El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución | Compañías

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

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Transparencia en la compensación a los minoritarios de Popular | Compañías

Acaba de empezar el proceso para que los accionistas minoritarios de Popular se acojan, hasta el 7 de diciembre, a la vía de compensación que les ha ofrecido Santander, el nuevo dueño del banco intervenido. El instrumento elegido para resarcir a quienes perdieron todo su dinero aquella madrugada del 7 de junio, cuando la Junta Única de Resolución dictó la intervención y venta del banco por un euro por su inviabilidad, es un producto complejo. Se trata debonos perpetuos que pueden venderse en el mercado secundario, donde de entrada cotizarían a un 70% de su valor nominal. La idea del banco es amortizarlos a finales de 2024; si no fuera así el interés subiría muy notablemente desde el 1% inicial hasta el entorno del 6%. En buena lógica, se amortizarán.

Santander ha emprendido esta compensación a los perjudicados por la crisis del Popular sin estar obligado a ello. Lo ha hecho por tres motivos:uno es claramente el reputacional. El segundo, no menos importante, es frenar una avalancha de acciones judiciales. Y el tercero es fidelizar a una clientela valiosa, la procedente de Popular. Son objetivos comprensibles para un banco que ha adquirido otro en situación crítica.

Los reveses judiciales recientes para la banca (cláusulas suelo, preferentes, salida a Bolsa de Bankia…) invitaban a la prudencia. También la presión de los reguladores hacia la transparencia de los productos que no se consideran aptos para el inversor minorista. A este respecto, Santander ha decidido aplicar al pie de la letra las recomendaciones de CNMV, que incluyen que el pequeño inversor escriba de su puño y letra que es consciente de que adquiere un producto complejo. En efecto es así, pero no estamos en un proceso de venta de un producto nuevo, sino una oferta de compensación sin otro coste que renunciar a reclamaciones futuras. En todo caso resulta positivo que se haya elegido el grado máximo de transparencia hacia el inversor.

Para la mayoría de pequeños accionistas, la solución que ofrece Santander será más atractiva que entrar en una vía de litigios que implica costes y se prolongaría en el tiempo con resultados impredecibles hoy. Las demandas de los grandes inversores (a los que no se ha ofrecido compensación alguna) van por otro camino, y se dirigen principalmente contra los órganos que intervinieron Popular, contra los antiguos gestores e incluso contra el Estado español, aunque podrían derivar en exigencia de responsabilidades para Santander. El desenlace de ese recorrido judicial es hoy incierto y, sobre todo, lejano. Muchos ahorradores preferirán, con buen criterio, el pájaro en mano.

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Santander comienza a compensar a 115.000 accionistas de Popular si renuncian a litigar | Compañías

Los clientes minoristas de Banco Popular que invirtieron en la ampliación de capital de la entidad en junio de 2016 pueden desde el 13 de septiembre iniciar los trámites para contratar un bono de Santander a cambio de las antiguas acciones del banco intervenido y que ya no valen nada. Eso sí, tienen que renunciar a emprender acciones legales contra la entidad para intentar recuperar por esta vía su inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado el folleto de Santander en el que detalla las condiciones para que los 115.000 pequeños accionistas que invirtieron en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de Popular realizada en junio del pasado año recuperen su dinero, o parte de él. Estos pequeños inversores, unos 95.000 de Popular y el resto en su mayoría de Santander (prácticamente todos con inversiones de menos de 100.000 euros), deberán suscribir los denominados bonos de fidelización de la entidad que preside Ana Botín, para lo que tendrán un plazo para hacerlo desde hoy y hasta el 7 de diciembre.

La fecha de entrega de los bonos de fidelización será “no más tarde” del 15 de diciembre de este año y su admisión a negociación tendrá lugar a partir del 15 de enero de 2018. Así, el primer pago de la remuneración se realizará el 15 de marzo del próximo año.

La CNMV advierte que los accionistas y tenedores de algunas emisiones de obligaciones subordinadas de Popular podrán reclamar estos bonos de fidelización sin tener que efectuar desembolso alguno, pero es necesario renunciar “irrevocable e incondicionalmente” a emprender acciones legales y reclamaciones contra Santander. Si ya se han iniciado, deberán terminarse.

De hecho, uno de los objetivos de esta iniciativa para compensar a los pequeños accionistas es fidelizar a estos clientes que a la vez son inversores, y evitar un daño reputacional si gran parte de los clientes optan por emprender medidas legales.

El supervisor bursátil también advierte de que los accionistas recibirán estas obligaciones a un valor razonable inferior a su valor nominal, ya que para consultoras independientes como AFI este valor razonable se sitúa entre el 69,73% y el 75 % del valor nominal, y entre el 68,16 % y el 71,30% para Intermoney. De esta forma, estos bonos se emiten “a la par al 70% de su valor nominal”. El folleto también recuerda que carecen de derechos políticos y ofrecen un interés del 1% durante los siete primeros años a contar desde el 15 de diciembre respecto a su valor nominal vivo. Su pago será trimestral.

