Las viejas centrales de energía se resisten a morir | Compañías

Sobre el papel, los cambios tecnológicos en la generación de electricidad, forzados por la inevitable lucha contra el cambio climático, parecen sencillos y consensuados. Una apariencia a la que contribuye el que la mayoría de los ciudadanos se declare mayoritariamente partidaria de lo sostenible, verde o eficiente. Eso sí, siempre que esta posición no suponga ningún coste para quien la mantiene.

En una encuesta realizada hace pocos años por una asociación española de renovables, el 97% de los encuestados se definía partidario de este tipo de energías (lo extraño, en realidad, era que un 3% las rechazara, cuando opinar favorablemente era gratuita y políticamente correcto). La posición cambió radicalmente cuando a los supuestos defensores de las renovables se les preguntó si estarían dispuestos a pagar una prima en la factura de la luz para el desarrollo de dichas tecnologías. Pagar, eso no, vino a decir la mayoría.

Este es el quid (se puede sustituir “la prima en el recibo” por cualquier otro coste) de un debate que se precie sobre la renovación de los viejos parques de generación contaminantes (de carbón o gas) por los de energías renovables que se van imponiendo en todo el mundo.

Capítulo aparte merecen las centrales nucleares que, aunque no emiten CO2 y, por tanto, no se las considera enemigas del clima, forman parte del debate por su nulo futuro: tienen ya una edad avanzada y el capitalismo (léase, bancos y eléctricas)les ha dado la espalda. También las rechazan las nuevas generaciones de políticos, a la vista de la herencia envenenada que supone su desmantelamiento y la gestión durante siglos de los residuos radiactivos que no pueden ser reciclados. Según calcula la UE, el desguace de los más de 200 reactores europeos (90 ya parados) superará la friolera de medio billón de euros.

Como en cualquier crisis (o “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”, en definición de la RAE), la llamada transición energética hacia un modelo de generación libre de emisiones puede resultar traumática y contradictoria.

Un claro ejemplo es el protagonizado por el actual Gobierno, cuyo presidente, Mariano Rajoy, negó no hace tanto tiempo el cambio climático y cuyo ministro de Energía, Álvaro Nadal, hasta ahora claro partidario del mercado y reconocido pronuclear, protege ahora las centrales de carbón y acaba de dar carpetazo a Garoña.

Bien podría parecer que el mundo se ha vuelto del revés: mientras las grandes compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, promueven el cierre de centrales de carbón y nucleares, el Gobierno liberal del PP quiere protegerlas. Otra falsa apariencia, pues son solo las térmicas de carbón nacional ubicadas principalmente en zona popular, como es Castilla y León, las que se pretenden desahuciar. Y las nucleares, salvo que se les descargue de la actual fiscalidad.

Sin que se conozcan claramente las razones ni los objetivos, el ministro de Energía quiere potestad sobre el cierre de las viejas centrales. Para ello, ha sometido a audiencia pública una propuesta (genérica y sin articular) de real decreto por el que se regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. A saber, Nadal desea ampliar el motivo por el que su ministerio y REE pueden vetar actualmente el cierre de una central (garantizar el suministro eléctrico) a otros dos supuestos tan vagos como “el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y la competitividad de la economía española” y “cambio climático”.

Los más críticos creen que con la excusa de la planificación el Gobierno quiere frenar el cierre de plantas por razones políticas, como es el caso de las de carbón (una de las amenazadas por el cierre es la central de Compostilla de Endesa, propiedad de la italiana Enel), e ideológicas, como la nuclear.

Copiar a Alemania

Podría creerse que el Ejecutivo de Rajoy estaría intentando emular el modelo alemán, en el que los operadores de las redes han denegado parte las solicitudes de cierre de capacidad (casi 4.000 MW que consideran “críticos”, sobre los más de 19.000 MW) tramitadas desde 2012, equivalentes a 90 centrales.

Nada más lejos de la realidad, pues las razones de seguridad de suministro que alegan los TSO (operadores y transportistas) germanos ya están reguladas en España. Esto es, si una central se considera necesaria, REE y el propio ministerio tienen potestad para impedir su cierre. Sirvan como ejemplo los casos relativamente recientes de la petición de cierre de varios ciclos combinados de gas por parte de Endesa e Iberdrola: a la primera se le denegó el cierre de su central de Colón (Huelva), mientras la segunda recibió la autorización para clausurar una de las unidades de su ciclo de Castellón, aunque luego se echó para atrás. 

El mercado alemán no solo no tiene la sobrecapacidad que el español (con un importante parque ocioso de gas que se levantó durante los años de la burbuja), sino que se enfrenta al cierre por decreto de sus 18 centrales nucleares, cuya clausura definitiva está prevista en 2022.

Esta decisión, y la declaración de intenciones del Gobierno de Macron de cerrar 17 centrales nucleares francesas en los próximos años, choca con el empecinamiento de España de defender las viejas térmicas de carbón y las nucleares. En ambos casos, las eléctricas quieren ser compensadas con una regulación favorable, un chantaje que el Gobierno considera inadmisible y que podría estar tras la decisión del Ejecutivo de controlar los cierres de plantas.

