Bruselas autoriza el régimen de ayudas a las renovables que le notificó el Gobierno | Compañías

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha autorizado este viernes el régimen español de ayudas a la producción de electricidad con fuentes renovables. El sistema de incentivos a este tipo de energías, aprobado por el Gobierno español en 2014, cuenta con 40.000 beneficiarios y solo en 2016 concedió subsidios por valor de 6.400 millones de euros, que se financian a través de la factura eléctrica.

 Bruselas ha dado el visto bueno tras la introducción el año pasado de subastas competitivas para adjudicar estas ayudas a nuevos proyectos de capacidad. Los beneficiarios reciben una rentabilidad razonable y se les retribuye la inversión y, en su caso, los costes de operación y mantenimiento.

Ese modelo -destaca la Comisión-, garantiza que los beneficiarios solo recibirán compensaciones si el precio de mercado cae muy por debajo de su nivel actual. De ese modo, el productor está protegido frente a una caída abrupta de los mercados pero se evita una sobrecompensación excesiva, según el departamento de Vestager.

Entre 206 y 2017 se han realizado tres subastas en las que que se han adjudicado una capacidad de más de 8.000 MW con derecho al cobro del incentivo. Los subsidios fueron obtenidos, sobre todo, por parques eólicos y solares.

Bruselas confía en que el régimen de apoyo permita a España alcanzar su objetivo de producción renovable, fijado en un 20% del consumo final en 2020. El último informe de la Comisión indica que España se situaba en el 16,2% en 2014, ligeramente por encima de la media europea (16%).

El procedimiento de autorización comunitaria zanjado este viernes se inició hace más de dos años de manera opaca y rocambolesca. España notificó el nuevo régimen de ayudas a Bruselas, que inició el escrutinio en febrero de 2015. Pero el expediente solo salió a la luz a raíz de un recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo solicitando la paralización de las numerosas denuncias presentadas por los recortes a las energías renovables incluidos en la reforma eléctrica del Gobierno de 2013 (esta supuso la desaparición del antiguo sistema de primas a la producción por el actual de incentivos a la inversión).

La investigación comunitaria, además, incluyó el régimen de ayudas previos a 2014 (el de las citadas primas otorgadas por el anterior Gobierno socialista). Algo que sorprendió en su momento (la obligación de notificar las ayudas a as energías verdes es de 2014) y que, después, se ha atribuido al intento del Gobierno de Mariano Rajoy de blindarse contra los posibles laudos a favor de los inversores afectados por los recortes de primas.

Las primas a examen

Ese segundo expediente está aún por resolver. A España le interesaría que Vestager declarase que aquellas primas constituyeron una ayuda de Estado ilegal, porque eso facultaría a la Comisión a prohibir las compensaciones derivadas del recorte de esas ayudas como reclaman, ante instancias internacionales, los inversores perjudicados. Se calcula que las reclamaciones a través de arbitrajes superan los 7.000 millones.

El departamento de Vestager mantiene abiertos, además, otros expedientes relacionados con el sector energético español. El más explosivo potencialmente atañe a los llamados pagos por capacidad (conocidos anteriormente como garantía de potencia). La comisaria llevó a cabo en 2015 una investigación sectorial sobe esos mecanismos en 11 países. Y España resultó ser el país de los investigados que más utiliza ese mecanismo y el que recurre a la fórmula que Bruselas considera menos acorde con las normas de competencia: los pagos por capacidad específica que reciben las centrales térmicas (por disponibilidad y por inversión).

Fuentes del sector dan casi por seguro que Vestager se pronunciará en contra del modelo español y obligará, como mínimo, a modificar este sistema de pagos por capacidad.

