Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular | Compañías

La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.

La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.

En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.

Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.

Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.

Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.

Otros frentes de la batalla judicial

Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados. 

Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.

Source link

El chileno Luksic y nuevos fondos demandan a la UE por Popular | Compañías

La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popularsigue fraguándose. Nuevos accionistas clave de la entidad fallida, que incluyen a fondos de inversión representados por el despacho B. Cremades & Asociados, o el grupo Aeris Invest, propiedad de la familia chilena Luksic, acaban de anunciar que han emprendido acciones legales ante la justicia europea contra las autoridades comunitarias.

En concreto, el grupo Aeris ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El grupo chileno poseía un 3,45% de las acciones de Banco Popular, lo que le convertía en el mayor accionista individual aunque por debajo de la sindicatura de accionistas. Los Luksic perdieron toda su inversión cuando la entidad fue intervenida y vendida a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio.

Ya el pasado 21 de junio, el grupo del magnate chileno presentó un recurso contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) que fue quien ejecutó el mandato de las autoridades europeas y adjudicó la entidad al mejor, y en este caso único, postor.

En su reclamación contra las decisiones de las autoridades europeas, Luksic asevera que la decisión infringe numerosos principios y normales legales. Aeris critica que no se hayan hechos públicos todos los motivos de la Junta Única de Resolución (JUR) o que la crisis de la entidad fuera causada por las declaraciones de su responsable de que Popular estaba bajo vigilancia.

También considera que no se analizaran alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas a los que dejó sin propiedad acordando la resolución y venta a Santander sin una valoración adecuada o buscando maximizar el precio de venta.

El grupo considera además que el uso del Mecanismo Único de Resolución (MUR) imponiendo a los accionistas las primeras pérdidas sin tomar en cuenta medidas menos restrictivas sobre su inversión supone una lesión del derecho de propiedad de manera “desproporcinada”.

El recurso de Cremades

En paralelo, el despacho B. Cremades & Asociados, en representación de otros grandes clientes, ha presentado un segundo recurso ante el TJUE contra la CE y la JUR, a la que también acusan violar sus deberes de confidencialidad sobre la entidad.

Desde el bufete consideran que “los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 euros” por título, aunque solicitan una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Popular a 22 de mayo de 2017 (cuando la acción cotizaba a 0,696 euros).

Source link

El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución | Compañías

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

Source link

Transparencia en la compensación a los minoritarios de Popular | Compañías

Acaba de empezar el proceso para que los accionistas minoritarios de Popular se acojan, hasta el 7 de diciembre, a la vía de compensación que les ha ofrecido Santander, el nuevo dueño del banco intervenido. El instrumento elegido para resarcir a quienes perdieron todo su dinero aquella madrugada del 7 de junio, cuando la Junta Única de Resolución dictó la intervención y venta del banco por un euro por su inviabilidad, es un producto complejo. Se trata debonos perpetuos que pueden venderse en el mercado secundario, donde de entrada cotizarían a un 70% de su valor nominal. La idea del banco es amortizarlos a finales de 2024; si no fuera así el interés subiría muy notablemente desde el 1% inicial hasta el entorno del 6%. En buena lógica, se amortizarán.

Santander ha emprendido esta compensación a los perjudicados por la crisis del Popular sin estar obligado a ello. Lo ha hecho por tres motivos:uno es claramente el reputacional. El segundo, no menos importante, es frenar una avalancha de acciones judiciales. Y el tercero es fidelizar a una clientela valiosa, la procedente de Popular. Son objetivos comprensibles para un banco que ha adquirido otro en situación crítica.

Los reveses judiciales recientes para la banca (cláusulas suelo, preferentes, salida a Bolsa de Bankia…) invitaban a la prudencia. También la presión de los reguladores hacia la transparencia de los productos que no se consideran aptos para el inversor minorista. A este respecto, Santander ha decidido aplicar al pie de la letra las recomendaciones de CNMV, que incluyen que el pequeño inversor escriba de su puño y letra que es consciente de que adquiere un producto complejo. En efecto es así, pero no estamos en un proceso de venta de un producto nuevo, sino una oferta de compensación sin otro coste que renunciar a reclamaciones futuras. En todo caso resulta positivo que se haya elegido el grado máximo de transparencia hacia el inversor.

Para la mayoría de pequeños accionistas, la solución que ofrece Santander será más atractiva que entrar en una vía de litigios que implica costes y se prolongaría en el tiempo con resultados impredecibles hoy. Las demandas de los grandes inversores (a los que no se ha ofrecido compensación alguna) van por otro camino, y se dirigen principalmente contra los órganos que intervinieron Popular, contra los antiguos gestores e incluso contra el Estado español, aunque podrían derivar en exigencia de responsabilidades para Santander. El desenlace de ese recorrido judicial es hoy incierto y, sobre todo, lejano. Muchos ahorradores preferirán, con buen criterio, el pájaro en mano.

