Referéndum Cataluña: Puigdemont sugiere la proclamación de la independencia | Mi dinero

Poco antes de la 11 de la noche, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont compareció junto con todo su Gobierno para defender la validez del referéndum. Anunció que trasladará los resultados al Parlamento para “que se actúe según lo previsto”. La Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se aprobó entre el 6 y 7 de septiembre, contempla que la victoria del sí lleva a la proclamación de la independencia.

El consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, aseguró que si ganaba el sí, el Parlamento catalán declararía la independencia en las siguientes 48 horas. Unas palabras que fueron matizadas posteriormente por Puigdemont.

Si bien el presidente de la Generalitat sugirió ayer la idea de una declaración unilateral de independencia, también realizó un llamamiento al diálogo. “Nos hemos ganado el derecho a que nos escuchen”, dijo. Y reclamó la mediación de la Unión Europea.

La actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional logró desbaratar la organización del referéndum y probablemente impedirá que la Generalitat pueda esgrimir los resultados del referéndum como válidos ante la comunidad internacional. Sin embargo, el 1-0 y las imágenes de los policías golpeando a votantes que en su mayoría se resistieron pacíficamente están logrando que la causa de los independentistas entre en las agendas internacionales.

Y el relato de la Generalitat, que habló de “represión y violencia de Estado” se imponen. La edición digital de la CNN abrió ayer con una foto de la policía reduciendo a un votante y con el titular “La vergüenza de Europa”.

“¿Ha valido la pena?”, le preguntaron al consejero de Presidencia, Jordi Turull, en la mañana de ayer y cuando llegaban las primeras imágenes de cargas policiales y personas ensangrentadas. “La democracia siempre vale la pena”, contestó.

El 1 de octubre es el final de un largo proceso, en el que no existe acuerdo acerca de cuándo se inició. Hay quien pone como fecha la sentencia del Tribunal Constitucional, que recortó el Estatuto catalán en junio. Un texto que previamente ya había sido rebajado en el Congreso de los Diputados. Otros apuntan que lo sucedido ayer enlaza directamente con el portazo a la propuesta de pacto fiscal que recibió Artur Mas de Mariano Rajoy en septiembre de 2012. Sea como sea, el 1 de octubre marca el inicio de un camino muy incierto.

El Ejecutivo central ha descartado hasta ahora utilizar el artículo 155 de la Constitución Española, que contempla la suspensión de la autonomía. Optó por otras vías para intervenir a la Generalitat como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permitió a Hacienda hacerse el control de las cuentas catalanas. Aun así, ello no impidió la compra de urnas ni la organización de la consulta.

Si el Parlamento catalán aprobará una declaración de independencia, el escenario más plausible sería la detención del presidente de la Generalitat y previsiblemente la aplicación del 155. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, evitó pronunciarse en su declaración institucional sobre este extremo y se limitó a anunciar que convocará a todos los partidos políticos y comparecerá a petición propia al Congreso de los Diputados.

Rajoy dijo que ganó el Estado de derecho y Puigdemont aseguró que ayer ganó la democracia.

Huelga general, el 3 de octubre

Las dos principales organizaciones soberanistas Òmnium Cultural y ANC llamaron ayer a una huelga general para el próximo 3 de octubre. Sindicatos minoritarios ya habían convocado un paro, sin embargo, la suma de Òmnium Cultural y la ANC elevan la convocatoria a otro nivel. CC OO se sumó ayer y UGT decidirá este lunes. “Os emplazamos a que sigáis la consigna de la Taula per la Democràcia que nos emplaza al 3-O a una huelga general. Demostraremos que nada ni nadie podrá contra las instituciones catalanas y sus libertades. El próximo 3-O, todo el mundo a la calle”, reclamó el presidente de Òmnium, Xavier Cuixart.

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Los sindicatos cierran un preacuerdo con Aena y Enaire que despeja la amenaza de huelga | Compañías

Los sindicatos con representación en Aena y Enaire han cerrado este lunes un principio de acuerdo con responsables de estas empresas públicas que despeja la amenaza de huelgas en los aeropuertos españoles hasta fin de año. 

Así lo explicaron a Servimedia fuentes sindicales, que indicaron que dicho preacuerdo debe ser ratificado por los consejos de administración de Aena y Enaire, además de recibir también el visto bueno del Ministerio de Fomento. 

