Estos son los efectos del cambio del domicilio social y fiscal | Compañías

En las últimas semanas más de 1.185 empresas han salido de Cataluña para situar su domicilio social y fiscal fuera de esta comunidad autónoma ante su inseguridad jurídica. Pero un cambio de sede social y fiscal “no es una modificación simple, tiene consecuencias muy importantes”, explican fuentes jurídicas. Entre ellas, el hecho de que se deben trasladar también efectivos decisorios de la compañía, como la presidencia o direcciones generales significativas, según fija la norma española.

¿Puede tener una empresa varios domicilios sociales?

No, domicilio social solo hay uno, el resto son dependencias, centros de trabajo, delegaciones, sucursales, centros comerciales o administrativos, almacenes, etc.

¿Cómo se determina el domicilio social?

La Ley de Sociedades de Capital veda en España la posibilidad de realizar una fijación arbitraria del domicilio social. No es algo que pueda decidirse a la carta, hasta el punto de que puede derivarse responsabilidad para los administradores si hay divergencia entre el domicilio registral y el real.

¿Dónde ha de situarse el domicilio social?

La ley permite elegir a las sociedades entre dos lugares: en el que se sitúe la efectiva administración y dirección de la sociedad o donde radique su principal establecimiento o explotación. Así, un cambio de domicilio debe ir acompañado de un cambio en alguno de los dos factores anteriores respecto a la situación precedente.

En una eventual secesión de una parte del territorio nacional, las empresas que tuviesen su domicilio social en el territorio independizado podrían tener un brutal impacto jurídico

Siempre ha existido mucha interpretación doctrinal acerca de la ubicación de la dirección y administración de una entidad. Más allá de que el concepto debe responder a la existencia de una estructura estable: ¿qué prevalece, el lugar donde se celebran los consejos de administración o donde trabajan los administradores, el lugar donde se sitúan las oficinas administrativas? No es sencillo de dilucidar en grandes corporaciones con diferentes centros administrativos y puede llevar a diferentes interpretaciones. El domicilio social no tiene por qué estar donde haya más trabajadores.

¿Qué relevancia tiene el lugar de domicilio social?

Cuando el cambio de domicilio social es dentro del territorio nacional, hay que destacar cuatro ideas: es donde se producen legalmente las relaciones jurídicas con los terceros; determina la competencia judicial y registral;es donde deben celebrarse las juntas de accionistas (salvo mención contraria en estatutos); puede condicionar el domicilio fiscal.

Fuentes jurídicas aseguran que “en una eventual secesión de una parte del territorio nacional, las empresas que tuviesen su domicilio social en el territorio independizado podrían tener un brutal impacto jurídico, al cambiar su marco jurídico anterior (normativa aplicable, jurisdicción invocable, etc.) al ser el domicilio lo que determina la nacionalidad de las personas jurídicas. No hay precedentes en el caso español, pero sin duda sería especialmente importante en sectores regulados como la banca, seguros, servicios de inversión, energía y telecomunicaciones”.

¿Qué es el domicilio fiscal?

Es un concepto diferente al domicilio social, aunque relacionado, hasta el punto de ser muy excepcional el caso en el que el domicilio fiscal sea diferente del social, aunque pudiera ser (incluso una sociedad española podría situarlo en otro Estado miembro de la UE). No se contempla en estatutos (la social sí puede recogerse en estatutos), sino que es una simple manifestación declarativa de la sociedad, si bien cabe la posibilidad de que la Administración tributaria que se considere perjudicada se oponga y compruebe si el domicilio declarado está donde debe, y si no lo está, lo rectifique.

El domicilio fiscal estará situado en donde radique el mayor valor del inmovilizado de la entidad

¿Dónde puede situarse el domicilio fiscal?

No hay discrecionalidad a la hora de que una sociedad establezca su domicilio fiscal donde quiera. Tanto la Ley General Tributaria como la normativa del impuesto sobre sociedades imponen que el domicilio fiscal está donde esté el domicilio social, pero siempre que en este se ejerza la dirección efectiva de la empresa (concepto poco definido y difícil de precisar en muchos casos, que atiende en general a la gestión administrativa y a la dirección de los negocios). Si la dirección efectiva se ejerciera en lugar distinto del que constituye el domicilio social, o que pudiera ser discutido por la Administración tributaria a pesar de lo que impongan los estatutos, prima el criterio de dirección efectiva para la localización del domicilio fiscal.

Como tercera regla, el domicilio fiscal estará situado en donde radique el mayor valor del inmovilizado de la entidad. Si una compañía quiere mantener el domicilio fiscal en un lugar en concreto, deberá probar que la dirección efectiva de la empresa se desarrolla en ese lugar. Y si cambia de domicilio fiscal, deberá probar que ha mudado el lugar donde se sitúa la dirección efectiva.

¿Es importante dónde está el domicilio fiscal?

Lo es, pero no tanto como se está diciendo, excepto cuando el domicilio se sitúa en una comunidad de derecho tributario foral (País Vasco o Navarra), en cuyo caso el domicilio suele ser la regla que marca la aplicación de normativa foral o estatal, que son diferentes.

En el ámbito de las comunidades autónomas de régimen común (Cataluña, Madrid, Andalucía…), aunque el domicilio marca el lugar de localización de las relaciones de la empresa con la Administración tributaria (notificaciones –ahora telemáticas–, órganos de gestión, recaudación e inspección, o tribunales económico-administrativos), al final la relación básica es con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la normativa de aplicación suele ser común.

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Independencia: Caixabank y Sabadell presionan sacando operaciones de Cataluña | Compañías

La economía de Cataluña vive en estas últimas semanas sus más duros momentos. Unas 540 empresas de esta comunidad autónoma han decidido cambiar su sede social y fiscal fuera de Cataluña desde el pasado 2 de octubre, justo un día después de celebrarse el referéndum independentista ilegal.

Algunos cálculos apuntan a que este doloroso éxodo empresarial puede suponer la salida también de unos 2.000 millones de euros menos de recaudación fiscal para la Generalitat, al margen de una pérdida de proyección inversora para los empresarios y una imagen muy negativa para los mercados.

Pero como ocurre casi siempre, todo es susceptible de empeorar. Las grandes empresas que han abandonado en los últimos días Cataluña para situar sus domicilios sociales en otras provincias ajenas a esta comunidad autónoma, como CaixaBank o como Banco Sabadell, que han instalado sus cuarteles sociales y fiscales en Valencia y Alicante, respectivamente, o como Gas Natural, que ha llevado su sede social a Madrid, podrían también trasladar sus centros operativos.

Una declaración en firme de la independencia unilateral de Cataluña por parte de Puigdemont en los próximos días supondría toda una provocación que las empresas catalanas no podrían soportar. Llegadas a este extremo su única medida de fuerza para contener el dique independentista sería llevarse también sus sedes operativas fuera.

Esta medida supondría otro muy duro golpe para la imagen y economía de Cataluña, ya que llevaría consigo el desplazamiento o la destrucción de un gran número de empleos. De momento, que se sepa, ninguna compañía ha hecho públicas estas intenciones, aunque eso no signifique que no esté redactada en su plan de contingencia.

