Bruselas celebra el nacimiento de un gigante europeo de las autopistas | Compañías

Luz verde oficial, definitiva y sin condiciones de la Comisión Europea a la compra de la compañía española de autopistas Abertis por parte de su rival italiana Atlantia. Tras una revisión del expediente, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha concluido que la operación no plantea problemas porque “el mercado europeo de las concesiones de autopistas seguirá siendo competitivo”.

Vestager no oculta su satisfacción por el hecho de que la operación pueda suponer el nacimiento de un gigante europeo en un sector con claras implicaciones transfronterizas para la futura gestión de los sistemas de peaje en las redes europeas.

“Juntas, Atlantia y Abertis serían las mayores empresas gestoras de autopistas de peaje, no solo de Europa sino del mundo”, destaca la comisaria danesa en el comunicado oficial sobre la autorización.

En Europa existen 63.200 kilómetros de carreteras con peaje y un tercio (22.000 kilómetros) están gestionados por operadores privados, según datos facilitados por Abertis. Pero a tendencia general apunta hacia un sistema de peaje en la sombra, incluso en las carreteras convencionales, que garantice la fluidez del tráfico y el principio de que “quien contamina, paga”, con recargo en función del tipo de vehículo y de los kilómetros recorridos. En ese contexto, los operadores de servicios de peaje electrónico contarán con una importante oportunidad de negocio.

Tanto Abertis como Atlantia están bien situadas en ese mercado. Abertis gestiona más de 1.7000 kilómetros de autopistas en España y más de 2.000 kilómetros en Francia. Su presencia es menor en Italia, con poco más de 200 kilómetros. Pero Atlantia gestiona en el país transalpino el potente sistema de peaje Telepass y su principal accionista, Edizione, controla también Autogrill, uno de los principales gestores europeos de áreas de servicio en autopistas.

A pesar de la potencia de las dos empresas, la fusión ha logrado pasar el tamiz de la dirección general de Competencia sin ningún problema. El departamento de Vestager ha comprobado que “el solapamiento geográfico entre las redes de Atlantia y Abertis es muy limitado”. Competencia, además, considera que existen otros grandes operadores con capacidad para plantar cara al nuevo gigante. Y en cualquier caso, según la CE, la concesión de autopistas es un mercado muy regulado, lo que permitiría a las autoridades nacionales intervenir si detectan que el nuevo operador estrangula la competentica o eleva desproporcionadamente los precios.

El plazo de aceptación de la opa, que fue autorizada este lunes por la CNMV, se extiende hasta el próximo 24 de octubre. El consejo de administración de Abertis deberá pronunciarse las próximas semanas sobre la oferta de Atlantia.

Mientras tanto, el grupo constructor ACS, que ha reconocido su interés por Abertis, tiene de plazo hasta el próximo jueves para presentar un opa competidora.El consejo de Hochtief, su filial alemana, se reune el próximo miércoles para abodar una contraopa, a través e una ampliación de capital. Por su parte, Atlantia está preparada para elevar su oferta por Abertis hasta 18 euros por acción si hiciera falta, como informó CincoDías. La oferta presentada, valoraba Abertis en 17.000 millones de euros (cerca de 17 euros por acción).

El regulador chileno 
El regulador en materia de competencia en Chile, denominado Fiscalía Nacional Económica (FNE), ha autorizado la opa de Atlantia sobre Abertis, según una comunicación remitida a la CNMV, Al formalizar su opa sobre Abertis, a mediados de junio, Atlantia ya informó de que debía obtener el visto bueno de diversos reguladores nacionales, entre ellos el de Chile.

Y es que Atlantia controla en ese país la Ruta 5 Sur entre Río Bueno y Puerto Montt y, mediante el grupo Costanera SpA -sociedad de la que controla un 50,01% del capital- las siguientes utopistas: Costanera Norte, Vespucio Sur, Acceso Nororiente a Santiago, acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez, y Autopista Litoral Central. Por su parte, Abertis controla en Chile la Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso, y la Ruta 78, entre otras.

