El 39% de los alumnos en riesgo saca mejores notas de las esperadas | Fortuna

Uno de cada tres alumnos españoles menores de 16 años (36%) ha repetido curso al menos una vez. Un dato preocupante si se compara con las cifras de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los que la cifra se reduce de media al 15%. “La tasa de repetición española es realmente muy alta”, afirmó ayer el catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Carabaña, uno de los 11 expertos que ha participado en la elaboración del informe Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español 2017, coordinado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y apoyado por la Fundación Ramón Areces. “Además, su estabilidad a lo largo de los años muestra que es una característica del sistema educativo”.

Para prueba de ello basta mirar las cifras de la tasa de idoneidad española a lo largo de los años. Este dato, que hace referencia al porcentaje de alumnos que se encuentra en el curso escolar natural según su edad, se ha mantenido parcialmente estable en los últimos tiempos. Si en el curso 1992-1993 se situaba en el 60,6%, en la etapa 2014-2015 llegó al 63,9%. En medio, unas más elevadas, como la lograda en el curso 1998-1999 (64,6%) y otras mucho más bajas, como la alcanzada en 2005-2006 (57,7%). “Sea como sea, los números no han variado de forma notable”.

Para Carabaña, una de las singularidades más reseñables es el impacto que la crisis económica ha tenido en la tasa de idoneidad. La cifra mejoró a medida que aumentaba la recesión económica, llegando al 58,7% en 2008-2009, al 61,7% en 2011-2012 y al 63,9% en 2014-2015. Las razones de este fenómeno, sin embargo, no parecen estar tan claras como los números: “Puede achacarse a una madurez y sensatez de los alumnos, que anticipándose a las dificultades del mercado, vieron que una salida interesante era la de estudiar”. O quizá al empeño de los profesores, que ante las dificultades que se preveían, se volcaron con los estudiantes para que sacasen sus estudios adelante. Sea como sea, y aunque las tasas de repetición hayan disminuido, los números de España siguen siendo de los peores de la OCDE.

Una de cal y otra de arena. Frente a estos malos resultados, España destaca en otros aspectos como la resiliencia educativa, un concepto que hace referencia a aquellos estudiantes que, pese a vivir unas condiciones socioeconómicas adversas, sacan sus estudios adelante, sobreponiéndose a las expectativas marcadas por su situación material. Así, España ocupa nada menos que el segundo puesto de la OCDE, con una tasa del 39%, solo por detrás de Estonia (48%) y muy por encima de la media (29%) y de otros países como Gran Bretaña (35%), Alemania (33%) o Dinamarca (27%).

Los alumnos de entornos desfavorecidos son 11 veces más proclives a repetir

“Hay que recordar que los estudiantes que se mueven en entornos desfavorecidos son casi 11 veces más proclives a repetir que aquellos de entornos acomodados”, insistió el sociólogo de la Universidad de Zaragoza, Pau Mari-Klose. Estas situaciones vienen determinadas por planos como el individual, en el que entran cualidades como la motivación, las ganas, el miedo o la inseguridad, “y que por supuesto no son innatas, sino que vienen motivadas por factores externos”. También dan que hablar el plano escolar, el plano familiar y el plano comunitario, que hace referencia a los recursos públicos disponibles, como el fácil acceso a una biblioteca o al transporte público con el que acudir al instituto. “Aumentar la resiliencia supone intervenir en todos estos niveles, y España no lo hace mal del todo, aunque sigue habiendo altas tasas de abandono y de repetición de curso escolar”.

El citado informe también hace referencia a otros aspectos que determinan el resultado de los alumnos, como la tasa de autonomía escolar con la que cuentan los directores y docentes, es decir, la capacidad de implantar innovaciones y métodos formativos diferentes, así como de tomar decisiones por sí mismos. “La autonomía no es buena ni mala de por sí, sino que depende de cómo se ejerza”, recordó Miguel Ángel Alegre, del Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua),España, con un 57%, es el tercer país de la OCDE con menor grado de autonomía. Pero hay que recordar que más soberanía “puede provocar segregación entre las escuelas, por perfiles de alumnos según rendimiento o nivel económico de las familias. Puede llegar a ser nociva para escuelas sin recursos humanos y materiales, por lo que también hay que vigilarla”, recordó.

