ACS lanza una opa sobre Abertis vía Hochtief a 18,76 euros por título | Compañías

ACS, a través de su filial Hochtief, ha presentado una opa (oferta pública de adquisición) en solitario sobre Abertis superando en más de 2.000 millones la oferta de Atlantia. El precio, de 18,76 euros por título, supone una operación de 18.600 millones de euros excluida la deuda neta de 16.000 millones que cuelga de Abertis. La oferta competidora supera en un 13,7% la opa inicial y ofrece una prima del 33% sobre el precio medio ponderado de la acción de Abertis en el periodo de tres meses previos al 13 de abril, cuando se desveló la intención de Atlantia de tomar el control de la concesionaria participada por La Caixa.

El avalista es JP Morgan, garantizando 14.963 millones de euros. Hochtief podrá sobre la mesa 15.000 millones en créditos, con un coste medio anual del 2%, y acciones propias, tras una ampliación de capital, por 3.600 millones de euros. La alemana prevé mantener la calificación crediticia de investment grade ofreciendo un ratio de deuda neta/ebitda de 4,8 veces a finales de este año y un objetivo de 3,7 veces en 2019.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender, cautelarmente, las acciones de Abertis, ACS, y también Cellnex, “mientras es difundida una información relevante”. El mercado ya descontaba la posibilidad de una contraoferta, dado que Abertis cotizaba a 17,7 euros antes de ser suspendida.

Condiciones de la oferta

Alternativamente, Hochtief ofrece la posibilidad de cobrar en acciones la contraprestación: serían 0,1281 acciones de la empresa alemana, que cotiza a 147 euros en Fráncfort, aunque se ha tomado el de 146,4 euros como precio de referencia para el canje. El inversor puede elegir efectivo, acciones o una combinación de ambos. Hoy Hochtief cae en Bolsa, por lo que la contraprestación en acciones está valorada en 18,65 euros, algo por debajo de la oferta en efectivo.

Como condiciones de la opa, Hochtief especifica que al menos un 19% de las acciones de Abertis opten por la retribución en acciones (10% es el mínimo propuesto por Atlantia) y que un 50% del capital más una acción de la concesionaria española acuda a la opa.

La filial de ACS ha explicado que busca crear un grupo de infraestructuras “global e integrado y con un perfil reforzado de crecimiento y ganancias”. De momento se han identificado proyectos por 200.000 millones hasta 2021 por los que podría competir el grupo combinado. Una de las novedades es que la nueva Hochtief completaría la cesta de autopistas de Abertis con concesiones ferroviarias.

Las sinergias esperadas por Hochtief son multimillonarias: entre 6.000 y 8.000 millones por la mejor posición ante oportunidades por 200.000 millones hasta 2021

Hochtief se presenta como “promotor líder en proyectos de colaboración público-privada en fase de construcción” y ve a Abertis como un complemento para la explotación “de una cartera diversificada de proyectos en funcionamiento”. Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia serían los mercados prioritarios. Además, Abertis ofrece importantes posiciones en Brasil, Chile, Francia e Italia. De hecho,el grupo resultante de la fusión de Hochtief y Abertis tendría presencia en 40 países, con la explotación de carreteras de peaje en 14 de ellos.

La CNMV tiene ahora un plazo de 20 días, ampliables si requiere mayor información, para analizar el folleto de ACS y se prevé que Atlantia sea capaz de proponer una mejora. Mañana era el último día en el que se podían presentar ofertas alternativas a la de Atlantia. El regulador ha congelado el plazo de aceptación de la oferta de Atlantia y ofrecerá idénticos periodos de aceptación a ambas opas, una vez sea supervisada la documentación de Hochtief y se active el nuevo plazo.

Exclusión bursátil

El proyecto de ACS pasa por sacar a Abertis de la Bolsa, ejercitando el derecho de venta forzosa si se alcanzan los umbrales necesarios. La propuesta del grupo italiano, por su parte, se basa en mantener la cotización de Abertis en España con un capital flotante mínimo del 5%.

Una vez excluida del parqué, Hochtief promovería una fusión con Abertis y ambas operarían en el mercado de valores alemán, según ha avanzado la germana. Las sinergias esperadas por Hochtief son multimillonarias: entre 6.000 y 8.000 millones por “el logro de una mayor cuota en las oportunidades de crecimiento que ofrece la expansión de la inversión en la colaboración público-privada”.

La opa competidora contempla que esos títulos de Hochtief sean libremente transmisibles

De la suma de los resultados de 2016, las ventas del gigante resultante serían de 24.800 millones; el ebitda combinado de Abertis y Hochtief resulta una cifra aproximada a los 4.300 millones, y la plantilla estaría conformada por 69.000 empleados.

Respecto a la política de dividendos, Hochtief ha adelantado que elevará el pay out del grupo resultante hasta el 90%. Una oferta agresiva que trata de igualar la que ha realizado Atlantia (del 80% al 90% de pay out).

Dilución de ACS en el capital

La estructura de la operación se apoya sobre una ampliación de capital en Hochtief por un máximo de 32 millones de acciones, la mitad del capital social actual. Este movimiento no precisa aprobación en junta de accionistas, al tener permiso el consejo de Hochtief de la propia junta (hasta mayo de 2022) para ampliar capital hasta en 82 millones de acciones. Fruto de esta recapitalización, a la que no acudiría ACS, el grupo que preside Florentino Pérez se diluiría por debajo del 50% del capital. Este último es un hecho esencial por cuanto ACS no cargaría con el endeudamiento que sí asumiría Hochtief con esta opa.