Ya se ha reprochado a la banca que no actuara antes para alertar sobre el proceso independentista y que no trasladara su domicilio social. “Por eso no se pueden permitir otro error de cálculo”, señala un ejecutivo financiero, y añade “tienen que tener todo planeado, incluso llevarse la sede operativa, aunque no quieran reconocerlo ahora”.

Una medida de fuerza para contener el dique independentista sería llevarse las sedes operativas

Está claro que las principales empresas catalanas que han trasladado su sede social, y sobre las entidades financieras encabezadas por CaixaBank y por Banco Sabadell, no tienen intención de instalarlas de nuevo en Cataluña en un futuro ni tan siquiera lejano. “Es una medida permanente”, aseguraban el pasado 6 de octubre fuentes de la firma que preside Jordi Gual.

Tan permanente que CaixaBank como Sabadell ya tienen previsto celebrar varios consejos de administración fuera de Cataluña. Los primeros serán la semana próxima, reuniones en las que ambas entidades tienen previsto aprobar los resultados del tercer trimestre.

Sabadell, además, ha reconocido que irá desplazando algunas direcciones a Madrid, donde ya cuenta con varios centros operativos y personal, y Alicante, provincia en la que además de situar su sede social y fiscal cuenta con infraestructura proveniente de la antigua CAM, adquirida por el banco en 2012, y de Solvia, su plataforma inmobiliaria cuyo centro neurálgico está situado allí.

Una de las direcciones que va a desplazar Sabadell a Madrid es de la regulación financiera, pero no será la única.

Caixabank y Sabadell presionan sacando operaciones de Cataluña
EL PAÍS

La inseguridad jurídica y política que se vive en Cataluña hace muy complicado que estas entidades puedan desarrollar sus funciones con normalidad en varios años, pese a que esta semana Puigdemont dé marcha atrás en sus intenciones independentistas. “Ya nadie se fía de su vecino. El ambiente se ha enrarecido demasiado. Tendrá que pasar tiempo para que podamos asimilar lo que ha pasado y olvidarlo. Eso en el mejor de los casos”, comentaba la semana pasada un pequeño empresario catalán.

El 6 de octubre, el presidente de Sabadell, Josep Oliu, reunió a unos 300 directivos del banco para explicar las razones por las que se había decidido trasladar el domicilio social y fiscal a Alicante. “Yo nacía en Sabadell, estudié en Estados Unidos, y trabajé en Madrid. Ahora vivo en Barcelona y jamás he pensado en regresar a vivir a Sabadell”, recalcó en este acto ante la pregunta de un directivo interesado en si la medida de cambiar la sede era o no transitoria.

Esta respuesta puede también resumir el ambiente y las intenciones del empresariado catalán y de los clientes, sobre todo bancarios, que en menor medida que hace unas semanas, pero que aún siguen pidiendo a su banco que trasladen sus cuentas fuera de Cataluña. Los más enfadados, y son muchos, han cambiado de entidad y han elegido una que no tenga su origen en Cataluña. Algunos se consideran defraudados porque creen que su banco de toda la vida ha tardado mucho en trasladar su sede, o en explicarle los posibles peligros que podían existir si se quedaban más tiempo en esta comunidad autónoma si se independiza.

Algunos clientes se sienten defraudados porque creen que su banco de toda la vida ha tardado mucho en trasladarse

El director general de Caja Rural de Teruel, José Antonio Pérez Cebrián, ya explicó la semana pasada que en unos días la entidad ha recibido 7 millones de euros de cuentas de clientes provenientes de entidades catalanas que han decidido cambiar de banco y han optado por uno limítrofe. Son nuevas cuentas abiertas en unos días, una cifra muy elevada para la Rural de Teruel, según reconoce el propio directivo (esta institución gestiona 1.300 millones de euros en depósitos). Y ha reconocido que “hay preocupación” entre los ciudadanos.

Pérez Cebrián aseguro en rueda de prensa el pasado 10 de octubre que entre los que preguntaban para abrir cuentas había independentistas.

Fuentes de CaixaBank y de Sabadell aseguran que desde que anunciaron el cambio de sede social “casi” se ha frenado la salida de depósitos de sus oficinas hacia otros bancos, aunque reconocen que se mantiene el traslado de cuentas de Cataluña a oficinas limítrofes, las conocidas como cuentas espejo.

Otras fuentes aseguran que durante estos últimos días la actividad de retirada de efectivo en los cajeros está siendo bastante mayor que en otros fines de semana.

Habrá que ver el próximo desenlace de la declaración independentista y su posterior suspensión realizada por Puigdemont. “Pero aunque se declare la celebración de próximas elecciones la desconfianza y la inseguridad jurídica se ha instalado en Cataluña, y será complicada restaurarla en poco tiempo. Habrá que pasar años hasta que se consiga”, declara un ejecutivo financiero que prefiere mantener el anonimato.

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La banca catalana dice que “casi” se ha frenado la salida de depósitos | Compañías

CaixaBank y Banco Sabadell están a un paso de recuperar su cotización previa al referéndum ilegal catalán. El valor de la entidad que preside Jordi Gual se ha revalorizado en Bolsa este lunes un 1,47%, hasta alcanzar los 4,14 euros por acción, mientras que Sabadell lo ha hecho en un 0,91%, hasta 1,67 euros por título, lo que sitúa sus cotizaciones cerca de las que tenían antes del 1 de octubre.

El cambio de sede social y fiscal de Barcelona a Valencia en el caso de CaixaBank y a Alicante en el caso de Sabadell han sido decisivos para que la Bolsa impulsará la cotización de ambas firmas. Lo mismo ha sucedido con la salida de depósitos que se estaba produciendo en ambas entidades desde hace unas semanas, y agudizado tras el 1 de octubre, ante la inseguridad jurídica que representa una posible independencia de Cataluña.

Fuentes tanto de CaixaBank como de Sabadell aseguran que “se ha producido un importante freno de las salidas de depósitos hacia otras entidades financieras no catalanas”, coinciden ambos bancos. “Una vez que los empleados de las oficinas explican ahora a los clientes lo que significa un cambio de sede fuera de Cataluña, casi todos optan ya dejar sus ahorros en su sucursal”, afirman fuentes de estas entidades, que en ningún caso han querido facilitar cifras, pero insisten en que “existe una mayor tranquilidad en las oficinas bancarias”.

Reconocen, no obstante, que las salidas de dinero a oficinas del mismo banco, pero fuera de Cataluña, siguen, aunque a un menor ritmo que la semana pasada. “Estos cambios de sucursales no son preocupantes, ya que el dinero se mantiene en el mismo banco”, explican fuentes de estas instituciones financieras, que recuerdan que no existe ningún temor sobre un recorte de su liquidez.

En este sentido, según informaron el viernes fuentes del Gobierno, los bancos de Cataluña cuentan con hasta 80.000 millones de euros disponibles de ser utilizados como colateral en las operaciones de liquidez del BCE si así lo requieren.