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Máster: Los mayores de 26 años ya no quieren estudiar una carrera | Fortuna

Durante los años de constante destrucción de puestos de trabajo que ha vivido la economía española, incluso en el periodo actual de recuperación, se ha reforzado la idea de la formación constante para la mejora de la empleabilidad. Una forma de mantener las capacidades al día y de ser un perfil atractivo para las empresas.

En España, el 9,4% de la población de entre 26 y 65 años participó en alguna actividad formativa en 2016, según los últimos datos del Ministerio de Educación. Y en el curso 2016/2017, alrededor de 435.000 personas con una edad superior a 26 años estaban matriculadas en estudios universitarios, ya fuese de grado o máster. Un 11% menos que en el curso 2013/2014. Este descenso no es uniforme entre las distintas opciones con las que cuentan quienes quieren seguir estudiando, algo que confirma un cambio en la forma en que estos se acercan a la enseñanza universitaria.

Los datos de los últimos cuatro cursos arrojan una primera conclusión: cada vez menos personas mayores de 26 años, es decir, gente que pasado su periodo natural de formación quiere continuar estudiando, eligen una carrera para hacerlo. Las nuevas matrículas en grados universitarios se han reducido en un tercio en apenas cuatro cursos: en el 2013/2014 fueron 109.154 personas de la edad referida las que eligieron esta opción universitaria, mientras que en el curso pasado la cifra había caído a 72.924. Un descenso que afecta, sobre todo, a la universidad pública. En esta, el retroceso de alumnado de estas edades roza el 40%: se ha pasado de 88.674 personas a 53.682. La reducción en la privada es mucho menor, del 6%, e incluso modalidades que pueden ser más solicitadas por personas que quieren compatibilizar su empleo con los estudios, como la universidad a distancia, también se han visto afectadas: las matrículas nuevas en este último caso han caído un 22% desde 2013.

Este descenso en nuevas matrículas también tiene su correspondencia en el conjunto de estudiantes ya matriculados en grados universitarios. Se ha pasado de 405.220 en el curso 2013/2014 a 319.372 en el 2016/2017, un 23% menos. Como en las primeras matrículas, la pública sufre la mayor caída. Un 24%. Las privadas, un 8%. Ya sea por necesidad o por interés personal, el grado ya no seduce.

Cuando se pensó Bolonia se quería que el grado habilitase la inserción laboral, pero la realidad no ha sido así

Juan Antonio Vázquez, de la Universidad de Oviedo

“Cuando se planteó Bolonia se quería que el grado tuviese un nivel formativo que habilitara para la inserción laboral. Pero la realidad ha dado la vuelta a esa intención. Ahora se percibe al grado como una condición necesaria, pero no suficiente”, afirma el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo, y rector de este centro entre 2000 y 2008, Juan Antonio Vázquez. No es la única explicación de esta caída. Esta transformación también obedece a un cambio de tendencia: “Antes, muchos profesionales que ya estaban trabajando decidían completar su formación, ya fuese por afición o por obligación, con otra carrera. Ahora, esa segunda titulación en forma de grado se ha desinflado, impulsando otro tipo de estudios”, comenta Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Jaén y uno de los directores del tradicional estudio anual de la CRUE, La universidad Española en cifras.

Este experto se refiere al máster, un título que ha ido ganando peso paulatinamente en todas sus formas desde el curso 2013/2014, tanto en el número de estudiantes mayores de 26 años matriculados como en la oferta que lanzan cada curso las universidades. Si en el citado periodo eran 85.506 los matriculados en esta modalidad, la cifra aumentó hasta un 36% durante los siguientes tres años, llegando en 2016/2017 a 116.729 alumnos. El salto también se hace palpable en lo que se refiere al número de egresados mayores de 26 años, pasando de 18.052 a 25.548 titulados en el citado periodo, un aumento del 41%.

La segunda titulación en forma de grado se ha desinflado, dando paso al máster

Juan Hernández Armenteros, de la Universidad de Oviedo

Como en el caso de los grados, la diferencia entre los centros públicos y privados es considerable, a pesar de que el número de matriculados crece en ambos. En el curso 2013/2014 fueron 56.205 los mayores de 26 años matriculados en un máster de la universidad pública, pasando en 2016/2017 a 69.250. Esta subida, aunque del 23%, se queda corta al compararse con los números de los campus privados, que pasaron de tener 29.301 matriculados en 2013 a 47.479 tres años después, un ascenso del 62%. “Hay que recordar que para varios titulados, como el arquitecto, ingeniero aeronáutico o abogado, ese título ya es obligatorio, habilitante. Pero esto solo afecta a unas 15 carreras”, explica Juan Hernández Armenteros. Y en lo que respecta al resto de titulaciones, en las que el máster no es necesario sobre el papel, “las universidades se han puesto las pilas, con una oferta impresionante en muy poco tiempo, intensa y extensa, algo que también explica este aumento”, prosigue.