A partir del 15 de diciembre de 2024 en adelante, y cada quinquenio, los bonos ofrecerán una remuneración ligada al interés de las permutas financieras –mid swap– a cinco año más un diferencial de 594,7 puntos básicos sobre el nominal vivo en cada período de remuneración. Ante este tipo de interés tan elevado lo lógico es que Santander amortice estos bonos inicialmente perpetuos, pero que cuentan con la posibilidad de ser amortizados voluntariamente a partir del séptimo año, año en el que el pequeño accionista recibirá ya el 100% de su inversión. La única garantía con que cuentan estos títulos es “la solvencia patrimonial” del Banco Santander, señala el folleto.

En el folleto también se avisa de que estos títulos podrían no ser remunerados por varias circunstancias. El folleto, además, aclara la fiscalidad de estos bonos, que tributarán en el IRPF a un tipo del 19% al considerarse una ganancia patrimonial, aunque puede compensarse este efecto impositivo con las pérdidas sufridas por la inversión en acciones.

Bankinter será el banco que garantiza la liquidez de estos contratos.

El importe de la oferta asciende a 981 millones de euros, correspondientes a 9,81 millones de bonos de fidelización de 100 euros de valor unitario. En el caso de que no todos los beneficiarios de la oferta acudiesen a la misma, el importe sobrante se podrá emplear en atender posibles solicitudes de otros clientes, de acuerdo con la entidad.

Pese a esta oferta, el coste máximo que asumirá el banco será de 680 millones de euros, que no tendrán impacto en la cuenta de resultados ni en el capital del grupo, pues ya se incluyó en el momento de la consolidación de Banco Popular.

Los nuevos títulos cotizarán en el mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF). Los interesados tendrán que mantener las acciones o las obligaciones subordinadas depositadas en algunas de las redes de Popular en España o del propio Santander.

El importe que recibirán como compensación dependerá de la inversión llevada a cabo, ya que Santander devolverá el 100% a quienes invirtieron hasta 100.000 euros, que se supone que son prácticamente todos los clientes y empleados; y el 75% a los que destinaron más de esa cantidad y hasta 500.000 euros.

Si se trata de inversiones superiores, hasta un máximo de un millón, la compensación será del 50%.

Otras claves de la iniciativa del banco

La entidad compensará, además de a los accionistas minoritarios en la ampliación de capital de Popular en junio del pasado año, a los clientes que adquirieron obligaciones subordinadas computables como Tier 2 de las emisiones del 29 de julio y del 14 de octubre de 2011 y las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Popular en España o de Santander en el momento de la resolución.

Quedan excluidos de esta denominada por Santander acción comercial tanto los miembros del consejo de administración de Popular hasta su resolución, como las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concretadamente, hayan tenido participación significativa declarada en la entidad.

Además de renunciar a emprender acciones legados, quienes deseen acogerse a este sistema de compensación tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial “equivalente” a la que tenían cuando compraron las acciones o las obligaciones subordinadas.

Los bonos se comercializarán a través de las oficinas de Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank y Popular Banca Privada, además de en Popular Portugal en el país vecino.

 

Pérdidas récord de Popular

Cuando Santander anunció sus resultados del primer trimestre el 28 de julio, su consejero delegado ya explicó que el grupo había realizado saneamientos en Popular superiores a los 12.400 millones de euros, por lo que las pérdidas de enero a junio de esta ya filial de Santander rondaría esta cifra, y así ha sido. Popular perdió entre enero y junio 12.218 millones de euros, cifra muy superior a los 35,4 millones de pérdidas de un año antes. Pero a estos números rojos, ya récord en su historia, hay que sumar otros 272 millones de euros de pérdidas de entonces su filial Banco Pastor (entre enero y julio de 2016 ganó 33 millones).

De esta forma, el grupo adquirido por Santander el pasado 7 de junio por un euro tras su intervención perdió 12.490 millones de euros, según los datos dados a conocer ayer por la AEB, frente a la idea de que estos resultados se conocerían a través de la CNMV, pero al no cotizar Santander ha preferido hacerlo así. Estas son las mayores pérdidas de una entidad financiera en España.

Los números rojos tienen su origen no solo en la caída del negocio, sino sobre todo en las provisiones de 10.600 millones de euros realizados en este periodo para sanear todo su balance. El margen de intereses de Popular (como entidad matriz) descendió un 15% tras sumar 734 millones de euros. Todos sus márgenes, de hecho, se han desplomado. El margen de explotación ha llegado a sumar unos números rojos de 3.967 millones (el año pasado sumó 47 millones positivos), como consecuencia fundamentalmente por las pérdidas de 2.739 millones procedentes de activos no corrientes, mientras que en provisiones había destinado casi 880 millones (el año pasado recuperó 72 millones).

