La CNMV levanta la prohibicin de apostar en corto sobre Liberbank | Economa

Manuel Men
Manuel Menndez, consejero delegado de Liberbank, en una reciente aparicin.

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De la negacin de la crisis financiera… al traspaso de la vigilancia a Frncfort | Economa

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27 de marzo, el día en que Popular pudo ya morir | Compañías

Banco Popular sufrió varios infartos antes de morir en la madrugada del 6 al 7 de junio, tras su intervención por parte de la Junta Única de Supervisión (JUR). Eso es al menos lo que mantienen varias fuentes financieras conocedoras de la delicada situación que atravesó la entidad antes de su muerte definitiva. Tanto es así que ya en su junta de accionistas, celebrada el 11 de abril, Popular ya era un banco zombi. No tenía más futuro que su venta inmediata.

“No había tiempo ni si quiera para ser asistido con una ampliación de capital”, explican las mismas fuentes, aunque reconocen que se intentó una a toda prisa, y ya había fecha para llevarla a cabo, el 12 de junio, y una cantidad, unos 4.000 millones de euros que Barclays y Deustsche Bank habían reconocido por carta que podían conseguir. Pero ya era tarde. La carta llegó entre el 3 y 5 de junio. Varias fuentes consultadas aseguran que Emilio Saracho ya era consciente de que la ampliación era prácticamente imposible llevarla a cabo , pero había que intentarlo.

Estas mismas fuentes explican que el 27 de marzo creían ya que el banco saltaba por los aires. Ese día fue cuando el comité de riesgos y el de auditoría, encabezados por dos consejeros que acababan de aterrizar en la entidad, Antonio González-Adalid y Carlos González Fernández, respectivamente, confirmaron que había un desfase en las cuentas del banco de 2016 de algo más de 600 millones de euros, entre tres partidas. Este desajuste fue comunicado a Pricewaterhouse (PwC), auditor que no había detectado este descuadre.

Lo primero que planteó la auditora, al parecer bastante preocupada, fue comunicárselo a la CNMV. Y así se hizo. Entonces se abrió un intenso debate en el consejo de administración del banco y con el auditor. Y se procedió a un análisis a fondo de las cuentas de 2016.

Era una cantidad que en otras circunstancias y en otro banco no hubiera inquietado. “No es la primera vez que una empresa debe corregir sus cuentas de un año anterior”, explica un experto. “Si la cantidad es pequeña se comunica a la CMNV y se corrige y normalmente queda en eso”, añade. Otra cosa es si la cantidad es elevada. “Entonces hay que hacer una reformulación de cuentas y eso no gusta a nadie. Además, hay que convocar consejo y junta para aprobar las nuevas cuentas. En el caso de que la corrección aun siendo pequeña afectase al 5% del monto de resultados del año y que el efecto sobre el patrimonio no supere una horquilla de entre el 2% y el 5% también habría que reformular cuentas. En el caso de Popular estuvo rozando la reformulación de cuentas, pero finalmente no fue necesaria”, explica un experto conocedor de lo que estaba ocurriendo en Popular en esos momentos.

Desde esa fecha más o menos y hasta el día 3 de abril, día en el que se comunicó como hecho relevante en la CNMV este desfase y su solución, se sometieron las cuentas del banco a un minucioso análisis, ya que la reformulación de sus cuentas, apuntan varias fuentes, hubiera supuesto ya la caída de la entidad. Y es que pese a lo bajas que eran las cifras, “ponía en evidencia las cuentas de 2016, que se debían someter a aprobación el 10 de abril, lo que elevaba más la desconfianza del mercado, podía provocar un retraso en la junta, y su suma, en caso de reformulación, reducía el ratio de capital que conllevaba directamente al impago de los bonos convertibles contingentes (cocos)”. La declaración de default de los cocos de Popular suponían la muerte del banco, apuntan varios expertos.

La CNMV tenía la llave para decidir si el ajuste que debía hacer Popular era una reexpresión de las cuentas o una reformulación, equivalente a su muerte. Al final, y tras concluir el examen por parte de PwC , la CNMV consideró que el ajuste era una reexpresión de las cuentas, que afectaban a los ejercicios de 2016 y 2015. El banco, según fuentes del exconsejo de Popular, se había salvado por la campana en esta ocasión, pero había quedado tan tocado que ya no salían los números para pasar el ratio de capital en junio. Fue entonces cuando se tomó la decisión de poner en venta el banco o realizar una ampliación que solo plantearse “sonaba ya a fracaso”, explican las mismas fuentes.