ACS, hoy titular del 71,7% del capital de Hochtief, dejaría de realizar la integración global de las cuentas de su filial para pasar a la puesta en equivalencia. De este modo evita la citada carga de deuda y pierde ingresos, pero sumaría la parte proporcional del beneficio del grupo Hochtief más Abertis, así como su dividendo. El resultado final para ACS sería el de mejorar considerablemente el resultado neto y la entrada en caja.

Donde también ha querido marcar la diferencia ACS respecto a Atlantia en la disposición de las nuevas acciones de Hochtief en manos de los inversores de Abertis. La opa competidora contempla que esos títulos de Hochtief sean libremente transmisibles, mientras que los tenedores del nuevo papel de la italiana tendrían que esperar dos años. Ese papel de la germana cotizaría en un plazo máximo de tres meses.

Cellnex no se vende, por el momento

Hochtief deja entrever en la documentación presentada ante la CNMV que la operadora de torres de telecomunicaciones Cellnex, en la que Abertis posee una participación del 34% capital, no sería objeto de desinversión en caso de que su opa tuviera resultado positivo.

Eso sí, la constructora estaría obligada a formular una opa obligatoria, bajo la actual legislación del mercado de valores, por el cambio de control. Ante ese escenario, Hochtief deja claro que no tiene intención de presentar una opa sobre la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones, indicando que “en el plazo máximo legalmente establecido, enajenará una participación en Cellnex, que permita evitar la obligación de formular una oferta pública de adquisición”. Como expuso también Atlantia en el folleto de su opa, Hochtief vendería acciones de Cellnex para bajar del umbral del 30%.

La filial de ACS también ha anunciado que revisará sus opciones estratégicas en relación con Hispasat, de la que Abertis tiene un 90% del capital, incluyendo una posible desinversión. En este caso, Red Eléctrica confirmó su posible interés por la empresa de satélites.

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La CNMV desoye la petición del Gobierno de frenar la opa de Atlantia por falta de autorización | Compañías

La batalla entre el Gobierno y Atlantia está servida. Incluso podría haber un choque de trenes en el Ejecutivo por la interpretación de supuestas obligaciones de la italiana. La CNMV ha decidido no esperar más y autoriza la operación formalizada el pasado 15 de junio.

Ese visto bueno supone pasar por encima de las advertencias de Fomento y Energía, que se dirigieron por carta al ente regulador el pasado 25 y 26 de septiembre, respectivamente, informando de que Atlantia no había solicitado a ninguno de los dos departamentos un análisis por el cambio de control en concesiones de autopistas y órbitas satelitales.

Fomento alude a la Ley de Autopistas de 1972 y al Decreto 215/1973 sobre el sistema concesional para arrogarse un papel de árbitro en la opa. Abertis gestiona más de 1.500 kilómetros de carreteras de peaje en España, con un 59% del mercado concesional en sus manos.

El ministerio que lidera Íñigo de la Serna recuerda a la CNMV que cuando una opa requiera de la autorización o no oposición de cualquier otro organismo, podrá presentarse la solicitud de autorización de la oferta sin atenderse el citado trámite, pero “la CNMV no autorizará la oferta hasta que no se le acredite la obtención de la correspondiente autorización, no oposición, o simple notificación”.

Fomento alude a la Ley de Autopistas de 1972 y al Decreto 215/1973 sobre el sistema concesional para arrogarse un papel de árbitro en la opa

El aviso se produjo en similares términos por parte de Energía, Turismo y Agenda Digital, donde se califica de estratégica a Hispasat.

Ante el peso de tales avisos, la CNMV trasladó las cartas a Atlantia y esta insistió en su posición de no someter sus planes al visado del Gobierno. “A juicio de Atlantia no es necesaria autorización en España en relación con la toma de control directa de Abertis e indirecta de su grupo de sociedades”, explica en el folleto la empresa participada por la familia Benetton.

En cuanto a Hispasat, Atlantia argumenta que la opa sobre Abertis supone un cambio de control sobre esta última y no la enajenación de acciones del operador de satélites. También incide en que ni Abertis ni la propia Hispasat tienen por objeto social actividades relacionadas directamente con la defensa nacional, por lo que descarta una suspensión del régimen de liberalización de la inversiones exteriores en España, que prevé el Real Decreto 664/1999, y no entiende como obligatoria la autorización del Consejo de Ministros.

Eso sí, la italiana insiste en que se pone a las órdenes del Gobierno en lo que toca a Hispasat: “Atlantia tiene la voluntad de atender a los intereses estratégicos del Reino de España en relación con la gestión y eventual destino del 57,05% de Abertis en Hispasat”, se puede leer en el folleto. Y añade que “tendrá en consideración las indicaciones de la administración española en materias tales como la posible transmisión de todo o parte de Hispasat a terceros que cumplan los requisitos de idoneidad que se tengan por convenientes”.

Pese al intento de freno a la CNMV por parte de Fomento y Energía, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha resaltado la independencia del regulador: “Es un mercado abierto, los mercados de capitales son libres. La CNMV es independiente y ha tomado una decisión, así que no tengo mucho que añadir”, recogió Efe antes de la reunión de titulares de Economía y Finanzas de la eurozona en Luxemburgo.

