¿Cómo responden por daños los gestores públicos? | Mi dinero

Nuestro Código civil establece: “el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La reparación se exige al sujeto siempre que haya causado el daño por su conducta, sistema que han recogido la mayor parte de los Códigos Civiles europeos, si bien se va abriendo paso la exigencia de responsabilidad objetiva en cuanto a los daños al medio ambiente y a la defensa de los consumidores.

En estos casos, “el que daña, tiene que pagar”. No importa la culpa o la negligencia del causante.Los fondos públicos se obtienen de la contribución de todos los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos, como propugna el artículo 31.1 de la Constitución, y tienen el destino que les atribuyan los representantes de la soberanía popular. Por tanto, aquellos que los gestionan, manejan o custodian, así como los perceptores de subvenciones públicas o fondos de la Unión Europea, tienen la obligación de indemnizar al Tesoro Público por el daño debido a acciones u omisiones contrarias a la normativa presupuestaria y de contabilidad del sector público.

El Tribunal de Cuentas, según el artículo 136 de la Constitución, tiene jurisdicción para exigir el reintegro de las cantidades que se hayan menoscabado, más los intereses en un juicio contable con todas las garantías.Las demandas se interponen por la abogacía del Estado, los letrados de la Administración de la Seguridad Social, los representantes de las entidades perjudicadas o por el Ministerio Fiscal. Puede también iniciarse mediante la acción pública: cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar denuncia ante el alto órgano contable cuando estime fundadamente que los fondos públicos han sufrido daño. Para su ejercicio no se requiere prestar caución ni fianza, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pudiera incurrir el que la ejercite indebidamente.

Se resuelven en primera instancia mediante las sentencias dictadas por los Consejeros de Cuentas, contra las que cabe recurso ante la Sala de Apelación del propio Tribunal y, en su caso, recurso de casación ante el Tribunal Supremo en determinadas circunstancias.Tienen esa competencia otros tribunales de Cuentas , como los de Francia e Italia. Un concepto de control que les concede jurisdicción para enjuiciar la mala praxis y los perjuicios ocasionados a los fondos o efectos públicos . Nuestro de Tribunal de Cuentas declaró en sentencia de 29 de septiembre de 2009 que la responsabilidad “se hace efectiva a través de los procesos contables … para tratar de lograr la indemnidad de los caudales públicos, es decir la restitución íntegra a la Hacienda Pública……”.

La función jurisdiccional no obstaculiza, complementa, la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. Son muchas las sentencias dictadas por este alto órgano. Algunas se han difundido por el relieve de los sujetos, o por las elevadas cuantías, como la resolución que condenó a los herederos del ex alcalde de Marbella al pago de varios millones por la mala praxis en la gestión de los fondos públicos de su progenitor.

Recientemente los medios de comunicación han dado a conocer el auto que inicia un proceso contra los responsables de la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña ante la denuncia presentada por la sociedad sivil Catalana, Associació Cívica y Cultural y Abogados catalanes por la Constitución, y la Fiscalía. Se ha ordenado el nombramiento de un delegado instructor para realizar las actuaciones previas por pagos presuntamente injustificados. Ya se determinará la condena si llega a probarse la gestión dolosa, la culpa o negligencia y en este caso, deberán los gestores hacer frente a las cantidades utilizadas en las votaciones sin cobertura legal: adquisición de ordenadores, sobres y papeletas, campañas de publicidad institucional, pólizas de seguro a los voluntarios. El Tribunal resolverá con todas las garantías, como corresponde a un Estado de Derecho .

 

Guadalupe Muñoz Álvarez es Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

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Cómo evitar que le saquen los colores a los consejeros de una empresa cotizada | Mercados

Juan Manuel Suárez del Toro Rivero, ingeniero industrial, era presidente de La Caja de Canarias cuando la entidad financiera acordó su integración en Banco Financiero y de Ahorro (BFA, matriz de Bankia). Tras la fusión, Suárez del Toro se convirtió en consejero de BFA. Cuando tuvo que declarar como investigado por la malograda salida a Bolsa de Bankia y su posterior rescate, alegó que no tenía conocimientos suficientes para entender los balances de los bancos.

Su caso no es único. Entre los 300 políticos procesados por delitos vinculados a las cajas de ahorros son legión quienes argumentan ante el juez que no entendían qué estaban firmando.

Poco a poco, las cosas están cambiando. “La profesionalización e internacionalización de los consejos de administración está provocando que cada vez haya más consejeros que nos piden informes con una valoración imparcial de una determinada operación”, explica Yann Magnan, director para Europa de Duff & Phelps.

