Estos son los diez sectores con empleos más precarios | Mercados

Mi trabajo evoca recuerdos de la infancia: aún tengo que levantar la mano para ir al servicio”. “He trabajado en dos centros privados de Formación Profesional durante. El primer mes no me dieron de alta. El salario se reducía a unos cinco euros la hora”. “Tengo 26 años. Trabajo como auxiliar administrativa, hago 40 horas semanales y cobro 803,65 euros al mes. ¿Hay derecho a esto?” Estas son algunas de las situaciones de precariedad laboral a la que se enfrentan más de 1,2 millones de personas, según el sindicato Comisiones Obreras (CC OO).

La organización ha lanzado una campaña en la que identifica diez nuevos trabajos más vulnerables.  Estos empleos son: consultor de TIC e informático, profesionales de la hostelería en establecimientos de comida rápida, repartidores a domicilio, dependientes, promotores de productos y reponedores de supermercado, vigilantes de seguridad, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios y auxiliares a la dependencia.

En esta cuerda floja laboral se encuentran trabajadores que ya llevan tiempo en su puesto y a los que acceden al mercado laboral por primera vez.

La precariedad afecta a muchos empleados de diferentes sectores, pero parece ensañarse especialmente con los jóvenes y las mujeres. Según CC OO, ellas son las titulares del 72% de los contratos parciales que se firman. No por decisión propia, sino por la imposibilidad de encontrar otro con mayor jornada. La temporalidad y discontinuidad también afectan más a las mujeres. El 80% de las trabajadoras sufren estas alteraciones.

Bruselas advertía el pasado julio del peligro de que los jóvenes precarios hoy se convirtiesen en pensionistas pobres. Esto se debe a que los trabajadores de la llamada “generación del euro” soportan más temporalidad, peores salarios y cotizaciones más bajas. 

No obstante, las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo prueban cómo de todos los nuevos contratos que se firman cada mes, la contratación indefinida crece a mayor ritmo que la temporal. Si bien en términos absolutos, sigue habiendo muchos más contratos de nueva creación temporales que indefinidos. En el cómputo global, alrededor del 70% de todos los contratos vigentes en la actualidad son fijos.

Los diez más precarios

Diez nuevos empleos se unen a la lista de los más afectados por la precariedad: consultor de TIC e informático, profesionales de la hostelería en establecimientos de comida rápida, repartidores a domicilio, dependientes, promotores de productos y reponedores de supermercado, vigilantes de seguridad, trabajadoras del hogar, auxiliares de servicios y auxiliares a la dependencia.

Los consultores informáticos son profesionales muy cualificados que se enfrentan a niveles salariales de entrada muy bajos, de entre 10.500 y 13.500 euros al año, en un sector muy rentable. 

El 90% de los trabajadores de la restauración moderna están bajo un contrato a tiempo parcial que en ocasiones esconde más horas no remuneradas o cobradas en negro sin cotizar a la Seguridad Social. Además, se convierten en mano de obra multitarea: descarga de materias primas, atención al cliente, limpieza, etc. por lo que acumulan gran carga de trabajo. 

La aparición de aplicaciones que facilitan la experiencia al cliente ha traído consigo un grupo de trabajadores especialmente expuestos a la precariedad: el de los repartidores a domicilio. Ellos son los que menos cobran dentro de la hostelería, con sueldos muy próximos al salario mínimo. También hacen más horas de las estipuladas y van contrarreloj para poder hacer más repartos ya que obtienen un plus por cada servicio, eso hace que se expongan a mayores riesgos laborales asociados al desplazamiento. Además, la mayoría pone su propia moto o bicicleta a servicio de la empresa. 

Ya en julio los riders, como se conoce a los repartidores de comida a domicilio de Deliveroo, se pusieron “en pie de guerra”. En aquel entonces denunciaron encontrarse bajo el Régimen Especial del Trabajo Autónomo, pero sin beneficiarse de las condiciones de este colectivo. Una situación que, aseguraron, “les impedía tener condiciones laborales dignas, garantías de ingresos y protección de su empleo”.

