Soria calienta pisos, hoteles, hospitales y colegios con biomasa | Compañías

Soria quiere ser la primera ciudad española con carbono cero. Desde 2015, las calderas de gas o gasóleo están siendo sustituidas por otras de energía renovable para el suministro de agua caliente y calefacción. Un proyecto de 14 millones de euros, con la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha desembolsado cuatro millones través de su sociedad gestora de capital riesgo Axis, y la barcelonesa Suma Capital.

La red de calor de Soria, como se ha denominado a la iniciativa que gestiona y comercializa la compañía soriana Rebi, perteneciente al grupo Amatex Bie, cuenta ya con 8.000 clientes tras la finalización de su primera etapa, en el noreste de la capital. E incluye desde comunidades de propietarios –principalmente– hasta hoteles, hospitales, colegios, piscinas, residencias de ancianos y organismos públicos, señala Virginia Borondo, técnica de la compañía.

La central de biomasa para uso térmico –con una potencia de 18 megavatios– consume 16.000 toneladas de materia forestal al año, que generan 45 millones de kilovatios hora anuales. Una producción de energía limpia que evita 16.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año, según la compañía, con 50 empleados. “Ayudamos a recuperar el monte y a mantenerlo limpio”, ha declarado Alberto Gómez, su consejero delegado.

La iniciativa cuenta con el apoyo del ICO, a través de su sociedad gestora de capital riesgo Axis, y Suma Capital

La red es un circuito cerrado de agua caliente subterráneo de 28 km, explica Borondo. “La materia forestal se coloca en la central, con tres calderas de biomasa de seis megavatios cada una, tras su cribado y filtrado. Esto evita que alguna rama atasque el sistema”, añade.

El agua se calienta con el calor generado en el proceso de combustión y luego se bombea por las tuberías a la ciudad, prosigue. En cada inmueble, la compañía instala una subestación de intercambio, que independiza el agua de su circuito de la del edificio. “Garantizamos un ahorro de entre el 10% y el 25%, según la tarifa elegida; solo se factura la electricidad consumida gracias a unos contadores que miden la energía cedida a la vivienda”, asegura. Los contratos, por lo general, son a 10 o 15 años.

Segunda etapa

Rebi amplía hoy sus servicios al centro y sur de Soria, con lo que espera elevar el número de usuarios a 16.000. Para atender a esta mayor demanda, la firma ha incorporado nuevos equipos (acumulador de inercia) para el almacenamiento de la energía térmica y un sistema de rebombeo de agua. “Vimos en Europa que esto mejora la eficiencia, en vez de instalar otro equipo de combustión”, comenta Borondo.

El de Soria no es el único proyecto. El grupo comenzó a explorar este negocio en 2009, al ver el potencial forestal de Castilla y León y la concentración de edificios con calderas de combustibles fósiles en una provincia con inviernos muy fríos.

Beneficios sociales

Objetivo. La red de calor de Soria, que gestiona la empresa Rebi, quiere ser una referencia de modelo urbano energético sostenible en Europa. Y un ejemplo de desarrollo económico en una zona despoblada y con una tasa de paro del 12,4%.

Empleo. Rebi crea en Soria unos 180-200 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Además, dicen que el 100% del coste de la biomasa se genera y consume en España, lo que evita déficit comercial.

Así, su primera red surgió en el municipio soriano de Ólvega, operativa desde 2012, o en la Universidad de Valladolid. Ahora acaba de aterrizar en Aranda de Duero (Burgos), tras un acuerdo con el consistorio arandino para abastecer 3.000 viviendas y entidades públicas, con ocho millones de inversión.

Las obras se iniciarán en octubre y operará en dos años, prevén. Los planes de la empresa se extienden también a Guadalajara (Castilla-La Mancha), en tramitación de licencias. Rebi cree, sin embargo, que no podrá llegar a toda Soria, porque hay edificios sin calefacción o que necesitan rehabilitación.

