El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías

La Audiencia Nacional ha echado a andar esta semana la investigación sobre las posibles responsabilidades penales por la debacle de Banco Popular en la que promete ser la mayor causa financiera desde la que se abrió una por la presunta estafa a inversores en la salida a Bolsa de Bankia, pendiente ahora de la apertura de juicio.

El juez responsable de la instrucción, de hecho, vuelve a ser Fernando Andreu que promete llevar a cabo una minuciosa tanda de pesquisas que recuerdan a las realizadas durante los últimos cinco años en el caso de la mayor entidad financiera nacionalizada.

En esta ocasión, las primeras diligencias previstas por el juez incluyen revisar las tripas de Banco Popular desde 2012, volver a contar con peritos del Banco de España para aclarar la veracidad de los datos contables ofrecidos o revisar desde la remuneración de directivos y consejeros al método bajo el que se contrató al último presidente, Emilio Saracho.

Así consta en los autos de admisión a trámite de las cuatro primeras querellas aceptadas por el juez. Las diligencias previstas por el magistrado no se pondrán en marcha, en todo caso, hasta que haya terminado de estudiar el resto de la treintena de denuncias que se han registrado por esta causa en la Audiencia Nacional, y decidido si también las acepta o las desestima.

A partir de ahí, Andreu contempla ya la puesta en marcha de casi cuatro decenas de actuaciones que implican requerimientos al propio Banco Popular (que acabó siendo adjudicado a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio), a su auditora, PwC, al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB).

A este último le solicitará la entrega del informe secreto elaborado por Deloitte en el que las autoridades europeas basaron su decisión de resolver Popular. Un documento clave para los accionistas que reclaman una compensación, pues establecía una horquilla de valor del banco de entre 1.500 millones en positivo y 8.000 en negativo, pero que la Junta de Resolución Única europea se viene negando a publicar.

Destaca también la solicitud del magistrado al Banco de España para que aporte dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y evalúen si es veraz la información con la que Banco Popular captó 2.505 millones de euros en la ampliación de capital de junio de 2016. También se les pedirá que revisen las cuentas del banco de los dos últimos años, incluyendo los errores contables que la entidad admitió en abril haber cometido.

Andreu ya solicitó una pericial similar en el caso Bankia, en el dictamen de los inspectores Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras de que la entidad saltó al parqué usando información falsa ha sido un pilar de la causa. El juez también revisará todas las actas de inspección del supervisor financiero sobre Popular desde 2012 a la actualidad, aunque ha descartado la petición de uno de los querellantes de solicitar toda la correspondencia entre el Banco de España y la entidad.

Más allá, el Andreu admite la petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (Aemec), representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, de pedir al cazatalentos Spencer Stuart que aclare el proceso de contratación de Saracho como presidente y si este fue encargado por la consejera independiente Reyes Calderón en medio del pulso por sacar de la silla de mando al histórico Ángel Ron.

También avala que Aemec encargue un informe a un experto en medios de comunicación sobre el posible peso de las filtraciones a medios en las caídas de la acción de los últimos meses, cuando se elevaron con fuerza las apuestas bajistas. Después de todo, el magistrado prevé articular el caso en dos piezas separadas, una sobre el posible engaño a inversores en la ampliación de capital, y otra sobre el presunto uso de información privilegiada que favoreciese las inversiones en corto.

En todo caso, el juez también estudiará las retribuciones de directivos y consejeros, los créditos que ellos y sus familias recibieron, la venta de participadas de Popular, o el famoso Plan Sunrise con el que Ron trató de evitar que el ladrillo lastrara la entidad.

Está previsto además que comparezcan en la Audiencia Nacional las 34 personas, o entidades, querellados (son 35 pero uno falleció) y que, en una fase posterior, testifiquen también representantes de Banco Santander (que absorbió Popular); BBVA, que barajó hacerse con al entidad antes de su debacle; o los bancos de inversión Goldman Sachs o JP Morgan

Las otras vías judiciales en marcha

– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.

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La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.

En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.

En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.

Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.

Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.

El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.

Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.

En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.

Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.