Source link

CaixaBank ficha a tres grandes banqueros de UBS, BBVA y Mirabaud | Compañías

CaixaBank está en plena temporada de fichajes para su segmento de banca privada. Ramón Olleros, Jorge Velasco, y Diego Morales se han incorporado a los equipos de Altium y Key Clients procedentes de BBVA, Mirabaud y UBS, respectivamente. Olleros, con más de 24 años de experiencia en el sector, desempeñó su último puesto en BBVA Corporate & Investment Banking, donde fue responsable de la relación con gestoras y compañías de seguros. Velasco cuenta con 28 años de experiencia en los mercados financieros, especialmente en gestión y asesoramiento institucional y privado; su última responsabilidad fue en el banco suizo Mirabaud como director de gestión de patrimonios. 

El área de grandes patrimonio de CaixaBank contaba con 55.000 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio y más de 57.000 clientes. Para acceder a los servicios de este segmento, el patrimonio debe superar los 500.000 euros. 

El equipo Altium, dedicado a la gestión de patrimonios superiores a los 10 millones de euros, trabaja junto a los gestores de banca privada y ofrece un servicio global a aquellos clientes de alto valor que demanden un alto grado de sofisticación en la gestión de su patrimonio. El equipo está presente en Barcelona, País Vasco, Navarra, Andalucía y Madrid para ofrecer cobertura a todo el territorio. 

CaixaBank contaba a cierre de julio de 2017 con 403 grupos familiares en Altium, con un crecimiento desde enero de 2014 del 55%, y un patrimonio de 8.900 millones de euros. El incremento del importe es del 71% respecto a enero de 2014. 

El banco que preside Jordi Gual creó a finales de 2016 el área de Key Clients, para que fuera el nexo de unión entre todas las áreas de negocio de la entidad: banca privada, corporativa, seguros y banca de empresas. El objetivo es que reciban soluciones acordes a sus necesidades y objetivos en la gestión de su patrimonio familiar y empresarial. Diego Morales, con más de 22 años en el sector financiero, lidera este departamento, después de haber estado a cargo del desarrollo del mercado latinoamericano de UBS con especial atención a los family offices. 

El modelo de banca privada de CaixaBank combina las más de 5.000 sucursales con un servicio especializado formado por 550 gestores, 44 centros exclusivos y unas prestaciones tecnológicas que permiten ofrecer asesoramiento desde cualquier lugar.

Source link

Los ex accionistas de Banco Popular podrn aceptar bonos de fidelizacin | Economa

Un hombre utiliza un cajero del Santander al lado de una de las entidades de Banco Popular.

Source link

Santander comienza a compensar a 115.000 accionistas de Popular si renuncian a litigar | Compañías

Los clientes minoristas de Banco Popular que invirtieron en la ampliación de capital de la entidad en junio de 2016 pueden desde el 13 de septiembre iniciar los trámites para contratar un bono de Santander a cambio de las antiguas acciones del banco intervenido y que ya no valen nada. Eso sí, tienen que renunciar a emprender acciones legales contra la entidad para intentar recuperar por esta vía su inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha registrado el folleto de Santander en el que detalla las condiciones para que los 115.000 pequeños accionistas que invirtieron en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros de Popular realizada en junio del pasado año recuperen su dinero, o parte de él. Estos pequeños inversores, unos 95.000 de Popular y el resto en su mayoría de Santander (prácticamente todos con inversiones de menos de 100.000 euros), deberán suscribir los denominados bonos de fidelización de la entidad que preside Ana Botín, para lo que tendrán un plazo para hacerlo desde hoy y hasta el 7 de diciembre.

La fecha de entrega de los bonos de fidelización será “no más tarde” del 15 de diciembre de este año y su admisión a negociación tendrá lugar a partir del 15 de enero de 2018. Así, el primer pago de la remuneración se realizará el 15 de marzo del próximo año.

La CNMV advierte que los accionistas y tenedores de algunas emisiones de obligaciones subordinadas de Popular podrán reclamar estos bonos de fidelización sin tener que efectuar desembolso alguno, pero es necesario renunciar “irrevocable e incondicionalmente” a emprender acciones legales y reclamaciones contra Santander. Si ya se han iniciado, deberán terminarse.

