Nace One Business Place, una plataforma que da visibilidad al comercio tradicional en internet | Compañías

El Ayuntamiento de Madrid presentó ayer la plataforma gratuita One Business Place (OBP) diseñada para dar más visibilidad al comercio tradicional en internet y dinamizar la vida de los barrios, pues según contó la empresa detrás del proyecto –la española DataCentric–, a pesar del incremento exponencial del número de dispositivos móviles y de la utilización de internet, en la actualidad el 40% de las empresas registradas en España carece de huella digital. Un hecho que las hace “invisibles para un elevado porcentaje de clientes potenciales, aun teniéndolas a la vuelta de la esquina”, señaló Antonio Romero de la Llana, consejero delegado de DataCentric y OBP. Otro hándicap para la localización de las microempresas está en la obsolescencia de los registros existentes.

El proyecto dio sus primeros pasos en 2016, tras ser seleccionado por la Comisión Europa dentro del programa Horizonte 2020 y recibir una financiación ligeramente superior al millón de euros. Su objetivo a medio-largo plazo es generar un buscador de contactos que permita dotar de una “presencia online real” a las pequeñas empresas de todo el continente.

Según Romero, Madrid es la primera ciudad europea en desplegar la plataforma, que persigue reducir la desventaja competitiva de estas empresas frente a las grandes cadenas y multinacionales. La iniciativa se presentó en el mercado de Chamberí con el apoyo de la Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento. El consistorio integrará el buscador de One Business Place en su propia página web. En España hay registrados tres millones de microempresas, de las que 500.000 están en la Comunidad de Madrid. Tras la capital española, Lisboa y Berlín serán las siguientes ciudades en incorporarse a OBP.

Los comerciantes que lo deseen deberán acceder al sitio web madrid.onebusiness.place y rellenar sus datos básicos de contacto y localización. A través de una herramienta llamad a crowd-sourcing, los datos, autogestionados por los empresarios y las entidades locales, se compartirán para atraer a nuevos clientes y crear un mapa comercial madrileño de calidad y preciso.

Los hábitos de compra han cambiado con las ventas por internet, y hay que recordar a la gente que el mercado de barrio sigue existiendo”, señaló la directora general de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento, María Concepción de Villegas, quien resaltó lo sencillo que es el proceso de inscripción para que cualquier micropyme pueda acceder a la plataforma sin conocimientos informáticos.

Romero de la Llana apuntó que la renovación del tejido ciudadano ha modificado considerablemente las necesidades y demandas de los nuevos habitantes de los barrios, así como sus pautas de búsqueda de información. Una situación que “pone en peligro”, dijo, “la supervivencia del tejido comercial más tradicional que pierde clientes a un ritmo mayor del que los gana”.

Con el respaldo a este herramienta, el Ayuntamiento de Madrid ha querido mostrar su apoyo a la digitalización del comercio madrileño, que ya arrancó con el proyecto mercado 47, una plataforma de comercio online para que pymes y autónomos de la ciudad puedan incorporar su oferta de productos y servicios en un único mercado virtual.

Devolver la vida a los barrios

Para Romero de la Llana, el proyecto no solo aporta beneficios al pequeño comercio; también a sus clientes potenciales, pues “se trata de poder un punto de encuentro que ayude a devolver la vida a los barrios y dar continuidad a sus señas de identidad”. En este contexto, destacó que OBP es la mayor base de datos de pequeñas empresas y negocios locales. “Y al ciudadano le permite descubrir todos los comercios, artesanos y servicios que hay cerca de el”.

DataCentric, la compañía que está detrás del proyecto, es una empresa familiar creada en 1994 especializada en gestionar grandes cantidades de datos. La firma, que cuenta entre sus clientes con múltiples empresas del Ibex 35 y multinacionales estadounidenses (muchas reconocidas de Silicon Valley), suministra bases de datos tanto para B2B como para B2C para usos de adquisición y captación de clientes principalmente. La compañía cuenta con más de 60 profesionales de siete nacionalidades, repartidos entre la oficina central de Madrid y Barcelona.