Son el primer rostro que el cliente se encuentra al entrar en la tienda, ellos son los dependientes. La mayoría de estos puestos están ocupados por mujeres que deben sonreír y mostrarse atentas a las demandas de los clientes. Lo que no se ve son los horarios irracionales a los que tienen que hacer frente, turnos largos, partidos, turnos de apertura o cierre que pasan factura a su vida fuera del comercio. Las dependientas sufren riesgos físicos derivados del tiempo que deben permanecer de pie y se exponen a consecuencias psicosociales por la atención al público. 

Con la externalización de algunos servicios, los reponedores y promotores de productos han visto como su trabajo se ha abaratado. Según CC OO, ahora cobran la mitad y tienen el doble de jefes, los directos y los de las empresas a las que ofrecen los servicios. Su trabajo es puntual, parcial y cobran el salario mínimo. 

De los cuerpos de seguridad privada, el sindicato destaca la disponibilidad absoluta que deben mostrar estos profesionales, alrededor de 123.000 personas, que el pasado septiembre protagonizaron una huelga para denunciar su situación en el Aeropuerto de Barcelona. Con jornadas que pueden sobrepasar las 12 horas, los vigilantes también son instados a hacer otros encargos como repartir el correo o aparcar coches. Estos trabajadores son los que más han sufrido la devaluación salarial. 

De las 750.000 trabajadoras del hogar, solo 427.000 están dadas de alta en la Seguridad Social. Es el sector más precario en prácticamente todos los aspectos. Cobran el Salario Mínimo Interprofesional, no tienen derecho a paro ni a la jubilación anticipada. Además, al desarrollar su trabajo en un ámbito privado y familiar son más vulnerables a los abusos laborales. 

El trabajador multiusos o la figura abstracta del auxiliar de servicios. No hay un convenio al que poder agarrarse y sus labores son en ocasiones un batiburrillo de funciones propias de otros sectores como limpieza, jardinería, conserjería, seguridad, mantenimiento, etc. Para los autores de la campaña, estas empresas actúan en un limbo ya que no hay un número de empresas dedicadas a este servicio ni un dato fiable de las personas que ocupan estos puestos de trabajo. Comisiones Obreras estima que son alrededor de 200.000. 

También se encuentran en esta situación los auxiliares que cuidan a las personas que se encuentran en una situación de dependencia. Llevan a cabo una labor esencial para sociedad que apenas se reconoce y trabajan una media de 20 horas a la semana por menos de 400 euros al mes. Este sector, de los más desregularizados, emplea a más de 220.000 personas, que desde 2015 deben estar certificadas por la administración. 

En último lugar, CC OO guarda un lugar para el personal laboral de las administraciones que se encuentran en un limbo entre lo público y privado. Estos trabajadores han sufrido recortes y congelaciones salariales y como consecuencia han perdido capacidad adquisitiva. 

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CC OO exige al Gobierno 23.000 millones para educación y sanidad hasta 2020 | Mercados

El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) ha exigido este jueves al Gobierno que invierta unos 23.000 millones de euros en educación y sanidad en esta legislatura. También ha pedido que se recuperen los empleos destruidos durante la crisis y afianzar los servicios públicos. 

Esta cantidad que CC OO solicita al Estado hasta 2020 es la necesaria para que la inversión en ambos sectores alcance los niveles de inversión previos a la crisis. En 2009 se destinó el 5,09% del PIB a educación, cifra que en la actualidad se sitúa en el 4,1%, lo que se traduce en alrededor de 10.000 millones de euros menos, aproximadamente. En el caso de la sanidad, hoy se invierte el 5,9% del PIB frente al 7,2% previo a la crisis: un tijeretazo de más de 13.000 millones de euros. 

Ante esta demanda, que se enmarca en las próximas negociaciones para diseñar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el sindicato ha anunciado una campaña de movilizaciones para que el Ejecutivo tenga en cuenta sus demandas y no descarta “actuaciones más contundentes” durante la negociación de las cuentas públicas.

Bajo el lema Vamos a recuperar lo arrebatado, CC OO ha instado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que la “recuperación económica” de la que hace gala el Gobierno se deje notar en el sector público y llegue a la ciudadanía. El sindicato centra su campaña en los derechos laborales, el empleo público, la inversión en el sector y la recuperación del poder adquisitivo que los funcionarios han perdido desde el inicio de la crisis.