Respecto a la intención de Nadal de subastar o hibernar las centrales intervenidas, resulta un tanto inverosímil. ¿Quién va a explotar unas plantas aparentemente no rentables y con fecha de caducidad? El ministro, en línea con Endesa, esgrime que sin la actual producción nuclear el precio de la electricidad se incrementaría un 26%. Un motivo este que impedirá cualquier cierre si prospera el real decreto en trámite. Una norma, por cierto, recurrible por las empresas ante los tribunales.

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El desmantelamiento de la central de Garoña costará más de 300 millones | Compañías

Una vez despejadas las dudas sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, a la que el Gobierno ha denegado la renovación del permiso de explotación, sus propietarias, Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor, se disponen a colaborar en el desmantelamiento de la planta burgalesa, del que se ocupará la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Según fuentes próximas a esta compañía pública, el coste de la gestión de los residuos de Garoña y su desmantelamiento superaría los 300 millones de euros. La única planta que se ha desmantelado tras un cierre ordenado (un caso aparte es el de Vandellós I, que se cerró en 1988 tras un grave accidente), ha sido la de José Cabrera o Zorita, propiedad de Gas Natural Fenosa. El proceso en este caso se presupuestó en 170 millones, pero, según las mismas fuentes su coste ha alcanzado los 260 millones.

Una vez que el Ministerio de Energía publique la orden con la denegación del permiso de Garoña y, previo informe del CSN, aquel autorizará el plan de desmantelamiento de la central. Se inicia entonces un periodo de predesmantelamiento, en el que Nuclenor deberá extraer de la piscina el combustible gastado, altamente radiactivo, que depositará fuera de la central. Asimismo, deberá enviar al almacén de El Cabril, de Enresa, los residuos de baja y media actividad.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó en su día a Garoña la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos, que se ubicará en el exterior de la planta, a la vista de la demora en la construcción del ATC (almacén centralizado) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El ATI recibió el año pasado la declaración de impacto ambiental (DIA), del Ministerio de Medio Ambiente, así como la licencia de obra del ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña. Dicha licencia se otorgó para un presupuesto de 12 millones, que incluye el coste del almacén y el de los primeros cinco contenedores, según Enresa. Con una capacidad para 32 bidones o 6.000 toneladas de residuos, el ATI podrá utilizarse hasta un máximo de 10 años.

Sobre esta cuestión, hay quien teme que las instituciones vascas, especialmente, la Diputación de Álava, las que “realmente han logrado el cierre de Garoña, tras presionar a Iberdrola y a cambio de apoyar los Presupuestos del Gobierno para 2018”, según fuentes políticas, rechacen la construcción del ATI.

De no ser así, según los contratos estándar firmados entre Enresa y las eléctricas, el proceso seguirá su ruta. El denominado predesmantelamiento durará seis años, tiempo necesario para que se reduzca la radiactividad y permita trabajar con seguridad. Aunque Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, este plazo no se descuenta de los citados seis años, “porque se trataba de una para programada y no un cese de la actividad y el agua ha estado circulando”.

Respecto al desmantelamiento en sí, del que se ocupará Enresa (el “explotador responsable” al que se traspasará la titularidad de la central transcurridos esos seis años), no hey un plazo fijo, aunque Enresa suele calcularlo en 10 años.Por tanto, la clausura definitiva no llegará antes de 2033. El proceso requerirá de una DIA y la autorización prevista en el Tratado de Euratom, donde se evalúa el posible impacto transfronterizo.

En el caso de Zorita, se prevé que los trabajos terminen en 2018 (el más delicado, el desmontaje de la vasija del reactor se realizó en 2015), si bien, el problema de de esta planta es que el ATCpueda estar en funcionamiento ese año para poder trasladar a él los residuos radiactivos, más de 2.000 toneladas, la mitad de baja y media intensidad.

Con la declaración de clausura, previo dictamen del CSNE, las eléctricas recuperarían el emplazamiento, que no dejará de ser de su propiedad. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de fijar restricciones al uso de los terrenos. En el caso de los de Zorita, Gas Natural ha manifestado en alguna ocasión su intención de levantar en ellos una central de ciclo combinado. Pocos confían en que se pueda volver a construir en ninguno de ellos otra nuclear.

La plantilla se lamenta

El comité de empresa de Garoña desmintió ayer en un comunicado que el Ministerio de Energía haya acordado con los trabajadores un plan social sobre el mantenimiento del empleo con pre-jubilaciones o recolocaciones, como aseguró su titular, Álvaro Nadal, el martes. “Hay acordada una declaración de intenciones con mecanismos para negociar, pero llegar a un acuerdo “razonable” dependerá de Nuclenor”.

El anuncio del cierre definitivo de la central “ha llenado de tristeza y decepción a los trabajadores”, pues “se trata de “una decisión político-económica y no técnica” que “ha generado una gran inquietud, por la incertidumbre que se abre”, añade. Garoña mantiene una plantilla de 235 personas tras la jubilación de más de más de un centenar.