 

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El TJUE libra a Intel de una multa histórica (de momento) | Legal

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia muy esperada. Se trata del caso Intel, que podría haber dado lugar a una de las mayores multas por infracción de derecho de la competencia a nivel comunitario, sólo superada por la impuesta al gigante tecnológico Google hace unos meses. De momento, la empresa americana de microprocesadores se libra de la sanción, que ascendía a 1.060 millones de euros, ya que ha sido anulada la sentencia previa que confirmaba y se devuelve ahora el caso al Tribunal General para que lo estudie de nuevo. 

La cuestión en liza tiene que ver con la posibilidad de que una empresa pueda aplicar un determinado tipo de descuentos para lograr imponerse en el mercado. En el año 2009, la Comisión Europea impuso la sanción en cuestión al fabricante tecnológico por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores, concretamente en el mercado mundial de las CPUs x86, entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices (AMD).

Según apunta el tribunal, la Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70% o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables. Para la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Aplicación de descuentos

Al parecer, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, la compañía americana efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

Ante tales hechos, la Comisión decidió imponer a Intel la multa de 1.060 millones de euros, sanción que fue recurrida por la compañía ante el Tribunal General, solicitando la anulación de la misma o, al menos, una reducción sustancial de la cuantía. Sin embargo, el Tribunal General desestimó el recurso de Intel en su totalidad, en una sentencia de 12 de junio de 2014.

El Tribunal General validó la argumentación de la Comisión según la cual los descuentos de fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar la totalidad de las circunstancias del asunto ni, en particular, aplicar un test AEC (así denominado por la expresión inglesa «as efficient competitor test», o test del competidor igualmente eficiente).

Recurso de casación

Intel decidió actuar ante este pronunciamiento e interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal General sosteniendo, entre otras alegaciones, que este último incurrió en un error de derecho al no examinar los descuentos controvertidos tomando en consideración la totalidad de las circunstancias del asunto. Y es aquí donde la justicia europea inclina finalmente la balanza en favor del fabricante americano.

El Tribunal de Justicia señala que, pese a haber afirmado que los descuentos de que se trata tenían la capacidad de restringir la competencia, la Comisión realizó sin embargo un examen en profundidad de las circunstancias del asunto, lo que la llevó a concluir que un competidor igualmente eficiente se habría visto obligado a cobrar precios que no habrían sido viables y que, por lo tanto, la práctica de descuentos de que se trata podía expulsar del mercado a ese competidor. El test AEC tuvo, pues, verdadera importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de la práctica de descuentos de que se trata para producir un efecto de expulsión del mercado de los competidores.

Examinar todas las alegaciones

Llega así a la conclusión de que el Tribunal General estaba obligado a examinar todos las alegaciones de Intel sobre dicho test (por ejemplo, los errores en la realización del test que Intel reprochaba a la Comisión), cosa que no hizo. Por ello, anula la sentencia del Tribunal General al haberse abstenido éste de examinar esas alegaciones al analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

El Tribunal de Justicia decide devolver el asunto al Tribunal General para que examine, a la luz de las alegaciones formuladas por Intel, la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Pero no en todo ha salido victorioso el fabricante de microprocesadores. El Tribunal de Justicia ha desestimado las alegaciones de Intel sobre la falta de competencia territorial de la Comisión para sancionar el abuso y sobre la existencia de vicios de procedimiento que, en su opinión, habían afectado a su derecho de defensa.

 

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Caso Neymar ¿un asunto de Derecho de la competencia? | Legal

La denuncia por Neymar Jr. de su contrato con el F.C. Barcelona abre la puerta al debate sobre si las inversiones de estados de fuera de la Unión Europea, a través de fondos dependientes de los mismos, en equipos de las ligas europeas son anticompetitivas. Aunque no sean ayudas de estado, cabe cuestionarse si constituyen prácticas anticompetitivas desleales.

El pasado 3 de agosto, el jugador de fútbol Neymar Jr, a través de sus intermediarios, depositaba ante la Liga de Fútbol Profesional (“LFP”) el monto correspondiente a la cláusula de resolución unilateral de su relación contractual con el F.C Barcelona. La sorpresa venía cuando la LFP, aduciendo el incumplimiento del régimen de Fair Play Financiero (FFP” por sus siglas en inglés) impuesto por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (“UEFA”), se negó a ser depositaria del monto correspondiente a esa cláusula.

