Unipost: Codorníu niega cualquier vinculación con los preparativos del referéndum | Compañías

Codorníu ha negado tener vinculación con la empresa Unipost -registrada este martes por la Guardia Civil por supuestos envíos relacionados con el 1-O- y cualquier otra participación con el proceso soberanista, ha informado en un comunicado.

Asegura que ninguna de las empresas que forman el grupo ha participado ni participa en la distribución de propaganda, notificaciones para las mesas electorales, ni en general, en el proceso soberanista.

Fuentes de Codorníu explican que accionistas de Unipost son de la familia Raventós y que a la vez tienen un participación en Codorníu, pero destacan que “no alcanza el 1%”. Han incidido en que la empresa de cava “no hace política” y que los propietarios de Unipost no están en ningún consejo ni órgano directivo de Codorníu.

Según este comunicado, Unipost no es una sociedad del Grupo Codorníu y este no tiene participación alguna en la misma. Puntualiza que el hecho de que unos accionistas minoritarios de este grupo, que no trabajan en la empresa, tengan a título individual acciones de Unipost “no supone que el Grupo Codorníu participe ni directa ni indirectamente en la toma de decisiones de Unipost”.

Asimismo, explican que la semana pasada interpusieron una denuncia por delito de calumnias ante la Unidad de Delitos Económicos (Udef) de la Policía Nacional por difusión en Internet de varias noticias falsas y calumniosas que la vinculaban con el proceso soberanista.

La Guardia Civil se ha incautado de centenares de sobres embalados y almacenados en cajas en el registro que ha efectuado este martes en la empresa de mensajería Unipost en la que han buscado material relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Un juez ha autorizado a la Fiscalía a intervenir la “ingente cantidad de sobres” con el logotipo de la Generalitaty a abrir uno de ellos para comprobar si contienen tarjetas censales para el referéndum.

En el auto, el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa, en funciones de guardia, ha dictado que procede intervenir todos y abrir uno para “esclarecer la posible participación de algún responsable” de esta empresa como cooperador necesario de un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El juez recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite una querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consellers del Govern por la ley del referéndum. También alude en el auto que Unipost está vinculada a la Generalitat “al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014”.

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Gobierno y jueces aprietan a las empresas para que ayuden a frenar el referéndum | Compañías

El Gobierno español, la Fiscalía y los jueces han elevado la presión sobre las empresas para evitar que participen de cualquier manera en la promoción del referéndum convocado por el Parlamento de Cataluña y suspendido por parte del Tribunal Constitucional.

A falta de dos semanas para el 1 de octubre, la fecha marcada en rojo por el independentismo catalán, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha lanzado varias iniciativas para tratar de bloquear la acción de la Generalitat y otros organismos promotores de la consulta del 1 de octubre.

Uno de sus principales órdagos ha sido la toma de control de la autonomía financiera de la Generalitat de Cataluña. El Ministerio de Hacienda ha asumido todos los pagos de servicios esenciales (sanidad, educación…) y nóminas de la gobierno autonómico.

En lugar de enviar a Cataluña los 1.400 millones de euros que mensualmente le corresponden dentro de la financiación para hacer frente a sus obligaciones, Hacienda pagará directamente a los proveedores.

Para que esta medida sea más efectiva, Hacienda va a exigir a las empresas y autónomos que prestan servicios o proveen bienes a la Generalitat que certifiquen que su actividad “no tiene relación con la financiación de actividades ilegales ni contrarias a las decisiones de los tribunales”, según consta en la orden ministerial publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado.

Además, un juez de Barcelona ha exigido a las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange…) que bloqueen el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum del 1 de octubre. Esas webs ya no eran visibles ayer en España.

Propaganda incautada

Otro de los frentes abiertos es el requisamiento en imprenta de material propagandístico para el referéndum convocado por el Parlamento catalán.

La Guardia Civil se incautó ayer de 1,3 millones de carteles de y folletos que defendían la participación en la convocatoria del 1 de octubre y el sí a la independencia.

La operación se desarrolló en una empresa situada Montcada i Reixac (Barcelona) donde se localizaron unos 700.000 folletos informativos para su reparto promoviendo el sí, otros 130.000 carteles de menor tamaño también en apoyo del referéndum y unos 370.000 dípticos con el logotipo de la Generalitat que se corresponderían con la campaña institucional del referéndum ilegal.