4.000 millones para gestión de residuos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) dispone de un fondo de más de 4.000 millones de euros para la gestión de los residuos del parque nuclear y el desmantelamiento de las centrales cuando el Gobierno o el CSN (sus dictámenes negativos son vinculantes). Se trata de aportaciones de las eléctricas a través de distintas tasas sobre los residuos o la generación eléctrica.

El último (y sexto) Plan Nacional de Residuos se aprobó en 2006 y, aunque la ley exige que se revise cada cuatro años, ningún Gobierno en este tiempo ha aprobado el séptimo plan. Según el todavía vigente de hace más de una década, los fondos necesarios para abordar la gestión de los desechos atómicos de las centrales nucleares españolas y su desmantelamiento son de unos 13.000 millones, frente a los citados 4.000 millones.

De esos fondos han salido las ayudas para los municipios afectados por el cierre de Garoña que, a fecha de 6 de julio de 2013, aprobó Rodríguez Zapatero cuatro años antes, en 2009, y que nunca se llevó a cabo. Según fuentes políticas, la comarca del Valle de Tobalina, recibió, al menos en los tres primeros años, 25 millones anuales que libró el antiguo Ministerio de Industria. Entre los planes del entonces ministro, Miguel Sebastián, figuraba un parador y una fábrica de separación de residuos, presupuestada en 80 millones, que nunca vieron la luz.

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Cerrar Garoña no puede ser un argumento para cerrar el resto del parque nuclear | Compañías

El Gobierno no ha esperado al 8 de agosto para denegar la autorización de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Tanto las circunstancias técnicas como las políticas facilitaban la decisión del cierre definitivo, incluso a un Gobierno defensor convencido de la energía nuclear. La central estaba cerrada en la práctica desde hace cinco años cuando las empresas que la explotaban (Iberdrola y Endesa en la sociedad conjunta Nuclenor) decidieron hacerlo, y su peso específico en la estructura de generación energética en España era muy limitado cuando estaba a pleno rendimiento; además, de haber sido autorizado, en contra incluso de la opinión de las empresas, habría tenido que esperar dos años para producir y tras acometer las fuertes inversiones en seguridad que aconsejó el Consejo de Seguridad. Y el debate político abierto sobre la cuestión, tradicionalmente más ruidoso que juicioso cuando se trata de cuestiones con elevada dosis de ideología de por medio, aconsejaba también el cierre definitivo del reactor, pues todos los partidos, con la excepción del PP, habían pedido su clausura.

El Gobierno ha optado, por tanto, por la solución menos problemática, generando únicamente un problema puntual de ocupación en la plantilla de la central, para la que existe ya un plan de prejubilaciones y reempleo, sin tener en cuenta que el propio desmantelamiento mantiene ocupación una temporada muy prolongada. Pero debe quedar claro que este cierre no es el inicio de un proceso de liquidación de la generación nuclear, por mucho que Francia, adalid de este tipo de energía en Europa, lo haya iniciado, y que en todas las grandes economías europeas esté en retirada. España tiene un parque nuclear modesto, pero cuyo coste de inversión está prácticamente amortizado y aportará energía barata y segura hasta que los reactores agoten la vida útil de 60 años que el Consejo de Seguridad Nuclear ha avalado para Garoña. Entre tanto, los crecimientos de la demanda deben ser atendidos con energía verde, donde la tecnología sigue generando mejoras de eficiencia continua, y por la que existe preciable apetito inversor como muestran las últimas grandes subastas.

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Garoña: la historia de un esperpento | Compañías

El anuncio del ministro Nadal desestimando la renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña –a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aprobado con mi voto en contra–, cierra una larga historia que puede calificarse, sin exageración, como esperpéntica .

Esperpéntica, porque ha puesto de manifiesto el empeño, sin ningún tipo de escrúpulo, del Gobierno de Rajoy, dispuesto a cumplir su promesa electoral (“Garoña se mantendrá activa con un gobierno del PP”), a pesar de la evidente falta de consenso social y político, no solo de los partidos de la oposición (véanse hoy los tuits entusiastas de Alfonso Alonso y de Javier Maroto, notables dirigentes del PP) e, incluso, a pesar de la reticencia de Nuclenor, en particular de su accionista Iberdrola, ante las elevadas inversiones exigidas por el CSN para la reapertura de la planta.

Nada extraño. A pesar de la catástrofe de Fukushima, el PP se presentó a las elecciones en 2011 con una propuesta de política energética basada en un informe de la FAES, que podía resumirse en “Muerte a las renovables y larga vida a las nucleares” y que, en efecto, se tradujo en la inmediata paralización de los incentivos a las energías renovables, así como en el empeño de prolongar la actividad de la central de Garoña, a la que el Gobierno socialista había concedido una autorización solo hasta 2013, aunque Nuclenor había pedido operar hasta 2019.