Es más, los responsables de los sectores de la sanidad y la educación de CC OO han asegurado que no descartan una huelga general en el sector público si no se tienen en cuenta sus peticiones, pero para ello tendrían que contar con el apoyo de las otras fuerzas sindicales.

Por su parte el sindicato de funcionarios CSIF, solicita fundamentalmente que el colectivo recupere el poder adquisitivo perdido y la vuelta a las 35 horas laborales en toda la Administración, además de la recuperación de más de 230.000 empleos públicos perdidos desde 2011. Esta central y UGT coinciden con CC OO en que si Montoro no tiene en cuenta sus reivindicaciones, habrá más movilizaciones.

En lo referente al empleo, el sindicato que dirige Unai Sordo desde junio pasado, pide que universalicen las ofertas a todos los servicios y que se recuperen los puestos de trabajo destruidos en los últimos años, alrededor de 300.000, según Pepe Fernández, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.

Alrededor de 36.500 personas perdieron su empleo en la educación pública desde 2009, de los que 22.000 eran profesores de educación obligatoria, 4.500 de enseñanza universitaria y 10.000 personal administrativo y de servicios. En la sanidad española fueron cerca de 28.000. Para lograr esa recuperación, los responsables sindicales consideran “indispensable” la supresión de la tasa de reposición, el ratio que determina el número de nuevos funcionarios que pueden incorporarse a la administración pública en función de las bajas del año anterior. 

También exigen una subida salarial “por encima del IPC”, como mínimo, y recuperar el 5% perdido en pagas extraordinarias y otros conceptos económicos.

“El sector público ha sido el colectivo sometido a una precariedad más dura por parte del Gobierno desde 2010”, ha asegurado Mercedes González, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO, que añadió que los funcionarios deben recuperar el poder adquisitivo del que disfrutaban antes de la crisis, cifrado entre el 12% y el 21%, dependiendo del sector. 

En la línea de los derechos laborales, CC OO destaca que la negociación colectiva es otro de los puntos centrales de la campaña, junto con la recuperación y extensión de las 35 horas laborales y que los trabajadores con incapacidad temporal reciban el 100% de la prestación. 

En la tarde de este jueves, representantes de los tres grandes sindicatos de funcionarios (UGT, CC OO y CSIF) han mantenido una primera toma de contacto con el ministro Montoro en la que expusieron todas estas premisas. Fuentes sindicales han destacado que el titular de Hacienda se ha mostrado receptivo y se ha comprometido a estudiar las propuestas que los sindicatos le han puesto sobre la mesa. 

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Los tres primeros días de enfermedad del trabajador no necesitan parte de baja | Legal

El pasado mes de junio la Audiencia Nacional resolvió una demanda de conflicto colectivo planteada por el sindicato CC. OO. que cuestionaba que una empresa pidiera a sus trabajadores el parte de incapacidad temporal desde el primer día de enfermedad. En este caso según la norma convencional, un Acuerdo de Homologación de condiciones de trabajo para el personal de la empresa demandada, los trabajadores podían disfrutar de un permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica. Con el único requisito de contar con un justificante de ausencia o reposo, distinto del parte de baja, emitido y firmado por un facultativo del Servicio Público de Salud o Mutua.

La sentencia pone de manifiesto las diferencias prácticas entre el permiso por enfermedad (de hasta 3 días) y la incapacidad temporal. En primer lugar, el hecho que da lugar a cada una de las dos situaciones. Mientras que para el permiso retribuido es la enfermedad del trabajador justificada por el sistema sanitario público durante los 3 primeros días de cada período de enfermedad, la incapacidad temporal es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo. Otro punto distinto es que durante el permiso retribuido el trabajador tiene derecho a percibir su salario íntegro mientras que durante la baja médica percibe una prestación de la Seguridad Social cuyo objeto es paliar la pérdida del derecho al salario, propia de cualquier situación de suspensión del contrato de trabajo.

A pesar de estas diferencias y de lo que dicta la norma convencional, desde marzo de 2016 en Galicia, y posteriormente en otras delegaciones de la empresa, se empezó a exigir el parte de baja para justificar tal permiso, amparándose en la entrada en vigor de la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio que desarrolla el Real Decreto 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración.

