Marcos Peña, un inspector salomónico para pacificar El Prat | Mi dinero

Un hombre tranquilo, conciliador, ecuánime. Tiene todas las virtudes necesarias para ejercer de árbitro en el conflicto de los trabajadores de Eulen de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. Aunque estos consideran que el laudo impuesto por elGobierno es un ataque a sus derechos, no les queda otra que acatarlo, y se han mostrado dispuestos a colaborar conMarcos Peña (Lleida, 1948), un inspector de trabajo que preside desde hace más de una década el Consejo Económico y Social (CES), con rango de secretario de Estado.

Culto, amante de la lectura y del cine, le gusta hablar de actores y actrices, y citar a filósofos, historiadores y escritores. Los que le conocen dicen que genera tranquilidad y sosiego, y tiene buenas relaciones tanto con la patronal como con los sindicatos.
Peña cree que debería haber un reconocimiento social a la labor de los agentes sociales, que a través de la negociación colectiva “han contribuido a un grado de bienestar cada vez mayor y han hecho al país más tolerante con su cultura de diálogo y pacto”, a pesar de que para 2017 no han sido capaces de cerrar un acuerdo salarial.

“Tiene un gran sentido del humor, también en el trabajo; empatiza, y eso le ayuda a llegar a acuerdos”, explica Félix Martín Galicia, miembro del CES en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios. “A los consejeros nos hace la vida más fácil”, subraya.
Los vicios de Peña son el tabaco y el café.Está casado. Nació enLleida, aunque sus raíces son aragonesas. También está muy ligado a Asturias, donde va a menudo, y a la Granja de SanIldefonso (Segovia).

En el mundo empresarial se valoran tanto sus conocimientos de derecho del trabajo –es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid–, como su trayectoria en el sector, que comenzó al superar la oposición de inspector a los 24 años. A partir de entonces desarrolló una intensa actividad como mediador en la negociación de convenios colectivos de sector a nivel nacional y de grandes empresas, como Telefónica, Renfe, Repsol, Alcatel, Endesa, Pegaso o Astilleros; en despidos colectivos; y, en general, en conflictos laborales. En un periodo posterior medió en empresas como Izar, donde consiguió acordar el convenio colectivo de 2003 y 2004, tras seis meses de ruptura de negociaciones entre las partes.

Con el Gobierno de Felipe González fue nombrado consejero laboral en la embajada española en Roma (1984-89), secretario general de Salud (1991-92) y secretario general de Empleo (1993-96), con el ministro José Antonio Griñán. En este último periodo fue responsable de las negociaciones y de la elaboración de normas para la reforma del mercado de trabajo y en materia de prevención de riesgos laborales. Tuvo que hacer frente a la huelga general del 27 de enero de 1994 y al paro del 11 de mayo del mismo año, cuando el Ejecutivo aprobó las empresas privadas de colocación.

En 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero, entró como experto en el CES, y un año después le designaron presidente, lo cual conlleva que sea miembro nato del Consejo de Estado.

El CES se encarga de representar en igualdad de condiciones y en un mismo organismo a las asociaciones patronales, sindicales y del tercer sector más representativas de la economía española. Aunque es de carácter consultivo, sus informes sobre todas y cada una de las leyes que se aprueban en España son obligatorios.

No obstante, dado que sus informes no son vinculantes y que el Estado tiene que retribuir a sus 61 miembros, su existencia ha sido puesta en cuestión en numerosas ocasiones, sobre todo en los años más duros de la crisis. Varias comunidades eliminaron sus equivalentes autonómicos, que proliferaron durante las etapas de bonanza.

Peña –y el propio CES– ha sobrevivido a la crisis, entre otras cosas, porque el Gobierno no ha encontrado un sustituto de garantías. No ha llegado a ministro, quizás por su falta de militancia en un partido, aunque seguramente también eso es lo que le hace idóneo para mediar o arbitrar conflictos.

El de El Prat afecta a 400 trabajadores, y dada la función que cumplen, ha llegado a colapsar el aeropuerto. El laudo que dicte Peña deberá ser acatado por ambas partes sin huelga posible, al tener carácter de ley; aunque podría derogarse si los tribunales decidieran que no había motivo para un laudo obligatorio.

Según Peña, el problema va más allá de lo económico y también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo. El dictamen se producirá el miércoles, según ha anunciado él mismo, un día antes de la fecha límite. Nadie quedará satisfecho, advierte, aunque seguramente eso no le quite ni un ápice de prestigio y respeto en el mundo laboral español.

Preocupado por el papel de la mujer

Como secretario general de Empleo, Marcos Peña participó en los Consejos de Ministros de la UE y representó alMinisterio de Trabajo ante la OIT.

En febrero, hizo de mediador (no de árbitro) en la negociación entre patronal y sindicatos en torno a la reforma de la estiba. El acuerdo que propuso fue recogido en el desarrollo reglamentario del real decreto ley de reforma del sector y se aprobó en elCongreso.

Una de sus preocupaciones principales es la escasa presencia de la mujer en el mercado laboral, y en concreto en los puestos de responsabilidad. “Es absolutamente incomprensible, no obedece a razón y es ineficiente”. También ha señalado que las condiciones de las empleadas de los filtros de seguridad de El Prat son especialmente duras.

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Los beneficiarios de rentas mínimas se disparan pese a la recuperación | Mi dinero

El año 2014 fue el primer año completo de recuperación del PIB y del empleo en España. Sin embargo, esta mejoría no se vio reflejada en el colectivo social más desfavorecido: las familias sin recursos. De hecho, en 2015 –últimos datos del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales disponibles– el número de beneficiarios de rentas mínimas de inserción (RMI) se disparó un 28% hasta sumar 789.672 personas, incluyendo los titulares y los familiares dependientes.