La entidad tuvo que sumar pérdidas por deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociados por 4.535 millones y 741 millones por deterioro del valor de activos no financieros. Además, perdió 1.737 millones en “activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas”. En total, y según apuntó Santander en julio, los saneamientos de Popular se desglosan en 7.200 millones de euros destinados a sanear sus ajustes patrimoniales, 4.300 millones de euros ajustados en concepto de deducciones de capital (fondo de comercio, intangibles y créditos fiscales) y otros 700 millones de euros derivados de la acción comercial para compensar a los accionistas de Popular. Además, Santander aplicó un ajuste de 200 millones de euros en concepto de otros. Tras este saneamiento, Santander inyectó inmediatamente 7.000 millones de euros captados en su ampliación de capital.

Popular sufrió una fuga de depósitos de enero a junio de 18.552 millones. A cierre de año tenía 71.473 millones en depósitos a clientes, a junio eran de 52.921 millones.

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Santander gana atractivos en Bolsa | Mercados

Un año interesante para Banco Santander. La entidad prosigue con el proceso de digestión de Popular que le llevó a ampliar capital por 7.000 millones de euros. Una operación que cerró con éxito en julio. El banco presidido por Ana Botín registra una revalorización del 8% en lo que va de año pero las firmas de inversión creen que aún tiene recorrido. Así, el consenso de analistas recopilado por Reuters fija un precio objetivo a 12 meses de 5,96 euros, que implica un potencial de revalorización del 13%.

Lejos quedan, eso sí, los niveles registrados en mayo, cuando tocó los 6,26 euros por acción. La entidad ha recibido un espaldarazo por parte de Morgan Stanley, que ha elevado su precio objetivo de 6,2 a 6,8 euros por acción con una recomendación de sobreponderar, frente al consejo previo de mantener. Calificación que se sitúa solo por debajo de la de GVC Gaesco Beka, que tiene fijado su valor objetivo en 7,1 euros por título.

Según los analistas de Morgan Stanley, “el mercado está subestimando las sinergias de costes para Banco Popular y el potencial para reducir costes en EE UU, por la menor presión regulatoria”. De esta forma, calcula el informe que la entidad podría conseguir un ahorro de costes de unos 1.000 millones de euros en ambos mercados.

Desde Bankinter apuntan que la integración de Popular tiene a corto plazo un efecto en el aumento de la ratio de morosidad y un descenso de la tasa de cobertura, pero que califican de transitorio. Este departamento de análisis, que mantiene una recomendación de compra, valora positivamente algunas partidas del Santander como el resultado ordinario, la calidad crediticia y la solvencia. Además, destaca la diversificación de ingresos del banco (Europa genera el 51% del beneficio neto y América, el 49%). Con respecto a los resultados del primer semestre del año, desde Bankinter comentan que “sorprende positivamente en las partidas de ingresos, costes y provisiones”. También destacan el crecimiento del beneficio neto, que ha aumentado un 24,2%, y la buena evolución de los índices de calidad como la morosidad, la cobertura y el ratio que mide el beneficio neto en relación al capital tangible.

Por otro lado, la entidad planea desconsolidar de su balance activos no estratégicos de Popular –ya ha cerrado la venta del 51% de su negocio inmobiliario al fondo norteamericano Blackstone–, lo que sumado al posible cierre de oficinas, que Morgan Stanley señala entre 350 y 800 sin un impacto comercial significativo, supondría un ahorro de costes de entre 700 y 750 millones, por encima del objetivo inicial de Santander. Así, el informe considera que la contribución total de Popular podría ascender a 1.200 millones para 2020.

En esa misma línea, los analistas de Renta 4 Banco concluyen que “Santander cotiza a unos múltiplos razonables”, y su potencial mejora en España debido al proceso de integración de Popular y a la “materialización de sinergias no incluidas” en la operación de integración del banco.

Renta 4 Banco, con recomendación de sopreponderar los títulos de Santander, considera que los resultados del segundo trimestre de la entidad han superado las estimaciones. La casa de análisis recuerda además que la entidad espera que en España “las comisiones continúen registrando crecimientos a doble dígito”. Además, ve margen para mejorar en volúmenes y en calidad crediticia en Brasil, teniendo en cuenta que es la principal fuente de resultados, ya que supone un 32% del beneficio neto. Por último, en el mercado mexicano destacan los costes, ya que “estiman un coste del riesgo que puede aumentar por el incremento del negocio de las tarjetas de crédito y unos costes al alza a doble dígito durante los próximos dos años.”

Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, justifica la corrección registrada desde máximos por la entidad por “el enfriamiento en las expectativas sobre la ansiada retirada de estímulos del BCE –la entidad dirigida por Mario Draghi ha dejado para la reunión de octubre el arranque–”. El experto considera que “aunque los bancos están consiguiendo mantener ingresos vía cobro de comisiones, tienen complicado ser rentables con un euríbor en negativo durante tanto tiempo”. Por otro lado, explica que la subida del euro –la divisa escala un 14% en el año– tampoco les ha beneficiado. El experto muestra su cautela sobre el valor: “Apostar por Santander en estos momentos es arriesgado. Creo que sí puede ser interesante con una visión a largo plazo, una vez la situación de los tipos de interés se normalice. Mientras tanto, pensamos que será capaz de mantener su dividendo, que a estos precios ofrece una rentabilidad del 3,5% anual”, concluye.