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Los valores catalanes de la Bolsa brillan al margen del referéndum | Mercados

Catalana Occidente: Una compañía familiar bien valorada por las casas de análisis

La aseguradora Catalana Occidente puede vivir con más tranquilidad que los bancos este periodo de tensión política, de acuerdo con los analistas. En primer lugar, porque su reducido tamaño hace que esté fuera del radar de muchos inversores. Solo los más especializados o los que apuestan por el conjunto de la Bolsa española invierten en la firma.
En segundo lugar, porque su negocio dentro de Cataluña es muy pequeño. La compañía ha crecido con compras y el 50% de su negocio se concentra en el seguro de crédito (a través de Atradius – Crédito y Caución). En el resto, con la compra de compañías presentes en todo el territorio nacional (como Plus Ultra o Nortehispana) ha ido reduciendo su exposición a Cataluña.
Además, la firma no tiene tanta dependencia de la financiación externa como el sector bancario, por lo que un repunte de la prima de riesgo por un alza de las tensiones políticas no le afectaría. Por último, la mayor parte del capital de la compañía está en manos de la familia Serra, lo que puede amortiguar los vaivenes bursátiles.
Las cinco casas de análisis que emiten informes sobre este valor mantienen recomendaciones de mantener o comprar. Ninguna recomienda vender. En lo que va de año, la compañía se ha revalorizado en Bolsa un 10%, aunque los últimos meses ha caído. Prestigiosas gestoras como EDM Inversión, Magallanes, azValor o Mutuactivos tienen importantes posiciones en este valor.

Colonial: La conversión en Socimi le lleva a máximos de 2011

El verano le ha traído dos buenas noticias a Colonial. Por un lado, la inmobiliaria catalana volvió al Ibex en sustitución de Popular. Por el otro, la decisión de convertirse en Socimi mejoró sus ganancias un 90% en el primer semestre gracias a los beneficios derivados del sistema fiscal de este tipo de sociedad. Trata de olvidar los rigores de la crisis del ladrillo con sus acciones al mayor precio desde septiembre de 2011. Supera los 8,5 euros por título y sube un 30% en lo que va de año. Los analistas auguran que el idilio con el mercado termine pronto. El consenso de Thomson Reuters sitúa su precio objetivo un 5,8% por debajo de los 8,6 euros por acción a los que cerró el viernes. Y, en su mayoría, aconsejan mantener.

Fluidra: El 80% de la facturación se genera fuera de España

Con una revalorización del 101% desde enero, Fluidra se convierte en uno de los valores más rentables de la Bolsa española en 2017. Es la compañía líder en Europa en fabricación y distribución de productos relacionados con el diseño, desarrollo, cuidado y mantenimiento de todo tipo de piscinas. A pesar de la excelente evolución del valor, “creemos que aún queda recorrido gracias a su principal punto fuerte, su apalancamiento operativo en un entorno de clara recuperación de las ventas”, explican los expertos de Sabadell que tienen a la compañía en comprar. La empresa catalana genera un 21% de su cifra de ventas en España, el 79% restante está distribuido entre el resto de Europa (45%), Asia y Australia ( 20%) y el resto del mundo (12%) .

Miquel y Costas: Bien posicionado en un sector con barreras de entrada

Gesconsult Renta Variable, de la gestora delmismo nombre, e Iberian Value, de AlphaPlus, son solo dos de los muchos fondos de inversión que tienen posiciones en Miquel y Costas. Detrás de este valor de 600 millones de capitalización se esconde un grupo líder mundial por su tecnología en la fabricación de papel para cigarrillos, papeles especiales y pastas textiles. Entre sus puntos favorables está el que en el sector al que pertenece hay fuertes barreras de entrada. Gabriel López, de Inverdif, destaca además que la compañía cuenta con un programa de recompra de acciones “que refleja la buena rentabilidad de su negocio. Además, es una empresa que en otras ocasiones “se ha desmarcado del independentismo”. Sus acciones ganan un 50% desde mínimos de 52 semanas.

Almirall: Un ‘profit warning’ que le costó el puesto al consejero delegado

Turbulencias durante los últimos meses para Almirall. El pasado 11 de julio el fabricante de Almax (entre otros medicamentos) sufrió un duro varapalo. Se desplomó en Bolsa un 25% en una sola sesión después de recortar sus previsiones de ingresos y ebitda para el fin del ejercicio. La empresa lo achacó a la evolución de su filial en EE UU, Aqua. Sumado a su negocio en Asia Pacífico y Asia, ingreso 62,4 millones por este área. Un 19% del total. Esta situación le costó primero el puesto a su jefe en el país norteamericano, Ted White, y al consejero delegado global, Eduardo Sanchiz, después. Sin embargo, el mercado americano no es el principal para Almirall. Ese es el europeo (excluyendo España) que supone un 46%. El nacional representa el 32% restante y 104 millones.

