¿Dónde viven los ciudadanos más endeudados? | Mi dinero

Las ciudades de Alcorcón (Madrid), León, Madrid, Zaragoza y Parla (Madrid) son las que cuentan con más deuda por habitante, según el Informe de Fiscalización del Sector Público Local de 2015, el último aprobado por el Tribunal de Cuentas.

En concreto, dentro de este grupo de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes, el de Alcorcón registra una deuda de 2.166 euros per cápita, seguido del de León, con 1.848 euros, y del de Madrid, con 1.715 euros.

Los zaragozanos, por su parte, arrastran una deuda de 1.471 euros por persona, y de 1.434 euros cada uno de los habitantes de Parla.

Aún así, la solvencia de los ayuntamientos y otras entidades locales acabó 2015 en situación “positiva”, una tendencia iniciada en 2012, y registró un saldo de 2.714 millones de euros. El endeudamiento de todas ellas se redujo un 6 % con respecto a 2014, con lo que se ha situado en 26.481 millones de euros.

Desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) atribuyen estos resultados a una buena gestión realizada por las entidades locales, que han cerrado sus ejercicios con superávit desde 2012 y ha superado los 7.000 millones de euros en 2016, el 0,64 % del producto interior bruto (PIB), según datos de esta entidad.

Pese a esta evolución en los últimos años, ayuntamientos como el de Madrid, la ciudad que registró una mayor deuda en términos absolutos, alcanzó en 2015 un endeudamiento de 5.390 millones de euros.

Le sigue Barcelona, con 1.338 millones, y un endeudamiento por habitante de 834 euros, casi el menor todas las ciudades. Sólo Sevilla tiene una deuda por persona inferior, 674 euros.

Entre las cinco ciudades con más deuda también se sitúan Zaragoza, con 978 millones; Valencia, 868 millones, lo que supone 1.105 euros por habitante; y Málaga, 515 millones, y 905 euros por habitante.

Los pequeños municipios

Por debajo de estas ciudades, en el grupo de ayuntamientos de menos de 100.000 habitantes, hay también municipios con grandes deudas, de más de 150 millones de euros. Entre ellos destaca El Ejido (Almería), con 193,8 millones de deuda, 2.254 euros por cada habitante.

Pero el endeudamiento por habitante más elevado se concentra en tramos de población inferiores, con casos como el de Monasterio de la Sierra (Burgos), con 48 personas en su censo y un gasto por cada una de ellas de 8.530 euros, o Puebla de la Sierra (Madrid), con 7.761 euros de gastos por cada uno de sus 73 habitantes.

Según indica el Tribunal de Cuentas en su informe, un mayor endeudamiento de los ayuntamientos en términos absolutos no se corresponde con una mayor deuda por habitante, y son los municipios pequeños, de menos de 5.000 personas, los que soportan una mayor carga si se reparte entre sus ciudadanos.

En este sentido, la FEMP insiste en la necesidad de una nueva financiación local para paliar las dificultades que sufren tanto grandes y medianas ciudades como municipios pequeños, y espera el inicio de las negociaciones en próximas fechas, tras haber remitido al Gobierno un informe del grupo de expertos antes del verano.

También las Diputaciones

Aparte de los ayuntamientos, el Informe de Fiscalización del Sector Público Local de 2015 refleja que otras entidades locales arrastran también una elevada deuda.

Es el caso de la Diputación de Valencia, el ente provincial con mayor endeudamiento en 2015, un total de 323 millones de euros. La siguiente diputación más endeudada en la de Barcelona, con 291 millones.

La Diputación de Huelva es la que tiene una mayor ratio de endeudamiento sobre ingresos corrientes, ya que su deuda de 144 millones representa el 115 % del dinero que entra en sus arcas.

En cuanto a cabildos y consejos insulares, el mayor endeudamiento le correspondía al Cabildo de Tenerife, con 293 millones.

Además, el Area Metropolitana de Barcelona, con 187 millones de deuda en 2015, fue la única agrupación de ayuntamientos con un endeudamiento superior a los 12,4 millones.

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La Airef alerta: habrá menos ‘colchón’ por el superávit de los grandes ayuntamientos | Mi dinero

Los ayuntamientos son la Administración más ejemplar a la hora de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y vienen salvando la cara a otros sectores, fundamentalmente mitigando el abultado déficit de la Seguridad Social. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha alertado hoy sobre la reducción que se está produciendo este año en el colchón que suponen las cuentas de los 16 grandes ayuntamientos, de más de 250.000 habitantes.