Romero de la Llana recuerda que con la crisis se destruyó mucho empleo de pymes, pero ahora “se está viendo resurgir mucha pequeña y mediana empresa y hay que darles armas para generar tráfico a sus establecimientos o a sus páginas web para que impulsen sus negocios”. Al pequeño empresario, destaca el directivo, le sale gratis que le encuentren. “Nuestra rentabilidad esta en DataCentric, no la buscamos en One Business Place”.

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El Gobierno presupuesta 2.000 millones para rescatar las autopistas en 2018 | Economa

El ministro de Fomento, igo de la Serna.

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Juncker descarta mediar en Cataluña para no sembrar el caos en la UE | Mercados

Ni mediación ni independencia. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha descartado este viernes la intervención de Bruselas en el conflicto institucional entre la Generalitat de Cataluña y el gobierno de España. Y se ha manifestado claramente en contra del proceso de independencia por el riesgo de sentar un precedente que aboque a la fragmentación política y territorial del continente.

“Si perimitiéramos, aunque no sea de nuestra incumbencia, que Cataluña se independizara, otros también lo harían y eso no me agrada”, ha señalado Juncker durante una charla con estudiantes en Luxemburgo, el pequeño país del que fue primer ministro durante casi dos décadas. “No quiero que dentro de 15 años la Unión Europea esté formada por 98 Estados“, ha añadido Juncker. “Ya es relativamente difícil con 28 Estados, pero imagino que con 98 sería imposible”, remataba el presidente de la Comisión.

Juncker también ha cerrado el camino a las peticiones de mediación europea cursadas por el presidente del govern catalán, Carles Puigdemont. El gobierno alemán de Angela Merkel y el francés de Emmanuel Macron ya habían descartado esa vía. Y Bruselas se suma ahora, una vez más, a la petición de resolver el conflicto con arreglo al orden constitucional español y sin ningún tipo arbitraje internacional. “Si interviniéramos cuando una sola parte lo pide, podríamos sembrar el caos en la UE”, ha pronosticado Juncker.

La Comisión ha mediado en conflictos, pero cuando afectaban a Estados miembros, como en el caso reciente de España y Portugal (por el almacén de residuos nucleares en Almaraz) o entre Croacia y Eslovenia (por un problema fronterizo). Pero el conflicto catalán, según Bruselas, “es un asunto interno” en el que la CE no desea intervenir, salvo que lo solicitara expresamente España, posibilidad descartada por el gobierno de Mariano Rajoy.

Juncker ha reconocido su inquietud por el conflicto y ha señalado que “hace tiempo que le pedí al primer ministro español [Rajoy] que adoptará iniciativas para evitar que la situación en Cataluña se descontrolase“. A juicio del presidente de la CE, “se han tomado algunas iniciativas, pero otras siguen sin tocar”, aunque no ha concretado qué áreas debería abordar el ejecutivo español.

El presidente de la Comisión considera que el sentimiento nacionalista de una parte de la población catalana es sintomático de lo que puede ocurrir en muchos otros lugares de la UE, un club que cuenta con 75 regiones con poderes legislativos similares a los de Cataluña. “Me preocupa mucho que, a medida que vivir en comunidad se vuelve tan arduo y difícil, todo el mundo intentará algún día recordar su identidad de manera que esa identidad no pueda asociarse a otras“, ha explicado Juncker a los estudiantes luxemburgueses.

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Bruselas celebra el nacimiento de un gigante europeo de las autopistas | Compañías

Luz verde oficial, definitiva y sin condiciones de la Comisión Europea a la compra de la compañía española de autopistas Abertis por parte de su rival italiana Atlantia. Tras una revisión del expediente, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha concluido que la operación no plantea problemas porque “el mercado europeo de las concesiones de autopistas seguirá siendo competitivo”.

Vestager no oculta su satisfacción por el hecho de que la operación pueda suponer el nacimiento de un gigante europeo en un sector con claras implicaciones transfronterizas para la futura gestión de los sistemas de peaje en las redes europeas.

“Juntas, Atlantia y Abertis serían las mayores empresas gestoras de autopistas de peaje, no solo de Europa sino del mundo”, destaca la comisaria danesa en el comunicado oficial sobre la autorización.

