Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso | Mi dinero

La solución ideada al colapso judicial, especializando un juzgado por provincia para absorber todas las denuncias en materia hipotecaria, hace aguas ante la falta de recursos para asumir el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios. Así lo han denunciado los Jueces Decanos de España en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales que concluyeron este miércoles en Bilbao. Los jueces consideran tan grave la situación que instan a abolir este sistema a partir de finales de año para volver a repartir la carga entre todos los juzgados del país.

El colectivo judicial justifica su petición pormenorizando la situación de cada sede provincial, un informe del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio hasta la fecha, acumulan unos 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas recibir refuerzos. Y eso sin contar las denuncias recibidas en ocho provincias que no cuentan con datos actualizados. Sumando los casos que estas sedes tenían a comienzos de septiembre, el total de litigios sería ya de 98.677, cifra que sin duda ha sido superada en el último mes y medio.

“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten los jueces decanos, remachando que “las medidas de refuerzo” puestas en marcha “están resultando un completo y absoluto fracaso”.

Tal es la situación que los jueces decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia de España.

En todo caso, los jueces entienden que los juzgados especializados deberían mantenerse en marcha hasta que el colapso que han provocado los litigios de consumidores contra la banca se rebaje y se hayan resuelto todos los asuntos que ya les han sido asignados.

Un colapso anunciado

Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a 8 de septiembre los 52 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias (pese a que agosto es un mes inhábil), y que 24 de estas sedes requerían refuerzos.

El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados especializados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado insuficientes.

Así, la mayoría de sedes siguen trabajando con un solo juez (habitualmente en prácticas), pese a haber duplicado la cota que activa los refuerzos. La carga de trabajo es tal que en sus primeros meses, estos jueces solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.

Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, con lo que requeriría unos 25 jueces. Sin embargo, solo cuenta con dos jueces en prácticas, el apoyo de uno de adscripción territorial y la asistencia parcial de otro que dedica el 25% de su tiempo. Completan el equipo 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia en un piso de la Gran Vía en el que se acumulan los expedientes por los pasillos.

Los decanos aseveran que ya venían advirtiendo del problema y alertan de que se agravará cuando culmine el periodo de prácticas de los jueces destinados a estas plazas. Critican además la asignación de un único juzgado por provincia, sin analizar las necesidades de cada territorio. También recuerdan que en España hay 12’2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea, y reclaman la creación de e 250 plazas anuales durante cuatro años.

Ante la posibilidad de que las autoridades ignoren su propuesta de dar marcha atrás al plan, los decanos exigen que Justicia y el CGPJ detallen qué refuerzos concretos se pondrán en marcha para tratar de desatascar el colapso. La situación, aducen, “ha desbordado todas las previsiones” de forma que “la inmensa mayoría de juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados” por los apenas 60 jueces destinados a las plazas especializadas.

El origen del plan

La creación de estos juzgados se puso en marcha en junio en previsión del aluvión de demandas que iba a provocar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, en el que exigía que los bancos indemnicen a sus clientes con retroactividad total por lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo abusivas.

El Gobierno puso en marcha también, mediante un decreto, un sistema de negociación extrajudicial entre bancos y clientes, si bien las entidades financieras vienen siendo renuentes a abonar lo cobrado a los consumidores, lo que ha derivado a la vía judicial muchos de los casos. Hasta el punto de atascarla.

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El CGPJ investigará si la quiebra de seguridad de Lexnet ha violado la protección de datos | Legal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrirá diligencias informativas para esclarecer si la posible quiebra de seguridad que se ha producido en Lexnet ha supuesto una violación de la normativa de protección de datos de carácter personal. El incidente se ha producido en el sistema de comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia.

En un comunicado en el que da cuenta de la decisión adoptada por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, reunido este viernes en sesión extraordinaria, señala que las actuaciones serán tramitadas por el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), órgano técnico del CGPJ.

El Consejo reconoce haber tenido conocimiento de los hechos a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación y en redes sociales. El órgano ha acordado abrir esa investigación en su condición de autoridad de control y en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 236 nonies de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. El CGPJ solicita la colaboración del Ministerio de Justicia en las actuaciones que, como autoridad de control, demande en aras a la consecución de los fines pretendidos.

En su nota, el CGPJ solicita la colaboración del Ministerio de Justicia en las actuaciones que, como autoridad de control, demande en aras a la consecución de los fines pretendidos.

Comunicado del Ministerio

El Ministerio de Justicia se pronunció al respecto de este asunto en la tarde del jueves, al saltar las alarmas por la posible quiebra de seguridad.

En un comunicado enviado desde el departamento que dirige el ministro Rafael Catalá, se explicaba que, “en el marco del programa de mejora continua del sistema Lexnet, se ha puesto en funcionamiento una nueva versión que entre otras cuestiones, atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y la práctica de sustituciones”. Esto significa, según apunta el Ministerio, “que todos los profesionales colegiados registrados en el sistema pueden disponer de un acceso único a todos sus buzones”. Además, según sostienen, Lexnet permite que se puedan realizar sustituciones entre distintos profesionales previa autorización, lo que permite el acceso a buzones de otros usuarios.

