El Gobierno crea 93 nuevos juzgados | Legal

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se crean un total de 93 nuevos juzgados con el fin de adecuar la planta judicial a las necesidades existentes y garantizar a los ciudadanos la efectiva protección de sus derechos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, a estas nuevas plazas hay que sumar las 16 de magistrado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de marzo para hacer efectiva la segunda instancia penal, de manera que la creación total para el año 2017 asciende a un total de 109 unidades. Se logra así una respuesta de carácter estructural a las necesidades generadas por una mayor carga de trabajo en determinadas zonas del territorio nacional, así como mejorar el tiempo de respuesta y reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.

En relación con la distribución concreta de los órganos judiciales de nueva creación, se establecen 46 juzgados de primera instancia, 21 de primera instancia e instrucción, cinco de lo penal, uno de lo contencioso-administrativo, siete de lo social, uno de vigilancia penitenciaria y seis juzgados de lo mercantil. Además, se dotan dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid para las secciones civiles 22ª y 24ª, especializadas en materia de familia.

La distribución por comunidades autónomas de las 93 plazas es la siguiente:

Juzgados

La transformación de los cuatro juzgados responde al objetivo de atender adecuadamente las necesidades específicas que plantea el volumen de carga de trabajo y ofrecer una mejor optimización de recursos materiales y personal. De esta manera, el Real Decreto transforma cuatro juzgados en una clase diferente:

juzgados

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Cláusulas suelo: El “negocio” de las demandas masivas: ¿son válidos los contratos entre abogado y consumidor? | Legal

La economía moderna y la globalización nos trae una nueva problemática derivada de que, en la contratación con consumidores, las empresas intentan racionalizar y estandarizar las operaciones, normalizándolas; lo que permite una contratación generalizada, con la consiguiente reducción de costos y la facilitación de las transacciones. En este entorno, la práctica ilegal o irregular de una empresa, afectará a múltiples personas, generando daños masivos. Los ejemplos son numerosos, como por ejemplo en el ámbito de las instituciones financieras con las “cláusulas suelo” o las preferentes. Por eso, en los últimos años, numerosos despachos de abogados han decidido captar a los consumidores perjudicados; muchos de ellos casi desconocidos, pero que no quieren abstenerse de participar en el “negocio” que supone la presentación de demandas de forma masiva.

La publicidad contenida en las páginas web de los despachos de abogados sorprende por su agresividad: “Más de 28.809 sentencias favorables ganadas con un 99 % de casos de éxito”; “miles de clientes han recuperado la totalidad de la inversión, sin ningún coste para ellos” (…). Es obvio que el particular afectado se siente atraído por el imbatible binomio de “total eficacia sin coste” decidiendo contratar los servicios de un abogado.

Esta nueva práctica de la abogacía que quiere acceder a un negocio millonario, nos debe hacer reflexionar sobre la bondad del contrato que vincula al consumidor perjudicado que acude a un despacho de abogados para solicitar sus servicios. Como veremos, este contrato arroja o genera muchas dudas o sombras.

Como punto de partida debemos tener en cuenta que el máximo intérprete de la legislación europea en materia de consumo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante una reciente sentencia de 15 enero 2015, precisó que los contratos de servicios jurídicos que no se negocian de forma individual, tal y como ocurre en la mayoría de los conflictos que determinan la presentación de demandas de forma masiva, son contratos entre un profesional (abogado) y un consumidor (cliente); contratos de consumo. Por ello, como el cliente se encuentra en una situación de inferioridad respecto del abogado, se le deberá otorgar la máxima protección, procurando que los contratos estén redactados de forma clara y comprensible para el consumidor, respetando la normativa especial en esta materia. Si no se hiciera de esta forma, el contrato podría contener cláusulas abusivas que serían nulas.

Condiciones de los contratos

La normativa especial es muy precisa cuando regula las condiciones que deben reunir los contratos de servicios con consumidores (información previa al contrato, contenido del mismo, derecho de desistimiento, etcétera); no obstante, nos vuelve a llamar la atención, comprobar que las páginas web que ofertan los servicios jurídicos para reclamaciones masivas suelen coincidir en las virtudes y eficacia de los servicios que se prestan, así como en el hecho de que no tienen coste para el cliente, o que sólo pagará si se gana el pleito. Realmente cuesta encontrar las condiciones concretas de la prestación de los servicios jurídicos atendiendo a las diferentes situaciones que se pueden generar con ocasión de un proceso jurisdiccional (la suspensión del mismo, su terminación mediante una negociación, entre otras).

Todo ello se deja en manos, en la mayoría de ocasiones, de un servicio de atención telefónica que se activa cuando facilitas los datos personales; sin saber con quién estás hablando ni la cualificación profesional que tiene tu interlocutor. Es obvio que esta forma de contratar despierta muchas dudas respecto de la claridad y comprensión de las condiciones de prestación del servicio tal y como exige la regulación especial sobre la materia; aprovechándose del hecho de que, al consumidor se le ofrece el resultado que busca de una manera sencilla; pero, sin que sepa si es la más adecuada.

Continuando en la línea de conocer cómo prestan los servicios los despachos de abogados especializados en demandas masivas, comprobamos que la mayoría hacen su “negocio” al establecer como condición a sus clientes, que cobrarán un porcentaje del dinero que pague la empresa a la que se le formula la reclamación; el famoso pacto de “quota litis”. Este hecho también choca frontalmente con las Recomendaciones que da la Unión Europea a los Estados miembros para unificar la regulación de las acciones colectivas derivadas de los daños masivos causados por las empresas, al infringir la normativa comunitaria en materia de consumo (Recomendación de la Comisión de 11 de junio de 2013).