En Europa existen 63.200 kilómetros de carreteras con peaje y un tercio (22.000 kilómetros) están gestionados por operadores privados, según datos facilitados por Abertis. Pero a tendencia general apunta hacia un sistema de peaje en la sombra, incluso en las carreteras convencionales, que garantice la fluidez del tráfico y el principio de que “quien contamina, paga”, con recargo en función del tipo de vehículo y de los kilómetros recorridos. En ese contexto, los operadores de servicios de peaje electrónico contarán con una importante oportunidad de negocio.

Tanto Abertis como Atlantia están bien situadas en ese mercado. Abertis gestiona más de 1.7000 kilómetros de autopistas en España y más de 2.000 kilómetros en Francia. Su presencia es menor en Italia, con poco más de 200 kilómetros. Pero Atlantia gestiona en el país transalpino el potente sistema de peaje Telepass y su principal accionista, Edizione, controla también Autogrill, uno de los principales gestores europeos de áreas de servicio en autopistas.

A pesar de la potencia de las dos empresas, la fusión ha logrado pasar el tamiz de la dirección general de Competencia sin ningún problema. El departamento de Vestager ha comprobado que “el solapamiento geográfico entre las redes de Atlantia y Abertis es muy limitado”. Competencia, además, considera que existen otros grandes operadores con capacidad para plantar cara al nuevo gigante. Y en cualquier caso, según la CE, la concesión de autopistas es un mercado muy regulado, lo que permitiría a las autoridades nacionales intervenir si detectan que el nuevo operador estrangula la competentica o eleva desproporcionadamente los precios.

El plazo de aceptación de la opa, que fue autorizada este lunes por la CNMV, se extiende hasta el próximo 24 de octubre. El consejo de administración de Abertis deberá pronunciarse las próximas semanas sobre la oferta de Atlantia.

Mientras tanto, el grupo constructor ACS, que ha reconocido su interés por Abertis, tiene de plazo hasta el próximo jueves para presentar un opa competidora.El consejo de Hochtief, su filial alemana, se reune el próximo miércoles para abodar una contraopa, a través e una ampliación de capital. Por su parte, Atlantia está preparada para elevar su oferta por Abertis hasta 18 euros por acción si hiciera falta, como informó CincoDías. La oferta presentada, valoraba Abertis en 17.000 millones de euros (cerca de 17 euros por acción).

El regulador chileno 
El regulador en materia de competencia en Chile, denominado Fiscalía Nacional Económica (FNE), ha autorizado la opa de Atlantia sobre Abertis, según una comunicación remitida a la CNMV, Al formalizar su opa sobre Abertis, a mediados de junio, Atlantia ya informó de que debía obtener el visto bueno de diversos reguladores nacionales, entre ellos el de Chile.

Y es que Atlantia controla en ese país la Ruta 5 Sur entre Río Bueno y Puerto Montt y, mediante el grupo Costanera SpA -sociedad de la que controla un 50,01% del capital- las siguientes utopistas: Costanera Norte, Vespucio Sur, Acceso Nororiente a Santiago, acceso al aeropuerto Arturo Merino Benítez, y Autopista Litoral Central. Por su parte, Abertis controla en Chile la Ruta 68, entre Santiago y Valparaíso, y la Ruta 78, entre otras.

 

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Un estudio revela que Cataluña pierde el liderazgo de PIB en España por la fuga de empresas | Mercados

Cataluña ha perdido el liderazgo en Producto Interior Bruto (PIB) de las regiones españolas como consecuencia de la fuga de empresas de los últimos días, según los cálculos realizados por la escuela de negocios Vlerick de Bruselas. La Comunidad de Madrid, según esos datos, pasa a encabezar un clasificación históricamente liderado por la comunidad catalana.

“En base a los últimos datos disponibles, Cataluña ha perdido como mínimo 3.770 milones de euros o 0,33% de PIB en favor de otras regiones”, señala David Veredas, profesor de Mercados financieros en  Vlerick Business School y autor de los cálculos.

Veredas ha tomado en cuenta el impacto de la veintena de empresas que han anunciado hasta ahora el traslado de su sede social fuera de Cataluña (CaixaBank, Banco Sabadell o Gas Natural Fenosa, entre ellas). Pero este economista calcula que la pérdida podría casi doblarse, hasta 6.580 millones, si empresas como Freixenet confirmaran su intención de marcharse. Por ahora ya ha anunciado también su salida firmas como Planeta, Abertis o Cellnex.