Ercros: Sube un 500% en el año y medio y lidera el continuo en 2017

No solo es que Ercros encabece las subidas en el Mercado Continuo en 2017. En el último año y medio el fabricante de plásticos está inmerso en un rally que parece no dar vértigo a los inversores. Sus acciones se revalorizan más de un 500% hasta situarse al borde de los 3 euros por acción. El tirón bursátil está respaldado por una mejora de sus resultados. El beneficio aumentó hasta junio un 22% con respecto al mismo periodo del año anterior y ganó 24 millones. La empresa lo atribuye a la mejora de la demanda interna derivada por la buena marcha de la economía nacional. Y es que el mercado patrio supone la mayor parte de los ingresos del grupo (el 56,6%). Dentro de las exportaciones, destacan las detinadas al resto de Europa que representan un 27% de la facturación total.

Applus: El 80% de los ingresos provienen de fuera de España

Applus es otra de las compañías catalanas que, aunque con un tamaño reducido, presenta un enorme grado de internacionalización. De acuerdo con su último informe trimestral, el 80% de sus ingresos provienen de fuera de España (Estados Unidos, Latinoamérica, Asia…). La compañía es especialista en un segmento de inversión muy específico: inspección, ensayos y certificaciones, con un flujo de ingresos muy recurrente. En 2016 ingresó 1.585 millones de euros y obtuvo un beneficio de 19,5 millones.
La gestora Metavalor, que administra uno de los mejores fondos de Bolsa española de los últimos años, lleva tiempo apostando por esta empresa. En lo que va de 2017 la firma ha registrado una revalorización del 13%.

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Cultura: La arquitectura, la estrella de Hay Festival en Segovia | Fortuna

Grandes nombres de la literatura, el arte y la arquitectura se dan cita desde este fin de semana, y hasta el próximo domingo 24, en Segovia. El Hay Festival, bajo el lema Imagina el mundo, da el pistoletazo de salida, consolidándose en su duodécima edición como una de las citas culturales más importantes del año, en la que también pondrán su voz representantes del mundo de la empresa, la ciencia, la política y la Administración Pública.

En la inauguración participarán el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley, el presidente de IE University, Santiago Iñiguez, así como la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, y el director general de Renfe Viajeros, Ramón Azuara. A partir de ahí, una semana repleta de actividades culturales que situarán a la ciudad castellana en el punto de mira cultural de España.

El festival comenzará con el debate Voces Libres: ¿Qué esperar del futuro?, que reunirá en IE University a expertos del ámbito de la ciencia, la geopolítica y la gestión del cambio, tales como la directora de Es Global, Cristina Manzano, o el científico Manuel Menéndez. A continuación, se inaugurará la muestra Escuchar también es leer, pensada para descubrir el nuevo mundo de los audiolibros de la mano de Storytel, la principal plataforma de estas herramientas en Europa, que sumergirá a los asistentes entre pasajes, citas y capítulos de autores, como Richard Ford, Manuel Vilas y Ray Loriga, también presentes en otras actividades del encuentro. El viernes 22 les tocará el turno a la escritora Dolores Redondo, autora de la trilogía del Baztán y ganadora del Premio Planeta 2016 por la novela Todo esto te daré, y a la escritora franco-marroquí, Leila Slimani, premio Goncourt 2016 y uno de los máximos exponentes del feminismo literario.

Las escritoras Dolores Redondo y Leila Slimani son los platos fuertes del viernes

No serán los únicos nombres conocidos. Lorenzo de Medici, descendiente directo de los familia de mecenas renacentista, y escritor y periodista, conversará el día 23 con Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Los escritores Antonio Muñoz Molina, Javier Marías y el poeta Jay Bernard también participarán en las sesiones posteriores; así como el historiador Paul Preston, junto al editor Miguel Aguilar, de la editorial Debate.

Fernando Aramburu, autor de 'Patria'.
Fernando Aramburu, autor de ‘Patria’.