La historia ha resultado también esperpéntica porque, para conseguir el preceptivo informe favorable del CSN , este organismo regulador, de merecido prestigio internacional hasta la fecha, ha aceptado modificar sus propias prácticas y contribuir a cambios legislativos, para hacer un “ traje a medida “en el caso de Garoña, que, voluntariamente, había decidido cesar su actividad a finales de 2012, aduciendo razones económicas. La propia vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, reconoció que “’se estaba modificando la legislación vigente para facilitar la reapertura de Garoña”.

Y así, entre otras cosas, el Consejo aceptó, por primera vez, tramitar un expediente de renovación en el que el titular solicitaba operar otros 17 años, a pesar de que, desde 1999, informaba tales expedientes por un máximo de 10 años. Quien escribe este artículo, entonces consejera, solicitó sin éxito, en repetidas ocasiones, que se explicaran las razones, en términos de seguridad nuclear y protección radiológica, para introducir ese cambio, que, en la práctica, permitiría que una central nuclear española alcanzara por primera vez los sesenta años de actividad.

Y, para seguir con el esperpento, dicho cambio quedó definitivamente aprobado tras modificarse una guía del CSN , a instancias de la patronal eléctrica, Unesa, que , de forma expresa, pedía que desapareciera cualquier referencia sobre la citada práctica, “para que no interfiriese en la tramitación de la renovación de Garoña”.

No acaban aquí las excentricidades. Una vez establecidas por el CSN las importantes medidas a adoptar por parte de Garoña, para garantizar la necesaria seguridad de esta planta (la más antigua de España y de características similares a la de Fukushima), el director técnico del organismo remitió una carta a Nuclenor en la que se le exigían las medidas que, en todo caso, debían implementarse antes de que se evacuara el correspondiente informe sobre la renovación.

El propio presidente del CSN, Fernando Marti, aseguró en el Parlamento la vigencia de dichas exigencias. Pero, por el contrario, el informe favorable del CSN se aprobó finalmente sin que la empresa hubiera cumplido tales requerimientos, esgrimiéndose entonces que la carta del director técnico no tenía validez jurídica.

Una de las consecuencias más negativas de todo este proceso ha sido por tanto, a mi juicio, el cuestionamiento público de la imprescindible independencia del organismo regulador, al que le corresponde regular y supervisar en un sector oligopolista, con el único cometido, según la legislación vigente, de garantizar la máxima seguridad nuclear y protección radiológica a todos los ciudadanos.

Como tuve ocasión de recordar en mi última comparecencia parlamentaria como consejera del CSN, las instituciones que velan por el interés general, como la mujer del césar, no solo tienen que ser honradas sino además parecerlo.

De todo lo anterior se deduce que mi discrepancia con el informe favorable a la reapertura de Garoña se basa exclusivamente en la calidad de los procedimientos, al margen , por tanto, de mi convicción personal sobre la conveniencia de la desaparición gradual del uso de la energía nuclear en nuestro país. Este debe ser acorde con las propuestas reiteradamente presentadas por el PSOE en las dos ultimas legislaturas para establecer un calendario de cierre, de forma que operen como máximo hasta cumplir los 40 años, y siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

El ministro Nadal ha invocado, nada menos , que “ignorancia” e “irresponsabilidad” en materia de política energética por parte de las fuerzas políticas que apostamos por el cierre gradual de las centrales nucleares. Y ello, a pesar de que solo tiene que mirar hacia nuestros países vecinos Francia y Alemania, ambos con gobiernos conservadores, que ya han iniciado una transición energética que reduce el uso de la energía nuclear: en el caso de Francia , desde el actual 75% de la producción de electricidad al 50% en 2025; y, en el caso de Alemania, avanzando hacia el cierre de todas sus plantas nucleares en el horizonte de 2022.

Le guste o no al Gobierno del PP, la energía nuclear ha comenzado su declive en muchos países occidentales, a causa de los costes económicos crecientes de sus necesarias garantías de seguridad así como de la gestión de sus residuos radioactivos. Y, por el contrario, los costes de la utilización de las energías renovables siguen reduciéndose rápidamente, con expectativas ciertas de convertirse en el principal recurso para la producción de electricidad y, con ello, también, de la energía necesaria para un transporte libre de combustibles fósiles.

Lo peor de toda esta esperpéntica historia es el desamparo de miles de habitantes del entorno de Garoña, a los que se prometió la continuidad de la planta, sin considerar opción alguna para la creación de empleo en la comarca, como se había establecido por parte del último Ejecutivo socialista.

Ahora, la prioridad de este Gobierno debería ser precisamente la de retomar ese plan de reindustrialización de la zona, recuperando tanto tiempo perdido y poniendo en marcha un proceso de transición justa como el que proponemos desde el PSOE para todas las áreas con circunstancias análogas.