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Las viejas centrales de energía se resisten a morir | Compañías

Sobre el papel, los cambios tecnológicos en la generación de electricidad, forzados por la inevitable lucha contra el cambio climático, parecen sencillos y consensuados. Una apariencia a la que contribuye el que la mayoría de los ciudadanos se declare mayoritariamente partidaria de lo sostenible, verde o eficiente. Eso sí, siempre que esta posición no suponga ningún coste para quien la mantiene.

En una encuesta realizada hace pocos años por una asociación española de renovables, el 97% de los encuestados se definía partidario de este tipo de energías (lo extraño, en realidad, era que un 3% las rechazara, cuando opinar favorablemente era gratuita y políticamente correcto). La posición cambió radicalmente cuando a los supuestos defensores de las renovables se les preguntó si estarían dispuestos a pagar una prima en la factura de la luz para el desarrollo de dichas tecnologías. Pagar, eso no, vino a decir la mayoría.

Este es el quid (se puede sustituir “la prima en el recibo” por cualquier otro coste) de un debate que se precie sobre la renovación de los viejos parques de generación contaminantes (de carbón o gas) por los de energías renovables que se van imponiendo en todo el mundo.

Capítulo aparte merecen las centrales nucleares que, aunque no emiten CO2 y, por tanto, no se las considera enemigas del clima, forman parte del debate por su nulo futuro: tienen ya una edad avanzada y el capitalismo (léase, bancos y eléctricas)les ha dado la espalda. También las rechazan las nuevas generaciones de políticos, a la vista de la herencia envenenada que supone su desmantelamiento y la gestión durante siglos de los residuos radiactivos que no pueden ser reciclados. Según calcula la UE, el desguace de los más de 200 reactores europeos (90 ya parados) superará la friolera de medio billón de euros.

Como en cualquier crisis (o “cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”, en definición de la RAE), la llamada transición energética hacia un modelo de generación libre de emisiones puede resultar traumática y contradictoria.

Un claro ejemplo es el protagonizado por el actual Gobierno, cuyo presidente, Mariano Rajoy, negó no hace tanto tiempo el cambio climático y cuyo ministro de Energía, Álvaro Nadal, hasta ahora claro partidario del mercado y reconocido pronuclear, protege ahora las centrales de carbón y acaba de dar carpetazo a Garoña.

Bien podría parecer que el mundo se ha vuelto del revés: mientras las grandes compañías eléctricas, como Endesa e Iberdrola, promueven el cierre de centrales de carbón y nucleares, el Gobierno liberal del PP quiere protegerlas. Otra falsa apariencia, pues son solo las térmicas de carbón nacional ubicadas principalmente en zona popular, como es Castilla y León, las que se pretenden desahuciar. Y las nucleares, salvo que se les descargue de la actual fiscalidad.

Sin que se conozcan claramente las razones ni los objetivos, el ministro de Energía quiere potestad sobre el cierre de las viejas centrales. Para ello, ha sometido a audiencia pública una propuesta (genérica y sin articular) de real decreto por el que se regulará el procedimiento de cierre de las instalaciones de generación eléctrica. A saber, Nadal desea ampliar el motivo por el que su ministerio y REE pueden vetar actualmente el cierre de una central (garantizar el suministro eléctrico) a otros dos supuestos tan vagos como “el impacto sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales y la competitividad de la economía española” y “cambio climático”.

Los más críticos creen que con la excusa de la planificación el Gobierno quiere frenar el cierre de plantas por razones políticas, como es el caso de las de carbón (una de las amenazadas por el cierre es la central de Compostilla de Endesa, propiedad de la italiana Enel), e ideológicas, como la nuclear.

Copiar a Alemania

Podría creerse que el Ejecutivo de Rajoy estaría intentando emular el modelo alemán, en el que los operadores de las redes han denegado parte las solicitudes de cierre de capacidad (casi 4.000 MW que consideran “críticos”, sobre los más de 19.000 MW) tramitadas desde 2012, equivalentes a 90 centrales.