En realidad, la Unión Europea pretende que se utilicen las acciones colectivas, por ser las más adecuadas frente a las infracciones que generan daños masivos (una demanda que engloba a numerosos consumidores). Por el contrario, los despachos de abogados a los que venimos refiriéndonos, plantean, de forma simultánea, múltiples demandas individuales, todas ellas similares, haciendo que nuestra organización jurisdiccional colapse. En este entorno de las reclamaciones colectivas o demandas masivas, la Unión Europea advierte a los Estados miembros, que deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales innecesarias o litigios abusivos; subrayando como medida concreta impedir como norma general, los “honorarios condicionales”, o lo que hemos llamado el pacto de “quota litis” (cobrar un porcentaje en función del resultado). De esta forma, comprobamos la existencia de otro aspecto cuestionable en la contratación de los servicios jurídicos, derivado de la fijación de los honorarios.

Debemos concluir volviendo al inicio del artículo o reflexión: la economía moderna, la globalización nos trae una nueva problemática que se verá acentuada con las transacciones realizadas en un entorno digital. En este nuevo ámbito, se está creando una práctica procesal nueva en la que destaca la protección que se le debe otorgar a la figura del consumidor. Todo ello, nos obliga a adaptar nuestros contratos de prestación de servicios, para que podamos seguir cumpliendo con el deber fundamental del abogado, como partícipe en la función pública de la Administración de Justicia, asesorando, conciliando y defendiendo en derecho los intereses que nos sean confiados. En ningún caso la tutela de tales intereses puede servir como excusa para realizar “negocios” que nos desvíen del fin supremo de Justicia a que la abogacía se halla vinculada.

 

Francisco José Peláez Sanz es abogado y director del Área de Derecho Procesal de Esade Law School. Universidad Ramón Llull.

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Despedir a un abogado que trabaja en un despacho no es tan fácil | Legal

Hace algo más de diez años, la necesidad de una normativa específica que regulase la relación de los abogados que trabajaban para despachos tuvo como resultado el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. Las características de la profesión y del tipo de relación que estos tenían con los bufetes dieron lugar a especificidades que, a la hora de aplicar la norma, han traído complicaciones, sobre todo a la hora de despedir a los abogados.

La exposición de motivos del Real Decreto define la relación laboral de carácter especial como aquella en la que “concurren las notas definitorias de las relaciones de trabajo por cuenta ajena, es decir, voluntariedad, ajenidad, retribución e inclusión en el ámbito de organización y dirección de otra persona que hace suyos los frutos del trabajo“, siendo imprescindible que se establezca una regulación específica y diferenciada de la de la relación laboral común que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores.

Así, esta relación laboral especial tiene una regulación específica. En materia de comunicación del despido, por ejemplo, la empresa tiene que celebrar un trámite de audiencia con el abogado, para que pueda realizar sus alegaciones. En un caso juzgado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJAN) del 11 de septiembre de 2014, el abogado despedido se acababa de reincorporar después de una baja. El mismo día de su vuelta tiene una discusión muy fuerte con un compañero que acaba en el cuartel de la Guardia Civil, lo que conlleva otra baja por un trastorno del ánimo.

Durante esta última baja el despacho decide prescindir de sus servicios, comunicándole el cese sin darle la oportunidad de realizar sus alegaciones. Este despido es considerado improcedente TSJAN porque “no cumple los expresados requisitos formales exigidos, lo que determina la calificación del cese como despido improcedente por falta de forma”. Al no cumplirse esa obligación legal, no puede el tribunal “entrar en el examen y valoración del comportamiento concreto imputado en el recurso”.

La importancia de la ajenidad

Si bien los abogados que trabajan para un despacho lo son por cuenta propia en muchos aspectos, la existencia de la ajenidad marca el tipo de relación entre el bufete y el letrado. Una abogada que había trabajado para un despacho de manera continuada durante más de tres años sin existir contrato escrito y recibiendo una retribución mensual acabó en los tribunales para reclamar la existencia de una relación laboral de carácter especial.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acabó dando la razón a la letrada porque cumplía los requisitos de dependencia, ajenidad y retribución, con permanencia y habitualidad. La sentencia, de 9 octubre 2015, aclara que la abogada “percibía una retribución mensual fija y constante con independencia del número y complejidad de los asuntos, por lo que la verdadera naturaleza de tal remuneración es la de salario de un trabajador y no la de honorarios de un profesional liberal”.

La pérdida de confianza

Una de las razones por las que se puede finalizar la relación laboral especial es la pérdida de confianza. El artículo 23 del Real Decreto establece la extinción del contrato de trabajo por las razones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores, a lo que añade la posibilidad de poner fin al contrato cuando se dé una quiebra de la confianza o cuando el abogado no desempeñe sus funciones con el nivel adecuado. La cuestión importante aquí es que hay que probar que se den estas causas, y lo debe probar el despacho.

Esto es lo que establece una sentencia de 13 de octubre de 2016 del Tribunal Superior de justicia de Madrid (TSJM), que declara improcedente el despido de un abogado que había tenido serios problemas con el despacho porque este último no había acreditado que fueran culpa del letrado. Como dice la sentencia, “no se constata ningún hecho que tenga su origen en la actuación profesional del actor o en su relación con los clientes, por el que se pudiera llegar a la conclusión de que se hubiera perdido la confianza por parte del director del despacho en al actor”, lo que implicaría la imposibilidad de despedir al amparo del artículo 23 del real decreto.