A continuación explicaba que “con la puesta en marcha de esta nueva versión se ha identificado un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código”. Pero anunciaban que dicho defecto había sido “completamente subsanado en un plazo inferior a 5 horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema”. Añadía el comunicado que “los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema Lexnet”.

Además, el Ministerio reiteró que el sistema Lexnet “es una aplicación destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales”.

Accesos no autorizados

Y trataba de tranquilizar a los usuarios explicando que “los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de Lexnet de un usuario que no fuera el legítimo“. Según explicaba, “dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado”.

También añadía que “Lexnet cuenta con un complejo sistema de identificaciones basado en certificados electrónicos reconocidos y un procedimiento de codificación interno de usuarios que impide acceder al buzón de un usuario concreto sin conocer su identificador dentro de Lexnet”.

En todo caso, el Ministerio de Justicia ha abierto una auditoría interna para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir las posibles responsabilidades, de confirmarse.

Inmune a Wanna Cry y Petya

Por último, la nota subrayaba que “el sistema de comunicaciones electrónicas del Ministerio de Justicia cuenta con un sistema de seguridad robusto y contrastado que ha permitido, por ejemplo, que en el último ataque a nivel mundial de los virus conocidos como Wanna Cry y Petya no se haya visto afectado“.

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La ejecución de sentencias, el agujero negro de la justicia española | Legal

El trámite de ejecución de sentencias es uno de los grandes lastres de la justicia española actualmente. Y es que, muchas veces, ganar un pleito no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva lucha para lograr que lo decidido en los tribunales finalmente se ejecute y se haga cumplir. El problema de que, tras obtener una sentencia favorable, esta tarde en hacerse efectiva no solo supone una frustración para el interesado, sino que puede llegar a crear desconfianza en la seguridad jurídica del país y, por ende, en la economía.

Son numerosos los estudios que demuestran la enorme influencia que puede tener el funcionamiento de la justicia en la economía y mucha la literatura que se ha publicado al respecto. De hecho, los datos permiten ver en qué medida el diseño de determinados procedimientos judiciales puede ser más decisivo en unos casos que en otros. En el caso de las ejecuciones judiciales, un agujero negro de la justicia española, los resultados no dejan lugar a dudas: los retrasos pueden llegar a afectar a la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Así lo ponía de manifiesto un estudio del Banco de España, según el cual existe una relación directa entre la eficacia delas ejecuciones judiciales y la disponibilidad de crédito en España. Las conclusiones, publicadas en un documento de trabajo del ente público, señalan que una mejora en la eficacia de las ejecuciones judiciales (cuando el juez obliga forzosamente al pago de una deuda) incrementaría la disponibilidad de crédito en nuestro país.

Sin embargo, la eficacia de otra fase del procedimiento, como la fase declarativa (cuando la existencia de una deuda es verificada por un juez), no parece tener un efecto tan significativo sobre el crédito. Según explicaban los autores del documento, Juan S. Mora-Sanguinetti, Marta Martínez Matute y Miguel García-Posada, una posible explicación de esta observación es que una proporción importante de los impagos es estratégica, es decir, realizados por deudores que son, en realidad, solventes.

Eso sí, el informe también detectaba una menor morosidad en las provincias en las que los procesos declarativos son más eficaces. Pero esta última observación es significativa “solamente después del inicio de la gran recesión de 2008 y podría estar relacionada con el incremento de los impagos no estratégicos que se produce durante las crisis económicas”, según explica el documento.

La ejecución de sentencias es, sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia española. Lo reflejan también otros informes, como el del Observatorio dela Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, según el cual el porcentaje de sentencias firmes que llegaron a ejecutarse en el año 2015 fue de apenas el 39,10%. Se trata de un dato preocupante, tal y como ha reconocido en diversas ocasiones el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalando que es una cuestión sobre la que deben tomarse medidas. De hecho, se ha llegado a plantear la posibilidad de acometer una reforma procesal en el ámbito civil para revisar las fases de ejecución de sentencia.

Según los datos recogidos en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –publicada en 2016 con datos relativos a 2015–, el número de ejecuciones que quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. Concretamente, en los datos de 2015 del CGPJ que se centran en los juzgados de primera instancia, de familia y de primera instancia e instrucción –los que representan la mayoría de las ejecuciones–, el resultado fue que quedaron pendientes más de dos millones de ejecuciones de sentencias.

 

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El CGPJ advierte que la reforma hipotecaria planteada no basta para cumplir con la UE | Mi dinero

La reforma hipotecaria que ultima el Gobierno no convence a los jueces. Así se deriva, al menos, del informe emitido por el Conejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el texto del anteproyecto. Este, expone el órgano en una evaluación solicitada por el Ministerio de Justicia, no basta para incorporar a la legislación española todas las garantías de protección al consumidor hipotecario que comporta la directiva europea que España lleva más de un año de retraso en transponer.

Pese a todo, fuentes conocedoras del proceso revelan que aunque el Ejecutivo maneja un nuevo borrador de la reforma hipotecaria revisado este mes, el texto apenas incluye cambios menores frente al texto anterior. Es más, tras negociar con distintas fuerzas políticas, el Gobierno prevé iniciar una tramitación parlamentaria ordinaria del anteproyecto en las próximas semanas, antes del parón veraniego en el Congreso de lo Diputados, para su discusión a partir de septiembre.