Firmas de valoración independientes

Transacciones. Este tipo de compañías son contratadas en operaciones corporativas para hacer una valoración de los activos de la empresa: tanto tangibles como intangibles. Su opinión neutral será clave para la determinación final del precio

Disputas. Cuando hay arbitrajes o juicios que involucran a compañías es habitual que participen firmas de valoración para ayudar a los jueces o árbitros a dirimir el conflicto.

Reestructuración. Cuando una empresa está en situación de quiebra, o un estadio previo (preconcurso de acreedores) es frecuente que participen firmas que valoren el patrimonio que mantiene la compañía.

“Cada vez se da más importancia a que los consejos de administración cumplan con su deber de diligencia apoyándose en información que les ayude a tomar decisiones”, apunta Javier Zoido, director en España de Duff & Phelps.

Esta firma estadounidense aterrizó en Madrid en 2014 y desde entonces no ha dejado de crecer. En la actualidad cuentan con 50 empleados y han emitido valoraciones en un tercio de las grandes operaciones de compraventa que se han producido en el Bolsa española en los últimos años, como la adquisición de Talisman por parte de Repsol, la opa de exclusión de Cepsa o la venta del 40% de Telxius al fondo de capital riesgo KKR.

“Estamos creciendo con cifras de doble dígito porque cada vez se aprecia más la importancia de una firma de valoración independiente, que no tenga conflictos de interés como ocurre en el caso de las clásicas empresa de auditoría”, apunta Magnan.

Las situaciones en las cuales puede ser necesario disponer de una opinión ecuánime (fairness opinion, en la jerga) son diversas; operaciones de fusiones y adquisiciones, ventas forzosas de minoritarios, operaciones entre partes vinculadas..

“Cada vez vemos más un tipo de operaciones que consisten en incrementar la deuda de una compañía con el objeto de repartir sus accionistas un dividendo extraordinario”, explica Javier Zoido. En estos casos, cada vez se exige más que haya un opinión independiente sobre la solvencia de la empresa, para analizar si el valor del negocio supera al endeudamiento neto, y para verificar si hay capacidad de repago de deudas.

Duff & Phelps también trabaja en arbitrajes y juicios. Es habitual que una compañía que tiene una disputa con otra recurra los servicios de un valorador independiente. “Nos contratan empresas que se han visto inmersas en un proceso sobre abuso de la competencia, o en caso de compraventa de compañías en las que ha surgido algún problema”, apunta Magnan.

Uno de los principales clientes de Duff &Phelps son las firmas de capital riesgo. Este tipo de inversores adquiere compañías no cotizadas para mejorar sus ingresos o su modelo de negocio y venderlas en unos años. Al estar fuera del mercado bursátil su valoración es aún más crucial.

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Impacto del ‘brexit’ en contabilidad y auditoría | Compañías

Es bien conocido que el referéndum celebrado en 2016 trajo consigo un insospechado resultado favorable al brexit. Las incógnitas ante este inesperado escenario arrancan con el calendario de la presumiblemente compleja negociación. La decisión acarrea incertidumbres de relevancia, particularmente para Reino Unido, pero también para los países que permanecerán en el club comunitario. Una de las más señaladas afecta directamente al marco institucional y regulador de la actividad empresarial, pues con la activación del brexit, y a falta de soluciones de transitoriedad, comienza la cuenta atrás para el momento en el cual tratados, directivas y restante normativa europea en materia de sociedades no serán aplicables a compañías radicadas en Reino Unido, al convertirse automáticamente en país tercero desde la óptica de la UE.

En este sentido, predominan los augurios que, en términos económicos, contemplan desfavorablemente este abandono británico, en virtud de que, culturalmente, su relación con la UE ha respondido a un claro enfoque de integración transaccional, que relegaba la voluntad de convergencia en muchas políticas comunes a una mera acomodación instrumental al servicio de relaciones comerciales y de negocios a escala global. Incluso parecía que la practicidad consustancial a un elevado nivel de integración financiera, cuya máxima expresión es la mística creada alrededor de la City se había venido imponiendo a cierta corriente subyacente de desconfianza euroescéptica hacia el proyecto de la UE, a menudo confinada en una retórica añeja de tintes más bien simbólicos. De hecho, el pulmón de servicios financieros londinense, incluyendo al pujante segmento de las fintech, ha dado impulso a una constelación de entidades prestadoras de servicios empresariales que podrían plantearse la conveniencia de relocalizarse tras la salida de Reino Unido.