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Todas las claves del nuevo recurso de casación, un año después de su entrada en vigor | Legal

Un año después de la entrada en vigor de los nuevos criterios para la admisión de recursos de casación presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el balance es de 1.432 recursos analizados y una sentencia dictada. Además, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de recursos que contarán con sentencia de forma inmediata.

En estos doce meses, se ha pasado de la polémica y la incertidumbre a un escenario en el que ya empiezan a vislumbrarse las líneas de actuación del Alto Tribunal.

Normas de estilo para los escritos

La incorporación del concepto de interés casacional objetivo como nuevo criterio para la admisión de recursos ante la Sala Tercera del Alto Tribunal hizo prever la llegada de un aluvión de asuntos. Para limitar estos efectos, la Sala de Gobierno del Supremo decidió aprobar unas normas de estilo que hicieran más sencilla para los magistrados la gestión de los nuevos asuntos. En dichas normas se establecía el formato y la estructura de los escritos, así como la extensión máxima de los mismos, fijándose un tope de 50.000 caracteres con espacios -el equivalente a 25 folios-.?Estas medidas no fueron bien recibidas por los abogados, que rechazaron las limitaciones impuestas por el Alto Tribunal, al entender que restringían el derecho de defensa.

Problemas con el tamaño de la letra

Los efectos de las nuevas normas de estilo ya han tenido consecuencias. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó hace unos meses una resolución pionera en la que requería a un abogado del Estado que subsanase los defectos de su escrito de preparación del recurso de casación por no adaptarse a los criterios del Tribunal Supremo. Concretamente, en su escrito, no se había “utilizado para el texto como fuente ‘Times New Roman’ con un tamaño de 12 puntos, sino de 11,5 puntos”.

Primera sentencia

Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, en menos de un año, el primer caso tramitado íntegramente de acuerdo con la nueva regulación. Se trata de una sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. La resolución ha sido rápida, teniendo en cuenta que en 2016 la duración media de un procedimiento ante la Sala Tercera del Alto Tribunal era de 24 meses y 16 días.

Balance de datos

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde el 22 de julio de 2016 –fecha de entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales casi la mitad (1.432, el 48%) han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión. Los casos que han prosperado han sido minoría: tan sólo 245 autos de admisión (el 17% de los 1.432 analizados hasta el momento).

Menos casos de los esperados

Aunque todo hacía prever una avalancha de asuntos, lo cierto es que, un año después, algunos datos muestran que, al menos en los meses de 2016, no fue así. Durante ese año disminuyó en un 31,78% el número de asuntos ingresados en la Sala Tercera del Supremo respecto a 2015, según los datos que ofrece Jurimetría, la herramienta de analítica jurisprudencial de Wolters Kluwer.

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Los notarios piden que el legislador (y no los jueces) fije con claridad qué es lícito pactar en contratos de crédito | Legal

“El consumidor debe tener información sobre las cláusulas hipotecarias en una fase preliminar a la firma del préstamo para poder decidir”, declaró el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, en la inauguración del seminario Protección del consumidor en la contratación hipotecaria, que tiene lugar desde hoy hasta el próximo viernes en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Sobre la inminente aprobación del anteproyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, que transpondrá una directiva comunitaria sobre créditos inmobiliarios, Martínez Sanchiz señaló que “los notarios hemos propuesto soluciones para incrementar la transparencia que esperamos sean contempladas en el texto del anteproyecto. El Notariado quiere prestar una completa disposición y colaboración en la fase preliminar de la elaboración de los contratos hipotecarios”.

Nos encontramos en un punto de inflexión en matera hipotecaria. Hasta ahora habíamos presenciado cómo la contratación era masiva, en serie, con unas condiciones generales estándares; tras la crisis se detectaron fallos en el sistema y se ha pasado a una situación en la que el consumidor demanda una máxima transparencia para que la contratación sea más justa y eficaz”, apuntó el presidente de los notarios.

“Necesitamos que sea el legislador, y no los jueces, el que fije con claridad qué es lícito o no pactar en contratos de crédito con consumidores”, señaló el notario Manuel González-Meneses

La hipoteca es un producto muy técnico

“Está cada vez más justificado que en el momento de la contratación hipotecaria tenga una intervención relevante ese tercero independiente, imparcial y técnico de que disponemos en nuestro sistema jurídico, como es el notario”, señaló el notario Manuel González-Meneses en la primera mesa redonda del seminario.

La hipoteca es un producto muy técnico, muy sofisticado, muy beneficioso, pero que nos compromete también mucho patrimonialmente. Por eso, por su propia naturaleza, plantea un específico problema de transparencia, que con el tiempo y los cambios que estamos viviendo en la propia operativa bancaria se hace cada día más acuciante”, apuntó González-Meneses en la primera mesa redonda de este foro, titulada ‘Información al consumidor y transparencia material: el papel de bancos, notarios y registradores’.

González-Meneses propuso algunas medidas en aras de mejorar la protección del consumidor: “Para que el mercado hipotecario sea realmente más transparente, necesitamos que sea el legislador y no los jueces el que fije con claridad qué es lícito o no pactar en contratos de crédito con consumidores en las cuestiones sobre las que suscita conflicto. Asimismo, las propias entidades deberían adoptar voluntariamente clausulados mucho más simples, claros y equitativos, que deberían estandarizarse en el sector de manera que la entidad que no los emplee sufra un elevado coste reputacional”.