La sentencia sin embargo, reconoce que el precepto convencional que regula este permiso es claro a la hora de admitir que la enfermedad esté justificada por el sistema sanitario público del trabajador, lo que avala cualquier tipo de justificante, práctica que además venía siendo admitida por la empresa con anterioridad.

En conclusión, la Audiencia Nacional otorgó la razón al sindicato y declaró, en virtud del tenor literal del artículo del convenio aplicable, el derecho de los trabajadores de la empresa a disfrutar del permiso retribuido durante los tres primeros días de cada período de enfermedad, sin necesidad de ser declarados en situación de baja médica o incapacidad temporal.

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Cinco millones de salarios no esperan al pacto y tienen ya subidas del 1,3% | Mi dinero

Algo más de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena están a la espera de un pacto entre las cúpulas patronales y sindicales que regule las relaciones económicas en las empresas para este año. Pero la otra mitad no ha esperado y ha cerrado las condiciones remunerativas, en la mayoría de los casos, ajustadas a las condiciones económicas de cada empresa o cada sector. Consideran que la vida de las empresas en las que trabajan no puede esperar hasta agosto para disponer de unas pautas sobre las subidas salariales o la duración de la jornada. Por ello, 4,8 millones de trabajadores han firmado ya alzas de sueldo de una media del 1,3%, mientras que poco más de cinco millones de trabajadores están a la espera.

Las cúpulas de la CEOE y los sindicatos CC OO y UGT están enredadas en una discusión de propuestas salariales muy estrechas desde el mes de enero, y ahora ya se han comprometido a que el resultado final estará disponible, si lo está, en julio.

Tras muchos tiras y aflojas, la patronal empresarial, que ha defendido en los últimos años un sistema de negociación más asimétrico para que cada empresa adapte las condiciones laborales a su verdadera situación financiera, ha establecido por fin una horquilla de subidas salariales que oscila entre el 1% y el 2,5%, cuya parte alta solo puede aplicarse si existe un crecimiento apreciable de la productividad en la empresa y su plantilla.

Los sindicatos manejan otra horquilla monetariamente más exigente, que oscila entre el 1,8% y el 3%, y son partidarios de un mecanismo de aplicación general para que dé cobertura a plantillas de empresas más pequeñas que no tienen capacidad de negociación. Por ello, creen que es imprescindible un acuerdo nacional salarial, y en su defecto la aplicación aguas abajo de acuerdos sectoriales o de grupos de empresas.

La cláusula de revisión

Bajo la excusa de la irrupción de la inflación, que ha vuelto en pequeñas dosis tras varios años de desinflación generalizada, los sindicatos han planteado la resurrección de una especie de seguro para las alzas salariales que estaba muerto y supuestamente bien enterrado desde hace varios años: la cláusula de revisión salarial. La práctica de la negociación y la intencionalidad de los empresarios en los últimos años, los de la crisis, habían impuesto la desaparición de esta figura, que contribuía, además de a mantener el poder de compra de los asalariados, a cebar la propia inflación. Tal mecanismo, junto con los deslizamientos por antigüedad, suponían un apreciable sobrecoste laboral que en los últimos años se ha desconectado de la política retributiva en las empresas.

Pues bien, los sindicatos insisten ahora en recuperar una cláusula de revisión que asegure que los salarios subirán al menos lo que lo haga la inflación, aunque el alza nominal inicial de las tablas salariales en los convenios se establezca en valores inferiores. Así, para este año, con una inflación media esperada del 1,5%, UGT y CCOO plantean que en caso de aplicar la horquilla de la CEOE, debe acompañarse con una cláusula de revisión que garantice que si el IPC supera el 1,5%, todos los salarios suban con carácter retroactivo al menos en la misma cuantía.

La patronal descarta todo pacto con la resurrección de tal cláusula. Y los sindicatos contraatacan con una petición de alza por parte de la patronal de la parte baja de la banda (del 1% al 1,5%), de tal forma que funciona como si se tratase de una cláusula.

La negociación sigue, y no es aceptable un desacuerdo; pero las posiciones de la CEOE no se moverán mucho más allá de donde están, hasta el punto de quizás mover la parte baja de la horquilla una o dos décimas, según fuentes conocedoras de la negociación.

