El comercio perdió 1.800 millones por hurtos y errores, un 2,3% más | Compañías

El sector del gran consumo perdió en 2016 1.800 millones de euros por hurtos, tanto internos como externos, y por errores de gestión, según los datos recogidos por la patronal Aecoc, que apunta a un crecimiento del 2,3% en el valor absoluto de estas pérdidas respecto al año anterior.

El informe, realizado junto con EY, pone de evidencia un descenso en el peso frente al conjunto del sector. Así, supuso el 0,82% de todos los ingresos del gran consumo, frente al 0,84% de un año antes. Esta diferencia se produce por un mayor crecimiento de la facturación, del 3,7%, frente a los hurtos, del 2,3%.

En concreto, el estudio hace referencia a la conocida como pérdida desconocida, que engloba a los hurtos en tienda, tanto de empleados como de clientes, así como errores de gestión. De este modo casi el 60% de las pérdidas corresponden a hurtos externos, frente al 22% de los internos.

El informe pone de evidencia la caída de los hurtos (81% frente a 84% de 2015) y un crecimiento de tres puntos en los errores de gestión, que hace referencia a fallos como la anotación de ventas con precios erróneos o la no contabilización de mermas por obsolescencia. En este sentido, el informe anima a las empresas a mejorar en sus sistemas de formación interna para reducir esos errores.

En lo que se refiere a productos, los distribuidores sitúan a las bebidas alcohólicas y los productos ibéricos son los más hurtados en alimentación. En cosmética son las cremas, los maquillajes y los perfumes. En textil las camisetas y camisas; en ferretería el material eléctrico y de iluminación, y en electrónica las consolas y los accesorios.

Por otro lado, el auge del comercio electrónico está llevando a las empresas del sector a reforzar las medidas de prevención del fraude. El 30% de las empresas considera que este fraude se ha aumentado en el último año y el 60% reconocen que no tienen perfiles de profesionales específicos para reducir este fraude.

El Ministerio del Interior diseña un sistema de control

Por su lado, el Ministerio del Interior ha anunciado que en 2018 espera contar con un sistema que conecta a los comerciantes con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las empresas del sector de la seguridad privada facilitándoles que denuncien los hurtos desde los puntos de venta.

El anuncio lo ha realizado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la inauguración del Congreso que se celebra en Madrid de AECOC, a quien ha agradecido su “leal colaboración” con las fuerzas de seguridad del Estado y la Secretaría de Estado para elaborar una herramienta informática común para todos los actores implicados en la prevención del robo en el comercio.

Para ello se ha elaborado un protocolo de actuación que, según Zoido, “se refiere únicamente al supuesto de la presunta comisión de un delito leve cuando la persona está identificada y presente en el propio establecimiento comercial”. “Hay que contemplar otros supuestos específicos que requieran de un tratamiento individualizado”, ha defendido, aludiendo a los casos en los que, por ejemplo, estén implicados menores de edad.

Se trata de una promesa en la que se trabaja “desde hace mucho tiempo”, según Zoido, que ha destacado que con esta nueva herramienta los comerciantes “no tendrán que desplazarse para formular o ratificar el atestado policial”, evitando molestias y la duplicidad de trámites burocráticos. “Es absolutamente eficiente y riguroso, y tendrá efectos disuasorios para el delincuente”, ha subrayado.

El ministro ha puesto en valor la ayuda que presta la modificación del Código Penal, que introduce figuras como el decomiso o la multirreincidencia. En este sentido, ha asegurado que el mes pasado se produjo “un impulso definitivo” para la puesta en marcha de un sistema que ya cuenta con presupuesto para su desarrollo técnico. “Debe ser una realidad en 2018”, ha concluido.

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Una docena de lobbies influyó en la redacción de la reforma hipotecaria | Mi dinero

El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria, ha tardado más de un año en alcanzar su redacción definitiva. Meses en los que el texto ha pasado bajo la lupa de multitud de organismos oficiales pero en los que también han intervenido más de una docena de lobbies, entre asociaciones empresariales, profesionales y de consumidores (ver tabla), que han presentado sus alegaciones a los distintos borradores de la norma. Un proceso en el que las asociaciones bancarias han tenido el papel protagonista y que deja cambios sustanciales en el articulado final del proyecto de ley que establecerá las nuevas reglas de juego del crédito para la compra de vivienda.