Nada más lejos de la realidad, pues las razones de seguridad de suministro que alegan los TSO (operadores y transportistas) germanos ya están reguladas en España. Esto es, si una central se considera necesaria, REE y el propio ministerio tienen potestad para impedir su cierre. Sirvan como ejemplo los casos relativamente recientes de la petición de cierre de varios ciclos combinados de gas por parte de Endesa e Iberdrola: a la primera se le denegó el cierre de su central de Colón (Huelva), mientras la segunda recibió la autorización para clausurar una de las unidades de su ciclo de Castellón, aunque luego se echó para atrás. 

El mercado alemán no solo no tiene la sobrecapacidad que el español (con un importante parque ocioso de gas que se levantó durante los años de la burbuja), sino que se enfrenta al cierre por decreto de sus 18 centrales nucleares, cuya clausura definitiva está prevista en 2022.

Esta decisión, y la declaración de intenciones del Gobierno de Macron de cerrar 17 centrales nucleares francesas en los próximos años, choca con el empecinamiento de España de defender las viejas térmicas de carbón y las nucleares. En ambos casos, las eléctricas quieren ser compensadas con una regulación favorable, un chantaje que el Gobierno considera inadmisible y que podría estar tras la decisión del Ejecutivo de controlar los cierres de plantas.

Respecto a la intención de Nadal de subastar o hibernar las centrales intervenidas, resulta un tanto inverosímil. ¿Quién va a explotar unas plantas aparentemente no rentables y con fecha de caducidad? El ministro, en línea con Endesa, esgrime que sin la actual producción nuclear el precio de la electricidad se incrementaría un 26%. Un motivo este que impedirá cualquier cierre si prospera el real decreto en trámite. Una norma, por cierto, recurrible por las empresas ante los tribunales.

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Reacciones al cierre de Garoña: los partidos satisfechos, inquietud en la Junta de Castilla y León | Compañías

La Junta de Castilla y León anunció este martes, minutos después de conocerse el cierre de la central de Garoña, que implantará un impuesto de afectación medioambientalpara gravar los residuos que quedarán tras el desmantelamiento.

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tildó de “grave error” la decisión del Gobierno de cerrar la planta por el impacto que tendría sobre cerca de 1.000 empleos y aseguró que la recaudación de dicho gravamen sobre Endesa e Iberdrola irá destinada a financiar un plan de ayuda al empleo en la zona. Justificó esta modificación de los impuestos medioambientales al entender que Garoña pasará a ser un “depósito de residuos radioactivos”.

La posición del ejecutivo de Castilla y León difiere de manera notable del de País Vasco. El lehendakari, Íñigo Urkullu, celebró la decisión del Gobierno central y aseguró que “a partir de ahora, los vascos van a vivir mucho más seguros ya que suponía un riesgo cierto y evitable”. Su partido, el PNV, defendió que se ha producido “gracias al trabajo que ha hecho la formación en Madrid”.

Frente al pesimismo de las autoridades castellanoleonesas, incluyendo la cámara de comercio que tildó la medida de “injustificada y evitable”, entre los partidos vascos, incluido el PP, se produjo un consenso en el apoyo al cierre de Garoña. PSE, EH Bildu y Podemos se unieron a través de las redes sociales a la satisfacción mostrada por el gobierno autonómico.

A nivel estatal, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, aseguró a través de Twitterque el cierre de Garoñña es una “magnífica noticia”. En esta misma línea se definieron diputados de Unidos Podemos, como Juan López de Uralde, y de Ciudadanos, como Miguel Gutierrez, quien defendió que el proyecto de Garoña era “inviable” y lamentó que el Gobierno “haya tardado tanto”.

Las celebraciones llegaron también a las organizaciones ecologistas. Raquel Montón, portavoz de Greenpeace, aseguró que este cierre supone “el principio del fin de la energía nuclear en España”. En la misma línea, Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, apuntó que la medida se trata de un veredicto de “sentido común e inevitable, ya que había un clamor político a favor del cierre”.