 

Las claves

Recomendaciones. Los analistas de la plataforma Reuters recomiendan mantener en su mayoría –concretamente, son 13 los expertos que han emitido esta opinión–. En el lado de la compra se encuentran 13 analistas, y solo 3 recomiendan vender. El precio objetivo que barajan es de 5,96 euros.

 Adquisición. Las primeras medidas que ha tomado Banco Santander tras la adquisición de Popular han sido la revisión de acuerdos y joint ventures, con la recompra del 51% de la inmobiliaria Aliseda.

Reclamaciones. Santander tiene pendiente la resolución, a largo plazo, de posibles demandas por la resolución de Popular. Morgan Stanley considera que los costes legales de la absorción pueden ascender a un máximo de 1.700 millones de euros, pero considera que la mayor parte quedarán cubiertos con la oferta promovida por Santander para compensar a los minoritarios de Popular.

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Becas, un empujón para tu economía | Fortuna

Tras la implantación del Plan Bolonia y del sistema de grados en 2010 apareció también la enseñanza superior de posgrados, dividida en másteres y doctorados. No es obligatorio cursarlos, a excepción de los habilitantes, aquellos másteres necesarios para poder ejercer algunas profesiones como abogado, profesor de secundaria, psicólogo, capitán y jefe de máquinas de marina mercante, arquitecto e ingeniero. Aportan un conocimiento especializado que dentro de los grados universitarios no llega a impartirse y que muchas empresas exigen en sus ofertas de empleo.

Poder cursarlos implica un desem­bolso económico que varía según la comunidad autónoma. El informe ¿Por qué precios tan distintos?, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), recoge que los costes pueden variar de uno a otro en más de 1.000 euros. Los másteres habilitantes suelen ser más económicos, pero aun así encontramos universidades públicas en las que la matrícula anual ronda los 5.000 euros. Es el caso del máster en Abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid.

Por regla general, Cataluña y Madrid son las comunidades más caras para todo tipo de posgrados. Con un precio fijo, todos los habilitantes públicos en Cataluña tienen un coste de 2.470 euros, y de 3.952 euros para el resto. Al otro lado, los másteres habilitantes de Castilla-La Mancha, Cantabria y la Comunidad Valenciana no alcanzan los 1.000 euros. Unos precios que suben en los centros privados.

Con el fin de dotar a todos los estudiantes de las mismas posibilidades y poner a su alcance una especialización, empresas y organismos ofrecen anualmente su concurso de becas. Aunque actualmente casi todas están cerradas, es bueno conocerlas para acceder a ellas en la próxima edición.

Iberdrola lleva desde 2010 entregando becas para másteres en Energía y Medio Ambiente en Estados Unidos, Reino Unido y España. Algunas de las universidades en las que se pueden cursar son la Politécnica de Madrid, la de Valencia, la Autónoma de Madrid y Barcelona, ICAI, la Complutense, Cambridge, Maine, Oregón o Rochester. Para el curso 2017-2018 se ha becado a 147 alumnos, de los que unos 70 son españoles. Entre los requisitos de solicitud se exige como mínimo haber obtenido un 7 sobre 10 de media en el grado. Las dotaciones económicas varían según el país. Todas incluyen el coste íntegro de los estudios y una dotación mensual de 1.200 durante nueve meses en el caso de España, y de 1.580 euros y 2.000 euros en Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente, durante 12 meses. Además, para Estados Unidos también se incluyen 1.500 euros de gastos del viaje.

El coste del curso se puede cubrir en parte o en su totalidad, y también hay aportaciones para desplazamientos

Las propias universidades o escuelas de negocios también suelen ofertar plazas becadas o ayudas a la matrícula. Así, a través de su programa Impulsa, ESIC facilita el estudio de los programas de su centro con ayudas económicas que pueden llegar al 20% de la cuantía, según el colectivo al que pertenezca el estudiante. Los antiguos alumnos se pueden beneficiar de hasta un 10%; los desempleados de más de 27 años y los recién titulados de menos de 25, de un 20%, y el público en general, de hasta un 15%. Por su parte, la Universidad San Francisco de Vitoria llega al 50% del coste de sus posgrados para aquellos alumnos que hayan conseguido un nueve de media en los estudios de acceso al máster y al 10% para el resto.

Salir al extranjero

Estudiar un posgrado en el extranjero en un centro de prestigio es de gran valor para la formación del estudiante y para su futuro currículo, pero conlleva unos 40.000 euros anuales de media, y a este coste se deben sumar los gastos de traslado, alojamiento y manutención. Para ello, existen becas específicas de movilidad. La Caixa oferta una de las de mayor cuantía económica al cubrir los gastos académicos al completo y una dotación económica extra mensual dependiendo del país de origen, además de dotación para los costes del traslado e instalación en el país, aplicación a las universidades, visados, seguros de enfermedad y accidentes, entre otros gastos. Anualmente concede 55 becas para estudios en Estados Unidos y Canadá y para la zona de Asia-Pacífico. Su convocatoria se terminó en abril.