El profesor de Vlerick basa sus cálculos en el resultado financiero ante de impuestos de cada empresa, un dato, según explica a CincoDías, que “puede tomarse como el equivalente a la creación de riqueza que suponen esas compañías para la región donde están domiciliadas”.

“Tras la fuga de empresas, la contribución de Cataluña al PIB de España ha bajado del 19,025% al 18,687%”, calcula Veredas. “Madrid ha subido del de 18,926% al 19,036% y se corona como motor económico del país en detrimento de Cataluña”, concluye el economista.

Fuentes de la Comisión Europea señalan que la metodología de Eurostat para calcular el PIB es más compleja, pero reconocen que las cifras de Veredas apuntan en la dirección correcta.

Los últimos datos de Eurostat (de 2015) colocaban a Cataluña a la cabeza económica de España con un PIB de 204.189 millones de euros, seguida muy de cerca por la Comunidad de Madrid con 202.965 millones.

La brecha entre las dos comunidades se ha ido estrechando en la última década. En 2007, el PIB de Cataluña aventaja en 10.000 millones de euros al de Madrid en términos de paridad de poder adquisitivo. Tras la crisis financiera se estrechó a menos de 1.000 millones e incluso Madrid se colocó ligeramente por delante en 2012, según las cifras de Eurostat.

En PIB per cápita, Madrid ya ocupaba la primera posición, con 31.700 euros, seguida por País Vasco (30.800), Navarra (29.100) y Cataluña (27.600), según Eurostat.

Sin independencia

El profesor de Vlerick utiliza los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que dan a Cataluña un PIB de 211.915 millones, por encima de los 210.0812 millones de Madrid. Veredas calcula que tras la salida de empresas ya confirmada el PIB catalán se queda en 208.141 millones, por debajo de Madrid, con 212.029 millones.

Veredas aclara que el impacto en el PIB regional se mantendrá mientras continúe la situación actual, es decir, con Cataluña como parte de España y las compañías de origen catalán instaladas en otra zona del país. “En caso de independencia, es probable que esa compañías deberían crear una filial en Cataluña para gestionar su negocio en ese territorio y, en tal caso, esa nueva empresa contribuiría al PIB catalán”, añade el economista de Vlerick.

En la situación actual, el profesor calcula que Valencia ha sido la principal beneficiada con un incremento del PIB de 2.500 millones de euros, mientras que Madrid registra una subida de 1.200 millones de euros.

Las empresas que más impacto han causado son CaixaBank (1.538 millones de euros), Sabadell (1.019 millones) y Gas Natural Fenosa (983 millones). Entre las que amenazan con salir destacan Abertis (1.316 millones), Colonial (664 millones) y Planeta (355 millones).

El análisis de Veredas no toma en cuenta las posibles consecuencias negativas para el PIB catalán de una potencial caída del turismo en la región o de la cancelación de eventos y conferencias internacionales en Barcelona. “La pérdida, en todo caso, sería mayor y la contribución catalana al PIB español, por tanto, menor”, señala el economista.

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La UE intensifica los contactos con Jeremy Corbyn ante el temor de que caiga Theresa May | Internacional Home Tags

Jeremy Corbyn en la clausura del Congreso anual del Partido Laborista, el 27 de septiembre.

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La CE advierte a Puigdemont que el respeto de la ley es innegociable | Mercados

El conflicto de Cataluña ha dado este miércoles otro paso en su europeización con un debate de urgencia celebrado en el Parlamento Europeo en Estrasburgo que se ha vuelto, en gran parte, contras las intenciones de la Generalitat.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha ha advertido al govern catalán que “la votación del domingo fue ilegal” y que “el respeto del Estado de derecho y de la ley es obligatoria”. El vicepresidente de la Comisión, en el turno de apertura de la sesión, ha recordado a las autoridades catalanas que “se puede estar en contra de las leyes, se puede intentar cambiarlas, pero no se las puede ignorar”.

Al cierre del debate, Timmermans se ha mostrado aún más duro y ha vinculado a las autoridades catalanas con “los movimientos de populismo nacionalista” que obvian los principios de la democracia cuando lo consideran necesario. “Saltarse el Estado de derecho porque defendemos algo apasionadamente es peligroso porque, después, otros también se lo pueden saltar porque defienden apasionadamente otra cosa”, ha advertido Timmermans.