Las cifras le avalan: si en 2013/2014 el total de los másteres ofertados en España era de 3.306, en el último curso fue de 3.772, sumando 466 títulos. A esto se le añade, como recuerda el exprofesor visitante en Oxford y experto en gestión de educación superior, José-Ginés Mora, el boom que se ha creado en torno al máster, “un título que casi se ha convertido en moda, y que parece que todo graduado de hoy en día tiene que tener para dar el salto al mundo laboral”. Una idea que comparte Juan Antonio Vázquez, de la Universidad de Oviedo. “Se percibe al máster como la llave para el mercado laboral”, afirma.

A su juicio, la ventaja de estos estudios superiores radica en su flexibilidad y especialización, y en el hecho de adaptarse de forma más rápida a lo que pide el mercado. “En posgrado puedes captar muchas más demandas, actividades muy específicas, imaginativas y cambiantes. Pueden ser ofertados durante unos años y cambiar por las necesidades formativas”, lo que explica el rápido aumento de su oferta en los últimos años. Hernández Armenteros añade otros aspectos importantes, como una menor duración de tiempo respecto al grado y la posibilidad de cursarlo en cada vez más lugares. “Ya se puede estudiar un máster en casi cualquier ciudad”, apunta.

La universidad pública sigue mandando en lo que se refiere a la investigación

José-Ginés Mora, exprofesor invitado en Oxford

Precisamente, la adaptación a la realidad del mercado motiva el crecimiento de los estudiantes de máster en las universidades privadas, aquellas que por su idiosincracia facilitan más las cosas a los estudiantes: “Suelen tener más recursos económicos, mayores posibilidades en lo que a horarios se refiere y unos títulos más adaptados a las peticiones de las empresas. De cara a los estudiantes están mejor vistos”, afirma José-Ginés Mora. Precisamente por eso el máster privado ha ido ganando adeptos. Si de los 18.052 egresados en másteres en todas las universidades españolas en 2012/2013, 11.828 estudiaban en la pública y 6.224 lo hacían en la privada, las cifras han ido acercándose poco a poco. En el curso 2015/2016, último con datos disponibles, de los 25.548 egresados de máster, 13.851 fueron de centros públicos y 11.697 de privados. “Las privadas tienen una gran agilidad gestora: si deciden crear un nuevo máster, lo ejecutan. En la pública hay que discutirlo con muchos organismos, llegar a acuerdos, lograr permisos…”, dice Juan Antonio Vázquez, quien también señala la mayor capacidad de la privada para facilitar los estudios a quien trabaja, “con clases en fines de semana, estudios semipresenciales…”.

Pero no todo es un desinfle en la universidad pública. El doctorado se reivindica como alternativa pasando de un total de 15.450 matriculados en 2013 a 37.761 alumnos en 2016. En este salto, la universidad pública manda, aportando 14.591 y 35.655 estudiantes en los respectivos años. “La universidad pública tiene mucha más calidad en lo que se refiere a la investigación. Además, la inmensa mayoría de los doctores, una vez aprobada la tesis, mantienen los vínculos con la universidad u otros organismos públicos. El doctorado no se concibe tanto como una puerta de acceso a la empresa, y por eso en los centros privados su importancia es menor”, apunta José-Ginés Mora.

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¿Deben los becarios cobrar el salario mínimo? Podemos cree que sí | Mi dinero

El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley en la que obliga a las empresas a pagar a los becarios el Salario Mínimo Interprofesional vigente (en este momento, 707,7 euros al mes), calculado en proporción al número de horas dedicadas. Además la compañía deberá costear el transporte y la manutención de los estudiantes, en las mismas condiciones que tengan establecidas los trabajadores.