Pero el festival ha querido reservar a otros grandes nombres para cerrar la presente edición por todo lo alto. El simposio centrado en torno a La lengua de los dioses: Nueve razones para amar el griego, el éxito de ventas firmado por Andrea Marcolongo, a la que acompañarán Sergio del Molino y Toño Fraguas, es otra de las apuestas de los organizadores. No menos que la jornada en la que intervendrá el escritor de uno de los títulos del año, Patria, Fernando Aramburu, al que acompañará Ben Okri, autor de El camino hambriento.

En esta edición, el festival se ha propuesto abordar el futuro de las ciudades, y el protagonismo también se lo lleva la arquitectura. Uno de los platos fuertes será el debate entre Richard Rogers, barón de Riverside, arquitecto inglés, premio Pritzker en 2007 y autor de la Terminal 4 de Barajas, y Marta Thorne, directora ejecutiva de los Pritzker y decana de IE School of Architecture & Design, en el que abordarán su particular visión de las urbes contemporáneas. Sobre ello también hablarán Deyan Sudjic, director del Design Museum de Londres, y los arquitectos Laszlo Baan y Sou Fujimoto, que disertarán sobre la convivencia de la cultura con su entorno, centrándose en el caso concreto de Budapest.

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Revuelta en Podemos: las Comisiones de Garantas declaran nulos los Estatutos impuestos por Iglesias | Espaa Home

Pablo Iglesias, en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el...
Pablo Iglesias, en el pleno extraordinario celebrado en el Congreso el pasado mircoles.

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Atentado en Barcelona: Rajoy ofrece un avin para llevar a polticos a la manifestacin de Barcelona

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a su llegada al acto...
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda a su llegada al acto de conmemoracin por las vctimas de los atentados en Barcelona, el domingo.

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Fallece una nia de cuatro aos en Valladolid y detienen a su madre y a la pareja de sta | Sociedad Home

Miembros de la corporacin municipal y la delegada del Gobierno en Castilla y Len, Mara Jos Salgueiro, en la concentracin para condenar la muerte de la nia, en Valladolid.

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El empleo vuelve a 2008, pero con 34 contratos por afiliado | Economa

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El desmantelamiento de la central de Garoña costará más de 300 millones | Compañías

Una vez despejadas las dudas sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, a la que el Gobierno ha denegado la renovación del permiso de explotación, sus propietarias, Endesa e Iberdrola, a través de Nuclenor, se disponen a colaborar en el desmantelamiento de la planta burgalesa, del que se ocupará la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

Según fuentes próximas a esta compañía pública, el coste de la gestión de los residuos de Garoña y su desmantelamiento superaría los 300 millones de euros. La única planta que se ha desmantelado tras un cierre ordenado (un caso aparte es el de Vandellós I, que se cerró en 1988 tras un grave accidente), ha sido la de José Cabrera o Zorita, propiedad de Gas Natural Fenosa. El proceso en este caso se presupuestó en 170 millones, pero, según las mismas fuentes su coste ha alcanzado los 260 millones.

Una vez que el Ministerio de Energía publique la orden con la denegación del permiso de Garoña y, previo informe del CSN, aquel autorizará el plan de desmantelamiento de la central. Se inicia entonces un periodo de predesmantelamiento, en el que Nuclenor deberá extraer de la piscina el combustible gastado, altamente radiactivo, que depositará fuera de la central. Asimismo, deberá enviar al almacén de El Cabril, de Enresa, los residuos de baja y media actividad.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) autorizó en su día a Garoña la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) de residuos radiactivos, que se ubicará en el exterior de la planta, a la vista de la demora en la construcción del ATC (almacén centralizado) en el municipio conquense de Villar de Cañas.

El ATI recibió el año pasado la declaración de impacto ambiental (DIA), del Ministerio de Medio Ambiente, así como la licencia de obra del ayuntamiento del Valle de Tobalina, donde se ubica Garoña. Dicha licencia se otorgó para un presupuesto de 12 millones, que incluye el coste del almacén y el de los primeros cinco contenedores, según Enresa. Con una capacidad para 32 bidones o 6.000 toneladas de residuos, el ATI podrá utilizarse hasta un máximo de 10 años.

Sobre esta cuestión, hay quien teme que las instituciones vascas, especialmente, la Diputación de Álava, las que “realmente han logrado el cierre de Garoña, tras presionar a Iberdrola y a cambio de apoyar los Presupuestos del Gobierno para 2018”, según fuentes políticas, rechacen la construcción del ATI.