El número dos de la Comisión Europea también ha calificado como “tristes” las imágenes de la violencia registrada en Cataluña el pasado domingo durante el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional. Timmermans ha reconocido el derecho de cualquier Estado a defender el cumplimiento de la ley. Pero ha subrayado la necesidad de usar la fuerza “con proporcionalidad” y ha recordado que la liberad de expresión es un derecho fundamental en la UE. No obstante, ha precisado que “todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero una opinión no es más valiosa que otra por el simple hecho de que diga en voz más alta”.

Bruselas también ha reiterado su llamada al diálogo. “Ha llegado el momento de hablar”, ha señalado Timmermans. “El diálogo, la posibilidad de sentarse a debatir, en especial cuando no se está de acuerdo, es la base de la UE”, ha subrayado el vicepresidente durante una intervención extremadamente calibrada de antemano.

Timmermans ha ignorado las peticiones de mediación cursadas por el gobierno de Carles Puigdemont, posibilidad rechazada por el Gobierno de Mariano Rajoy. “Se trata de un asunto interno de España (…) que deben resolver los 46 millones de ciudadanos españoles”, ha señalado el alto cargo comunitario.

La Comisión Europea mantuvo un perfil muy bajo hasta el 1 de octubre, limitándose a repetir su respeto al orden constitucional español y su rechazo a cualquier consulta ilegal. El 2 de octubre, sin embargo, tras la violenta jornada del 1-O, el organismo presidido por Jean-Claude Juncker hizo por primera vez un llamamiento oficial “a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo”.

El pronunciamiento de la Comisión Europea de este miércoles se ha producido en el marco de un debate impulsado por los principales grupos parlamentarios (popular, socialista y liberal) bajo el título de “Estado de derecho, Constitución y Derechos Fundamentales en España, a la luz de los acontecimientos en Cataluña”.

Esos grupos impidieron la semana pasada que llegase al pleno otro debate planteado por los Verdes y más centrado en la actuación del Gobierno central español. Pero el 2 de octubre, el debate se hizo inevitable aunque reorientado hacia el respeto al Estado de derecho.

El líder del grupo Popular, el alemán Manfred Weber, ha calificado al gobierno de Puigdemont de “irresponsable, por dividir al país”. El italiano Gianni Pittella, al frente del grupo Socialista, ha lamentado la actuación policial pero alerta sobre “nuevos desastre” si las autoridades catalanas siguen adelante con su intención de declarar la independencia unilateralmente.

El conservador polaco Ryszard Antoni Legutko, en nombre del grupo euroescéptico ERC, ha acusado a la Comisión de doble rasero por no reprochar abiertamente a España la actuación policial del pasado domingo. “Si hubiera sido otro país, la CE hubiera sido mucho más dura”, ha señalado en alusión al expediente abierto por Bruselas contra Polonia por una presunta violación de las normas del Estado de derecho.

Por el grupo Liberal, donde conviven, entre otros, los eurodiputados de Ciudadanos y del PdeCat, ha intervenido su lider, el belga Guy Verhofstadt, que ha rechazado la convocatoria del referéndum ilegal pero ha señalado que “los problemas políticos no se pueden resolver solo con los jueces”.

El eurodiputado francés Patrick Le Hyaric, de Izquierda Unitaria (que engloba Podemos), acusó al Gobierno central de apostar por “la represión”. Y desde los Verdes, la eurodiputada alemana, Ska Keller, además de lamentar la actuación de la policía, instó al diálogo y a la mediación de Bruselas. “La Comisión puede ser un árbitro honesto”, señaló Keller.

El debate se ha enmarcado en una estructura rígida para amortiguar las posibles trifulcas. Cada grupo parlamentario podrá intervenir una sola vez y el vicepresidente de la Comisión tendrá un derecho de respuesta al final. En total, tomarán la palabra nueve europarlamentarios (uno por grupo), ninguno de ellos español.

Antes del debate se ha desplegado una estelada en el pasillo del hemiciclo y el eurodiputado liberal Ramón Tremosa (PdeCat) ha repartido flores entre algunos de los asistentes.