La parte troncal de la reforma hipotecaria se limita a adaptar una directiva europea de obligado cumplimiento, que España debía haber traspuesto antes de abril de 2016, pero el proyecto ha terminado incluyendo aspectos dirigidos a regular la transparencia de los contratos para dar mayor seguridad jurídica a las partes y tratar de atajar la alta litigiosidad de las hipotecas. Este campo ha sido objeto de encendidas discusiones y de intentos desde todos los frentes por modular sus efectos. Con desigual fortuna.

En total, han sido 14 organizaciones las que han remitido propuestas para modificar la reforma hipotecaria en ciernes, incluyendo patronales de bancos, cajas, cooperativas de crédito, aseguradoras, colegios profesionales de notarios y registradores o representantes de los consumidores, según constan en la información analizada por el Consejo de Estado durante su evaluación del proyecto de ley. En total, se han remitido 26 escritos de alegaciones desde el proyecto inicial planteado de cara al verano de 2016 hasta el texto que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros hace una semana, pasando por la reformulación del proyecto que el Ministerio de Economía planteó esta primavera a la luz de los varapalos judiciales sobre cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias.

Cerca de la mitad de las propuestas fueron planteadas por las patronales financieras, con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), a la cabeza. Ambas han presentado cuatro lotes de propuestas desde septiembre del año pasado hasta la fecha, incluyendo aportaciones de última hora que llegaron cuando el texto estaba ya en manos del Consejo de Estado.

Por contra, solo una asociación ha representado los intereses de los consumidores durante la preparación de la nueva norma. Se trata de Facua que, además, solo presentó un bloque de alegaciones y lo hizo sobre el articulado inicial de verano de 2016, que sufrió cambios significativos en las distintas versiones manejadas este año.

“No hemos hecho alegaciones desde septiembre de 2016 porque no nos han pedido más desde entonces”, explica Rubén Sánchez, portavoz de Facua, quien asume que el diálogo constante que el Ejecutivo sí ha mantenido con las asociaciones financieras demuestra que la norma llegará “hasta donde la banca les deje regular”. Así, aunque admite que el texto final, al que acaba de acceder, aporta cambios positivos, considera que está “lejos de la norma hipotecaria ideal para defender los intereses de los consumidores”.

La banca, a su vez, viene reclamando una norma “equilibrada”, argumentando que proteger en exceso al cliente puede reducir la concesión de crédito. En su último escrito de alegaciones, la AEB planteó que la reforma “deja al sector bancario español en peor condición que al de otros Estados miembros”, y considera un “efecto claramente expropiatorio” eliminar algunas comisiones de la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.

Finalmente, en todo caso, el Gobierno ha accedido a cambiar el articulado definitivo de la reforma en un aspecto que preocupaba enormemente a la banca: las cláusulas de vencimiento anticipado, que rigen cuándo las entidades pueden ejecutar el crédito e iniciar un desahucio.

De las tres cuotas impagadas actuales, baremo que la justicia considera poco proporcional, Economía decidió pasar a un impago del 3% del crédito (el 5% en la segunda mitad del préstamo) según el penúltimo borrador. Finalmente lo ha rebajado al 2% del préstamo, o a nueve cuotas impagadas (4% o 12 cuotas en la segunda mitad), atendiendo las peticiones de la banca. El texto final también limita los efectos retroactivos de la norma (solo atañen al vencimiento anticipado y al cambio de hipotecas a tipo fijo) que era otra de las principales reivindicaciones de CECA y AEB para limitar el impacto de la ley.

Por su parte, las aseguradoras han pedido matizar la prohibición de ventas vinculadas de productos; las tasadoras, que el cliente tenga libertad para elegir valoradora; y los notarios han ayudado a definir su nuevo rol de asesores de la clientela. Facua confía en que algún partido incluya sus propuestas en el turno de enmiendas a la norma aunque esta ya cuenta con apoyo mayoritario (sumando los votos de PP, C´s, PNV y Coalición Canaria, que han consensuado la redacción definitiva). 