Además, para el curso 2017-2018 cerró en febrero la convocatoria de 65 becas para estudios de posgrado en las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Contempla todas las áreas de conocimiento y consiste en el pago íntegro del programa, con una dotación económica mensual diferente según el país de destino. Dentro del mundo bancario, el Grupo Santander también cuenta con diferentes ayudas y becas. Solo en la pasada edición se concedieron 1.586 a estudios de posgrado en España.

Desde hace 12 años, Mutua Madrileña lleva ofreciendo a los hijos de sus mutualistas, con al menos 20 años de antigüedad, la posibilidad de optar a un plan de becas dotado de 12.000 euros anuales, por un periodo máximo de dos años, para estudiar un máster o un doctorado fuera de España. En esta edición, uno de cada tres candidatos ha elegido Reino Unido, mientras que Alemania y Holanda, con un 12,5% de las solicitudes, han sido los siguientes países más populares. Los posgrados que estudiarán los becados cubren todas las ramas, desde la Historia, hasta la Biotecnología o la Administración de Empresas.

Ayudas a la inclusión

Fundación ONCE, en su objetivo por integrar en puestos cualificados a personas con discapacidad, ha puesto en marcha su cuarta edición de Oportunidades al Talento, un programa de becas por el que se concederán 20 ayudas de 3.000 euros a estudiantes que quieran cursar un posgrado. Además, también concederá 20 ayudas de 6.000 euros para la movilidad, con el fin de fomentar la presencia de alumnos con discapacidad en universidades extranjeras. El plazo de inscripción cierra el 3 de octubre.

Por su parte, Banco Santander ha puesto en marcha una iniciativa para accionistas y familiares de accionistas, hasta segundo grado, mediante la concesión de ayudas económicas a estudiantes universitarios con discapacidad para que puedan acceder y progresar en su formación académica universitaria. La convocatoria se cerrará el 23 de octubre y tendrá una dotación económica total de 35.000 euros.

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La CNMC autoriza a Popular a recomprar el 51% que no controla en Aliseda | Compañías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la adquisición del 51% que Popular, propiedad de Santander tras su resolución, no controla en Aliseda a los fondos de capital riesgo Värde Partners y Kennedy Wilson Holdings.

La recompra de Aliseda se cerró a finales de junio por 180 millones de euros y está previsto que se cierre en el tercer trimestre del ejercicio.

No obstante, Santander traspasará el 100% del capital de Aliseda a una nueva sociedad, que se encargará de gestionar el ladrillo de Popular y que estará participada en un 51% por Blackstone y en un 49% por Popular, en el marco del acuerdo alcanzado por ambas entidades a principios de agosto.

La nueva sociedad contará con activos inmobiliarios con un valor bruto contable de 30.000 millones de euros, si bien la valoración de estos activos en España es de 10.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta esta valoración, Blackstone desembolsará por unos 5.100 millones de euros por la participación de control en la nueva sociedad, aunque esta cifra está sujeta a cambios en función de los ajustes que se realicen de cara al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2018.

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Presentan la primera demanda civil por el colapso de Popular | Mi dinero

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popular, intervenido el pasado junio y vendido por un euro simbólico a Banco Santander dejando sin dinero a sus accionistas y bonistas, presenta un nuevo frente.

Por primera vez, una firma particular ha presentado una demanda civil reclamando el dinero que invirtió en la entidad en la ampliación de capital que Popular celebró en junio de 2016, más los intereses generados desde entonces.

En concreto, solicita que se le abonen 9.996 euros. Su abogado, Felipe Izquierdo, que acompañó a la organización de consumidores OCU en la querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional contra la cúpula del extinto banco, considera que la vía civil es compatible con la penal.

Así ocurrió, recuerda, con el caso Bankia, donde el Tribunal Supremo ya ratificó que salió a Bolsa utilizando información no veraz en un procedimiento civil que devino en un proceso de devolución generalizada a los inversores particulares, mientras que el juicio oral por la causa penal está pendiente de abrirse.

Izquierdo considera probado que Banco Popular amplió capital, por 2.500 millones de euros en junio de 2015, utilizando también información que no era fiable, como demostraría la propia comunicación de Popular a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado abril, informando de errores en las cuentas del ejercicio anterior.

Los argumentos de la demanda

“En el folleto de la ampliación, el Banco Popular estima unas pérdidas para el ejercicio 2016 por importe de 2.000 millones de euros, cuando lo cierto es que las pérdidas a 31 de diciembre de 2016 recogidas en la memoria del ejercicio, ascendieron a 3.485 millones de euros, es decir, existió un resultado manifiestamente contrario al publicitado en el folleto, elevándose el desfase en nada más y nada menos que en 1.485 millones de euros (un 75% más), pudiendo concluirse por tanto que los datos económicos publicitados en el folleto eran como mínimo gravosamente inexactos”, recoge la demanda, al a que ha tenido acceso este diario.