La recuperación de la confianza de inversores en estos bancos catalanes tiene también otro ejemplo. Un inversor institucional ha decidido ampliar su apuesta por Banco Sabadell al solicitar que se le ampliase en 100 millones más de euros su participación en una emisión de cédulas hipotecarias a 10 años por 1.000 millones de euros que lanzó el banco el pasado 19 de abril.
Esta emisión se colocó hace seis meses con un cupón del 1% y a un spread –la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero– de 33 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de operaciones.

El miércoles pasado, en plenas turbulencias en los bancos catalanes (aunque Sabadell y CaixaBank ya habían anunciado que harían todo lo necesario para proteger a clientes e inversores y se especulaba ya con un cambio de sede, la firma que preside Josep Oliu logró colocar esta ampliación de su emisión de cédulas a un spread de 30 puntos básicos. Esto supone una mejora del precio de mercado de 3 puntos básicos.

Otro día decisivo para el sector financiero catalán es hoy, cuando el Parlament tiene previsto anunciar su decisión de declarar la independencia unilateral de Cataluña o no.

El exministro de Economía y expresidente de la AEB José Luis Leal aseguró ayer, por su parte, que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, “o está desinformado o miente” cuando dice que los bancos y empresas que han cambiado su sede volverán a Cataluña. Leal afirmó en una entrevista en Antena 3 que la decisión de cambiar la sede de territorio por parte de los bancos “está clarísima”. Ante el miedo y la incertidumbre de los clientes de los bancos catalanes ha dicho que el remedio pasa por “trasladar su cuenta”, y ha aconsejado “tenerla en Aragón” por ejemplo.

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As es la OPA italiana sobre Abertis: inversin de 26.000 millones fuera de Espaa y aumento del dividendo del 30% | Economa

Cotizacion de Abertis

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Cómo Fainé y Oliu lograron derrotar a Puigdemont | Compañías

Hace solo tres semanas que ninguna compañía catalana creía que iba a aprobar una  medida tan drástica como la de trasladar su sede social y fiscal fuera de Cataluña en octubre. Había runrún de intranquilidad, pero ni analistas ni inversores acosaban a las empresas para que abandonaran su región de origen.

La banca llevaba más de dos años amenazando con drásticas medidas si el Gobierno catalán pasaba a la acción en su objetivo de independizar unilateralmente esta comunidad autónoma. Pero en ningún momento consideraba que las tensiones entre el Gobierno central y el catalán iban a radicalizarse tanto.

Pese a ello, casi todas o todas las grandes empresas habían comenzado a montar comités de seguimiento en sus distintas divisiones a raíz de la consulta llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014 por el Gobierno catalán para comprobar el grado de aceptación ante una posible declaración independentista. Pero las conclusiones hasta hace dos semanas no aportaban suficientes razones para indicar la necesidad de un cambio de sede social fuera de Cataluña. Eso sí, si había que abordar esta drástica medida se haría de forma coordinada, por lo menos entre CaixaBank y Banco Sabadell. Así habían quedado sus responsables hace dos años.

Banco Sabadell decidió reforzar su comité de seguimiento hace algo más de dos semanas al detectar cierta salida de depósitos de las oficinas de Cataluña hacia otras regiones, e incluso hacia otras entidades. Las fugas eran de poca cuantía, pero se iban intensificando. Las salidas no eran solo de Sabadell, sino de prácticamente todas las entidades con sucursales en la comunidad autónoma.

Su preocupación ante un posible cambio de sede, aún no previsto entonces, era más sentimental que burocrático. Su presidente, Josep Oliu, ya había llevado a junta y aprobado en 2015 una modificación en los estatutos del banco como preveía la Ley 9/2015 para trasladar el domicilio social sin necesidad de que pasase por la autorización de los accionistas. Sabadell así podía cambiar de sede en 24 horas, como así ha sucedido.

CaixaBank no había sido tan previsor. Pensó que nunca llegaría ese momento. Pero llegó y tuvo que activar su peso e influencia no solo en el tejido industrial catalán, sino español. Isidro Fainé utilizó toda su influencia, que es mucha, para desactivar la bomba de relojería que se había puesto en marcha para el empresariado de Cataluña, y por extensión para toda España. Y lo consiguió. En juego estaban la seguridad jurídica del país, la mecha había prendido en los mercados y podía afectar al conjunto de la economía del país.

El fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre (día del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña), ambos bancos intensificaron los controles sobre la salida de depósitos y las opiniones de los clientes e inversores. La conclusión empujaba a adoptar una medida traumática, pero ninguno de los dos bancos lo había decidido aún. “Pensaban que el suflé bajaría el lunes, que el discurso independentista se moderaría pese a lo sucedido el domingo, incluidas las cargas policiales”, explica una fuente conocedora de lo sucedido entre bastidores en el empresariado catalán.

“La alarma llegó el lunes, cuando toda la prensa internacional se hacía eco de lo sucedido en Cataluña, con fotos de policías cargando contra ciudadanos que iban a votar, aunque fuese un referéndum ilegal. La dureza de las imágenes mostraban una España de épocas muy anteriores a la democracia. “Parecía otro país”, afirman fuentes de una de las empresas que han decidido cambiar su sede fuera de Cataluña.

La reacción de los mercados no se hizo esperar. El 2 de octubre los fondos no paraban de pedir explicaciones, de reclamar medidas de urgencia, de vender sus posiciones sobre todo en CaixaBank y Sabadell, las dos entidades más expuestas a un hipotético proceso independentista, que supondría la salida del euro y del Banco Central Europeo, el oxígeno de la banca europea. Algunas fuentes apuntan a que responsables de la UE también llamaron el martes preocupados por la situación.

Las agencias de rating también piden explicaciones y soluciones ante el problema catalán. La amenaza, además, aunque fuese solo eso, una amenaza, de que se pudiese nacionalizar las compañías de servicios públicos catalanas, como autopistas, la banca, Gas Natural, Agbar… avivaba más la llama.

CaixaBank y Sabadell deciden así que no pueden aguantar más sin adoptar medidas drásticas, como mudar su sede social. Había que atajar el problema ya. El mercado había comenzado a extender el mensaje de que España se podía convertir en un país de una enorme inseguridad jurídica. Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, además de Gas Natural, y alma máter de la principal entidad financiera catalana y la tercera de España, CaixaBank, se pone en contacto con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Marino Rajoy.

Fainé ya había consultado al tejido empresarial. El Gobierno también.

Había comenzado el desplome de las acciones de ambos bancos y la salida de depósitos se incrementaba. Se habían encendido todas las alarmas. CaixaBank y Sabadell intensifican sus medidas coordinadas y el martes lanzan mensajes similares para tranquilizar a clientes y al mercado, pero no lo consiguen.

El botón rojo se apretó el miércoles tras la intervención pública de Carles Puigdemont, quien no moderó su mensaje independentista. Fainé pide al Gobierno una norma urgente que permita trasladar la sede de CaixaBank fuera de Cataluña, lo que también beneficia al resto de empresas catalanas.