Sin rastro de Cataluña

– La potencial compradora de Abertis ha evitado citar en la documentación de la opa el grave conflicto político, social y económico que sufre Cataluña, donde Abertis ha tenido siempre su centro de decisiones. Atlantia se compromete a “mantener el actual domicilio social y principal centro de decisión de Abertis”, asegura sin citar ciudad alguna.

– Entre los 27 bancos que firmaron el 25 de mayo el contrato de financiación que sostiene la opa de Atlantia, figuran los españoles Santander, BBVA y CaixaBank.

– Atlantia deja ver que mantendrá a Abertis como primer accionista de Cellnex, en la que cuenta con el 34%. La firma tendrá que bajar del nivel del 30% para evitar una opa sobrevenida, pero no prevé una mayor desinversión.

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Más de 300.000 empresas necesitarán un salvoconducto para operar en Bolsa | Mercados

La normativa europea para que los mercados funcionen mejor Mifid 2, que entrará en vigor el próximo enero, afecta a un público impensable. Cortesía de la directiva y del reglamento delegado sobre comunicación de operaciones (reporting, en la jerga), en tres meses cualquier persona jurídica en el sentido más amplio del término, necesitará una especie de matrícula.

Desde empresas hasta herencias yacentes (patrimonio hereditario desde el fallecimiento de una persona hasta la aceptación de su herencia por los sucesores), pasando por comunidades de bienes o incluso  comunidades de vecinos… Todas estas personas jurídicas necesitarán un identificador, denominado LEI, si quieren operar en el mercado, ya sea en la Bolsa, en renta, en productos derivados… En cualquier ámbito que implique un instrumento cotizado. 

“Las empresas de servicios de inversión deben recabar los códigos LEI de sus clientes antes de prestarles servicios que den lugar a obligaciones de comunicación en relación con las operaciones llevadas a cabo en nombre de dichos clientes, y utilizar dichos LEI en sus comunicaciones de operaciones”, explica uno de los reglamentos delegados de la UE.

La norma aclara que el objetivo es prevenir los abusos de mercado de las personas jurídicas. Cobrar undividendo, comprar una acción, vender bono, adquirir un derivado para gestionar la tesorería de una empresa… Cualquier operación requerirá que el cliente, salvo que sea una persona física, disponga de un LEI.

El número de afectados supera los 300.000, según los cálculos de la Asociación Española de Banca (AEB), y tan solo el 10% de ellos ha obtenido esa suerte de DNI para poder operar: faltan unos 270.000.

¿Qué es?

Este código, que identifica de manera unívoca a los actores en el mercado, se creó en 2012 como una medida para encarar la crisis financiera que estalló en su más cruda expresión con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2007. Entonces, cuando tuvo que analizarse quién tenía qué producto, la confusión en la cadena de control fue tal que las dificultades para saber los dueños de cada instrumento fue extraordinaria. 

El sistema de identificación de las entidades a escala global se denomina LEI (Legal Entity Identifier) y fue impuesto en Europa a través del reglamento Emir aprobado en julio de 2012 relativo a los derivados extrabursátiles (no cotizados y OTC, en la jerga), las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. “El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que tiene incluidos una serie de datos de referencia mínimos para la identificación y la comprobación del estado de la persona jurídica”, explica en un documento el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

“A partir de enero entrará en vigor la nueva regulación europea, y una de las nuevas obligaciones será disponer de un LEI para todos aquellos clientes que sean personas jurídicas que quieran operar en los mercados de valores”, explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

Ahora mismo, desde la asociación señalan que se buscará una suerte de periodo de adaptación que permita que los clientes puedan deshacer, al menos, posiciones existentes sin necesidad de disponer del código. 

De entrada, en 2012, solo afectaba a las entidades financieras, que desde entonces ya cuentan con un LEI, pero desde enero deberán tenerlo también los clientes de esas entidades que quieran participar en el mercado: ya sea operando en Bolsa, comprando instrumentos financieros para cubrir su tesorería o incluso cobrar un dividendo.

La banca española envió un comunicado en el que avisaban de esta salvedad el pasado junio, pero el impacto ha sido muy limitado; ahora se preparan para enviar otra alerta con el objetivo de que los clientes no esperen hasta el 30 de diciembre para pedir el LEI. 

También la CNMV lanzó un nota el 19 de mayo en la que advertía sobre este tema: “Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI antes del 3 de enero de 2018 si desean que dichos intermediarios sigan ejecutando las operaciones que les instruyan”, alerta. 

¿Dónde se pide?

Los responsables en España de expedir los LEI son los registros mercantiles, y el Colegio de Registradores de España es el coordinador del sistema, que ha habilitado un página web para facilitar el proceso de emisión a través de un “procedimiento ágil y rápido”, según la AEB. “En unas 48 horas tendrán listo su identificador, que cuesta 100 euros más IVA, del 21%, en el momento de su expedición, y 50 euros anuales para su renovación. En el primer año, los registros mercantiles ingresarán 30 millones por este concepto y después 15 anuales por este nuevo servicio. 

“Desde la AEB nos hemos comprometido a difundir la necesidad de obtener el LEI para evitar tanto que a pocos días de entrar en vigor las nuevas obligaciones se produzca un aluvión de peticiones que dificulten el funcionamiento del sistema como los inconvenientes para los clientes que se encuentren a partir del 3 de enero con la imposibilidad de operar”, explica el portavoz de la asociación.

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La UE asumirá parte de las competencias de la CNMV | Mercados

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de Reglamento para transferir amplios poderes de supervisión bursátil desde las autoridades nacionales a los organismos comunitarios.