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La Audiencia libra del banquillo a los supervisores en el ‘caso Bankia’ | Compañías

El caso Bankia se juzgará sin los supervisores sentados en el banquillo de los acusados. Así lo ha ratificado este viernes la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al resolver uno de los recursos presentados por la acusación popular, según confirman fuentes conocedoras de la decisión judicial.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), presidida por Gonzalo Postigo y representada por el letrado Andrés Herzog, había solicitado incluir entre los acusados a los responsables del Banco de España y la CNMV durante la salida a Bolsa de Bankia.

La Audiencia Nacional ya les había dado la razón durante la instrucción de la causa, en contra del criterio del juez Fernando Andreu y del fiscal Alejandro Luzón, obligando a citar como investigados a los máximos responsables de los organismos supervisores.

En esta ocasión, sin embargo, la Audiencia Nacional avala la posición de juez y fiscal de no procesarles por la presunta estafa que sufrieron los inversores que acudieron a la salida a Bolsa de la entidad que acabo requiriendo el mayor rescate de España.

La decisión del tribunal libra del banquillo al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernandez Ordóñezo al expresidente de la CNMV Julio Segura entre otros. En concreto, exime al exnúmero dos de la CNMV Fernando Restoy, así como a los cargos del Banco de España Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui.

Su papel de vigilantes del proceso quedó en entredicho durante la investigación judicial al aparecer unos correos del inspector del Banco de España responsable de Bankia en los que advertía a sus superiores de que sacar la entidad al parqué podía suponer el primer paso para su nacionalización.

“Se trata de una peligrosa doctrina, bendecida ahora por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la decisión de no sentar en el banquillo a Miguel Ángel Ordóñez ex gobernador del Banco de España. Se considera que los supervisores financieros no tienen responsabilidades”, han manifestado los representantes del colectivo 15MparaRato, personados en la causa, al conocer la decisión.

Voto particular en contra

El auto de la Audiencia Nacional, en todo caso, contiene un voto particular de la magistrada Clara Bayarri en el que defiende que se proceda contra los responsables del Banco de España y la CNMV y considera “precipitada” la decisión de la mayoría de magistrados puesto que los indicios tomados en cuenta para llamares a declarar como investigados se han confirmado y aumentado, dice.

“Existen indicios múltiples, concurrentes y razonables de criminalidad que permiten inferir que los máximos dirigentes del Banco de España y la CNMV avalaron y propiciaron con pleno conocimiento la falsedad contable más que detectada previamente a la salida a Bolsa de Bankia, a sabiendas del grave perjuicio que con ello se iba a causar a los inversionistas, que era evidente iban a ser minoritarios, en estafa de inversores”, sostiene Bayarri en el voto particular.

Se juzgará a Deloitte 

Por otra parte, la Audiencia Nacional revoca el sobreseimiento del procedimiento en relación con la auditora Deloitte, que hasta ahora figuraba como responsable civil y a la que la Sala le atribuye responsabilidad penal.

El juez instructor exoneró previamente a la consultora de responsabilidad penal al considerar que la naturaleza particular de las sociedades profesionales, otorgaba una autonomía e independencia del socio auditor, Francisco Celma respecto a Deloitte. Sin embargo, la Sala de la Audiencia Nacional no comparte el criterio del juez y acuerda extender la responsabilidad penal a la consultora al entender que no tiene acogida esa autonomía profesional entre Celma y Deloitte, “socio y sociedad constituyen la misma unidad jurídica

En otro auto, los jueces confirman la responsabilidad penal del exministro Ángel Acebes, que fue consejero de la matriz de Bankia, BFA, por su “participación relevante” en la salida a Bolsa y del exconsejero de OHL y de Bankia Javier López Madrid.

El tribunal también rechazó los recursos de los exconsejeros Francisco Pons, Francisco Baquero, Rafael Ferrando, Alberto González y José Manuel Serra, que en los próximos meses se sentarán en un banquillo de más de 30 acusados con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato a la cabeza.

La acusación popular recurrirá la decisión ante el Supremo

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular del caso Bankia que había solicitado sentar en el banquillo a los responsables de supervisión del Banco de España y la CNMV, consideran que la decisión de la Audiencia Nacional del librarles del banquillo es “un escándalo y un despropósito jurídico”, en palabras de su representante legal, el abogado Andrés Herzog.