Hay que considerar que, consumado el brexit, las reglas comunitarias referidas a libertad de establecimiento mercantil, normas contables y de auditoría u organismos reguladores centrales tendrán que sustituirse por futuribles leyes nacionales. Ahora bien, dada la indiscutible influencia de la tradición anglosajona en el vigente régimen contable y de auditoría adoptado por la UE, que descansa sobre normas internacionales, es improbable que se altere sustancialmente la sintonía entre los hoy todavía socios, más allá de inevitables efectos colaterales menores. Cabe presuponer que se mantenga la convergencia alcanzada en cuanto a principios y normas contables, publicación de estados financieros, revisión y verificación, consolidación, divulgación de información de gobierno corporativo o modelos para pymes. No obstante, los factores de riesgo y volatilidad derivados del impacto del brexit ya han encontrado reflejo en la información financiera de firmas que tienen intereses en Reino Unido. Así, y de acuerdo a lo dispuesto por la CNMV, en coordinación con los restantes supervisores nacionales de la UE, la evaluación y desglose de riesgos asociados al brexit destacaba como una de las prioridades establecidas para la formulación de cuentas de 2016 de cotizadas españolas eventualmente afectadas, entre las que aparecen varias compañías de peso en el índice selectivo.

En lo que respecta al campo de la auditoría, tampoco se vaticina que a corto y medio plazo se produzca una quiebra de la armonización conseguida entre los actuales socios en lo relativo a acceso a la profesión, cualificación, condicionantes y requisitos de acreditación, emisión de informes y contenido de los mismos o sistemas de supervisión. Con todo, es inevitable que se lleguen a plantear cuestiones concretas como la del ejercicio transfronterizo, en tanto que tras el brexit, los auditores británicos habrían de ser tratados como de terceros países, sujetándose su actividad en la UE a un régimen de autorización diferente del de quienes pertenezcan a los Estados miembros. En reciprocidad, surgen interrogantes respecto a la posición y estatus de los auditores asentados en el espacio comunitario y que quieran ejercer en Reino Unido.

Quizá la más lúcida síntesis de la situación de preocupación generada en el mundo corporativo con el impacto del brexit sea la de los análisis que recuperan la frase de James Carville, asesor de Bill Clinton, en la campaña demócrata presidencial estadounidense de 1992: “Es la economía, estúpido”.

Mercedes Redondo. Universidad de Valladolid. Francisco Javier Jimeno de la Maza es economista. Primer Accésit del Premio AECA de Artículos 2017.

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FC Barcelona: El súperfichaje de Neymar, un negocio rentable para el PSG | Fortuna

Se va. Neymar anunció ayer a sus compañeros del F C Barcelona que la próxima temporada no les acompañará en el terreno de juego. Vestirá los colores del Paris Saint-Germain (PSG), propiedad de Qatar Investment Authority (QIA), un fondo soberano de inversión, fundado en 2005, por el anterior emir de Catar, Hamad bin Khalifa Al-Thani, que pagará al Barcelona 222 millones de euros por rescindir el contrato del delantero brasileño. El traspaso más caro, hasta la fecha, de la historia del fútbol, por delante de los desorbitantes 120 millones que le costó al Manchester United fichar al jugador de la Juventus Paul Pogba, o los 101 millones que recibió el Totthenham por parte del Real Madrid a cambio de Bale, o los 94 millones que le desembolsó Florentino Pérez al Manchester United a cambio de Ronaldo.

Apuesta o capricho, lo cierto es que el fichaje de Neymar, de 25 años, a la espera de que se haga efectivo oficialmente, dinamita el supuesto fair play, que debería existir entre los equipos de fútbol y cuestiona las cláusulas de rescisión de contrato que acompañan a las estrellas deportivas. “Lo que sucede con este fichaje es cambia la dimensión del dinero. ¿Qué va a pasar cuando el Barcelona salga al mercado a comprar jugadores, sabiendo que tiene esos millones en sus arcas?”, se pregunta Fernando Pons, socio del área de deportes de Deloitte, quien añade que, por muy desorbitada que parezca la cantidad que se va a pagar por Neymar, va a resultar una operación rentable. “Es uno de los tres jugadores más importantes de Sudamérica, va camino de la cima, con capacidad para reemplazar a Messi cuando esté de retirada”. También juega a su favor que es uno de los jugadores con más seguidores en Asia. De hecho, Neymar ha regresado esta semana de China, adonde viajó para atender compromisos publicitarios.

Sobre la rentabilidad de la operación tampoco tiene dudas el director del Instituto Superior de Negociación de la Universidad Francisco de Vitoria, Juan Mateo. “Florentino Pérez es que cambió el modelo de negocio en el fútbol, y vio realmente que dónde había negocio estaba en los contratos publicitarios, en las ventas de camisetas, y no tanto en ganar la Copa de Europa”. Es el modelo que parece querer seguir el PSG, apunta el consultor, “generar ingresos derivados de la compra de jugadores”. Y pocos dudan que Neymar, si su entorno le acompaña y no le convierte en un juguete roto antes de tiempo, será la siguiente estrella deportiva, una vez se vaya apagando el brillo de Messi y de Ronaldo.