Y en todo caso, recordemos que el desmantelamiento de Garoña, que debería ser inmediatamente solicitado por Nuclenor, supondrá al menos 10 años de tareas muy complejas, que requerirán empleo y generarán actividad. Ahí está el ejemplo de la central nuclear de Zorita, en fase final de desmantelamiento, que ha llegado a contratar más personas de las que allí trabajaban cuando la instalación se encontraba en pleno funcionamiento.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear

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Europa se resiste a perder el liderazgo en un sector nuclear en declive | Compañías

El cierre definitivo de Garoña confirma la tendencia a la baja del parque nuclear europeo, un continente que, a pesar de todo, se resiste a perder el liderazgo en ese mercado energético.

La Comisión Europea, en su último programa sobre el sector (mayo de 2017), señala que “la industria nuclear de la UE se ha convertido en un líder tecnológico mundial en todos los segmentos del sector” . Y subraya que “ese liderazgo puede ser un importante activo” en una actividad en la que a nivel mundial se esperan inversiones de tres billones de euros hasta e 2050.

Bruselas reconoce, sin embargo, que el sector se enfrenta a un envejecimiento (la media de edad de los reactores europeos se acerca a los 30 años); a una caída de la producción y a un paulatino declive frente a otras fuentes de electricidad.

La CE calcula que la caída en la producción del sector nuclear europeo se revertirá a partir de 2030, con la entrada en funcionamiento de algunos de los reactores en construcción.

Pero el organismo comunitario reconoce que esos proyectos se enfrentan a una creciente presión por los costes derivados de las medidas de seguridad y los retrasos en la construcción. E incluso si el parque cumpliera sus objetivos actuales de renovación, las proyecciones de la CE indican que la producción de energía nuclear en Europa caerá un 20% y se situará en torno a los 100GW en 2050, por debajo de su nivel actual (120GW) y por detrás de China, que se perfila ya como el nuevo líder mundial del sector.

En la actualidad, según los datos de la CE, solo hay en marcha la construcción de cuatro reactores: en Finlandia, Francia y Eslovaquia. Pero la central finlandesa de Oikiluoto y la francesa de Flamanville acumulan enormes retrasos y una gigantesca factura, que ponen en peligro su rentabilidad y han dañado gravemente la credibilidad de todo el sector. En ambos casos, dependen de la tecnología de Areva, la compañía nuclear francesa que ha tenido que ser rescatada por su hermana mayor, y también compañía pública, Électricité de France (Edf).

Las compañías francesas también están involucradas en Hinkley, un proyecto valorado en 21.000 millones de euros en el que también participa una empresa pública china y que pretende relanzar la energía nuclear en Reino Unido.

La primera ministra británica, Theresa May, paralizó el proyecto nada más llegar al gobierno por las dudas sobre su conveniencia, aunque acabó autorizándolo a finales de 2016 para evitar un grave conflicto con París y Pekín. Pero la a incertidumbre sobre el futuro de Hinckley sigue siendo tan grande como la que rodea a todo el sector nuclear europeo.

Apagón en Alemania, Bélgica… y hasta en Francia


  • En la UE quedan 129 reactores nucleares en activo que suponen el 28% de la generación de electricidad europea. En 2001, había 143 reactores que cubrían el 34% de la generación.

  • El mayor apagón tiene lugar en Alemania, donde hace 15 años la electricidad de origen nuclear suponía el 35% y ahora penas el 15%. El gobierno de Angela Merkel, ras el desastre de Fukushima en 2011, decretó el cierre definitivo en 2022 de todos los reactores.

  • Francia (74% de electricidad de origen nuclear) y Bélgica (51%) también amagan con un apagón progresivo. El gobierno de Macron tiene intención de cerrar 17 de los 58 reactores del país.

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Reacciones al cierre de Garoña: los partidos satisfechos, inquietud en la Junta de Castilla y León | Compañías

La Junta de Castilla y León anunció este martes, minutos después de conocerse el cierre de la central de Garoña, que implantará un impuesto de afectación medioambientalpara gravar los residuos que quedarán tras el desmantelamiento.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tildó de “grave error” la decisión del Gobierno de cerrar la planta por el impacto que tendría sobre cerca de 1.000 empleos y aseguró que la recaudación de dicho gravamen sobre Endesa e Iberdrola irá destinada a financiar un plan de ayuda al empleo en la zona. Justificó esta modificación de los impuestos medioambientales al entender que Garoña pasará a ser un “depósito de residuos radioactivos”.

La posición del ejecutivo de Castilla y León difiere de manera notable del de País Vasco. El lehendakari, Íñigo Urkullu, celebró la decisión del Gobierno central y aseguró que “a partir de ahora, los vascos van a vivir mucho más seguros ya que suponía un riesgo cierto y evitable”. Su partido, el PNV, defendió que se ha producido “gracias al trabajo que ha hecho la formación en Madrid”.

Frente al pesimismo de las autoridades castellanoleonesas, incluyendo la cámara de comercio que tildó la medida de “injustificada y evitable”, entre los partidos vascos, incluido el PP, se produjo un consenso en el apoyo al cierre de Garoña. PSE, EH Bildu y Podemos se unieron a través de las redes sociales a la satisfacción mostrada por el gobierno autonómico.