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Ley de Autónomos: ¿qué se ha aprobado y qué se ha quedado fuera? | Autónomos

Finalmente el Senado ha aprobado la Ley de Autónomos. Tras la unanimidad en el Congreso, el Senado la ha ratificado. Después de los procesos de estudio y debate en ambas cámaras, la norma traerá mejoras en las condiciones de los trabajadores autónomos. Algunas de ellas entrarán en vigor el 1 de enero, mientras que el resto lo harán una vez se publiquen en el BOE. Según resumen desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), estos son los puntos principales:

  • Ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para los nuevos autónomos o para los que no lo hayan sido en los últimos 2 años.
  • Ampliación de la bonificación de la tarifa plana a los 24 meses. Una vez finalice el primer año, se bonificará con un 50% otros seis meses y al 30% los siguientes seis meses.
  • Si un emprendedor desea volver a montar un negocio y han pasado tres años desde que disfrutó de la tarifa plana, podrá volver a beneficiarse de ella.
  • Los autónomos pueden darse de alta y de baja en el RETA hasta tres veces en el mismo año.
  • También podrán cambiar hasta cuatro veces su base de cotización en un año.
  • Desde enero, solo pagarán desde el día efectivo en el que se cause alta o baja en el RETA (no el mes completo).
  • Las madres que emprendan un negocio antes de los dos años desde que cesara su actividad por maternidad, adopción, acogimiento, etc., podrán beneficiarse de una tarifa plana de 50 euros. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los autónomos podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación y seguir trabajando si tienen, al menos, un empleado al cargo. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • El exceso de cotización en caso de pluriactividad se devolverá sin que haya que solicitarlo. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • La cuota de los autónomos societarios se ajustará a los presupuestos generales del estado y lo que se negocie con las principales asociaciones de autónomos, y no subirá de forma automática con el salario mínimo interprofesional. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los autónomos que trabajen desde su casa, podrán deducirse el 30% de los gastos de suministros, como agua, luz o telefonía.
  • También podrá deducirse hasta 26,67 euros diarios en el IRPF por gasto en comida, cuando sea en España. Esta cifra asciende a 48euros si se realiza en el extranjero.
  • Los recargos por retrasos en los pagos a la Seguridad Social se reducen del 20% al 10% en el primer mes, y después a la mitad.
  • Los autónomos al cuidado de menores o dependientes tendrán la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Los padres y las madres autónomos de baja por maternidad, paternidad, adopción, etc., estarán exentos de pagar la cuota en el periodo de la baja.Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Se facilita la contratación de hijos discapacitados de los autónomos.
  • Aquellos trabajadores por cuenta propia que contraten de manera indefinida a de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, podrán bonificarse el 100% de las contingencias comunes durante un año, siempre y cuando el contrato dure, al menos, seis meses, y el autónomo no haya prescindido de trabajadores. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Se reconoce el accidente que se produzca en la ida o en la vuelta al lugar de trabajo del autónomo, siempre que no coincida con el propio domicilio. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Habrá mejoras para los emprendedores discapacitados. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.
  • Mejora en la formación de prevención de riesgos laborales de los autónomos. Entrará en vigor al publicarse en el BOE.

¿Qué queda fuera o pendiente de estudio?

Sin embargo, existen otras propuestas que se han quedado en el tintero, según recuerdan desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Entre ellas, destacan:

  • lograr que las pensiones de los trabajadores autónomos se equiparen a la de los asalariados,a través de una reforma más completa de la cotización al RETA por parte de los autónomos.
  • en línea con lo anterior,  que la cotización al RETA por tramos sea sobre los ingresos netos del autónomo, calculados de forma real y en base a lo que de verdad viene ingresando un trabajador de este colectivo.
  • que exista un mínimo exento de cuota. Por ejemplo, aquel autónomo que tenga ingresos por debajo del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

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Más de 300.000 empresas necesitarán un salvoconducto para operar en Bolsa | Mercados

La normativa europea para que los mercados funcionen mejor Mifid 2, que entrará en vigor el próximo enero, afecta a un público impensable. Cortesía de la directiva y del reglamento delegado sobre comunicación de operaciones (reporting, en la jerga), en tres meses cualquier persona jurídica en el sentido más amplio del término, necesitará una especie de matrícula.

Desde empresas hasta herencias yacentes (patrimonio hereditario desde el fallecimiento de una persona hasta la aceptación de su herencia por los sucesores), pasando por comunidades de bienes o incluso  comunidades de vecinos… Todas estas personas jurídicas necesitarán un identificador, denominado LEI, si quieren operar en el mercado, ya sea en la Bolsa, en renta, en productos derivados… En cualquier ámbito que implique un instrumento cotizado. 

