Siemens Gamesa revoluciona su equipo directivo para intentar cerrar su crisis | Compañías

Grandes cambios en la ejecutiva de Siemens Gamesa tan solo seis meses después de la puesta en marcha del nuevo grupo que integra los negocios eólicos de la multinacional alemana y de la empresa vasca. La corporación renovable ha anunciado el relevo de dos de los cinco directores generales nombrados en abril pasado.El consejo de administración, reunido este viernes bajo la presidencia de Rosa García, ha nombrado a Miguel Ángel López como nuevo responsable del área financiera, en sustitución de Andrew Hall.

Otra novedad es la del director general de eólica marina. El cargo es ahora para Andreas Nauen, que sustituye a Michael Hannibal, también nominado hace tan solo medio año. Tanto Hannibal como Hall abandonan Siemens Gamesa. Y aún hay más. Jürgen Bartl ha sido designado por el consejo como director de asesoría jurídica y secretario general. Su entrada supone la salida de un histórico, José Antonio Cortajarena, hasta este mes director general corporativo, secretario general y secretario del consejo de administración.

Cortajarena, con una década en Gamesa y con una participación muy activa en las negociaciones para la fusión con Siemens, también deja el grupo, tras una trayectoria de una década en “la casa”.

De la etapa anterior a la integración con la multinacional de Munich solo quedan dos miembros de la anterior ejecutiva de la compañía con sede en Zamudio (Bizkaia). Ya dejaron la empresa el presidente ejecutivo Ignacio Martín y su “segundo de a bordo”, Xabier Etxeberria, que fue director general ejecutivo. Otro que tomó la puerta de salida fue Ignacio Artázcoz, el anterior responsable del departamento financiero y precisamente relevado por Andrew Hall en abril de este año.

Así, de los cuatro directores generales de la etapa anterior solo queda David Mesonero, ahora al frente de área de desarrollo corporativo, estrategia e innovación, y que también pilotó desde Gamesa la integración con Siemens. Junto a Mesonero permanece Félix Zarza, que lidera la división de auditoría interna. Dos siguen, de los seis citados del anterior equipo de alta dirección.

Los cambios también se extendieron al consejo de administración tras la puesta en marcha de Siemens Gamesa. Bajo la presidencia de Rosa García solo han repetido Andoni Cendoya y Carlos Rodríguez Quiroga, consejero y secretario y vocal del consejo, respectivamente. La multinacional alemana aporta la mayoría de los miembros de este órgano de gobierno, como reflejo de su posición mayoritaria en el capital, con el 59% de los títulos. El segundo accionista de referencia es Iberdrola con el 8%.Desde la eléctrica hay preocupación por las convulsiones que vive Siemens Gamesa, que en un mes ha ajustado dos veces a la baja las previsiones de resultados. Iberdrola, con un representante en el consejo, no está detrás de los últimos cambios.

El primer ejecutivo de Siemens Gamesa, el consejero delegado Markus Tacke, lidera un equipo integrado por cinco directores. Ricardo Chocarro, que lleva más de 20 años en Gamesa, ha asumido la gestión de la eólica terrestre, antes en manos de Xabier Etxeberria. Chocarro fue el responsable de las operaciones de la empresa en los mercados de Europa, Oriente Medio y África.

El equipo de alta dirección, tras las incorporaciones de Andreas Nauen y Miguel Ángel López, se completa con Mesonero, director general de Desarrollo Corporativo, Estrategia e Innovación, y con Mark Albenze, que coordina la división de servicios.

Retraso del plan estratégico

Siemens Gamesa, que factura 11.000 millones con 27.000 trabajadores, ha comunicado que ha retrasado tres meses la presentación de su plan estratégico a los inversores. Queda anulada la convocatoria del 15 de noviembre. La nueva cita será a mediados de febrero del próximo año, sin especificar fecha.

Siemens Gamesa rebajó el pasado 13 octubre su previsión de beneficio neto de explotación (ebit) subyacente (antes de la asignación del precio de compra) del ejercicio fiscal de 2017, que finalizó el pasado 30 de septiembre, desde los 900 millones de euros a los 790 millones.

La compañía enmarcó la revisión en las evaluaciones periódicas del valor contable de diversos activos en inventario de filiales de Siemens Gamesa en EEUU y Sudáfrica. Desde el anuncio de la rebaja de la previsión de ebit, las acciones de Siemens Gamesa han sufrido importantes caídas en la Bolsa española. Este viernes, la empresa cayó un 4,33%, siendo la que registró el peor comportamiento del Ibex 35.