“Si lo anterior fuera poco, que desde luego no lo es, resulta que en fecha 3 de abril de 2.017, el Consejo de Administración del Banco Popular comunica a la CNMV un Hecho Relevante en el que reformulan las cuentas de 2.016 ahondando en mayores pérdidas y desvelando otra serie de importantes irregularidades”, prosigue el documento, recordando que la entidad evitó pese a todo reformular las cuentas del año anterior.

La “reformulación las nuevas cuentas las tendrían que firmar el nuevo presidente y sus nuevos consejeros y desde luego, el señor Saracho por nada del mundo quería asumir futuras responsabilidades (civiles y/o penales) de su antecesor en el cargo señor Ron (12 años de presidente)”, argumenta.

Las circunstancias de la compra

La demandante es una pequeña empresa dedicada al reciclaje de residuos “que en 11 años de existencia jamás había adquirido acciones de clase alguna”, reza el texto remitido al juzgado. Sin embargo, al acudir a su sucursal de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) a solicitar un crédito de 100.000 euros para la compra de un camión, asegura la demanda, “tanto el comercial como el director de dicha oficina bancaria le exponen la conveniencia de suscribir acciones de la ampliación de capital”.

Como resultado, la demandante adquirió 6.630 acciones de Banco Popular el 20 de junio de 2016, con un coste de 8.287,50 euros, al que hay que añadir 1.709,32 euros correspondientes a la compra de derechos realizada el 7 de junio de 2016. En total, 9.996,82 euros que reclama, por vicio en el consentimiento, junto a los intereses generados y las costas

Otras vías judiciales en marcha

La demanda civil presentada será previsiblemente la primera de muchas. En opinión de Izquierdo, es el camino más fácil y rápido para aquellos que acudieran a la ampliación de capital de Banco Popular de junio de 2016, mientras, aduce, que los accionistas más antiguos deberán esperar a ver si la investigación que pueda abrirse por la vía penal demuestra irregularidades anteriores a la del folleto de aquella operación.

El propio Izquierdo, de la mano de la OCU, ha presentado una querella criminal contra le excúpula de Popular en la Audiencia Nacional, medida que permite interrumpir la prescripción para las reclamaciones, expone.

En paralelo, la asociación de accionistas minoritarios Aemec, representada por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, o el despacho Durán & Durán, también emprendieron actuaciones por la vía penal. 

Más allá, esta misma semana trascendía que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha comenzado a aceptar los recursos presentados por accionistas de Banco Popular. Para Izquierdo, esta última es la principal alternativa para los grandes inversores de la entidad, aquellos que no podrán alegar que desconocían la situación real de la entidad o que debían fiarse únicamente de la información del folleto.

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La UE admite 51 demandas contra la JUR por la resolución de Popular | Compañías

Demandas contra la  Junta Única de  Resolución(JUR)

1. Jarabo Sancho and Jarsan Centro de Gestion

2. Mutualidad y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social

3. Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

4. Fidesban y Otros

5.SFP Asset Management y Otros

6. Garriga Sadurní y Martí Fonts

7. Sánchez Valverde e Hijos

8. Olarreaga Marques y Saralegui Reyzabal

9. Gestvalor 2040 y Otros

10. Hernandez Diaz

11. Nap Innova Hoteles

12. Folch Torrela y Otros

13. Taberna Angel Sierra y Otros

14. Ruiz Jayo y Otros

15. Claudio Waisman y Otros

16. Ballesté Torralba y Otros

17. Blasi Gómez y Otros

18. López Campo y Otros

19. Promociones Santa Rosa

20. Coral Venture

21. Asociación de Consumidores de Navarra “Irache”

22. Jess Liberty

23. Imabe Iberica

24. Afectados Banco Popular

25. Maña y Otros

26. González Calvet

27. TW and Otros

28. Liaño Reig

29. Gayalex Proyectos

30. Molina García

31. Inversiones Flandes y Otros

Demandas contra la JUR y la Comisión 

32. Algebris (UK) y Otros

33. Comercial Vascongada Recalde

34. García Suárez y Otros

35. Sánchez del Valle and Calatrava Real State 2015

36. Álvarez de Linera Granda

37. Esfera Capital Agencia de Valores

38. Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España

39. Ruiz Sacristán and Arias Mosquera

40. Estévez Puerto y Otros

41. Inverni y Otros

42. Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa

43. Financiere Tesalia y otros

44. Cartera de Inversiones Melca y Otros

45. Del Valle Ruiz y Otros inversores

46. Corra González y Otros

47. OCU and Otros

48. Imasa, Ingeniería y Telecomunicaciones

49. Gruas Roxu

50. Iccrea Banca

51. Eleveté Invest Group y otros

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Visitar el banco cada día es más caro | Mi dinero

La banca electrónica hoy en día es una realidad arrolladora. Los bancos facilitan cada vez más la realización de operaciones a través del móvil, ordenadores y cajeros. Las entidades mantienen sus servicios de forma física, para que los clientes puedan acudir a la sucursal financiera a realizar sus operaciones y transacciones, aunque el sector esté inmerso en un proceso de reducción de red que abarate los costes. De hecho, la banca se esfuerza en dirigir al cliente hacia la operativa online y en desalentar la operativa en sucursales. Así, una visita a las oficinas revela que numerosos bancos realizan recargos solo por el hecho de ingresar dinero en una cuenta que no sea la propia, además de establecer horarios muy limitados para la operativa más básica.