El Banco de España poco después comenzó su vigilancia diaria de liquidez. “De ahí viene el discurso de Saracho, que sonó incluso subrealista en la junta de accionistas del 10 abril”, mantienen otras fuentes. “Su intervención pudo gustar o no, pero a nadie dejó indiferente (planteó la venta o una ampliación de capital como únicas soluciones)”. Inmediatamente la acción de Popular se desplomó y nunca más se recuperó. A ello, y como si el mercado también lo supiese comenzó la salida de depósitos del banco. Era su declive definitivo, crisis de liquidez y que días después iba a convertirse también en solvencia. Esto es lo que se cuenta entre los exconsejeros de Popular. Ahora habrá que ver lo que descubren los dos peritos nombrados por el Banco de España para el caso Popular.

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El Banco de España envía dos peritos a la Audiencia para investigar si hubo delito en la caída de Popular | Compañías

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cuenta ya con el apoyo de dos peritos especializados para abordar la instrucción de la causa abierta en torno a la debacle de Banco Popular. El Banco de España ha remitido un escrito a la Audiencia informando de que ha procedido a designar a dos inspectores de entidades de crédito para que ejerzan de peritos judiciales en la investigación sobre la resolución de la entidad, el pasado junio.

El nombramiento responde a las primeras diligencias previas ordenadas por el juez tras admitir varias de las querellas presentadas por afectados en la resolución del banco, en concreto ante la petición realizada por Unive Abogados.

Los inspectores designados son Santiago Jesús Ruiz-Clavijo Ruiz y Pablo Hernández Romero, según el escrito remitido por la responsable de la unidad de colaboración con órganos jurisdiccionales del Banco de España, Ester Miralles, a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este diario.

En el mismo se detalla los objetivos iniciales que tendrán los peritos judiciales del caso. En primer lugar deberán revisar el folleto y la documentación que soportó la ampliación de capital de 2.500 millones que Popular celebró en junio de 2016, para comprobar si la información contable expresada ofrecía una “imagen fiel” de la entidad.

Además, deberán analizar las cuentas oficiales de Popular del ejercicio 2016, anuales, trimestrales y semestrales, los informes intermedios así como los ajustes contables realizados el pasado 3 de abril, cuando el banco admitió errores contables por cientos de millones de euros pero rehusó reformular las cuentas del año pasado.

Finalmente, los dos inspectores estudiarán los precios de venta de las sociedades participadas, así como l actividad accionarial de 2016 y 2017 para comprobar si existe algún tipo de irregularidad.

El movimiento es similar al ya seguido por el juez Andreu durante la instrucción del caso Bankia, que abordaba el posible fraude cometido con la salida a Bolsa de la entidad en verano de 2011. En aquella invetigación, los inspectores Víctor SánchezNogueras y Antonio Busquets concluyeron que la firma saltó al parqué ofreciendo al público una información que no casaba con la “imagen fiel” de la realidad contable de la entidad que acabó requiriendo el mayor rescate financiero del país.

Estos informes periciales son la base del juicio que finalmente se abrirá en los próximos meses contra los principales responsables de Bankia, con el expresidente Rodrigo Rato a la cabeza. 

En esta ocasión, Popular fue resuelto el pasado junio por las autoridades europeas ante la fuga de depositantes desatada por la desconfianza en la entidad financiera. Esta fue inmediatamente vendida a Banco Santander por un euro simbólico y supuso la pérdida de todo el dinero invertido por los accionistas y bonistas de Popular. 

Más allá de la designación de los dos inspectores del Banco de España, las diligencias admitidas por el juez Andreu suponen una revisión en profundiadad de las tripas de Banco Popular durante el último lustro, de la actividad de su accionariado y del las circunstancias de la resolución, incluyendo la petición del polémico informe de Deloitte en el que la Junta Única de Resolución (JUR) se basó para decretar su final.

Este documento tasaba la entidad en un valor de entre 1.500 millones en positivo y 8.200 millones en negativo, por lo que algunos de los afectados consideran que la entidad valía más de un euro en el momento de la resolución y reclaman una compensación por las pérdidas sufridas.  

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Una juez de Madrid rechaza declarar el concurso necesario de Popular | Compañías

El juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha rechazado la solicitud de concurso necesario del Banco Popular interpuesta por un accionista de la entidad, así como la nulidad de la resolución al entender que esta petición debería haberse ejercitado con anterioridad y ante los órganos competentes.

