Consejos para una empresa que se enfrenta a un juicio penal | Legal

Se ha tratado mucho la responsabilidad penal de la persona jurídica y las ventajas de tener un plan de prevención de riesgos penales. El compliance está de moda, pero aún se desconocen las especialidades y cautelas procesales que deben seguirse a la hora de enjuiciar a una empresa. Prueba de ello son las sentencias dictadas dejando patente que las partes o, incluso, los jueces y los fiscales, debían haber obrado de otro modo.

Hay dos premisas fundamentales que deben cumplirse. La primera es que la persona jurídica tiene las mismas garantías procesales que la persona física, deben aplicársele, por tanto, los mismos principios del proceso penal, como son los de oralidad -debe ser escuchada- y contradicción -debe poder defenderse de la acusación- entre otros. Esto, que parece de Perogrullo, ya ha dado lugar a absoluciones, por no haber sido imputada la empresa en forma (sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Marzo de 2016) , o por no haber sido oída (sentencia de Tribunal Supremo de 6 de octubre 2016).

Sin ir más lejos, una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 2 de junio de 2017, ha absuelto a una empresa de los delitos fiscales por los que sí fueron condenados sus administradores, debido a que el Fiscal no acusó y el Abogado del Estado, en el trámite de conformidad, preguntó a los acusados si se conformaban con los hechos, y así lo hicieron, pero no preguntó a quien representaba legalmente a la empresa, que era precisamente uno de los acusados. De forma que éste reconoció los hechos en su propio nombre, pero no en el de la persona jurídica, y no solicitó la continuidad del juicio para demostrar los hechos contenidos en su escrito de acusación contra la persona jurídica.

Esto nos lleva a la segunda premisa, y es la de que puede existir un conflicto de intereses si la empresa es representada legalmente en juicio por la persona física acusada, a su vez, de cometer el delito. La estrategia de defensa de ambas puede divergir. Por ejemplo, a la persona jurídica puede interesarle denunciar los hechos en cuanto los conoce, aportando datos y pruebas sobre la identidad de su autor y los hechos por él cometidos para que ello pueda servirle como atenuante del artículo 31 bis quáter b del Código Penal, pero perjudicar así a la persona física, o a la inversa, a la persona física puede interesarle conformarse con los hechos para ver reducida su pena y a la persona jurídica esto le produce unas consecuencias reputacionales muy graves.

Hasta la fecha, los remiendos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han ido llenando las lagunas de la intervención de la persona jurídica en juicio no han resuelto este extremo. En otros ordenamientos se prevén distintas fórmulas como: la designación a estos efectos por el juez correspondiente de una especie de “defensor judicial” de la persona jurídica; la asignación de tales responsabilidades a un órgano colegiado compuesto por personas independientes, junto con otras en representación de los intereses de terceros afectados por las posibles sanciones derivadas del ilícito de la persona jurídica; o en nuestro propio país en el Borrador de Código Procesal Penal de 2013 (artículo 51.1) mediante la atribución de esas funciones de defensa, con carácter prioritario, al “director del sistema de control interno de la entidad” (el denominado también como “oficial de cumplimiento” o “compliance officer”).

Ya la primera sentencia del Tribunal Supremo que condenó a una persona jurídica el 29 de febrero de 2016 abordó esta problemática advirtiendo de que podría apreciarse la posible violación del derecho de defensa de la persona jurídica y disponer la repetición del juicio para que la misma fuera representada por alguien que debería ser designado, por los órganos de representación, sin intervención en tal decisión de quienes fueran a ser juzgados en el mismo proceso. El Supremo, además, envía el encargo a los jueces de que, en cada supuesto concreto que aborden, intenten evitar que esos riesgos lleguen a producirse. Y va más allá, lanzando al legislador el mensaje de que “remedie normativamente la posibilidad de que se produzcan situaciones indeseables de esta clase, con una regulación adecuada de la materia”.

Ya lo dice el refranero popular, que es muy sabio : más vale solo que mal acompañado y por matar dos pájaros de un tiro, te puede salir el tiro por la culata.

Para saber más sobre los procesos contra personas jurídicas consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer

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Tras cinco años de proceso judicial, desiste a una semana del juicio y le sale gratis | Legal

Si tras cinco años esperando a que se celebre el juicio, la acusación decide desistir y no perseguir sus pretensiones, no tiene que cargar con las costas del proceso. Al menos esto es lo que establece una reciente sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo en un controvertido caso juzgado a finales de abril.

Una mujer, que había sufrido lesiones durante una persecución policial en Valencia, acusó a uno de los policías locales por las lesiones sufridas tras caer por un terraplén. Con el parte de lesiones en la mano y un informe forense en el que se explicaba el origen de estas, decidió proceder penalmente contra el agente. Tras cinco años y a solo una semana de que se celebrase la vista de juicio oral, la mujer decidió desistir y el policía fue absuelto.

El problema surge cuando condenan en costas a la mujer por uso temerario del proceso penal, cuestión que es objeto de recurso de casación interpuesto por su defensa. Según dicha defensa, al presentar el desistimiento el Juzgado de Primera Instancia debería haber dictado un auto de sobreseimiento de manera directa, sin necesidad de mantener el señalamiento para el juicio.

Para poder imputar el pago de las costas a una acusación particular que ha desistido de dicha acusación, se tiene que apreciar temeridad o mala fe en sus actos, es decir, que desista porque quiere con ello conseguir trastocar el normal desarrollo del proceso penal para obtener algo con ello. Sin embargo, las razones de la mujer radican en una cuestión puramente económica, ya que alega no poder hacer frente al coste de continuar con el procedimiento, además de resultarle imposible trasladarse desde su actual lugar de residencia, en Cádiz, hasta Valencia.

Entiende el Supremo que no puede apreciarse el ejercicio temerario del proceso que alegó el juez en primera instancia y que confirmó la Audiencia, ya que la acusación particular, que tenía suficientes pruebas para ganar el juicio, desiste por razones económicas, que si bien no fueron del todo justificadas, explican el cambio de postura. Para el alto tribunal esto es causa suficiente para no apreciar en el desistimiento mala fe ni temeridad por parte de la mujer y, por tanto, para no condenarle al pago de las costas procesales, por más que presentase el escrito solo una semana antes del juicio.

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