Donde más cortas son las bajas laborales, más se toman | Mi dinero

En 2014, la vuelta a la creación de empleo trajo también consigo más gasto en prestaciones por incapacidad temporal (IT), aquellas que reciben los trabajadores que están de baja médica. Entre 2013, cuando este gasto marcó su mínimo desde antes de la crisis, el coste de las bajas laborales se ha incrementado un 36% hasta los 6.839 millones de euros al cierre de 2016.

Este aumento de gasto está justificado no solo por el incremento del empleo, que pone a un mayor número de personas en riesgo de baja médica, sino también por el crecimiento del número de procesos de baja, tanto de las causadas por enfermedad común como las provocadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y también por la mayor duración de las mismas.

En 2013 el sistema de Seguridad Social registraba una media mensual de 18,1 nuevas bajas médicas por cada 1.000 trabajadores protegidos y, en la actualidad, esta media se ha elevado a 24,1 procesos por cada millar de cotizantes al sistema de Seguridad Social, según los últimos datos oficiales de 2017 acumulados a junio.

Asimismo, la duración media de estas bajas –sin contar a los trabajadores autónomos– era en 2013 de 36 días, dos menos que en la actualidad.

Si bien la incidencia de estas situaciones de baja laboral es sustancialmente desigual en función de la comunidad autónoma donde resida el trabajador y el servicio regional de salud de otorgue las bajas y las altas y controle los procesos.

Así por ejemplo, en Navarra se inician más del triple de procesos de baja que en Extremadura. En concreto, los navarros registran 43 nuevas bajas mensuales por cada 1.000 trabajadores protegidos, frente a los 13 procesos que se contabilizan en Extremadura.

Sin embargo, las bajas de los extremeños duran de media actualmente 62,6 días, más del doble que en Navarra, donde el promedio de duración de estos procesos es de 24,3 días.

Un efecto sin causa

Según esto, el análisis regional de las bajas muestra un claro efecto: las comunidades que registran un mayor número de bajas médicas son aquellas en las que estos procesos de ausencia del trabajo duran menos días.

Y, al contrario, las comunidades donde los trabajadores inician menos procesos de baja son en las que las faltas al trabajo por enfermedad duran más tiempo.

Esta correlación se repite en comunidades como Galicia y Asturias que son, tras Extremadura, las comunidades donde los procesos de baja laboral duran más tiempo de media (60 y 55,8 días, respectivamente). Pero en este caso también, los servicios regionales de salud y las mutuas de la Seguridad Social en estas comunidades están entre los que menos bajas registran: 18 nuevos procesos al mes por cada mil habitantes; por debajo de la media nacional (24,1).

Igualmente, Cataluña es la segunda comunidad, después de Navarra, con más bajas laborales (34,3 procesos nuevos al mes por cada 1.000 cotizantes) y es asimismo la segunda región donde menos duran estas bajas (28,4 días de media).

Preguntados a los responsables, no existe ninguna explicación oficial que justifique por qué las comunidades con más número de trabajadores que inician procesos de baja cada mes son precisamente las que tienen bajas más cortas y viceversa.

Sin embargo, fuentes del sector atribuyen esta situación, y la fuerte disparidad regional en las situaciones de baja, a que todo de pende de cómo gestionen sus altas y bajas los servicios regionales de salud y las mutuas de la Seguridad Social presentes en cada territorio; e, igualmente, de cómo ejerzan el control de las prestaciones de incapacidad temporal. Asimismo, la existencia de más o menos listas de espera para las pruebas médicas alarga la duración de las bajas.

Estas mismas fuentes precisan que esta prestación “presenta algunas características peculiares que la convierten en más permeable al fraude y a servir como refugio inmediato ante circunstancias de la vida personal o laboral de los trabajadores”.

En opinión de estos expertos de la gestión administrativa del sector sanitario hay tres factores que llevan al uso indebido de la baja médica laboral como recurso económico (para cubrir cortos periodos de tiempo sin empleo) o como recurso social (cuidado temporal de familiares, por ejemplo).