Por ello, estas fuentes, que no quisieron revelar los términos definitivos del preacuerdo, esperan que la firma definitiva se produzca a finales de esta semana o a principios de la próxima.

En este proceso de negociaciones con la participación del Ministerio de Fomento, las organizaciones sindicales reclamaban al gestor aeroportuario una mejora de los salarios y las plantillas, tras amenazar con la convocatoria de 25 días de huelga en los aeropuertos españoles, en un primer momento desde el 15 de septiembre, fecha que se retrasó hasta el 1 de octubre para permitir la negociación.trabajadores de Aena vienen reclamando que, tras tres años de beneficios de la empresa, debe compensarse con una subida salarial la pérdida de poder adquisitivo del 8%, según sus estimaciones, sufrida en los últimos años. 

También piden la creación de 450 nuevos empleos en Aena y 250 en Enaire con el objetivo de compensar la reducción de plantilla llevada a cabo en años anteriores.

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Cómo limitar el daño de la huelga en servicios públicos | Compañías

La reciente huelga de los trabajadores del control de pasajeros del aeropuerto de El Prat ha puesto otra vez de actualidad la figura del arbitraje obligatorio como vía de resolución de los conflictos laborales. Esta figura está prevista y sucintamente regulada en cierta duración y de consecuencias graves para situaciones en las que las posiciones de las partes se hayan revelado alejadas y de las que derive un perjuicio grave a la economía nacional.

La excepcionalidad del arbitraje obligatorio así concebido ha determinado que solo en contadas ocasiones se haya recurrido a su imposición. Aunque el requisito de la producción de un grave perjuicio a la economía nacional ha sido interpretado cada vez más flexiblemente, la figura sigue siendo de aplicación excepcional.

Y en esa aplicación destacan varios puntos: el arbitraje obligatorio se presenta, en todo caso, como una medida de reacción, nunca de prevención. Cuando se impone, el daño ya está hecho, no se pretende en ningún caso la evitación del daño antes de su producción.

Y no cabe imponer la reanudación del trabajo, aunque en la práctica la huelga no suele continuar una vez que se ha decidido recurrir al arbitraje, tanto porque el plazo concedido para el dictado del laudo suele ser muy breve como porque la continuación de la huelga durante el arbitraje podría interpretarse como una presión sobre el árbitro, afectando a las condiciones en que ha de desarrollar su labor.

Aunque el legislador, llamado constitucionalmente a regular el ejercicio del derecho de huelga (estableciendo, como contenido mínimo y obligatorio de dicha regulación, las garantías necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad), ni está ni se le espera en una muestra más de la indolencia, cuando no cobardía, institucional que nos aflige, la evolución de los conflictos laborales exigiría revisar y poner al día esta figura del arbitraje obligatorio.

Si las huelgas en el sector privado de la economía, a pesar de las carencias de su régimen jurídico, no plantean mayores problemas, entre otras cosas por la caída muy significativa de la conflictividad, cuando contemplamos el sector de los servicios públicos el panorama es muy diferente. Por una parte, la mayor parte de los conflictos se producen en empresas prestadoras de tales servicios y la presión de los huelguistas pretende desplegarse más sobre los ciudadanos, usuarios de los servicios afectados, que sobre las empresas encargadas de su prestación.

El debate sobre el derecho de huelga y su regulación no debe ignorar este cambio trascendental. Y, sobre todo, no debe ignorar que el derecho de huelga consiste en el derecho a incumplir la prestación laboral, provocando la pérdida de la producción, para que la empresa sufra un perjuicio económico que la mueva a aceptar las reivindicaciones laborales.

Es una medida de presión sobre el empresario, que implica también un perjuicio para los huelguistas (la pérdida de la retribución), que se protege jurídicamente (impidiendo sancionar a los trabajadores por el incumplimiento de su obligación laboral) para equilibrar la relación de fuerzas. Pero cuando estamos ante servicios públicos, los usuarios de los mismos son terceros ajenos al conflicto. No debe resultar lícito que la presión sobre el empresario, y sobre los poderes públicos, se ejerza a través del perjuicio y de la afectación de los derechos de los ciudadanos.
Cuando en un conflicto laboral resultan afectados derechos fundamentales de los ciudadanos (a la libre circulación, a la salud, a la seguridad), estos derechos deben prevalecer.