Fe de errores

Mi

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El Gobierno cierra la central nuclear de Garoña | Compañías

El Ministerio de Energía ha optado finalmente por el cierre definitivo de la vieja central nuclear de Garoña, propiedad de Nuclenor, sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola. El anuncio lo ha hecho esta mañana el ministro de Energía, Alvaro Nadal, en una rueda de prensa en la sede del ministerio.

Nadal ha justificado la denegación del permiso a Nuclenor en que se trata de una central pequeña (450 MW) cuyo cierre no tiene ningún impacto en el sistema, porque se ha convertido en un “simbolo de confrontación política”, que no ha permitido un debate sosegado.

En este sentido, ha enumerado las propuestas legislativas de los grupos políticos contra la reapertura de la central burgalesa, así como las alegaciones en contra de casi todas las instituciones que han participado en el trámite de audiencia. 

Nadal, sin embargo, ha querido dejar claro que el de Garoña no es un antecedente para el resto del parque nuclear, por el que sigue apostando. El titular de Energía descarta una bajada de las tasas nucleares por presión de las empresas en las próximas autorizaciones: “No vamos a permitir que eso ocurra”.

Sobre el futuro de los trabajadores, el ministro ha señalado que conoce la existencia de un “plan social” con el objetivo de mantener puestos de trabajo, promover prejubilaciones y recolocaciones. 

En cuanto a las ayudas a la comarca, de 2,5 millones, el ministro ha asegurado que “se van a mantener”. Asimismo ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya en un “plan de viabilidad” para la economía de la comarca. 

La central está cerrada desde 2012 por decisión de las eléctricas que paralizaron la producción para no pagar los nuevos impuestos a los residuos radiactivos aprobados entonces por el Gobierno. La medida les supuso una multa de 18 millones de euros por parte dela antigua CNE.

Con posterioridad las empresas solicitaron al Gobierno la reapertura, que cuenta con un informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) condicionado a la realización de inversiones y con permiso para una una ampliación de la vida de Garoña hasta 2030. En el ultimo año las discrepancias entre las propietarias han sido sonoras: mientras Iberdrola ha sido partidaria del disestimiento antes de que Energia se pronunciase, Endesa ha preferido esperar, pese a querer también el cierre por la falta de rentabilidad de la instalación.

Nadal se dio un plazo de seis meses ( que terminaba el 8 de agosto) para tomar una decisión, previa presentación de alegaciones de 11 instituciones, de las cuales, cuatro vascas se han opuesto radicalmente. Las eléctricas no alegaron por falta de acuerdo.

 

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Nadal: “Para estar a la altura de la revolución tecnológica, tenemos que subir al cambio” | Tendencias

“Hace 200 años cambiamos radicalmente los sistemas de producción con la máquina del vapor y el carbón, 100 años después llegó la electricidad. Ahora estamos ante un cambio de calibre similar y tenemos que ver cómo nos comportamos. La participación de España dejó bastante que desear en las revoluciones anteriores”. Estas fueron las palabras del ministro Alvaro Nadal en la apertura del evento FUTURO DIGITAL, que se desarrolla hoy -miércoles 5 de julio- para debatir sobre los grandes retos a los que se enfrenta la economía española en un entorno de transformación digital. “Si esta generación va a estar a la altura de la revolución tecnológica y no sólo no perder el tren sino también irse a la cabeza de este, tenemos que subir al cambio y crear una estructura que nos permita avanzar”.

En su repaso a las claves del rendimiento español, el ministro se ha referido al despliegue de la fibra óptica como uno de los grandes logros de España en la adaptación a las nuevas redes de telecomunicaciones. Por otra parte, para el necesario refuerzo de la participación empresarial en este entorno, Nadal prescribe “esquemas de concienciación y apoyo tanto en la oferta como en la demanda”. Si todo sale bien, el ministro espera que coronemos esta transformación en la senda de la prosperidad. “El fin de semana existe porque existió la revolución industrial. La digital a lo mejor nos trae el fin de semana de tres días…”, razonó.

