Los promotores advierten de que faltan trabajadores para la construcción de viviendas | Mi dinero

Hay mucha más construcción de viviendas que mano de obra. Y eso genera tensiones”, así de contundente se muestra Juan Velayos, consejero delegado de la inmobiliaria cotizada Neinor Homes. “Para nosotros no hay un problema de costes, porque hacemos contratos de llave en mano con las constructoras (con precio cerrado), pero nos preocupan más los plazos”, añade.

Este es un caso particular que se está generalizando en la obra residencial debido a la recuperación del sector tras años de parón. El número de viviendas iniciadas para este año puede duplicarse o incluso triplicarse respecto al mínimo de 30.000 casas y el objetivo es alcanzar en los próximos años una velocidad de crucero de entre 125.000 y 150.000 viviendas anuales. Lejos quedan las más de 800.000 unidades que se llegaron a tocar en el pasado boom.

“Mucha gente que vivió los años de bonanza se ha jubilado o se ha cambiado a otros sectores. Falta gente joven que quiera ir a la obra, porque en este sector la experiencia y la formación sobre un oficio se obtiene en la obra”, explica Ana Hernández, presidenta de la comisión de formación de la patronal de promotores madrileña Asprima. La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge que en el primer trimestre de 2008, cuando terminaba el anterior ciclo alcista, 1.470.000 personas trabajaban en la edificación residencial, frente a los 435.800 profesionales de la última oleada, del segundo trimestre de 2017. Toda la construcción llegó a contar con más de 2,4 millones de afiliados, que se han reducido a los 1,06 millones actuales. “A los jóvenes no les interesa ir a la obra. Los salarios oscilan de 1.000 a 1.500 euros, muy lejos de los 3.000 o 4.000 euros que ganaba un albañil antes. Prefieren no pasar frío o calor. La obra es dura. Creo también que es una cuestión familiar y me pregunto si hay padres que les parece estupendo que sus hijos sean ninis”, añade la responsable de la patronal.

La mayor parte de las promotoras contratan a una constructora para realizar la obra, que a su vez, subcontrata a empresas o cuadrillas para los distintos oficios. Son estas constructoras las que se están enfrentando con el problema de encontrar trabajadores para la obra.

“Faltan profesionales para muchos oficios. Esto genera tensiones y retrasos. Hay muchas más obras que equipos. Nosotros utilizamos subcontratas de otras provincias para cubrir la escasez en Madrid y Barcelona”, reconoce Carlos García Velasco, director general de Inbisa Construcción. Y pone ejemplos de esos gremios con carencias: caravisteros, encofradores, ferralleros, soladores, alicatadores, operarios de pladur, pintores, soldadores, fontaneros, electricistas, cerrajeros… “Es real que las cuadrillas te dejan tirado y se van a la obra de enfrente si les pagan más”.

“De un día para otro se van de la obra”, confirma Teresa Minondo, directora de personas y organización del grupo navarro ACR. Pero apunta otro de los problemas: “Los salarios empiezan a crecer considerablemente. Hay empleos para los que han subido un 50% y un 60% en los últimos 12 meses”. Minondo también añade escasez de profesionales en los jefes de grupo (arquitectos y aparejadores), jefes de obra y encargados (que dirigen a los distintos gremios in situ). “Empieza a haber retrasos por esto”, coincide. “Hay un gap de profesionales porque durante 10 años nadie se ha formado. No hay ladrilleros, no hay yeseros. Las cuadrillas saltan de una promoción a otra porque les pagan más”, opina Ignacio Moreno, director general de Inmoglaciar, que prevé entregar 1.100 viviendas en 2018.

La responsable de Asprima ve la solución en la formación de los jóvenes, una inmigración cualificada y subidas de salarios, “pero no a nivel del boom”. Coincide con ella Minondo, de ACR: “Si los salarios suben, los precios de los pisos se elevarán. Estamos cayendo en el mismo error que en la época de la burbuja”, advierte.

El presidente de Asprima y APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado manifestó ayer durante una jornada sobre la transformación del sector organizada por EY que espera que esta escasez de mano de obra sea puntual y se solucione lo antes posible, evitando así que se convierta en un problema de costes. De hecho, la única estadística oficial de costes de construcción que existe, que elabora Fomento, constata que los costes de mano de obra y materiales del sector residencial están subiendo al 1,7% anual, mientras solo la mano de obra de toda la construcción lo hace a un ritmo inferior, del 1,14%, con datos hasta julio pasado. Gómez-Pintado instó a las promotoras a proseguir con el proceso de concentración para contrarrestar la falta de financiación para el volumen de obra nueva en proyecto.