A nivel estatal, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, aseguró a través de Twitterque el cierre de Garoñña es una “magnífica noticia”. En esta misma línea se definieron diputados de Unidos Podemos, como Juan López de Uralde, y de Ciudadanos, como Miguel Gutierrez, quien defendió que el proyecto de Garoña era “inviable” y lamentó que el Gobierno “haya tardado tanto”.

Las celebraciones llegaron también a las organizaciones ecologistas. Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, aseguró que este cierre supone “el principio del fin de la energía nuclear en España”. En la misma línea, Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, apuntó que la medida se trata de un veredicto de “sentido común e inevitable, ya que había un clamor político a favor del cierre”.

Fe de errores

Mi

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Garoña: Cronología: Así han sido los 46 años de la central nuclear | Compañías

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha comunicado esta mañana el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. La planta burgalesa con una potencia instalada de 460 megavatios y propiedad al 50% por Endesa e Iberdrola, ha sido durante años fuente de grandes polémicas. Abierta en 1971, cesó su actividad en 2012 pese a contar con la aprobación de la Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para continuar con su labor hasta 2019.

Hasta ahora, el reactor nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, era el más antiguo de las ocho centrales nucleares en territorio español. Actualmente hay cinco centrales nucleares en operación, Almaraz en Cáceres, con dos reactores, Trillo en Guadalajara, Vandellos II y Ascó en Tarragona y Cofrentes en Valencia. La central de Garoña se une a Vandellos I en Tarragona y Zorita en Guadalajara que ya se encuentran en proceso de desmantelación.

Apertura de la central nuclear

El 17 de agosto de 1963, Nuclenor, la empresa con un 50% de participación de Endesa y un 50% de Iberdrola, obtiene la autorización para construir la central nuclear de Garoña. 8 años después, el 2 de marzo de 1971 comienza su actividad.

Durante sus primeras décadas el reactor funcionó sin apenas incidentes. En 1990 tras estar parada tres meses para proceder a la recarga del reactor, se produjo un incendio considerado por la CSN como incidente de nivel tres.

Con la llegada del nuevo siglo comenzaron a ser más habituales los incidentes en la central. El 4 de marzo de 2001 hubo un escape interno de 6.000 litros de agua con contaminación radioactiva.

Promesas de cierre

Una de las propuestas electorales de José Luís Rodríguez Zapatero era el cierre de la central nuclear programado para 2011, hasta el momento, Garoña continuaba su funcionamiento con apenas incidencias. Sin embargo, en 2009 el gobierno socialista pide al Consejo de Seguridad Nuclear un informe para posponer el cierre de la planta. En el informe, el CSN da el visto bueno a continuar con la actividad hasta 2019, siempre y cuando Nuclenor cumpla 15 condiciones, entre ellas instalar antes de 2013 un sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente, así como mejorar la protección contra incendios de equipos y sistemas de seguridad.

Este mismo año, Zapatero prorroga el permiso de explotación por cuatro años y fija el cierre para el 6 de julio de 2013, en lugar de los 10 años aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

En 2011 con el accidente nuclear de Fukushima en Japón, vuelven con más fuerza las peticiones para el cierre definitivo de Garoña, al tener unas características muy similares a la del país asiático.

En 2012, Nuclenor pide al Gobierno presidido por Mariano Rajoy reabrir Garoña. El Ejecutivo encarga un informe al CSN que aprueba esta apertura. A pesar de tener la aprobación gubernamental, Nuclenor decide no presentar la solicitud por motivos económicos al considerar que las inversiones son demasiados elevadas para seguir operando y el incremento de los impuestos para el combustible gastado. En diciembre, la central nuclear de Santa María de Garoña se desconecta de la red eléctrica.

Iberdrola y Endesa piden en 2013 la revocación parcial de la orden ministerial que fijaba el fin de su licencia de explotación ese mismo año por orden del Ejecutivo presidido por Zapatero.

Un año más tarde, el Gobierno popular aprueba un real decreto que permite reabrir la central cuyo cierre se debía a problemas económicos y no de seguridad. En 2014, Nuclenor pide renovar el permiso de explotación hasta 2031, decisión que dependerá del CSN.

Cierre definitivo

El 3 de febrero en 2016, tras las primeras elecciones, la mayoría de los grupos parlamentos piden detener el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. El 19 de octubre, el presidente del CSN, Fernando Martí, comunica en el Congreso que siguen a la espera de que Garoña cumpla las condiciones para su reapertura, exigidas en 2009.

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear no llega hasta principios de 2017.  El 8 de febrero aprueba la reapertura de la central nuclear de Garoña, siempre y cuando cumpla las inversiones en seguridad exigidas.

En marzo de este mismo año, el presidente de Iberdrola confirma que su compañía, a diferencia de Endesa, no tiene intención en reabrir Garoña. El 1 de agosto, Álvaro Nadal, ministro de Energía, confirma el cierre definitivo de la central.