En concreto, las estimaciones de este organismo apuntan a que estas 16 grandes corporaciones locales prevén reducir este año su superávit agregado en casi un 40%, con lo que pasarán de un saldo positivo de 1.784 millones de euros en 2016 a 1.075 millones al final del presente ejercicio.

Esto ha llevado a la Airef a confirmar un cambio de tendencia que ya había detectado este organismo auditor de las cuentas públicas. “En 2016, mientras el conjunto de Corporaciones Locales incrementó su superávit en casi un 40% respecto a 2015, las granes entidades redujeron su superávit agregado en torno a un 1%, lo que supuso que el resto aumentó su capacidad de financiación en más de un 60%”, indican desde la Airef.

Ahora este superávit agregado de los grandes ayuntamientos se reduce un 40% arrastrado en términos absolutos por la disminución del saldo positivo de corporaciones como la de Madrid que se prevé que obtenga un superávit de 622 millones de euros, un 44% menos que el año anterior; el ayuntamiento de Barcelona, que pasará de 113 millones de superávit a 26 millones, una reducción del 77%. Si bien Bilbao registra porcentualmente el mayor empeoramiento al pasar de tener un superávit de 11 millones en 201 a un déficit previsto de 29 millones de euros este año, lo que representa un recorte del 360%.

Estos datos “quedan matizados”, según este organismo, si se ponen en relación con el tamaño del presupuesto local. En este caso, el ayuntamiento de Córdoba es el que más empeora sus cuentas, ya que pasa de tener un superávit del 23% de sus ingresos al 4,8%, lo que representa un recorte de 18,4 puntos. Le sigue el ayuntamiento de Madrid, que reduce el peso de su superávit del 23% de sus ingresos no financieros al 10,3%.

Sin embargo, no todas las grandes ayuntamientos son portadores de malas noticias. La Airef destaca el buen comportamiento de las corporaciones de Málaga y Sevilla. La capital andaluza prevé obtener un superávit este año de 86 millones de euros frente a los 59 millones del año pasado, un 45% más. Mientras que en Málaga el saldo positivo aumentará un 34% hasta los 93 millones de euros. Igualmente, el ayuntamiento murciano ha logrado pasar de un déficit de 147 millones de euros en 2016 a un superávit previsto de 5 millones este año.

Pese a este empeoramiento de las cuentas agregadas de los grandes ayuntamientos, la Airef indica que “todos los datos disponibles muestran una probable tendencia al alza del superávit a obtener a fin de año por el subsector” formado por la totalidad de las corporaciones locales.

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Todos unidos contra el terror | Compañías

El infame atentado perpetrado ayer en la Rambla de Barcelona, con el triste resultado de al me­nos 13 muertos y más de 80 heridos, es la constatación de los enormes riesgos con que nos ha tocado vivir. Pero al tiempo pone también de manifiesto la enorme necesidad de que todos los ciudadanos de paz, de cualquier credo, ideología o condición, estemos unidos firmemente contra la lacra del terror, sin fisuras ni dudas de ningún género.

Es en momentos como este en los que los representantes de los ciudadanos deben poner sobre la mesa sus mejores cualidades y ser firmes dentro de la ley, pero también inexorables en el combate contra el mal. Esa es la razón por la que hay que exigir a todos los partidos políticos y a las distintas Administraciones que aglutinen un frente común que plante cara a la vesania terrorista. Bien sabemos en nuestro país, tras décadas de sufrimiento de locura terrorista, que solo con la unión se alcanza la fuerza necesaria para hacer frente a los cobardes del terror.

El terrorismo ha alcanzado en los últimos tiempos métodos que hacen presuponer lo peor en sus acciones. Aunque en muchos casos la intención de los autores sea huir tras consumar el atentado, su demencia les lleva a despreciar hasta la propia vida. Enfrentarse a un enemigo así, que además trasciende fronteras, exige los mayores niveles de destreza y eficacia. Por eso, más allá de la imprescindible coordinación a nivel nacional de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, urge profundizar en la búsqueda de una seguridad común europea que, respetando las libertades y derechos de los ciudadanos, sea capaz de afrontar con el vigor necesario el objetivo de lograr que puedan convivir sin miedo.

El triste calendario de recientes atentados europeos expresa, por si alguien tenía aún alguna duda, que nadie está inmune y que los ataques indiscriminados y en cualquier punto son un peligro latente. Una indeseable incertidumbre que puede ser letal también para la recuperación económica. La lucha contra el terror exige a la ciudadanía ceder parcelas de comodidad. Pero luchar contra este mal requiere también las mayores cotas de inteligencia.