Estas rentas consisten en ayudas asistenciales a las personas sin recursos, reconocidas y gestionadas por completo por las comunidades autónomas, y que en ese año se situaron en una media de 436 euros mensuales para el titular y un promedio de 671,54 euros al mes de media para una unidad familiar.

Las causas de este incremento están en el elevado número de parados que no cobran ni prestación contributiva ni asistencial –54% en 2015– y que también agotan los programas como el Prepara o el Programa de Activación para el Empleo, cuyo cobro es de seis meses improrrogables.

El mayor incremento lo registró el colectivo de familiares dependientes de un titular de una renta mínima, que se incrementó un 32% hasta las 466.266 personas (uno de cada cuatro era menor de edad). Mientras que el número de titulares de una RMI aumentó un 22% hasta los 323.406.

Pero este incremento del colectivo también obedece a la mejora de las finanzas de las comunidades, que aumentaron el gasto en estas ayudas, al destinar un total de 1.559 millones a rentas mínimas de inserción, un 16% más que el año anterior.

No obstante, el hecho de que el gasto creciera la mitad de lo que lo hizo el número de beneficiarios se tradujo en que el gasto medio por beneficiario apenas creció en 22 euros anuales de media. Así, se pasó de 1.492 euros por beneficiario al año, de media en 2014 a 1.514 euros anuales un año después, apenas un avance del 1%.

Este efecto se dejó sentir sobre todo en las comunidades en las que más se disparó el número de beneficiarios. En concreto, en Andalucía donde los perceptores de estas ayudas y sus familiares se duplicaron con creces en un solo año, el gasto medio por beneficiario descendió un 55%.

Igualmente, en Canarias, donde se facilitaron las condiciones de acceso, el número de personas con esta ayuda aumentó un 68% al tiempo que el gasto por perceptor descendió un 11%. Y algo parecido ocurrió en el País Vasco, donde a pesar de ser la segunda comunidad más generosa en la cuantía de estas ayudas –solo la supera Navarra– el número de beneficiarios aumentó un 34% y el gasto medio por cada uno de ellos descendió un 16%.

En cualquier caso, las diferencias entre el gasto medio por cada perceptor de estas ayudas en función de la comunidad autónoma donde se resida son muy abultadas. Así, una persona sin recursos que viva en el País Vasco recibirá seis veces más dinero por la renta mínima que otro que resida en Castilla-La Mancha. Aunque esta diferencia se ha reducido un 23% respecto al año anterior debido al descenso del gasto en el País Vasco, ya que los castellanomanchegos siguen prácticamente recibiendo los mismos 514 euros de media mensuales.

No olvidar los servicios

Ante esta situación, el Consejo Económico y Social (CES) que ha recogido estos datos en su última memoria, considera que aunque todas las comunidades tienen programas de rentas mínimas, “la variedad de normas y programas dispersos a lo largo de todo el Estado conforma, más que un verdadero sistema, una red de prestaciones dirigidas a paliar las situaciones de vulnerabilidad económica de los hogares, que ha aumentado de manera notoria durante la crisis, añadiendo presión sobre el conjunto de los servicios sociales”.

Por ello, desde el CES reclaman que, pese a la importancia de este tipo de ayudas, los poderes públicos no deberían olvidar reforzar las redes de prestación de servicios sociales en especie “que pueden resultar fundamentales en la prevención y en la atenuación de las situaciones de vulnerabilidad social”.

En la actualidad, la mesa del diálogo social para la calidad en el empleo en la que están presentes el Ministerio de Empleo, los sindicatos y la patronal, tiene previsto abordar la creación de una tarjeta social, en la que estén presentes telemtáticamente todas las ayudas públicas que recibe un ciudadano.

Esta tarjeta serviría para mejorar la coordinación entre las ayudas estatales y las autonómicas, con varios objetivos: que la protección llegue a todo aquel que lo necesite;racionalizar y optimizar el gasto y luchar contra el fraude.

Asimismo, servirá para certificar el dato del Instituto Nacinal de Estadística (INE), que indica que en la actualidad, un total de 1.163.700 personas viven en España en hogares en los que no entra ningún tipo de ingresos, un 13% menos que en el segundo trimestre de hace un año.

El Informe que elabora el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales e Igualdad recoge algunos rasgos del perfil más común del beneficiario de estas rentas.

  • Nacionalidad y Edad. El 75% de los perceptores son españoles. El grupo de edad más común entre los beneficiarios es el de 35 a 44 años; le siguen los que tienen entra 45 y 54 años y el 26% del total son menores de edad.
  • Cuantías. Cada comunidad fija las cuantías mínimas y máximas de los titulares de estas ayudas y de sus unidades familiares. Así, el promedio de la cuantía mínima de un titular es de 435,80 euros mensuales, que equivale al 67,5% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2015. Mientras que el promedio de la cuantía máxima por unidad familiar es de 671,5 euros al mes, el 103,5% del SMI. Si bien estas ayudas oscilan en el caso de los titulares individuales entre los 648 euros de Navarra y los 300 de Murcia. Y en el caso de las unidades familiares, los 972,90 euros también de Navarra y los 399,38 euros al mes de La Rioja.
  • Ratio de cobro. Hay doce comunidades autónomas que superan el ratio de 10 perceptores por cada 1.000 habitantes inscritos en el padrón.
  • Otras condiciones. La edad mínima de acceso suele ser los 25 años; y se exige estar empadronado o llevar entre 10 o 24 meses como residente.

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