La Audiencia Nacional investigará a Ron y Saracho por la debacle de Popular | Compañías

La debacle de Banco Popular, y la posible responsabilidad de sus máximos responsables, es ya oficialmente objeto de investigación por parte de la Justicia española. El juez de la Audienica Nacional Fernando Andreu ha comunicado este miércoles que admite a trámite varias de las querellas presentadas por los inversores afectados, con el aval de la Fiscalía, ante la posible comisión de delitos de falsedad documental, administración desleal o apropiación indebida.

La investigación se centrará en el histórico presidente de Banco Popular, Ángel Ron, que estuvo al frente de la entidad hasta el pasado febrero, así como en su sucesor, Emilio Saracho, los consejos de administración de ambos y la firma que auditaba las cuentas de la entidad, PwC.

A la hora de abordar la investigación, el juez Andreu sigue el consejo de la Fiscalía y acuerda la apertura de dos piezas separadas. La primera de ella centrada en la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que Popular cerró en junio de 2016, bajo la presidencia de Ron.

La segunda, buscará dilucidar si hubo manipulación del mercado con el objetivo de hacer caer el valor en los últimos meses de vida de la entidad, donde los inversores bajistas hicieron su agosto apostando en contra de la acción del banco.

Ante la desconfianza desatada también entre clientes y la retirada masiva de depósitos, Popular fue intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 de junio y, tras recapitalizar la firma a costa del dinero de sus accionistas y bonistas, vendida inmediatamente a Banco Santander por un euro simbólico

La investigación de estas dos causas promete adentrarse también en las luchas de poder que se abrieron en el consejo de administración del banco y en la admisión por parte de Popular de que sus cuentas de 2016 reflejaban errores de millones de euros que derivaban en pérdidas superiores a las reconocidas.

Diligencias y pruebas periciales

El juez prevé ya la puesta en marcha de distintas diligencias entre las que destacan la comparecencia de Ron, la petición de los informes de PwC, el requerimiento a la Comisión Nacional el Mercado de Valores (CNMV) de un informe pericial sobre las apuestas bajista en el mercado o la elaboración de un informe por parte de un experto en medios de comunicación para analizar el impacto mediático en la desaparición del banco.

Como ya ocurriera con el caso Bankia, que se encamina a la apertura de juicio oral ante la sospecha de que la entidad salió a Bolsa utilizando información falsa, Andreu conmina al Banco de España a aportar dos inspectores que ejerzan como peritos judiciales y aclaren si la información contable de Popular era veraz.

A priori, tal y como defendió la Fiscalía Anticorrupción, el juez no ha incluido en la investigación a los supervisores, el Banco de España y la CNMV, que habían sido incluidos en algunas de las querellas presentadas tras el final de Popular.

Posibles fianzas

En su escrito, Andreu admite la posibilidad de imponer fianzas por las posibles responsabilidades de los investigados si bien advierte que esta opción, y su cuantía, no se abordará hasta haber escuchado primero a los querellados.

Más allá de Ron y Saracho, se admiten querellas contra otra veintena exresponsables del banco, como Roberto Higuera, Reyes Calderón, Ignacio Sánchez Asiain, Francisco Aparicio, Pedro Larena, José María Arias, José Ramón Estévez, o el exconsejero delegado Pedro Larena.

También se investigará a inversores clave, como el mexicano Antonio del Valle o la sindicatura de accionistas de Popular y la Unión Europea de Inversiones (ligada al Opus), como resultado de la admisión a trámite de estas querellas.

Las querellas admitidas

Inicialmente han sido tres las querellas admitidas aunque pocas horas después trascendía la admisión de una cuarta, y es posible que la lista aumente porque se recibieron una treintena. La primera, especialmente dirigida contra Saracho por un presunto delito de administración desleal, es de la asociación de accionistas minoritarios Aemec, que engloba a más de 1.007 inversores perjudicados bajo la representación legal del bufete Cremades & Calvo Sotelo.

La segunda querella admitida la planten Estel Ingeniería y Obras S.A, junto a 45 personas más, representados por Unive Abogados, acusando de falsedad documental, administración desleal y delito contra el mercado a los dos consejos de administración.