“Las empresas de servicios de inversión deben recabar los códigos LEI de sus clientes antes de prestarles servicios que den lugar a obligaciones de comunicación en relación con las operaciones llevadas a cabo en nombre de dichos clientes, y utilizar dichos LEI en sus comunicaciones de operaciones”, explica uno de los reglamentos delegados de la UE.

La norma aclara que el objetivo es prevenir los abusos de mercado de las personas jurídicas. Cobrar undividendo, comprar una acción, vender bono, adquirir un derivado para gestionar la tesorería de una empresa… Cualquier operación requerirá que el cliente, salvo que sea una persona física, disponga de un LEI.

El número de afectados supera los 300.000, según los cálculos de la Asociación Española de Banca (AEB), y tan solo el 10% de ellos ha obtenido esa suerte de DNI para poder operar: faltan unos 270.000.

¿Qué es?

Este código, que identifica de manera unívoca a los actores en el mercado, se creó en 2012 como una medida para encarar la crisis financiera que estalló en su más cruda expresión con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2007. Entonces, cuando tuvo que analizarse quién tenía qué producto, la confusión en la cadena de control fue tal que las dificultades para saber los dueños de cada instrumento fue extraordinaria. 

El sistema de identificación de las entidades a escala global se denomina LEI (Legal Entity Identifier) y fue impuesto en Europa a través del reglamento Emir aprobado en julio de 2012 relativo a los derivados extrabursátiles (no cotizados y OTC, en la jerga), las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. “El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres que tiene incluidos una serie de datos de referencia mínimos para la identificación y la comprobación del estado de la persona jurídica”, explica en un documento el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

“A partir de enero entrará en vigor la nueva regulación europea, y una de las nuevas obligaciones será disponer de un LEI para todos aquellos clientes que sean personas jurídicas que quieran operar en los mercados de valores”, explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB).

Ahora mismo, desde la asociación señalan que se buscará una suerte de periodo de adaptación que permita que los clientes puedan deshacer, al menos, posiciones existentes sin necesidad de disponer del código. 

De entrada, en 2012, solo afectaba a las entidades financieras, que desde entonces ya cuentan con un LEI, pero desde enero deberán tenerlo también los clientes de esas entidades que quieran participar en el mercado: ya sea operando en Bolsa, comprando instrumentos financieros para cubrir su tesorería o incluso cobrar un dividendo.

La banca española envió un comunicado en el que avisaban de esta salvedad el pasado junio, pero el impacto ha sido muy limitado; ahora se preparan para enviar otra alerta con el objetivo de que los clientes no esperen hasta el 30 de diciembre para pedir el LEI. 

También la CNMV lanzó un nota el 19 de mayo en la que advertía sobre este tema: “Las personas jurídicas que den órdenes a intermediarios financieros para realizar transacciones sobre instrumentos admitidos a negociación tendrán que realizar todos los trámites necesarios para obtener un LEI antes del 3 de enero de 2018 si desean que dichos intermediarios sigan ejecutando las operaciones que les instruyan”, alerta. 

¿Dónde se pide?

Los responsables en España de expedir los LEI son los registros mercantiles, y el Colegio de Registradores de España es el coordinador del sistema, que ha habilitado un página web para facilitar el proceso de emisión a través de un “procedimiento ágil y rápido”, según la AEB. “En unas 48 horas tendrán listo su identificador, que cuesta 100 euros más IVA, del 21%, en el momento de su expedición, y 50 euros anuales para su renovación. En el primer año, los registros mercantiles ingresarán 30 millones por este concepto y después 15 anuales por este nuevo servicio. 

“Desde la AEB nos hemos comprometido a difundir la necesidad de obtener el LEI para evitar tanto que a pocos días de entrar en vigor las nuevas obligaciones se produzca un aluvión de peticiones que dificulten el funcionamiento del sistema como los inconvenientes para los clientes que se encuentren a partir del 3 de enero con la imposibilidad de operar”, explica el portavoz de la asociación.