Por otra parte, la Guardia Civil ha acudido a varios medios de comunicación (El Punt Avui, Vilaweb, Elnacional, Racocatala y Naciódigital) para para entregarles la orden judicial que les manda retirar los anuncios del referéndum de sus webs y sus páginas de papel.

 

 

 

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Multinacionales de EEUU se preparan para dejar Cataluña si es necesario | Compañías

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, advierte que Cataluña podría perder la sede social de “muchas empresas” y también inversiones empresariales si la Generalitat construye “una realidad paralela” a la legalidad española tras el referéndum del 1 de octubre.

Malet ha explicado en una entrevista que “muchas compañías” tienen “preparados” planes de contingencia para cambiar las sedes sociales de sus compañías de Cataluña a otras partes de España en función de lo que suceda el 1 de octubre.

“El plan de contingencia para una compañía catalana que tenga su sede social en Barcelona o en Girona es muy barato y muy fácil. De un día para otro se convoca un consejo de administración, que ya está preparado, y en 24 horas ya tienes la sede en cualquier otra parte de la geografía española”, ha precisado. Malet ha asegurado que el proceso soberanista ya ha provocado que “algunas inversiones que tenían que venir no hayan venido”, y ha añadido: “Sé de algunas compañías que tenían planes (de inversión) y que se han ido a otro sitio. Eso no ha pasado de forma generalizada, sino muy minoritaria, pero eso puede pasar a partir de ahora”, ha advertido, aunque no ha querido entrar en ejemplos concretos.

El presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España ha opinado que cuando se difunde “en todo el mundo que un Parlamento autonómico no va a cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional estamos en un momento muy peligroso”.

La Cámara de Comercio de EEUU en España es una institución centenaria de la cual forman parte un total de 288 socios que suman una facturación agregada en España de 248.000 millones de euros. Forman parte de esta cámara grandes multinacionales estadounidenses como HP, General Electric, Pfizer, Cola-Cola, Cisco o Dow Chemical, entre otras.

Malet ha precisado que esta semana se ha reunido la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio de EE UU y de que existe “mucha preocupación” por las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno. “Hay mucho interés por saber qué va a pasar y mucha incertidumbre sobre cómo va a terminar todo esto”.

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Rajoy: “El referéndum no se va a celebrar porque liquida la voluntad de la mayoría de los españoles” | Mercados

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado en Santiago de Compostela que el referéndum del 1 de octubre convocado por la Generalitat de Cataluña “no se va a celebrar” porque, a su juicio, supondría “la liquidación de la voluntad de la mayoría de los españoles”.

En concreto, el titular del Ejecutivo español se ha pronunciado de este modo después de que este sábado por la mañana el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtiese al Gobierno central y al conjunto del sistema político español que “no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña”. Estas declaraciones las realizó en la recepción en el Palau de la Generalitat a centenares de alcaldes investigados por haber firmado decretos de compromiso con el 1-O.

“No voy a entrar en polémicas con el señor Puigdemont ni con nadie”, ha manifestado Rajoy al ser preguntado por los medios de comunicación justo antes de participar en el homenaje celebrado en Santiago al expresidente de la Xunta de Galicia Gerardo Fernández Albor. No obstante, ha remarcado que se está ante un “momento importante” para que “algunos reflexionen y vuelvan a la racionalidad, al sentido común y a la legalidad”.

Y es que, ha continuado, lo que ocurrió el 6 y el 7 de septiembre en el Parlament tuvo “una gravedad enorme” porque, ha insistido, “se liquidó la Constitución Española, el Estatuto de autonomía de Cataluña y se estableció una nueva legalidad”, algo para lo que, ha señalado una vez más, “no están facultados” ni el Govern ni el Parlament catalán.

Por ello, ha pedido que “se vuelva a la racionalidad y a la legalidad” porque, ha recordado, “ningún gobierno puede, de ninguna manera, aceptar lo que está ocurriendo en estos momentos en Cataluña”.

Guindos: “El Gobierno tiene el poyo unánime de la UE”

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado que el resto de Estados miembro de la Unión Europea apoya de manera “unánime” la postura del Gobierno español ante el referéndum de Catalunya, considerado “absolutamente irracional en el exterior”.