El jueves ambos bancos saben que tienen que trasladar su domicilio social. Comprueban que las posiciones de los fondos para vender crecen alarmantemente. Sabadell se adelanta y toma la iniciativa. Va confirmando a quien lo pregunta que se irá a Alicante. Puede hacerlo en 24 horas. Sus estatutos están preparados.

CaixaBank espera a que el Gobierno le confirme que habrá normativa para acelerar su salida, y que será aprobada el viernes en Consejo de Ministros. Es tras esta confirmación cuando remite a la CNMV un comunicado convocando a su consejo para el viernes con el objetivo de aprobar su éxodo de Cataluña.

No es hasta después de este comunicado cuando Sabadell remite el suyo anunciando que su consejo ha aprobado el cambio de sede a Alicante. Y dicho y hecho, el viernes ya tenía su domicilio social y fiscal allí. Otro acto coordinado. Pero el efecto de este cambio ya había tenido su respuesta en Bolsa. Los títulos de ambos bancos se habían disparado.

Tras estos acontecimientos todas las grandes empresas empiezan a comunicar su salida de Cataluña, aunque CaixaBank no lo ratifica hasta que el sábado el BOE publica la norma que le permite un traslado exprés.

El viernes, Oliu y Fainé se reunieron con Oriol Junqueras, vicepresidente económico de la Generalitat, para comunicarle su decisión. Junqueras intentó convencerles para que echaran marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. También se lo comunicaron personalmente a Puigdemont.

La euforia vivida el lunes en el Govern ante el posible triunfo del independentismo se disolvió como un azucarillo entre el jueves y el viernes. La bomba había quedado desactivada.

Banco Santander celebra mañana martes su Investor Day en Londres. Parece que no habrá cambios en sus planes, ni objetivos, pero seguro que los inversores no pararán de preguntar por el efecto independentista catalán.

Según expertos y fuentes financieras, habrá que esperar aún años para que el efecto negativo independentista desaparezca de los mercados.

Consecuencias del desafío independentista

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La ‘enmienda CaixaBank’ para el cambio de domicilio social por acuerdo del consejo de administración | Legal

El análisis del momento requiere amplitud de miras, más allá de lo coyuntural. Nuestra era ha transcurrido, hasta la llegada de la Revolución Industrial, no plácida pero sí sosegadamente. Desde este momento histórico los cambios de toda índole —económicos, tecnológicos, sociales, políticos— se han acelerado.

Se ha llegado a plantear que los desarreglos entre naciones y Estados, cuyos últimos coletazos llegaron hasta el último cuarto del siglo XX con el proceso de descolonización, quedarían definitivamente resueltos, sin esfuerzo, con la implantación del Estado del Bienestar y con la extensión de la globalización económica.

La Cuarta Revolución Industrial en la que estamos inmersos ha generado interrogantes, malestar en ciertos sectores sociales que han vivido en la abundancia y nuevas paradojas.

La crisis financiera, felizmente superada, según la Comisión Europea, en agosto de 2017, ha provocado que al bajar la marea queden a la vista cuestiones territoriales y políticas sin resolver, como la de Cataluña, entre otras. El margen económico para seguir ofreciendo concesiones y, por tanto, para dialogar, es reducido.

La tensión social y política en Cataluña ha provocado lo impensable: que grandes y emblemáticas empresas radicadas históricamente en esta comunidad hayan emprendido el cambio de domicilio social con rumbo a otras zonas geográficas más estables.

CaixaBank lo ha anunciado por hecho relevante el 6 de octubre, pero con algunas particularidades. La justificación del cambio de domicilio desde Barcelona a Valencia es encomiable desde el punto de vista técnico, ya que obedece a la “prioridad de toda entidad financiera” de proteger a “sus clientes, accionistas y empleados, y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad”.

Un error de cálculo podría ser fatal, pues el negocio bancario, en general, se inspira en la confianza, y la pérdida de esta podría conducir a situaciones de riesgo irreversibles. CaixaBank es una entidad, supervisada por el Banco Central Europeo (BCE), que claramente se identifica con Cataluña —lo que es natural, pues trae origen del modelo de las cajas de ahorros—, cuyo negocio se extiende por toda España y por otros países. Entre sus accionistas e inversores, en un mundo globalizado, los hay de todas las latitudes del planeta. La salvaguarda de los intereses de los accionistas, inversores y depositantes es irrenunciable.

Pero el hecho relevante no finaliza con el texto que hemos transcrito, sino que continúa, ya que el traslado queda condicionado a la modificación de la Ley de Sociedades de Capital anunciada por el Consejo de Ministros.

Tradicionalmente, nuestra normativa societaria ha atribuido a la junta general de accionistas la competencia para el traslado del domicilio social, a salvo del traslado dentro del mismo municipio, que puede ser acordado por el consejo de administración.

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital en 2015 por la Ley 9/2015 permite al órgano de administración el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional, pero limitando dicha competencia a que no existiese una disposición contraria en los estatutos de la sociedad en cuestión. En este punto concreto se han suscitado dos interpretaciones de la norma, una restrictiva y otra amplia, favorecedora de la atribución de esta competencia al consejo.

El inconveniente reside en que los Estatutos de CaixaBank atribuyen, en su literalidad, la competencia para acordar el traslado de domicilio a la junta general.

En este contexto se ha aprobado el Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, publicado en el BOE de 7 de octubre y con entrada en vigor en la misma fecha, que, como es obvio, no se refiere expresamente a CaixaBank. Lo que lleva a cabo este Real Decreto-ley, pendiente de convalidación por el Congreso de los Diputados, es una interpretación auténtica, efectuada por el “legislador”, para unificar los criterios divergentes de los operadores jurídicos.

La modificación del artículo 285.2 de la Ley de Sociedades de Capital se acompaña de una disposición transitoria única, en la que está la clave de la reforma, según la cual “se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Es decir, se obliga a los socios a pronunciarse, pues, en caso contrario, a pesar de la redacción estatutaria, el consejo podrá adoptar el acuerdo correspondiente.

Por lo tanto, el Consejo de CaixaBank ya se puede reunir de nuevo para acordar, efectivamente, el cambio de domicilio social. Y así lo ha hecho en la mañana del 7 de octubre.

Los mercados reaccionan ante el entorno político y social, al igual que los políticos lo hacen ante los estímulos económicos. No es posible separar ambas esferas —la política y la económica—, que están interconectadas. La caída en la valoración de las acciones, y el desgaste, más en general, de los mercados en los últimos días, muestran las predicciones y las preferencias de los inversores ante la evolución de los acontecimientos, a lo que no han podido resistirse los administradores y los gestores de las compañías, ni un Gobierno que ha tratado de facilitar la salida de estas de un territorio en efervescencia.

 

José María López Jiménez. Doctor en Derecho. Diplomado en Ciencias Políticas

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Colas de catalanes en Fraga (Huesca) para abrir cuentas bancarias por la preocupación en Cataluña | Mi dinero

Las peticiones de apertura de cuentas bancarias fuera de Cataluña han experimentado un crecimiento durante los últimos días en esta comunidad, según fuentes financieras, coincidiendo con la tensión política y la posibilidad de que el Parlament apruebe una declaración unilateral de independencia.