De hecho, uno de los objetivos de esta iniciativa para compensar a los pequeños accionistas es fidelizar a estos clientes que a la vez son inversores, y evitar un daño reputacional si gran parte de los clientes optan por emprender medidas legales.

El supervisor bursátil también advierte de que los accionistas recibirán estas obligaciones a un valor razonable inferior a su valor nominal, ya que para consultoras independientes como AFI este valor razonable se sitúa entre el 69,73% y el 75 % del valor nominal, y entre el 68,16 % y el 71,30% para Intermoney. De esta forma, estos bonos se emiten “a la par al 70% de su valor nominal”. El folleto también recuerda que carecen de derechos políticos y ofrecen un interés del 1% durante los siete primeros años a contar desde el 15 de diciembre respecto a su valor nominal vivo. Su pago será trimestral.

A partir del 15 de diciembre de 2024 en adelante, y cada quinquenio, los bonos ofrecerán una remuneración ligada al interés de las permutas financieras –mid swap– a cinco año más un diferencial de 594,7 puntos básicos sobre el nominal vivo en cada período de remuneración. Ante este tipo de interés tan elevado lo lógico es que Santander amortice estos bonos inicialmente perpetuos, pero que cuentan con la posibilidad de ser amortizados voluntariamente a partir del séptimo año, año en el que el pequeño accionista recibirá ya el 100% de su inversión. La única garantía con que cuentan estos títulos es “la solvencia patrimonial” del Banco Santander, señala el folleto.

En el folleto también se avisa de que estos títulos podrían no ser remunerados por varias circunstancias. El folleto, además, aclara la fiscalidad de estos bonos, que tributarán en el IRPF a un tipo del 19% al considerarse una ganancia patrimonial, aunque puede compensarse este efecto impositivo con las pérdidas sufridas por la inversión en acciones.

Bankinter será el banco que garantiza la liquidez de estos contratos.

El importe de la oferta asciende a 981 millones de euros, correspondientes a 9,81 millones de bonos de fidelización de 100 euros de valor unitario. En el caso de que no todos los beneficiarios de la oferta acudiesen a la misma, el importe sobrante se podrá emplear en atender posibles solicitudes de otros clientes, de acuerdo con la entidad.

Pese a esta oferta, el coste máximo que asumirá el banco será de 680 millones de euros, que no tendrán impacto en la cuenta de resultados ni en el capital del grupo, pues ya se incluyó en el momento de la consolidación de Banco Popular.

Los nuevos títulos cotizarán en el mercado de renta fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF). Los interesados tendrán que mantener las acciones o las obligaciones subordinadas depositadas en algunas de las redes de Popular en España o del propio Santander.

El importe que recibirán como compensación dependerá de la inversión llevada a cabo, ya que Santander devolverá el 100% a quienes invirtieron hasta 100.000 euros, que se supone que son prácticamente todos los clientes y empleados; y el 75% a los que destinaron más de esa cantidad y hasta 500.000 euros.

Si se trata de inversiones superiores, hasta un máximo de un millón, la compensación será del 50%.

Otras claves de la iniciativa del banco

La entidad compensará, además de a los accionistas minoritarios en la ampliación de capital de Popular en junio del pasado año, a los clientes que adquirieron obligaciones subordinadas computables como Tier 2 de las emisiones del 29 de julio y del 14 de octubre de 2011 y las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Popular en España o de Santander en el momento de la resolución.

Quedan excluidos de esta denominada por Santander acción comercial tanto los miembros del consejo de administración de Popular hasta su resolución, como las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concretadamente, hayan tenido participación significativa declarada en la entidad.

Además de renunciar a emprender acciones legados, quienes deseen acogerse a este sistema de compensación tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial “equivalente” a la que tenían cuando compraron las acciones o las obligaciones subordinadas.

Los bonos se comercializarán a través de las oficinas de Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank y Popular Banca Privada, además de en Popular Portugal en el país vecino.

 

Pérdidas récord de Popular

Cuando Santander anunció sus resultados del primer trimestre el 28 de julio, su consejero delegado ya explicó que el grupo había realizado saneamientos en Popular superiores a los 12.400 millones de euros, por lo que las pérdidas de enero a junio de esta ya filial de Santander rondaría esta cifra, y así ha sido. Popular perdió entre enero y junio 12.218 millones de euros, cifra muy superior a los 35,4 millones de pérdidas de un año antes. Pero a estos números rojos, ya récord en su historia, hay que sumar otros 272 millones de euros de pérdidas de entonces su filial Banco Pastor (entre enero y julio de 2016 ganó 33 millones).