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Bruselas sancionará a Amazon con la devolución de cientos de millones por ventajas fiscales | Compañías

Bruselas anunciará este miércoles que Amazon deberá pagar a Luxemburgo varios cientos de millones de euros, más intereses, por haberse beneficiado de rebajas fiscales ilegales. La compañía de Jeff Bezos eludió el pago de impuestos sobre 3.000 millones de euros de ingresos, según avanzó este martes el Financial Times. La decisión llegaría tras tres años de investigación por parte de la dirección general de Competencia de la Comisión Europa. Pero el acuerdo fiscal declarado ilegal se remonta al año 2003 y fue suscrito por el gigante estadounidense del comercio electrónico con el gobierno de Luxemburgo, presidido entonces por Jean-Claude Juncker, actual presidente de la CE.

El fondo del caso es el mismo que llevó a Bruselas a exigir a Irlanda en 2016 la recuperación de 13.000 millones de euros en impuestos eludidos por Apple. Tras el castigo al fabricante del iPhone, Starbucks y Amazon, Bruselas apunta ahora a McDonald´s, que en diciembre anunció su decisión de mudar su sede fiscal a Reino Unido.

La ofensiva contra estas multinacionales la inició Joaquín Almunia en 2014, por aquel entonces comisario europeo de Competencia, como una vía para atajar la competencia fiscal desleal entre los socios de la UE. El problema era conocido desde hacía años, pero la crisis financiera redujo dramáticamente la recaudación de varios Estados y alentó la búsqueda de nuevos ingresos.

La ofensiva de la Comisión se basó en la normativa sobre ayudas de Estado, un instrumento apenas utilizado en la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales. Los casos ganaron aún más fuerza con las filtraciones conocidas como LuxLeaks, que rebelaron cientos de acuerdos fiscales suscritos entre Luxemburgo y numerosas multinacionales.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, que sustituyó a Almunia en 2014, ha redoblado el ataque y el año pasado llegó a exigir a Irlanda la citada recuperación de 13.000 millones en impuestos presuntamente eludidos por Apple. Era la reclamación por impuestos no pagados mayor de la historia de la Unión Europea por delante de la devolución de 1.400 millones exigida a EDF.

La ofensiva comunitaria no está exenta de riesgos ni de críticas. Algunos abogados dudan de la base jurídica utilizada por la Comisión y consideran que el éxito de los expedientes aun no está garantizado. Las compañías afectadas por la devolución de impuestos han recurrido al Tribunal de Justicia europeo, que será la instancia encargada de refrendar o desbaratar la estrategia de la Comisión.

Bruselas también ha sido criticada por centrar la mayoría de los casos en multinacionales estadounidenses. La Comisión insiste en que no hay ninguna discriminación hacia las empresas por su país de origen, pero casi todos los dictámenes apuntan hacia compañías de EE UU.

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El conflicto catalán también divide a la Unión Europea | Mercados

El conflicto de Cataluña ya había fracturado antes del 1 de octubre la convivencia dentro de la comunidad autónoma y en el conjunto de España. Tras la bronca jornada del domingo pasado, amenaza con dividir también a la Unión Europea, cada vez más forzada a tomar posición sobre un problema del que se había desentendido calificándolo como “asunto interno” de España.

El asunto interno ha cruzado ya las fronteras y resquebraja la aparente unidad de las capitales y de las instituciones comunitarias, que hasta ahora se limitaban a expresar su apoyo al orden constitucional vigente.

El agravamiento de la crisis obliga a concretar más la posición y con el detalle emergen las diferentes sensibilidades políticas que laten en cada capital y los intereses no siempre coincidentes de los Estados miembros.

Cataluña se ha convertido en arma arrojadiza entre centralistas y federalistas, entre partidarios de avanzar en la integración europea y quienes abogan por frenarla, y entre euroentusiastas y eurófobos.

La división cristalizará este miércoles en Estrasburgo, durante el debate convocado por el Parlamento Europeo con carácter de urgencia para abordar la situación en Cataluña. Pero las diferencias vienen de mucho antes, aunque empezaron a hacerse patentes tras las imágenes de la intervención policial para abortar el referéndum convocado por la Generalitat y suspendido por el Tribunal Constitucional.

El debate de Estrasburgo obliga a la Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, a pronunciarse en el plenario sobre un tema que había esquivado con esmero para no interferir en asuntos españoles pero también para no sufrir una división interna.