De no ser así, según los contratos estándar firmados entre Enresa y las eléctricas, el proceso seguirá su ruta. El denominado predesmantelamiento durará seis años, tiempo necesario para que se reduzca la radiactividad y permita trabajar con seguridad. Aunque Garoña lleva parada desde diciembre de 2012, este plazo no se descuenta de los citados seis años, “porque se trataba de una para programada y no un cese de la actividad y el agua ha estado circulando”.

Respecto al desmantelamiento en sí, del que se ocupará Enresa (el “explotador responsable” al que se traspasará la titularidad de la central transcurridos esos seis años), no hey un plazo fijo, aunque Enresa suele calcularlo en 10 años.Por tanto, la clausura definitiva no llegará antes de 2033. El proceso requerirá de una DIA y la autorización prevista en el Tratado de Euratom, donde se evalúa el posible impacto transfronterizo.

En el caso de Zorita, se prevé que los trabajos terminen en 2018 (el más delicado, el desmontaje de la vasija del reactor se realizó en 2015), si bien, el problema de de esta planta es que el ATCpueda estar en funcionamiento ese año para poder trasladar a él los residuos radiactivos, más de 2.000 toneladas, la mitad de baja y media intensidad.

Con la declaración de clausura, previo dictamen del CSNE, las eléctricas recuperarían el emplazamiento, que no dejará de ser de su propiedad. No obstante, el Gobierno se reserva la posibilidad de fijar restricciones al uso de los terrenos. En el caso de los de Zorita, Gas Natural ha manifestado en alguna ocasión su intención de levantar en ellos una central de ciclo combinado. Pocos confían en que se pueda volver a construir en ninguno de ellos otra nuclear.

La plantilla se lamenta

El comité de empresa de Garoña desmintió ayer en un comunicado que el Ministerio de Energía haya acordado con los trabajadores un plan social sobre el mantenimiento del empleo con pre-jubilaciones o recolocaciones, como aseguró su titular, Álvaro Nadal, el martes. “Hay acordada una declaración de intenciones con mecanismos para negociar, pero llegar a un acuerdo “razonable” dependerá de Nuclenor”.

El anuncio del cierre definitivo de la central “ha llenado de tristeza y decepción a los trabajadores”, pues “se trata de “una decisión político-económica y no técnica” que “ha generado una gran inquietud, por la incertidumbre que se abre”, añade. Garoña mantiene una plantilla de 235 personas tras la jubilación de más de más de un centenar.

4.000 millones para gestión de residuos

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) dispone de un fondo de más de 4.000 millones de euros para la gestión de los residuos del parque nuclear y el desmantelamiento de las centrales cuando el Gobierno o el CSN (sus dictámenes negativos son vinculantes). Se trata de aportaciones de las eléctricas a través de distintas tasas sobre los residuos o la generación eléctrica.

El último (y sexto) Plan Nacional de Residuos se aprobó en 2006 y, aunque la ley exige que se revise cada cuatro años, ningún Gobierno en este tiempo ha aprobado el séptimo plan. Según el todavía vigente de hace más de una década, los fondos necesarios para abordar la gestión de los desechos atómicos de las centrales nucleares españolas y su desmantelamiento son de unos 13.000 millones, frente a los citados 4.000 millones.

De esos fondos han salido las ayudas para los municipios afectados por el cierre de Garoña que, a fecha de 6 de julio de 2013, aprobó Rodríguez Zapatero cuatro años antes, en 2009, y que nunca se llevó a cabo. Según fuentes políticas, la comarca del Valle de Tobalina, recibió, al menos en los tres primeros años, 25 millones anuales que libró el antiguo Ministerio de Industria. Entre los planes del entonces ministro, Miguel Sebastián, figuraba un parador y una fábrica de separación de residuos, presupuestada en 80 millones, que nunca vieron la luz.