La nueva norma supone el mayor paso dado hasta ahora para crear un supervisor único europeo, una suerte de CNMV con competencias sobre ciertas áreas de todas las Bolsas del continente.

El proyecto de Reglamento otorga a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) la potestad de impulsar investigaciones sobre casos de abuso de mercado con repercusiones transfronterizas.

La ESMA, con sede en París, asumirá, además, el control directo de los índices de referencia (como el Euribor) y de las proveedores de datos; así como la autorización y supervisión de los fondos de inversión armonizados por la legislación europeo.

El organismo podrá imponer multas de hasta 10 millones de euros o de hasta el 6% de facturación anual a las empresas que infrinjan sus normas. Y de 1,2 millones de euros a los particulares.

El Reglamento, que necesitará el visto bueno de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, supone el embrión de un supervisor único para los mercados bursátiles, en un proceso similar al que transfirió al Mecanismo Único de Supervisión (dependiente del BCE) la vigilancia sobre la mayor parte de las entidades financieras del continente.

“Estamos dando pasos decisivos para fortalecer el sistema europeo de supervisión financiera”, ha señalado Jirky Katainen, vicepreisdente de la Comisión Europea para el área de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.

La transformación de la ESMA persigue, además, centralizar el control europeo sobre gran parte de la actividad de la City londinense, el mayor centro financiero de la zona euro que, tras el brexit, dejará de ser territorio comunitario.

El Reglamento confiere a la ESMA poderes exclusivos sobre ciertos servicios cuando sean ofrecidos desde un país tercero, como es el caso de las cámaras de compensación y liquidación. Esa potestad someterá a la City a una estrecha y centralizada vigilancia europea, muy superior, curiosamente, a la que soporta en estos momentos, porque está supervisada en exclusiva por las autoridades británicas. La Autoridad europea bursátil, ya dispone, además, del control directo sobre las grandes agencias de calificación

El cambio de la ESMA se enmarca en la reforma de las autoridades europeas de supervisión financiera (EBA o Autoridad Bancaria; EIOPA o Autoridad de Seguros y pensiones de jubilación; y ESMA), cuya estructura y financiación se reforzará para que dejen de ser poco más que unos foros de coordinación de las autoridades nacionales y pasen a convertirse en organismos con poderes de control sobre el día a día de os mercados.

Con ese objetivo, la Comisión también propone  que cada una de esas Autoridades se dote de un comité ejecutivo independiente similar al que dirige el BCE. La propuesta incluye la sustitución de la financiación nacional de las Autoridades (60% del total) por contribuciones directas del sector financiero y bursátil, lo que permitirá a los organismos aumentar sus recursos y lograr su independencia de las capitales. El presupuesto comunitario seguirá cubriendo el 40% de la financiación, lo que permitirá a Bruselas ejercer una importante influencia sobre las tres Autoridades.

 

1.600 folletos y 134 fondos

La ESMA, según el proyecto de Reglamento aprobado hoy por la CE, asumirá la autorización de los folletos de colocación en bolsa de ciertas emisiones mayoristas, los de emisores especializados (desde compañías mineras a navieras), los de titulizaciones y de los de emisores extranjeros (como la City tras el brexit). Bruselas calcula que la ESMA pasará a tener el control de unos 1.600 folletos al año o el 45% del total de la UE.

La ESMA también asumirá la supervisión directa de los fondos de inversión armonizados a nivel europeo. Se trata de fondos de reciente creación pero cuya actividad aumenta por momentos. En 2016 se autorizaron 22 fondos de capital riesgo (EuVECA), de los que ya operan 117. A los se añaden 7 fondos de empresariado social (EuSEF) y casi una decena de fondos de inversión a largo plazo (ELTIF).

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La CNMV reprende a los brókeres: les pide explicaciones de por qué cotizan en cada Bolsa | Mercados

Los brókeres españoles suspenden en transparencia. O, al menos, a la hora de justificar que han operado siguiendo el criterio de mejor ejecución. Así lo considera la CNMV que ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso CincoDías , a los principales intermediarios españoles. Después de haber analizado el modus operandi de 15 entidades financieras ha detectado “diversas deficiencias” a la hora de justificar que buscan el beneficio del cliente cuando operan en la Bolsa oficial (en España, Bolsas y Mercado Españoles) o en alguna de las múltiples plataformas surgidas en los últimos años.

Hasta 2008, la fecha en la que entró en vigor la primera regulación europea sobre los mercados financieros (Mifid), BME tenía el monopolio absoluto de los intercambios bursátiles. Pero entonces se abrió la veda a la constitución de plataformas alternativas en las que se podían comprar y vender acciones. Las oficiales retienen su poder único en las salidas a Bolsa y las subastas de apertura y cierre. La normativa introdujo también la obligación de que cuando un intermediario cierre la compra o la venta de los títulos de un valor lo haga tomando las “medidas razonables” para garantizar la “mejor ejecución”.

La nueva versión de esta ley (Mifid 2) sustituye esas “medidas razonables” por “medidas suficientes”. La directiva europea entiende por mejor ejecución que garantice al cliente el precio más bajo (si compra acciones) o más alto (si las vende). Por ello requerirá, a partir del próximo 1 de enero, que den cuenta anualmente de los cinco centros de negociación más frecuentes en sus operaciones y que justifiquen por qué los han utilizado.

