Defensa pone a la venta el solar del antiguo Hospital del Aire | Compañías

Defensa pone a la venta el conocido como Hospital del Aire, en la zona de Arturo Soria, uno de los barrios residenciales más caros de la capital.

El Consejo de ministros ha autorizado este viernes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) enajenar por el procedimiento de subasta la propiedad denominada “solar del antiguo hospital central del Aire” ubicada en Madrid, con un precio de licitación de 25,1 millones de euros.

La propiedad se encuentra localizada en la calle Arturo Soria número 82, de Madrid, y tiene una superficie catastral de 28.341 metros cuadrados. Constituye una manzana rodeada por cuatro calles: Arturo Soria, Natalia de Silva, General Aranaz y García Quintanilla.

La propiedad fue adquirida por el desaparecido Ministerio del Aire en el año 1945 mediante compraventa. El 21 de diciembre de 2010 se procedió a la firma de un protocolo general de intenciones entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Universidad Empresa para la enajenación de este inmueble, protocolo que quedó sin efecto el 30 de junio de 2011.

Ese edificio sirvió como hospital de referencia para el Ejército del Aire, aunque fue clausurado hace 15 años y posteriormente demolido. Desde entonces, se ha visto ese solar con un enorme potencial para el residencial e incluso para algún centro comercial.

Al tratarse de un bien cuyo valor de venta excede de veinte millones de euros, la enajenación debe ser autorizada por el Consejo de ministros.

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Referéndum Cataluña: Montoro: “Ni un euro irá a pagar una actividad ilegal” | Mi dinero

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el paquete de medidas extraordinarias impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como respuesta al último desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña, que el jueves anunció que dejaría de dar cuenta de sus gastos.

Hacienda venía exigiendo desde julio un informe semanal de los gastos aprobados por el Govern para ir liberando los fondos destinados a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fin de evitar que recursos públicos fueran destinados a la organización del pretendido referéndum independentista previsto para el 1 de Octubre, que el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso.

En respuesta, como adelantó este diario, Hacienda ha puesto en marcha medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permiten tomar el control de facto de la financiación autonómica.

“Hemos aprobado un novedoso sistema de pagos por los que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”, ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizando que “no completamente, pero sí en su mayoría”.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, ha dicho Montoro, garantizando que Hacienda se cerciorará de que los fondos públicos que van a parar a la comunidad autónoma no sirvan para sufragar la consulta soberanista.

Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno eleva un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dándole 48 horas para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que si no firma, será el Gobierno quien aplique. Es decir, el pago de nóminas y servicios públicos fundamentales serán asumidos por Hacienda en cualquier caso, pero el Govern tiene dos días para entregar el resto de facturas pendientes si pretenden que el Estado las cubra.

A partir de ahí, será la administración central quien supervise directamente el pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma y apruebe los distintos gastos que se deban afrontar siempre exigiendo la debida justificación, ha explicado el ministro. Montoro ha aclarado que lo que el Estado pasará a controlar son unos 1.400 millones de euros al mes en gastos de Cataluña.

Montoro, eso sí, ha admitido que el Estado no entrará en los recursos propios que obtiene la comunidad por los impuestos regionales, que serían de unos 250 millones al mes. 

El Estado pagará hasta las nóminas

“Significa que el Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas. Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha explicado, avanzando que este nuevo marco operará “mientras se sigan negándose a cumplir la ley”. “Con esa negación a cumplir la ley son ellos los que ponen en riesgo las prestaciones de servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos de dependencia”, ha aseverado.

Montoro ha sostenido que “es imposible” que Puigdemont no cumpla, alegando que “por no cumplir, ¿nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, la protección” de la ciudadanía?, se ha preguntado.

El ministro de Hacienda ha admitido que la legislación que se aplica es excepcional, es la primera vez que se aplica y que es una palanca previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar la autonomía a la comunidad.

Denuncia a la Fiscalía

Montoro ha avanzado que la negativa del vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a informar a Hacienda de los gatos de la Comunidad Autónoma ha sido remitida a la Fiscalía.

El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat bajo prescripción de la Abogacía del Estado ante alguien que no cumple con sus responsabilidades con la justificación, ha aclarado Montoro, advirtiendo que “cualquier funcionario que recibe una orden de un superior que es una ilegalidad está sujeto a consecuencias del incumplimiento de la ley”. “El superior está colocado fuera de la legalidad, no, lo siguiente”, ha puntualizado Montoro sobre Junqueras, que fue quien ordenó a la interventora dejar de dar cuentas al Estado.

“Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a una actividad ilegal. Pero tampoco privado. No puede haber ningún privado que lo haga. Un referéndum ilegal no puede tener financiación, sea pública o privada”, ha advertido Montoro. “Ni un euro de los catalanes irá a pagar un referéndum ilegal”, ha remachado el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”

 “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, adivirtió el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán celebrada en Barcelona horas después del Consejo de Ministros que aprobó arrebatar a Cataluña su soberanía financiera. Rajoy se mostró orgulloso de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya facilitado 69.000 millones de euros para atender los vencimientos de deuda y el pago a proveedores de la región, pero advirtió que “si en 48 horas no hay cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”. “El Estado va a seguir actuando porque es su obligación”, expuso, asegurando que los funcionarios catalanes seguirán cobrando. Más allá, Rajoy felicito a la Guardia Civil por haber requisado 100.000 carteles de propaganda a favor del referéndum.

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Rajoy recurre al TC contra la desconexin exprs: “En una democracia Puigdemont no puede desobedecer” | Espaa Home

Rajoy anuncia un recurso ante el Constitucional contra la reforma para la desconexin exprs de Catalua

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El Gobierno creará 20.000 empleos públicos, la mayor convocatoria en siete años | Mi dinero

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha acordado con los sindicatos aprobar una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2017 de 10.606 plazas de reposición de libre ingreso –más de 7.000 en la Administración General del Estado (AGE) y 3.360 para la Administración de Justicia–, así como otra oferta de empleo público extraordinaria de 4.246 plazas de nueva creación para 2017 y 2018 en la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, oficinas de DNI y Dirección General de Tráfico (DGT).

Así lo han anunciado los portavoces de CSIF, CC.OO. y UGT en declaraciones a los periodistas en un receso de su reunión con Hacienda en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), en la que se ha concretado la oferta de empleo público de 2017 que aprobará mañana el Consejo de Ministros, así como otra oferta extraordinaria de empleo público, informa Europa Press.

En concreto, la oferta de empleo público para este año contempla 10.606 nuevas plazas, en las que se incluyen más de 7.000 plazas para la Administración General del Estado, la mayor oferta desde 2008, y más de 3.300 para la Administración de Justicia (2.600 plazas para consolidar empleo y 760 para reposición). En todos los casos se tratan de plazas de ingreso libre, según ha indicado el vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias.

A la oferta de empleo público ordinaria se sumaría otra extraordinaria que incluye 4.246 plazas de nueva creación para los ejercicios 2017 y 2018, que será convalidada por Decreto Ley el próximo martes en el Congreso para realizar la convocatoria de forma urgente, ya que está destinada a sectores prioritarios “deficitarios”.

En concreto, estas nuevas plazas son para la Agencia Tributaria, Seguridad Social, SEPE, Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) e Inspección de Trabajo. En total, la tasa de reposición de vacantes se situaría en torno al 120%, según ha apuntado el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez Andújar.

Además, Hacienda ultima con los sindicatos una convocatoria de promoción interna de alrededor de 5.500 plazas, lo que supone un incremento de entre el 25% y el 40%.

Actualmente, el empleo público de la Administración General del Estado supone el 8,27% del empleo público total de todas las Administraciones Públicas, con unos 208.000 efectivos.

“ACUERDO HISTÓRICO”

El vicepresidente de CSIF, Francisco Iglesias, ha valorado el acuerdo al suponer un “punto de inflexión”, con una oferta de empleo público, que supera las 20.300 plazas, que genera “empleo neto” por primera vez desde 2010 y con la que se abordará la situación “precaria” de algunos servicios públicos deficitarios, como examinadores de tráfico, oficinas de DNI con retraso de más de tres meses y oficinas de empleo.

Iglesias ha destacado que se cumple el acuerdo alcanzado el pasado 29 de marzo, que supone una mejora de empleo y se abre la “expectativa importante” de promoción interna.

Igualmente, Iglesias ha detallado que se aborda la creación de un cuerpo de tráfico para afrontar el problema de la escasez de examinadores, que se incluirá en el decreto, y otro nuevo cuerpo de gestión en el Servicio Público de Empleo (SEPE), que debe ser incluido en la oferta extraordinaria con las plazas que llevarán aparejadas, en el caso de examinadores de tráfico, una promoción de 435 funcionarios de C2 al nuevo cuerpo de tipo C1.

UNAS 5.500 PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA

De su lado, el portavoz del área de servicios públicos de CC.OO., José Manuel Vera, ha destacado que hay un “reconocimiento” del Gobierno a sus demandas, si bien ha criticado que el proceso de negociación ha dejado “bastante que desear”, al no contar los sindicatos con ningún documento.

Por su parte, el secretario del sector de la AGE de UGT, Carlos Álvarez, ha calificado de “acuerdo histórico” el consenso alcanzado y ha resaltado que será “muy positivo” porque es “satisfactorio para todas las partes”, al crearse empleo neto, cambiando la tendencia de la última década, en la que se arrastra una pérdida de empleo neto en la AGE del 15%.

Álvarez ha detallado que la tasa de reposición rondaría en torno al 120% en total, mientras que la promoción interna que se ultima de 5.500 plazas supondría un aumento de entre un 25% y un 40%.

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