Los retos del sector a corto y medio plazo

Todas las variables de actividad y precios del sector acumulan tres años de datos positivos, lo que hace ya indiscutible la recuperación. Sin embargo, las empresas encaran una nueva etapa repleta de desafíos.

Financiación. Aunque los promotores dan por normalizado el flujo de crédito, lo cierto es que desde la patronal APCE se advierte de que puede que no exista en la actualidad volumen de financiación suficiente para todos los proyectos en curso. Por este motivo, y dado que la banca ha endurecido los criterios que exige para otorgar préstamos al promotor, la patronal insta a las empresas a fusionarse para ganar tamaño y solvencia.

Innovación. Las empresas que no apuesten por la innovación no tienen cabida en el mercado. Así de contundentes se muestran el CEO de Neinor, Juan Velayos, y Miguel Pereda, consejero director general de Grupo Lar.

Sostenibilidad. Las nuevas viviendas han de ser eficientes desde el punto de vista energético como parte de una apuesta decidida por la sostenibilidad. Quienes no entiendan esto o decidan que no es crucial escuchar al cliente, deberán echar el cierre.

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Bruselas alienta el ‘thatcherismo’ laboral de Macron | Compañías

París es el último objetivo de la troika (CE, BCE y FMI), concluía Yanis Varoufakis tras su efímero y tortuoso paso por Bruselas como ministro griego de Economía. El pronóstico parece condenado al fracaso porque la troika vive sus últimos estertores a la espera de la retirada definitiva del FMI.

Pero algunas de las recetas de los organismos europeos entraron en Francia por la puerta grande del Elíseo con la aplastante victoria de Emmanuel Macron en las presidenciales de mayo. Y la Comisión Europea no oculta su deseo de que el presidente francés aplique cuanto antes una reforma del mercado laboral reclamada desde hace años desde Bruselas e intentada sin éxito por los predecesores de Macron, el conservador Nicolas Sarkozy y el socialista François Hollande.

“La tasa de empleo en Europa es más elevada que nunca (…) pero el problema es un gran país no muy alejado de Bélgica que no logra rebajar su nivel de paro, por eso hoy me expreso en francés”, apuntaba el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, el pasado 29 de agosto durante un acto de inicio de curso con los diplomáticos comunitarios.

Bruselas verá en parte colmados sus deseos este mismo viernes, porque el Gobierno de Macron se dispone a aprobar por decreto una polémica reforma laboral que ha puesto en pie de guerra a los temidos sindicatos franceses.

El choque ya se compara al que libró y ganó el gobierno de Margaret Thatcher con los sindicatos británicos hace casi 40 años. Y el presidente francés también parece en condiciones de imponerse en un pulso en el que se juega su credibilidad dentro de Francia y su capacidad de influencia ante el resto de socios europeos.

Macron tiene a su favor una mayoría parlamentaria de su movimiento La République en marche (309 escaños de 577), una economía en expansión (0,5% de crecimiento en los últimos tres trimestres) y una tasa de paro elevada pero en ligero descenso (9,8% en julio frente al 10,2% de enero de 2016).

El presidente francés parece convencido, además, de que los sindicatos disfrutan de una capacidad de influencia desproporcionada en relación con su número de afiliados (el 8% de una fuerza laboral de casi 29 millones de trabajadores, según los datos de la agencia europea Eurofound) y ha decidido desafiarles hasta el punto de menospreciar como “haraganes” y “cínicos” a los enemigos de su reforma laboral. 

La reforma persigue, entre otras cosas, debilitar la influencia sindical reconociendo el derecho de negociación a nivel de empresa e, incluso, de filial. A cambio, se mejora la capacidad de influencia de los trabajadores en la dirección de las compañías aunque sin llegar al modelo de cogestión aplicado en Alemania.

Se introduce un límite en las indemnizaciones por despido para evitar a los empresarios la incertidumbre sobre el coste de la resolución judicial de un conflicto laboral. Macron ya intentó imponer ese techo a las indemnizaciones en su etapa como ministro de Hollande, pero el gobierno de Manuel Valls lo dejó en mera referencia voluntaria a la vista de las protestas del grupo parlamentario socialista (diezmado en las legislativas de junio).

Y se amplía la flexibilidad para la duración de los contratos temporales y de teletrabajo y se autorizan los contratos vinculados exclusivamente a la duración de un determinado proyecto o encargo de la empresa.

La reforma laboral forma parte de la terapia de schock que el presidente francés quiere aplicar a la economía y la sociedad francesa. Pero Macron busca, sobre todo, congraciarse con Berlín, con el objetivo de reactivar el tándem franco-alemán para reformar una zona euro que, según el gobierno francés, podría desintegrarse si se mantiene la parálisis de la última década. París ofrece a Berlín una flexibilización laboral como la introducida en Alemania hace 15 años por el gobierno socialista de Gerhard Schröeder, que sentó las bases para una caída de los subsidios de desempleo.

