que salga del choque de trenes. Es decir, que le tocará gestionar la frustración.

Ojalá esta cuarta mentira no lo sea tanto y a partir del 2 de octubre se abra una puerta a las soluciones pactadas viables. Que son las que, aun exigiendo renuncias, pueden ser asumibles por la otra parte. Se puede pedir la luna, pero nunca prometer que será tuya.

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Conseguí mi empleo gracias al ‘NY Times’ | Mercados

Hace años circulaban unos anuncios en los que un hombre aducía que había logrado su empleo a través de las páginas de ofertas laborales de The New York Times. Era una buena estrategia: anunciantes y buscadores de puestos de trabajo pagaban espacios en la sección de clasificados y los que deseaban empleo las consultaban. Además, la seriedad del diario neoyorquino daba garantías de que la información era seria y correcta. Años después comenzaron a aparecer unos pósteres, de las decenas que presumían de las ventajas de los rascacielos, donde aparecía un Fidel Castro sonriente haciendo el mismo mérito. “I got my job through the NY Times”.

Solamente los lectores más avezados y conocedores de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y las hazañas de la Revolución castrista, interpretaban correctamente la irónica afirmación. Se refería a un detalle histórico poco conocido acerca de cómo Castro capturó la atención de los medios norteamericanos y el poder de Washington. A parecer, Herbert Mathews, un avezado periodista del diario, famoso tempranamente por haber informado de acontecimientos mundiales importantes, como la Guerra Civil de España, plasmó una entrevista con Castro en Sierra Maestra en 1957. El texto tuvo tal impacto que en Washington se consideró que debía ser en interés de Estados Unidos apoyar a la incipiente revolución que terminaría por derribar la dictadura de Batista, quien había reclamado la muerte de Castro. El resto es historia: Mathews ha quedado señalado por los anticastristas como un cómplice del sistema comunista, mientras que Castro y los suyos lo consideran a la altura del Che Guevara.

Ahora, si la decisión de los editorialistas del Times, al recomendar al Gobierno español que pacte con el catalán y autorice la celebración del referéndum anunciado para el 1 de octubre, tiene éxito, los impresores de carteles y souvenirs se apresurarán a diseñar uno con una efigie de aire castrista. Si el resultado de la consulta deriva en un voto positivo y Cataluña se convierte en un Estado independiente, y republicano (según la especificación de las boletas provisionales), el nuevo presidente catalán podrá ser deudo de un sincero agradecimiento. Quizá entonces el mismo presidente catalán, Carles Puigdemont, se arrepienta de haber renunciado a repetir el cargo. Quizá la foto sea de Oriol Junqueras, el líder republicano que según las encuestas se apunta como vencedor de unas elecciones, constituyentes o transicionales. “I got my job through the NY Times”, en catalán, seguro sería un best seller, objeto de deseo de coleccionistas.

Lo que el editorial del diario norteamericano, el mejor y más influyente rotativo no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, habrá conseguido es atraer la atención sobre un dilema que sigue pesando sobre la cabeza del presidente Rajoy. Como bien dice el editorial, su tozudez no ha conseguido más que el aumento de las huestes independentistas. Al negarse en redondo ni siquiera a hablar sobre el referéndum, aduciendo (correctamente) que la Constitución española no lo permite, pues la soberanía nacional no está troceada, sigue regalando argumentos a los que, al parecer y por ahora, no tienen intención de frenar la carrera hacia el enfrentamiento.

Tampoco sirve de mucho que el NY Times sepa bien que el propio ordenamiento constitucional de Estados Unidos no permite el ejercicio de consultas para estados individuales o en conjunto (como sucedió con la secesión del Sur). Lincoln no se fue por las ramas y aplastó la rebelión, aunque simultáneamente evitó la represión. De la misma forma, la doctrina de Wilson de la libre determinación se ofrecía para los casos, numerosos entonces, de colonialismo, y no es aplicaba ahora.

El NY Times, con sentido práctico liberal, aduce que sería mejor para el Gobierno español autorizar el referéndum, sin rubor de disimulo de calcular que sería negativo para los independentistas (como revelan ciertas encuestas). En otras palabras, tanto la democracia liberal como del propio interés de Estados Unidos ganarían, ya que Washington y Wall Street le tienen pánico a la fragmentación de los Estados. Ya lo dijo Obama: Estados Unidos no se entromete en los asuntos internos de sus aliados, pero prefiere una España “unificada” (fue un gafe, pues quiso decir modestamente “unida”).

Pero los observadores norteamericanos se preguntan qué quieren decir los partidos (como el PSOE) que interpretan España como una “nación de naciones”, sin reparar que hace ya tiempo que sigue pendiente una definición aproximada y clara de la identidad nacional que se decante por la variante norteamericana de opción (es norteamericano que quiere serlo) o la étnica-cultural, la antigua germana, eterna y primordial. Quizá el editorialista del Times intuye que la interpretación de la Constitución, al distinguir “nacionalidades” y “regiones”, requiere sutileza y flexibilidad. Pero quizá su corresponsal en Madrid (el autor en la sombra) no se da cuenta de que una mayoría notable de los españoles no están dispuestos a aceptar mayores ventajas para algunas nacionalidades. Ya se tiene bastante con el convenio vasco, del que nadie habla.

Joaquín Roy es catedrático Jean Monnet y director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami.

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