El principal punto débil que observa la CNMV en el modo de operar de los brókeres actualmente es no aportar las suficientes pruebas que soporten la decisión de que comprar una acción en la plataforma de BME es más o menos conveniente para el minorista que en una alternativa. Y eso que cada bróker tiene la obligación de dar cuenta de su política de mejor ejecución en su página web. En este sentido, pone el foco sobre un aspecto concreto: las comisiones y costes cargados en esos mercados. El intermediario debe centrar su análisis en conseguir la mejor “contraprestación total” (la suma del precio del instrumento financiero y los costes).

Este es el principal caballo de batalla de Bolsas y Mercados Españoles desde que se abrió la veda a plataformas alternativas. Estas han mermado la cuota de mercado de BME hasta el 61,59%, según los datos registrados por Fidessa desde el 1 de enero. Por detrás, destacan Bats CXE (20,51%), Turquoise (8.24%) y Bats BXE (6.44%).

El precio mínimo que cargan estas plataformas al usuario final es lo que las hace más atractivas. De hecho, algunos intermediarios como Auriga han afirmado que esas comisiones son tan pequeñas que han optado por no cargárselas al minorista. Esto hace de la carta de la CNMV una invitación implícita del regulador a los brókeres a utilizar más mercados que el oficial. Sin embargo, recuerda que la nueva regla europea no obliga a operar en más de una Bolsa si se puede justificar que un solo mercado ofrece las mejores condiciones. Tampoco el que las plataformas alternativas sean mucho más baratas justifica que el intermediario les cargue con comisiones extra, algo que prohíbe expresamente la carta de la CNMV. BME, por su parte, defiende con datos de julio que ofrece los mejores precios por contar con la horquilla más ajustada entre los órdenes de compra y venta.

El regulador remite su queja tanto a las entidades que realizan servicios de ejecución como a los que se limitan a transmitir órdenes y contratar a otros la compra y venta de las acciones. Estos también están obligados a garantizar esa “mejor ejecución”, aunque operen a través de un intermediario.

Aunque las transacciones extrabursátiles (aquellas que se realizan de forma bilateral y al margen de la Bolsa) están reguladas por parámetros diferentes, la CNMV recuerda que los intermediarios deben comprobar que el precio “es justo” y la ejecución “óptima”. También avisa de que el bróker debe obtener la autorización del cliente cuando vaya a operar fuera del mercado regulado.

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Urbas intenta tranquilizar a sus accionistas | Compañías

El consejo de administración de la promotora Urbas ha dicho hoy que las diligencias abiertas por una querella de Anticorrupción parecen afectar sólo a la ampliación de capital de 2015, cuyas
acciones no han salido a cotización, por lo que las actuales, suspendidas de negociación, no están afectadas.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo se pronuncia así después de que el pasado 13 de septiembre el organismo supervisor suspendiera la cotización de las acciones de Urbas, después de recibir un escrito en el que el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional informaba de que se seguían diligencias
contra Urbas Grupo Financiero; su presidente, Juan Antonio Ibáñez, y otros.

Las diligencias se abrieron tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción para investigar presuntos delitos de estafa, relativos al mercado y a los consumidores, y de administración desleal.

El consejo de administración de Urbas ha señalado que, aunque todavía no tiene la información completa, “fiel y real” de las actuaciones judiciales, “parece ser que los hechos objeto de investigación afectan, única y exclusivamente, a la ampliación de capital social acordada en la junta general de accionistas de julio de 2015″.

Ha recordado que los títulos correspondientes a esa ampliación no han salido a cotización, por lo que trabajará para levantar la suspensión cautelar que acordó la CNMV, pues las acciones que se estaban negociando actualmente no son objeto de la investigación judicial abierta.

El consejo de Urbas señala, no obstante, que la ampliación se aprobó en junta respetando todos los requisitos legales necesarios, sin que nadie la haya impugnado por los cauces reglamentarios.

También ha indicado que el valor de la ampliación de capital consistente en la aportación de activos inmobiliarios fue validado por el informe remitido por el experto independiente designado por el Registro Mercantil, y su contabilización fue sancionada por el auditor e inscrita en el registro.

Además, ha afirmado que la situación provocada por la suspensión de la cotización de las acciones y los hechos investigados no interfiere en el desarrollo de las actividades y operaciones de la compañía, que sigue funcionando normalmente.

El consejo de Urbas ha manifestado que en cuanto reciba traslado de las actuaciones judiciales pondrá en conocimiento del mercado el análisis que haga de ellas.

La junta de accionistas de Urbas aprobó, en julio de 2015, una ampliación de capital de 384 millones de euros, mediante la aportación no dineraria del 100 % del capital social de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

El presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, manifestó el pasado 14 de septiembre a Efe que cinco expertos se encargaron de realizar toda la operación a la hora de efectuar las tasaciones de las propiedades de la empresa para hacer la ampliación de capital, por lo que ni la empresa, ni él personalmente, habían tenido capacidad de manipular nada.

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La Audiencia libra del banquillo a los supervisores en el ‘caso Bankia’ | Compañías

El caso Bankia se juzgará sin los supervisores sentados en el banquillo de los acusados. Así lo ha ratificado este viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver uno de los recursos presentados por la acusación popular, según confirman fuentes conocedoras de la decisión judicial.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, había solicitado incluir entre los acusados a los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia.

La Audiencia Nacional ya les había dado la razón durante la instrucción de la causa, en contra del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón, obligando a citar como investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores.