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Cerrar Garoña no puede ser un argumento para cerrar el resto del parque nuclear | Compañías

El Gobierno no ha esperado al 8 de agosto para denegar la autorización de reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. Tanto las circunstancias técnicas como las políticas facilitaban la decisión del cierre definitivo, incluso a un Gobierno defensor convencido de la energía nuclear. La central estaba cerrada en la práctica desde hace cinco años cuando las empresas que la explotaban (Iberdrola y Endesa en la sociedad conjunta Nuclenor) decidieron hacerlo, y su peso específico en la estructura de generación energética en España era muy limitado cuando estaba a pleno rendimiento; además, de haber sido autorizado, en contra incluso de la opinión de las empresas, habría tenido que esperar dos años para producir y tras acometer las fuertes inversiones en seguridad que aconsejó el Consejo de Seguridad. Y el debate político abierto sobre la cuestión, tradicionalmente más ruidoso que juicioso cuando se trata de cuestiones con elevada dosis de ideología de por medio, aconsejaba también el cierre definitivo del reactor, pues todos los partidos, con la excepción del PP, habían pedido su clausura.

El Gobierno ha optado, por tanto, por la solución menos problemática, generando únicamente un problema puntual de ocupación en la plantilla de la central, para la que existe ya un plan de prejubilaciones y reempleo, sin tener en cuenta que el propio desmantelamiento mantiene ocupación una temporada muy prolongada. Pero debe quedar claro que este cierre no es el inicio de un proceso de liquidación de la generación nuclear, por mucho que Francia, adalid de este tipo de energía en Europa, lo haya iniciado, y que en todas las grandes economías europeas esté en retirada. España tiene un parque nuclear modesto, pero cuyo coste de inversión está prácticamente amortizado y aportará energía barata y segura hasta que los reactores agoten la vida útil de 60 años que el Consejo de Seguridad Nuclear ha avalado para Garoña. Entre tanto, los crecimientos de la demanda deben ser atendidos con energía verde, donde la tecnología sigue generando mejoras de eficiencia continua, y por la que existe preciable apetito inversor como muestran las últimas grandes subastas.

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Garoña: la historia de un esperpento | Compañías

El anuncio del ministro Nadal desestimando la renovación de la autorización de la central nuclear de Garoña –a pesar del informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), aprobado con mi voto en contra–, cierra una larga historia que puede calificarse, sin exageración, como esperpéntica .

Esperpéntica, porque ha puesto de manifiesto el empeño, sin ningún tipo de escrúpulo, del Gobierno de Rajoy, dispuesto a cumplir su promesa electoral (“Garoña se mantendrá activa con un gobierno del PP”), a pesar de la evidente falta de consenso social y político, no solo de los partidos de la oposición (véanse hoy los tuits entusiastas de Alfonso Alonso y de Javier Maroto, notables dirigentes del PP) e, incluso, a pesar de la reticencia de Nuclenor, en particular de su accionista Iberdrola, ante las elevadas inversiones exigidas por el CSN para la reapertura de la planta.

Nada extraño. A pesar de la catástrofe de Fukushima, el PP se presentó a las elecciones en 2011 con una propuesta de política energética basada en un informe de la FAES, que podía resumirse en “Muerte a las renovables y larga vida a las nucleares” y que, en efecto, se tradujo en la inmediata paralización de los incentivos a las energías renovables, así como en el empeño de prolongar la actividad de la central de Garoña, a la que el Gobierno socialista había concedido una autorización solo hasta 2013, aunque Nuclenor había pedido operar hasta 2019.

La historia ha resultado también esperpéntica porque, para conseguir el preceptivo informe favorable del CSN , este organismo regulador, de merecido prestigio internacional hasta la fecha, ha aceptado modificar sus propias prácticas y contribuir a cambios legislativos, para hacer un “ traje a medida “en el caso de Garoña, que, voluntariamente, había decidido cesar su actividad a finales de 2012, aduciendo razones económicas. La propia vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, reconoció que “’se estaba modificando la legislación vigente para facilitar la reapertura de Garoña”.

Y así, entre otras cosas, el Consejo aceptó, por primera vez, tramitar un expediente de renovación en el que el titular solicitaba operar otros 17 años, a pesar de que, desde 1999, informaba tales expedientes por un máximo de 10 años. Quien escribe este artículo, entonces consejera, solicitó sin éxito, en repetidas ocasiones, que se explicaran las razones, en términos de seguridad nuclear y protección radiológica, para introducir ese cambio, que, en la práctica, permitiría que una central nuclear española alcanzara por primera vez los sesenta años de actividad.