Por eso deben admitirse como legítimas las medidas que aseguren la prestación del servicio, siempre que no anulen el ejercicio del derecho de huelga o le priven de cualquier efecto útil.

Y este efecto útil no desaparece si el empresario sufre un perjuicio, al no recibir las compensaciones económicas por el servicio no prestado y al poder ver rescindida incluso la concesión del mismo. El derecho de los huelguistas supone la producción de un perjuicio para la empresa, por la pérdida de la producción, pero en ningún caso incluye el derecho a que el servicio que la empresa prestaba deje efectivamente de prestarse.

La garantía de la prestación del servicio por otros medios no deja, sin embargo, de ser una solución provisional, válida mientras el conflicto de fondo no se resuelva. Y lo mismo sucede con otras medidas dirigidas a la evitación de daños excesivos, como las de prohibición de las huelgas de transportes en determinadas fechas.

Para resolver el conflicto de fondo, garantizando la tutela de los derechos fundamentales afectados y al mismo tiempo evitando que los trabajadores queden en posición de mayor debilidad frente a la empresa, un instrumento muy útil puede ser el arbitraje obligatorio.

Este debe ser concebido como instrumento ordinario y no excepcional de resolución de determinados conflictos. Debe estar abierto tanto a las autoridades responsables de los servicios afectados como a los trabajadores en conflicto con la empresa de manera más ágil y directa, y debe poder plantearse como un arbitraje preventivo, para evitar la producción de un daño que podría, si hay que esperar al desarrollo de la huelga, devenir irreparable. Piénsese en las huelgas de transportes urbanos que hubieran podido acarrear la pérdida del congreso mundial de telefonía móvil de Barcelona de haberse llevado a cabo.

Todo ello exigiría una nueva regulación al menos de la figura del arbitraje obligatorio en las huelgas de servicios públicos, con particular atención a la imparcialidad del árbitro y al procedimiento a respetar para la imposición del arbitraje.

Federico Durán López es catedrático de Derecho del Trabajo y consejero de Garrigues

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Los vigilantes de Eulen en El Prat convocan una nueva huelga para el 6 de octubre | Compañías

Los trabajadores de Eulen en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que se encargan de los controles de seguridad, han decidido convocar una nueva huelga a partir del viernes 6 de octubre, esta vez para exigir a la empresa que cumpla con el laudo obligatorio que el árbitro, Marcos Peña, publicó la semana pasada.

El asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez, ha subrayado que eso no quiere decir que vean con “buenos ojos” el laudo, cuyo contenido la misma asamblea ha rechazado por unanimidad.

“Queremos que se cumpla aquello que no queremos, pero que es a lo único a lo que nos podemos acoger y no se está cumpliendo”, ha señalado Giménez en declaraciones a los medios tras la asamblea. En la reunión se ha puesto sobre la mesa que el día a día de los trabajadores es “peor” ahora que cuando empezó el conflicto.

Giménez ha confiado en que este mes sirva para llegar a un acuerdo con la empresa y ha reclamado que Aena vuelva a sentarse en la mesa para que adquiera el compromiso de respetar las mejoras que incluye el convenio en futuras licitaciones.

En la asamblea de trabajadores de Eulen se ha puesto sobre la mesa que el día a día es “peor” ahora que cuando empezó el conflicto

El compromiso de la empresa

La semana pasada Eulen anunció la readmisión de los dos trabajadores que fueron despedidos por no presentarse a su puesto de trabajo durante el conflicto laboral en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en cumplimiento del laudo arbitral obligatorio presentado por el presidente del CES el pasado jueves.

En un comunicado, Eulen también se comprometió a incluir en las nóminas del mes de agosto la cantidad correspondiente al complemento salarial establecido en el laudo, de 200 euros mensuales. La empresa tenía previsto, por último, desistir la demanda interpuesta contra el comité de huelga.