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Carl’s Jr. entra en España para plantar cara a McDonald’s y Burger King | Compañías

La hamburguesa en España ya no es cosa de dos. A Burger King y McDonald’s se están sumando cada vez más nuevos competidores extranjeros que buscan hacerse un hueco en un sector que todavía prevé crecer. El último en entrar, por el momento, será Carl’s Jr.

La cadena estadounidense abrirá en otoño su primer restaurante en España. El lugar elegido para la entrada es la Gran Vía de Madrid, pero para los próximos tres años confía en alcanzar los 100 locales.

Precisamente, ha elegido para su debut la misma calle que hace justo un año Five Guys, también norteamericana, y conocida por tener a Barack Obama entre sus clientes más famosos. Esta compañía ya ha abierto su segundo local, en Leganés, y tiene previsto otro restaurante en el centro comercial Plaza Río 2. La compañía ya planea llevar la marca a otras ciudades, aunque no ha terminado de definir su plan de expansión.

En el caso de Carl’s Jr., ya ha anunciado un segundo local durante este ejercicio, que será en un centro comercial, que no concretó, y aseguró ayer que ya tiene cerrados varios contratos en su expansión.

El primer restaurante en España, que además supone el estreno de la nueva imagen corporativa de la compañía fuera de EE UU, tiene una superficie de 513 metros cuadrados, con terraza en la céntrica arteria madrileña, y prevé dar trabajo a 50 personas.

La compañía percenece al grupo CKE Restaurants, junto con otras marcas como Hardee’s, Green Burrito y Red Burrito. Carl’s Jr. cuenta con unos 4.000 locales en 40 países y con planes de aumentar su expansión internacional. Factura cerca de 4.000 millones de dólares y ha pasado en 20 años de ser una cadena local ha tener un rápido crecimiento gracias, por ejemplo, al impulso de su dueño, el fondo Roark Capital, quien adquirió el grupo en 2013 pagando unos 1.700 millones.

La apuesta de Carl’s Jr. y Five Guys por España coincide además con la proliferación de distintas cadenas, mucho más pequeñas, que en los últimos años han ido creciendo al calor del auge de la hamburguesa más gourmet.

Lejos de una posible saturación en el sector, las grandes cadenas también cuentan con planes de expansión en España. Por ejemplo, Burger King planea llegar a los 1.000 restaurantes en 2022, unos 300 más de los que tiene en la actualidad. Por su lado, McDonald’s tiene a España entre sus países con mayor crecimiento y el año pasado anunció un plan para incorporar 100 restaurantes y contratar a 3.000 personas.

El dueño de Gambrinus, al frente

La expansión de Carl’s Jr por España se producirá de la mano del grupo de restauración Beer & Food. “Carl´s Jr.” afirmó ayer Víctor Santos, director general de Beer&Food, “viene a completar nuestro portfolio de marcas líderes sumando, un modelo de negocio con gran potencial en nuestro país, que busca ocupar un nicho de mercado en constante crecimiento

La compañía tiene en su portafolio enseñas como Gambrinus, Cruz Blanca, Official Irish Pub, La Clueca, La Chelinda, Indalo Tapas o La Francerie. En la actualidad cuenta con 430 locales y cuenta con un plan para superar los 600 establecimientos para el año 2021.

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Las instrucciones de la OCU para reclamar la plusvalía municipal tras una nueva sentencia | Mi dinero

El Ayuntamiento de Cullera ha sido condenado a una sentencia por la que deberá devolver a un afectado la liquidación de Impuesto sobre el Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana (denominado comúnmente plusvalía municipal) así como los intereses legales de dicha cantidad y el abono de las costas procesales.

La novedad reside en que esta plusvalía se deberá calcular en función del valor real declarado de la vivienda, sin la necesidad de tasación ni peritaje para demostrar que no ha existido incremento en el valor de la misma.

En relación con la emisión de esta sentencia, la OCU ha publicado un comunicado en el que anima a los afectados por la plusvalía municipal a reclamar a sus ayuntamientos. A raíz de esta decisión del juzgado, la OCU apunta que esto agilizará el proceso de reclamación y no generará gastos extraordinarios cuando se realice la devolución del impuesto en el caso de que haya sido cobrado de manera irregular.