El método y el calendario de la reforma laboral parecen calculados para satisfacer a Angela Merkel, que con toda probabilidad saldrá reelegida como canciller en los comicios del 24 de septiembre. El presidente francés dispone de mayoría parlamentaria suficiente para tramitar la reforma pero ha decidido aprobarla por decreto justo a tiempo para las elecciones en Alemania.

La reforma no va tan lejos como desearían Berlín y Bruselas. La CE también reclama cambios en el sistema de prestaciones por desempleo y en el sistema automático de revalorización del salario mínimo en función de la inflación. Pero Macron quiere demostrar ya ante la opinión pública francesa y ante las capitales europeas su firme voluntad de aplicar un programa electoral en el que no ocultó su agenda de liberalización.

Tras los cambios de esta semana, el gobierno francés prepara ya otro de mucho más calado y potencialmente conflictivo: asumir el control de las prestaciones de desempleo, gestionadas por los agentes sociales desde 1958. El sistema se encuentra en números rojos desde 2008, con un agujero de 30.000 millones de euros. En 2017 se espera un incremento del déficit de 3.700 millones de euros y en 2018 de 3.900 millones.

Bruselas atribuye tan tremendo agujero a la generosidad de los subsidios franceses de desempleo, que fijan un límite por perceptor de 7.000 euros mensuales, con un período mínimo de contribución de cuatro meses sobre 28 y una cobertura de hasta dos años tras una cotización de al menos 24 meses.

La escalada de la factura del paro, sin embargo, también se debe al aumento en el número de trabajadores con contrato temporal, que se ha doblado con creces desde 1,6 millones por trimestre en el año 2000 a 3,9 millones por trimestre a comienzos de 2016, según los datos de Eurofound.

Los sindicatos temen que las reformas de Macron aceleren la espiral de precariedad y falta de cotizaciones que hagan insostenible el modelo de protección vigente en las últimas décadas. Y que provoquen una brecha social como la sufrida por Alemania desde su reforma laboral.

“El tramo de salarios bajos apenas existía en Alemania antes de la reforma estructural; ahora ha pasado de 5,6 millones de trabajadores en 2003 a ocho millones en 2016”, señala Carsten Brzeski, economista jefe de ING en el país de Merkel. El porcentaje de trabajadores con un segundo empleo  también se ha doblado en Alemania en la última década, según los datos de Eurostat.

 

 

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La Justicia europea apunta que el ERE de Bankia no justifica el despido de una embarazada | Mi dinero

La protección del puesto de trabajo de las empleadas embarazadas no puede ser vulnerada por el mero hecho de que una empresa acometa un despido colectivo. Así lo ha defendido la Abogado General de la Unión Europea Eleanor Sharpston en el dictamen que antecede al pronunciamiento que deber realizar la Corte de Luxemburgo sobre el caso de una afectada por el ERE aprobado por Bankia en 2013.

La Abogado General, una suerte de fiscal del Tribunal de Justicia de la UE cuyo dictamen suelen seguir luego los magistrados (con llamativas excepciones como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo hipotecarias) advierte que un despido colectivo no siempre es un “caso excepcional” que permite prescindir de una trabajadora encinta o que disfruta de la baja maternal.

Sharpston sostiene en su escrito que la Directiva europea de maternidad protege a las trabajadoras “durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad”, incluso aunque el empresario no haya sido informado de su estado.

Las excepciones que permiten llevar a cabo un despido de una trabajadora durante este periodo nunca pueden basarse en la situación de embarazo de la misma o por el mero hecho de abordar un Expediente de Regulación de Empleo que afecte a decenas de empleados, puesto que en el caso de la embarazada siempre habrá que optar primero por tratar de recolocarla en otro puesto entre otras medidas.

El caso abordado por la Abogado General de la UE, que la Corte de Luxemburgo deberá resolver, es el de una empleada de Bankia a la que le fue comunicado su despido, dentro del proceso de ajuste de empleo aplicado por la entidad en 2013, mientras estaba embarazada.

La carta de notificación exponía que en su caso concreto se la elegía entre las trabajadoras prescindibles por presentar una de las puntuaciones más bajas de la provincia en la que estaba empleada.

La afectada presentó una demanda impugnando el despido ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró (Barcelona), que dio la razón a Bankia. La empleada solicitó entonces al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara al respecto. El dictamen de la Abogado General es el primer paso. 

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