Desde el punto de vista deportivo, apunta el director ejecutivo de la escuela portuguesa de marketing IPAM, Daniel Sá, contratar a un buen jugador beneficia en primer lugar al club, en este caso, el PSG, que eleva el nivel y su categoría. “Aspira a ser un gran equipo, al igual que han hecho otros, como el Manchester, que no eran grandes y que gracias a los fichajes se han colocado en el primer nivel”, señala Sá. En esta idea también coincide el socio de Deloitte, quien cree que este fichaje además revitaliza la Liga francesa, sin peso hasta ahora entre las competiciones europeas. “Está en cuatro lugar, por detrás de la inglesa, la española y la alemana, que tienen a los mejores jugadores”, señala Pons.

Otro hecho relevante que ha conseguido Neymar, sin todavía haber pisado el Parque de los Príncipes, es dirigir todas las miradas y atención mediática hacia el PSG. “Está generando una atracción hacia el club que antes no había conseguido, gracias a una estrella mundial del mismo nivel que los astros de la música o del cine”.

En cuanto a las razones que mueven a un jugador a cambiar un equipo grande, como el Barcelona, por uno de menor relevancia, el dinero, apunta Sá, no es el primer motivo. “Es la sombra de Messi, y es más fácil que ahora conquiste un Balón de Oro. Va a ser la estrella máxima”, señala el directivo portugués. El pellizco de dinero, señala Mateo, también influye, porque el peligro lo tiene muy cerca el jugador, en su entorno.

A vueltas con la cláusula de rescisión

 El contrato de Neymar supondrá un cambio en de paradigma en el mercado del fútbol. Según señala Juan Mateo, los fichajes de los jugadores deberán estar ligados a variables, como la productividad, además de que la cláusula de rescisión debe ser revisada.

“Tiene que evolucionar en cuanto a la relación empresarial con el equipo. Es el único sector de actividad en el que se garantiza el salario aunque no se sea productivo”, señala el director del Instituto Superior de Negociación de la Francisco de Vitoria. “Debe seguir evolucionando con variantes de mejora sobre cuándo, cómo y de qué manera se debe ejecutar”, señala el socio de Deloitte, Fernando Pons.

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Arranca el fondo Encomenda, con 20 millones, para impulsar ‘startups’ | Compañías

Una nueva gestora de fondos está a punto de dar su pistoletazo de salida en España, tras lograr la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se llama Encomenda Smart Capital y gestionará un fondo de 20 millones de euros. El proyecto está liderado por dos conocidos empresarios e inversores del ecosistema emprendedor español:Carlos Blanco y Oriol Juncosa. El equipo directivo se completa con Miquel Sanz, cofundador de la gestora y director de inversiones.

El primer fondo de la gestora, especializada en invertir en startups en fase capital semilla, se constituirá en las próximas semanas, según han explicado sus impulsores a través de un comunicado. Estos aseguran que Encomenda actuará como un ”super angel fund”, aportando, además de dinero, asesoramiento, seguimiento y networking a sus participadas.

Tras la aprobación por parte de la CNMV, los gestores de Encomenda esperan realizar el primer cierre del fondo en septiembre, con más del 75% del capital objetivo. La iniciativa, en la que el equipo gestor lleva meses trabajando, ya cuenta con la confianza de Fondico, que aprobó su inversión en el fondo el pasado mes de mayo, según detallaron en la nota.

La nueva gestora espera invertir los 20 millones en un total de 40-50 startups a lo largo de los próximos tres o cuatro años, “en función de cómo vayamos viendo el mercado”, asegura a CincoDías Blanco. Este aclara que el foco serán jóvenes empresas españolas de base tecnológica, pero “invertiremos tanto en modelos B2C como B2B y en startups de todos los sectores, igual que he hecho yo como inversor con mi cartera de 75 participadas”.

El objetivo que tienen, continúa Blanco, es trabajar mucho la coinversión con business angels y otros fondos de capital semilla como puedan ser Cabiede & Partners, Caixa Capital Risc, Banco Sabadell o Inveready, otros grupos de inversión de capital riesgo enfocados en fases iniciales en España.

Blanco destaca el fuerte compromiso de todo el equipo de Encomenda, pues apunta que el 10% del fondo lo invierten precisamente los miembros que participan en la toma de decisiones (equipo gestor, consejo de administración, comité de inversión y advisor), “cuando lo normal en otras gestoras”, dice, “es que esta cifra esté entre el 1 y el 3%”.