  • Privacidad, ¿reto u oportunidad?

La perenne discusión sobre los límites que enfrentan a la innovación y la protección de datos giró en torno a la necesidad de convertir estos requisitos en una ventaja. “La privacidad no es un obstáculo, puede hacer que la innovación se desarrolle con pleno respeto a los derechos fundamentales”, aseguró José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo.

Esta combinación pasa por el despliegue de una legislación que Cristina Maroto -secretaria general técnica en Asgeco- asegura, “siempre irá por detrás de la revolución”, pero es imprescindible para articular la participación de actores como Google. “Tenemos que tener una innovación que piense en el ser humano, en que los robots van a ayudarnos a ser mejores, no a dirigir cómo tenemos que vivir: para esto necesitamos matemáticos e ingenieros, pero también juristas y filósofos. No podemos estar en silos”, señaló Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad.

  • La Administración ha muerto, viva la administración

Nadie cuestiona el nivel de la Administración Electrónica en España, cuyo desarrollo ocupa puestos meritorios en los ránkings europeos. “Tenemos las condiciones para ocupar posiciones todavía más destacadas”, aseguró José Manuel Leceta, director general de Red.es, entidad ejecutora de los planes de Agenda Digital. Roberto Sánchez, director general de innovación del Ayuntamiento de Madrid conduce su área, centrada en utilizar la tecnología para gestionar mejor infraestructuras y servicios, bajo una premisa fundamental: nadie puede quedarse atrás. “Tenemos un fuerte compromiso con los servicios digitales pero mantenemos la inclusividad para todos los ciudadanos”.

Carles Ramió se mostró más preocupado por la supervivencia de la propia Administración. Ante la posibilidad de que las instituciones, tal y como las conocemos, desaparezcan como lo hicieron las enciclopedias a la llegada de Wikipedia, el catedrático de Ciencias Políticas defiende que estas son las únicas que pueden ejercer de director de orquesta en el resto de los actores. “Pero si no nos renovamos, no vamos a poder. Tenemos que mejorar la calidad y el refinamiento institucional y, sobre todo, teniendo mejores sistemas de información y capacidad analítica. Tenemos que gobernar la gobernanza”.

El exministro Jordi Sevilla no duda del poder de la Administración. A un día del décimo aniversario de la aprobación de la ley de Administración Electrónica, Sevilla habló de “islas de modernidad” rodeadas de mares de “presencialimo”. El proceso de digitalización tendría que estar guiado por principios como que la administración no puede pedir a los ciudadanos un papel que ya está en su poder, los trámites tienen que poder hacerse de manera telemática y, en general, la digitalización no es hacer lo mismo de siempre por por internet. “Tenemos la oportunidad de revisar la relación entre el poder público y los ciudadanos”, aseguró.

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Nadal: “La retribución de las renovables bajará para que la luz cueste entre un 5% y un 10% menos” | Compañías

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal, se ha mostrado a favor de revisar la rentabilidad razonable de las plantas renovables a partir de 2020, ya que puede rebajar la factura de la luz de los consumidores españoles “entre un 5% y un 10%”.

En comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso de los Diputados, Nadal afirmó que el Gobierno “sí que está a favor” de esta revisión para que suponga “una rebaja sensible al recibo de la luz de todos los españoles”.

El titular de Energía defendió ligar la retribución al bono del Estado, tal y como recoge la norma, lo que implicaría una caída de esta rentabilidad a las renovables con respecto al 7,39% fijado para el periodo actual.

En 2013 se fijó este primer periodo regulatorio para las renovables, que termina en diciembre de 2019, con una rentabilidad calculada con el rendimiento del bono del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básicos, lo que suponía ese 7,4%.