La última, corresponde a dos particulares que cargan contra todos los gestores y algunos de los principales inversores por un delito societario y otro contra los consumidores. La cuarta es la que presentó la organización de consumidores OCU contra Saracho, Ron, Larena, PwC y su socio auditor.

El juez advierte que “los hechos denunciados en la querella merecen una investigación en sede penal”, pues como ya expuso la Fiscalía “podrían ser constitutivos de delito”. Además, “sea o no merecedor de reproche penal”, argumenta Andreu, el final del banco “ha causado numerosos perjuicios, no solo a los accionistas como los que ahora se han querellado, sino a la sociedad y a la economía nacional en su conjunto”, lo que motiva iniciar las pesquisas planteadas.

Recurso contra el Frob

El exconsejero externo independiente y exvocal del consejo de administración de Popular José Ramón Estévez Puerto ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por la resolución de la entidad, recoge Europa Press.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha registrado este recurso contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB por adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que puso en marcha el dispositivo de resolución sobre Popular el pasado 7 de junio.

Así lo recoge este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) en una publicación firmada por la letrada de Administración de Justicia Elena Oca de Zayas.

Estévez ocupó los cargos de consejero externo independiente y vocal del consejo de administración de Popular con anterioridad a la resolución acometida en el banco el pasado 7 de junio desde su nombramiento en abril de 2016. Era, además, presidente de la comisión de retribuciones de la entidad.

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Asufin presenta la primera querella contra el consejo del Popular y PwC | Compañías

La asociación de consumidores financieros Asufin ha presentado una querella contra los anteriores consejos de administración de Banco Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, respectivamente, y contra la auditora de la entidad, PwC, por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, informó en un comunicado.

La querella de Asufin se presenta después de seis semanas de investigaciones a raíz de la resolución de Popular, y según la presidenta de la asociación, Patricia Suárez, la oferta de compensación de Banco Santander a los accionistas minoritarios del banco intervenido es “una prueba más” de que ha habido “irregularidades” en la gestión.

Para el procedimiento, Asufin cuenta con asesoramiento legal tanto en el ámbito penal, como en el civil, de Carme Herranz y Oscar Serrano, procedentes de Col·lectiu Ronda, y Almudena Velázquez, de Red Abafi.

La querella se formula contra PwC al entender que ha tenido una conducta “consentidora” o de “beneplácito” frente “a la deriva” que iba tomando la entidad. Para Asufin, la auditora ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del Popular al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco. Además Asufin acusa a los anteriores consejos de administración de Popular de fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública.

La asociación ha solicitado a la Junta Unica de Resolución (JUR), todo el expediente del caso, incluido el famoso informe Deloitte, y pide que la CNMV informe de las razones por las que no se prohibieron las posiciones cortas.

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Saracho presentó el 2 de junio ante el juzgado un informe de Ron sobre Arias | Compañías

La crisis, intervención y posterior venta de Banco Popular a Santander ha pasado de ser la caída del que fuera hace una década el banco más solvente y eficiente de Europa a convertirse también en un hervidero de intrigas con dosieres incluidos. Las luchas de poder que vivió el banco entre la primavera del pasado año hasta noviembre, fecha en la que el entonces presidente Ángel Ron presentó su dimisión, se han trasladado ahora a sus previsibles defensas ante las multitudinarias demandas que preparan los antiguos accionistas (pequeños e institucionales) de Popular.

En juego están sus posibles responsabilidades penales o no en la caída de Banco Popular.

De momento, el pasado viernes Abc y El Mundo publicaban una carta de Ron dirigida a su sucesor, Emilio Saracho, en la que el expresidente de Popular explicaba las sospechas existentes sobre el entonces vicepresidente, José María Arias (en su etapa de presidente de Banco Pastor), sobre supuestas actividades de blanqueo de capitales vinculadas al caso Gürtel. La carta, junto a un borrador de dictamen jurídico externo realizado por el consultor Juan Ortiz Úrculo, fue remitido por correo electrónico a Saracho el pasado 19 de febrero, justo un día antes de celebrarse la junta de accionistas en la que este último sería nombrado presidente tras la salida de su antecesor.