En el mismo comunicado, la OCU exige a los ayuntamientos que realicen la devolución de las cantidades cobradas sin necesidad de recurrir a los tribunales y, tal como refleja la sentencia valenciana, evitando una tasación extraordinaria, de manera que el valor declarado en las escrituras de compraventa se estime como cierto.

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Estos cinco municipios de España no facilitan información a la Autoridad Fiscal | Mi dinero

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) comunicó ayer que ha lanzado advertencias a cinco ayuntamientos por no proporcionar información sobre sus cuentas para la elaboración del informe sobre cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de las Administraciones públicas de 2017.

Según informó ayer en un comunicado, la Airef publicó en su página web una resolución de su presidente, José Luis Escrivá, en la que advierte a cinco entidades locales por incumplir su deber de colaborar con el organismo.

Los cinco ayuntamientos advertidos son los de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (de la provincia de Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real). El supervisor de las cuentas públicas recuerda que la negativa a facilitar información supone la aplicación de las medidas correctivas que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

A pesar de las advertencias, los ayuntamientos son el eslabón de la Administración que presenta mejores cifras. El año pasado cerró con un superávit del 0,6% cuando bastaba que registraran equilibrio para cumplir con el objetivo de estabilidad. Este sobrecumplimiento palió el desvío de otras administraciones y permitió que España cumpliera por primera vez durante el Gobierno de Mariano Rajoy el objetivo de déficit público.

En términos generales, la situación de los ayuntamientos es buena, aunque en un informe reciente, la Airef alertó de “32 ayuntamientos que con una ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes superior al 75% presentan problemas de sostenibilidad”.

La Autoridad Fiscal también informó en su evaluación mensual de las cuentas públicas que España está en disposición de cumplir este año el objetivo de estabilidad, que contempla que los números rojos bajen del 4,3% al 3,1% del PIB. Las mayores dudas las generan la Administración central y la Seguridad Social.

Los ingresos públicos avanzan, pero menos de lo previsto; sin embargo, también el gasto será inferior a lo presupuestado.

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Al fin, auditoría pública de diputaciones y municipios | Mi dinero

En este año en que estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, se ha aprobado una norma imprescindible para realizar un control eficaz de los recursos de las entidades locales. El decreto que regula su control interno, publicado en el BOE el pasado 12 de mayo, introduce –entre otras muchas novedades– la obligación de que se auditen anualmente las cuentas de todos los organismos locales. En democracia, la auditoría es imprescindible para la transparencia y esta es necesaria contra la corrupción y fundamental para una gestión eficiente.

Por ello, no se entiende el retraso de décadas en mejorar el control en el sector local, “uno de los principales fundamentos de un régimen democrático” (Carta europea de autonomía local. Estrasburgo 1985); y lugar donde históricamente “los abusos asolan la vida pública, transformándola en campo agramante de quienes disputan el dominio de las instituciones para satisfacción de privados intereses”, como ya exponía con brillante prosa y premonitoria descripción el preámbulo de nuestra ley de bases de régimen local, hace 32 años.

Desde 1984, año en que se aprobaron las normas de auditoría del sector público, no se han implantado en el sector local, a pesar de permanentes demandas sociales, recomendaciones del Tribunal de Cuentas e incluso exigencias de las leyes que regulan las haciendas locales desde 1988.

Ello ha producido que en el ámbito de gestión pública con más riesgo de corrupción e ineficiencia sea donde, según el indicador de la fundación FIASEP, menos se practica este eficaz sistema de control (solo se realiza en un 5,8 % de sus entidades).

No se entiende cómo la ley de auditoría de cuentas obliga a auditarse a las empresas privadas de determinado tamaño, y no había una norma que obligase a auditarse a los Ayuntamientos, que en la mayoría de los municipios son la unidad económica más importante. Dejando sin control eficiente al sector local que cuenta con cerca de 18.000 entidades que, a su vez, ceden la gestión de muchos servicios públicos a empresas privadas y conceden miles de subvenciones a empresas, organizaciones sociales y empresas. Pues bien, esta nueva norma moderniza y da más medios a los interventores locales, implantando el modelo de control estatal y autonómico, que se ha demostrado eficaz; incluye en el ámbito de control todo el sector local; prevé la aplicación de un control previo limitado para profundizar en controles posteriores; exige que se controle cada año al menos el 80 % del presupuesto; regula la resolución de discrepancias entre el interventor y los gestores o, entre otras mejoras, exige el envío de informes de su actuación a la Intervención del Estado y al Tribunal de Cuentas.