“Mi impresión es que hay un apoyo unánime ante lo que está haciendo el Gobierno español, más allá de impresiones específicas. En el exterior consideran que es un planteamiento absolutamente irracional”, ha subrayado Guindos en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofin) de este sábado en Tallin (Estonia).

El titular de Economía ha subrayado la necesidad del Ejecutivo de mantener la “prudencia”, pero siempre “en defensa del Estado de Derecho”, “como no puede ser de otra forma”. “Debemos estar a la altura de los retos que se están planteando, respondiendo en función de las decisiones que se tomen desde la Generalitat”, ha apuntado.

Asimismo, ha explicado que en el resto de países comunitarios no entienden que en el siglo XXI un territorio como Catalunya esté plateando un referéndum y “rompiendo todas las reglas institucionales”.

“La independencia llevaría a Catalunya a un empobrecimiento brutal de la sociedad catalana. Yo no veo a la sociedad catalana ni fuera de la Unión Europea ni de la zona euro”, ha añadido.

Por otro lado, ha defendido que el paquete de medidas “novedosas” anunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para controlar los gastos de la Generalitat de Catalunya, ha surgido como consecuencia de que el Govern se negase a presentar la certificación que el Gobierno le pedía.

“Lo ha estado haciendo durante todo este tiempo. Si se hubiese mantenido así, no se habría tomado esta medida. Repito que hay que mantener la prudencia, pero defender con firmeza el Estado de Derecho. No vamos a entrar en ninguna provocación de aquellos que están fomentando el referéndum”, ha reiterado.

“Esperemos que se imponga el sentido común”

El ministro de Economía espera además que se imponga el “sentido común” durante los próximos días, así como que se abra “un rayo de racionalidad en todos aquellos que apoyan la consulta” del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.

“Esperemos que todos, especialmente los que están favoreciendo el referéndum, volvamos a un planteamiento dentro de la racionalidad y del diálogo”, ha destacado.

Al ser preguntado por si el Gobierno podría haber hecho algo más para no llegar a la situación que se vive en Catalunya, Guindos ha respondido que mirar hacia atrás “no es lo más adecuado”. “Hay que mirar hacia adelante. Nos encontramos donde nos encontramos como consecuencia de las decisiones unilaterales tomadas por la Generalitat”, ha defendido.

Finalmente, el responsable del ministerio de Economía ha señalado que la legalidad del Govern catalán deriva de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. “Si la Generalitat rechaza dicha legalidad, está rechazando de alguna manera sus propias competencias. Es cuestión de lealtad constitucional”, ha comentado.

“El Gobierno de España siempre ha apoyado a Catalunya desde el punto de vista de la financiación y para que los servicios básicos de los catalanes no se vean afectados”, ha concluido.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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Telefónica y Vodafone tienen 24 horas para bloquear webs pro referéndum | Compañías

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha remitido a las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange…) que bloqueen el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en el plazo de 24 horas.

En concreto, solicita de forma muy urgente que impidan el acceso a los dominios ref1oct.cat, ref1oct.eu, referendum.es, referendum.cat, referendumoctubre1.com, referendum.ws, referendumoctubre1.cat, referendumoct1.cat, 1octreferendum.cat y garanties.cat, según figura en la orden remitida a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Guardia Civil ya clausuró este miércoles la página web referendum.cat por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular es el titular Juan Antonio Ramírez.

Se trata del mismo juez que el 3 de marzo encargó a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santiago Vidal, quien reveló que el Gobierno catalán tenía una partida camuflada de 400 millones para el referéndum ilegal del 1 de octubre y crear estructuras de Estado.

En el marco de estas pesquisas, el juez Ramírez ha llamado a declarar a numerosos altos cargos de la Generalitat implicados en los preparativos del 1-O.

La página web referendum.cat puesta en marcha por la Generalitat de Cataluña para informar sobre el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre no se encuentra operativa desde el miércoles.

Por su parte, las webs que ahora ha solicitado el juez impedir su acceso también se encuentran inoperativas este sábado, según ha podido comprobar Europa Press, e incluso el acceso a algunas de ellas está cerrado desde el viernes por la noche.