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El juicio contra la excúpula de Abengoa por sus millonarias indemnizaciones arranca este lunes | Compañías

La excúpula de Abengoa, con su expresidente Felipe Benjumea a la cabeza, será juzgada desde este lunes en la Audiencia Nacional en la causa que aborda las indemnizaciones millonarias que aprobaron pagarles meses antes de que la compañía solicitara el preconcurso de acreedores en 2015.

Se sientan en el banquillo, junto a Benjumea, el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega, la expresidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones Mercedes Gracia, y los exconsejeros, también presentes en la comisión, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, quien acabó presidiendo la firma unos meses.

Se les considera los máximos responsables de aprobar una indemnización de 11,484 millones de euros para Benjumea y de 4,484 millones para Sánchez Ortega en un momento en que la empresa atravesaba una crisis que amenazaba con llevársela por delante.

La Fiscalía les acusa de delitos de administración desleal y pide cinco años de prisión y 90.000 euros de multa para Benjumea, que presidió Abengoa de 1988 a 2015; cuatro años y tres meses de cárcel más una multa de 72.000 euros para el exconsejero delegado, y tres años y medio de privación de libertad, más 36.000 euros de multa, para los otros tres acusados.

El Ministerio Público solicita, además, una compensación a Abengoa por responsabilidad social de 4,484 millones de euros a Sánchez Ortega y de 11,484 millones, de forma conjunta y solidaria, a los otros cuatro procesados, que equivalen a las indemnizaciones cobradas por los dos máximos exresponsables de la empresa.

Las indemnizaciones

Los pagos se aprobaron como compensación al cese anticipado de Sánchez Ortega y Benjumea, que abandonaron sus cargos en abril y septiembre de 2015, respectivamente. Sin embargo, ambos quedaron vinculados a la compañía. Benjumea fue nombrado presidente no ejecutivo y firmó un contrato como asesor. El exconsejero delegado, a su vez, firmó un acuerdo de prestación de servicios.

El fiscal José Perales les acusa de “aparentar su marcha de la sociedad” para cobrar las compensaciones por su salida anticipada, recoge Europa Press, aunque ni siquiera cumplían las condiciones establecidas para ello.

Benjumea renunció al cargo “de forma voluntaria” en septiembre de 2015, lo que algunos acusados achacan a la exigencia inamovible de acreedores y bancos, como Santander, que se preparaban para inyectar cientos de millones en una ampliación de capital que debía reflotar Abengoa.

Tras su marcha de la presidencia, Abengoa comunicaba que Banco Santander, HSBC y Crédit Agricole se comprometían a acudir a la ampliación de capital pero que se veía obligada a suspender el reparto de dividendos a sus accionistas para contener el endeudamiento de la compañía. En noviembre de 2015, en todo caso, Abengoa solicitaba el preconcurso de acreedores ante los juzgados mercantiles de Sevilla, lo que llevó a parte de los bonistas de la compañía a demandar a la excúpula por haber abandonado el barco con las manos llenas.

Borrel y otros testigos clave

El juicio por el caso, que fue instruido por la juez Carmen Lamela, tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares y está previsto que continúe hasta el próximo martes 24 de octubre.

Siete sesiones en las que pasarán por la sala otras importantes personalidades del mundo empresarial y político. Está previsto que intervengan durante el procedimiento el vicepresidente del Banco Santander y presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, el actual presidente de Abengoa, Gonzalo Urquijo, y otros consejeros de la compañía.

Además, comparecerá en calidad de testigo el exlíder socialista y expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell, que también formaba parte de la comisión de nombramientos que aprobó las indemnizaciones pero que asegura que, ausente de la reunión por estar pesentado su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, delegó el voto en Fornieles.

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Gas Natural cierra la venta de su negocio de gas en Italia por 1.020 millones | Compañías

Gas Natural Fenosa ha firmado sendos acuerdos con 2i Rete Gas y Edison para la venta de sus activos de gas en Italia, según ha comunicado la compañía a la CNMV. Concretamente, ha acordado con 2i Rete Gas, la venta de su participación del 100% en Nedgia, la compañía de distribución de gas italiana, junto con la venta del 100% de Gas Natural Italia, empresa que da  servicios corporativos a las actividades de la energética en Italia, por un importe de 727 millones de euros.

Además, ha acordado con Edison la venta de su participación del 100% en Gas Natural Vendita Italia GNVI), comercialización de gas y electricidad del mercado italiano, que incluye un contrato de suministro de gas a largo plazo garantizando de 11 TWh al año a partir de finales de 2020. En este caso, la operación asciende a 293 millones de euros. El contrato de suministro de gas supone un importe de 30 millones, de los cuales 20 millones se pagarán en 2021 tras el inicio esperado de las operaciones del gasoducto Trans Adriatic Pipeline.