El cofundador de la gestora también detalla que los planes de Encomenda son invertir un tercio del fondo en primeras rondas de 125.000 euros de media. “Después iremos a segundas rondas, donde pretendemos invertir entre 200.000 y 400.000 euros en unas 18 y 20 compañías, y finalmente, invertir en hasta un millón de euros en las 7-9 mejores”.

Los impulsores de la nueva gestora han invertido en más de 50 empresas en los últimos seis años y han conseguido unos buenos resultados, según defienden, con un retorno medio (TIR) superior al 35% por año. Entre sus inversiones previas destacan Glovo, Kantox, Conerjob, ABA English, Deporvillage, Citibox, Chicfy o Meller, entre otras. Encomenda Smart Capital nace con la ambición de ayudar a los emprendedores en todo lo que necesiten en los momentos iniciales. Quieren apoyarles en la toma de decisiones estratégicas, en el control y la planificación financiera, el desarrollo de negocio, la búsqueda de talento, etcétera.

Los impulsores de Encomenda tienen una larga experiencia en el mundo emprendedor. Blanco fundó, por ejemplo, Nuclio Venture Builder, Akamon Entertainment o la aceleradora de startups Conector. Juncosa, por su parte, fue director de inversiones de Nauta Capital, asesor o directivo de startups como Carto, ABA English y Fintonic, y antiguo directivo en BNP Paribas y Merrill Lynch en Londres. En cuanto a Sanz, es cofundador de dos startups, Smashlnn y Sphera Global Helath Care, y suma más de ocho años de experiencia en firmas de auditoría como PwC y BDO.

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Al fin, auditoría pública de diputaciones y municipios | Mi dinero

En este año en que estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en nuestro país, se ha aprobado una norma imprescindible para realizar un control eficaz de los recursos de las entidades locales. El decreto que regula su control interno, publicado en el BOE el pasado 12 de mayo, introduce –entre otras muchas novedades– la obligación de que se auditen anualmente las cuentas de todos los organismos locales. En democracia, la auditoría es imprescindible para la transparencia y esta es necesaria contra la corrupción y fundamental para una gestión eficiente.

Por ello, no se entiende el retraso de décadas en mejorar el control en el sector local, “uno de los principales fundamentos de un régimen democrático” (Carta europea de autonomía local. Estrasburgo 1985); y lugar donde históricamente “los abusos asolan la vida pública, transformándola en campo agramante de quienes disputan el dominio de las instituciones para satisfacción de privados intereses”, como ya exponía con brillante prosa y premonitoria descripción el preámbulo de nuestra ley de bases de régimen local, hace 32 años.

Desde 1984, año en que se aprobaron las normas de auditoría del sector público, no se han implantado en el sector local, a pesar de permanentes demandas sociales, recomendaciones del Tribunal de Cuentas e incluso exigencias de las leyes que regulan las haciendas locales desde 1988.

Ello ha producido que en el ámbito de gestión pública con más riesgo de corrupción e ineficiencia sea donde, según el indicador de la fundación FIASEP, menos se practica este eficaz sistema de control (solo se realiza en un 5,8 % de sus entidades).

No se entiende cómo la ley de auditoría de cuentas obliga a auditarse a las empresas privadas de determinado tamaño, y no había una norma que obligase a auditarse a los Ayuntamientos, que en la mayoría de los municipios son la unidad económica más importante. Dejando sin control eficiente al sector local que cuenta con cerca de 18.000 entidades que, a su vez, ceden la gestión de muchos servicios públicos a empresas privadas y conceden miles de subvenciones a empresas, organizaciones sociales y empresas. Pues bien, esta nueva norma moderniza y da más medios a los interventores locales, implantando el modelo de control estatal y autonómico, que se ha demostrado eficaz; incluye en el ámbito de control todo el sector local; prevé la aplicación de un control previo limitado para profundizar en controles posteriores; exige que se controle cada año al menos el 80 % del presupuesto; regula la resolución de discrepancias entre el interventor y los gestores o, entre otras mejoras, exige el envío de informes de su actuación a la Intervención del Estado y al Tribunal de Cuentas.

La novedad más importante es la implantación del control financiero mediante auditorías como medio de control principal de los interventores. Esta auditoría abarcará no solo las cuentas, sino que tendrá que evaluar el cumplimiento de la legalidad y la calidad de la gestión; se realizará anualmente sobre la totalidad de las entidades y, como novedad sustancial, el interventor podrá contratar a firmas privadas de auditoría para realizar todas sus competencias, al igual que viene haciendo el Estado. La norma prevé un periodo de un año para su entrada en vigor, plazo necesario para que se puedan implantar estos nuevos controles. Para ello será necesario la elaboración de un diagnóstico y de un plan de acción de las implicaciones que conllevará su aplicación según las características de cada corporación y el número o naturaleza de sus entidades; así como la aprobación del primer plan anual de control y auditorías; un proceso de formación de interventores para la utilización de las nuevas técnicas de control y la aprobación por el pleno de la corporación del acuerdo para implantar la intervención limitada previa.