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Una intervención forzada por el desprecio de Cataluña a la legalidad | Mercados

La tensión que el desafío soberanista ha impuesto sobre Cataluña ha tenido semana un punto de inflexión (que no tiene visos de ser el último) con la decisión del Gobierno autonómico de incumplir la obligación legal de dar cuenta al Estado de sus gastos. El viernes, el Gobierno respondía a ese gesto de estudiada insumisión con un paquete de medidas extraordinarias destinadas a permitir a la Administración central tomar el control de las finanzas catalanas. La intervención de Hacienda, como medio de impedir el desvío de fondos públicos para la celebración del seudorreferéndum del 1-O, es una acción legitimada por la propia autoridad del Estado en aplicación de medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, resumía Cristóbal Montoro el viernes tras anunciar la intervención. Esta otorga 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. En caso de que no obedezca –lo que presumiblemente ocurrirá– el Gobierno central asumirá el control de las finanzas catalanas, pero no se hará cargo de ninguna factura que el Govern no le haya entregado en ese plazo. La asunción de mandos supondrá que el Ejecutivo pasará a supervisar unos 1.400 millones de euros mensuales en gastos de Cataluña.

La intervención de las finanzas catalanas, que durará mientras se mantenga el desafío soberanista a la legalidad, no es un plato ni agradable ni beneficioso para nadie. No lo es para Cataluña y sus ciudadanos, no lo es para el Gobierno y el resto de los españoles y tampoco lo es para una comunidad internacional que asiste atónita a la ruptura de todos los cauces constitucionales de una comunidad autónoma cuya imagen exterior se está deteriorando por momentos. El Gobierno podía haber utilizado mucho antes todos los recursos del Estado para cortar el grifo de la financiación autonómica y forzar el pulso con Cataluña. En un ejercicio de prudencia y responsabilidad, no lo ha hecho hasta verse obligado defender in extremis una legalidad que el Gobierno catalán ha decidido ignorar en esta insensata y desquiciada huida hacia delante.

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Los valores catalanes de la Bolsa brillan al margen del referéndum | Mercados

Catalana Occidente: Una compañía familiar bien valorada por las casas de análisis

La aseguradora Catalana Occidente puede vivir con más tranquilidad que los bancos este periodo de tensión política, de acuerdo con los analistas. En primer lugar, porque su reducido tamaño hace que esté fuera del radar de muchos inversores. Solo los más especializados o los que apuestan por el conjunto de la Bolsa española invierten en la firma.
En segundo lugar, porque su negocio dentro de Cataluña es muy pequeño. La compañía ha crecido con compras y el 50% de su negocio se concentra en el seguro de crédito (a través de Atradius – Crédito y Caución). En el resto, con la compra de compañías presentes en todo el territorio nacional (como Plus Ultra o Nortehispana) ha ido reduciendo su exposición a Cataluña.
Además, la firma no tiene tanta dependencia de la financiación externa como el sector bancario, por lo que un repunte de la prima de riesgo por un alza de las tensiones políticas no le afectaría. Por último, la mayor parte del capital de la compañía está en manos de la familia Serra, lo que puede amortiguar los vaivenes bursátiles.
Las cinco casas de análisis que emiten informes sobre este valor mantienen recomendaciones de mantener o comprar. Ninguna recomienda vender. En lo que va de año, la compañía se ha revalorizado en Bolsa un 10%, aunque los últimos meses ha caído. Prestigiosas gestoras como EDM Inversión, Magallanes, azValor o Mutuactivos tienen importantes posiciones en este valor.

Colonial: La conversión en Socimi le lleva a máximos de 2011

El verano le ha traído dos buenas noticias a Colonial. Por un lado, la inmobiliaria catalana volvió al Ibex en sustitución de Popular. Por el otro, la decisión de convertirse en Socimi mejoró sus ganancias un 90% en el primer semestre gracias a los beneficios derivados del sistema fiscal de este tipo de sociedad. Trata de olvidar los rigores de la crisis del ladrillo con sus acciones al mayor precio desde septiembre de 2011. Supera los 8,5 euros por título y sube un 30% en lo que va de año. Los analistas auguran que el idilio con el mercado termine pronto. El consenso de Thomson Reuters sitúa su precio objetivo un 5,8% por debajo de los 8,6 euros por acción a los que cerró el viernes. Y, en su mayoría, aconsejan mantener.