El total de las transacciones asciende a 1.020 millones de euros, considerando una deuda neta total y minoritarios de 261 millones de euros, y los ajustes finales habituales antes de o a su cierre. Las plusvalías generadas para el grupo que preside Isidro Fainé se calcula en 190 millones de euros. La operación se cerrará entre diciembre de este año y marzo 2018, una vez quye reciba el visto bueno de las autoridades de competencia y regulatorias.

Con sede en Acquaviva delle Fonti, (Bari), Nedgia es el séptimo operador en el mercado italiano de distribución de gas, opera en 223 municipios repartidos en ocho regiones del sur de Italia y otros 26 municipios adjudicados que se desarrollarán en la región de Cilento (Campania). Nedgia gestiona 459.000 puntos de suministro a clientes finales a través de una red de distribución de 7.300 km.

Por su parte,GNVI tenía en 2016 aproximadamente 420.000 clientes residenciales y 14.000 clientes pymes, con un volumen de gas vendido de cerca de 3 TWh. La mayoría de sus clientes se encuentran en el centro-sur de Italia. Además, vende electricidad a 50.000 clientes minoristas y pymes.

A raíz de la revisión estratégica de sus negocios y posicionamiento en Italia a la luz de la futura re-licitación de las licencias locales de distribución, Gas Natural Fenosa decidió abandonar el mercado italiano y ha llevado a cabo un proceso competitivo de venta para todas sus operaciones en el país, resultando en las transacciones aquí descritas. Las transacciones forman parte de los esfuerzos de optimización de la cartera de negocios de Gas Natural Fenosa y de la revisión continua de sus actividades y geografías consideradas como no estratégicas. 

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Claves del nuevo bono social eléctrico: requisitos y cómo beneficiarse del descuento | Mercados

Enfrentarse a la factura de la luz a final de cada mes puede ser un mal trago para algunas economías domésticas. Para estos consumidores más vulnerables, el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo bono social eléctrico. Las ayudas se repartirán en función de la renta de los titulares y otras características especiales. 

En las nuevas directrices se recoge la figura de consumidor vulnerable, que se beneficiará del 25% de descuento; la del vulnerable severo, al que se le aplicará el 40%, que podrá llegar al 50% si está siendo atendido por los servicios sociales y está en riesgo de exclusión. Las familias numerosas y los pensionistas con la retribución mínima también podrán solicitar el bono. 

Según el real decreto publicado en el BOE, un consumidor vulnerable es aquel que acredite una renta igual o inferior a 14 pagas de 806 euros. Si tiene un hijo a su cargo, la cuantía máxima para percibir la ayuda será de 1.074 euros y 1.343, si tiene dos menores bajo su responsabilidad. El límite máximo de renta para percibir el bono se incrementará en caso de que el consumidor o algún miembro de la unidad familiar tenga una discapacidad superior al 33% o sea víctima de violencia de género o terrorismo. 

Si los ingresos del ciudadano no llegan al 50% de los fijados para el consumidor vulnerable, será considerado “vulnerable severo”. 

Para todos los beneficiarios habrá un máximo de consumo al que se le efectuará la rebaja, para preservar la eficiencia energética.

El descuento se aplicará directamente sobre la factura desde el primer día de facturación en el que se reciba la solicitud. El bono tendrá una validez de dos años si el titular no pierde alguno de los requisitos por los que le fue concedido y será la compañía eléctrica la encargada de comunicar el vencimiento con anterioridad. El consumidor podrá solicitar su renovación hasta dos semanas antes. Para las familias numerosas el descuento estará activo durante la vigencia del documento que les acredita como tal. 

El decreto también introduce novedades en el caso de impago. Por ejemplo, las compañías comercializadoras no podrán eliminar el suministro a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. Para el resto de consumidores vulnerables, el plazo para cortar la luz pasa de dos a cuatro meses. 

Los clientes que ya cuenten con un bono social antiguo podrán mantenerlo seis meses más sin necesidad de volver a tramitarlo. Para nuevas concesiones, el Gobierno facilitará a los usuarios una aplicación con toda la información. Además, se podrá solicitar por teléfono, correo electrónico, correo postal y en las oficinas de las empresas comercializadoras. 

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Cataluña: Gas Natural se suma al éxodo y traslada su sede social a Madrid | Compañías

A las 14 horas de este viernes, el consejo de Gas Natural Fenosa acordó, en una reunión extraordinaria celebrada por videoconferencia entre Madrid y Barcelona, el traslado de su sede de Barcelona a la capital de España siguiendo los pasos de su principal accionista, Caixabank. Esta entidad tiene un 23% del capital de la energética,mientras que otro 20%, respectivamente, está en manos de Repsol y del fondo estadounidense GIP.