“Por último, debería existir una información fácilmente accesible online adaptada a lo que puede y debe entender un consumidor medio, pero sobre todo, independiente, objetiva y crítica sobre los clausulados que emplea cada entidad bancaria, para lo cual los más indicados podríamos ser los notarios, pero no necesariamente ni en exclusiva. De esta manera, datos que nunca han estado realmente en el mercado, sobre los cuales –por desconocimiento y por la propia falta de preparación- los consumidores nunca han podido ejercer su poder de elección, empezasen a ser tenidos en cuenta a la hora de optar por la hipoteca de una u otra entidad, haciendo posible el shopping, es decir la elección entre diferentes productos de diferentes fabricantes”, concluyó.

A los bancos no les interesa desahuciar

Javier Rodríguez-Pellitero, secretario general de la Asociación Española de Banca, apuntó que a las entidades financieras no les interesa que se produzcan ejecuciones hipotecarias o desahucios, ya que “suponen dotar provisiones y gastos, problemas con el alzamiento, etc.; en definitiva, el banco se convierte en propietario de una casa que no quiere, por ello se proponen alternativas como las novaciones, quitas, daciones o alquileres sociales”.

Sobre el nuevo anteproyecto, el representante de la banca, apuntó que “esperamos que contribuya a aclarar el panorama de inseguridad jurídica actual. Pedimos claridad desde el sector bancario y que no se apliquen retroactivamente normas actuales a situaciones anteriores, ya que los productos hipotecarios duran veinte o treinta años. No ha habido concesiones irresponsables de crédito, menos del 7% de la población desempleada tenía hipoteca”.

Rodríguez-Pellitero avaló con cifras la buena salud del sistema hipotecario español: “Ha llegado a haber 600.000 millones de euros de inversión internacional; la mora hipotecaria apenas superó el 6% en un pésimo escenario económico. Somos un país de propietarios, con un 80% de pisos propios frente al 70 de media en la UE, o al 50 en Alemania. Las inversiones inmobiliarias ascienden a los 4,6 billones de euros, mientras que los productos financieros suponen el 1,2%. Esto quiere decir que el sector bancario ha respondido de forma eficiente para dotar de acceso a la propiedad, con buenas condiciones de financiación –hasta un 80% del precio del inmueble- y de duración –llegando hasta los 40 años-“. Para el secretario general de la AEB el problema radicó en el crédito inmobiliario a promotores, “donde la mora superó el 40% y fue una de las principales causantes de la burbuja”.

Para concluir, Rodríguez-Pellitero, resaltó que “la actividad de los bancos ha estado muy sujeta a la regulación, la nueva directiva no aporta muchas novedades respecto a las normas de transparencia de las entidades financieras, que ofrecen desde hace más de veinte años una completa información precontractual: folletos informativos, ofertas vinculantes, guías del Banco de España, fichas de información precontractual y de información personalizada, simulaciones de tipos de interés, etcétera”.

Por su parte, Rosario Jiménez, decana del Colegio de Registradores de Granada, abundó en la protección registral del deudor hipotecario, vehiculada con “las calificaciones registrales de los préstamos hipotecarios y de las cláusulas abusivas y de vencimiento anticipado”.

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Sagardoy: “¿Por qué un abogado tiene que trabajar 13 horas diarias? Es un abuso” | Legal

Hace algo más de diez años entró en vigor el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la relación de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos. Esta norma cubrió la necesidad de dotar de un marco jurídico a aquellos letrados que no eran ni trabajadores por cuenta propia ni trabajadores por cuenta ajena con una relación laboral tradicional con los despachos para los que trabajaban.

Con motivo de este aniversario, y aprovechando que también se cumplen diez años de la publicación del primer Anuario de Práctica Laboral para abogados editado por Wolters Kluwer, se celebró una mesa redonda en la que participó el consejo de dirección de dicha publicación. Moderada por Salvador Rey, coordinador del Anuario y bajo el título “Diez años de la relación laboral de los abogados: balance y perspectivas”, se hizo un análisis del contexto en el que surgió, de las consecuencias que supuso y de las mejoras que necesita. Esta mesa contó los expertos abogados de Derecho Laboral Luis Enrique de la Villa, Juan Antonio Sagardoy, Federico Durán e Ignacio García-Perrote.

Todos coincidieron en que el mayor problema de la normativa ha sido la ausencia de aplicación en los pequeños y medianos despachos, incluso en algunos de mayor tamaño. Para Durán, el decreto “ha normalizado la situación en los grandes despachos pero en los demás no se aplica”. Comparte su opinión de la Villa, que valora la incidencia social del decreto como “pequeña”. Sagardoy destaca la falta de cumplimiento de las obligaciones, mientras que García-Perrote pone en relieve lo positivo, ya que “los grandes despachos han podido conservar su filosofía y su forma de trabajar gracias a la aplicación del decreto”.

Un camino lleno de problemas

Para Luis Enrique de la Villa, socio en Roca Junyent, “la aportación legislativa fue positiva en aquel momento problemático”. Sin embargo, cuando hizo balance de la aplicación durante estos años, fue más crítico, sobre todo en lo que concierne al derecho aplicable. Remitir a los convenios colectivos y después a la autonomía de la voluntad como derecho supletorio para la regulación de la relación especial de los abogados es para de la Villa un problema, ya que “no existe ningún convenio colectivo aplicable a los abogados” por lo que “se deja todo a la autonomía de la voluntad que, o juega o no juega”. Es por ello que abogó por “la admisión del desistimiento unilateral de la relación laboral por pérdida de confianza, sin obligación de causa aunque con la indemnización del despido objetivo”.