Sin embargo, el descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a caer esa rentabilidad para las plantas renovables para el periodo que se iniciará en 2020.

“Dado que está en la Ley y que todo el mundo sabe las reglas del juego, sí que queremos que baje entre un 5% y un 10% la luz de los consumidores españoles. Cada uno puede tener su opinión y la del Gobierno es esta”, dijo.

En paralelo el ministro desveló que la próxima subasta de renovables, que pondrá en juego al menos otros 3.000 megavatios (MW) ‘verdes’, se celebrará finalmente el próximo 26 de julio.

Nadal mostró su confianza en que esta nueva subasta, al igual que la celebrada el pasado mes de mayo, será “un éxito” y permitirá la entrada de nueva energía renovable “sin ningún tipo de prima” y a precio de mercado.

El ministro señaló su deseo de que esta nueva subasta sea “más compensada” entre las diferentes tecnologías, después de que en la pasada subasta la eólica se adjudicara más del 99% de lo ofertado, quedándose prácticamente fuera la fotovoltaica.

No obstante, subrayó que el Ejecutivo debe ser “neutral” en el proceso en lo que respecta a las tecnologías. Por ello, afirmó que el Ministerio de Energía “está abierto” a dar licencias a cualquier parque renovable que quiera instalarse, sin necesidad de acudir a las subastas.

Asimismo, Nadal afirmó que estas subastas van a permitir a España convertirse en uno de los países que “mejor van a cumplir” con los objetivos del 20% de renovables para 2020.

A este respecto, indicó que, del actual 17,3%, con estas dos subastas se alcanzará el 19,5% en este objetivo, muy por encima de otros países como Francia, Alemania, Reino Unido o Países Bajos, lo que que permitirá que con “muy pocas medidas” se alcance el ese 20% en el horizonte de
2020.

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Nadal quiere recortar a casi la mitad la rentabilidad de las plantas renovables | Compañías

En reuniones mantenidas en las últimas semanas entre el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, y empresarios del sector de las renovables, el alto cargo del ministerio que dirige Álvaro Nadal comunicó a sus interlocutores la intención del Gobierno de promover un recorte de “la rentabilidad razonable” que la ley garantiza actualmente a las energías verdes.

Frente a un 7,39% para las plantas que recibían primas a la producción de electricidad antes de la reforma eléctrica de 2013 y un 7,5% para las posteriores a dicha reforma (una mínima parte del total), la rentabilidad se situaría (a valores de hoy) entre el 4,1% y el 4,3% a partir del 31 de diciembre de 2019, según fuentes políticas.

Una intención que explicaría el aviso a navegantes que el ministro lanzó la semana pasada a los pequeños inversores fotovoltaicos que son captados por empresas que prometen una alta rentabilidad (ni más ni menos que la que garantiza ahora la ley), a los que recomendó no invertir en proyectos o participar en las subastas de capacidad dirigidas, según sus palabras, a profesionales. La alarma se ha traducido, de momento, en la investigación abierta por el Banco de España y la CNMV a una pequeña compañía, Parques Solares de Navarra, a petición del propio ministro.

Más allá de las consecuencias económicas para el sector, el Gobierno ha suscitado un importante debate por el cómo quiere sustanciar este nuevo recorte. La normativa que regula el enrevesado sistema de retribución de las renovables aprobado por el Gobierno del PP en 2013, que se basa en parámetros, permite modificar el relativo al valor sobre el que gira la rentabilidad razonable garantizada por la propia Ley del Sector Eléctrico.

Esta fijó un primer periodo regulatorio para las renovables que comenzó en julio de 2013 (fecha en que se aprobó el real decreto-ley sobre la reforma) y termina el 31 de diciembre de 2019. El segundo periodo comenzará por tanto el 1 de enero de 2020. Para el primer periodo, la rentabilidad se calculó con el rendimiento del bono del Estado a 10 años en los 10 años anteriores a la aprobación de dicho RDL más un diferencial de 300 puntos básicos, de donde se deriva el 7,39% que rige desde entonces para casi todas las plantas.