La valoración del CGPJ se enmarca en la función consultiva que el órgano de gobierno de los jueces ofrece sobre los anteproyectos de leyes y las disposiciones generales que afecten a aspectos jurídico-constitucionales. Incluye consideraciones de técnica legislativa, terminología y otras apreciaciones sobre la aplicación que, en última instancia, harán los juzgados de las nuevas normas.

“El prelegislador ha optado por llevar a cabo la transposición de la Directiva europea 2014/17 mediante una ley que no incorpora la totalidad de las previsiones de la norma europea”, denuncia el informe del CGPJ.

“Buena muestra de ello es la ausencia de regulación de la información que debe figurar en la publicidad” de los contratos hipotecarios, subraya el documento que también apunta a la falta de incorporación del contenido de la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) de la hipoteca o de un cálculo homogéneo de la Tasa Anual de Equivalencia (TAE), aspectos que “constituyen el núcleo sobre el que se proyecta la máxima armonización buscada por la directiva”.

Frente al contenido de la normativa europea, el CGPJ también echa en falta en el anteproyecto un “reflejo directo” de la obligación de la banca de realizar una evaluación del prestatario que permita la detección temprana de riesgos de impago; la existencia de determinadas garantías en la tasación de los inmuebles; aclaraciones en algunas definiciones o la mención del derecho de desistimiento del cliente cuando la entidad no le entrega información suficiente sobre la operación.

“La norma proyectada renuncia a incluir en su contenido requerimientos derivados de la norma europea”, expone el CGPJ, observando que si bien se incorporan algunos aspectos no exigidos por Bruselas, “el prelegislador ha renunciado a regular, de forma completa y sistemática, las normas de transparencia”.

En otros casos, denuncia el CGPJ, el Ejecutivo “ha dejado para ulterior desarrollo reglamentario la concreción” de aspectos pendientes de transponer, como ocurre con algunos aspectos de la información precontractual, la elección de las cláusulas que deben ser advertidas de forma expresa, la posibilidad de contratar préstamos de forma electrónica, el uso de una hipoteca tipo, etc.

15 meses de retraso

España debía transponer la directiva europea en materia hipotecaria antes del 21 de marzo de 2016, un retraso de 15 meses ya por el que la Comisión Europea llevará al país ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como recuerda el CGPJ en su informe de 91 páginas.

El órgano de los jueces alerta de que “la correcta transposición exige disposiciones precisas, claras y transparentes”, lo que en este caso “exigiría que la norma de transposición tuviera rango legal”, y no dejar algunos aspectos clave en manos de futuros reglamentos o directivas que tienen menos difusión y por tanto reducen la eficacia de la protección al consumidor a la hora de solicitar la anulación de determinadas cláusulas opacas, ilustra.

El CGPJ admite que algunas de las lagunas del anteproyecto “ya se encuentran en cierta medida recogidas en las normas vigentes”, si bien critica que el Gobierno no aspire a eliminar la “dispersión normativa”, proporcionando “mayor claridad y seguridad jurídica”.

En paralelo, el informe también critica que el anteproyecto impida a las comunidades autónomas complementar la regulación en el ejercicio de sus competencias, lo que, recuerda, solo está en manos del Tribunal Constitucional.

Más allá de las materias de la directiva europea, el CGPJ recuerda en su informe que el legislador español viene viéndose obligado a adaptar la normativa hipotecaria española ante los varapalos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), entre otros.

El informe remarca que el anteproyecto no permite resolver la problemática que aún plantean las cláusulas de vencimiento anticipado (que permiten a la banca ejecutar la hipoteca) o de intereses de demora, sobre las que el TJUE tiene pendiente pronunciarse, o sobre el reparto de los gastos de constitución de la hipoteca, que están provocando oleadas de litigios pero que la reforma hipotecaria no ayudará a remediar.

Cambios clave del anteproyecto

Estas son algunas de las principales novedades que incluye la reforma hipotecaria:

Información al cliente: Una de las principales novedades de la reforma hipotecaria, que ante todo busca transponer la directiva europea en la materia, es su ímpetu en la mejora de la transparencia y la información que recibe el cliente. Este dispondrá con antelación de toda la información del contrato para estudiarla y recibirá una hoja de advertencias sobre los efectos de las cláusulas más críticas del contrato crediticio.

  • El rol del notario: La reforma hipotecaria dará un papel más importante a los notarios, quienes ofrecerán una labor de asesoría a los firmantes de la hipoteca, que podrán consultarles en los días previos a la firma.
  • Empleados de banca: La norma busca desvincular la remuneración de la plantilla de las entidades financieras al volumen de créditos, para evitar incentivos a la concesión descontrolada, y elevar las exigencias de formación de quienes comercializan hipotecas.
  • Otros cambios: El vencimiento anticipado dejará de activarse por el número de cuotas impagadas y pasará a ligarse a impagos del 3% al 5% del monto. Se limitarán los intereses de demora.

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