La formación morada, junto al Consejo de la Juventud y Oficina Precaria, pretende con esta iniciativa que se apruebe un Estatuto del Becario con el que asegurar “unos mínimos derechos” para los estudiantes. La remuneración es una de las grandes novedades de esta iniciativa de la formación morada que pretende regular la figura de los becarios, puesto que hasta ahora la aportación económica dependía de la voluntad de la empresa. “El estudiante en prácticas tiene derecho a percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio”, señala el real decreto 592/2014 actualmente en vigor, elaborado por el exministro de Educación José Ignacio Wert.

El Tribunal Supremo determinó en mayo de 2013 la obligación de dar de alta en la Seguridad Social a todos los becarios que percibieran algún tipo de prestación económica. Según datos de la Tesorería, en mayo había un total de 79.487 becarios dados de alta. Esta es la única cifra oficial existente sobre los becarios en España, en la que no están incluidos aquellos que realizan las prácticas de manera gratuita. “La Comisión Europea aseguró en un informe que el 61% de los becarios no recibían remuneración por lo que, según nuestros cálculos, la cifra superaría los 150.000”, explica Víctor Reloba, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.

La obligatoriedad de remunerar las prácticas ha sido uno de los caballos de batalla de los estudiantes durante años, donde destacaron colectivos como Juventud Sin Futuro o Oficina Precaria. Eduardo Robaina, estudiante de periodismo, lanzó el año pasado la campaña #GratisNoTrabajo en Change.org con el objetivo de que la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense eliminara las ofertas de prácticas sin remuneración. La iniciativa superó las 80.000 adhesiones. 

“Es un cambio importante que un grupo parlamentario se tome este asunto en serio y de un paso adelante. Tan importante es que se cobren las prácticas, como que se limiten las horas porque a veces se olvidan que son periodos de prácticas”, señala Robaina a Cinco Días

La proposición limita la posibilidad de ser becario a aquellos estudiantes universitarios que se encuentren matriculados en la asignatura de prácticas de la carrera. Esto significa la eliminación de las becas extracurriculares que realizan muchos alumnos para adquirir experiencia antes de adentrarse en el mundo laboral. “Las prácticas académicas externas serán exclusivamente curriculares, que configuran como una asignatura”, recoge la iniciativa de Podemos. “Las becas se habían convertido en un contenedor de abusos. Se estaba produciendo un trasvase de contratos a becas, que son relaciones no laborales y, por tanto, sin derechos”, afirma Reloba.

Aquella empresa que quiera seguir contando con un becario una vez finalizado este período tendrá que formalizar un contrato en prácticas. La proposición de Podemos también modifica el Estatuto de los Trabajadores para que este tipo de contrato pueda ser firmado por estudiantes que hayan superado la mitad de la carrera.

En la proposición se establece que las prácticas tendrán una limitación temporal del 10% de los créditos en el caso de estudios de grado o un máximo de 500 horas, o hasta el 25% en el caso de estudios de postgrado (máster). Únicamente se podrán realizar prácticas una vez que el estudiante haya superado el 50% del plan de estudios.

Además, la iniciativa limita a 5 horas diarias y 25 semanales la realización de las prácticas académicas durante el período lectivo. En el caso de las prácticas de verano, período no lectivo, las prácticas se limitarán a 7 horas diarias y 35 semanales. La legislación actual únicamente recoge que “se procurará que sean compatibles con la actividad académica del estudiante”. 

También se establecen una serie de cuotas máximas a las empresas para la contratación simultánea de estudiantes. Esta legislación limita a un máximo de un becario en compañías de hasta 10 trabajadores, dos becarios en las de hasta 30, tres en las de hasta 59, y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores. “Se trata de evitar el fraude, porque hemos visto empresas que con un solo jefe que tiene cuatro o cinco becarios a su cargo”, señala Eduardo Ocaña, miembro de la Oficina Precaria, a Cinco Días tras presentar la iniciativa junto a los diputados de Unidos Podemos. 

Los promotores han denunciado que muchos becarios sirven para realizar labores similares a las de un trabajador con contrato y que las prácticas carecen del carácter formativo que se le presuponen. “Será necesario que cada becario tenga un tutor asignado y que no ocurran situaciones que un tutor tenga 20 becarios”, señala Ocaña. “Actualmente no se está garantizando los derechos, ni el carácter formativo. Tendría que haber una figura más clara del tutor, porque en muchas ocasiones ocurre que el segundo día el becario ya está realizando funciones del trabajador”, cuenta Reloba.