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Gandía, el ayuntamiento más moroso, y Fuengirola el que mejor paga | Mi dinero

El ayuntamiento de Gandía es de entre las grandes ciudades (de más de 45.000 habitantes) el que más tarda en pagar a sus proveedores autónomos: 475 días de media. Le siguen las entidades locales de Jaén (473 días) y de Algeciras (385 días de media.

Así lo indica el informe de morosidad de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) publicado ayer, con datos del primer semestre de 2017 que, por el contrario, destaca que los ayuntamientos mejores pagadores son los de Fuengirola, Vigo y Cáceres, con periodos medios de pago de 9, 19 y 22 días respectivamente.

No obstante, ATA hace hincapié en que los datos de morosidad con los autónomos aún son muy abultados, ya que el 80% de las administraciones públicas incumple los plazos de morosidad con los autónomos. En general, el plazo medio de pago de todas las administraciones es de 71 días.

No obstante, por primera vez son las autonomías quienes pagan en menos tiempo, comparadas con las administraciones local y central, pues aplazan 54 días de media sus pagos, aunque casi duplican el plazo que establece la ley de 30 días. Por su parte, los ayuntamientos pagan sus facturas a 88 días de media y la Administración central, a 68 días.

Según esto, Navarra y Murcia son las únicas comunidades que pagan a sus autónomos en el plazo establecido por la Ley de Morosidad, pues abonan sus pagos en 22 y 32 días, respectivamente. Mientras que, por el contrario, Madrid y La Rioja, son las administraciones autonómicas las más morosas, se demoran 82 días.

El informe indica que las administraciones autonómicas son las únicas que han reducido en diez días los tiempos de pago a sus proveedores autónomos respecto a finales de 2016.

Murcia ha realizado un “importante esfuerzo”, según el informe, con el que ha logrado rebajar en más de dos meses (67 días) la demora de los pagos a autónomos desde los 99 de diciembre.

Otros descensos importantes los experimenta la Comunidad Valenciana, al disminuir de 95 días de tardanza en diciembre a los 55 de ahora (40 días) y Baleares, que paga en 56 días tras bajar cuatro semanas desde los 84 que presentó el año anterior.

A Navarra y Murcia les sigue Castilla-La Mancha y Extremadura, ambas con 41 días de media, en abonar las facturas a autónomos, aunque ya incumplen, como las demás regiones, el plazo establecido en la norma.

En el otro lado se sitúan Madrid y La Rioja se retrasan 82 días en pagar a sus autónomos, lo que las coloca como las peores pagadoras tras empeorar en 9 y 19 días, respectivamente, con respecto al pasado año.

El informe se fija también en los tiempos de demora de las diputaciones provinciales y el consejo insular de Ibiza, con 11 días, fue en el primer semestre el que menos tiempo hizo esperar a sus proveedores. También cumplen la ley holgadamente las diputaciones de Zamora y Salamanca (20 días), la de Córdoba y el cabildo insular de La Gomera (21 días). Por el contrario, la diputación de Burgos se erige como la peor pagadora.

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Autónomo: sepa qué porcentaje de luz, gas o internet puede deducirse | Mi dinero

La nueva ley de autónomos aprobada por el Congreso establece una regla objetiva para que el profesional que trabaja en casa pueda deducirse en el IRPF los suministros como luz, gas, agua o internet. En concreto, la legislación establece que será deducible “el resultado de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”.  En este simulador puede comprobar qué porcentaje puede aplicarse en función de su situación:

En un primer momento, la nueva ley de autónomos contemplaba que el trabajador por cuenta propia que utiliza parta de su casa como oficina o taller pudiera deducirse el 20% de la factura de los suministros como agua, electricidad o internet. Se buscaba así dar salida a diversas sentencias y a una resolución vinculante del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que, contraviniendo el criterio seguido por la Agencia Tributaria, establecieron que el trabajador que utiliza una parte de su vivienda habitual como oficina o taller tiene derecho a deducirse parte de los suministros. 