Estas fuentes han explicado a Efe que estos días se acercan muchos clientes a las oficinas preocupados por saber cómo podría afectar una hipotética declaración unilateral de independencia a sus ahorros.

Según ha podido comprobar Efe, los directores o gestores de esas oficinas les tranquilizan y dejan claro que su banco garantiza en todo momento sus intereses y que sus ahorros están seguros ante cualquier contingencia. De hecho, tanto CaixaBank como Banco Sabadell, los dos grandes bancos catalanes, han decidido esta semana trasladar sus sedes a Valencia y Alicante, respectivamente, para garantizar que seguirán bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) ante cualquier posible escenario.

No obstante, y ante la creciente preocupación de los clientes por sus ahorros, una solución que ofrecen algunas entidades es la de abrir una cuenta en otra comunidad autónoma española, preferentemente en municipios próximos a Cataluña, como Fraga (Huesca) o Vinaroz (Castellón), pudiendo gestionar su operativa desde su oficina habitual. Los empleados ofrecen esta posibilidad para que los depósitos de los clientes permanezcan en territorio español en caso de una eventual declaración unilateral.

Precisamente, las sucursales bancarias de Fraga registran desde hace unos días colas de ahorradores catalanes que abren cuentas para transferir importantes cantidades de fondos a entidades fuera de su comunidad.

Fuentes financieras consultadas por Efe han confirmado que el movimiento económico se realiza con cantidades económicas significativas, con especial incidencia en Fraga, localidad vecina a Lleida, pero también en sucursales de otras localidades de la comarca.

Estas fuentes señalan que la media de las imposiciones realizadas corresponderían a cantidades vinculadas a ahorros de largo tiempo, aunque también serían de empresarios con una mayor capacidad financiera.

Importantes movimientos de fondos

Además de las imposiciones realizadas a nivel presencial, estas entidades bancarias estarían registrando también importantes movimientos de fondos a través de internet o, incluso, por medio de llamadas telefónicas.

Ante la incertidumbre generada, el ministro de Economía, Luis De Guindos, ha subrayado que los clientes de los bancos catalanes no tienen “nada que temer”, puesto que son bancos “españoles y también europeos”.

Desde las propias entidades puntualizan que “se trata de casos aislados teniendo en cuenta que los bancos tienen decenas de millones de clientes”.

También han confirmado que “en la gran mayoría, se trata de trasvases entre cuentas del propio banco y no suelen ser cantidades significativas dado que este tipo de operaciones no suele realizarse físicamente desde una oficina”.

Asimismo, han indicado, que pasados estos casos puntuales y las noticias de las últimas horas, “la normalidad, en estas circunstancias, impera en las oficinas”.

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La inversión internacional pone a España en cuarentena | Mercados

La amenaza para la estabilidad económica y financiera que supone el independentismo catalán ha estallado estos días en el frente empresarial. Las grandes corporaciones catalanas, con sus dos grandes bancos a la cabeza –Banco Sabadell y CaixaBank–han comenzado a mudar su sede fuera de Cataluña, en un movimiento con el que dar prioridad absoluta a accionistas y clientes y que revela el estado de máxima alerta con que se afronta la posible declaración unilateral de independencia en los próximos días.

El cambio de sede fuera de Cataluña es la última respuesta del mundo económico ante el desafío soberanista catalán, que también sacudió esta semana a la Bolsa y la deuda soberana española. Los inversores siguen descartando la creación de una Cataluña independiente, pero la gravísima crisis institucional que supone una declaración de independencia por parte de la Generalitat les ha puesto muy en guardia.

“Hay que tener en cuenta que la situación de partida del mercado respecto a España era de tranquilidad. España estaba fuera del foco y ahora aparece de nuevo en la liga de países como Italia. La interpretación de los inversores es que Cataluña plantea un problema de ámbito nacional, con dificultades para aprobar los presupuestos, con posibilidad de elecciones anticipadas y fragmentación política”, explica Roberto Ruiz Scholtes, director de estrategia de UBS en España.

La situación política es de tal incertidumbre que está enfriando el ánimo de los inversores hacia el conjunto de activos del país, empezando por Cataluña. Gestores, bancos de inversión y bufetes de abogados coinciden en que invertir estos días en Cataluña no es lo más aconsejable. La opción de una declaración unilateral de independencia sigue ahí, sin que haya habido ninguna señal de acercamiento entre la Generalitat y el Gobierno central.

La situación política es de tal incertidumbre que está enfriando el ánimo de los inversores hacia el conjunto de activos del país, empezando por Cataluña. Gestores, bancos de inversión y bufetes de abogados coinciden en que invertir estos días en Cataluña no es lo más aconsejable. La opción de una declaración unilateral de independencia sigue ahí, sin que haya habido ninguna señal de acercamiento entre la Generalitat y el Gobierno central. El ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en que, antes de abordar cualquier negociación, es necesario que el soberanismo catalán renuncie a declarar la independencia.

El choque entre el independentismo catalán, con una base social muy movilizada, y el Estado está servido y no hay por el momento resquicios para una solución dialogada antes de la semana que viene. Por el momento, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el pleno del Parlament del lunes y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha solicitado comparecer el martes. A todo ello se suman voces que aseguran que Cataluña no está preparada para la “independencia real”, como la del expresident Artur Mas, que reconoce que “hay algunas cosas que aún no tenemos. Con todos estos ingredientes, el daño a la autoridad del Estado en Cataluña ya está hecho y la reconstrucción de la relación entre Barcelona y Madrid no será cosa de un día.

“En caso de declaración de independencia unilateral, nuestra expectativa es que sea muy breve. De lo contrario será muy disruptivo, dependerá de la capacidad del Estado de hacerle frente. Y el problema político no habrá quedado resuelto”, señalan en un bufete con fuerte implantación en Cataluña. En definitiva, el mundo empresarial y financiero asume que el Estado empleará su fuerza para frenar el independentismo llegado el caso, aunque el escenario posterior deje también fuertes incertidumbres y la estabilidad política y social en el conjunto de España gravemente dañada.

Para el mercado, cuanto más perdure esta situación, peor. El tiempo va en contra y de hecho sería bueno que se viera algún acercamiento que deje claro que se trata de un tema local que es solucionable. Hay que encontrar un puente, una forma de que se sienten a negociar”, explica Joe Lovrics, responsable de mercados de capitales de Citi para España y Portugal. El banquero insiste en que los inversores no descuentan una ruptura, aunque sí se detecta estos días una reducción de la actividad inversora. “Por ahora se han visto pocas posturas dramáticas, no hay una estampida de inversores que digan “me voy de España”. Pero sí podría haber un parón en las operaciones corporativas y financieras por la incertidumbre si la situación no se soluciona en un plazo razonable. Algunos inversores optarán por esperar un poco, aunque hayan decidido ir adelante con una operación” , añade.

Podría haber un parón en las operaciones corporativas si la situación no se soluciona en un plazo razonable. Algunos inversores optarán por esperar”, afirma Joe Lovrics, responsable de mercado de capitales de Citi para España y Portugal.