En un hecho relevante remitido por la tarde a la CNMV, Gas Natural indicó que, en cumplimiento del artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores [que permite los traslados exprés] y, “ante los sucesos sociales y políticos que están ocurriendo en las últimas semanas en Cataluña y debido a la inseguridad jurídica que ello provoca”, el consejo ha acordado cambiar su domicilio social desde Barcelona a las actuales oficinas corporativas en Madrid, Avenida de San Luis, 77. No obstante, el comunicado subraya que se trata de una situación transitoria, “en tanto se mantenga esta situación”.

Esta decisión -añade-, no afecta a aquellas sociedades del grupo que prestan sus servicios exclusivamente en Cataluña (por ejemplo, la distribuidora de gas) y “se adopta para mantener la operativa normal de la compañía y proteger los intereses de la misma; de sus clientes; empleados; acreedores y accionistas”.

Aunque el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley por el que modificaba la Ley de Sociedades de Capital para facilitar el cambio urgente del domicilio social de las empresas, que podría entrar en vigor hoy mismo, Gas Natural no estaba obligada a esperar a la aprobación de esa norma. Su máximo órgano de Gobierno, al contrario que el de Caixabank, podía tomar la decisión de trasladar su sede sin necesidad de contar con el respaldo de la junta general.

Tras la reunión del consejo de la energética, tuvo lugar otro de Caixabak para hacer lo propio. Gas Natural Fenosa está presidida por Isidro Fainé, a la vez presidente de Fundación La Caixa. “No hay empresa, que no sea estrictamente catalana, que no se plantee un cambio de su sede tras la deriva independentista”, señalaban ayer fuentes empresariales.

En el caso de Gas Natural Fenosa, la decisión tiene una connotación fuertemente política. La energética no está tan expuesta a los peligros económicos o financieros como Caixabank: aunque cotiza en Bolsa, casi un 65% está en manos de tres accionistas ligados por un pacto parasocial; su negocio es puramente físico y pegado al terreno y, aunque pudiera tener problemas imprevisibles en una hipotética Cataluña independiente, no está sometida, como su accionista, a una fuga de clientes o a la volatilidad financiera que tanto teme Caixabank (los cambios de clientes eléctricos o de gas natural son lentos y complicados).

Aunque con sede en Barcelona y un staf ejecutivo netamente catalán, Gas Natural Fenosa es tan catalana como madrileña. Su negocio gasístico es el resultado de la fusión de las antiguas Catalana de Gas y Gas Madrid. Por su parte, su brazo eléctrico, Unión Fenosa, surgió de la integración de Fuerzas Eléctricas del Noroeste de España (Fenosa) y de Unión Eléctrica Madrileña. El grupo tiene el monopolio principal de las redes de distribución de gas en Cataluña (controla un 76% de los puntos de suministro de esta comunidad); de las redes de distribución eléctrica de Galicia y buena parte de las de Madrid.

Por contra, en el ámbito eléctrico, la incumbente es Endesa, con 3,5 millones de puntos de suministro de un total de 4,4 millones.

Para la utility, un cambio de sede no va a resultar complicado, pues cuenta en l acaptial con la que heredó de Unión Fenosa, un edificio casi recién construido cuando adquirió esta eléctrica en 2008, previa opa. Unas oficinas corporativas con tanta entidad como la que posee en Barcelona.

Según fuentes empresariales, el equipo jurídico de la energética había venido analizando desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, la situación derivada del conflicto independentista de Cataluña.

Las empresas sacan sus armas contra la DUI

La situación generada por el referéndum del pasado 1 de octubre en Cataluña, ha llevado a las grandes empresas a tomar medidas con la ayuda y/o a petición del Gobierno. A la vista de la amenaza de los dirigentes de la Generalitat de declarar unilateralmente la independencia (DUI) la próxima semana, hay quien consideraba que solo cabían dos soluciones: o el uso de la fuerza o a una intervención “de la burguesía catalana”. Con muchos matices, se puede decir que ha ganado esta última opción. La decisión firme de las empresas (léase, el capitalismo catalán) de trasladar sus sedes y pagar el impuesto de sociedades a otros gobiernos regionales, ha asestado un duro golpe a las pretensiones secesionistas.

En el caso de Gas Natural Fenosa, lo ha tenido fácil. Con la aquiescencia de sus tres grandes accionistas, que controlan casi un 65%: Caixabank, que hará lo mismo y llevará su domicilio a Valencia; Repsol, que teme que una hipotética separación afecte a sus negocios en territorio catalán (además de su red de gasolineras, el complejo petroquímico y la refinería de Tarragona) y el fondo estadounidense GIP, que, más allá de nacionalismos, busca rentabilizar su inversión. Pagó 3.800 millones de euros en septiembre de 2016 por un 20% del capital de la energética, que compró a Repsol y Caixabank.