Para realizar un ingreso en una cuenta que no sea la propia en una de las sucursales de la entidad, el cliente debe abonar cinco euros. Para hacer un cobro de recibo, solo se pueden realizar de forma física los martes, miércoles y jueves, desde las 11.30 de la mañana hasta las 14 horas. Y solo entre los día 11 al 24 de cada mes.

Al acudir al banco para hacer un ingreso en una cuenta ajena, en caso de querer añadir un concepto, se debe abonar un recargo de 10 euros. Sí no se añade concepto, la operación será gratuita. Hacerla en el cajero automático, con concepto o no, no tiene ningún coste extra. El cobro de un recibo no tiene coste alguno.

Cobra una comisión de cinco euros por la realización de un ingreso en una cuenta ajena.

Los clientes no encontrarán restricción de horarios, pero sí un recargo de dos euros al realizar cualquier operación en oficina. Se pueden realizar estas gestiones en el cajero automático sin ningún coste extra.

En la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri realizar ingresos en una cuenta distinta a la propia en los mostradores de la sucursal no tiene coste para los clientes. En lo relativo al cobro de recibos, hay oficinas en las que no se da la opción de realizar el cobro en la caja, solo se puede hacer a través del cajero automático. Las sucursales en las que sí se tramita de forma física el cobro de recibos, tienen un horario restringido por las mañanas para la realización de estos, salvo en las oficinas ágiles, que cierran a las 18:00 horas.

Si un cliente quiere hacer un ingreso en una cuenta que no sea la suya a través de la caja de una sucursal, no tendrá que abonar un importe extra. Si no es cliente de la entidad, la operación tendrá un recargo de dos euros.

Si los clientes acuden a una sucursal a realizar gestiones en caja, deberán hacerlo antes de las 11 de la mañana, ya que en caso de pasar este límite horario, las operaciones solo se podrán realizar a través del cajero automático. La entidad no cobra a sus clientes por hacer un ingreso en una cuenta que no sea la suya. Para cobrar un recibo, los usuarios deben acudir el martes o el jueves de 8.30 a 10.30 de la mañana.

El banco malagueño no cobra a sus clientes por la ejecución de ninguna de estas operaciones.

Por otro lado, en las transferencias, la comisión está bastante igualada. Sí hay diferencias en cuanto a la cantidad de transferencias sobre las que se aplica recargo.

A quienes no tienen nómina domiciliada, Bankia cobra por una transferencia online un recargo del 0,51%, que aplica en el 0,03% de las transferencias. Caixabank cobra un extra del 0,52% en las transferencias online, pero en cambio, aplica este coste en el 19,96% de las transferencias realizadas, según datos del Banco de España. Los costes suben si la transferencia se realiza de manera física. En este caso, el porcentaje en Caixabank es el 0,38%, pero cobra esta comisión en el 46,81% de los casos. BBVA es quien más veces lo aplica. Con un extra del 0,42% en las transferencias físicas, hace uso de este en el 53,3% de las transferencias.

Los españoles, los europeos que más veces van al banco en el año

Una encuesta publicada por el servicio digital de envío de dinero Azimo revela que los españoles son los europeos que más veces acuden a su sucursal más cercana en el año, reflejo de la amplia red de oficinas bancarias en nuestro país.

Un 41% de los usuarios españoles afirman esperar entre 15 minutos y una hora para realizar sus gestiones en sus entidades bancarias mientras que esta cifra se reduce al 15% en el caso de los británicos y al 14% en el caso de los alemanes.

El 20% de los españoles afirma visitar la sucursal de su banco más de 10 veces al año y solo un 8% segura no pisar nunca de manera física su banco.

Por su parte, el 26,5% de los ciudadanos alemanes y el 22,30%de los británicos confirman no visitar nunca sus bancos para realizar gestiones.

Los últimos datos del Banco de España muestran que el número de cajeros automáticos que hay en territorio español ha descendido un 20%desde 2008. Desde entonces, ha retrocedido en 12.332 terminales.

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ING acelera la busca de socios en cajeros ante los cambios del acuerdo con Popular | Compañías

Santander ultima el nuevo escenario que estará vigente el próximo año sobre las comisiones que aplicará Popular a los clientes de ING y de otros bancos pequeños cuando saquen dinero de los cajeros automáticos de la ahora filial del gigante que preside Ana Botín. Ante este nuevo escenario que pasa por el cobro de comisiones, ING también pretende cerrar antes de finales de año otros pactos.

Una de las principales alternativas que persigue el banco de origen holandés es ampliar su acuerdo con Bankia. Los clientes de ING no pagan comisiones al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri siempre que saquen más de 90 euros de sus cajeros. El objetivo es bajar este mínimo para que sus usuarios no tengan que abonar por este servicio.