Con el laudo de obligatorio cumplimiento, el Gobierno dio por finiquitado el conflicto que ha amenazado con el colapso del segundo aeropuerto de la red de Aena por número de viajeros. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apeló a la responsabilidad de los trabajadores para que levantar las huelgas previstas para este mes de septiembre. Lo que no entraba en sus presupuestos es que la asamblea mantuviera vivo el conflicto a la espera de ver gestos tangibles por parte de la empresa.

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Los tres primeros días de enfermedad del trabajador no necesitan parte de baja | Legal

El pasado mes de junio la Audiencia Nacional resolvió una demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato CC. OO. que cuestionaba que una empresa pidiera a sus trabajadores el parte de incapacidad temporal desde el primer día de enfermedad. En este caso según la norma convencional, un Acuerdo de Homologación de condiciones de trabajo para el personal de la empresa demandada, los trabajadores podían disfrutar de un permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica. Con el único requisito de contar con un justificante de ausencia o reposo, distinto del parte de baja, emitido y firmado por un facultativo del Servicio Público de Salud o Mutua.

La sentencia pone de manifiesto las diferencias prácticas entre el permiso por enfermedad (de hasta 3 días) y la incapacidad temporal. En primer lugar, el hecho que da lugar a cada una de las dos situaciones. Mientras que para el permiso retribuido es la enfermedad del trabajador justificada por el sistema sanitario público durante los 3 primeros días de cada período de enfermedad, la incapacidad temporal es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo. Otro punto distinto es que durante el permiso retribuido el trabajador tiene derecho a percibir su salario íntegro mientras que durante la baja médica percibe una prestación de la Seguridad Social cuyo objeto es paliar la pérdida del derecho al salario, propia de cualquier situación de suspensión del contrato de trabajo.

A pesar de estas diferencias y de lo que dicta la norma convencional, desde marzo de 2016 en Galicia, y posteriormente en otras delegaciones de la empresa, se empezó a exigir el parte de baja para justificar tal permiso, amparándose en la entrada en vigor de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio que desarrolla el Real Decreto 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

La sentencia sin embargo, reconoce que el precepto convencional que regula este permiso es claro a la hora de admitir que la enfermedad esté justificada por el sistema sanitario público del trabajador, lo que avala cualquier tipo de justificante, práctica que además venía siendo admitida por la empresa con anterioridad.

En conclusión, la Audiencia Nacional otorgó la razón al sindicato y declaró, en virtud del tenor literal del artículo del convenio aplicable, el derecho de los trabajadores de la empresa a disfrutar del permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica o incapacidad temporal.

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Eulen deberá pagar 200 euros más a los vigilantes del aeropuerto de El Prat | Compañías

El laudo arbitral elegido por el Gobierno ha dictado sentencia para solucionar el conflicto entre los trabajadores de los controles de seguridad en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen. Esta resolución de obligatorio cumplimento, establece un complemento salarial de 200 euros mensuales para cada vigilante.

Esta misma oferta fue realizada por la Generalitat el pasado 11 de agosto, y fue rechazada por los trabajadores que exigían 350 euros mensuales por 15 pagas. Pese a rebajar sus pretensiones a 250 euros y 15 pagas, no se logró llegar a ningún acuerdo

El árbitro considera, asimismo, que ambas partes “no deberán adoptar nuevas medidas de conflicto y huelga relacionadas con las materias del laudo” y “no deberán producir efectos las medidas disciplinarias adoptadas en relación con el desarrollo del conflicto”.

Por ello, el árbitro asignado por el Gobierno para poner fin al conflicto,el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, señala en el documento que quedarán sin efecto las sanciones impuestas y los expedientes iniciados.

También ha pedido a la empresa que evite poner más sanciones y espera que la resolución cuente con el apoyo de los trabajadores, “necesitamos saber si a los trabajadores les satisface este laudo, aunque sea de obligado cumplimiento”, ha añadido.

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El Gobierno da un puñetazo en el conflicto de El Prat y concede 12 días para una solución arbitral | Compañías

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el procedimiento para el laudo de arbitraje obligatorio para resolver el conflicto laboral en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Concede 24 horas a las partes para consensuar la elección de un árbitro. En caso de que no haya acuerdo, lo designará el Ministerio de Fomento. Así lo anunció el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de carácter extraordinario convocado para analizar la crisis que atraviesa el aeropuerto de Barcelona por la huelga indefinida de los empleados de Eulen desde el lunes, a la que el Ejecutivo ha respondido con el incremento de agentes de la Guardia Civil.