La marcha de la negociación salarial a espaldas del pacto ha regulado las condiciones para 4,79 millones de asalariados. La subida salarial media es del 1,3%, con 1,32% para los 4,44 millones de trabajadores acogidos a convenios de sector, y de un 1,1% para los 345.000 empleados con convenio de empresa. Hay que recordar que en el año 2016 para un poco menos de 10 millones de trabajadores la subida media pactada fue del 1,06%, y del 0,69% en 2015. La subida pactada para los salarios de este año es muy similar a la de 2012.

El número de empresas acogidas a convenios firmados es ahora de 659.000, y solo 1.858 tienen convenios particulares. La jornada media pactada es de 1.757,6 horas anuales, ligeramente superior a la del año pasado.

Los convenios firmados este año suben un 1,64%

Divergencia salarial. Los acuerdos retributivos firmados en los años pasados (anteriores a 2017), pero con efectos sobre las nóminas de los trabajadores de este año, recogen una subida media del 1,23%, mientras que los ratificados en este año natural (2017) contienen un alza superior: 1,64%.

La mayoría del colectivo, entre el 1% y el 2%. Del total de asalariados con convenio cerrado para este año, 3,72 millones tienen pactada una subida que se encuentra entre el 1% y el 2%. Un millón adicional de trabajadores tienen una subida firmada inferior al 1%, y solo 142.000 disfrutarán de alzas superiores al 2%; por encima del 3%, apenas 18.500 empleados por cuenta ajena.

Subidas homogéneas. No hay prácticamente diferencia alguna entre el tratamiento salarial en los convenios de empresa entre el sector público y el privado. En este la subida salarial es del 1,12% para este año, mientras que en la empresa pública es del 0,9%, aunque solo afecta a 18.000 empleados.

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CEOE abre ahora la puerta a elevar los salarios muy bajos más allá del 2,5% | Mi dinero

El presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, abrió este miércoles la puerta a que el acuerdo salarial con los sindicatos para 2017 recoja subidas más allá del 2,5 % para los salarios más bajos. “Podríamos hablarlo”, señaló Rosell en una entrevista en la Cadena Ser, donde reconoció que “es muy difícil” poder llegar a fin de mes con un sueldo de 800 euros.

“Quizá ha llegado el momento en los acuerdos con los sindicatos de hacer planteamientos distintos para los salarios muy bajos y los no tan bajos”, admitió Rosell, quien añadió que para los primeros deberían aceptarse “incrementos muchísimos más importantes”. Los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme llevan meses sin lograr cerrar un pacto salarial para 2017 que sirva de guía para las negociaciones de convenios colectivos, mientras, en paralelo, las empresas han ido cerrando sus convenios con mejoras salariales que en promedio se sitúan escasamente por encima del 1,2%.

La propuesta de la patronal, que mejoró su oferta inicial, pasa por subidas de entre el 1% y el 2%, con medio punto más adicional en función del sector y vinculada a ganancias de productividad y reducción del absentismo. Por su parte, los sindicatos exigen un alza de entre el 1,8% y el 3 %

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló este martes que la mejora de la economía y el empleo tiene que empezar a trasladarse a los salarios, mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apuntó el lunes que un acuerdo en salarios “es capital” para la recuperación.

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló que hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo porque hay que fijar una base salarial (los sindicatos demandan el citado 1,8%).”Este tema junto con la cláusula de revisión salarial, son dos elementos fundamentales, que están encima de la mesa”. Álvarez destacó, también en la Ser, que la propuesta de la que habla ahora el presidente de la CEOE, Joan Rosell, de poder negociar una subida de los salarios más bajos, ya la ha planteado UGT de cara a la negociación de 2018.

Para el líder de UGT “esta negociación tiene que ser el inicio de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, del reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país” y destacó que el acuerdo de negociación colectiva “debe cerrarse ya, porque no tiene sentido firmar un acuerdo para 2017, en septiembre”.

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Unai Sordo aboga por derogar “las partes centrales” de la reforma laboral | Compañías

El nuevo secretario general de CCOO, Unai Sordo, abogó este sábado por derogar “las partes centrales” de la reforma laboral y por “dar una pensada” al Impuesto de Sociedades, para que el tipo real que pagan las empresas no esté por debajo del impuesto medio que pagan las nóminas.