Finalmente, esta norma, sin duda, mejorará el control interno en el sector local, imprescindible para una gestión más honrada y eficaz. Pero para que este ámbito, tan importante para la vida de los ciudadanos, preste unos servicios públicos con calidad y eficiencia; se necesita, además, solucionar sus problemas de financiación y establecer un sistema de información de indicadores de los servicios.

Alejandro Martínez Gómez es socio de Sector Público de EY.

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Sra. Cifuentes, es bueno cogerse vacaciones | Fortuna

Tres años sin vacaciones, por voluntad propia, es una equivocación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lejos de generar ningún tipo de envidia por el lugar dónde va a pasar el verano, su despacho de la Puerta del Sol, lo que ha levantado ha sido polémica y críticas, la mayoría entre los partidos políticos y diversos colectivos. Su decisión de renunciar de forma voluntaria a las vacaciones es difícil de entender. Cifuentes alega que “no son obligatorias”, y que no encuentra mejor plan que pasar el resto del mes de julio y de agosto trabajando. El hecho es que la determinación de la presidenta, que no entiende la polémica generada en un asunto que cree que no tiene importancia, puede ocasionar el efecto dominó en su equipo, que ve cómo la jefa renuncia al descanso mientras que el resto decide disfrutar de su derecho a las vacaciones. Al final es contraproducente.

Cualquier directivo, empresario o profesional que renuncie a sus días de asueto “es un mal ejemplo, ya que no hay nada peor que seguir en la misma rueda y no tomarse un descanso, que no es lo mismo que desconectar”, opina el director general de la consultora de búsqueda de alta dirección Odgers Berndtson, José Medina. En su opinión, lo que la presidenta madrileña está ejerciendo en la época estival es lo que él denomina “micromanagement”, y de esta forma está invitando al resto de sus colaboradores a hacer lo mismo. “Es como el empresario que dice que él es el último en apagar las luces de la empresa, lo que consigue es que nada más que se marche se vayan todos”, añade Medina.

Porque quedarse sin vacaciones no lleva implícito un aumento de la productividad. Todo lo contrario. La consecución de resultados está ligada al descanso y a los momentos de esparcimiento. “Es importante tener la mente clara para poder pensar y producir, no rindes igual si acumulas cansancio, tanto físico como mental. Tenemos momentos en los que necesitamos un respiro y despejar la mente”, opina Belén Díaz, socia responsable del área de personas de KPMG, quien está a favor de la flexibilidad en la elección de los momentos en los que hay que parar. “Hay veces que se necesita un respiro, y cada uno tiene que saber cuándo debe cogerse vacaciones. Para ello es importante saber autodiagnosticarse, y olvidarse de que hacer una parada no tiene que estar mal visto en una empresa”, añade esta ejecutiva, quien cree que la gente motivada siempre está orientada a resultados.

De esta misma opinión es Elisa Sánchez, experta en salud laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid, firme defensora de las vacaciones. “Es necesario descansar físicamente, ya que en el verano con las altas temperaturas se duerme peor, y se incrementa el volumen de trabajo, ya que muchas veces hay que atender las tareas de otras personas que están de vacaciones”. Pero tan importante como la forma física, es tomarse un respiro mental, “cambiar de rutinas, de costumbres, el hecho de planificar un viaje con la familia o con los amigos ya es un estímulo, es motivante”, añade Sánchez, que excusa de la obligación de tener que parar en verano a un colectivo de profesionales, como son los autónomos, los artistas o los creativos, “a los que se les puede cortar el ritmo de trabajo”. Entre sus recomendaciones para un óptimo descanso, señala: olvidarse de los teléfonos móviles y de las redes sociales. “Se puede acotar el tiempo de uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo a una hora al día; y avisar con un mensaje de que vamos a estar ausentes del trabajo durante un tiempo para que nadie moleste en el móvil, y los clientes puedan estar atendidos”, añade.

Es importante distinguir entre la recuperación y la desconexión. “Es más necesario lo primero que lo segundo. Hoy día, en un mundo tan dinámico, en el que es tan frecuente la interpenetración de la vida laboral en la personal, se puede atender cuestiones de trabajo mientras que se está en la playa”, señala Medina, a quién no le molesta que un cliente le llame por teléfono, mientras que disfruta de sus días de ocio, para encargarle un trabajo de selección de un alto directivo. “Atiendo la llamada y después sigo tomándome una cerveza, no pasa nada”, advierte Medina, poco propenso a la desconexión.