La postura es por tanto la de esperar y ver, con todas las cautelas. Es también la idea que apuntaba Goldman Sachs en un informe publicado el viernes en el que reconoce que la incertidumbre política en Cataluña se ha incrementado por encima de sus expectativas. “En Londres los inversores estaban muy despistados el lunes, justo después del referéndum. Pensaban que las caídas en Bolsa eran una oportunidad de compra. Pero hay más riesgo que oportunidad, desaconsejo comprar ahora bancos catalanes”, señala un analista de un banco internacional que cubre el sector financiero.

“Nos tememos que haya proyectos de inversión que no arranquen, no tenemos tanto trabajo como esperábamos para esta época del año. Tanto dentro como fuera de Cataluña”, reconocen en otro bufete de abogados. Añaden que “lo que está en curso, sigue adelante”. La duda está en la inversión que esté por llegar ante la perspectiva de que la crisis institucional en España pueda enquistarse y el horizonte de inestabilidad se prolongue a medio plazo.

La decisión de los grandes bancos catalanes de trasladar su sede ante una declaración unilateral de independencia es ya un importante termómetro. “No hacerlo sería un riesgo de inestabilidad inasumible para un banco”, apuntan fuentes financieras. La banca es de hecho el sector más sensible a las turbulencias económicas que entraña la secesión. La retirada de depósitos es el mayor riesgo de todos, con capacidad de desestabilizar al conjunto de la economía catalana y también española.

Pero la creciente tensión política ya se ha trasladado a otro sector clave en la economía española, como es el turístico. Los hoteleros ya han detectado un menor número de reservas en Barcelona y el ministro de Industria, Energía y Turismo, Álvaro Nadal, aseguró esta semana que se detecta un freno en el crecimiento del sector en Cataluña. Mientras, los expertos ya han empezado a cuestionar las previsiones de crecimiento de la economía española.

El encarecimiento del coste de financiación, con un aumento de la prima de riesgo, es otro factor de riesgo. “Hay inquietud. Podemos ver el rendimiento del bono español en el 2% antes de fin de año, antes de lo que pensábamos”, explica Javier Casal, director de la mesa de deuda pública de Ahorro Corporación.

El sector inmobiliario también está expectante. “La inestabilidad política podría potencialmente reducir el crecimiento de las rentas, la tasa de ocupación (de los inmuebles) y la valoración de las propiedades en el mercado inmobiliario español, en Barcelona en particular”, advierte Moody’s, que destaca el riesgo para Merlin y Colonial. El sector inmobiliario tiene en cambio la particularidad de ser pasto de la inversión más oportunista. “Los inversores rusos o chinos que están dominando el ladrillo no se asustan tanto por el riesgo político”, reconocen en el sector. Y si la captación de inversión internacional estable es un reto permanente, la crisis en Cataluña apunta a convertirse en un claro obstáculo más.

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La Fundación La Caixa, CriteriaCaixa y Agbar también se marchan de Cataluña | Compañías

Continúa la salida de empresas de Cataluña. Esta mañana, el Patronato de la Fundación Bancaria La Caixa, en su condición de accionista único de CriteriaCaixa, ha anunciado el acuerdo de traslado del domicilio social de ambas entidades a la Plaza Weyler, 3, en Palma de Mallorca, según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El ‘holding’ de empresas señala que la decisión se ha tomado “para mantener los intereses y la operativa normal de la entidad, en tanto se mantenga la actual situación en Cataluña”.

Según explica la Fundación preside Isidre Fainé en un comunicado, la decisión tiene un “carácter temporal” y afecta tanto a la Fundación Bancaria La Caixa como a CriteriaCaixa, sociedad ‘holding’ de inversiones no cotizada, que gestiona el patrimonio de la misma para el cumplimiento de su compromiso social y fundacional. Esta decisión no implica traslado de personas ni de centros o servicios corporativos.

La Fundación Bancaria La Caixa gestiona de forma directa la Obra Social, que se financia con los dividendos obtenidos de CriteriaCaixa. En 2017, la entidad está invirtiendo 510 millones de euros en el impulso de programas sociales, educativos, culturales y de investigación, dirigidos a ofrecer más oportunidades a las personas que más lo necesitan y a promover el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Anualmente promueve más de 50.000 iniciativas, de las que se benefician cerca de 10,5 millones de personas.

CriteriaCaixa, a su vez, se nutre de los dividendos que recibe a partir de la gestión activa de una cartera compuesta por participaciones accionariales en sectores estratégicos, tales como el bancario, energético, las infraestructuras, los servicios y el negocio inmobiliario. En concreto, es el holding inversor más importante de España con una participación del 40,4% en CaixaBank y con participaciones de control en Gas Natural (24,44%) y Abertis (19%). También posee participaciones en el grupo francés Suez (5,9%), la empresa de aparcamientos Saba (50%), Cellnex (5,9%), el grupo hospitalario Vithas (20%) y Agbar (15%). En su cartera también figuaran entidades como el grupo financiero Inbursa o el BEA (The Bank of East Asia).

CriteriaCaixa es propietaria de una cartera de inmuebles con un valor neto contable de 2.783 millones de euros, de los que 484 millones de euros están clasificados como cartera en venta, 709 millones de euros como cartera en alquiler, 1.016 millones de euros como suelo y 574 millones de euros dedicados a los programas de vivienda asequible. La cartera de inmuebles la gestiona InmoCaixa, empresa que pertenece 100% a CriteriaCaixa

Por su parte, Caixabank, banco participado por CriteriaCaixa, también ha ratificado hoy a la CNMV que su consejo de administración acordó ayer el traslado de su domicilio social a Valencia, una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto-ley aprobado el viernes en Consejo de Ministros con el que el Gobierno pretende agilizar el cambio de sedes sociales de las empresas en territorio nacional. Con esta medida se facilita el cambio de sedes empresariales ante el proceso soberanista en Catalunya.

También Agbar, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, ha celebrado un consejo extraordinario en el que ha aprobado la mudanza de su sede social a Madrid. El consejo de administración del grupo Suez, al que pertenece la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB), del que depende Agbar, ha decidido trasladar la sede social de esta compañía de Barcelona a Madrid.

Un portavoz de la compañía ha confirmado a Efe que el consejo de administración celebrado hoy en París con la participación de varios miembros por videoconferencia desde Barcelona ha decidido el traslado de la sede “por la situación política de Cataluña”, aunque ello no afectará al funcionamiento de los operadores del suministro de agua.

La incertidumbre jurídica que está provocando la deriva independentista ha llevado a un buen número de empresas, muchas de ellas cotizadas, a mover sus sedes sociales fuera de Cataluña, con el objetivo de garantizar que seguirán operando bajo el paraguas de las autoridades europeas en caso de una hipotética declaración de secesión.

Con los movimientos de hoy, ya son un total de 15 las grandes empresas que han aprobado su mudanza fuera de Barcelona, mientras que otras (Catalana Occidente, Codorníu, Freixenet, Inmobiliario Renta y Abertis) han anunciado su intención de hacerlo. El grupo de concesiones Abertis estudia un posible traslado de su sede fuera de Cataluna en caso de proclamarse una independencia unilateral de Cataluña. La empresa se encuentra en una situación especial al haber sido opada por la italiana Atlantia. Así, el efecto dominó de cambios de sede afecta a una veintena de empresas.