Prueba de lo espinoso del asunto es que el organismo comunitario tuvo que deliberar el martes a puerta cerradas para consensuar una posición de cara al plenario, que será defendida por el vicepresidente de la Comisión, el socialista holandés Frans Timmermans.

Las negociaciones previas eran imprescindibles porque en el seno de la Comisión (28 comisarios, uno por país) conviven sensibilidades muy distintas en relación con las reivindicaciones nacionalistas, en general, y sobre el conflicto catalán, en particular.

Al igual que las principales capitales (Berlín, París o Roma), la mayoría de los comisarios se alinea con las tesis de Madrid, representadas en Bruselas por el comisario español Miguel Arias Cañete.

Pero la Comisión cuenta con miembros como el vicepresidente de Asuntos Económicos y ex primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, temido por la diplomacia española por sus simpatías hacia el nacionalismo catalán. Un nacionalismo que suele evocar la independencia de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) como un precedente ejemplar para sus aspiraciones de secesión.

Las cargas policiales del domingo también han enfriado el apoyo hacia el gobierno español entre los comisarios de origen nórdico o de sesgo liberal. Ninguno de ellos parece cuestionar el derecho del Estado español a impedir una ilegalidad, pero se preguntan sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

“Está claro que el gobierno español tiene razón legalmente, pero la actuación desproporcionada puede restarle legitimidad”, tuiteaba el domingo el jefe de gabinete del Jyrki Katainen, vicepresidente finlandés de la Comisión Europea.

En la reunión del martes, los comisarios europeos acordaron mantenerse al margen del conflicto y rechazar las peticiones de mediación cursadas por el govern de Carles Puigdemont. Y se aferraron a una línea de consenso que, por ahora, complace a todas la Comisión. La posición pactada señala que “esperamos que las dos partes se sienten a hablar, que se relaje la situación y que encuentren una solución”, según resumió el vicepresidente Katainen al término de la reunión.

“España no acepta lecciones de democracia”, asegura el eurodiputado del Partido Popular Esteban González Pons

 

El equilibrio de la Comisión no calmará el debate del Parlamento, previsiblemente tan acalorado como casi todos los que provoca la crisis de Cataluña. Estrasburgo ya tuvo un aperitivo el martes con una intervención del eurodiputado británico, Nigel Farage (Ukip).

“Nunca hubiera pensado que veía a la policía de un Estado miembro hiriendo a 900 personas para intentar impedir que votaran”, señaló Farage, uno de los líderes que impulsó el brexit en Reino Unido.

“Señor Farage, mi país no acepta lecciones de democracia de alguien a quien no considero demócrata”, replicó el eurodiputado español, Esteban González Pons (PP). “Gracias al brexit se marchará de esta cámara la extrema derecha. Lo único bueno que tiene el brexit es que no tendremos que escuchar jamás al señor Farage”.

Las acusaciones y reproches de Farage y Pons ilustran la dimensión europea que ha alcanzado el conflicto catalán y la trascendencia de su resolución o enquistamiento para el resto del continente. El desgarro al sur de los Pirineos puede agravar otras heridas europeas. Y viceversa.

“Para los partidarios del brexit en Reino Unido, por ejemplo, es una bendición que surjan fisuras en cualquier socio de la UE y más, si es del tamaño de España”, señala una fuente comunitaria. Como consecuencia del conflicto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se ha perdido una cumbre europea (en Tallin, el 29 de septiembre) y ha tenido que centrar gran parte de su agenda internacional en la defensa de la integridad de España en detrimento de otros intereses económicos o geoestratégicos.

Las visitas de Rajoy al Elíseo y a la Casa Blanca se destinaron principalmente a recabar el apoyo público de Emmanuel Macron y Donald Trump a la unidad de España.

El conflicto catalán no solo impone el ensimismamiento de España. También puede cruzarse en los esfuerzos del renovado eje franco-alemán para reforzar la zona euro con nuevos instrumentos presupuestarios y nuevas cesiones de soberanía.

Los países reacios a esa evolución ya empiezan a achacar en parte la crisis catalana a la incomodidad de algunas administraciones regionales con una Unión Europea que apenas les concede representatividad. Esas voces abogan por recuperar el apoyo popular mediante la devolución de competencias Bruselas hacia las capitales y de éstas hacia las regiones. Un movimiento centrífugo europeo que el Gobierno español asegura haber frenado en Cataluña.