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Gas Natural vende su red de gas en Italia por unos mil millones a Edison y 2i Rete Gas | Compañías

Gas Natural Fenosa ha acordado la venta de su red de gas en Italia a las compañías Edison  y 2i Rete Gas por mil millones de euros, según avanzaba esta mañana una agencia local y confirman fuentes del mercado. Las plusvalías de una operación que se lleva gestando desde hace meses supera los 400 millones de euros, según las mismas fuentes.

Por su parte, en un hecho relevante a la CNMV, Gas Natural Fenosa señala que, en relación con las informaciones aparecidas en el día de hoy relativas a sus negocios en Italia, “confirma que el proceso se halla en fase de selección del posible comprador de los activos de distribución y comercialización de gas en dicho país”. A la fecha -añade-, “no se ha decidido quién de los interesados será el comprador de los mismos, por lo que no se ha firmado ningún acuerdo”.

La venta del negocio italiano, forma parte de “la revisión estratégica” de sus activos. Inicialmente, la red de gas italiana fue valorada en 700 millones por los analistas. Gas Natural contrato al banco de negocios Rothschild para realizar una prospección de la demanda entre los potenciales inversores interesados en comprar los activos. Entre los interesados, han destacado grupos como Italgas o Engie. 

El grupo que preside Isidro Fainé dispone en el país transalpino las filiales Gas Natural Italia, encargada de la actividad de servicios, y de Gas Natural Vendita Italia, dedicada a comercializar gas natural y electricidad en diferentes segmentos de mercado. También opera en el país a través de las sociedades Nedgia, que gestiona la distribución de gas natural en el mercado regulado, y de Gas Natural Rigassificazione Italia, encargada del desarrollo de una planta de regasificacion en Trieste.

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Abengoa deberá devolver unos 72 millones a los que impugnaron su homologación | Compañías

Abengoa deberá, en principio, devolver en el tiempo y la forma pactados inicialmente unos 72 millones a los dueños de deuda que impugnaron el acuerdo de homologación, según fuentes jurídicas. Ese es el importe que ha sido objetivo de reclamación por varios tenedores a los que el juez ha dado la razón tras alegar que el acuerdo les suponía un “sacrificio desproporcionado”.

Abengoa comunicó el miércoles más allá de las nueve de la noche que facturó 691 millones de euros en el primer semestre y registró un ebitda de 16 millones de euros frente a las pérdidas de más de 59 millones de euros de los mismos meses de 2016.

Estas cifras excluyen el impacto de la actividad de bioenergía y de las concesiones de las líneas de transmisión Abengoa Innovative Technology de Brasil, que se presentan como resultados procedentes de operaciones discontinuadas.

Durante este periodo, Abengoa ha incurrido además en gastos relacionados con el proceso de reestructuración financiera de, entre otros, provisiones de coste de construcción y servicios profesionales independientes por 101 millones de euros.

Excluyendo esos gastos no recurrentes, el ebitda habría ascendido a 117 millones, una mejora respecto de las pérdidas de 59 millones registradas durante el mismo periodo de 2016. El resultado neto ascendió a 4.906 millones por el beneficio atípico de 5.814 millones derivado de la reestructuración.

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En busca de la subasta renovable perfecta | Compañías

Obligar a los promotores a competir por precio, las subastas se han popularizado en todo el mundo como el modo más eficiente de atraer inversiones en sol y viento. El número de países que han adoptado este sistema ha pasado de apenas 6 en 2005 a al menos 67 en la primera mitad de 2016, según Irena, la agencia internacional de las energías renovables.

España no ha sido ajena a esta tendencia: en el último año y medio ha celebrado tres, en las que ha adjudicado un total de 8.700 MW. Pero las empresas han criticado los parámetros utilizados para elegir a los ganadores y la falta de garantías a la rentabilidad de los proyectos.

Las críticas invitan a fijarse en los modelos adoptados por otros países, principalmente el de Alemania y, en América Latina, los de Argentina, México y Chile. La comparación con cualquiera de estos deja al español como una rareza en el contexto internacional: en lugar de premiar al que ofrece producir más al menor precio, como hacen la mayoría de Estados, aquí se incentiva al que promete construir el parque más barato, sin importar la cantidad de energía que vaya a generar después.

En Alemania, país de referencia, se sabe con antelación cuándo y cuánto se licitará, lo que favorece la preparación de los proyectos

“Es un contrasentido, porque lo que queremos es generar la mayor cantidad posible de energía limpia, no llenarnos de plantas”, dice Heikki Willstedt, director de políticas energéticas y cambio climático de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), destaca el caso de Chile, donde, al revés que en España, las ayudas se conceden en función de la energía producida y no de la potencia instalada. “Es mejor hacerlo al modo chileno, porque el producto que la empresa se compromete a vender en una subasta y por el cual recibirá la retribución es la energía. De esta forma, además, es más sencillo valorar el estado de cumplimiento de los objetivos de generación renovable”, explica.