Más crítico en su análisis fue Juan Antonio Sagardoy, de Sagardoy Abogados, para el que el real decreto “dio seguridad jurídica en una situación caótica para miles de personas” pero tiene muchas cuestiones que mejorar. Puso especial interés en los incumplimientos de los despachos a la hora de cumplir las obligaciones: “¿Por qué un abogado tiene que trabajar 13 horas al día? Es un abuso absoluto.”. La solución pasa por “quitar la referencia al tiempo de trabajo del decreto y que sea libre”, ya que nadie lo respeta. Sagardoy entiende que la norma “dice cosas muy bonitas pero en la práctica no funciona”.

Federico Durán, de Garrigues, habló en primera persona de todo el proceso legislativo, en el que estuvo muy involucrado. “Se trató de una medida que vino a hacer frente a una situación de incertidumbre, que dio seguridad jurídica e instauró condiciones de igualdad”, dijo, aunque reconoció que “hubo una reacción de pánico” por el coste que podía suponer. Para Durán, sin embargo, “la respuesta fue equivocada, no hay que laboralizarlo todo”. Remarcó la necesidad de crear “una norma que regule la realidad actual, que no responda a regímenes laborales tan estrictos”.

Por último, intervino Ignacio García-Perrote, socio de Uría Menéndez, que destacó la “reticencia a la laboralización” que existía en Europa y que España desoyó. Sin embargo, consideró que la situación se va a mantener aunque prefiere que se dé un cambio en el que “sería preferible no introducir una normativa rígida, sino dejar a la negociación colectiva o al despacho que establezca un código de conducta”.

La presentación de los Anuarios

Además del Anuario de Laboral, que cumplía diez años, los otros tres correspondientes a la Práctica Fiscal, Mercantil y Contenciosa, también tuvieron su momento de protagonismo en una ceremonia celebrada en el Auditorio Rafael del Pino. Presentada por Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer, que agradeció la colaboración de 40 despachos de abogados, contó con la presencia de los coordinadores de cada uno de los Anuarios.

Salvador Rey, del Anuario Laboral, destacó que “los anuarios tienen memoria histórica” donde es “interesante ver la evolución de la doctrina del Tribunal Supremos”. Cree que nos dirigimos hacia una etapa más estable, “después de muchos años de incertidumbre”.

El coordinador del Anuario de Fiscal, Ricardo Gómez, destacó la “creciente litigiosidad, que se explica por los problemas económicos que se han vivido estos últimos años”. Reconoce que hay una creciente “preocupación por la permeabilidad del ‘softlaw’ en el ámbito fiscal.

Rafael Sebastián, coordinador del Anuario de Mercantil, fue mucho más optimista: “estamos volviendo a los tipos de operaciones anteriores a la crisis”, destacando una subida del número de operaciones que, además, son de compra de empresa. Aventuró que “vienejn operaciones de mayor tamaño”, reflejo de la mejora económica.

Por último, intervino Antonio Pipó, coordinador del Anuario de Contencioso, que extrajo algunas ideas de su colaboración. Para él, lo más importante es que “el arbitraje se está consolidando como forma de resolución de controversias”.

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Una quincena de bufetes se involucran en los litigios por el fin de Banco Popular | Compañías

La desaparición de Banco Popular, aprobada por las autoridades europeas en la madrugada del 7 de junio para su inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico, con la consecuente pérdida del dinero para sus más de 300.000 accionistas, se ha convertido en el asunto legal del año.

Según detallan fuentes del sector, una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

También presentó una denuncia el bufete Durán & Durán, que pone el acento en la relación laboral de Saracho con Santander, a quien se acabó vendiendo Popular, así como con JP Morgan, a quien encargó la venta de la entidad antes de su caída.

Aunque estos tres últimos bufetes compartieron impresiones, fuentes conocedoras del contacto subrayan que aunque no se descarta que sigan colaborando para allanar el terreno al litigio penal, sus planteamientos difieren y no se planteará una estrategia común.

También ultima una querella criminal la asociación de usuarios financieros Asufin, mientras que la asociación Adicae ha optado por recurrir la resolución del banco ante el FROB y la JUR.

Por su parte, el bufete Jausas armará demandas civiles para recuperar el dinero de inversores institucionales de Popular mientras que el despacho Ferrer-Bonsom & Sanjurjo lo hará para particulares. Destaca en la vía civil la plataforma constituida por el presidente de Naturhouse, Felix Revuelta, que ha puesto al abogado de la firma, Rafael Moreno, al servicio de una plataforma de afectados dispuestos a reclamar su dinero. También reclamarán por la vía civil varios fondos y bonistas de Popular, con el bufete internacional especializado Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan.

A partir de aquí, un puñado de bufetes más han sido fichados por los exresponsables de Popular para asesorarles en su estrategia de defensa y asistirles legalmente en caso necesario, como es el caso del despacho Choclán, contratado por Ron, o Alemany, Escalona & De Fuentes, para Reyes Calderón. En paralelo, Santander o PwC cuentan con sus propios departamentos legales.

Economía carece de estimaciones sobre los litigios

“No tenemos ni idea, en absoluto”, aseveró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre volumen e impacto de las denuncias y demandas que puede acarrear la resolución de Banco Popular, asegurando que el Gobierno no tiene estimaciones sobre cuántas podrían registrarse. A su llegada al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, celebrado ayer en Bruselas, Guindos instó a “no adelantar acontecimientos” sobre la repercusión judicial, recoge Efe. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo instaron el viernes a España a “vigilar de cerca” los riesgos de la adquisición de Popular por Banco Santander, entidad que ha reconocido el potencial riesgo de litigiosidad que acompaña a la absorción del banco fallido.

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Abogados que trabajan para abogados: ¿contrato laboral o mercantil? | Legal

El hecho de que los abogados sean profesionales liberales afecta a su modo de organizarse como profesión y, sobre todo, a las condiciones laborales de unos y otros, que a veces hacen que parezca que hay abogados de primera y de segunda.