La CIC, que preside Gonzalo Postigo, no entiende el “sorpredente cambio de criterio de la Audiencia Nacional”, que durante la fase de instrucción sí que rebatió al juez y obligó a citar como investigados a los responsables de supervisión de Bankia por el escándalo de su salida a Bolsa.

“España no puede permitirse un juicio del caso Bankia sin la presencia de dos de sus máximos responsables, el Banco de España, la CNMV”, ha expuesto Postigo avanzando que la CIC prevé presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y llegar al Tribunal de Justicia de la UE si es necesario, para sentar en el banquillo a los supervisores financieros.

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El lunes arranca el macrojuicio por la estafa de Forum Filatélico | Compañías

El lunes 18 de septiembre, la Audiencia Nacional comenzará a hacer justicia en la macroestafa que supuso el caso Forúm Filatélico. En concreto se sentará en el banquillo el lider de la trama delicitva Francisco Briones junto a otros 28 imputados. 

Los hechos se remontan a hace once años cuando la intervención de la sociedad, centrada en la captación de ahorro de particulares para la inversión en sellos destapó una fraude superior a 3.700 millones de euros y más de 260.000 ahorradores afectados. El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de diciembre.

La asociación de defensa de los pequeños inversores ADICAE pide  para la treintena de acusados penas que suman en su conjunto los 195 años y multas millonarias por estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo de capitales y otros delitos.

En definitiva asegura Adicae, Forum Filatélico era “una empresa cuyo único objetivo consistía en captar fondos mediante contratos de inversión que ofrecían rentabilidades abonadas con las aportaciones de otros clientes dentro de un esquema piramidal, gracias a la absoluta falta de regulación y control por parte de las diferentes administraciones públicas”.

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Presentan la primera demanda civil por el colapso de Popular | Mi dinero

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popular, intervenido el pasado junio y vendido por un euro simbólico a Banco Santander dejando sin dinero a sus accionistas y bonistas, presenta un nuevo frente.

Por primera vez, una firma particular ha presentado una demanda civil reclamando el dinero que invirtió en la entidad en la ampliación de capital que Popular celebró en junio de 2016, más los intereses generados desde entonces.

En concreto, solicita que se le abonen 9.996 euros. Su abogado, Felipe Izquierdo, que acompañó a la organización de consumidores OCU en la querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del extinto banco, considera que la vía civil es compatible con la penal.

Así ocurrió, recuerda, con el caso Bankia, donde el Tribunal Supremo ya ratificó que salió a Bolsa utilizando información no veraz en un procedimiento civil que devino en un proceso de devolución generalizada a los inversores particulares, mientras que el juicio oral por la causa penal está pendiente de abrirse.

Izquierdo considera probado que Banco Popular amplió capital, por 2.500 millones de euros en junio de 2015, utilizando también información que no era fiable, como demostraría la propia comunicación de Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado abril, informando de errores en las cuentas del ejercicio anterior.

Los argumentos de la demanda

“En el folleto de la ampliación, el Banco Popular estima unas pérdidas para el ejercicio 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros, es decir, existió un resultado manifiestamente contrario al publicitado en el folleto, elevándose el desfase en nada más y nada menos que en 1.485 millones de euros (un 75% más), pudiendo concluirse por tanto que los datos económicos publicitados en el folleto eran como mínimo gravosamente inexactos”, recoge la demanda, al a que ha tenido acceso este diario.

“Si lo anterior fuera poco, que desde luego no lo es, resulta que en fecha 3 de abril de 2.017, el Consejo de Administración del Banco Popular comunica a la CNMV un Hecho Relevante en el que reformulan las cuentas de 2.016 ahondando en mayores pérdidas y desvelando otra serie de importantes irregularidades”, prosigue el documento, recordando que la entidad evitó pese a todo reformular las cuentas del año anterior.

La “reformulación las nuevas cuentas las tendrían que firmar el nuevo presidente y sus nuevos consejeros y desde luego, el señor Saracho por nada del mundo quería asumir futuras responsabilidades (civiles y/o penales) de su antecesor en el cargo señor Ron (12 años de presidente)”, argumenta.