Fluidra: El 80% de la facturación se genera fuera de España

Con una revalorización del 101% desde enero, Fluidra se convierte en uno de los valores más rentables de la Bolsa española en 2017. Es la compañía líder en Europa en fabricación y distribución de productos relacionados con el diseño, desarrollo, cuidado y mantenimiento de todo tipo de piscinas. A pesar de la excelente evolución del valor, “creemos que aún queda recorrido gracias a su principal punto fuerte, su apalancamiento operativo en un entorno de clara recuperación de las ventas”, explican los expertos de Sabadell que tienen a la compañía en comprar. La empresa catalana genera un 21% de su cifra de ventas en España, el 79% restante está distribuido entre el resto de Europa (45%), Asia y Australia ( 20%) y el resto del mundo (12%) .

Miquel y Costas: Bien posicionado en un sector con barreras de entrada

Gesconsult Renta Variable, de la gestora delmismo nombre, e Iberian Value, de AlphaPlus, son solo dos de los muchos fondos de inversión que tienen posiciones en Miquel y Costas. Detrás de este valor de 600 millones de capitalización se esconde un grupo líder mundial por su tecnología en la fabricación de papel para cigarrillos, papeles especiales y pastas textiles. Entre sus puntos favorables está el que en el sector al que pertenece hay fuertes barreras de entrada. Gabriel López, de Inverdif, destaca además que la compañía cuenta con un programa de recompra de acciones “que refleja la buena rentabilidad de su negocio. Además, es una empresa que en otras ocasiones “se ha desmarcado del independentismo”. Sus acciones ganan un 50% desde mínimos de 52 semanas.

Almirall: Un ‘profit warning’ que le costó el puesto al consejero delegado

Turbulencias durante los últimos meses para Almirall. El pasado 11 de julio el fabricante de Almax (entre otros medicamentos) sufrió un duro varapalo. Se desplomó en Bolsa un 25% en una sola sesión después de recortar sus previsiones de ingresos y ebitda para el fin del ejercicio. La empresa lo achacó a la evolución de su filial en EE UU, Aqua. Sumado a su negocio en Asia Pacífico y Asia, ingreso 62,4 millones por este área. Un 19% del total. Esta situación le costó primero el puesto a su jefe en el país norteamericano, Ted White, y al consejero delegado global, Eduardo Sanchiz, después. Sin embargo, el mercado americano no es el principal para Almirall. Ese es el europeo (excluyendo España) que supone un 46%. El nacional representa el 32% restante y 104 millones.

Ercros: Sube un 500% en el año y medio y lidera el continuo en 2017

No solo es que Ercros encabece las subidas en el Mercado Continuo en 2017. En el último año y medio el fabricante de plásticos está inmerso en un rally que parece no dar vértigo a los inversores. Sus acciones se revalorizan más de un 500% hasta situarse al borde de los 3 euros por acción. El tirón bursátil está respaldado por una mejora de sus resultados. El beneficio aumentó hasta junio un 22% con respecto al mismo periodo del año anterior y ganó 24 millones. La empresa lo atribuye a la mejora de la demanda interna derivada por la buena marcha de la economía nacional. Y es que el mercado patrio supone la mayor parte de los ingresos del grupo (el 56,6%). Dentro de las exportaciones, destacan las detinadas al resto de Europa que representan un 27% de la facturación total.

Applus: El 80% de los ingresos provienen de fuera de España

Applus es otra de las compañías catalanas que, aunque con un tamaño reducido, presenta un enorme grado de internacionalización. De acuerdo con su último informe trimestral, el 80% de sus ingresos provienen de fuera de España (Estados Unidos, Latinoamérica, Asia…). La compañía es especialista en un segmento de inversión muy específico: inspección, ensayos y certificaciones, con un flujo de ingresos muy recurrente. En 2016 ingresó 1.585 millones de euros y obtuvo un beneficio de 19,5 millones.
La gestora Metavalor, que administra uno de los mejores fondos de Bolsa española de los últimos años, lleva tiempo apostando por esta empresa. En lo que va de 2017 la firma ha registrado una revalorización del 13%.