Por el contrario, “si el incentivo se basa en la potencia instalada, como pasa en nuestro país, esa planta cobrará una cantidad concreta por cada megavatio que consiga en la subasta y termine construyendo, independientemente de que después esa instalación genere más o menos energía”, precisa.

Otro aspecto interesante en los casos de Chile y Alemania es que sus sistemas se basan en el principio del pay-as-bid (pagar según la oferta), por el cual los ganadores del concurso reciben el incentivo que han ofertado. Si, por ejemplo, la subvención que un postor ha pedido por MWh producido es de 50 euros y entra dentro del cupo de potencia licitada, recibirá esos 50. Si lo que ha pedido es 52, recibirá 52, y así todos y cada uno de los adjudicatarios.

En España, en cambio, la última oferta en casar con los requisitos de las bases marca el precio que cobrarán todos los ganadores, incluso si esta es cero, como ha pasado en las subastas realizadas. Cuando esto ocurre, el Estado se libra de pagar el subsidio, pero entre los adjudicatarios pueden entrar especuladores, lo que no garantiza que las plantas se vayan a instalar.

A esta anomalía se suma el que los postores deben elaborar sus propuestas tomando como referencia unas instalaciones tipo y no emplazamientos reales, y que la rentabilidad que la ley garantiza a los proyectos es revisable cada seis años, plazo que se cumplirá a finales de 2019. “Debido a que estos proyectos requieren grandes volúmenes de inversión, que tardan en recuperarse, es necesario que exista seguridad en la retribución”, comentan fuentes de Cox Energy, que hace un año ganó un contrato en Chile a 20 años por 264 GWh anuales.

Mientras el Gobierno español se decide a perfeccionar (o no) su modelo de subasta, las empresas españolas siguen buscando oportunidades en el exterior. Estas no van a faltar. En la UE entró en vigor a comienzos de año una normativa que exige a sus socios asignar los incentivos al sector por medio de concursos, abandonando el sistema de primas.

En busca de la subasta renovable perfecta

Antes de lanzar las licitaciones, los Estados deben presentar a la ComisiónEuropea la norma que regulará sus convocatorias, a fin de que la Dirección General de Competencia verifique que no generarán distorsiones en el mercado. De momento, Bruselas ha aprobado ya los sistemas de Alemania, Francia y Dinamarca, y es previsible que España reciba una llamada de atención por haber celebrado tres subastas sin contar antes con el visto bueno de la Comisión.

Willstedt, de la asociación eólica, señala que, comparados con el español, los tres sistemas aprobados son más simples, menos inestables en cuanto a la rentabilidad garantizada y permiten la organización de subastas diferenciadas por tecnologías, es decir, que se convocan para un solo tipo de energía (solar, eólica, biomasa…), de manera que compitan de igual a igual.

El esquema nacional, en cambio, defiende la neutralidad tecnológica, es decir, que en una misma subasta pueden pujar empresas especializadas en diferentes fuentes. “Los modelos diferenciados son más convenientes en términos de planificación, ya que te permiten analizar de qué recurso dispones y cuánta potencia necesitas realmente”, sostiene Willstedt. “Ahora se subastan 3.000 MW de lo que sea para instalar donde sea, sin saber si la red está en condiciones de absorber y transportar esa cantidad o si toda ella es necesaria”, subraya.

Alternativa de libre mercado

Qué son. En países como EE UU, un sistema alternativo a las subastas son los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), que se firman entre un generador y un cliente final. En ellos, las dos partes acuerdan un precio. Así, “las empresas pueden comprar energía a un precio atractivo y estable, lo que les permite planificar sus costes energéticos a medio y largo plazo, y los productores tienen sus ingresos garantizados”, explica José Donoso, de Unef.

Primer caso. En España, EDP Renovables y Calidad Pascual firmaron en julio pasado el primer acuerdo de estas características. El contrato garantiza al grupo de alimentación el suministro de energía limpia a un precio fijo durante cinco años. “El sistema ideal es aquel que proporciona visibilidad y certidumbre a largo plazo”, afirma João Manso Neto, consejero delegado de EDP Renovables, que hace poco se adjudicó también (bajo otra modalidad) 950 MW de eólica marina en Reino Unido.

En Alemania, además, el plan contempla tres subastas de eólica terrestre este año (de las que ya se han celebrado dos), cuatro en 2018 y tres a partir de 2019. En total, se licitarán 2.800 MW al año hasta 2019 y 2.900 a partir de 2020. Este nivel de detalle permite a los inversores preparar con anticipación sus proyectos.