Es un derecho de la gente, que necesita buscar una válvula de escape y huir del estrés del día a día, advierte Luis Blas, director de recursos humanos de Altadis, quien relaciona la obsesión de muchos profesionales con el trabajo con el padecimiento de muchas de las enfermedades mentales, entre ellas la depresión. “El desempeño laboral genera hoy día una gran presión intelectual de la que hay que descansar”, opina.

En cuanto a la cantidad de días que se requieren para alcanzar un nivel de relax óptimo, los expertos consultados coinciden en que como mínimo se requieren dos semanas. “Los 15 primeros días se logra un buen descanso físico y desconectar. Unas vacaciones demasiado largas pueden generar un síndrome posvacacional, pensar demasiado en el regreso, y de lo que se trata es de volver con energía renovada, reseteado de cuerpo y mente”, señala la psicóloga Sánchez. Más de tres semanas seguidas de asueto a José Medina, por ejemplo, le parece excesivo, “y menos de dos me parece poco”. Lo ideal, según Belén Díaz, es la flexibilidad para disfrutarlas. También lo cree Luis Blas: “debe haber libertar de elección, pero hay que cogerlas, sino mal ejemplo se está dando al resto”. Tome nota, señora Cifuentes.

 

 

 

 

Días libres por países

 España no es el país en el que sus trabajadores cuentan con más días de vacaciones pagados, tal. Según datos del informe Labor Market Regulation 2017, elaborado por el Banco Mundial: Finlandia y Francia son los que ofrecen más días libres, laborables y pagados, a sus trabajadores:_30 al año. Reino Unido ocupa la segunda posición, con 28 días, seguido por Italia con 26. Un día menos ofrecen Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Eslovaquia y Suecia; y con 24, Alemania e Islandia.

 En el siguiente tramo se sitúa España, con 22 días laborables, los mismos que disfrutan los trabajadores de Rusia y Portugal. Un día menos, 21, tiene Noruega, mientras que Países Bajos, Suiza, Irlanda y Grecia cuentan con 20. Países latinoamericanos, como Colombia, Venezuela y Chile disfrutan de 15 días, mientras que en México cuentan con solo seis días, China con cinco. En Estados Unidos no se concibe el modelo de vacaciones remuneradas tal y como está planteado en el resto de los países.

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Asufin presenta la primera querella contra el consejo del Popular y PwC | Compañías

La asociación de consumidores financieros Asufin ha presentado una querella contra los anteriores consejos de administración de Banco Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, respectivamente, y contra la auditora de la entidad, PwC, por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, informó en un comunicado.

La querella de Asufin se presenta después de seis semanas de investigaciones a raíz de la resolución de Popular, y según la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, la oferta de compensación de Banco Santander a los accionistas minoritarios del banco intervenido es “una prueba más” de que ha habido “irregularidades” en la gestión.

Para el procedimiento, Asufin cuenta con asesoramiento legal tanto en el ámbito penal, como en el civil, de Carme Herranz y Oscar Serrano, procedentes de Col·lectiu Ronda, y Almudena Velázquez, de Red Abafi.

La querella se formula contra PwC al entender que ha tenido una conducta “consentidora” o de “beneplácito” frente “a la deriva” que iba tomando la entidad. Para Asufin, la auditora ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del Popular al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco. Además Asufin acusa a los anteriores consejos de administración de Popular de fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

La asociación ha solicitado a la Junta Unica de Resolución (JUR), todo el expediente del caso, incluido el famoso informe Deloitte, y pide que la CNMV informe de las razones por las que no se prohibieron las posiciones cortas.

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BlackRock abre un nuevo frente en la inversión pasiva | Compañías

Larry Fink está abriendo un nuevo frente en la guerra de la inversión pasiva en la gestión de fondos. Su firma, BlackRock, venderá fondos cotizados usando sus propios índices de renta fija personalizados y recortará las tarifas. Ya ha usado esa fórmula en el mercado de acciones. Para una industria con poco crecimiento, las bajas de este nuevo asalto pueden ser generalizadas.

El bajo coste y la amplia liquidez han vuelto populares los ETF para todos, desde inversores minoristas hasta hedge funds. Pero las acciones representan casi el 80% de los de 3 billones de dólares en activos de la industria en EEUU, en comparación con algo menos del 18% de la renta fija.

Las razones son estructurales. Los ETF siguen todo, desde índices generales como el S&P 500, hasta los llamados productos beta inteligentes que siguen sectores específicos o factores como la baja volatilidad. Por el contrario, el mercado de bonos está muy fragmentado. Compañías como Apple y General Electric tienen decenas de emisiones de bonos pendientes pero normalmente sólo una acción ordinaria.. Hay un puñado de índices de bonos ampliamente seguidos, como el Barclays Capital U. S. Aggregate. La subsidiaria iShares de BlackRock utiliza ese índice para su mayor ETF de bonos.