La novedad más importante es la implantación del control financiero mediante auditorías como medio de control principal de los interventores. Esta auditoría abarcará no solo las cuentas, sino que tendrá que evaluar el cumplimiento de la legalidad y la calidad de la gestión; se realizará anualmente sobre la totalidad de las entidades y, como novedad sustancial, el interventor podrá contratar a firmas privadas de auditoría para realizar todas sus competencias, al igual que viene haciendo el Estado. La norma prevé un periodo de un año para su entrada en vigor, plazo necesario para que se puedan implantar estos nuevos controles. Para ello será necesario la elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción de las implicaciones que conllevará su aplicación según las características de cada corporación y el número o naturaleza de sus entidades; así como la aprobación del primer plan anual de control y auditorías; un proceso de formación de interventores para la utilización de las nuevas técnicas de control y la aprobación por el pleno de la corporación del acuerdo para implantar la intervención limitada previa.

Finalmente, esta norma, sin duda, mejorará el control interno en el sector local, imprescindible para una gestión más honrada y eficaz. Pero para que este ámbito, tan importante para la vida de los ciudadanos, preste unos servicios públicos con calidad y eficiencia; se necesita, además, solucionar sus problemas de financiación y establecer un sistema de información de indicadores de los servicios.

Alejandro Martínez Gómez es socio de Sector Público de EY.

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Un ensayo a favor del deporte inclusivo | Compañías

Perseverancia, afán de superación, trabajo en equipo, aceptación de reglas, entre otros, son valores atribuidos comúnmente al deporte y que encarna, como ningún otro, el rugby, que ahora también es el gran exponente del deporte inclusivo, el que se practica entre personas con y sin discapacidad usando las mismas reglas.

España acogerá el II Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, que se celebrará en Vitoria del 20 al 26 de agosto y en el que participarán 13 equipos, dos de ellos españoles. Está organizado por IMAS (International Mixed Ability Sports), entidad sin ánimo de lucro que ha desarrollado el modelo de habilidad mixta para permitir que personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades que combinan el deporte y la educación.

El torneo cuenta además con el apoyo de instituciones públicas y privadas, como el CEDI (Cátedra de Estudios sobre Deporte Inclusivo) de la Fundación Sanitas, Down España, Down Araba, el EscorGaztedi Rugby Taldea, el Gobierno central, el Gobierno vasco, la Diputación de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria y la Federación Vasca de Rugby.

El rugby ayuda a las personas con síndrome de Down a mejorar progresivamente sus capacidades de aprendizaje y de autoestima

“Desde la Fundación Sanitas promovemos la inclusión en todos los deportes”, señala Catherine Cummings, responsable de RSC de la Fundación Sanitas. “Pero el rugby es un deporte que casa muy bien con la integración de las personas con discapacidad intelectual. Porque no importa si no tiene una enorme coordinación. Lo que importa son las ganas, el meterse”, afirma. “Luego está toda la parte de después, más social, de los dos equipos que se unen después para tomar algo juntos, el llamado tercer tiempo. Es un deporte muy completo en ese sentido para la inclusión”, recalca Cummings.

Porque si la práctica de deporte conlleva una mejora de las capacidades físicas y previene enfermedades, favoreciendo además la interacción social y el desarrollo de relaciones interpersonales, desde Down España aseguran que el rugby es especialmente recomendable para las personas con síndrome de Down, que podrán mejorar la coordinación general, la postura corporal, la orientación espacial, la fuerza, resistencia, flexibilidad y tono muscular y mejorarán progresivamente sus capacidades de aprendizaje y de autoestima.

“La inclusión en el rugby va a tener una puesta de largo en el torneo internacional de Vitoria, pero se cimenta en la práctica diaria de clubes como el EscorGaztedi”, destaca Javier Pérez Tejero, director del CEDI y profesor de Actividad Física y Deporte Adaptado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Entrenador-formador

Para que sea considerado deporte adaptado, al menos un jugador tiene que plantear un tipo de discapacidad, explica Pérez Tejero, y no hay una adaptación de las reglas per se, más allá de lo que es la adecuada participación del jugador en el desarrollo del juego. “Lo que sí hay es la figura del entrenador-formador”, destaca del director del CEDI. “Es un jugador que tiene el rol de orientar a las personas con discapacidad para que sean también protagonistas del juego. Tiene una misión relacionada con la seguridad, en cuanto a explicarle las normas del juego, las condiciones de higiene, el adecuado uso del material, etc., y también una función pedagógica, organizativa y tutorial”, explica Pérez Tejero.