El ejercicio de la abogacía puede desarrollarse por cuenta propia, como titular de un bufete, o por cuenta ajena, como colaborador de un despacho individual o colectivo. Además, los abogados pueden prestar servicios profesionales, en su calidad de letrados, para empresas o para la Administración con contratos en apariencia administrativos.

Tanto el Estatuto General de la Abogacía como el Real Decreto 1331/2006, que regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, señalan la posibilidad de una relación especial laboral entre abogados. Además, el Estatuto de los Trabajadores habla de una “presunción de laboralidad” cuando se prestan servicios retribuidos por cuenta ajena, dentro de la “organización y dirección” del empresario.

Hasta aquí todo claro. La teoría es impecable, pero ¿están claramente definidos los límites entre uno y otro régimen (laboral/mercantil)? La realidad es que muchas veces no lo están, pues son los tribunales los que deben decidir, a la vista delas pruebas aportadas, si nos encontramos o no ante una relación laboral o una mera colaboración de carácter mercantil.

El detonante para acudir a los tribunales suele ser el cese de la relación entre el abogado –contratado en régimen mercantil– y la entidad, el despacho o la Administración que decide prescindir de sus servicios. Es entonces cuando el letrado en cuestión acude a los tribunales por considerar que su relación es en realidad laboral y conseguir así que sea reconocida la existencia de un despido improcedente.

Ajenidad en los resultados, dependencia y retribución suelen ser las tres notas definitorias que contempla la jurisprudencia para considerar que existe una relación laboral. Sin embargo, cada caso es distinto y determinados datos que unos tribunales consideran definitorios para declarar laboral la relación, otros no le han dado una especial relevancia.

Cuestiones como dónde se trabaja (si el trabajo se realiza o no en el despacho propio o del empleador), a quién pertenecen los medios con los que se trabaja (el ordenador o el teléfono, por ejemplo), los horarios, una retribución fija o tener vacaciones pagadas son aspectos que pueden ser claves para considerar laboral una relación que formalmente es mercantil.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 19 de noviembre de 2007, consideró que el hecho de cobrar una iguala que obliga a llevar todos los pleitos no otorga naturaleza laboral al contrato. Se trataba en este caso de un abogado que fue contratado por un grupo empresarial para la defensa jurídica en los litigios en los que aquel fuera parte. No existía un horario preestablecido, aunque acudía a los locales normalmente los viernes. La empresa no le facilitaba ni secretaria ni despacho propio, ni tampoco teléfono u ordenador.

El nombre del contrato

Por otro lado, el nombre que las partes hayan dado al contrato no es definitorio. Esto ya lo dijo el Tribunal Supremo en una sentencia de 2005, cuando estimó que la relación entre un letrado y un instituto municipal era en realidad de carácter laboral. El abogado iba una vez a la semana al instituto a una hora fija, habitual de oficina, y se comprometía a asistir a reuniones del consejo de administración. Lo más importante para la sala fue que la dependencia respecto de la institución quedaba fuera de toda duda, pues el letrado dependía directamente del gerente, estaba sujeto a horario y disfrutaba de vacaciones anuales (pagadas). A todo ello se sumaba, además, que utilizaba los medios de la empleadora (el ordenador).

La prueba

En supuestos de servicios prestados por profesionales liberales la existencia de relación laboral debe ser acreditada por quien demanda. Así lo indicó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 22 de octubre de 2015, cuando consideró que la relación entre un abogado y una entidad a la que asesoraba legalmente era de carácter mercantil y no laboral. En esta ocasión, la actividad no se ajustaba a ningún horario y podía rechazar clientes y fijar honorarios.

A veces, la relación laboral aparece encubierta por una beca. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en sentencia de 7 de diciembre de 2016, concluyó que existía una verdadera relación laboral entre una abogada y el despacho para el que trabajaba. Fue cesada de su puesto por un error cometido al acudir a una vista del juzgado. El tribunal consideró que existía nota de dependencia en el sometimiento a una jornada y horario, en el lugar de trabajo y medios utilizados, lo que no se produce cuando la profesión se presenta como liberal. En el periodo cuestionado los ingresos que obtenía fueron bajo el concepto de “beca”, y la letrada no expedía facturas.

Relación laboral especial

Los tribunales han indicado que la actividad de un abogado que presta servicios para un despacho, individual o colectivo, tiene la consideración “forzosa” de relación laboral especial si se dan las notas de retribución, ajenidad y dependencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 7 de junio de 2016, determinó que existía relación laboral en un caso en el que varias abogadas prestaban servicios para la titular de un despacho mediante un contrato de “colaboración”. Cobraban una iguala mensual, emitiendo las correspondientes facturas, si bien todos los clientes que tenían eran del despacho de la titular y contaban también con los medios informáticos y apoyo administrativo. Además, seguían las consignas de su jefa.

Cuestión de detalles

Como hemos visto, detalles relevantes como la sujeción a horario y cuándo se entra y sale de las dependencias de la empresa pueden ser definitorios. Y lo vuelve a recordar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, en una sentencia de 5 de abril de 2016, no apreció la existencia de relación laboral en un supuesto que trataba el caso de un abogado que había suscrito un contrato mercantil para realizar una serie de trabajos (confección de nóminas, seguros sociales, etc.), y que además ejercía como abogado por cuenta propia.

Facturaba mensualmente en régimen de iguala y acudía al despacho con total libertad, sin sujeción a horario, utilizando el ordenador y útiles de oficina tanto para los trabajos de la empresa como para los suyos propios.