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Un avatar será mi futuro orientador profesional | Fortuna

La universidad tampoco se ha resistido a la erótica del big data. Los más críticos dicen que es un invento de los fabricantes de ordenadores porque el análisis de datos existe desde hace mucho. Lo que pasa es que “ahora se genera una ingente cantidad de información en los dispositivos digitales (tableta, móvil, navegador, etc.); es mucho más barato almacenarlos y, gracias a los potentes ordenadores en el mercado, también procesarlos”, sostiene Roberto Garrote, director de sistemas de la Universidad Nebrija.

La analítica es solo una pieza más del puzle de la digitalización de las universidades, donde la administración electrónica,la incorporación de tecnologías digitales en la metodología docente o la virtualización son otros de sus principales ejes, explica Juan Gómez Ortega, presidente del comité sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas-TIC. “La universidad está madurando digitalmente a buen ritmo”, pese a que el presupuesto destinado está por debajo del 5% recomendado por la OCDE, afirma, y hoy ya nadie duda de sus posibilidades.

El paso siguiente sería la incorporación de la inteligencia artificial en las aulas. Algo que, a juicio de Garrote, se producirá en breve porque ya existen versiones avanzadas de programas con sofisticados algoritmos que dentro de nada permitirán que la máquina aprenda y actúe con sentido común”. Una difícil tarea en la que llevan años trabajando gigantes como Google, IBM o Microsoft. “No es descabellado pensar que, más pronto que tarde, el orientador profesional de nuestros hijos sea un avatar digital”, aventura.

Reconocer si el alumno va mal en los estudios, prevenir el abandono de los campus, identificar el grado de satisfacción o averiguar si un examen o seminario virtual ha sido realizado (tecleado) por el alumno o no son algunas de las ventajas que este matemático identifica en el big data, “una tecnología de métodos”. “El aprovechamiento es enorme, tan solo depende de la imaginación que se tenga”, asegura.

El 90% de los profesores universitarios manejan hoy las plataformas virtuales para enseñar en los campus, según estudios de la Conferencia de Rectores. 

Pero quizá la posibilidad que brinda de adaptar los estudios a las necesidades actuales y la mejora de los resultados en los estudios son las ventajas más destacadas.

En la Universidad de Nebrija han entrado de lleno en la digitalización. Además de implantar el análisis de datos en la gestión, se procesa la información recogida en su plataforma virtual. Un suculento nicho de datos que hoy utiliza más del 70% de los campus españoles.

Aunque aún las competencias digitales no son obligatorias para acceder al profesorado, muchos centros ya trabajan en formar a los formadores. El CEU invierte al año más de tres millones de euros en este capítulo.

La información es poder. Luis Francisco Blanco Esteban, director del servicio TIC de Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade, señala: “Lo importante no es el dato, sino saber formular las preguntas”. El plan estratégico de esta institución, dividido en varias áreas, está permitiendo, además de la promoción de alumnos, analizar su comportamiento y sus hábitos para mejorar sus resultados.

Al igual que en las empresas “captar más información permite ofrecer un producto mejor y en el momento justo, en la universidad significa ofertar mejores titulaciones”, avanza José Luis Guillen, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, convencido de que “lo digital traerá una enseñanza más personalizada”.

Otra de las ventajas que Leire Nuere, directora de Nebrija Global Campus, destaca de esta técnica es “tener los datos de los alumnos volcados en los foros virtuales. Permite un tratamiento individualizado que ayuda a reducir el abandono de los estudios, que en este centro no supera el 4%, y es una forma de empoderar al alumno”, añade.

El cambio, asimismo, está generando titulaciones más digitales, aunque, a su juicio, “aún no son suficientes para la demanda actual y la que se espera. De momento, en Nebrija ya imparten un máster de transformación digital de organizaciones, otro de TIC para la educación y aprendizaje digital o ciberdelincuencia, además de un grado de diseño digital y multimedia. CEU está también aumentando estos perfiles. Ya cuenta con varios cursos de inteligencia artificial, de big data y ciberataque y, en breve, comenzará a impartir un máster de ciberseguridad y big data analitic.

Comillas, por su parte, también cuenta con un máster de big data y otro de industria 4.0 ( la cuarta revolución industrial), y ha empezado a combinar títulos como Derecho y ADE con el análisis de datos. Este es, quizá, uno de los retos de los centros públicos, “que no van a la velocidad necesaria por las restricciones presupuestarias de los últimos años”, concluye Gómez Ortega. 