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Puigdemont pide a Rajoy que no subestime la fuerza del pueblo catalán | Cataluña

Algunos de los alcaldes asistentes a la reunión con el Govern.

El independentismo ha mostrado hoy nuevamente músculo institucional en Barcelona, con la reunión de los más de 700 alcaldes catalanes que están dispuestos a colaborar con el referéndum del 1 de octubre pese a ser investigados por la Fiscalía. Los ediles han sido recibidos por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en sendos actos de apoyo al mundo municipalista. Puigdemont ha advertido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de las consecuencias de “subestimar la fuerza del pueblo catalán”. Colau, por su parte, ha calificado de “vergüenza” los operativos de la Guardia Civil en que se ha requisado propaganda a favor de la votación suspendida por el Tribunal Constitucional.

Puigdemont ha arropado a los alcaldes en el Palau de la Generalitat después de que escucharan a Colau en la sede del Ayuntamiento. “Hoy todos somos uno. No daremos ni un paso atrás para que se pueda votar”, ha advertido Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar y presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). El presidente catalán no solo ha criticado al Gobierno de Rajoy , sino que también ha cargado, “contra los que miran a un lado para que no los pille la crisis y los que van un paso atrás”, en una referencia velada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y hasta cierto punto, contra las confluencias de izquierdas alternativas.

“Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña. El Estado central puede tener muchas leyes y muchos boes, pero no tienen al pueblo de Cataluña”, ha asegurado Puigdemont, quien ha agradecido a los alcaldes que “no les tiemblen las piernas” a la hora de seguir adelante con el referéndum que ha suspendido el TC.  Puigdemont ha estado acompañado por su ‘número dos’ Oriol Junqueras, gran parte de su Ejecutivo y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Antes de estar en Palau, los alcaldes han estado en el Ayuntamiento. Allí Colau ha reforzado el relato que desde hace semanas intenta transmitir el independentismo. “Esto no va de independencia, va de la defensa de los derechos y las libertades de Cataluña”, ha asegurado la alcaldesa, que no ha hecho ninguna invitación específica sobre el sentido del voto en el referéndum.

Algunos de los asistentes ya han recibido citaciones judiciales, algo que Colau ha rechazado. “Estamos aquí para decir que es una vergüenza tener un Estado incapaz de dar respuesta política a los problemas políticos, de sentarse a dialogar y que se dedica a intimidar alcaldes y medios de comunicación o que arranca carteles por motivos políticos de nuestras calles”, ha asegurado la alcaldesa.

“El país es plural, aquí no sobra ninguno”, ha defendido Colau. “Tenemos diferencias, pero tenemos puntos en común. El conjunto mayoritario de los catalanes defiende el derecho a decidir nuestro futuro y los derechos y libertades más fundamentales como el de libertad de expresión”, ha apostillado. Por su parte, la alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater, ha lamentado que “no sea el referéndum que queríamos”, refiriéndose a la imposibilidad de pactarlo con el Estado, pero ha reivindicado que se trata de “el mejor referéndum que podemos tener de acuerdo con nuestro sistema político”.

La plaza de Sant Jaume y las calles adyacentes han estado colmadas de personas que han querido acercarse a saludar a los alcaldes y mostrar su apoyo al referéndum. Durante el acto han gritado en varias ocasiones “Independencia” o “Votaremos”. También han coreado Els Segadors y canciones de Lluís Llach. Una gran pancarta reproduce la papeleta con la que la Generalitat quiere realizar la votación que el Tribunal Constitucional ha suspendido.

El acto de Palau había sido convocado por la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios con el objetivo de rechazar “la persecución judicial de los ediles” que han expresado su apoyo al 1 de octubre, han informado ambas entidades en un comunicado.

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Referéndum Cataluña: Montoro: “Ni un euro irá a pagar una actividad ilegal” | Mi dinero

El Consejo de Ministros ha abordado este viernes el paquete de medidas extraordinarias impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como respuesta al último desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña, que el jueves anunció que dejaría de dar cuenta de sus gastos.

Hacienda venía exigiendo desde julio un informe semanal de los gastos aprobados por el Govern para ir liberando los fondos destinados a Cataluña del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a fin de evitar que recursos públicos fueran destinados a la organización del pretendido referéndum independentista previsto para el 1 de Octubre, que el Tribunal Constitucional ha dejado en suspenso.