Durante la tramitación en el Congreso, en el que intervino directamente el Ministerio de Hacienda, se pulió el borrador inicial que contenía errores conceptuales y también se detalló que la deducción de los suministros sería por “el resultado de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”. En un primero momento, las formaciones políticas aseguraron que el porcentaje de deducción de los suministros aumentaba así del 20% al 30%. Sin embargo, la norma no dice eso. De hecho, el cambio pactado con Hacienda es restrictivo y limita la deducción de los suministros. En este calculadora puede comprobar qué porcentaje puede aplicarse en función de su situación:

Por ejemplo, un informático que tenga una casa de 100 metros cuadrados y utilice 30 metros cuadrados a oficina podrá desgravarse el 30% de esa proporción. Ello da como resultado una deducción del 9%. En el caso hipotético de que la mitad de una vivienda habitual se utilizara con fines económicos, el porcentaje de deducción será del 15%. Y se trata de un supuesto poco común. Con la regla objetiva, es simplemente imposible deducirse el 30% de los suministros como se dijo en un primer momento. La mayor parte de los autónomos que trabajan en casa tendrán derecho a una desgravación inferior al 10% de los suministros.

Aun así, la normativa abre la puerta a que el autónomo pueda deducirse un porcentaje mayor del que refleja la regla objetiva, pero para ello deberá demostrar que tiene tal derecho y ello no siempre es fácil. Deberá buscar medios de prueba que justifiquen que, por la naturaleza de la profesión o por las horas dedicadas o por cualquier otro motivo, el porcentaje de deducción es mayor del que sale al aplicar la fórmula.

A pesar de las limitaciones, la regla objetiva fijada en la ley de autónomos que presentó Ciudadanos en el Congreso y que fue negociada con organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) clarifica la situación en un ámbito en el que todo era incertidumbre y en el que la Agencia Tributaria ha mantenido hasta ahora una calculada ambigüedad.

Hasta 2015, el criterio de Hacienda era que el autónomo que trabaja en caso podía deducirse los gastos ligados a la titularidad de la vivienda como el pago de la hipoteca, el IBI o la tasa de basuras en el mismo porcentaje que la parte de su vivienda dedicada a una actividad profesional. Este prorrateo, sin embargo, no se contemplaba en el caso de los suministros, donde la Agencia Tributaria indicaba que no era factible determinar qué parte se destinaba a un fin particular y qué parte a un fin profesional.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó esta tesis de Hacienda y, poco después, en octubre de 2015, el TEAC emitió una resolución vinculante que obligaba a la Administración a permitir que parte de los suministros fuera deducible. Sin embargo, no aclaraba cómo hacerlo. “Podría servir un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborales de la actividad y las horas en que se ejercite dicha actividad en el inmueble”, señala el TEAC. Si bien la resolución era de obligado cumplimiento para la Administración, la Agencia Tributaria no aclaró qué fórmula de cálculo o medio de prueba podía utilizar el trabajador por cuenta propia para desgravarse los suministros. Dejaba toda la responsabilidad al contribuyente.

La nueva ley de autónomos, que tras su aprobación en el Congreso se tramitará en el Senado, tiene la virtud de clarificar la situación. Gustará más o menos, pero ahora los trabajadores por cuenta propia ya cuentan con una fórmula a la que acogerse. Si bien la nueva ley no está en vigor, el derecho a deducirse los suministros se aplica desde 2015 y, por lo tanto, los autónomos pueden desgravarse ya luz, agua o internet. Ante la ausencia de ninguna otra fórmula de cálculo, parece razonable que el autónomo que tenga dudas empiece ya a aplicar la regla objetiva incluida en la nueva legislación.

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Los autónomos reclaman cotizar según sus ingresos netos | Mi dinero

Una vez aprobada por unanimidad en el Congreso la nueva Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo, las organizaciones de autónomos no cesan en su empeño de seguir viendo reconocidas sus peticiones históricas. El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha reivindicado en un desayuno informativo que los trabajadores autónomos coticen en función de sus ingresos netos. En la actualidad, todos los autónomos deben realizar la misma contribución, independientemente de los ingresos.

“Nuestro objetivo para el próximo semestre es que podamos cotizar en función de los ingresos netos”, ha señalado Abad. El Congreso constituyó en abril una subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA) para impulsar medidas concretas sobre el régimen de los autónomos. Esta reivindicación de UPTA será estudiada allí. “Lo importante empieza ahora, lo que hemos avanzado en estos diez años no es nada comparado con lo que podemos conseguir en la subcomisión”,  ha afirmado. 