Las circunstancias de la compra

La demandante es una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos “que en 11 años de existencia jamás había adquirido acciones de clase alguna”, reza el texto remitido al juzgado. Sin embargo, al acudir a su sucursal de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a solicitar un crédito de 100.000 euros para la compra de un camión, asegura la demanda, “tanto el comercial como el director de dicha oficina bancaria le exponen la conveniencia de suscribir acciones de la ampliación de capital”.

Como resultado, la demandante adquirió 6.630 acciones de Banco Popular el 20 de junio de 2016, con un coste de 8.287,50 euros, al que hay que añadir 1.709,32 euros correspondientes a la compra de derechos realizada el 7 de junio de 2016. En total, 9.996,82 euros que reclama, por vicio en el consentimiento, junto a los intereses generados y las costas

Otras vías judiciales en marcha

La demanda civil presentada será previsiblemente la primera de muchas. En opinión de Izquierdo, es el camino más fácil y rápido para aquellos que acudieran a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, mientras, aduce, que los accionistas más antiguos deberán esperar a ver si la investigación que pueda abrirse por la vía penal demuestra irregularidades anteriores a la del folleto de aquella operación.

El propio Izquierdo, de la mano de la OCU, ha presentado una querella criminal contra le excúpula de Popular en la Audiencia Nacional, medida que permite interrumpir la prescripción para las reclamaciones, expone.

En paralelo, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, o el despacho Durán & Durán, también emprendieron actuaciones por la vía penal. 

Más allá, esta misma semana trascendía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha comenzado a aceptar los recursos presentados por accionistas de Banco Popular. Para Izquierdo, esta última es la principal alternativa para los grandes inversores de la entidad, aquellos que no podrán alegar que desconocían la situación real de la entidad o que debían fiarse únicamente de la información del folleto.

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Rajoy reta a la oposición a presentar otra moción de censura | España

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.

Mariano Rajoy se ha escudado en los retos urgentes que a su juicio afronta España para no dar detalles ni explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PP en el pleno extraordinario del Congreso sobre el caso Gürtel. Convocado por la oposición para dar cuenta de sus responsabilidades políticas en esa trama, el presidente ha pedido unidad política para combatir el terrorismo yihadista, superar el reto de los independentistas catalanes y consolidar la recuperación económica. “Contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches”, ha dicho Rajoy, que hace un mes declaró en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel y que este lunes se ha dicho sometido a “un juicio político” por el “celo inquisitorial” de la oposición, a la que ha retado a presentar otra moción de censura (ya superó la planteada por Unidos Podemos en junio).

“Los sistemas constitucionales modernos han establecido un instrumento para exigir la responsabilidad política del Gobierno: la moción de censura”, ha argumentado Rajoy, que también ha repasado las medidas de lucha contra la corrupción que ha aprobado su Ejecutivo. “Así se exige hoy en España la responsabilidad política”, ha retado a la oposición el presidente, que ya comprobó en junio que los partidos de izquierda no suman los apoyos suficientes como para desbancarle del poder. “Dicho de otra forma, la crítica al Gobierno por un hecho o una política concreta no determina la exigencia de una responsabilidad política. Para ello es preciso que la Cámara, por mayoría, retire la confianza al Gobierno y nombre a otro presidente. Es decir, que apruebe una moción de censura, tal y como exige nuestra Constitución”, ha rematado ante un silencioso Hemiciclo, en el que no ha estado presente Pedro Sánchez, líder del PSOE, impulsor de la comparecencia de este lunes y sin acta de diputado.

Los socialistas han centrado la atención del presidente del PP en sus dos intervenciones. De hecho, Rajoy ha protagonizado una dura réplica a Margarita Robles, la portavoz del PSOE, que se había descrito “sonrojada” por las explicaciones del líder del PP en el discurso con el que ha comenzado la sesión.