El laudo de arbitraje obligatorio establece que las partes disponen de 24 horas para consensuar la designación de un árbitro y si no se ponen de acuerdo será el propio Ministerio de Fomento quien nombre al arbitro en un plazo de otras 24 horas. Además, el procedimiento deberá resolverse en un máximo de 10 días desde que se designe al árbitro.

El ministro de Fomento reiteró que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el “más escrupuloso respeto al derecho de huelga”.

Rechazo de los huelguistas

Por su parte, fuentes del comité de huelga de Eulen insistieron tras las declaraciones de De la Serna que impugnarán la fórmula del laudo en la medida de lo posible.Del mismo modo, CCOO mostró su rechazo al anuncio de laudo por el Gobierno ya que, en su opinión, “atenta contra el derecho de huelga y negociación colectiva”.

Sobre la posibilidad de la extensión de la huelga a otros aeropuertos como el de Valencia, Alicante, Santiago o A Coruña, De la Serna, subrayó que este acuerdo tiene un “carácter excepcional” para El Prat y no cree que se puedan extrapolar las circunstancias de estos trabajadores a otros aeropuertos porque existen diferencias, entre otras cuestiones porque “las empresas subcontratadas son diferentes”. En esta misma línea, la comparecencia del ministro sirvió para recalcar que, a petición de los sindicatos UGT y CCOO, se creará un grupo de trabajo que se centre en la seguridad privada y en el que el Gobierno será partícipe. Esta medida, como recalcó el ministro de Fomento, “no sustituirá a la mesa de trabajo sectorial” y se centrará en evaluar de forma general las condiciones de formación, la calidad del servicio y las condiciones laborales y salariales.

En medio de esta resolución, El Prat operó este miércoles con total normalidad en la tercera jornada de huelga indefinida, con un pico máximo de esperas inferiores a los 20minutos.

Los sindicatos

CCOO, UGT y USO han registrado en la CIVCA (Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje) la convocatoria de huelga en el gestor aeroportuario AENA y en Enaire, prevista a partir del 15 de septiembre y con una duración de veinticinco jornadas.

Fuentes de UGT han confirmado a Efe que siguen sin recibir aún respuesta por parte del Ministerio de Fomento a sus reivindicaciones en cuanto a las mejoras de sus condiciones laborales y salariales, por lo que siguen con los trámites previos a la convocatoria de huelga.

Uno de estos trámites, como establece el convenio que rige en el ámbito aeroportuario, ha sido la presentación en el registro de la CIVCA de la convocatoria de huelga.

Los sindicatos ya formalizaron un preaviso de paros el pasado lunes, que remitieron a la Dirección General de Trabajo.

La comisión (CIVCA), creada como un órgano de conciliación, está compuesta por cinco representantes de AENA y un número igual de representantes de las organizaciones sindicales firmantes del I Convenio Colectivo.

No obstante, UGT ha mostrado su confianza en que puedan lograr un acuerdo que evite la huelga en una reunión que celebrarán con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el próximo 31 de agosto.

Los sindicatos tiene previstos paros de 24 horas, que tendrían lugar los días 15, 17, 22, 24 y 29 de septiembre; 1, 6, 11, 15, 27, 30 y 31 de octubre; 3 y 5 de noviembre; y 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

CCOO, UGT y USO reclaman, en materia salarial, un abono lineal que permita a los trabajadores participar en los “extraordinarios” resultados de AENA y Enaire, sobre todo teniendo en cuenta que han perdido hasta un 8 % de poder adquisitivo.

Los sindicatos piden también que, además de la tasa de reposición, se creen unos 450 puestos de trabajo en AENA y en torno a 250 en Enaire para garantizar la operación de los centros “en condiciones de seguridad adecuadas” ante la cada vez mayor demanda de vuelos.

Los paros afectarían a labores como las que ejercen los bomberos en los aeropuertos, el personal de operaciones de aparcamientos y cintas de repostaje, personal de maniobrabilidad en pista, electricistas, personal de las áreas de comercial, seguridad e informática, así como los trabajadores de mantenimiento de las torres de control, entre otras tareas.