En América Latina, México celebrará en noviembre su tercera subasta desde que adoptó esta modalidad el año pasado, y Brasil ha convocado otra para diciembre. Argentina, por su parte, acaba de lanzar la Ronda 2.0 del programa RenovAr, que sacará a concurso 1.200 MW.

RenovAr es un plan con el que Argentina pretende elevar de manera gradual la participación de las fuentes limpias en su matriz energética, del actual 2% al 20% en 2025. El programa busca también promover la industria nacional. Por eso, favorece con incentivos fiscales y préstamos blandos a los promotores que compren parte de los componentes de los parques a proveedores locales.

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Iberdrola, la eléctrica con más atractivo | Mercados

 

Utilities no es el primer sector que le viene a la mente a un analista cuando le preguntan por sus recomendaciones de inversión a medio plazo. Sin embargo dentro del universo de las empresas energéticas, Iberdrola llama la atención de las casas de análisis y logra colarse entre los valores más recomendados de Bolsa española, según el consenso de analistas de Reuters.

Uno de los últimos en incluir a Iberdrola en su cartera ha sido Bankinter. La mejora en resultados de cara a la segunda mitad del año, el arranque de los trámites para sacar a Bolsa su filial brasileña y la atractiva remuneración al accionista junto con su perfil defensivo son algunas de las razones que llevan a la casa de análisis a apostar por el valor, para el que tiene un precio objetivo de 7,30 euros.

La compañía, que preside Ignacio Galán, avanza un 8% en Bolsa en lo que va de año siendo la única empresa del sector que registra rentabilidades en 2017. La publicación, la pasada semana, de un demoledor informe de Goldman Sachs con el sector provocó una oleada de ventas en los valores eléctricos. Tras reunirse con representantes del ministerio de Industria, los analistas de Goldman rebajaron las valoraciones de las utilities debido, a su juicio, a los riesgos de que entraña el marco regulatorio previsto para el periodo 2020-2025. Según la firma estos pueden provocar una caída de la rentabilidad de hasta el 40%. Asimismo, encuentran riesgos adicionales en una futura revisión regulatoria de las energías renovables (vigente hasta 2020). Iberdrola es la compañía que sale mejor parada en el informe de Goldman Sachs –con recomendación de neutral– y, por tanto, la menos castigada en Bolsa –en la sesión en que se publicó el informe perdió un 1,75%–.

Morgan Stanley, que asigna a Iberdrola un precio objetivo de 8 euros por acción, asegura que “en los próximos meses, varios catalizadores impulsarán el precio de sus acciones: recorte de costes, nuevos proyectos y reestructuración”. Desde la perspectiva de Morgan Stanley, el mercado “infravalora la habilidad de Iberdrola para superar sus objetivos de crecimiento” y señala que las acciones de la empresa española merecen una prima de valoración ya que no reflejan actualmente su potencial de crecimiento”. Y es que tal y como recuerda Álvaro Navarro, analista de Intermoney Valores, “ni brexit, ni Trump han conseguido limitar el crecimiento de Iberdrola”. De hecho, la compañía volvió a “revisar al alza sus planes de crecimiento, actualizando su plan estratégico para 2020”, recuerda el experto en un informe.

El analista de Intermoney Valores resta importancia a los posibles riesgos macroeconómicos (tipos de interés e inflación) y el riesgo regulatorio ya que, a pesar de “resultar impredecibles están bien gestionados gracias al crecimiento en negocios regulados en países con necesidades de inversión y calidad crediticia. También el negocio liberalizado está protegido de las variaciones de precios gracias a unos activos de generación muy competitivos en España (bajo coste variable)”.

La salida a Bolsa de Neoenergía, su filial brasileña, es otro de los factores que pueden impulsar la cotización de la compañía en el medio plazo, según los expertos. Iberdrola ya ha comenzado los trámites para la salida a Bolsa de esta compañía de la que es propietario del 52% tras la fusión de Neoenergía y Elektro. La salida a Bolsa que combina venta de acciones existentes y ampliación de capital permitiría a Iberdrola cristalizar el valor de sus inversiones en Brasil y acelerar su crecimiento en el país. El objetivo de Iberdrola es mantener la posición de control en la compañía.

La atractiva rentabilidad por dividendo es otro de los puntos fuertes con los que cuenta el valor. El objetivo incluido en el plan estratégico de 2020 supone un dividendo por acción estimado para ese ejercicio de entre 0,37 y 0,40 euros por acción. Tal y como recuerdan los expertos, esto supondría elevar el dividendo entre un 20% y un 30% en los próximos cuatro años respecto al dividendo actual. Aunque el pago se mantenga en scrip dividend –opción para elegir el cobro en acciones o en metálico–, la compañía mantendrá el número de acciones constantes (6.240 millones) para evitar la dilución de los accionistas que opten por el cobro del dividendo en efectivo.