“¿Un dirigente político puede acudir a los tribunales cuando se le cita como testigo o debe dimitir?”, se ha preguntado Rajoy tras recordar que Robles también declaró como testigo en el caso Lasa y Zabala. “¿Cuando liquidamos la presunción de inocencia?”, ha continuado. “Me parece muy poco serio. Le pido un poco de pudor, porque si no será muy difícil que me la pueda tomar en serio”, le ha dicho a Robles. “Ser testigo en un procedimiento judicial no es un deshonor para nadie”, ha añadido sobre su paso por la Audiencia Nacional.

Rajoy también ha deslizado una referencia a sus dudas sobre la financiación de Podemos (“si hay algún partido político que se ha financiado con el dinero de Venezuela e Irán, a mi me importa”); ha recordado que ha dado explicaciones en el Congreso sobre los casos de corrupción de su partido en 52 ocasiones; ha subrayado que ya existen dos comisiones que se ocupan de este asunto; y ha atribuido la convocatoria de este miércoles al “celo inquisitorial” de la oposición. Una referencia a las grietas que ha abierto el pleno extraordinario en la confianza que tenía el Ejecutivo en sus socios.

Así, la comparecencia del líder del PP ha roto la alianza tácita que había tejido el Gobierno con Ciudadanos, el PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias para aprobar los Presupuestos. Ninguno de estos partidos se opuso a que el presidente diera explicaciones sobre su responsabilidad política en el caso Gürtel. Solo Ciudadanos discutió el formato (prefería que la comparecencia hubiera sido en una comisión de investigación). Y todos se unieron en la misma estrategia: desgastar a Rajoy asediándole con los casos de corrupción que afectan a su partido. En consecuencia, este lunes la mayoría de partidos han pedido su dimisión.

Críticas de la oposición y Ley de limitación de mandatos

“Es usted un presidente bajo sospecha. Hoy tampoco nos ha aclarado usted nada. Mi grupo quiere conocer la verdad”, le ha espetado al líder del PP Margarita Robles, la portavoz del PSOE. “Su declaración en la Audiencia Nacional me produjo sonrojo por sus evasivas. No trató de aclarar los hechos objeto de enjuiciamiento”, ha continuado. “No haga como otros presidentes que en los tiempos de Banca Catalana se envolvieron en las banderas para tapar la corrupción”, ha seguido. “Está atrincherado en La Moncloa”.

“A usted de la corrupción no le gusta hablar, pero la corrupción no se puede esconder”, ha dicho Pablo Iglesias, el líder de Unidos Podemos, que le ha planteado seis preguntas sobre la corrupción a Rajoy. “Solo un incompetente podía no saber lo que pasaba en su partido”, ha añadido.

“La corrupción le ha afectado al PP, a CDC, al PSOE, 30 años de bipartidismo han dado para mucha corrupción y hay que investigarla”, ha opinado Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, que el lunes presentará la Ley de limitación de mandatos presidenciales, incluida en su acuerdo de investidura del PP, que no la ha impulsado. “Hoy hemos tenido un mitin. El señor Rajoy no ha pronunciado la palabra Gürtel. En este formato no tiene la obligación de decir la verdad. Si a lo mejor no ha dicho la verdad en los tribunales, ¿la va a decir aquí?”, se ha preguntado. “El formato es la comisión de investigación que ustedes intentaron impedir. No lo lograron porque aunque no tiene palabra [la comisión está incluida en el pacto de PP y Ciudadanos] no tiene tampoco escaños para impedirlo”. Y ha añadido: “Usted ha dicho que contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches, pero para hacer reformas hacen falta legitimidad y ganas. Usted no tiene”.

Por su parte, Aitor Esteban, portavoz del PNV, ha afirmado que “más que para poner a prueba al Gobierno lo que se quería poner a prueba” con esta solicitud de comparecencia es “al Partido Socialista y a su recién elegido Secretario General por parte de Podemos”.

“Dimitir es una responsabilidad moral”, le ha continuado Joan Tardá, portavoz de ERC, que también se ha referido a la hoja de ruta independentista. “Nosotros optamos por la valentía de votar el 1 de octubre. Usted, por la fuerza, bruta y corrupta”.