A tener en cuenta

  • El nombre que las partes hayan otorgado a un contrato no es un elemento determinante de su verdadera naturaleza.
  • Si los servicios prestados por un abogado para un despacho individual o colectivo contienen las notas de retribución, ajenidad y dependencia, estamos ante una relación laboral especial.
  • Normalmente, estos casos salen a la luz cuando se produce un cese en la relación entre las partes. El abogado afectado suele intentar demostrar que existía una relación laboral y no mercantil para que se declare el despido improcedente.
  • La prueba corre a cargo del letrado que reclama la laboralidad de su situación.

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Movimiento de fichas en el ‘Magic Circle’ londinense | Legal

En los años 90, un grupo de periodistas británicos emplearon por primera vez el término ‘Magic Circle’ para referirse a los despachos de abogados cuya facturación es superior, tanto en lo que se refiere a ganancias por abogado como a ganancias por socio, pertenecientes al sector jurídico del país. El requisito territorial para que un despacho sea tenido en cuenta en esta lista es que su domicilio social se encuentre en Reino Unido, estableciendo sus sedes normalmente en Londres. Actualmente y durante los últimos 15 años, los cinco que ocupan esta lista son Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters, Allen & Overy y Slaughter and May.

Esta lista inamovible ha sufrido un cambio inesperado: Linklaters ha superado a Freshfields, convirtiéndose actualmente en la segunda firma en facturación de Reino Unido. Los despachos han empezado a presentar sus resultados financieros y la sorpresa en el sector ha sido relevante. Hace una semana, Linklaters anunciaba un crecimiento de casi el 10%, de los 1.500 millones de euros (1.430 millones de libras) en el ejercicio 2015-2016 a 1.630 (1.310 millones de libras) en 2016-2017.

Gracias a estos buenos resultados, se ha dado un incremento del 7,8% en materia de reparto de dividendos entre los socios, sobrepasando por primera vez la cifra de 1,71 millones de euros por socio (1,5 millones de libras). Beneficiada por las fluctuaciones monetarias, como otras firmas, el hecho de que haya conseguido unos beneficios tan sorprendentes se debe a diversos factores. Según explica la publicación especializada ‘The Lawyer’, el efecto del Brexit no ha sido tan fuerte como se creía. A esto hay que sumar que las oficinas en Asia, pero sobre todo en Estados Unidos, concretamente en Nueva York y Washington, están funcionando muy notablemente.

De entre los cinco despachos del ‘Magic Circle’, el mayor crecimiento lo ha tenido Clifford Chance, con un 11%. Sus beneficios en este ejercicio han sido de 1.750 millones de euros (1.540 millones de libras), sobrepasando por primera vez la marca de los mil millones y medio de libras (1.710 millones de euros). A la cabeza de los despachos del ‘Magic Circle’, estos resultados afianzan su posición. El beneficio por socio también ha subido, desde los 1,4 millones de euros (1,23 millones de libras) hasta los 1,57 millones de euros (1,375 millones de libras) en 2016-2017.

La bajada de Freshfields

Tras la publicación de los resultados de Linklaters, Freshfields también ha hecho públicos los suyos, y no están nada mal. La firma también ha superado la cifra de 1,71 millones de euros (1,5 millones de libras) en el reparto de beneficios por socio, lo que es un acontecimiento único también. Este crecimiento es de un 5% en comparación con el ejercicio anterior, donde los socios recibieron la mayor contribución de todos los despachos del ‘Magic Circle’, con 1,67 millones de euros (1,47 millones de libras).

Los resultados totales, sin embargo, no han crecido de manera notable. El beneficio del despacho ha crecido un escaso 0,3% en el ejercicio 2016-2017, llegando a la cifra de 1.510 millones de euros (1.330 millones de libras). De hecho, esta firma también se ha beneficiado de los cambios en la moneda ya que, si se tradujera todo el beneficio del año anterior al tipo actual, solo mostraría pérdidas tanto en el beneficio total como en las retribuciones a los socios.

La batalla en la cima

Normalmente, todos los despachos que pertenecen al ‘Magic Circle’ permanecen en sus puestos, con crecimientos más o menos similares, al afectarles situaciones similares. En este ejercicio, por ejemplo, el Brexit o la victoria de Donald Trump, son algunas de las cuestiones que remarcan. Según la información que maneja The Lawyer, aunque aún no se ha publicado el ranking de los despachos más importantes por facturación en Reino Unido, ya que faltan los datos de las cuentas de 2016/2017, se puede adelantar que Linklaters ha superado a Freshfield, lo que le coloca como el segundo despacho más importante, siguiendo a Clifford Chance y seguidos Allen & Overy y Salugther and May.

Este año, el movimiento en el tablero ha tenido que ver con la pérdida de posición de Freshfields más que con el avance de Linklaters. Las finanzas del ahora tercer despacho del ‘Magic Circle’ llevan unos años subiendo y bajando, y tras la recuperación que tuvo lugar el ejercicio anterior, reconocen que ha sido un año un poco más complicado. A esto hay que sumar que han tenido varias salidas de grandes fichajes de las oficinas de Londres, lo que perjudica siempre las finanzas de una firma.

Por su parte, Linklaters está en un momento de cambio de estrategia global que comienza a dar sus frutos. Sin intención de expandir la firma, por ser el Brexit una época complicada que requiere una atención personalizada para los clientes, su objetivo actual es terminar de implantar los cambios iniciados. Además, el año que viene quieren invertir en innovación y en mejorar las relaciones con los clientes, involucrando a sus abogados  en la mejora de la firma.

