Llevar asuntos ante la Seguridad Social no es tarea exclusiva de los graduados sociales | Legal

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura denunció por un delito de intrusismo profesional, del artículo 403 del Código penal, a un hombre, titulado como Experto universitario en Derecho Tributario y Experto universitario en Asesoría Laboral de Empresa, que prestaba los servicios a particulares y empresas de elaboración de contratos de trabajo, nóminas, seguros sociales o inscripción de empresas y de altas y bajas en la Seguridad Social y representación ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el Colegio de Graduados Sociales la formación de este profesional no le habilitaba para realizar estas funciones ya que según indicaron, estas materias son competencias de los Graduados Sociales conforme a sus Estatutos aprobados por el Real Decreto 1415/2006 de 1 de diciembre de 2006. La sentencia de la Audiencia Provincial Las Palmas puso el acento en analizar si existía o no exclusividad en esas funciones. En primer lugar, consideró que el marco regulatorio de los Graduados Sociales no describe sus funciones de manera exhaustiva, y además la norma especifica que pueden ejercer “otras funciones técnicas propias o exclusivas de su título análogas”, dejando abierto el listado de sus competencias.

En consecuencia, dado el carácter amplio, genérico y abierto de las funciones propias de los graduados sociales, los actos realizados por el acusado no requerían una concreta capacitación y, por lo tanto, su ausencia no justifica que se esté cometiendo un delito de intrusismo profesional.

De manera que los servicios prestados no eran exclusivos ni estaban reservados a los graduados sociales. Además, según se indica en la sentencia, podrían enmarcarse como actos de gestión administrativa que el propio interesado, ya sea personal de la empresa o el particular demandante del servicio, podrían realizar sin necesidad de una titulación o unas aptitudes especiales que justifiquen la intervención de un graduado social. Es por todo ello, que el tribunal confirmó el fallo del juzgado de lo penal que absolvió al acusado.

Source link

“Pese a un incremento del 5%, la inversión en justicia gratuita es inferior a la de hace un lustro” | Legal

La recuperación económica se nota en algunos sectores más que en otros. En el caso del servicio de asistencia jurídica gratuita también, aunque no de manera muy pronunciada. El crecimiento de la inversión ha sido solo de un 5% en 2016, hasta llegar a la suma de 238,9 millones de euros. Esto supone un aumento de casi 12 millones con respecto al año anterior, en el que se invirtieron 227.

Las razones por las que se ha producido este aumento se encuentra en la recuperación parcial de los recortes efectuados en los últimos años en los baremos que perciben los abogados, especialmente en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, el aumento de la inversión en el Servicio de Violencia de Género también ha contribuido a mostrar unas mejores cifras.

Sin embargo, este aumento es considerado “leve”. Según los datos presentados en el XI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española y Wolters Kluwer, relativos a 2016, continúa creciendo la inversión después de muchos años de recortes. El Informe, que se presenta cada año, recoge las conclusiones extraídas de los más de 7.500 datos que presentan los 83 colegios de abogados del país. “Pese a un leve incremento en los asuntos de justicia gratuita, nos mantenemos aun en niveles de inversión inferiores a los de hace 5 años”, ha puntualizado Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía (CGAE). Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer, ha destacado el papel de la abogacía en la justicia gratuita: “Viendo los datos hay que reconocer que la justicia gratuita existe gracias a la implicación de las administraciones pero sobre todo de los abogados y de los colegios”.

135 euros por expediente

A pesar del aumento de las retribuciones, un abogado del turno de oficio cobra menos de 135 euros por expediente, es decir, por asunto, lo que se traduce en un aumento de menos de 5 euros respecto 2015. Esta cantidad se considera insuficiente ya que se trata de un “servicio fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos” que supone una inversión media al contribuyente de 5,13 euros al año. Apunta Victoria Ortega, presidenta del CGAE, que “no existe una elevación de las cuantías, simplemente una recuperación de lo que se había recortado”. “La necesidad de la justicia gratuita es incuestionable”, ha remarcado Ortega.

La importancia del turno de oficio se materializa en la división de la inversión, siendo este servicio el que más gasto genera al servicio de asistencia jurídica gratuita. Del total de la inversión, 163,7millones han sido destinados al turno de oficio, lo que ha supuesto un aumento del 5,7% comparado con 2015. Por su parte, el servicio de asistencia letrada al detenido también ha visto incrementado el gasto casi un 3%, con 44,8 millones de euros. El servicio de violencia de género, por su parte, crece en inversión un 3,6%, llegando a los 8,6 millones.

Más de 45.300 abogados

La participación en el servicio también ha aumentado en comparación con 2015. A 31 de diciembre de 2016 eran 45.348 los abogados españoles inscritos al turno de oficio, un 3,7% más que los que lo estaba un año antes (43.751). Esto implica que uno de cada tres abogados en España, que sumaban al acabar el año pasado 142.061 inscritos en los 83 colegios de abogados, prestan servicios de asistencia jurídica gratuita. De esos casi 45.350 abogados, se inscribieron también en la asistencia letrada al detenido 37.400. En el servicio de violencia de género, eran 20.200 a finales de 2016.

El número de asuntos tramitados por estos abogados en el servicio de asistencia jurídica gratuita durante el año 2016 asciende a 1.781.000. Esta cifra también crece respecto al año anterior. Los colegios de abogados se encargaron de remitir 808.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que pueden generar varios asuntos. La comunidad autónoma con más asuntos tramitados es una vez más Andalucía con más de 397.000 expedientes que superan el 22% del total gestionado en todo el Estado. Cataluña se encuentra a continuación con 337.000 asuntos que suponen el 19% del total. De estos expedientes, se gestionaron 640.115 solicitudes de ciudadanos para tramitarlos por vía telemática a través del Expediente Electrónico, lo que supone un incremento de casi el 3% con respecto a 2015.

La tramitación de quejas al servicio de justicia gratuita ha sido reducida. Según Victor Morán “se han producido 5081quejas, lo que ha implicado que un 0,45% de los letrados que han llevado asuntos del servicio han sido objeto de un expediente sancionador. Es un dato muy favorable, ya que el número de disfunciones en esta materia es muy pequeño”.

Source link