“El objetivo es echar al PP de las instituciones, lo dijo el señor Iglesias”, ha acusado Rafael Hernando, el portavoz del partido que sostiene al Gobierno, que también ha hecho referencia al reto independentista y la amenaza terrorista para argumentar que un pleno sobre el caso Gürtel era inoportuno. “Eso no va a pasar”, ha seguido. “Señor Iglesias, usted no es libre, sobre usted manda quien le paga”, ha espetado. “Y señores del PSOE, ustedes ocupan el número uno del ránking en corrupción. Tienen un problema: su táctica para intentar ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas no les está dando resultado”.

Gürtel. Púnica. Bárcenas. Taula. Brugal. Auditorio. Palma Arena. El nombre de las numerosas operaciones policiales en los que han estado implicados representantes del PP ha vuelto a resonar en el Congreso. En los días previos a la comparecencia del presidente, los portavoces de la oposición recordaron los casos de corrupción que afectan al partido que sostiene al Gobierno. Los homólogos del PP respondieron enunciando los que a su vez afectaron en su día al PSOE. Un fiel reflejo de la situación que viven hoy las Cortes españolas: mientras el Congreso investiga la presunta financiación ilegal de la formación de Rajoy en una comisión, el Senado hace lo mismo con las cuentas del resto de partidos a iniciativa del PP.

En ese contexto, la comparecencia del presidente en el Congreso ha aportado un factor distintivo. El pleno extraordinario por el caso Gürtel es el primer fruto de la colaboración parlamentaria que han iniciado el PSOE y Unidos Podemos tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general de los socialistas, en mayo. Aunque los dos partidos de izquierdas seguirán necesitando el apoyo de otras fuerzas para sacar adelante sus iniciativas en contra del Gobierno, la comparecencia de Rajoy demuestra que pueden conseguirlo. Como dijo Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, en conversación con EL PAÍS: “Haber sacado adelante una iniciativa trascendente es una buena noticia, pero no es suficiente, porque para regenerar este país Mariano Rajoy debe abandonar La Moncloa. Eso se puede ir construyendo. Para avanzar en ese camino, este primer paso es positivo”.

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Miguel Blesa, el banquero de Aznar | Compañías

Miguel Blesa de la Parra (Linares, Jaén, 1947) fue durante la presidencia de José María Aznar una de las personas más influyentes de España. Su estrecha amistad con el líder del Partido Popular -fraguada en sus años de opositores y en el primer destino de ambos, en Logroño- propició que cuando Aznar llegó a la Moncloa en 1996 nombrara a Blesa presidente de Caja Madrid, pese a no tener ninguna experiencia en el sector financiero.

Blesa fue entre 1996 y 2009 el máximo responsable de la cuarta mayor entidad financiera de España (tras Banco Santander, BBVA y La Caixa). Desde su despacho, en la última planta de una de las Torres KIO de Madrid, Blesa dirigió la expansión de Caja Madrid por otras regiones, su salto internacional con la compra de un banco en Florida (2008) y vivió en primera línea los tejemanejes de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre para hacerse con el control absoluto de una institución que era el brazo financiero de la Comunidad de Madrid.

El culmen de su carrera se produjo justo antes del inicio de la crisis financiera internacional. El año 2007 Caja Madrid obtuvo un beneficio descomunal: de 2.861 millones de euros. Pero llegaron las hipotecas subprime en Estados Unidos, el colapso de Lehman Brothers, la explosión de la burbuja inmobiliaria en España…. y poco a poco comenzó el declinar de Blesa. El banquero ya tenía claro en 2008 que la banca española iba a atravesar por problemas gravísimos: “la morosidad no es que venga es que galopa“, llegó a decir.


El último vals de Viena

A pesar de adivinar el fin de una época en la banca española, Blesa no cejó en su afán expansionista. Poco después de la compra del banco de Florida, en 2008, el directivo puso en marcha la expansión de Caja Madrid en Europa del Este. Para el proyecto, abrió una oficina en un palacete de Viena, desde donde se daría servicio a empresas interesadas en expandirse por Eslovaquia, Hungría, la República Checa. Blesa no escatimó en gastos y feltó un avión privado para llevar a la inauguración directivos de Indra, Mapfre, FCC o El Corte Inglés, además de a algunos políticos madrileños. También estaban invitados varios líderes sindicales y periodistas. 