En esta ocasión, sin embargo, la Audiencia Nacional avala la posición de juez y fiscal de no procesarles por la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad que acabo requiriendo el mayor rescate de España.

La decisión del tribunal libra del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernandez Ordóñezo al expresidente de la CNMV Julio Segura entre otros. En concreto, exime al exnúmero dos de la CNMV Fernando Restoy, así como a los cargos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

Su papel de vigilantes del proceso quedó en entredicho durante la investigación judicial al aparecer unos correos del inspector del Banco de España responsable de Bankia en los que advertía a sus superiores de que sacar la entidad al parqué podía suponer el primer paso para su nacionalización.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han manifestado los representantes del colectivo 15MparaRato, personados en la causa, al conocer la decisión.

Voto particular en contra

El auto de la Audiencia Nacional, en todo caso, contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría de magistrados puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado, dice.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri en el voto particular.

Se juzgará a Deloitte 

Por otra parte, la Audiencia Nacional revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez instructor exoneró previamente a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma respecto a Deloitte. Sin embargo, la Sala de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte, “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica

En otro auto, los jueces confirman la responsabilidad penal del exministro Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, por su “participación relevante” en la salida a Bolsa y del exconsejero de OHL y de Bankia Javier López Madrid.

El tribunal también rechazó los recursos de los exconsejeros Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Alberto González y José Manuel Serra, que en los próximos meses se sentarán en un banquillo de más de 30 acusados con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a la cabeza.

La acusación popular recurrirá la decisión ante el Supremo

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular del caso Bankia que había solicitado sentar en el banquillo a los responsables de supervisión del Banco de España y la CNMV, consideran que la decisión de la Audiencia Nacional del librarles del banquillo es “un escándalo y un despropósito jurídico”, en palabras de su representante legal, el abogado Andrés Herzog.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, no entiende el “sorpredente cambio de criterio de la Audiencia Nacional”, que durante la fase de instrucción sí que rebatió al juez y obligó a citar como investigados a los responsables de supervisión de Bankia por el escándalo de su salida a Bolsa.

“España no puede permitirse un juicio del caso Bankia sin la presencia de dos de sus máximos responsables, el Banco de España, la CNMV”, ha expuesto Postigo avanzando que la CIC prevé presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y llegar al Tribunal de Justicia de la UE si es necesario, para sentar en el banquillo a los supervisores financieros.

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Los empleados de banca se quedarán sin bonus por vender productos ‘a granel’ | Mercados

 Son casi como las ofertas de los supermercados. Los bancos y otros intermediarios usan sus escaparates y sus redes comerciales para propulsar la venta de los productos diseñados en la cúpula. Sean fondos de inversión, de pensiones, depósitos, estructurados u otros.

La norma española que traspone la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor, a consulta hasta el 18 de septiembre y que debe entrar en vigor en enero, quiere acabar de una vez y para siempre con las colocaciones en avalancha de artículos financieros.

La impresionante capacidad de las entidades para vender casi lo que quieran a los pequeños inversores se concreta en las más de 28.000 sucursales y en sus alrededor de 200.000 empleados a cierre de 2016.

La remuneración variable de los comerciales de las grandes entidades suele estar ligada al objetivo de un nivel cuantitativo de ventas. Sin más. Así ocurrió en la salida a Bolsa de Bankia en 2011 o en la masiva colocación de participaciones preferentes en 2009. Son dos ejemplos destacados, pero esta fórmula de remuneración es el modus operandi más utilizado en el sector.

Atención máxima a las tácticas de vinculación

  • El coordinador de las comisiones europeas de valores, la ESMA, ya publicó unas directrices sobre ventas cruzadas el año pasado. Y la CNMV las hizo suyas. En ellas presenta un decálogo de exigencias para las firmas que venden productos financieros de forma cruzada.
  • Las exigencias de contratar varios productos serán vigiladas con lupa. Por ejemplo, un depósito de alta rentabilidad vinculado a un fondo de inversión. La CNMV deberá vigilar que se imponen modelos de remuneración que incentiven el “trato justo a los clientes y la evitación de conflictos de intereses para el personal que venda los paquetes vinculados o combinados, y que la alta dirección se encargue de la supervisión de tales modelos e incentivos”.
  • La ESMA advierte que la entidad no debe animar al personal de ventas al que se retribuye mediante comisiones a “forzar” la venta de paquetes combinados y que puedan promover las ventas innecesarias o inadecuadas de productos.

La norma que ultima Economía impedirá que los “superiores directos” presionen al personal de ventas

La norma europea destinada a dar un giro de 180 grados a las relaciones entre el cliente y la banca exige frenar en seco estos bonus por colocar productos al peso. Las entidades deberán asegurarse “de no remunerar o evaluar el rendimiento de su personal de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes”, afirma la norma elaborada por Economía. Y el mejor interés de los clientes es ofrecerles los productos que más se adecuan a sus necesidades.

El anteproyecto señala que “en particular, [las entidades] no establecerán ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que el personal recomiende un instrumento financiero determinado a un cliente minorista si la empresa de servicios de inversión puede ofrecer un instrumento financiero diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente”.

El esquema es similar al que establece el último borrador sobre la ley hipotecaria, que puede consultarse en la edición web de CincoDías. Este fija que la remuneración no debe depender “de la cantidad o de la proporción de las solicitudes [de hipotecas] aceptadas”.