El arbitraje obligatorio ya actuó en otras ocasiones

Controladores aéreos. La dirección de Enaire y los trabajadores del control de tráfico aéreo llegaron en 2011 a un acuerdo para mantener durante dos años más la vigencia de su convenio colectivo mediante un laudo arbitral emitido por Manuel Pimentel. En ese caso, la decisión de Pimentel no partió de cero, sino del previo acuerdo firmado por Aena y los controladores.

Iberia. La aerolínea y sus pilotos fueron sometidos a dos laudos arbitrarios llevados a cabo por Jaime Montalvo en 2012, que posteriormente fueron anulados como consecuencia de que contenían disposiciones que excedían del objeto del arbitraje y que limitaban derechos de terceros.

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El comité de El Prat, dispuesto a seguir la huelga hasta que llegue el laudo | Compañías

Los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat están dispuestos a continuar la huelga indefinida hasta el laudo obligatorio que ha anunciado el Gobierno y que creen “ilegal”, al tiempo que critican el despliegue de la Guardia Civil en esta infraestructura. El portavoz del comité de huelga de Eulen, Juan Carlos Giménez, ha asegurado, en declaraciones a Efe, que su intención es llevar a los tribunales el laudo obligatorio que prepara el Gobierno para poner fin al conflicto laboral en el aeropuerto barcelonés y no se plantean mientras tanto abandonar la huelga, a no ser que se acepten sus reivindicaciones.

“Esperaremos al laudo y lo denunciaremos en los tribunales porque creemos que es ilegal y vulnera el derecho a la huelga. Seguro que ganaremos ante la justicia, aunque eso será dentro de mucho tiempo y ya nadie se acordará del conflicto”, ha subrayado Giménez. El representante de la plantilla ha criticado el uso de  efectivos de la Guardia Civil para paliar los efectos de los paros.  Según el portavoz del comité de huelga, algunos trabajadores de Eulen sufrieron ayer “presiones” por parte de agentes de la Guardia Civil destinados como refuerzo en el aeropuerto

En la jornada de hoy las colas en los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat se han reducido a las de un día normal en agosto gracias a la actividad de la Guardia Civil y al hecho de que los servicios mínimos decretados son del 90%. Fuentes del aeropuerto aseguran que, a partir de las 9.00 horas, se puede hablar de “normalidad”, ya que los tiempos de espera son de unos 10 minutos, mientras que en las horas previas oscilaban en los 20 minutos.

En los controles se aprecia la presencia de un par de agentes de la Guardia Civil en cada filtro, donde llevan a cabo tareas como revisión de equipajes de mano -para asegurar que no se transporta ningún objeto prohibido-, petición de la documentación de embarque y control del pase por el arco de seguridad.

La asamblea de trabajadores rechazó ayer, por segunda vez en menos de una semana, la propuesta mediadora de la Generalitat, que establecía un plus de 200 euros al mes por doce pagas, lo que evitó que se pudiera cerrar el conflicto que se arrastra desde hace ya más de tres semanas.

La Generalitat, por su parte, también ha reforzado la presencia de los Mossos d’Esquadra en el aeropuerto barcelonés, donde tienen encargada la seguridad del espacio público, tal y como acordaron la administración autonómica y la española en la reunión del comité de crisis del pasado jueves.

Las colas más importantes se han vivido esta madrugada, antes de las 6.00 horas, y se deben, en gran parte, a que a esa hora sólo hay un filtro de seguridad abierto, y además los pasajeros tienden estos días a adelantar mucho su llegada al aeropuerto de El Prat para evitar perder sus vuelos por las demoras en los puntos de control de seguridad. El aeropuerto de El Prat tiene previsto hoy gestionar 500 salidas de aviones, con 91.800 pasajeros.

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El Gobierno activa el laudo obligatorio para cerrar el conflicto de El Prat | Compañías

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado que el Ejecutivo, tal y como había adelantado el viernes, activará el proceso para establecer un laudo obligatorio que acabe con el conflicto entre los trabajadores de Eulen en el aeropuerto del Prat y la compañía, una vez que éstos han rechazado de nuevo la propuesta de mediación de la Generalitat. El titular de Fomento ha mostrado “respeto” por la decisión de los trabajadores, si bien ha añadido que esperaba “más responsabilidad” por su parte y ha tachado su posición de “inmovilista” dado que la huelga indefinida es un “salto cualitativo”.