La titular del juzgado desestima además la petición subsidiaria de designar a un administrador concursal, tras considerar que la ley no establece que esta vía deba abrirse en todos los supuestos en los que se produce la intervención de algún organismo público, sino sólo cuando las medidas adoptadas comporten la disolución y liquidación de una entidad, lo que no se ha producido en este caso.

En el auto conocido hoy, la magistrada explica que de conformidad a la norma el procedimiento concursal “no es el adecuado” en situaciones de crisis de una entidad financiera, la cual llegado el caso, podría requerir de “medidas especiales que contemplan los órganos administrativos
competentes”. Argumentos que estima suficientes para rechazar “cualquier solicitud de concurso necesario”.

De igual modo, descarta anular el procedimiento de resolución, ejecutado el pasado 7 de junio por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a instancias de la Junta Unica de Resolución (JUR), ya que esta declaración “no es una cuestión que guarde conexión y que sea necesario resolver para poder determinar si concurren los presupuestos legales para el concurso de la entidad”.

En este sentido, recuerda que tales cuestiones prejudiciales únicamente puede ser cuestionados ante los órganos judiciales competentes, si bien no procede admitir a trámite la solicitud “hasta que no se adopte resolución alguna relativa a su validez o eficacia”.

Según la juez, “dicha pretensión debería haberse ejercitado con carácter previo a la presentación del concurso necesario y ante los órganos competentes para su conocimiento en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o ante la jurisdicción de la Unión Europea (UE)”.

Respecto a la petición de designar a un experto que valorase los activos del Popular a fin de indemnizar a los perjudicados por la resolución, la rechaza por falta de legitimación del demandante y aclara que sólo puede abrirse a instancia de la autoridad supervisora que haya adoptado las medidas que comporten la disolución y liquidación.

Sin embargo, “al no haberse remitido comunicación alguna por la entidad supervisora, en este caso el FROB, no procede la apertura de de la sección autónoma” de calificación.

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Declaracin de independencia: Catalua pone en riesgo el saneamiento de la banca

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Santander, BBVA, Caixa y Kutxabank explicarn en el Senado por qu perdonaron 50 millones al PSOE | Economa

De izquierda a derecha, Isidro Fain, presidente de la Fundacin La Caixa; Carlos Torres, consejero delegado del BBVA; Jos ntonio lvarez, consejero delegado de Santander; y Javier Garca Luruea, consejero delegado de Kutxabank.

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La absorción de Popular lleva a Santander a recortar 2.160 empleos en los servicios centrales | Compañías

Santander ya ha puesto sus cartas sobre la mesa. Plantea un ajuste para los trabajadores de los servicios centrales del banco y de su filial Popular de unos 2.160 empleados, de los que 575 se recolocarán en otras empresas, principalmente del grupo, según han anunciado a los sindicatos. Para los 1.585 restantes el banco ha propuesto un expediente de regulación de empleo, en el que se contemplan prejubilaciones a partir de los 58 años de edad.

CC OO considera que la cifra propuesta por Santander es “demasiado elevada”. Incluso ha sorprendido al conjunto de los sindicatos que esperaban una cifra menor, más cercana a los 1.500 trabajadores, entre ERE y recolocaciones.

Fuentes de los representantes de la plantilla creen que al final la cifra de trabajadores excedentes será menor y rondará los 1.300 a 1.500.

Además, el ajuste afectará no solo a los servicios centrales de Madrid, sino que tendrá dimensión nacional, aunque siempre en departamentos vinculados a esta división. Los servicios centrales de Santander y Popular suman en conjunto algo más de 6.000 trabajadores, de los que 4.000 pertenecen a la plantilla del primero y unos 2.000 empleados al banco adquirido, prácticamente la misma cifra de la que el banco ha decidido prescindir.

El objetivo del grupo que preside Ana Botín es fusionar ahora estas divisiones de ambos bancos, ya que la integración de las redes comerciales debe esperar a 2019, una vez que esté concluida la plataforma informática común.
El día 16 de este mes se constituye formalmente la mesa negociadora, por lo que el proceso estará cerrado a más tardar un mes después, es decir, antes de Navidad, aunque el próximo lunes sindicatos y banco vuelven a reunirse.

CC OO, el mayor sindicato del grupo, afirma que su objetivo es “garantizar los mayores niveles de empleo posible, minimizando la destrucción de puestos de trabajo”.

Este sindicato, como el resto, piden que el ajuste de la plantilla se lleve a cabo después de la recolocación de empleados en el grupo, y que se realice de forma voluntaria y con ofertas atractivas de desvinculación.