Tras su proclamación como nuevo secretario general de CCOO en el 11º Congreso Confederal del sindicato, Sordo destacó en su discurso que en la organización “no renunciamos a una modificación sustancial o una derogación” de la reforma laboral, y defendió que “hay que derogar las partes centrales de esta reforma” e instaurar un nuevo marco de relaciones laborales.

“No puede ser que España tenga habitualmente el 30% de temporalidad, que precariza las condiciones sobre todo de las personas jóvenes, sobre todo de las mujeres, y cuando viene cualquier adaptación a la empresa se despide a las personas”, criticó. En este sentido, destacó que “hay alternativa, pero requiere de poder sindical”.

Sordo también apostó por revisar el Impuesto de Sociedades, desmarcándose de la cotización a las nuevas tecnologías. En su lugar, señaló que “la mejora tecnológica de las empresas se supone que va a producir mejores resultados en las empresas, va a mejorar los resultados y sobre esos resultados hay que intervenir”.

El nuevo líder de CCOO incidió en que “tenemos que salir de aquí a la ofensiva, sabiendo que el lunes nos están esperando en la sociedad, sabiendo que nos están esperando en las empresas”.

Y en estos momentos, “hay un debate presupuestario en el que hay que incidir en la actual realidad del `techo de gasto’ en el que está sometido el Estado español”, que, a su juicio, no ayuda a salir de la crisis.

Elección

Sordo ha sido elegido secretario general de CCOO tras recibir el apoyo del 88,8% de los delegados. Por su parte, la lista para la Comisión Ejecutiva liderada por él ha concitado el respaldo del 61,2% de los delegados tras lograr 451 votos favorables de un total de 737 emitidos, 208 votos en blanco y 78 votos nulos. De ella forma parte el exsecretario general de CCOO-A Francisco Carbonero, que ha sido declarado como investigado (antes imputado) en el caso de los ERE irregulares.

Unai Sordo sustituirá en el cargo a Ignacio Fernández Toxo que, a pesar de contar con la posibilidad de optar a la reelección para un tercer y último mandato, decidió no presentar su candidatura. Sordo competía en solitario por la Secretaría General de CCOO tras haberle propuesto el propio Toxo el pasado mes de marzo, por lo que su elección estaba ‘más que cantada’. El sindicalista vasco, de 44 años, venía con un apoyo casi unánime del Consejo Confederal del sindicato.

En CCOO, la Secretaría General está limitada a un máximo de tres mandatos (dos ordinarios y uno de carácter extraordinario) de cuatro años de duración cada uno.

Una ejecutiva paritaria

La nueva Comisión Ejecutiva de CCOO estará formada por 15 miembros, más su secretario general, frente a los 14 miembros con los que contaba anteriormente, de los que hasta el inicio del XI Congreso únicamente quedaban 12. Seis de sus integrantes repiten. Además de Sordo, entran nueve caras nuevas.

En concreto, la nueva Ejecutiva de CCOO estará integrada, además de por Unai Sordo, por Fernando Lezcano, Maria Cardeñosa, Carlos Bravo, Cristina Faciaben, Pedro J. Linares, Empar de Pablo, Elena Blasco, Francisco Carbonero, José Luis Gil, Francisca Gómez, Carlos Gutiérrez, Paula Guisande, Mercedes González, Mariano Sanz y María Dolores Santillana.

Los seis primeros repiten de la anterior Ejecutiva, mientras que los nueve últimos entran nuevos. En total, ocho hombres, incluyendo a Sordo, y ocho mujeres formarán parte de este órgano de dirección del sindicato. De la anterior ejecutiva no repiten Paloma López, Ramón Górriz, Javier López, José Campos, Ana Herranz, Tania Pérez y Montserrat Mir.

Entre las nuevas caras que integran la Ejecutiva se encuentra Francisco Carbonero, el ex secretario general de CCOO Andalucía, que ha sido declarado como investigado (antes imputado) en el caso de los ERE irregulares financiados por la Junta de Andalucía.

Durante su última intervención en el plenario del XI Congreso, el secretario general saliente, Ignacio Fernández Toxo, ha defendido a Carbonero y ha asegurado que “hasta donde alcanza a conocer la organización su actuación ha sido impecable”. “Estoy seguro de que se demostrará en sede judicial que su actuación ha sido impecable más allá de la consideración personal que nos merezca de cada uno de ellos”, ha asegurado.