En respuesta, como adelantó este diario, Hacienda ha puesto en marcha medidas preventivas, correctivas y coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permiten tomar el control de facto de la financiación autonómica.

“Hemos aprobado un novedoso sistema de pagos por los que el Estado sustituye en los pagos a la comunidad autónoma”, ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, matizando que “no completamente, pero sí en su mayoría”.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, ha dicho Montoro, garantizando que Hacienda se cerciorará de que los fondos públicos que van a parar a la comunidad autónoma no sirvan para sufragar la consulta soberanista.

Para poner en marcha estas medidas, el Gobierno eleva un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dándole 48 horas para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria, que si no firma, será el Gobierno quien aplique. Es decir, el pago de nóminas y servicios públicos fundamentales serán asumidos por Hacienda en cualquier caso, pero el Govern tiene dos días para entregar el resto de facturas pendientes si pretenden que el Estado las cubra.

A partir de ahí, será la administración central quien supervise directamente el pago a los proveedores de la Comunidad Autónoma y apruebe los distintos gastos que se deban afrontar siempre exigiendo la debida justificación, ha explicado el ministro. Montoro ha aclarado que lo que el Estado pasará a controlar son unos 1.400 millones de euros al mes en gastos de Cataluña.

Montoro, eso sí, ha admitido que el Estado no entrará en los recursos propios que obtiene la comunidad por los impuestos regionales, que serían de unos 250 millones al mes. 

El Estado pagará hasta las nóminas

“Significa que el Estado pasa a pagar buena parte de las nóminas. Es un control de los pagos durante el tiempo que dure esta situación de excepcionalidad que marcan los dirigentes de la Generalitat”, ha explicado, avanzando que este nuevo marco operará “mientras se sigan negándose a cumplir la ley”. “Con esa negación a cumplir la ley son ellos los que ponen en riesgo las prestaciones de servicios públicos, las transferencias a familias, los pagos de dependencia”, ha aseverado.

Montoro ha sostenido que “es imposible” que Puigdemont no cumpla, alegando que “por no cumplir, ¿nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, la protección” de la ciudadanía?, se ha preguntado.

El ministro de Hacienda ha admitido que la legislación que se aplica es excepcional, es la primera vez que se aplica y que es una palanca previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite retirar la autonomía a la comunidad.

Denuncia a la Fiscalía

Montoro ha avanzado que la negativa del vicepresidente económico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, a informar a Hacienda de los gatos de la Comunidad Autónoma ha sido remitida a la Fiscalía.

El envío a la Fiscalía corresponde a la actuación de la interventora general de la Generalitat bajo prescripción de la Abogacía del Estado ante alguien que no cumple con sus responsabilidades con la justificación, ha aclarado Montoro, advirtiendo que “cualquier funcionario que recibe una orden de un superior que es una ilegalidad está sujeto a consecuencias del incumplimiento de la ley”. “El superior está colocado fuera de la legalidad, no, lo siguiente”, ha puntualizado Montoro sobre Junqueras, que fue quien ordenó a la interventora dejar de dar cuentas al Estado.

“Si una actividad es ilegal, ningún euro público puede ir destinado a una actividad ilegal. Pero tampoco privado. No puede haber ningún privado que lo haga. Un referéndum ilegal no puede tener financiación, sea pública o privada”, ha advertido Montoro. “Ni un euro de los catalanes irá a pagar un referéndum ilegal”, ha remachado el ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.

Rajoy: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”

 “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”, adivirtió el viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención en la Junta Directiva Regional extraordinaria del PP catalán celebrada en Barcelona horas después del Consejo de Ministros que aprobó arrebatar a Cataluña su soberanía financiera. Rajoy se mostró orgulloso de que el Fondo de Liquidez Autonómica haya facilitado 69.000 millones de euros para atender los vencimientos de deuda y el pago a proveedores de la región, pero advirtió que “si en 48 horas no hay cumplimiento de la ley, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España”. “El Estado va a seguir actuando porque es su obligación”, expuso, asegurando que los funcionarios catalanes seguirán cobrando. Más allá, Rajoy felicito a la Guardia Civil por haber requisado 100.000 carteles de propaganda a favor del referéndum.

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