BlackRock ofrecerá ahora dos ETF de bonos que siguen sus propios índices personalizados: uno centrado en bonos de alto rating con rendimientos superiores a la media y otro en bonos de alto rendimiento con bajo riesgo de default. La apuesta es que productos como estos sacudirán la inversión de bonos como han hecho con la de acciones. Además, la empresa está recortando las tarifas de ETF respaldados por títulos hipotecarios en dos tercios, esperando beneficiarse cuando la Fed comience a vender sus enormes reservas a finales de año.

Esta innovación es una mala noticia para sus rivales. La falta de crecimiento y la competencia de los vehículos pasivos ha reducido los márgenes de ingresos de la industria en cerca de un cuarto en la última década. Fidelity Investment acaba de anunciar el despido de varios cientos de empleados. Habrá más víctimas activas antes de que el ataque del pasivo siga su curso.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de Cinco Días.

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PwC revisará para Santander su propia valoración de Banco Popular | Compañías

Paradójicamente, el éxito comercial logrado por PriceWaterhouseCoopers (PwC) al convertirse en la auditora de varias de las principales entidades financieras españolas, acaba de colocar a la compañía en una situación especialmente delicada. La firma, que históricamente ha revisado las cuentas de Banco Popular, fue contratada también para auditar a Banco Santander desde el ejercicio pasado.

La caída de Popular y su absorción por bsupone ahora que los equipos asignados a este último grupo deberán revisar el valor del banco fallido y la validez del trabajo que sus compañeros desempeñaron allí lo que, de revelar agujeros imprevistos, podría llegar a suponer que uno de los socios de PwC acabe enmendando la plana a otro.

Después de todo, Pedro Barrio, el socio de PwC responsable de firmar las cuentas de Popular de 2016 ya ha sido objeto de algunas de las querellas criminales presentadas por los accionistas de Popular por las pérdidas sufridas con el fin de la entidad, como la que la OCU llevó a la Audiencia Nacional.

Le acusan de dar su visto bueno a las cuentas de 2016, en que el banco perdió 3.485 millones, en un resultado que ya de por sí fue peor de lo previsto, para tener luego que admitir errores contables por valor de más de 600 de millones en abril, después de que Ángel Ron fuera sustituido por Emilio Saracho al frente de Popular. Un episodio controvertido en el que el banco rehusó reformular sus cuentas de 2016 alegando que el impacto no era suficientemente significativo, al quedar por debajo del umbral en el que la legislación hubiera exigido a Saracho emitir unas cuentas nuevas.

Hasta la agencia de calificación de riesgos S&P emitió un informe poniendo en duda que los desajustes contables anunciados (insufienciencia de provisiones o garantías que habría que dar de baja entre otros factores) fueran todos los existentes. Será otro equipo de auditores de PwC, el que trabaja en Santander, quien deba comprobarlo ahora con una valoración completa de la entidad absorbida que deberá completarse antes de febrero de 2018, cuando el grupo que preside Ana Botín presente las cuentas de 2017.

En todo caso, la comparación entre las conclusiones de los nuevos auditores frente a la valoración que hicieron los de Popular no será sencilla. Fuentes del sector advierten que la normativa impone utilizar el criterio de valor de mercado, o valor razonable, cuando se adquiere un negocio frente al criterio de valor de coste que se aplica habitualmente.

Además, no es similar el valor de mercado de una empresa en funcionamiento que el de otra que ha sido resuelta. Con todo, los accionistas de Popular, y los bufetes que han contratado para tratar de recuperar el dinero que perdieron, prometen seguir con la máxima atención la insólita autoevaluación a la que está a punto de someterse PwC a fin de valorar si las conclusiones les dan nuevas armas para litigar.

El desvío contable

Banco Popular admitió en abril desajustes por casi 700 millones en las cuentas de 2016, pero evitó reformularlas al no superar el umbral que le obligaría a ello. En concreto, Popular reconoció una insuficiencia de provisiones sobre riesgos de 123 millones y 61 millones de “ajustes ordinarios de auditoría”, es decir 184 millones con impacto directo sobre el resultado negativo de 4.888 millones de pérdidas antes de impuestos, lo que supone un 3,76% de variación, por debajo del límite del 5%. Más allá, admitió insuficiencias de provisiones en créditos de los que se adjudicó los colaterales, por 160 millones, y garantías que debería dar de baja por 145 millones, con un impacto total de 305 millones sobre 11.088 de patrimonio, el 2,75%, rozando la obligación. Aparte, reconoció financiación irregular para su ampliación de capital sin impacto contable, por 205 millones.

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