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Cierre de Garoña: ¿Cómo se desmantela una central nuclear? | Compañías

La empresa propietaria de la central nuclear de Santa María Garoña, Nuclenor, ha señalado este martes que analizará la decisión del Ministerio de Energía de cerrar la central, una vez que reciba formalmente la documentación que provoca el cierre definitivo, con el fin de “valorarla adecuadamente”  y “tomar las decisiones que corresponda”.

El desmantelamiento nuclear supone un proceso por el cual una central no necesita más medidas contra la radiación nuclear. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha estimado que el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que se puso en marcha en 1972, tardará entre 13 y 16 años.

El CSN define el desmantelamiento nuclear como un proceso “complejo y dilatado en el tiempo”, con un cierto distanciamiento entre una y otra etapa.

Existen tres estrategias básicas para cerrar una central nuclear:

  • Desmantelamiento inmediato

Comienza, normalmente, unos años después de la parada definitiva de la central, a fin de que haya un período de transición entre el estado operativo de la planta y el comienzo del desmantelamiento activo dela misma. Duranteeste tiempo pueden efectuarse las actividades preparatorias del desmantelamiento, evacuación de los elementos combustibles y retirada de los residuos radiactivos que quedan de la fase de operación

  • Desmantelamiento diferido

Después de la retirada de los elementos combustibles gastados y algunos componentes y estructuras, la instalación se mantiene en un estado pasivo o de latencia por un período de tiempo que puede oscilar entre los30 a100 años, después del cual se procede a su desmantelamiento total.

  • Acondicionamiento in situ

se opta por encapsular y aislar la instalación en su propio emplazamiento y mantenerla así durante un período de tiempo adecuado para que los niveles de radiactividad decaigan. Esta estrategia implica, de hecho, el almacenamiento de los residuos en el propio emplazamiento de la instalación.

 Además, el CSN identifica tres etapas o fases diferentes en los desmantelamientos de las centrales nucleares.

1-Estado de la planta y de los equipos:

Se han retirado los elementos combustibles irradiados, las barras de control y los líquidos contaminados. Se mantiene la barrera contra la contaminación (circuito primario) tal y como estaba durante la operación de la planta, pero los sistemas abiertos se cierran y sellan (válvulas, tapones, penetraciones, etc.).

Se mantiene el edificio de contención en situación operativa

2- Vigilancia de la planta:

Durante este periodo la central se mantiene bajo vigilancia, por lo cual es imprescindible que los equipos de vigilancia de la radiación estén plenamente operativos, tanto dentro de la planta como en el área circundante.

  1. Estado de la planta y de los equipos:

La barrera contra la contaminación (el circuito primario) se reduce a su mínimo tamaño, retirando las partes más fácilmente desmontables, y se cierran o sellan las penetraciones en la barrera que permanece aún.

Después de descontaminar hasta niveles considerados como aceptables, el edificio de contención y los sistemas de ventilación pueden ser modificados o eliminados si ya no son necesarios para la protección radiológica.

  1. Vigilancia de la planta:

La vigilancia en torno a la barrera contra la contaminación puede reducirse, pero es recomendable la realización de pruebas y chequeos periódicos de la misma 

  1. Estado de la planta y de los equipos:

Los materiales, equipos y partes de la planta que tengan niveles de radiactividad significativos con respecto al fondo ambiental después del proceso de descontaminación, se retiran del emplazamiento. Todas las partes restantes deben tener niveles de contaminación por debajo de los límites autorizados

2- Vigilancia

El emplazamiento pasa a ser de libre disposición sin restricciones de uso a causa dela radiactividad. Noes necesario el mantenimiento de ningún tipo de vigilancia.

 

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El Gobierno cierra la central nuclear de Garoña | Compañías

El Ministerio de Energía ha optado finalmente por el cierre definitivo de la vieja central nuclear de Garoña, propiedad de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. El anuncio lo ha hecho esta mañana el ministro de Energía, Alvaro Nadal, en una rueda de prensa en la sede del ministerio.

Nadal ha justificado la denegación del permiso a Nuclenor en que se trata de una central pequeña (450 MW) cuyo cierre no tiene ningún impacto en el sistema, porque se ha convertido en un “simbolo de confrontación política”, que no ha permitido un debate sosegado.

En este sentido, ha enumerado las propuestas legislativas de los grupos políticos contra la reapertura de la central burgalesa, así como las alegaciones en contra de casi todas las instituciones que han participado en el trámite de audiencia. 

Nadal, sin embargo, ha querido dejar claro que el de Garoña no es un antecedente para el resto del parque nuclear, por el que sigue apostando. El titular de Energía descarta una bajada de las tasas nucleares por presión de las empresas en las próximas autorizaciones: “No vamos a permitir que eso ocurra”.

Sobre el futuro de los trabajadores, el ministro ha señalado que conoce la existencia de un “plan social” con el objetivo de mantener puestos de trabajo, promover prejubilaciones y recolocaciones. 

En cuanto a las ayudas a la comarca, de 2,5 millones, el ministro ha asegurado que “se van a mantener”. Asimismo ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya en un “plan de viabilidad” para la economía de la comarca. 