Con la cita internacional de Vitoria, sus organizadores se marcan tres objetivos fundamentales. En primer lugar, llamar la atención de la sociedad sobre la necesidad de fomentar el deporte inclusivo, como plataforma para la inclusión de las personas con discapacidad y un modelo de igualdad de oportunidades. Segundo, que el rugby es un exponente del deporte inclusivo, porque cada jugador aporta valor al equipo con independencia de sus capacidades. Y tercero, animar a las instituciones públicas y privadas a que incorporen el rugby inclusivo como práctica entre los deportes que impulsan y promocionan.

El deporte inclusivo, en cualquier caso, debe empezar en las aulas, apunta Cummings. “En Fundación Sanitas estamos trabajando desde la edad escolar, para que haya torneos en las edades escolares donde jugar juntos. Con la idea de colaborar con las federaciones para que al niño al que se le despierta el gusanillo pueda hacer también deporte en las federaciones”, destaca la ejecutiva de Fundación Sanitas. “Lo que nos gustaría es que al igual que tenemos a los niños con discapacidad en el aula en clase de Lengua o en clase de Matemáticas, cuando se pasen a clase de Educación Física tener ahí todas la variantes con su vertiente inclusiva”.

Como el rugby, todos los deportes tienen también su modalidad inclusiva. “Por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Fundación Real Madrid en un campus inclusivo de baloncesto para niños, e intentamos promocionar todos los deportes”, apunta Cummings.

La asignatura pendiente, como reconoce Javier Pérez Tejero, es la incorporación de las mujeres al deporte inclusivo. “En el deporte no hay tantas chicas como estadísticamente sabemos que hay y por ello hay que adoptar medidas que vayan en pro de su participación”, concluye.

13 equipos compiten en Vitoria

El primer Torneo Internacional de Rugby Inclusivo se celebró en Inglaterra en 2015. Allí, el equipo vitoriano EscorGaztedi Rugby Taldea consiguió el premio Spirit of Mixed Ability por ser el que mejor reunía los valores de la inclusión y del rugby. Un reconocimiento que ha sido decisivo para que Vitoria acoja la segunda edición de este torneo.

-13 equipos participan en esta edición del torneo que se celebra del 20 al 26 de agosto en Vitoria.

-Dos equipos españoles: Clan Espurna Cullera y EscorGaztedi Rugby Taldea.

-Tres equipos ingleses: Bumble Bees RUFC, LetchworthBraveherts y Shropshire Stags.

-Dos equipos de Argentina: Pumpas XV A y Pumpas XV B.

-Con un equipo participan Francia: Clara Auvergne; Italia: CROnSettimo Rugby; Escocia: The Scottish Clan; Irlanda: Sunday’s WellRebels, y Gales: Swansea Gladiators.

-Y por último, un equipo Imart World XV, que engloba al resto de delegaciones que no llevan un equipo completo al torneo.

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Los ayuntamientos andaluces, los que más incumplen el deber de rendir cuentas | Legal

Entre las múltiples actuaciones que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas para fomentar la rendición de las cuentas generales de las entidades locales, ha incluido en su programa de trabajo para 2017 la “Fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2015, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación”.

Esta fiscalización incluye a los 62 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a la diputación provincial que, en el mes de marzo de este año, no habían cumplido con la obligación de rendir la cuenta general de los ejercicios 2014 y 2015. Entre sus principales objetivos está determinar las causas que ocasionan el incumplimiento del deber de rendir sus cuentas y contribuir a remover los obstáculos para conseguir la plena rendición.

Lo que pretenden es dar la mayor amplitud y profundidad al análisis del incumplimiento de dicho deber, con carácter reiterado, por las entidades locales, identificando sus causas, para eliminar los obstáculos estructurales, organizativos o las prácticas de gestión que lo originan.

En esta fiscalización se efectúa un análisis de la composición del censo del sector público local y del nivel de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas en los últimos años, determinándose en la misma los motivos que ocasionan el incumplimiento. Para ello se examina, para cada una de las 62 entidades en las que concurre tal circunstancia, la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias a las que están sometidas en materia de formación, aprobación y rendición de cuentas; así como la coherencia e integridad de las cuentas anuales formadas y no rendidas o, en su defecto, de su información contable. Además, se verifican los sistemas y procedimientos contables que tienen implantados y su correlación con los restantes sistemas de información y control interno.