La remuneración, está claro, no podrá determinarse por los productos colocados, aunque varios departamentos legales consultados por este periódico explican que ahora hay rendijas, a falta de que se apruebe toda la normativa derivada de la trasposición de la directiva para que los bancos continúen, más o menos, con su status quo. “El objetivo es que los esquemas de objetivos comerciales y política de remuneración estén diseñados para no distribuir los productos fuera del colectivo definido de clientes, y esto abre la puerta a incentivar la colocación de aquellos que sí adaptan al target”, explican en una consultora.

La norma, eso sí, no va a poner sencillos los subterfugios: “Las empresas de servicios de inversión deben elaborar y poner en práctica políticas de remuneración respecto de todas las personas que puedan influir el servicio prestado o en la conducta de la empresa, incluido el personal de atención al cliente, el personal de ventas o demás personal que interviene indirectamente en la prestación de servicios”. Entre ellas, por ejemplo, “los superiores directos, que pueden recibir incentivos para presionar al personal de ventas”, sentencia un reglamento de la Comisión Europea. La CNMV, además, tendrá potestad para tomar cartas en el asunto. El organismo que preside Sebastián Albella “podrá precisar los criterios a tener en cuenta en la definición de las políticas y prácticas de remuneración”. Todo dependerá de lo duro que sea el supervisor de los mercados en este tema.

Otro de las cuestiones clave es la remuneración cuando la firma haya contratado agentes: “Se prohíbe a las empresas de servicios de inversión que designen agentes el establecimiento de sistemas de remuneración escalonados vinculados a la venta multinivel”. Es decir, no deberán fomentar que se cobren incentivos, además de por las propias ventas, por las de los agentes.

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El Gran Hermano de la banca: deberá grabar todas las conversaciones con los clientes | Mercados

La novela 1984 de George Orwell relata una distopía en la que el Gran Hermano tiene un control absoluto sobre lo que hacen y dicen los ciudadanos. Salvando las distancias, los bancos y otros intermediarios también tendrán micrófonos en todas partes. Así, deberán llevar a partir de enero un registro con las conversaciones telefónicas y las comunicaciones para realizar cada operación. Aún más: tendrán que grabar también las que potencialmente puedan terminar en una operación. Es decir, casi el 100%.

Este es uno de los aspectos más controvertidos de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, Mifid 2, que exige un control total de qué ha dicho el cliente, cómo y en qué contexto. Las entidades se convertirán en una especie de grandes hermanos. Algunos departamentos legales llegaron a barajar la posibilidad de instalar cámaras para dejar pruebas audiovisuales. No es descartable que se llegue a este extremo, pero la trasposición no pide tanto.

Ahora ya se exige que las firmas lleven un registro con todos los servicios, actividades y operaciones que realicen. La novedad es que en él se incluirán “las grabaciones de las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas relativas, al menos, a las operaciones realizadas cuando se negocia por cuenta propia y la prestación de servicios que estén relacionados con la recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes”.

El borrador de la norma española, a consulta hasta el 18 de septiembre, no modifica la redacción de la directiva original y deja la puerta abierta a que tengan que grabarse todas las conversaciones “cuya intención sea dar lugar a operaciones […] incluso si esas conversaciones o comunicaciones no den lugar a la realización de tales operaciones”.

Información casi en tiempo real a la CNMV

  • Las entidades financieras que ejecuten operaciones deberán comunicar los datos completos y exactos de esas operaciones a la CNMV con la mayor brevedad, y a más tardar al cierre del siguiente día hábil a partir de enero. El mercado más importante en términos de liquidez –en España, actualmente la Bolsa española propiedad de BME– recibirá esa misma información.
  • Las plataformas de negociación deberán suministrar diariamente a la CNMV los datos identificativos de los instrumentos financieros admitidos a negociación en cualquier mercado. El envío de esa información se realizará con carácter previo al inicio de la negociación del instrumento.
  • Relojes sincronizados. Los centros de negociación, sus miembros y participantes deberán sincronizar los relojes para registrar la fecha y la hora de cualquier acontecimiento sobre el que se haya de informar.

También deberán quedar grabadas las conversaciones que desemboquen en operaciones por cuenta propia; es decir, las que realizan las entidades contra su propio balance y no para clientes.

Todo esto es en teoría para proteger a los clientes. Habrá constancia de cada orden, de cada deseo del inversor, con pruebas irrefutables. Esas pruebas, cuando no se utilice el teléfono o internet, podrán recogerse en “correo postal, fax, correo electrónico o documentación de órdenes de clientes formuladas en reuniones”.

El supervisor queda habilitado para dar instrucciones más concretas sobre cómo hacer las copias

“En particular, el contenido de conversaciones pertinentes cara a cara con un cliente podrá registrarse por escrito en actas o notas. Esas órdenes se considerarán equivalentes a las recibidas por teléfono”, se especifica. Los bancos y los brókeres podrán grabar el sonido y también la imagen, si así lo prefieren, para dar fe de las órdenes ejecutadas.

Las entidades, en cualquier caso, deberán informar previamente a todos sus clientes, tanto a los nuevos como a los actuales, de que grabarán las comunicaciones o conversaciones telefónicas. Si no lo hacen, no podrán prestar servicios telefónicos que desemboquen, o puedan hacerlo, en operaciones.