La central está cerrada desde 2012 por decisión de las eléctricas que paralizaron la producción para no pagar los nuevos impuestos a los residuos radiactivos aprobados entonces por el Gobierno. La medida les supuso una multa de 18 millones de euros por parte dela antigua CNE.

Con posterioridad las empresas solicitaron al Gobierno la reapertura, que cuenta con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) condicionado a la realización de inversiones y con permiso para una una ampliación de la vida de Garoña hasta 2030. En el ultimo año las discrepancias entre las propietarias han sido sonoras: mientras Iberdrola ha sido partidaria del disestimiento antes de que Energia se pronunciase, Endesa ha preferido esperar, pese a querer también el cierre por la falta de rentabilidad de la instalación.

Nadal se dio un plazo de seis meses ( que terminaba el 8 de agosto) para tomar una decisión, previa presentación de alegaciones de 11 instituciones, de las cuales, cuatro vascas se han opuesto radicalmente. Las eléctricas no alegaron por falta de acuerdo.

 

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Endesa considera que no presentar alegaciones sobre Garoña les crea indefensión | Compañías

La negativa de Iberdrola a presentar alegaciones en el marco de la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía antes de tomar una decisión sobre Garoña, ha provocado la ruptura con Endesa, con la que comparte al 50% el capital de la central nuclear. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán ha insistido en presentar el desistimiento de la autorización de reapertura de la planta, mientras que Endesa presentó una propuesta de alegaciones en el consejo de Nuclenor celebrado el miércoles, según adelantó ayer CincoDías.

 En ella, esta compañía solicitaba un incentivo (a aprobar mediante un cambio regulatorio a aprobar antes de la fecha que se ha fijado el Gobierno, el 8 de agosto) para compensar las pérdidas de la planta burgalesa. Una propuesta que Iberdrola, empecinada en acelerar el cierre, no aceptó. Fuentes de Endesa dicen no entender la posición de Iberdrola en contra de presentar alegaciones, lo que “deja a las empresas en una situación de indefensión ante cualquier decisión del ministerio”. En cualquier caso, el desacuerdo en el seno de Nuclenor, ha impedido a cada una ejecutar su deseo: ni Iberdrola puede renunciar unilateralmente a la autorización ni Endesa puede presentar sus alegaciones, pues solo Nuclenor como tal puede participar en una consulta, cuyo plazo terminaba ayer.

Sí han alegado, sin embargo, las 10 instituciones restantes que se habían personado en el caso, según la resolución aprobada el 11 de julio por el departamento que dirige Álvaro Nadal: el Parlamento Vasco; el Gobierno Vasco; el Gobierno de Navarra; la Diputación de Álava ; el Gobierno de La Rioja; la Asociación de Municipios de Áreas con Centrales Nucleares (AMAC); Nuclenor y los grupos ecologistas Greenpeace; Acción de Burgos y Ecologista Centaurea.

El Parlamento Vasco ha alegado en contra de la continuidad de la central burgalesa y, de igual manera, se han pronunciado el Gobierno Vasco, la Diputación de Álava y el Ejecutivo de Navarra. No en vano, dicho parlamento aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de ley sobre la necesidad de interponer un recurso contra la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del 8 de febrero que posibilita la reapertura de Garoña con una serie de condiciones. Un trámite que sigue su curso.

En el extremo contrario se ha posicionado el Gobierno de Castilla y León y los municipios nucleares. Según declaró el viernes la consejera de Economía de esa comunidad, Pilar del Olmo, el Gobierno castellanoleonés se ha manifestado a favor de la explotación de la central, pues, de no ser así, “la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles”. Unos de los argumentos esgrimido es la ausencia de un plan alternativo a la central, que da empleo a 600 personas, según del Olmo, y su área de influencia. En este sentido, recordó que el CSN garantiza la seguridad siempre que se hagan inversiones adicionales que, según los cálculos de la Consejería, estarían amortizadas en 2031. Por ello, pide autorización para Garoña hasta esa fecha.

Asimismo, Castilla y León ha aprovechado estas alegaciones para defender también la producción eléctrica con carbón autóctono, alternativa energética “más barata” junto a la nuclear, con lo que la supresión de ambas supondría un “gran lastre para la economía nacional”.

Ecologistas y sindicatos

Greenpeace presentó sus alegaciones sobre Garoña el viernes sin ninguna sorpresa. Tanto esta organización, como Acción de Burgos y Ecologistas Centaurea, se oponen a la reapertura. Greenpeace pide al Gobierno que “acabe con el espectáculo” en torno a la central.

Su posición se basa en “las decisiones contradictorias, deficiencias en el informe del CSN, alteraciones en el procedimiento, los elevados costes y los incumplimientos medioambientales. Greenpeace criticó el comportamiento de los socios de Nuclenor:“Iberdrola no quiere la reapertura y Endesa quiere sacar tajada”.

Aunque los sindicatos no se han personado, estos se han manifestado en contra de la planta. Especialmente, el vasco ELA.

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