“Nosotros con nuestros códigos éticos en la mano, tenemos razones para plantear que la sanción sindical previa a la penal ha de producirse en un estadio distinto al que está en estos momentos ese procedimiento judicial”, según Toxo.

Las otras ocho nuevas personas proceden tres de ellas de la federación de Madrid (Francisca Gómez, Carlos Gutiérrez y Paula Guisande), dos de Castilla-La Mancha (José Luis Gil y María Dolores Santillana), de la federación de Castilla y León (Mariano Sanz), de la federación de Construcción (Elena Blasco) y de la federación de Industria (Mercedes González).

Apoyo de Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha utilizado su cuenta de Twitter para felicitar públicamente a la nueva Comisión Ejecutiva de(CCOO) liderada por Unai Sordo, y dar las gracias a su secretario general saliente, Ignacio Fernández Toxo.

En concreto, Sánchez agradecía el “compromiso” de Toxo y daba su “enhorabuena” a Sordo, a la vez que aseveraba que se necesita a la confederación sindical “fuerte”.

“Gracias por tu compromiso Toxo y mi enhorabuena a Sordo, nuevo Secretario General de CCOO. ¡Os necesitamos fuertes!”, publicó Sánchez en su cuenta.

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El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa | Legal

En cualquier proceso judicial y en particular en la jurisdicción laboral la aportación de las llamadas pruebas digitales es muy habitual, tanto por parte de la empresa como del trabajador. Grabaciones de videovigilancia, correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales son muy habituales pero ¿cuál es su valor en el proceso social? Y ¿qué consecuencias tiene si se obtienen quebrantando derechos fundamentales? A estas preguntas han intentado responder prestigiosos magistrados y abogados en las primeras jornadas de litigación laboral organizadas por el despacho Cuatrecasas, en sus sedes de Madrid y Barcelona, bajo el título La (i)licitud de la prueba digital en la jurisdicción social.

Videovigilancia

La primera mesa se centró la videovigilancia de los trabajadores por parte de la empresa, y es que, como señala Emilio Palomo, presidente de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “actualmente el Gran hermano florece en todos los sitios y hay una extensión muy clara de este fenómeno en el ámbito laboral”. El magistrado también lamentó durante su exposición que no haya más demandas por parte de los sindicatos sobre esta práctica tan habitual en las empresas. A lo que Blanca Suárez, abogada de CC. OO. contestó que la tendencia de la jurisprudencia de admitir este tipo de grabaciones como prueba les disuade a la hora de plantear demandas sobre esta cuestión. Y es que el Tribunal Constitucional desde su sentencia de 3 de marzo de 2016 rebajó los requisitos para admitir la validez de imágenes grabadas por el empresario con fines disciplinarios, estableciendo que no es necesario el consentimiento expreso del trabajador ya que está implícito en la relación laboral y que solo es necesario que tenga conocimiento de la instalación de las cámaras.

El Gran Hermano en la oficina: hasta dónde puede llegar el control de la empresa

Todos los intervinientes destacaron la importancia de diferenciar los dos derechos fundamentales comprometidos en la realización y el uso de grabaciones en el ámbito laboral: la protección de datos y la intimidad. Derechos que como indica Bernardo García Rodríguez, abogado de UGT, a menudo se confunden. El impacto de la videovigilancia efectuada por la empresa en el derecho a la protección de datos del trabajador ha de ser evaluado en primer lugar.

En este sentido, la empresa, para respetar el derecho a la protección de datos de sus trabajadores, debe informarles de la instalación de las cámaras así como de su ubicación. Para Bernardo García esta obligación ha de ser cumplida en todo caso ya que no encuentra justificación en la doctrina constitucional para las cámaras ocultas. Sin embargo, Emilio Palomo matizó que depende del fin de dicha vigilancia, si su función es la seguridad o el control del trabajo las cámaras serán permanentes y visibles, pero si lo que se pretende, en base a fundadas sospechas, es investigar y sancionar alguna conducta irregular de un trabajador la instalación de la cámara será puntual y oculta. José Rafael García de la Calle, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 26 de Madrid, añadió respecto a la videovigilancia oculta, que si ésta es realizada por un detective, deberá, en consonancia con lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estar aún más justificada siendo absolutamente necesaria e imposible de ser sustituida por otro medio menos invasivo y nunca podrá hacerse en lugares de acceso privado.