La buena noticia es que bastará con una sola vez. “Así no tendrá que reproducirse la advertencia en todas las conversaciones”, señalan desde finReg, la boutique especializada en regulación financiera fundada por Sara Gutiérrez Campiña. Desde esta firma advierten, eso sí, que “de acuerdo con la normativa en materia de protección de datos de carácter personal tendrá que advertirse con cierta periodicidad a los clientes de la conservación de las grabaciones”.

Los documentos de las operaciones deberán conservarse por cinco años y los clientes tendrán acceso a ellos. No habrá dudas sobre qué operación se ordenó por teléfono; no volverán a producirse órdenes de compra o de venta de la que no existen pruebas. Las grabaciones deben estar a buen recaudo. La norma abre la puerta a que las pruebas estén guardadas por un periodo de hasta siete años si lo exige la CNMV.

Las entidades deberán tomar todas las medidas razonables para grabar las conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas realizadas, enviadas o recibidas. El supervisor que preside Sebastián Albella queda habilitado para dar instrucciones más concretas: “La CNMV podrá precisar los sistemas, procesos, requisitos técnicos y el alcance de las grabaciones de conversaciones telefónicas y comunicaciones electrónicas”.

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Revolución en los fondos: la banca deberá vender productos de terceros para cobrar incentivos | Mercados

Una de las tareas pendientes del Gobierno es la trasposición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, denominada Mifid 2. El Ministerio de Economía sometió a consulta preliminar el anteproyecto el pasado 15 de marzo y, después de recabar las posiciones del sector, ha decidido ser implacable. Los últimos documentos, al menos, son extremadamente restrictivos para la banca y suponen un giro de 180 grados en el modelo de comercialización de fondos de inversión a partir del 3 de enero de 2018.

Así, el sector financiero español que aboga por la venta de productos propios –esencialmente, fondos de inversión– sufre un varapalo con el borrador final. La directiva que regula el cobro de incentivos por la comercialización de artículos financieros reduce  a tres supuestos la posibilidad de que las entidades se queden con parte de las comisiones del fabricante de ese producto. De entrada, solo podrán embolsarse esos incentivos si venden productos de terceros, el fantasma del sector.

Finalmente, no habrá ni un supuesto más, pese a las peticiones del sector, que daba por hecho la inclusión de concesiones. A menos de que el Ministerio de Economía vuelva a cambiar de idea –los documentos a consulta pública lo estarán hasta el 18 de septiembre– se cierra la puerta a modelos que permitan que se mantenga el actual statu quo.

La Asociación Española de Banca (AEB), la asociación española de fondos de inversión, Inverco, y la CECA aunaron fuerzas. Solicitaron que se consideraran también las redes de distribución, como las oficinas o el esfuerzo digital, que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes. Abogaban así por la inclusión de un cuarto supuesto que diera cabida a estas peticiones. No lo han conseguido.

Después de un periodo de indecisión por parte del ministerio que dirige Luis de Guindos, finalmente se ha plasmado la directiva europea casi sin cambios. No hay ni un poco de flexibilidad en la redacción del anteproyecto de Ley que traspone la directiva Mifid 2 ni tampoco en el real-decreto que reforma el reglamento de fondos de inversión colectiva. Al contrario, se sustituye una lista abierta por una estrictamente cerrada en el supuesto que permite vender sin proporcionar asesoramiento. 

Ese supuesto que la banca pedía ampliar exige dar acceso “a un precio competitivo, a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente satisfagan las necesidades del cliente que incluya un número apropiado de instrumentos de terceras partes proveedoras de productos [es decir, de terceras gestoras sin vinculación con el banco matriz] que carezcan de vínculos estrechos con la empresa de inversión”.

Además, obliga a la “provisión de herramientas de valor añadido, como instrumentos de información objetiva que ayuden al cliente en cuestión a adoptar decisiones de inversión o le faculten para el seguimiento, la modelación y el ajuste de la gama de instrumentos financieros en los que haya invertido, o la provisión de informes periódicos del rendimiento y los costes y cargos asociados a los instrumentos financieros”. 

Desde la asociaciones de usuarios de banca, entre las que destaca Adicae, se ha mantenido una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que un banco cuente con una amplia red.

Los fondos de inversión son los grandes afectados por esta regulación. Las gestoras ingresaron el año pasado 2.238 millones de euros en comisiones de gestión, y de este dinero entregaron 1.432 millones de euros, el 64% del total, a los distribuidores. Es decir, más de seis de cada diez euros se los queda el vendedor y no el fabricante. Los grandes grupos financieros a través de sus poderosas redes de oficinas son los grandes beneficiados del actual statu quo.

CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankia suman un patrimonio en fondos españoles de casi 160.000 millones de euros a través de sus gestoras. Es el 64% de los más de 253.000 millones del total de la industria a cierre de junio. 

A partir del 3 de enero de 2018, los incentivos estarán justificados si “no benefician directamente a la empresa receptora, sus accionistas o empleados sin un beneficio tangible para el cliente en cuestión”. Este deberá disfrutar de “la prestación de un servicio adicional o de nivel superior”.

Además, habrán de cumplir el precepto mencionado o alguno de estos otros dos si la relación se hace bajo el servicio de asesoramiento no independiente: que también ofrezcan productos de terceros y no solo propios, o que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente. 

Es cierto que existe la posibilidad de no vender productos de terceros y cobrar el incentivo si se realiza el seguimiento de la idoneidad, pero esta posibilidad implicaría modificar también de manera total el modelo de comercialización. Ahora mismo, los servicios de asesoramiento se prestan en una parte ínfima en la venta de fondos de inversión. 

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