Hace tiempo que se superó el debate sobre si la jurisdicción ordinaria tiene potestad sobre los deportes profesionales o si éstos solo se someten a las regulaciones deportivas (Asunto Meca-Medina). Al tratarse de actividades económicas, las leyes ordinarias también serán aplicables al comportamiento de los agentes económicos que participan en estas competiciones.

En el presente asunto se cuestiona que las inyecciones económicas provenientes de Qatar, a través de Qatar Investment Authority, el fondo soberano de inversión del emirato que es propietario del Paris Saint-Germain (“PSG”), equipo que ha contratado a Neymar Jr, puedan ser prácticas restrictivas de la competencia bien por considerarse ayudas de estado, o por constituir un caso de competencia desleal.

El primero de los supuestos queda descartado. Aunque la Comisión Europea ha valorado ayudas concedidas por Estados Miembros a los clubes de fútbol (recordemos el expediente incoado por la Comisión Europea contra varios clubes españoles que acabó, en julio de 2016, con la obligación de devolución de ayudas consideradas ilegales), la regulación de ayudas de estado sólo afecta a ventajas financieras o de otro tipo otorgadas por Estados Miembros de la UE. Por tanto, las normas sobre ayudas estatales no resultan aplicables a inversiones realizadas por países de fuera de la UE, como sería aquí el caso de Qatar.

El segundo de los supuestos es más complicado, puesto que se tiene que entrar a valorar si estas inyecciones económicas contravienen la normativa impuesta por la UEFA en la regulación de la actividad y, en tal caso, si la infracción de esa regulación puede reputarse como desleal. Aquí encontramos diferencias entre el fútbol profesional y otros mercados no regulados, puesto que las empresas -clubes- tienen que someterse a unas reglas propias sobre sus fuentes de financiación.

Conviene recordar que la Ley de Competencia Desleal (“LCD”) tacha de desleal la obtención de ventajas competitivas como consecuencia de la “infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. Por tanto, la clave principal es determinar si el FFP es una “norma jurídica reguladora de la actividad concurrencial”, cuya infracción otorgase una ventaja competitiva a los clubes infractores.

El Tribunal Supremo establece que “lo importante es el contenido de la norma -y no su forma-. Lo determinante es que tenga por «objeto» la regulación de la actividad comercial”. Por tanto, debe determinarse si el FFP de la UEFA, tiene la finalidad de regular la actividad comercial de los clubes.

El propio reglamento de la UEFA (UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations) señala que la finalidad del FFP es establecer los criterios que deben cumplir los clubes para acceder a las competiciones organizadas por la UEFA, esto es, al mercado del fútbol profesional europeo. No cabe dudar que este reglamento tiene como objetivo la “regulación de la actividad concurrencial”, más aún cuando la UEFA es la única entidad con capacidad para desarrollar e implementar la regulación de este mercado.

A pesar del carácter privado de estas reglas de la UEFA, regulan la actividad de los equipos de fútbol europeos incluidos en las Asociaciones adheridas a la misma. De hecho, no existe otra regulación de la actividad concurrencial de las empresas -clubes- que realizan esta actividad.

Una vez sentado esto (no exento de matización), tocaría abordar la posibilidad de que ciertas inyecciones de capital de fondos soberanos infrinjan el FFP. En concreto, se cuestiona la legitimidad de inyecciones de capital (por lo que ya fue sancionado el PSG en 2014), que adoptan la forma de acuerdos de patrocinio, para cuadrar el balance de los clubes y cumplir con los límites máximos de endeudamiento, fijados en 30 millones € en tres anualidades. Es decir, lo que de forma fáctica son inyecciones de capital de los dueños de los clubes, se esconderían tras contratos de patrocinio artificiosos.

El juez nacional determinará en cada caso si existe una infracción de la normativa interna. No obstante, la jurisprudencia señala que en supuestos donde la fijación de este extremo sea dudosa y no existan resoluciones previas, los pronunciamientos deben ser prudentes.