Hasta ahora, la lista de compañías que se van de Cataluña son: Dogi, Service Point, Banco Mediolanum, Arquia Banca, Banco Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Eurona, Oryzon, Ballenoil, NaturHouse, Proclinic, Fundación Bancaria La Caixa, CriteriaCaixa y Agbar.

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Cataluña: La independencia no era una fiesta de pijamas | Compañías

Desafiar al Estado no era una fiesta de pijamas. La revolución de las sonrisas ha cambiado a mueca amarga. El bonito cuento de la convivencia ejemplar en Cataluña se ha acabado. Ahora se percibe miedo, furia, tristeza. Las banderas de cada bando ondean en los balcones. La historia nos enseña que no hay frontera que no se haya dibujado con sangre; tampoco va a imponerse el Estado cogiendo claveles. Debió ser divertido ese fin de semana de encierro en los colegios, seguro que allí había sincera ilusión, pero será más prudente no volver a llevar a los niños y a las abuelas a las barricadas. Ya no estamos en la Diada, adonde se va con los chiquillos con las caras pintadas de estelada a ver los castellers. Esto va en serio. No hay revolución sin destrucción. El dinero, que huele el desorden y sale pitando, no estará allí para saludar a la nueva república, no vaya a ser que se estrene con un corralito y nacionalizaciones.

El independentismo empezó esta semana envalentonado por su éxito de imagen del domingo, esas fotos de ancianas ensangrentadas que dieron la vuelta al mundo y desenmascaraban al Estado autoritario y opresor. Luego se dieron cuenta de que nadie se había tragado la farsa del referéndum. Siguen solos. Y el poder económico, que ejerce cada día su derecho a decidir, se desconecta de ellos.

A esta hora, cuando deberían estar a punto de pulsar el botón nuclear, les tiemblan las piernas. Se lo piensan antes de hacer saltar todo en pedazos. Soñaban con pasar a la historia como héroes de la nueva patria, pero ya sienten el aliento del poder del Estado en el cogote. No es fácil encaminarse al martirio. Habían puesto por escrito en una ley (ilegal) que van a proclamar la república en 48 horas, pero no sería la primera vez que incumplen sus propias reglas. Se lo prometieron a su gente, que ahora también siente vértigo. Hasta Mas, que empezó todo esto, admite que no están preparados. Algunos dirigentes quieren enfriar el procés.

Puede estar siendo más eficaz la presión del dinero que la de todos los antidisturbios que desembarcaron del barco de Piolín. Algunos, bien informados, sostienen que el independentismo se agarraría ahora a cualquier salida honrosa, de ahí la súplica de una mediación. Pero no puede dar la vuelta un tren sin cambiar de vía. Esta sigue llevando al precipicio.

Claro que hay miedo. Si existe una remota posibilidad de que Cataluña alcance la independencia (de facto, nunca reconocida), pasaría por una movilización extraordinaria y permanente, como la del Maidán en Kiev o la plaza Tahrir en El Cairo. Miren cómo acabaron esas dos historias: una en guerra civil y la otra en dictadura militar. Hemos vivido eso aquí.

“En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña y proclama el Estado catalán de la República Federal Española”. El 6 de octubre de 1934, durante una huelga general revolucionaria, la solemne declaración de Lluís Companys desde el balcón de la plaza de Sant Jaume desembocó en el estado de guerra, ataques de artillería, decenas de muertos, encarcelamientos en buques militares y la suspensión de la Generalitat, que no recuperó sus competencias hasta 1936. Fue uno de los movimientos que desestabilizaron la República y alentaron la sangrienta sublevación militar posterior. No estamos en los años treinta, en que campaban los totalitarismos. Pero encendemos el mismo fuego.

Lluís Companys, segundo por la izquierda, entre los dirigentes de la Generalitat de Cataluña encerrados en la cárcel Modelo de Madrid tras los sucesos del 6 de octubre de 1934.
Lluís Companys, segundo por la izquierda, entre los dirigentes de la Generalitat de Cataluña encerrados en la cárcel Modelo de Madrid tras los sucesos del 6 de octubre de 1934.

Otra vez el mercado estaba ciego, como antes del brexit o de la victoria de Trump. Vivimos tiempos de riesgos políticos extendidos que para la gente de números son difíciles de medir, así que los operadores del mercado tienden a ignorarlos y fijarse solo en lo suyo: los márgenes de las empresas, su endeudamiento, los tipos de interés. Hasta que la crisis es tan evidente que la realidad les da un sopapo. Entonces se disparan los nervios como si hubiera caído un meteorito inesperado. Y aparece la volatilidad de estos días: bajones y subidones, según las intuiciones de cada hora. La prima de riesgo no sube más porque la están sujetando los bancos, el BCE y los privados. Más nos vale haber resuelto este asunto cuando Draghi o quien le releve ponga fin a las narcóticas compras de deuda.

El mundo económico reacciona tarde, porque esto se veía venir hace años. Tal y como está pasando se había puesto por escrito hace un mes. Incluso después de eso se pensó que no había nada que temer. No calibraron el coste que tendrá restablecer el orden constitucional, si es que se restablece, en términos de seguridad jurídica, estabilidad política y certidumbre económica.

Antes que la Bolsa, que estaba a sus cosas, las empresas sí se daban cuenta de lo que se avecinaba pero elegían un perfil bajo. Los primeros en salir, claro, los bancos. Sabemos que un banco es una institución muy delicada. Frágil. Si cunde la desconfianza, si se ven atrapados en el caos, puede desatarse la espiral destructora: retiradas masivas, crisis de liquidez, rescate o muerte. Un banco puede arrastrar en su desplome a todo el país, como tenemos muy fresco en la memoria por ese horrible año 2012. Han esperado hasta el fin, porque temían significarse. Sabadell se marcha a Alicante, CaixaBank a Valencia. Las entidades actúan como se espera de ellas: lo primero es salvar el dinero de sus clientes, y lo segundo responder a sus accionistas, en su mayoría fondos internacionales que no quieren ni medio problema.

Después de los bancos han hecho las maletas muchas otras empresas, sobre todo las que tienen la mayor parte de su negocio fuera. Los exportadores no se pueden permitir quedar detrás de una nueva frontera. Nadie quiere operar entre la agitación permanente. No cabe exponerse a los requerimientos de la Hacienda catalana. No podrían descartarse expropiaciones (Aena no puede llevarse El Prat, señalado por la CUP). El Gobierno central ha marcado el camino de salida con esa reforma para que los consejos decidan sin convocar una junta. Ahora el temor por la imagen se invierte: se significa la compañía que no se vaya. Y se pone en la diana de las agencias de calificación.