En ejecución de esta fiscalización, en marzo de 2017, se remitieron oficios a las referidas entidades requiriendo la rendición de las cuentas de los ejercicios 2014 y 2015, y solicitando información sobre una serie de aspectos esenciales que permitirán evidenciar las razones del incumplimiento. A las entidades que no atendieron dicha solicitud, se les reiteró la reclamación en el mes de mayo, con la advertencia de que, si a 9 de junio no la hubieran respondido, se procedería a requerir la personación del respectivo Alcalde y del responsable de la Intervención municipal en la Sede del Tribunal de Cuentas para explicar las razones que lo motivaban.

Como consecuencia de estos requerimientos, hasta la fecha han rendido las cuentas de los referidos ejercicios las siguientes entidades: en Andalucía -Comunidad Autónoma donde se encuentra el mayor número de las entidades incumplidoras-, los Ayuntamientos de Albuñol, Álora, Bailén, Benalup-Casas Viejas, Cádiz, Minas, San Fernando, Ronda, San Juan de Aznalfarache, Villaverde del Rio, Villanueva del Ariscal y Villanueva del Río; y, en Extremadura, el Ayuntamiento de Castuera. Han rendido la cuenta de 2014, quedando pendiente la de 2015, los Ayuntamientos de Archidona, Arcos de la Frontera, Benalmádena, Cártama, Mairena del Alcor, Marbella, Nerva, Garrucha y Ronda, todos ellos sitos en Andalucía; además, ha rendido la cuenta de 2015, el Ayuntamiento de Gines, perteneciente a la misma Comunidad Autónoma.

A principios de julio se han cursado por el Tribunal de Cuentas escritos a los alcaldes que seguían sin enviar información ni rendir las cuentas, citándoles a su personación si a finales de mes no hubieran atendido la petición. Todo ello sin perjuicio de que se apliquen las medidas que establece la normativa reguladora del Tribunal de Cuentas al efecto, entre las que se incluye la realización de requerimientos conminatorios y la imposición de multas coercitivas a los responsables de las entidades incumplidoras, que se harán efectivas sobre el patrimonio de estos, y que se reiterarán hasta el debido cumplimiento de la obligación, además de requerirse las responsabilidades que se deriven de dicha actuación.

El Tribunal de Cuentas viene realizando un gran esfuerzo para conseguir la plena rendición por las entidades locales. Para ello desarrolló en 2007 la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales, que en la actualidad gestiona junto con los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas, y tiene regulado un procedimiento para la rendición telemática y en formato electrónico de dichas cuentas. Además, lleva a cabo planes de actuaciones anuales, que se ejecutan con carácter previo a la fecha de rendición y con acciones posteriores sobre las entidades incumplidoras una vez transcurrido el plazo legal para hacerlo efectivo.

El Tribunal de Cuentas recomienda reiteradamente en sus Informes de fiscalización sobre el sector público local que se vincule la percepción de ayudas y subvenciones por las entidades a la previa rendición de cuentas y que se adopten y se pongan en práctica medidas que garanticen su adecuado y oportuno cumplimiento en plazo y forma, debiendo ofrecerse un marco suficientemente explícito para que se reconozca a las cuentas anuales la importancia que tienen para el cumplimiento de sus fines y se asegure que las mismas ofrezcan una información completa, coherente, integrada y fiable. Solo de este modo puede garantizarse la necesaria transparencia y el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y economía exigibles en la gestión pública.

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Sepa si es usted uno de los madrileños que pagará menos IBI | Mi dinero

Este año será el primero en el que los madrileños paguen el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), el principal tributo municipal que grava la propiedad de una vivienda o cualquier otra clase de inmueble, una vez que se han revisado los valores catastrales de algunos barrios de la ciudad.

Actualmente, los valores catastrales vigentes en la capital son los resultantes del último procedimiento de valoración colectiva de carácter general que comenzó a aplicarse en enero de 2012. Entonces, dicha revisión supuso un incremento de los recibos que para que su impacto fuera menor se decidió prorratear a lo largo de 10 años. Sin embargo, en junio de 2016 el Estado aprobó una revisión parcial, derivada de un estudio realizado por la Dirección General del Catastro del Ayuntamiento de Madrid.

Tal y como aseguran fuentes del equipo de Manuela Carmena, si bien la ponencia de valores vigente se ajusta de manera generalizada a la evolución de precios y valores (el valor catastral de las casas en Madrid se sitúa de promedio en el 55% del valor de mercado), el Consistorio detectó que en 22 barrios las diferencias eran demasiado acusadas. Todas esas zonas tenían en común que en ellas los precios de la vivienda y el suelo habían caído, mientras sus recibos de IBI no habían dejado de aumentar en relación a los valores catastrales de 2012.