Varias fuentes financieras aseguran que Santander ha comunicado al banco naranja que romperá el actual pacto firmado en septiembre de 2015 entre Popular e ING, al que meses después se unieron otras pequeñas entidades para que sus clientes pudieran retirar efectivo de sus cajeros sin coste alguno ante la falta de terminales de este grupo de instituciones. Aunque no se descarta que se llegue a otro pacto alternativo.

La compra de Popular por parte de Santander el pasado 7 de junio revolucionó no solo el mapa financiero del país, sino el de otros sectores dependientes de la banca, como es el caso de las tarjetas de pago y el de los cajeros. Supuso la reapertura de la guerra de las comisiones de los cajeros cerrada inicialmente tras la aprobación por parte del Gobierno a finales de 2015 de un decreto que regula sus tarifas.

El acuerdo firmado entre Popular e ING, Bankinter, Banca March, Deutsche Bank, Evo Banco, y el grupo Caja Rural, Cajamar y Laboral Kutxa tiene aún unos meses de vigencia, hasta finales del presente ejercicio, apuntan fuentes financieras, quienes añaden que no será hasta entonces cuando Santander aplique las nuevas tarifas que regirán en los cajeros de Popular, y que ascienden a 2.400 terminales.

Pese a ello, todas las pequeñas entidades han comenzado a buscar soluciones a la espera de posibles alternativas que les pueda ofrecer Santander.

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, declaró en la rueda de prensa de los resultados correspondientes al primer semestre del año que el banco estaba en negociaciones con la sociedad Euro Automatic Cash (EAC), participada en un 50% por Popular y un 50% por Crédit Mutuel, que es al final la dueña de los terminales de la entidad que ahora preside Rodrigo Echenique. El objetivo es cerrar la compra del 50% que posee la firma francesa y así Santander poder disponer de esta red de cajeros libremente, aseguran otras fuentes.

Álvarez también señaló en la rueda de prensa que el proyecto de Santander con Popular es “ir a la marca única”. Estas declaraciones han sido interpretadas por el sector como una clara afirmación de que al adoptar la red de Popular la marca Santander, sus cajeros aplicarán las mismas comisiones.

Ahora el gigante bancario español cobra 1,85 euros a los no clientes por sacar efectivo de sus terminales. Además, no mantiene acuerdos con otras entidades. La misma estrategia siguen BBVA y CaixaBank, esta última la impulsora del cobro de las comisiones en los cajeros. Los tres grandes, con 23.585 máquinas (sin Popular), cobran entre 1,85 a 2 euros a los no clientes por extraer efectivo de sus terminales.

Fuentes oficiales de ING aseguran que en la actualidad no hay cambios sobre la oferta que tenemos en cajeros”. Recuerdan que el banco cuenta con acuerdos para que sus clientes puedan extraer efectivo en más de 44.000 cajeros (Popular, Targobank y Banca March gratis para cualquier importe y as partir de 90 euros en Bankia y Bankinter). A los que se suman los 3.500 puntos de extracción disponibles a través de Twyp Cash (sus clientes pueden sacar dinero de los supermercado Dia, y gasolineras de Shell y Galp). El consejero delegado de ING en España, César González-Bueno, explicó en junio que romper el acuerdo de Popular “supondría restringir la competencia”. La CNMC analiza el efecto de la venta de Popular en el uso de cajeros.

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, explicó en julio que están buscando “alternativas que igualen o mejoren” el acuerdo con Popular. “Somos conscientes del problema que aparece con la desaparición de Popular y tenemos determinación de conseguir el mismo número de cajeros”, subrayó .

Por otra parte, accionistas minoritarios e institucionales de Banco Popular, representados por el despacho Cremades y Asociados, están explorando la posibilidad de pedir responsabilidad patrimonial al Estado por la resolución de la entidad y su posterior venta a Santander. El bufete podría reclamar una indemnización del Estado para sus representados.

Repatriación de dividendos de Estados Unidos

Santander Holdings USA, la filial en Estados Unidos de Banco Santander, podrá repartir dividendos sin autorización previa de la Reserva Federal (Fed) de EE UU, después de que el consejo del organismo que preside Janet Yellen haya dado por concluido un acuerdo que obligaba a la entidad a contar con el beneplácito de este supervisor para efectuar repartos de capital.

La decisión se produce después de que Santander Holdings USA aprobase los test de estrés de la Reserva Federal en junio. En estas pruebas de resistencia, su filial norteamericana obtuvo un ratio CET1 en el escenario más estresado del 12,4%, frente al 4,5% exigido para superar el examen. Ante ello, la Fed no puso objeciones al plan de repartos de capital previstos para 2017 que presentó Santander, por lo que el consejo de administración de la filial de EE UU aprobó un dividendo de 5 millones de dólares (4,23 millones de euros) para Santander y una amortización del saldo restante del 7,908% de la compañía en valores fiduciarios preferentes, entre otros repartos de capital.

 “Hemos fortalecido mucho nuestro negocio en Estados Unidos en los últimos años y, aunque sabemos que queda trabajo por hacer, el anuncio de la Reserva Federal es una clara demostración del progreso que hemos logrado”, ha comentado la presidenta de Santander, Ana Botín.

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