Y, para seguir con el esperpento, dicho cambio quedó definitivamente aprobado tras modificarse una guía del CSN , a instancias de la patronal eléctrica, Unesa, que , de forma expresa, pedía que desapareciera cualquier referencia sobre la citada práctica, “para que no interfiriese en la tramitación de la renovación de Garoña”.

No acaban aquí las excentricidades. Una vez establecidas por el CSN las importantes medidas a adoptar por parte de Garoña, para garantizar la necesaria seguridad de esta planta (la más antigua de España y de características similares a la de Fukushima), el director técnico del organismo remitió una carta a Nuclenor en la que se le exigían las medidas que, en todo caso, debían implementarse antes de que se evacuara el correspondiente informe sobre la renovación.

El propio presidente del CSN, Fernando Marti, aseguró en el Parlamento la vigencia de dichas exigencias. Pero, por el contrario, el informe favorable del CSN se aprobó finalmente sin que la empresa hubiera cumplido tales requerimientos, esgrimiéndose entonces que la carta del director técnico no tenía validez jurídica.

Una de las consecuencias más negativas de todo este proceso ha sido por tanto, a mi juicio, el cuestionamiento público de la imprescindible independencia del organismo regulador, al que le corresponde regular y supervisar en un sector oligopolista, con el único cometido, según la legislación vigente, de garantizar la máxima seguridad nuclear y protección radiológica a todos los ciudadanos.

Como tuve ocasión de recordar en mi última comparecencia parlamentaria como consejera del CSN, las instituciones que velan por el interés general, como la mujer del césar, no solo tienen que ser honradas sino además parecerlo.

De todo lo anterior se deduce que mi discrepancia con el informe favorable a la reapertura de Garoña se basa exclusivamente en la calidad de los procedimientos, al margen , por tanto, de mi convicción personal sobre la conveniencia de la desaparición gradual del uso de la energía nuclear en nuestro país. Este debe ser acorde con las propuestas reiteradamente presentadas por el PSOE en las dos ultimas legislaturas para establecer un calendario de cierre, de forma que operen como máximo hasta cumplir los 40 años, y siempre bajo estrictas condiciones de seguridad.

El ministro Nadal ha invocado, nada menos , que “ignorancia” e “irresponsabilidad” en materia de política energética por parte de las fuerzas políticas que apostamos por el cierre gradual de las centrales nucleares. Y ello, a pesar de que solo tiene que mirar hacia nuestros países vecinos Francia y Alemania, ambos con gobiernos conservadores, que ya han iniciado una transición energética que reduce el uso de la energía nuclear: en el caso de Francia , desde el actual 75% de la producción de electricidad al 50% en 2025; y, en el caso de Alemania, avanzando hacia el cierre de todas sus plantas nucleares en el horizonte de 2022.

Le guste o no al Gobierno del PP, la energía nuclear ha comenzado su declive en muchos países occidentales, a causa de los costes económicos crecientes de sus necesarias garantías de seguridad así como de la gestión de sus residuos radioactivos. Y, por el contrario, los costes de la utilización de las energías renovables siguen reduciéndose rápidamente, con expectativas ciertas de convertirse en el principal recurso para la producción de electricidad y, con ello, también, de la energía necesaria para un transporte libre de combustibles fósiles.

Lo peor de toda esta esperpéntica historia es el desamparo de miles de habitantes del entorno de Garoña, a los que se prometió la continuidad de la planta, sin considerar opción alguna para la creación de empleo en la comarca, como se había establecido por parte del último Ejecutivo socialista.

Ahora, la prioridad de este Gobierno debería ser precisamente la de retomar ese plan de reindustrialización de la zona, recuperando tanto tiempo perdido y poniendo en marcha un proceso de transición justa como el que proponemos desde el PSOE para todas las áreas con circunstancias análogas.

Y en todo caso, recordemos que el desmantelamiento de Garoña, que debería ser inmediatamente solicitado por Nuclenor, supondrá al menos 10 años de tareas muy complejas, que requerirán empleo y generarán actividad. Ahí está el ejemplo de la central nuclear de Zorita, en fase final de desmantelamiento, que ha llegado a contratar más personas de las que allí trabajaban cuando la instalación se encontraba en pleno funcionamiento.

Cristina Narbona, presidenta del PSOE y exconsejera del Consejo de Seguridad Nuclear

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