Las sospechas de Ron sobre el pasado de Arias se remontan al 27 de abril de 2016, cuando pide al secretario del consejo, Francisco Aparicio, que profundice e informe sobre unas informaciones periodísticas en las que se mencionaba a Banco Pastor dentro de la investigación sobre el caso Gürtel.

Aparicio, un día antes, el 26 de abril, a las 21.53, envió a Arias un email prácticamente desvinculándole de los hechos y en el que dice textualmente: “Esta tarde nos ha llegado este auto. Se refiere al Pastor en el último punto (página 19) para requerir al Sepblac que se pronuncie si Pastor incumplió la normativa. Lo leeré despacio, pero de momento me parece que no debemos hacer nada, más que estar disponibles para cualquier información o aclaración que nos pidan. Si hay algo claro es que Pastor contestó puntualmente los requerimientos de Sepblac y envió información”.

El dosier definitivo realizado por Ortíz Úrculo fue entregado a Saracho el pasado 21 de marzo por Ron, justo un mes después de que el expresidente dejara la entidad, apuntan fuentes cercanas al que fuera vicepresidente de JP Morgan.

Tras recibir este informe, Saracho decidió comprobar su contenido y contrató al despacho de abogados Uría Menéndez. Las conclusiones de este último informe y el dosier entregado por Ron fueron presentados por Emilio Saracho al juzgado el pasado día 2 de junio, justo cinco días antes de que Popular fuera intervenido y vendido a Santander. Fuentes cercanas a Saracho aseguran que la entrega de esta documentación al juzgado es solo un procedimiento legal, que no prejuzga en ningún caso la actuación de Arias.

Aparicio, que también era consejero y miembro de la Sindicatura, envió el viernes a Arias un email afirmando que sentía “que se publicaran esas patrañas fuera de lugar” que le afectaban y no benefician a nadie, explican fuentes cercanas a Arias.

“Ordena una investigación”

Petición. El vicepresidente de Banco Popular y presidente de Pastor, José María Arias, ya explicó a Emilio Saracho antes de que este fuera nombrado presidente, en concreto en enero, un mes antes de sustituir a Ron, que se ordenara una investigación para aclarar las sospechas sobre posibles operaciones de blanqueo de capital realizadas desde el banco gallego antes de pasar a manos de Popular.

Dimisión. Cuando llegó a la presidencia, Saracho decidió encargar esta investigación, cuyo informe fue entregado el 2 de junio a los juzgados junto al dosier entregado por Ángel Ron. Arias, siempre según fuentes cercanas al expresidente, pidió a Saracho que si tras esta investigación había alguna duda sobre su comportamiento él presentaría su dimisión.

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Una quincena de bufetes se involucran en los litigios por el fin de Banco Popular | Compañías

La desaparición de Banco Popular, aprobada por las autoridades europeas en la madrugada del 7 de junio para su inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico, con la consecuente pérdida del dinero para sus más de 300.000 accionistas, se ha convertido en el asunto legal del año.

Según detallan fuentes del sector, una quincena de bufetes de abogados se ha involucrado ya en el caso. Mientras que los principales exresponables de Popular arman sus defensas ante las primeras querellas penales, el grueso de afectados se prepara para presentar recursos por la vía contencioso administrativa contra las autoridades que decretaron el fin del banco.

Los abogados trabajan en esta vía contrarreloj, pues el plazo de dos meses para recurrir la resolución del banco concluye el próximo 7 de agosto. Las apelaciones se dirigen tanto al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como principal autoridad española involucrada, como, sobre todo, ante la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo europeo que decretó el final de Popular.

Los bufetes centran sus escritos en el controvertido informe de Deloitte usado para valorar Popular, que en principio lo tasó entre -2.000 y -8.000 millones pero, según trascendió luego, incluía también un escenario en que valía 1.500 millones en positivo, y que ha sido criticado hasta por los inspectores del Banco de España.

