España pide ayudas a la UE para las regiones más dañadas por el ‘brexit’ | Compañías

España se perfila como uno de los países más afectados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y los gobiernos de las comunidades autónomas han dado hoy la señal de alarma en Bruselas. Las autoridades autonómicas temen perder fondos estructurales y agrícolas y sufrir graves repercusiones en el empleo local si se frenan las exportaciones industriales y agrícolas al mercado británico o se ponen trabas a la llegada de turistas procedentes del Reino Unido.

La delegación nacional de España en el Comité de las Regiones de la Unión Europea ha solicitado formalmente “que se establezcan medidas específicas para paliar las consecuencias negativas que la retirada del Reino Unido pudiera conllevar en zonas con fuertes relaciones de dependencia económica con el mismo”.

Las repercusiones resultan potencialmente importantes en el sector industrial (automoción, metal y energía), en pesca y en el empleo local de las regiones más dependientes del mercado británico, según la posición común pactada por los 21 miembros de la delegación española en el foro de autoridades regionales de la UE.

El documento subraya que “el empleo local de muchos territorios españoles está directamente relacionado con el turismo británico”. En la misma línea “se constata la dependencia del empleo agrícola en cultivos de exportación de las relaciones comerciales con Reino Unido”. Y la posición común asegura que ya se aprecia un impacto en el sector inmobiliario.

“La compraventa de viviendas, así como el arrendamiento, por parte de ciudadanos británicos se están viendo afectada tanto por la depreciación de la libra como por la incertidumbre”, señala el documento entregado hoy en Bruselas por el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el de La Rioja, José Ignacio Ceniceros González.

El texto cuenta con el respaldo de todas las Comunidades Autónomas salvo Cataluña, según fuentes de la delegación española en el Comité de las Regiones.

Las autoridades autonómicas recomiendan que se mantenga la unidad en torno al equipo negociador de la UE, dirigido por el francés Michel Barnier. Pero piden “fórmulas transitorias (…) siempre que sea necesario y jurídicamente viable” y “tender puentes” con vistas a la futura relación comercial con Londres.

En ese punto, la posición española se aleja de la de Francia, más proclive a un brexit duro, pero puede encontrar conexión con la de Alemania, Italia y Holanda, favorables a buscar un entendimiento si el gobierno de Theresa May hace gestos de acercamiento.

¿Más ricos?

Además del impacto económico, las Comunidades Autónomas señalan con inquietud la posible pérdida de fondos estructurales de la UE como consecuencia del efecto estadístico provocado por la salida de uno de los socios más ricos del club. Algunas regiones pueden ver aumentado “artificialmente” su PIB per cápita y rebasar los umbrales (75% de la media) que dan derecho a acceder a la parte más cuantiosa de los fondos.

En España, las regiones con mayor riesgo son Murcia (73%) y Castilla La Mancha (70%). Pero también se encontrarían en zona de peligro Andalucía (66%) y Extremadura (62%). Curiosamente, las cuatro habían perdido terreno en relación con la media europea, según los datos más recientes de Eurostat, pero con la salida de Reino Unido en 2019 la media del PIB per cápita bajará y esas cuatro regiones serán proporcionalmente más ricas.

El Comité de las Regiones ya aprobó en marzo una Resolución en la que pide que “se evite el daño que puedan sufrir ciertas regiones” al ver incrementado “artificialmente” su PIB per cápita en relación con la media.

Los gobiernos autonómicos españoles también muestran su preocupación ante la posibilidad de que “los detractores de la Política Agrícola Común” aprovechen el brexit “para introducir recortes sustanciales en la misma, en contra de la posición española”.

La salida de Reino Unido (país contribuyente neto) dejará un agujero presupuestario de unos 10.000 millones de euros anuales y la Comisión Europea ya ha advertido que, ante el escaso interés del resto de socios a aumentar su contribución, habrá que acometer recortes en las partidas más importantes. Y la política estructural y la agrícola son las principales candidatas porque suponen el 80% del presupuesto comunitario.

 

 

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