De esta forma, el grupo adquirido por Santander el pasado 7 de junio por un euro tras su intervención perdió 12.490 millones de euros, según los datos dados a conocer ayer por la AEB, frente a la idea de que estos resultados se conocerían a través de la CNMV, pero al no cotizar Santander ha preferido hacerlo así. Estas son las mayores pérdidas de una entidad financiera en España.

Los números rojos tienen su origen no solo en la caída del negocio, sino sobre todo en las provisiones de 10.600 millones de euros realizados en este periodo para sanear todo su balance. El margen de intereses de Popular (como entidad matriz) descendió un 15% tras sumar 734 millones de euros. Todos sus márgenes, de hecho, se han desplomado. El margen de explotación ha llegado a sumar unos números rojos de 3.967 millones (el año pasado sumó 47 millones positivos), como consecuencia fundamentalmente por las pérdidas de 2.739 millones procedentes de activos no corrientes, mientras que en provisiones había destinado casi 880 millones (el año pasado recuperó 72 millones).

La entidad tuvo que sumar pérdidas por deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociados por 4.535 millones y 741 millones por deterioro del valor de activos no financieros. Además, perdió 1.737 millones en “activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas”. En total, y según apuntó Santander en julio, los saneamientos de Popular se desglosan en 7.200 millones de euros destinados a sanear sus ajustes patrimoniales, 4.300 millones de euros ajustados en concepto de deducciones de capital (fondo de comercio, intangibles y créditos fiscales) y otros 700 millones de euros derivados de la acción comercial para compensar a los accionistas de Popular. Además, Santander aplicó un ajuste de 200 millones de euros en concepto de otros. Tras este saneamiento, Santander inyectó inmediatamente 7.000 millones de euros captados en su ampliación de capital.

Popular sufrió una fuga de depósitos de enero a junio de 18.552 millones. A cierre de año tenía 71.473 millones en depósitos a clientes, a junio eran de 52.921 millones.

Source link

Pimco denuncia al FROB por la resolución de Popular y estudia otras reclamaciones | Compañías

Cinco de los principales fondos de inversión internacionales han decidido dar el paso y denunciar en la Audiencia Nacional al FROB, perteneciente al Estado, por su intervención en la resolución y venta de Banco Popular. Entre este grupo de inversores se encuentra el fondo estadounidense Pimco, que ha presentado un recurso contencioso administrativo. El bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel representa a Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, fondos que habían invertido en bonos de Popular alrededor de 850 millones de euros, y que tras la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) perdieron todo el dinero suscrito en bonos de la entidad española.

Se da la circunstancia de que estos fondos, salvo Pimco, ya habían recurrido el pasado 17 de agosto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de la JUR. Aunque ya entonces los abogados de este grupo de inversores explicó que actuaban de forma coordinada. Como ocurre en gran parte de los recursos presentados, este escrito tampoco tiene por objeto la restitución de las multimillonarias pérdidas, señalan fuentes del bufete londinense, sino que forma parte de una estrategia legal más amplia que confía en obtener la máxima claridad en torno al proceso de resolución de Popular y recuperar los fondos perdidos, ya que en su opinión la resolución del FROB carecía de la motivación necesaria.

Esta opinión es compartida por otros inversores, que también han decidido denunciar al FROB.
Esta falta de transparencia, según coinciden todos los accionistas y bonistas afectados por la caída de Popular, ha impedido evaluar las razones, el fundamento jurídico y la valoración sobre las que se sustentó la decisión, explica el abogado Richard East.

Una vez que reciban la documentación que han reclamado tanto al FROB como a la JUR tras presentar sus recursos, gran parte de los inversores, entre los que se encuentra el grupo mexicano encabezado por Antonio del Valle (que llegaron a sumar casi el 4,5% del capital de Popular), estudiarán nuevas acciones legales para buscar una compensación por las pérdidas sufridas con la intervención de Popular. Para realizar estas denuncias tienen un plazo de cinco años. De momento, la Audiencia Nacional ha recibido alrededor de 150 denuncias contra el FROB, aunque el plazo para recurrir la decisión de este organismo público finaliza a finales de este mes.

Del Valle parece que finalmente no presentará denuncia contra el FROB, aunque sí lo ha hecho otro gran inversor, además de Pimco, el grupo chileno Luksic, cuya participación en Banco Popular fue del 3,45% y perdió 113 millones. Los abogados Del Valle estudian presentar una demanda contra el Estado español bajo el paraguas del arbitraje firmado entre España y el país azteca para proteger a los inversores de ambos países. Mientras, Pimco y el resto de los fondos que han firmado la demanda contra el FROB de forma conjunta, estudian otras vías para reclamar tanto la documentación de la JUR y del FROB que provocó la caída de Popular, como para tener una posible compensación por lo que han perdido.