Abad ha realizado estas declaraciones en un acto celebrado en Madrid con motivo del décimo aniversario del Estatuto del Trabajo Autónomo, más conocido como LETA, que el Congreso aprobó de manera definitiva el 11 de julio de 2007. “Para los autónomos hoy es un día especial porque se cumple una fecha muy importante para nosotros”, ha reconocido Abad.

Al acto han acudido los tres últimos directores generales del Trabajo Autónomo: Juan José Barrera, que ocupó el cargo durante los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011; Miguel Ángel García Martín, responsable entre 2012 y 2015 durante la primera legislatura de Mariano Rajoy; y Carmen Casero, actual directora general.

“Cuando entró al Gobierno anterior en 2004 recuerdo que poca gente creía que saldría adelante el Estatuto y que tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos consideraban los autónomos que eran defendidos por ellos”, recordó Barrera. El Estatuto definió en su primer artículo la figura del autónomo como “las personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo”.

Según los últimos datos de la Seguridad Social en España hay 3,2 millones de trabajadores autónomos afiliados en junio de 2007. De estos 1,9 millones son autónomos personas físicas, es decir, que no están integrados en sociedades mercantiles o cooperativas.

Tanto los responsables políticos como los representantes de los autónomos reconocieron la importancia de las diferentes legislaciones sobre los autónomos se han aprobado por unanimidad. “Ha habido siempre mucha unanimidad

El líder de UPTA también ha reivindicado que se regule la situación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (trades), aquellos autónomos que trabajan exclusivamente para un único empleador. Casero recordó que esta regulación no se incorporó a la Ley de Medidas Urgentes para agilizar su tramitación, cuya aprobación por parte del Senado se espera para este mes, aunque coincidió con Abad en la necesidad de abordar en el futuro este debate.

Además, Abad ha 

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El autónomo se podrá deducir hasta 26,67 euros al día por gastos de manutención | Mi dinero

Los partidos políticos y representantes del Ministerio de Hacienda estuvieron hasta bien entrada la noche en el Congreso de los Diputados negociando la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, la iniciativa que presentó Ciudadanos. Finalmente, el pacto alcanzado contempla que los autónomos podrán deducirse en el IRPF hasta 26,67 euros al día por manutención, una cifra que aumenta hasta los 48,08 euros cuando estén en el extranjero.

Ambas cifras, avanzadas hoy por este periódico, no salen de la nada, sino que son los importes deducibles que ya se contemplan en el reglamento del IRPF para los asalariados que reciben ese dinero de manutención por parte de sus empresas. para los asalariados que reciben ese dinero de manutención por parte de sus empresas. La ley aprobada en el Congreso también contempla que la cuantía de la deducción se duplique si, como consecuencia del desplazamiento, el autónomo debe pasar la noche fuera de su residencia.

Se cayó a última hora la deducción del 50% para los gastos ligados a los vehículos que tienen uso particular y profesional

En cualquier caso, los pagos que realiza el trabajador por cuenta propia deberán ser en formato telemático y en establecimientos hotelers y de restauración. Esto es así para asegurar que queda un rastro de la operación y evitar posibles fraudes. En el acuerdo, en el que ha participado activamente la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), se sumó a última hora también Esquerra Republicana. La norma fue aprobada en la Comisión de Empleo por unanimidad y se enviará al Senado. Algunas medidas entrarán en vigor en 2018 y otras después del verano

Fuentes de las negociaciones aseguran que la exención de las dietas estuvo en el aire hasta que se obtuvo el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la deducción del 50% para los gastos ligados a los vehículos que tienen uso particular y profesional no pasó el filtro. La medida, que aparecía en la propuesta inicial de Ciudadanos, se cayó a última hora.

La ley también contempla que los autónomos que trabajan en casa puedan deducirse parte de los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía e internet. Se trata de un punto polémico. Hasta el año pasado, la Agencia Tributaria no permitía por regla general deducir los suministros con la excusa de que no había forma de determinar qué parte era uso profesional y qué parte particular. Sin embargo, una resolución vinculante del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) determinó que sí existía el derecho a deducción. Aun así, no quedó nada claro cómo podía el autónomo aplicar este beneficio fiscal y justificar el porcentaje de uso de los suministros ligados en una actividad profesional. El propio TEAC sugirió un “criterio combinado de metros cuadrados” de la vivienda destinada a oficina o taller y “los días laborables de la actividad y las horas en que se ejerce dicha actividad”.