Por ello, de cara a iniciar acciones, convendría que la propia UEFA investigase si las prácticas financieras de los clubes cumplen su FFP. Si el órgano de la UEFA encargado de velar por el cumplimiento del FFP (UEFA Club Financial Control Body) entendiese que se produjo una infracción, el juez nacional contaría con una base argumental sólida en la que pueda apoyar su pronunciamiento.

Por tanto, para que la jurisdicción ordinaria nacional pueda entrar a conocer de estos asuntos es necesario: primero que el FFP se califique como una “norma jurídica” que regula una actividad económica en el sentido de la LCD y, segundo, que se determine si las formas de financiar los grandes fichajes utilizadas en el presente caso incumplen el FFP.

Fuera de este recurso, insólito hasta la fecha y, como vimos, matizable, también podrían considerarse los efectos del eventual incumplimiento por la UEFA de sus tareas de control de los reglamentos. La UEFA, confederación europea de asociaciones nacionales de fútbol, es, en sí misma o conjuntamente con las asociaciones nacionales, la única entidad reguladora del fútbol profesional a nivel europeo. Basándonos en la jurisprudencia europea que aplica la normativa sobre abuso de posición de dominio a las asociaciones de Derecho privado que organizan competiciones deportivas (asunto Motoe), podría entenderse que la UEFA ocupa una posición de dominio (individual o conjuntamente con las asociaciones nacionales) en el mercado de la organización de campeonatos deportivos de fútbol profesional a nivel paneuropeo y en la fijación de sus criterios de acceso.

De acuerdo con la normativa de competencia, las entidades que ostentan una posición de dominio tienen que comportarse de forma no abusiva. Una forma de abuso es el caso de la discriminación. Sería abusivo que la UEFA no aplicase las reglas del FFP concediendo ventajas a unas empresas -clubes- por delante de otras.

Todavía no se sabe cuál será el camino que utilizará la LFP para justificar su negativa al depósito de la cantidad correspondiente a la cláusula de resolución unilateral o si finalmente deciden no actuar, pero todo hace prever que este apasionante tema dará mucho de qué hablar en el corto y medio plazo.

Patricia Liñán y Daniel Arribas son socia y asociado de CMS Albiñana & Suarez de Lezo

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La multa a Google es más moral que económica | Compañías

Tras fracasar en la creación de sus gigantes de internet, Europa está imponiendo restricciones al comportamiento de las empresas. Los 2.400 millones de multa a Google de Margrethe Vestager son un ejemplo de pensamiento creativo en la competición digital y enfadarán a Silicon Valley.

La Comisión Europea afirma que Google usó su dominio en la búsqueda online para favorecer su comparador de precios, mientras que sus rivales fueron relegados a puestos inferiores en los resultados. Y esto importa, pues como señala la CE, el 95% de los clics se realizan en la primera página, mientras que los primeros de la segunda solo reciben el 1%. Esto lleva a la caída del trafico para los competidores y a menos opciones e innovación para los consumidores.

Google puede resistir la multa –equivale a menos de medio punto porcentual de sus 666.000 millones de dólares de capitalización de mercado. La norma es más difícil de soportar. Hasta ahora, se entendía que las compañías con posiciones dominantes podían favorecer sus servicios si había otras opciones. A la mayoría de los consumidores les gusta el resultado. Imagine buscar una dirección en Google y no encontrar un mapa, sino una amplia selección de proveedores de mapas.

La nueva resolución da la vuelta a esta teoría lo que puede llevar a demandas regulatorias por acciones en otras áreas como el posicionamiento geográfico, la información de vuelos o la búsqueda local. Mientras tanto, la CE ha dejado a Google decidir cómo hacer las cosas correctamente. Si su solución no está a la altura, podría multarla con hasta el 5% de los beneficios diarios de la filial Alphabet –a unos 15 millones de dólares al día. Ahí es donde el coste y la acritud podría aumentar.

Vetager ya había mostrado una tendencia creativa –sobre todo cuando usó los acuerdos fiscales de Apple con Irlanda como prueba de comportamientos anticompetitivos. Ahora, como entonces, el resultado puede suponer desacuerdos políticos y palabras de enfado de las tecnológicas. Pero si Google, Facebook y Uber evolucionan, también debería hacerlo la regulación de estas. El cambio que estos gigantes se van a encontrar ya no será de un solo sentido.

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