José María Aznar, en unas jornadas organizadas por Caja Madrid, en presencia de Miguel Blesa (en el centro).
José María Aznar, en unas jornadas organizadas por Caja Madrid, en presencia de Miguel Blesa (en el centro).

Los fastos incluyeron alojamientos en hoteles de cinco estrellas, comidas en restaurantes vieneses, visitas al palacio de Schönbrunn, conciertos con violines… Dos años después de la inauguración, la oficina fue cerrada y el edificio vendido.

Su último año al frente de Caja Madrid fue 2009, cuando aún se defendía que España sobrellevaría la crisis económica mundial mejor que otros países. La entidad financiera mantenía la apariencia de un balance saneado, pero la morosidad no dejaba de crecer. En la lucha intestina por Caja Madrid acabó mediando Mariano Rajoy, para imponer a Rodrigo Rato como sustituto de Blesa en la presidencia.

Blesa ya fue ajeno al proceso de integración de Caja Madrid en Bankia (junto con otras seis cajas de ahorros), a su salida a Bolsa y a su posterior rescate con dinero público. Pero su nombre ya estaba marcado en fuego en varios frentes judiciales.

Las primeras investigaciones que empezaron a destapara actividades sospechosas de Blesa al frente de la caja madrileña las impulsó el juez Elpidio Silva. En concreto, indagó sobre el proceso de compra del banco City National Bank de Florida. La agresiva instrucción del caso, que llevó incluso al encarcelamiento del exbanquero, acabó por dinamitar el procedimiento. El juez fue condenado por su actuación excesiva y el caso quedó archivado. Pero la semilla ya se había plantado.

Durante los cuatro últimos años, la vida de Blesa ha sido un calvario judicial. Aunque eludió el caso City, la Audiencia Nacional juzgó y condenó a seis años de cárcel al banquero por el uso abusivo de las tarjetas opacas en Caja Madrid. Blesa había recurrido la sentencia ante el Supermo, pero la sombra del regreso a la cárcel pendía sobre su cabeza.

Además, tenían pendientes otras dos investigaciones judiciales. Una por los sobresueldos abonados a la cúpula de Caja Madrid en los últimos años de su mandato. Otra,  por la colocación de 3.000 millones de euros de patricipaciones preferentes entre clientes minoristas: un producto de riesgo, que se vendió como si se tratara de un simple depósito bancario.

Al margen de la condena por las tarjetas black y el temor a un nuevo ingreso en prisión, la reputación de Blesa se había visto dañada por la publicación de los correos electrónicos que mandaba a los directivos y consejeros de Caja Madrid. Esta correspondencia, puso de relieve una gestión personalista, con constantes injerencias por parte de altos cargos del Partido Popular, y con gastos suntuosos a cargo de la entidad financiera. 

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Stéphane Richard: un CEO a medio camino entre lo público y lo privado | Compañías

Stéphane Richard (Francia, 1961) tiene muchos frentes abiertos. El presidente y consejero delegado de Orange se enfrenta, en los últimos meses de su segundo mandato en la teleco francesa, al lanzamiento de los servicios financieros de la operadora, al juicio por su implicación en el escándalo Tapie y a la conquista del Gobierno de Emmanuel Macron para lograr su deseada renovación como líder de Orange.

“Me apasiona mi trabajo y esta empresa. He lanzado proyectos importantes para el futuro de la compañía y tengo otros en cartera”, declaró recientemente. De estas palabras ya se intuía que se presentaría para un tercer mandato –el actual acaba en 2018–. En otoño, las presentará de manera oficial, según publicó Reuters, así como su plan de acción para la empresa hasta 2025.