En paralelo, de la Serna ha indicado que los preparativos para enviar una mayor dotación de guardias civiles al aeródromo catalán. “Hay efectivos que ya se están trasladando a Catalunya”, aseguró, si bien insistió en que su labor será “garantizar la seguridad y el orden público en una infraestructura que es estratégica”. Así, no ha si los agentes realizarán las labores de los trabajadores de Eulen o se limitarán a labores de vigilancia.

La huelga arranca esta madrugada a las 0.00 horas y es de carácter indefinido, pero se han decretado servicios mínimos del 90%. Los representantes de los trabajadores ya han adelantado que los servicios mínimos se cumplirán de forma escrupulosa, por lo que, en su opinión, no hay motivo alguno para que los agentes uniformados asuman la tutela de los controles de seguridad. De la Serna no ha cifrado el número de efectivos que acudirán a Barcelona.”Que una decisión de unos pocos no afecte a millones de españoles y turistas”, ha añadido el ministro.

El laudo, que de la Serna ha explicado como la tercera fase en la resolución del conflicto, una vez han fracasado tanto la negociación entre empresa y trabajadores como la mediación de la autoridad competente, en este caso la Generalitat. El proceso previo a la solicitud de la mediación se ha iniciado este fin de semana; como ha explicado de la Serna, Fomento se ha puesto en contacto con la Abogacía del Estado para que ésta se lo comunique al ministerio de Empleo.

El primer paso será el nombramiento del árbitro que dirima el conflicto. El ministro ha indicado que hará lo posible por “acortar los plazos” del arbitraje, cuyo dictamen será vinculante para las partes. El lunes, además, se convocará una mesa de seguimiento con la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para hace seguimiento de la crisis.

Finalmente, de la Serna ha indicado que sería conveniente que las condiciones laborales en aquellos servicios relacionados con la seguridad ciudadana, como los aeropuertos, estén equiparadas. Algo para lo que, recuerda, ya existe una mesa sectorial con presencia de los sindicatos.

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El derecho de huelga, la gestión aeroportuaria y la sostenibilidad turística | Compañías

El conflicto abierto en los servicios de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que proporciona una visibilidad descomunal a escala nacional e internacional por la gran afluencia de viajeros en estas fechas, pone en evidencia la debilidad del sistema de contratación de los servicios; la confusa cadena de responsabilidades políticas y empresariales; la laxitud de la legislación que debe regular el derecho de huelga y el de los viajeros; y la vulnerabilidad de una actividad básica para la economía como es el turismo. Cada una de ellas merece una seria reflexión y todas, cambios que pongan racionalidad y efectividad; en caso de no hacer nada, que es la tentación fácil, el riesgo de reproducción del conflicto seguirá enquistado, y las únicas víctimas serán, vía la diáspora del turismo, los trabajadores y empresas que viven de ello.

En primer lugar, no estaría de más poner legislativamente coto a los mecanismos de presión laboral cuando el daño causado es muy superior al que se pretende reparar con la huelga, como es el caso en este conflicto, en el que se toman de rehenes a los centenares de miles de viajeros que pasan por las instalaciones de El Prata cada día, con una media de más de 500 vuelos operados. Pese a la resistencia sindical, una regulación del ejercicio de la huelga sigue siendo una asignatura pendiente que no puede seguir retrasándose en este país. En segundo lugar, la práctica empresarial de arañar márgenes en la subcontrata de servicios debe tener límite, por poca trascendencia que tengan tales servicios, que no es el caso si se trata de la seguridad como demuestran los episodios terroristas los últimos años.

Y debe quedar claro también quién es el responsable de las cosas. El Prat siempre ha sido un paradigma de disputa, casi siempre más por la ramplona búsqueda de rentabilidad política que por la prestación de un servicio excelente; en este caso una pendencia corregida y aumentada por la deriva independentista de la Generalitat. Pero quien gestiona el aeródromo es AENA, exitosa cotizada en Bolsa, que debe cerrar ya este conflicto y otros en ciernes, porque por sus manos pasan millones de viajeros al año, la imagen de España y buena parte de la primera industria del país.

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