Tendencias

 E-learning. Este sistema de enseñanza, que es un 30% más barato que la educación presencial, está muy implantado en los centros españoles, principalmente en los cursos masivos online (MOOC), donde España lidera la demanda.

 Profesiones. En los próximos años, el 65% de los alumnos de primaria actuales trabajarán en carreras profesionales que hoy no existen, predicen varios expertos. Los perfiles digitales y la economía colaborativa serán los más activos.

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Hacia una nueva gobernanza de la universidad española | Fortuna

Un menor número de profesores que sean funcionarios, más flexibilidad en la contratación del personal docente y una mayor proporción de perfiles externos a la universidad dentro los órganos de gobierno de los campus. Estas son las tres líneas principales de La reforma de la gobernanza en los sistemas universitarios europeos, el último informe de la Cámara de Comercio de España, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y la Conferencia de Consejos Sociales, donde se propone una transformación total de la gestión de las universidades públicas españolas.

El documento hace un repaso de las reformas universitarias emprendidas durante décadas por Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Portugal, países que han optado por cambiar su modelo docente, logrando así, según el informe, mayor autonomía, mayor rendición de cuentas, unos sistemas de evaluación con más calidad, diversificar sus fuentes de ingresos e incrementar la competencia. “Las universidades de estos países son instituciones que se definen por la calidad de sus profesionales, por lo que están obligadas a atraer talento, ofrecer itinerarios académicos transparentes y desarrollar procesos de promoción”, explicó ayer Javier Monzón, presidente del comité ejecutivo de la Fundación CYD. Y esto es lo que algunos quieren que imite la universidad española.

De esta forma, en estas regiones que sirven como modelo se ha reforzado la idea de que no sea necesario ser funcionario para trabajar en una universidad pública. Esto, a juicio de los autores del informe, supondría promover el talento dentro de las aulas, así como potenciar la profesionalización de la docencia. “Hoy, cada universidad debería poder elegir su política de contratación”, añadió Monzón. En este sentido, Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, recordó que España se encuentra en la tesitura idónea para abrazar este cambio: “En los próximos cuatro años un 25% de los profesores universitarios se jubilará, y esto supone una oportunidad para reformar el estatuto del personal docente”.

Para estos expertos, otra medida a adoptar es que los órganos de gobierno de los centros pasen a estar ocupados también por representantes externos a la universidad y que no pertenezcan únicamente al mundo académico, con el fin de dar mayor prioridad a la rendición de cuentas, a la diversificación de las fuentes de ingresos o al incremento de la competencia entre los propios campus, “algo que solo puede suceder cuando se tiene a los mejores profesionales”, señaló Monzón. Estos organismos serían, además, los encargados de elegir al rector de cada centro, con el fin de alinear la dirección de la institución con el objetivo fijado.

Pretendemos llegar en 2020 a un 60% de financiación fija y que el resto vaya por objetivos

Antonio Abril, vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas

La financiación de la universidad es otro de los espinosos asuntos a tratar. Y estos expertos se decantan, sin ninguna duda, por la colaboración público-privada. Así, según explicó el vicepresidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, Antonio Abril, los recursos de cada campus deberían establecerse en base a criterios de rendimiento. “Pretendemos llegar en 2020 a un 60% de financiación fija que garantice el funcionamiento mínimo y que el resto se mueva por objetivos, de calidad y resultados”. Aunque, como matizó el coordinador del citado estudio, Martí Parellada, deberían matizarse los criterios a tener en cuenta para esta doble vía de financiación, y por ejemplo, no incluir el grado de inserción laboral, pero sí aquellos aspectos que realmente puede controlar la universidad, como la tasa de graduación de los alumnos o su abandono.

“En estas políticas universitarias es necesaria la colaboración de todos, y la reforma es algo que no podemos prolongar durante más tiempo”, reconoció Marcial Marín, que animó a proseguir con esta transformación. Sobre todo porque, como reconocieron los autores del informe, esto supone un gran esfuerzo a todos los niveles. Los países analizados han tardado al menos dos décadas en poner en marcha los cambios y ver los frutos. “Precisamos de un fuerte liderazgo” de los gobiernos y de los rectores.

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