CC OO justifica su petición en que Santander “es una empresa con beneficios y no puede en modo alguno afrontar un ajuste de empleo con medidas traumáticas”. Piden, además, un acuerdo sobre prejubilaciones, como ha hecho hasta ahora la gran banca en general y Santander en particular.

De momento, el banco ha propuesto prejubilaciones a partir de los 58 años, como ya ha llevado a cabo en otras ocasiones. El problema es que en Santander solo hay unos 2.000 empleados entre red en España y servicios centrales que superen esta edad, recuerdan los sindicatos. Mientras que en Popular la cifra es muy inferior, y para poder sumar una cifra significativa de prejubilaciones tendría que rebajarse la edad a los 55 años, explican también fuentes sindicales.

El banco aseguraba la semana pasada que hará “un esfuerzo especial para que las salidas que se produzcan” sean “en buenas condiciones, de acuerdo con los representantes de los trabajadores y aprovechando al máximo la movilidad interna hacia otras unidades del grupo”.

 

 

Otras claves

Mayores de 55 años. En los servicios centrales de Banco Popular solo hay 200 empleados con más de 55 años. De ellos, 130 están en Madrid y 70 en A Coruña.

Otro recorte. Este ajuste se lleva a cabo después de que tanto Santander como Popular aplicaran el año pasado sendos ERE. La reordenación de la primera entidad afectó finalmente a 1.380 trabajadores de Santander España, pero se incluyeron en el ERE 680 empleados. De estos, 300 correspondían a Santander España y 380 al centro corporativo.

Nuevo recorte. El ERE presentado por Popular en 2016 se cerró en julio de este año con la salida de 2.592 trabajadores, el 17% del total, además del cierre de unas 300 oficinas de 2.093 sucursales, de forma que desapareció el 14% de su red comercial.

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Santander propone un ajuste de 1.500 empleos tras la fusin con Banco Popular | Economa

Una sucursal del Grupo Santander compartida con el Popular

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Grandes fondos piden a la JUR que Deloitte no haga otro informe sobre Popular | Compañías

El que fuera el mayor grupo de bonistas de Banco Popular, entre los que están Pimco (el mayor), Anchorage, Algebris y Ronit Capita, pidió ayer por carta a la Junta Única de Resolución (JUR) que aclare en qué situación se encuentra la elaboración del informe definitivo sobre la caída de la entidad intervenida y, la posterior venta a Santander por un euro.

A través del bufete de abogados londinense, Quinn Emmanuel, estos bonistas, que perdieron alrededor de 850 millones de euros tras la resolución de Popular, reclaman a la JUR que explique qué auditora elabora este documento. Mantienen, según explican en la carta remitida a la autoridad europea, que “es alarmante en varios aspectos”, que sea Deloitte (como parece) nuevamente la firma que realice el documento definitivo que valore si los accionistas de Popular podrían haber recibido un mejor tratamiento (la norma permite la elaboración de dos informes de valoración, uno provisional y un segundo definitivo). Por ello, piden que aclare si es esta auditora o no la que llevará a cabo el nuevo documento.

Hay que recordar que fue esta auditora la que elaboró el 6 de junio el informe considerado provisional que valoró entre unas pérdidas de 2.000 (“convenientemente igualados al valor de los bonos subordinados mantenidos” en Popular, afirman) a 8.000 y unos números positivos de 1.300 millones Popular cuando fue sometido a resolución.

Este informe ha provocado una fuerte polémica al no explicar cuál fue la metodología que empleó para llevar a cabo esta valoración, y por no entregarse el contenido del documento por parte de la JUR, y que ha sido reclamado por accionistas, bonistas e incluso por el FROB español y por el Congreso de los Diputados.

Los bonistas califican de “muy controvertido” el informe de Deloitte, como lo demuestra el hecho de que sea el objeto de más de 95 acciones de anulación ante el Tribunal General de Justicia de la UE, explica la carta.

Otra de las razones que argumentan los bonistas en contra de que Deloitte realice el informe definitivo hace referencia a la trayectoria de la firma en los últimos años en España. Recuerdan a la JUR que la firma era la encargada de hacer las auditorías de Bankia en el momento de su salida a Bolsa. Una situación por la que Deloitte ha sido multada con 12 millones de euros por “graves infracciones continuadas” por el ICAC. Además, se han emitido cargos penales formales contra el responsable de la auditora en España, Francisco Celma, añade el bufete británico en su carta.

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