Clasificación por beneficios

El ejercicio pasado, correspondiente a 2015-2016, y por primera vez, los 100 despachos de abogados más importantes en Reino Unido superaron entre todos los 20.000 millones de libras (22.800 millones de euros) en beneficios. En concreto, generaron 20.130 millones de libras (casi 23 millones de euros).

-Los segundos. Para clasificar los despachos por la cantidad de beneficio obtenida en un ejercicio económico, además del ‘Magic Circle’ con los cinco más importantes, existe el ‘Silver Circle’. Este está compuesto por seis despachos que también tienen como característica común haber sido fundados en Reino Unido.

-El ‘Silver Circle’ . Este grupo de firmas legales, cuyo nombre proviene de la prensa especializada, está compuesto por Ashurst, Berwin Leighton Paisner, Herbert Smith Freehills, King & Wood Mallesons, Macfarlanes y Travers Smith.

-Reparto de dividendos. La diferencia que existe con el resto de despachos británicos, es decir, aquellos que no están ni en el ‘Magic Circle’ ni en el ‘Silver Circle’, son las elevadas cifras que perciben los socios tras el reparto de beneficios, además de las retribuciones que reciben los abogados que trabajan para ellos.

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“Pese a un incremento del 5%, la inversión en justicia gratuita es inferior a la de hace un lustro” | Legal

La recuperación económica se nota en algunos sectores más que en otros. En el caso del servicio de asistencia jurídica gratuita también, aunque no de manera muy pronunciada. El crecimiento de la inversión ha sido solo de un 5% en 2016, hasta llegar a la suma de 238,9 millones de euros. Esto supone un aumento de casi 12 millones con respecto al año anterior, en el que se invirtieron 227.

Las razones por las que se ha producido este aumento se encuentra en la recuperación parcial de los recortes efectuados en los últimos años en los baremos que perciben los abogados, especialmente en Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además, el aumento de la inversión en el Servicio de Violencia de Género también ha contribuido a mostrar unas mejores cifras.

Sin embargo, este aumento es considerado “leve”. Según los datos presentados en el XI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita de la Abogacía Española y Wolters Kluwer, relativos a 2016, continúa creciendo la inversión después de muchos años de recortes. El Informe, que se presenta cada año, recoge las conclusiones extraídas de los más de 7.500 datos que presentan los 83 colegios de abogados del país. “Pese a un leve incremento en los asuntos de justicia gratuita, nos mantenemos aun en niveles de inversión inferiores a los de hace 5 años”, ha puntualizado Antonio Morán, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía (CGAE). Rosalina Díaz, presidenta de Wolters Kluwer, ha destacado el papel de la abogacía en la justicia gratuita: “Viendo los datos hay que reconocer que la justicia gratuita existe gracias a la implicación de las administraciones pero sobre todo de los abogados y de los colegios”.

135 euros por expediente

A pesar del aumento de las retribuciones, un abogado del turno de oficio cobra menos de 135 euros por expediente, es decir, por asunto, lo que se traduce en un aumento de menos de 5 euros respecto 2015. Esta cantidad se considera insuficiente ya que se trata de un “servicio fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos” que supone una inversión media al contribuyente de 5,13 euros al año. Apunta Victoria Ortega, presidenta del CGAE, que “no existe una elevación de las cuantías, simplemente una recuperación de lo que se había recortado”. “La necesidad de la justicia gratuita es incuestionable”, ha remarcado Ortega.

La importancia del turno de oficio se materializa en la división de la inversión, siendo este servicio el que más gasto genera al servicio de asistencia jurídica gratuita. Del total de la inversión, 163,7millones han sido destinados al turno de oficio, lo que ha supuesto un aumento del 5,7% comparado con 2015. Por su parte, el servicio de asistencia letrada al detenido también ha visto incrementado el gasto casi un 3%, con 44,8 millones de euros. El servicio de violencia de género, por su parte, crece en inversión un 3,6%, llegando a los 8,6 millones.

Más de 45.300 abogados

La participación en el servicio también ha aumentado en comparación con 2015. A 31 de diciembre de 2016 eran 45.348 los abogados españoles inscritos al turno de oficio, un 3,7% más que los que lo estaba un año antes (43.751). Esto implica que uno de cada tres abogados en España, que sumaban al acabar el año pasado 142.061 inscritos en los 83 colegios de abogados, prestan servicios de asistencia jurídica gratuita. De esos casi 45.350 abogados, se inscribieron también en la asistencia letrada al detenido 37.400. En el servicio de violencia de género, eran 20.200 a finales de 2016.

El número de asuntos tramitados por estos abogados en el servicio de asistencia jurídica gratuita durante el año 2016 asciende a 1.781.000. Esta cifra también crece respecto al año anterior. Los colegios de abogados se encargaron de remitir 808.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, que pueden generar varios asuntos. La comunidad autónoma con más asuntos tramitados es una vez más Andalucía con más de 397.000 expedientes que superan el 22% del total gestionado en todo el Estado. Cataluña se encuentra a continuación con 337.000 asuntos que suponen el 19% del total. De estos expedientes, se gestionaron 640.115 solicitudes de ciudadanos para tramitarlos por vía telemática a través del Expediente Electrónico, lo que supone un incremento de casi el 3% con respecto a 2015.

La tramitación de quejas al servicio de justicia gratuita ha sido reducida. Según Victor Morán “se han producido 5081quejas, lo que ha implicado que un 0,45% de los letrados que han llevado asuntos del servicio han sido objeto de un expediente sancionador. Es un dato muy favorable, ya que el número de disfunciones en esta materia es muy pequeño”.

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