Los bonos de Popular cotizaban en Irlanda, por lo que no descartan reclamar en la justicia de ese país.

Otras claves
u El recurso de Pimco y de los otros fondos se suma a la avalancha de demandas que, tanto en España como en los tribunales europeos se han presentado por accionistas y bonistas tras la resolución y venta de Popular el pasado 7 de junio por un euro.
u Varios accionistas negocian en estos momentos con a JUR y el BCE que les entreguen la documentación que llevó a la intervención de Popular. La respuesta de la JUR y del BCE es siempre la misma, aseguran que no pueden entregar estos informes al poder perjudicar a un tercero al contener datos confidenciales. Estos mismos accionistas tienen intención de reclamar por otros medios estos documentos. De momento, esperarán a que se acabe el plazo de reclamación a la JUR, que termina la semana que viene.

Source link

La gestora de Allianz y Popular siguió con su pérdida de patrimonio en agosto: –100 millones | Mercados

Pese a que la resolución y posterior adjudicación de Popular se produjo el 7 de junio, el goteo de salidas de dinero de su gestora, propiedad en un 40% del banco y en el otro 60% de la aseguradora Allianz, siguió en agosto.

Allianz Popular se dejó 100 millones de euros, lo que deja la pérdida de los ocho primeros meses de 2017 en 1.910 millones, según el informe mensual sobre el sector que elabora Imantia Capital. Con todo, la firma mantiene su puesto en el ranking de las 10 mayores gestoras españolas, en la octava posición, con 9.540 millones, después de Kutxabank (12.130) y antes que Bankinter (8.030).

Esta vez, la gestora con la marca de Popular, ahora propiedad también de Santander, no ha sido la única de las grandes que ha bajado en patrimonio. CaixaBank perdió en agosto unos 70 millones de euros; Santander, 80; y Bankia, 60. Eso sí, la primera mantiene su posición de liderazgo con 45.000 millones y la segunda, tiene la medalla de plata con 37.770 millones. La gestora del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri es la quinta con 14.070 millones de euros.

El balance en el conjunto del sector fue positivo en términos de captación, con 830 millones de suscripciones, pero la negativa evolución de los mercados hace que esto se traduzca en un casi inapreciable aumento del patrimonio de 10 millones de euros. Así, el dinero en las gestoras españolas finalizó el mes pasado en 255.660 millones de euros.

1,1%

es la rentabilidad anual de los fondos de media. En agosto los fondos de todas las categorías perdieron: desde el -1,06% de los de renta variable al -0,03% de los de renta fija a corto.

Por volumen, destacó BBVA con un incremento del patrimonio de 150 millones de euros.

Por tipos, Imantia explica que, por categorías, los mixtos de renta fija recuperaron la primera posición con 1.260 millones de euros incremento; les siguieron los de renta variable pura con 460 millones y, por último, los mixtos de renta variable con 280 millones de euros. Los que restaron fueron los garantizados, los de rentabilidad objetivo y los de renta fija duración, con 400, 230 y 460 millones de reembolsos respectivamente.

“Agosto fue un mes negativo en cuanto a rentabilidad en la práctica totalidad de las categorías de fondos”, señala Imantia. Registraron una pérdida media del 0,32% el mes pasado, mientras que en el acumulado del año la rentabilidad es positiva con un 1,1%.

Source link

La CNMC autoriza a Popular a recomprar el 51% que no controla en Aliseda | Compañías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la adquisición del 51% que Popular, propiedad de Santander tras su resolución, no controla en Aliseda a los fondos de capital riesgo Värde Partners y Kennedy Wilson Holdings.

La recompra de Aliseda se cerró a finales de junio por 180 millones de euros y está previsto que se cierre en el tercer trimestre del ejercicio.

No obstante, Santander traspasará el 100% del capital de Aliseda a una nueva sociedad, que se encargará de gestionar el ladrillo de Popular y que estará participada en un 51% por Blackstone y en un 49% por Popular, en el marco del acuerdo alcanzado por ambas entidades a principios de agosto.

La nueva sociedad contará con activos inmobiliarios con un valor bruto contable de 30.000 millones de euros, si bien la valoración de estos activos en España es de 10.000 millones de euros.

Teniendo en cuenta esta valoración, Blackstone desembolsará por unos 5.100 millones de euros por la participación de control en la nueva sociedad, aunque esta cifra está sujeta a cambios en función de los ajustes que se realicen de cara al cierre de la operación, previsto para el primer trimestre de 2018.

Source link