La ley eléctrica (en su artículo 14) permite, no obstante, la revisión de dicho parámetro retributivo antes de que comience el siguiente periodo, el 1 de enero de 2020. De lo contrario, “se entenderán prorrogados [los parámetros y, por tanto, la actual rentabilidad] para todo el periodo siguiente”. Y añade que estos cambios “se fijarán por ley”.

Como la fórmula para fijar la rentabilidad razonable será siempre “un índice de referencia más un diferencial”, y el índice se quedó incluido en la norma, al Gobierno le queda la potestad de fijar el diferencial. El citado índice de referencia sigue siendo el rendimiento del bono a 10 años en los dos años previos al mes de mayo anterior al del inicio del nuevo periodo regulatorio. Esto es, la media entre mayo de este año y mayo de 2019.

Interpretaciones

El Ministerio de Energía interpreta que, dada la caída en este tiempo del interés del bono y, de no proceder a ningún cambio legal para aumentar el actual diferencial de 300 puntos básicos, la rentabilidad de las renovables caerá a algo más del 4% (cálculo sobre los índices actuales). De esta manera, defiende una interpretación de la ley que le permitiría rebajar automáticamente la rentabilidad sin mover un dedo.

Sin embargo, las empresas niegan la mayor y consideran que, si el Gobierno no cambia la ley, la rentabilidad actual (los citados 7,39% y 7,5%) se prorrogaría más allá de 2020. Porque, aunque la normativa ya incluye la referencia a aplicar, esta por sí sola no se prorroga. “Estamos hablando de un parámetro, el de la tasa de rentabilidad, que tiene dos componentes que no se pueden disociar, la referencia y el diferencial, por lo que para su modificación es necesario tramitar un proyecto de ley en las Cortes Generales antes del 1 de enero de 2020”, aseguran fuentes empresariales. En otros ámbitos jurídicos reconocen que la normativa se presta a interpretación.

Al parecer, el Gobierno quiere evitar la tramitación de proyecto de ley en el Parlamento, pues ello le obligaría a buscar apoyos. Pero, ¿qué partidos políticos estarían dispuestos a apoyar al Grupo Popular en un recorte semejante al sector de las renovables, que ya sufrió un importante tajo en 2013? Máxime cuando el primer laudo dictado por el Ciadi sobre un arbitraje contra dicho recorte ha resultado condenatorio para Reino de España.

¿Una reforma eléctrica agotada?

  • De la posición revisionista del Gobierno sobre la retribución de las energías verdes dan cuenta los comentarios que ha remitido a la UE sobre la nueva directiva de renovables, que adelantó el sábado CincoDías. Frente a la posición de la directiva de prohibir medidas retroactivas que impacten negativamente en los proyectos, España propone eliminar dicha prohibición.
  • En su lugar, plantea que se “adapten las remuneraciones a las circunstancias del mercado” o a “marcos legales de los Estados” vigentes cuando se concedió la ayuda. En resumen, que los incentivos no se congelen toda la vida útil de la planta, se puedan revisar y así lo tengan en cuenta los inversores cuando afronten los proyectos.
  • Con esta posición favorable a nuevos recortes, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, deja entrever que la reforma eléctrica con la que el Gobierno de Mariano Rajoy quiso atajar el problema del déficit de tarifa (esencialmente, con recortes a las renovables, subidas de tarifa y la creación de impuestos energéticos) resulta insuficiente y el margen del sistema eléctrico se agota. Aunque el recorte rondó los 3.000 millones de euros, los incentivos a las renovables aún supera los 6.000 millones de euros. Además, hay varios peligros al acecho: el recurso de las eléctricas contra los citados impuestos o el coste de nuevos laudos favorables a los inversores internacionales que denunciaron los recortes de 2013.

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