De otra parte, los abogados están subrayando el agravio comparativo sufrido por los inversores de Popular en comparación con los de las italianas Banca Veneto y Banca Popolare di Vicenza, saneadas con dinero público y vendidas por un euro a Intesa Sanpaolo con compensaciones para los titulares de deuda subordinada.

Trabajan en estos recursos diversos colectivos afectados, entre los que destacan los grandes inversores de Popular. Es el caso de la familia chilena Luksic, que ha contratado a Roca Junyent, que representó a la infanta Cristina en el caso Noos.

También es la vía finalmente elegida por la familia mexicana Del Valle, que ha contratado a Ontier para el frente español y a Kirkland & Ellis, para las actuaciones internacionales. También la tradicional sindicatura de accionistas, parte de la cual, con la Unión Europea de Inversiones, ligada al Opus Dei, a la cabeza, ha acudido al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

El despacho que preside Javier Cremades representa además a la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), primer colectivo en presentar una denuncia por la crisis de Popular ante la Fiscalía Anticorrupción, y el bufete también acudirá a la vía penal bajo la tesis de que la responsabilidad de lo ocurrido corresponde al último presidente del banco, Emilio Saracho, la consejera Reyes Calderón o el grupo inversor Del Valle, al que acusa de jugar en contra de la entidad. El despacho cuenta ya con un millar de poderes notariales de accionistas que dejan en sus manos lograr un resarcimiento, lo que le posiciona en cabeza de los grupos de demandantes.

También por la vía penal acude la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que de la mano del letrado Eliseo Martínez, del bufete Ius+Aequitas, ha interpuesto una querella contra el expresidente de Popular Ángel Ron, el exconsejero delegado Pedro Larena, el exvicepresidente Roberto Higuera, la auditora Pwc y el socio que firmó las cuentas, Pedro Barrio.

También presentó una denuncia el bufete Durán & Durán, que pone el acento en la relación laboral de Saracho con Santander, a quien se acabó vendiendo Popular, así como con JP Morgan, a quien encargó la venta de la entidad antes de su caída.

Aunque estos tres últimos bufetes compartieron impresiones, fuentes conocedoras del contacto subrayan que aunque no se descarta que sigan colaborando para allanar el terreno al litigio penal, sus planteamientos difieren y no se planteará una estrategia común.

También ultima una querella criminal la asociación de usuarios financieros Asufin, mientras que la asociación Adicae ha optado por recurrir la resolución del banco ante el FROB y la JUR.

Por su parte, el bufete Jausas armará demandas civiles para recuperar el dinero de inversores institucionales de Popular mientras que el despacho Ferrer-Bonsom & Sanjurjo lo hará para particulares. Destaca en la vía civil la plataforma constituida por el presidente de Naturhouse, Felix Revuelta, que ha puesto al abogado de la firma, Rafael Moreno, al servicio de una plataforma de afectados dispuestos a reclamar su dinero. También reclamarán por la vía civil varios fondos y bonistas de Popular, con el bufete internacional especializado Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan.

A partir de aquí, un puñado de bufetes más han sido fichados por los exresponsables de Popular para asesorarles en su estrategia de defensa y asistirles legalmente en caso necesario, como es el caso del despacho Choclán, contratado por Ron, o Alemany, Escalona & De Fuentes, para Reyes Calderón. En paralelo, Santander o PwC cuentan con sus propios departamentos legales.

Economía carece de estimaciones sobre los litigios

“No tenemos ni idea, en absoluto”, aseveró ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre volumen e impacto de las denuncias y demandas que puede acarrear la resolución de Banco Popular, asegurando que el Gobierno no tiene estimaciones sobre cuántas podrían registrarse. A su llegada al consejo de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, celebrado ayer en Bruselas, Guindos instó a “no adelantar acontecimientos” sobre la repercusión judicial, recoge Efe. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo instaron el viernes a España a “vigilar de cerca” los riesgos de la adquisición de Popular por Banco Santander, entidad que ha reconocido el potencial riesgo de litigiosidad que acompaña a la absorción del banco fallido.

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