Por su parte, Sergio Sanfulgencio, asociado principal de Cuatrecasas, quiso apuntar el refuerzo que el Reglamento de la Unión Europea de Protección de Datos, de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018, supone en distintos aspectos de esta materia. En concreto, el reglamento se apoya en tres pilares: el respeto a los principios de proporcionalidad, necesidad y racionalidad, la importancia de especificar cuál es la base jurídica para el uso de los datos y el deber de información.

Prueba electrónica

La definición de prueba electrónica fue el punto de partida de la segunda mesa de la jornada. Tal y como expuso Ignacio Jabato, socio del área Laboral de Cuatrecasas, para que un documento público o privado sea prueba electrónica además de su origen telemático de contener la firma electrónica avanzada. A raíz de esta definición, las impresiones de correos electrónicos, mensajería instantánea o comentarios en redes sociales quedan fuera de lo que es prueba electrónica, al ser meras reproducciones sin la firma electrónica válida. Es por ello por lo que Ricardo Bodas, magistrado y presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, indicó que “en el proceso laboral raramente hay prueba electrónica, la mayoría de las pruebas que se aportan con origen telemático son pantallazos, que no lo son”. Esta diferenciación es muy importante ya que, como explicó Blanca Suárez, abogada de CCOO, supone una importante diferencia ya que la prueba documental tiene valor tasado; en cambio otros medios de prueba se someten a las reglas de la sana crítica, es decir, su validez debe ser valorada por el tribunal. Normalmente, se evalúan en función de su contenido, dándoles el mismo valor que una prueba testifical o sirven de base para la realización de otras pruebas. Además, al no ser pruebas documentales, carecen de efectos revisorios.

Otra dificultad que se plantea en muchos casos es determinar la certeza de este tipo de pruebas. Para ello suele ser preciso recurrir a una pericial que la avale. Fernando Fernández Olmedo, magistrado del Juzgado de lo Social n.º 25 de Madrid, aprovechó su intervención para señalar que existe un problema enorme de cara a la impugnación de este tipo de pruebas. Tal y como expuso, la continuidad del proceso social impide en muchos casos que la parte contraria conozca las pruebas que la otra parte va a aportar y tenga la posibilidad de impugnarlas. La solución que propuso el magistrado fue incluir en el proceso laboral una fase de anticipación de la prueba para así trasladarla a la otra parte y que ésta pudiera impugnarla y en su caso autentificarla gracias a una prueba pericial. De este modo, cuando la prueba llegase al acto de juicio ya se sabría si es o no auténtica.

Ilicitud de la prueba

La tercera mesa contó con la exposición del magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Sebastián Moralo que trató la cuestión sobre las consecuencias de la prueba ilícita. Para él la ilegalidad de la prueba no contamina la validez ni condiciona la nulidad del despido, solo significa que esa prueba y todas las que hayan surgido a raíz de ella serán nulas. Moralo considera que hay que entrar a averiguar el móvil del despido para determinar su validez. En apoyo a esta idea Francisco José García, asociado sénior de Cuatrecasas, explicó que en la prueba ilícita la vulneración del derecho fundamental es objetiva. Sin embargo, para determinar la nulidad de un despido la vulneración del derecho fundamental debe ser subjetiva.

Jornada en Barcelona

Por su parte, el evento de Barcelona, que contó con el mismo orden del día, también reunió a destacados profesionales del mundo de la abogacía y la justicia como la magistrada de la Sala Social del TSJ de Cataluña, Sara Pose; el magistrado del Juzgado Social nº 3 de Elche, José Antonio Buendía; el socio de Conllectiu Ronda, Jaume García; el presidente de la Sala Social del TSJ Barleares, Atonio Olilver; el magistrado del Juzgado Social nº 33 de Barcelona, Joan Agustí; el abogado de UGT, Luis Moya; el director de operaciones de Incide, Oriol Roses; la magistrada del Juzgado Social nº3 de Sabadell, Anna Salas; y el abogado de CCOO, Jonathan Gallego.

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