En la calle vivimos una extraña tregua, un impasse después de jornadas de altísima tensión. Las imágenes son poderosas. Tuvimos un día de detenciones y redadas con manifestantes subidos al coche de la Guardia Civil (la Operación Anubis, dios de la muerte, ¿quién pondrá esos nombres?). Y el domingo de marras tuvimos a la Policía y la Guardia Civil metidos en una trampa, porque los Mossos les dejaron solos en territorio hostil. No cargaban contra los votantes, esto hay que recordarlo, sino contra quienes les bloqueaban el paso. Pero se les fue la mano, eso debió entenderlo alguien que en la tarde del domingo renunció a mantener la pelea, incluso a requisar las urnas llenas. El delegado del Gobierno en Cataluña ha pedido las disculpas que se han evitado pronunciar en Madrid.

En fin, ha habido episodios lamentables, pero ¿una “violencia sin precedentes”, como dice Puigdemont? Como si esta hubiera sido la primera intervención de los antidisturbios desde la muerte de Franco. No hace tanto que los Mossos sacudieron a los indignados del 15M en la plaza de Cataluña (cien heridos). Ha habido incidentes así en huelgas generales, conflictos laborales (cubriendo una revuelta minera en Asturias me llevé unos cuantos porrazos, gajes del oficio), manifestaciones estudiantiles, ultras que la montan en Cibeles, ni digamos ya en los años de la kale borroka.

A los de Puigdemont les convenía sobreactuar con la violencia del Estado. Si los resultados del referéndum no se los puede creer nadie (y menos con resultados a la búlgara del 90% a favor), las cifras de heridos (más de 800) tampoco son muy fiables cuando solo cuatro fueron hospitalizados. En cuanto ha pasado un poco la conmoción por las fotos, los editoriales de los diarios internacionales han vuelto a alejarse del procés. “Gana Rusia”, era la conclusión del Washington Post. The Economist habla de la “calamidad” de una secesión. Financial Times cree que hay una mayoría silenciosa del no. Tampoco aplauden a Rajoy, cierto, y alguno sugiere un referéndum pactado como el escocés. Nadie piensa que el 1-O se votó de verdad.

Les convenía sobreactuar ante la violencia policial. Ya no buscan la legitimidad en un referéndum increíble, sino en la violencia sufrida, como en Kosovo

Como el referéndum no lo avalan ni siquiera los observadores (no neutrales, fichados por la Generalitat), el separatismo pretende legitimarse no en la voluntad popular, sino en la violación de los derechos humanos por el Estado español. Esa es la vía por la que Kosovo pudo separarse de Serbia. Pero los serbios estaban masacrando a los kosovares, no se llegó a eso por los golpes repartidos en una mañana desgraciada. Nada menos que 400 profesores de Derecho Internacional (de unos 550) firman un manifiesto en que recuerdan los únicos supuestos reconocidos para la autodeterminación: situación colonial o de ocupación (el Sáhara, Palestina, nada que ver) o comunidades territoriales que sufran persecución y “violaciones generalizadas de los derechos fundamentales”. De ahí el relato victimista.

Los caminos pacíficos a la independencia son raros. Ha habido más Yugoslavias que Escocias. Se cita a Quebec, uno de los pocos casos en que hay un procedimiento previsto para la ruptura. La verdad es que la Ley de Claridad de Canadá impone unas condiciones tan leoninas para la independencia que ha frenado en seco al nacionalismo. No se reconoce el “derecho a decidir”, se exige una mayoría muy cualificada para empezar a negociar y, atención, no se garantiza la integridad territorial de la provincia que se va.

Cataluña se está despertando del loco sueño de que bastaba con votar y declarar la independencia, y eso ya sería efectivo de inmediato, el Estado se retiraría y la UE abriría los brazos. La convivencia de que tanto presumía la comunidad, con su modelo de asimilación lingüística y su sociedad multicultural, está hecha añicos. Sabemos de las tensiones por esto en los pueblos, las familias, las pandas de amigos. Es violento también el acoso a policías y guardias civiles (como en la Euskadi más negra), los casos de humillación de niños en el colegio, los piquetes de una extraña huelga convocada desde las instituciones, la furia contra los periodistas. Insultan a la cineasta Isabel Coixet cuando saca a pasear el perro, le hacen saber que no hay sitio para gente como ella allí.

Si la rabia contra el Estado en Cataluña fortalece a los partidos del Govern, en el resto de España resurge el orgullo de lo español, lo que claramente beneficia al PP (quedan en muy segundo plano las corrupciones que salpicaron a ambos). Las banderas en los balcones no son un fenómeno madrileño, ni se circunscribe a esa caricaturizada derecha centralista nostálgica del franquismo, que existe pero es minoritaria. Buena parte de los que se creen españoles (las naciones son siempre subjetivas) se sienten agredidos por el discurso del procés. Nos quieren hacer extranjeros, nos tachan de fascistas.

La subida de la fiebre nacionalista, española o catalana, deja en situación incómoda a los tibios. El PSOE parece enredado en sus contradicciones, ni con unos ni con otros, el mismo día apoya a Rajoy y reprueba a Santamaría. Curiosamente, habla más claro Iceta que la gente de Sánchez (el líder está mudo). Si llega el 155 no van a tener más remedio que tomar partido con claridad. Parece más astuto el movimiento de los comunes de Ada Colau, que aspira a pescar en el caladero nacionalista. Pero la declaración unilateral de independencia dejaría en ridículo a quienes, como ella, participaron en el referéndum porque lo consideraban una “movilización” contra Rajoy. Colau dijo que esta vez votaría en blanco o nulo (y en 2014 votó sí-sí, es decir, cualquier cosa menos el no a la independencia). Ahora se echa las manos a la cabeza por la DUI, y eso que los convocantes del 1-O habían dejado escrito que era vinculante y se aplicaría en 48 horas. En todo caso, ese conglomerado confuso que es Catalunya Sí Que Es Pot puede jugar un papel clave: son los únicos que podrían tirar un salvavidas a Puigemont y Junqueras si quisieran dar marcha atrás, porque en ese giro nunca les acompañaría la CUP. 

Los optimistas se aferran a la posibilidad de que en la semana que entra tampoco se proclame la independencia, o no del todo, o se haga en diferido. Ir ganando tiempo para que se calmen los ánimos. Pero los puentes están rotos: las últimas líneas rojas se traspasaron los días 6 y 7 de septiembre, en aquellas infames sesiones parlamentarias que aprobaron las nuevas leyes supremas con medio hemiciclo vacío. No hay atisbo de diálogo sin que renuncien a eso primero. Y entonces estarían traicionando a los suyos.

Es una pena: si el Govern estuviera dispuesto a reconocer que no puede llegar a la independencia y abandonara la rebeldía a la ley, solo en ese caso, podría llegar a una negociación en una posición de fuerza para lograr, si son pacientes, las mayores concesiones hechas nunca a Cataluña, no ya en una España federal, sino casi confederal. Los líderes de la Generalitat seguramente no se librarían de las condenas que les esperan, pero habrían hecho un servicio a su país mucho mejor que abocarnos a la confrontación.

Eso sí sería una puerta abierta como la que Puigdemont dejaba ver a su espalda en su mensaje televisado. Nos tememos que elija seguir los pasos de Companys.

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