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España pierde pie en Bruselas por culpa del conflicto en Cataluña | Mercados

El conflicto de Cataluña ha descoyuntado la posición de España en Bruselas en un momento de grandes cambios y de reparto de poder. El renovado eje franco-alemán prepara una profunda reorganización de la Unión Europea y de la Zona euro en la que Berlín y París esperaban contar con el gobierno de Mariano Rajoy como aliado.

Pero el presidente del gobierno español ni siquiera ha podido acudir a la cumbre europea de este jueves y viernes en Tallin. En la capital de Estonia ha tenido lugar la primera cita del presidente francés, Emmanuel Macron, con Angela Merkel tras la victoria de la canciller alemana en las elecciones generales del pasado domingo. Un pistoletazo de salida a las reformas de Europa al que no ha asistido Rajoy.

El presidente del Gobierno decidió quedarse en Madrid ante el desafío institucional planteado por el Govern de Carles Puigdemont en una región que representa casi la quinta parte del Producto Interior Bruto de España.

Los líderes europeos han debatido en Tallin sobre la reforma del club, en base sobre todo a las propuestas de Macron, y sobre el brexit, en el que ha descartado, de momento, pasar a la segunda fase de negociación (futuro acuerdo comercial) como reclama Londres.

La silla vacía de Rajoy en una jornada tan centrada en el futuro de Europa simboliza la peligrosa ausencia de España un momento clave para la historia del club. El conflicto catalán también pone en peligro la estrategia del gobierno español para recuperar protagonismo en Bruselas después del declive de su influencia durante la crisis del euro.

Rajoy había apostado por su alineamiento con Merkel como estrategia para situarse en el núcleo duro de la futura reorganización. Y Macron se ha mostrado favorable a incorporar a España a un grupo de cabeza en el que hasta ahora solo figuraban Alemania, Francia e Italia. Pero la grave crisis institucional que vive el país puede alejar a Rajoy de una refundación que se acelera por momentos.

“Creo que todos estamos convencidos de que Europa tiene que avanzar más deprisa”, ha señalado Macron este viernes en la capital de Estonia. Y la canciller alemana dejó claro, en relación con las propuestas de Macron, que “hay elevado nivel de acuerdo entre Alemania y Francia. Todavía debemos discutir los detalles, pero tengo la firme convicción de que Europa no puede quedarse parada“.

Macron ha anunciado su intención de formar un grupo de países refundadores de la UE “en las próximas semanas”. Una vanguardia en la que España parecía llamada a figurar hasta que el procés trastocó la estrategia europea del Gobierno.

Las primeras bazas en juego, que se podrían perder, se refieren a la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (por la que compite Barcelona contra otras 18 ciudades europeas) y la vicepresidencia del Banco Central Europeo (que quedará libre en mayo de 2018).

Fuentes europeas señalan que Barcelona cumple prácticamente todos los criterios objetivos para albergar la codiciada Agencia (conexión aérea, colegios internacionales, industria farmacéutica…), y así lo reflejará el informe sobre las candidaturas que la Comisión Europea podría publicar la próxima semana.

La CE asegura que el informe no entrará a valorar en detalle la situación política en Cataluña porque no es uno de los criterios a tomar en cuenta. Pero fuentes cercanas al proceso de selección, que corre a cargo del Consejo de la UE, señalan que “los países que aspiran a albergar la Agencia están explotando la tensión que vive España para atacar la candidatura de Barcelona”. Ataques que restan enteros a la posibilidad de éxito de la capital catalana, según esas fuentes.

La tensión interna también complica las aspiraciones del Gobierno a que un español ocupe la vicepresidencia del BCE cuando salga el portugués Vítor Constâncio. Fuentes financieras advierten que el cargo se le puede escapar a España, que lleva fuera del Comité Ejecutivo del BCE desde 2012. El Gobierno esgrimía la recuperación económica como argumento para hacerse con un puesto que ya daba casi por conseguido. Pero la inestabilidad política y el riesgo de elecciones anticipadas amenaza con dejar a España otra vez a las puertas del BCE.

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