Finalmente, la nueva norma establece que los autónomos se podrán deducir “el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”. ¿Y esto qué significa? Si un autónomo tiene en una vivienda de 100 metros cuadrados y utiliza 20 como oficina o taller, podrá deducirse el equivalente al 30% del 20% que se destina a actividad económica. Es decir, el 6% de la factura de los suministros será desgravable. El cálculo, que fue propuesto por Hacienda, es un poco rocambolesco e implica limitar mucho y de forma deliberada la posibilidad de deducir los suministros. El autónomo siempre tiene la posibilidad de intentar demostrar que tiene derecho a un mayor porcentaje de desgravación como motivo de su actividad.

La ley de autónomos, que saldrá adelante por unanimidad también contempla otras medidas como la ampliación de la tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones sociales para los nuevos autónomos. Hasta ahora, la bonificación se limitaba a seis meses que a partir del próximo año será de un año. La tarifa plana también se aplicará para las mujeres que vuelvan al trabajo tras ser madres. En la misma línea, se fija una exención del 100% en la cuota de autónomos durante doce meses por cuidado de menores o dependientes.

El Congreso también dio luz verde a que los trabajadores por cuenta propia se puedan dar de alta y de baja hasta tres veces en un año en el régimen de cotizaciones (RETA). Con ello se pretende que la cotización esté más en consonancia con los días realmente trabajados.

Los recargos por retraso en los pagos de la Seguridad Social ya no serán el 20%, sino que bajarán al 10% en el primer mes.

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Estas son las 20 medidas exactas que incluirá la nueva Ley de Autónomos | Autónomos

El próximo jueves se aprobará definitivamente en Comisión de Empleo el texto de la normativa que regulará el trabajo autónomo. A continuación, enumeramos las 20 principales novedades que trae la normativa, que han sido recopiladas por ATA. Fuentes cercanas al proceso de aprobación aseguran que sólo quedan pequeños detalles en enmiendas para la aprobación definitiva en dicha Comisión, esta misma semana. 

  1. Los profesionales autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización, en función de sus intereses e ingresos.
  2. Los autónomos podrán darse de alta y de baja en el RETA, para que solo paguen por los días que hayan trabajado.
  3. Se amplía la, ya famosa, tarifa plana de 50 euros a un año.
  4. Los emprendedores podrán optar de nuevo a la tarifa plana dos años después de haber finalizado la actividad empresarial.
  5. Se ha establecido una tarifa plana de 50 euros de cuota para las mujeres que se reincorporen al trabajo después de la baja por maternidad.
  6. Se ha aprobado la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año para el cuidado de menores o dependientes.
  7. Se ha corregido la cuota de los autónomos societarios vinculándola a la subida del salario mínimo interprofesional, de manera que se determine en los presupuestos generales del Estado (PGE) cada ejercicio, y después de hablarlo con las asociaciones de autónomos más importantes.
  8. Se permite la compatibilización al 100% del trabajo por cuenta propia con la pensión del autónomo.
  9. Se han reducido los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social a la mitad, pasando del 20% al 10% en el primer mes.
  10. Se devolverá el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan que solicitarla.
  11. Los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a una formación adaptada a sus necesidades, con el fin de mejorar su competitividad y consoliden su actividad empresarial.
  12. Mejora de las condiciones de los emprendedores con discapacidad.
  13. Se facilita y se permite la contratación a los hijos discapacitados de los autónomos.
  14. Se reconoce el accidente in-itenere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de trabajo) en los profesionales autónomos.
  15. Se mejora la formación en prevención de riesgos laborales en los profesionales autónomos.
  16. Se les da un mayor protagonismo a los autónomos en la participación de las organizaciones.
  17. Las organizaciones de autónomos más importantes y representativas pasan a considerarse de “utilidad pública”.
  18. Las organizaciones también contarán con un año de plazo para entrar en el CES y para la constitución del Consejo del Trabajo Autónomo.
  19. Los autónomos podrán deducirse un 20% de los gastos de suministros, como el agua, la luz, la electricidad y la telefonía, siempre que se trabaje desde casa.
  20. Se han establecido deducciones por la manutención, cuando afecta directamente a la actividad, con un límite de 12 euros diarios, siempre que puedan comprobarse a través de medios telemáticos

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