Qué lleva al fraude

En concreto estos tres factores son: la inmediatez y la práctica automaticidad en el reconocimiento y pago de la prestación. En segundo lugar, que en la gestión de esta prestación intervienen numerosos agentes, como los servicios públicos de salud de cada comunidad; las mutuas colaboradoras y las propias empresas. Y, en último lugar, el hecho de que esta ayuda económica no suponga una gran merma en los ingresos habituales del trabajador, ya que incluso el 67% de los trabajadores protegidos por convenio colectivo ve completada esta prestación en caso de enfermedad común y el 75%, en caso de accidente laboral, según datos del Ministerio de Empleo.

Si solo se analiza las diferentes duraciones de las bajas, las cifras estadísticas arrojan que los procesos de incapacidad gestionados por las mutuas colaboradoras son algo más cortas que la duración media del sistema y sobre todo duran menos que las gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las gestionadas por las mutuas duran una media de 35 días frente a los 48,6 días de los procesos que lleva el INSS.

Esto no ocurre como pudiera parecer en un principio por una mejor gestión de las mutuas sino que tiene otra explicación. A partir del día 365 de una baja médica, el INSS es el único competente para reconocer más prórrogas del proceso. Por ello, al calcular el promedio de duración de las bajas que gestiona este organismo se tienen en cuenta todas las de duración de más de un año, lo que eleva al alza esta media.

Aún así, las mutuas colaboradoras aseguran que “si no emplearan técnicas de gestión propias de la esfera privada y actuaran bajo los mismos ratios económicos que la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Salud” los costes de la IT se dispararían en 12.500 millones.

Además, calculan que si pudieran dar el alta médica en las bajas por enfermedad común y destinar el 1% de las cotizaciones sociales por accidentes a labores preventivas, ahorrarían unos 5.000 millones al sistema público.

Algunas curiosidades

  • ¿Cuántos trabajadores están de baja? En junio pasado la Seguridad Social contabilizaba 15,5 millones de asalariados que estaban protegidos por el sistema de cotizaciones por contigencias comunes y profesionales. De estos, casi medio millón se encontraban de baja. Esto quiere decir que, como si de una foto fija se tratara, al finalizar el primer semestre de 2017, un 3,3% de los trabajadores inscritos en la Seguridad Social estaban de baja.
  • Los autónomos sí se ponen enfermos. En el colectivo de los trabajadores autónomos está muy extendida la idea de que no pueden permitirse estar enfermos y darse de baja. Los datos oficiales respaldan en parte este sentir, porque es cierto que el número de bajas por cada mil trabajadores protegidos es notablemente inferior al de los asalariados. Concretamente, se registran 9,5 nuevos procesos de IT mensuales por cada 1.000 autónomos que cotizan, frente a los 24 casos por cada millar de asalariados. Sin embargo, la duración de las bajas de los autónomos es de 91 días de media, más del doble que los 38 días de media que dura la incapacidad temporal de un empleado por cuenta ajena.
  • Mujeres y hombres. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social son las encargadas de gestionar el 75% de las bajas de los trabajadores que cotizan al sistema. Según los procesos gestionados por estas entidades, la duración de las bajas laborales de las mujeres era en junio pasado de 36,1 días de media, lo que supone tres días más que lo que duraban los procesos de incapacidad temporal de los hombres (33,6 días de media). La mayor diferencia por género se registró en Castilla La Mancha, donde las mujeres estaban de baja seis días más que sus colegas varones:44,3 días de media frente a 38,6 días.
  • Incentivos.Desde 2006 la Seguridad Social aprueba una partida de incentivos que suele rondar entre los 300 millones de euros anuales para incentivos a los servicios públicos de salud de las comunidades, para que mejoren la gestión y el control de las bajas laborales y el gasto en IT. Recientemente se han firmado estos convenios para 2017, lo que hace que en los últimos doce años se hayan destinado a estos incentivos más de 3.600 millones de euros.

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