Sin embargo, para lograr poner en práctica sus proyectos, necesita el visto bueno de los directivos y del nuevo presidente francés, Emmanuel Macron. El Ejecutivo galo es el principal accionista de Orange, con un 23% del capital a través de la Agencia de Participaciones del Estado y Bpifrance. La implicación de Richard en el caso Tapie y la ley de moralización de la vida pública que Macron quiere poner en marcha podrían jugar en su contra. En 2013, el CEO de Orange fue formalmente inculpado por “estafa en banda organizada” por la indemnización al empresario Bernard Tapie. Entre 2007 y 2009, Richard fue jefe de gabinete de la entonces ministra de economía francesa Christine Lagarde. Nada más llegar al cargo, la actual directora del Fondo Monetario Internacional aprobó un arbitraje privado –pese a las críticas internas en el propio ministerio– para cerrar el litigio judicial por el cual Tapie –amigo del entonces presidente NIcolas Sarkozy– pedía 228 millones por plusvalías a la entidad pública Crédit Lyonnais, a través de la cual había vendido Adidas para incorporarse como ministro al Ejecutivo de François Mitterrand. El empresario recibió 403 millones, que este año la Corte de Casación francesa le ha obligado a devolver. Lagarde ha sido ya declarada culpable de “negligencia”, pero Richard aún está pendiente de declarar ante los tribunales.

Más allá de estos escándalos políticos, la trayectoria del líder de Orange es casi impecable. También en los estudios: graduado en la École des Hautes Études Commerciales de París (HEC), una de las principales escuelas de administración de empresas, y en la École Nationale d’Administration, donde conoció a su esposa y se convirtió en inspector de finanzas.

En 1991, el francés tuvo su primera experiencia en el mundo de la política, al incorporarse como asesor técnico del gabinete de Dominique Strauss-Kahn, entonces ministro galo de Industria y Comercio Exterior. Un año después, fue contratado por la Compagnie Générale des Eaux-Vivendi desde 1998. Poco después se convirtió en director general de Phénix y fundó, a partir de esta, la Compagnie Générale d’Immobilier et de Services, transformada en Nexity.

En 2003, Richard llegó a Veolia Environnement como director general adjunto y unos años después se convirtió en el CEO de Veolia Transport. Este grupo multinacional francés se ocupa de la gestión de aguas, residuos y medio ambiente.

En 2007, se incorporó al Gabinete de Lagarde y, dos años después, llegó definitivamente a Orange (France Télécom hasta 2013). Antes de hacerse con su puesto actual, Richard fue director general adjunto a cargo de las operaciones francesas y director delegado y, por tanto, número dos de la entonces líder de Orange, Didier Lombard. El relevo de esta no se esperaba hasta 2011, pero, a principios de 2010, la empresa decidió sustituirla por Richard para afrontar la crisis interna de la teleco por la ola de suicidios entre sus trabajadores. Los sindicatos culparon a la política de reorganización de la empresa.

Solucionar esta crisis fue el primer reto al que tuvo que enfrentarse Richard. Pero salió airoso y devolvió la confianza a los trabajadores y directivos de Orange. Durante los siete años que lleva en el cargo –en 2014 fue reelegido, a pesar de estar ya inculpado por el caso Tapie– ha mejorado los resultados financieros y expandido a la teleco por África. Aunque hace pocos meses fracasó en su intento de hacerse con Bouygues Telecom, en este momento lidera una hazaña nueva para las telecos: lanzar su propia gran línea de servicios financieros. Para Orange, este campo no es nuevo, pues en África, Orange Money ofrece transferencias y pagos, y en Polonia tiene un acuerdo con mBank.

Orange Bank llegará a España en el segundo semestre de 2018 y en Francia estaba previsto que aterrizara este mes –aunque está en pruebas para sus empleados desde mayo–, pero la empresa ha anunciado que tendrá que retrasarlo hasta después del verano. Para su CEO, esto no supone un “drama”. Su objetivo es sacar un producto perfecto, aunque sea más tarde.

Un amante de las artes

  • Casado en dos ocasiones, Stéphane Richard es padre de cinco hijos. En su tiempo libre, le encanta disfrutar de su familia en la casa que posee en Marsella.
  • De joven, estudió piano y se hizo con el primer premio del conservatorio marsellés. En la actualidad, sigue recurriendo a este instrumento cuando necesita relajarse.
  • El directivo recibió la distinción de la Legión de Honor en octubre de 2006. El encargado de otorgársela fue íntimo amigo, el expresidente Nicolas Sarkozy.
  • Amante de la gastronomía, es inversor del restaurante parisino Pavillon Ledoyen. También emplea su dinero en la compra de grandes obras de arte contemporáneo.

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