Desde Intermoney Valores consideran que cabe la posibilidad de eliminar el scrip aunque no lo contemplan a corto plazo puesto que el 68% del accionariado total y el 85% de los minoristas ha acudido al pago en acciones.

Las claves

  •  Dividendo creciente. El objetivo incluído en el plan estratégico de 2020 supone un DPA estimado de entre 0,37 y 0,4 euros por acción. Esto supondría elevar el dividendo entre un 20% y un 30% en los próximos cuatro años respecto al dividendo actual.
  •  OPV de Neoenergía. La eléctrica ha comenzado con los trámites de la salida a Bolsa de Neoenergía. Tras la fusión de Neoenergía y Elektro, Iberdrola controla el 52% del nuevo grupo fusionado. La nueva compañía es la mayor eléctrica del país y de Latinoamérica.
  • Buenas previsiones. Algunos de los factores que pesaron en los resultados en la primera mitad de año, se mitigarán en la segunda, según los expertos. Entre ellos está el que el recurso eólico e hidraúlico se irá normalizando y el impacto del cierre de Longannet en Reino Unido. Además, el impacto de la depreciación de la libra se irá suavizando.

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Nadal mantendrá la regulación eléctrica lo que supondrá un recorte de los ingresos de las empresas | Compañías

El ministro de Energía, Alvaro Nadal, aseguró hoy que la reforma eléctrica aprobada en 2013 se aplicará “sin ningún cambio en sus planteamientos” y que cuando llegué el momento de revisar la rentabilidad razonable de las actividades del sector para el periodo 2020-2025 se hará según marca la normativa. “La reforma es la que se hizo, con una retribución ligada al bono que se revisa cada 6 años”, indicó.

 El titular de Energía hizo estas declaraciones en un encuentro organizado por Expansión al hilo de un informe de Goldman Sachs, en el que recordaba “que lo que está en la ley es lo que se va a aplicar”. La publicación del informe provocó la caída en Bolsa de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Gas Natural y REE), que perdieron el jueves pasado 2.500 millones en Bolsa.

En él se advertía de los recortes que se avecinan en la retribución y en la rentabilidad del sector eléctrico español, derivado de la aplicación de una fórmula ligada al bono a 10 años más 200 puntos básicos, lo que en 2013 se tradujo en una rentabilidad del 6,5%, pero que a partir de 2020 habrá descendido a la mitad.

Por tanto, el compromiso del ministro de no cambiar la regulación (precisamente, lo que las empresas quieren es que se cambie) es una confirmación de los recortes que llevaron a muchos inversores a salir del capital de las eléctricas la semana pasada.

Precisamente, en el mismo acto las eléctricas pidieron que en la revisión de la fórmula retributiva en el periodo 2020-2025, que deberá aprobarse dentro de dos años, “se garantice lo que la ley denomina la rentabilidad razonable”. Así lo pidieron los directores de Regulación de Endesa, José Casas; de Iberdrola, Rafael del Río y de Gas Natural Fenosa, José Antonio Guillén.

Sobre el decreto que el ministerio tramita sobre un procedimiento para el cierre de centrales, las empresas del sector reclamaron pagos por capacidad para mantener aquellas que sean necesarias para el sistema y no sean viables económicamente. El director de Regulación de Viesgo, Francisco Rodríguez,mostró su sorpresa por el real decreto, ya que el procedimiento para cerrarlas estaba ya “perfectamente” regulado.

En este sentido, la Mesa de la Energía del Bierzo ha pedido al Gobierno que prohíba el cierre de centrales térmicas y que expropie “forzosamente” aquellas que no se mantengan operativas. Esta es una de las alegaciones que esta plataforma ha realizado a la consulta abierta por Nadal sobre el citado decreto.Con él, el ministerio quiere tener un poder de decisión en el caso de que alguna empresa pretenda cerrar cualquier tipo de central.

El PSOE propone un bono social para el gas

El Congreso de los Diputados aprobó hoy tramitar una ley que proteja a los consumidores vulnerables de gas y defina un bono social vinculado a la renta, similar al bono eléctrico.

El Pleno del Congreso aprobó por mayoría tomar en consideración la proposición de ley del grupo socialista que pide medidas de protección a los usuarios del gas y que será tramitada como un proyecto de ley para ser enmendada por los grupos parlamentarios.

u A falta de la votación, la iniciativa ha sido apoyada por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, Compromís y Foro Asturias mientras que el PP y el PNV se abstienen. La portavoz parlamentaria de Energía del PSOE, Pilar Lucio, lamentó que España sea el tercer país de la UE con el precio del gas más caro.

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