Por este motivo, el Ayuntamiento impulsó este proceso de revisión, con el objetivo de paliar el gran desequilibrio detectado. La actualización de esos valores con lo que realmente ha pasado en esas barriadas con el precio de los pisos ha supuesto un descenso de entre el 20% y el 40% del valor catastral para 370.888 inmuebles (275.441 residenciales y el resto de otros usos) del total de 2.139.807 de toda la ciudad. De esta forma, los titulares del 17,3% de las casas de Madrid verán este año cómo su recibo de IBI se reduce de promedio un 7%, una rebaja que aumentará los tres próximos años hasta alcanzar incluso en algunos casos el 40%.

Los beneficiados por la rebaja son los barrios de Comillas, Opañel, San Isidro, Vista Alegre, Puerta Bonita, Buenavista y Abrantes (Carabanchel); Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia (Puente de Vallecas); Orcasitas, Orcasur, San Fermín, Almendrales, Moscardó, Zofío y Pradolongo (Usera); Santa Eugenia (Villa de Vallecas); y San Cristóbal, en Villaverde.

Con los ejemplos ofrecidos por el Consistorio se entiende mejor la magnitud de esta medida. Una casa de tipo medio en Almendrales tributará este año por IBI 275 euros, frente a los 290 previstos inicialmente, lo que supone un ahorro para el contribuyente del 5,17%. La diferencia irá subiendo hasta 2021, año en el que se pagarán 289 euros frente a los 361 previstos antes de la revisión. En este caso, el descuento para el propietario es ya del 20% frente a lo que tendría que haber pagado si no se hubiera actualizado el valor catastral.

En el caso de San Cristóbal, la diferencia es aún más elevada. Un piso ubicado en ese barrio de Villaverde tendrá que pagar en concepto de IBI este año 117 euros, frente a los 153 previstos, un 23,5% menos y en el año 2021, volverá a tributar 117 euros en vez de los 195 inicialmente calculados. Ese año el ahorro se dispara hasta el 40%.

Preguntado por el coste que tendrá esta rebaja en la recaudación tributaria del Consistorio, lo que dejará de ingresar asciende a 12,10 millones de euros, una cantidad perfectamente asumible teniendo en cuenta que Madrid recauda al año por IBI más de 1.200 millones de euros.

Si usted no reside en uno de esos barrios donde la revisión catastral permite la reducción del recibo del IBI, sepa que también puede obtener descuentos o bien por domiciliar el pago del impuesto o por fraccionarlo.

En el caso de que el contribuyente decida únicamente domiciliar el pago del tributo, le será descontado de la cuenta bancaria el último día del plazo voluntario de abono, es decir, el 30 de noviembre. En este supuesto sin descuento.

Pero existe además la modalidad de fraccionamiento y domiciliación, el denominado sistema especial de pago que reparte el abono del impuesto en dos plazos, con una bonificación del 3,25% de la cuota del tributo y un límite de 70 euros. Por último, se encuentra disponible la modalidad de pago a la carta, que permite fraccionar e pago del IBI en dos, tres, cinco o nueve plazos. La adhesión a este sistema permite beneficiarse de una bonificación de hasta el 5% de la cuota del recibo.

La estimación que hace la Agencia Tributaria madrileña de lo que dejará de recaudar por la aplicación de estas bonificaciones es de 7,3 millones en el caso del plan de pago a la carta y otros 5,8 millones por la domiciliación y fraccionamiento.

Claves de la iniciativa

La Dirección General del Catastro envió cartas a los 270.314 titulares de los 370.888 inmuebles afectados por la rebaja del valor catastral. En lo que va de año ya habrán pagado los primeros plazos de la cuota quienes se acojan a alguna de las modalidades de pago fraccionado disponibles.

La rebaja del valor catastral de cualquier inmueble es relevante en la medida que también implica un descuento del recibo a pagar de otros tributos que utilizan ese valor como referencia. Es el caso, por ejemplo, del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la popularmente conocida como plusvalía.

Para poder acogerse a las distintas modalidades de pago fraccionado y domiciliación bancaria de los recibos del IBI, los constribuyentes madrileños pueden solicitarlo a través de internet, en la página web: www.madrid.es/fraccionamientos a partir de octubre de cada ejercicio y antes del 10 de diciembre para que los cambios sean efectivos antes del 1 de enero del año siguiente.

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