Yescapa se consolida como el Airbnb de caravanas y furgonetas en España | Compañías

La recuperación económica ha propiciado que muchos españoles, tras años de austeridad, hayan vuelto a viajar durante sus vacaciones. Esta semana fue la Comisión Europea la que dio por acabada la crisis iniciada en 2008 en la UE. Los datos macroeconómicos, como los salarios o el PIB, desmontan la tesis de las autoridades comunitarias. A ello se une la eclosión de otros negocios digitales, que ofrecen, al estilo de Airbnb, formas más económicas de viajar.

Es el caso de Yescapa, una plataforma nacida hace cinco años en Francia y que desde hace dos opera en España poniendo en contacto a propietarios de autocaravanas y furgonetas camper con personas interesadas en alquilarlas. Julie Da Vara, responsable de Yescapa en España, subraya que el negocio ha avanzado muy rápido gracias a la buena aceptación de otros modelos similares, como Airbnb o Blablacar. “Es una actividad que está muy sujeta a la estacionalidad y a los períodos de vacaciones, aunque la gente cada vez lo demanda más para reuniones familiares o bodas por una cuestión puramente económica”, señala Da Vara en una entrevista con CincoDías. Tras dos años de actividad, Yescapa cerró el pasado ejercicio con 600 reservas en España y el objetivo para este año es triplicar esa cifra hasta llegar a las 1.800, con lo que el peso de España en el total de la compañía llegaría al 10% de su volumen de negocio. “En la actualidad tenemos 40.000 usuarios y 450 furgonetas. Solo entre enero y mayo obtuvimos tantas reservas como en todo 2016”, subraya Da Vara, que destaca que España es el país en el que un mayor número de usuarios (47%) utilizan el sistema Android.

El sistema de reserva funciona de una forma similar a la de Airbnb. El propietario publica de forma gratuita el anuncio, establece una tarifa y el interesado se pone en contacto con él. El anunciante dispone de 48 horas para rechazar o aceptar la solicitud. En el primer caso procederá al pago del precio, que incluye los tres euros diarios por el seguro de viaje y que puede realizarlo en dos plazos, mientras que el segundo se deshace la operación sin ningún tipo de compensación al propietario. Una vez realizado el pago, ambos pactan un lugar de recogida, en el que se firma el contrato de alquiler y se realiza una inspección in situ de la estado del vehículo. Al mismo tiempo, el arrendatario está obligado a presentar el carnet que le faculta para conducir ese vehículo y a pagar la fianza acordada. El propietario recibirá el pago acordado el día después al que se haya iniciado el alquiler.

Yescapa firmó en marzo un acuerdo con Lagún Aro para que fuera la gestora de los seguros a todo riesgo, que cubren posibles robos y facultan para tener asistencia técnica en carretera en España y en el resto de la UE. Consolidado el negocio en Francia (donde el corredor de seguros es Allianz) y afianzado el lanzamiento en España, Da Vara apunta que los dos próximos objetivos son Alemania y Reino Unido. “Ya estamos establecidos en el mercado alemán, en el que todas las transacciones que se han cerrado hasta ahora se pagan en efectivo, algo impensable en España mientras que nuestro gran objetivo a largo plazo es el mercado británico”, señala. Las negociaciones del nuevo modelo de relación con la UE condicionarán la apuesta por el mercado británico.

Hitos de la compañía

Origen. En 2011, Benoît Panel comienza a recopilar información para viajar en familia y adentrarse en Reino Unido en autocaravana. Descubre que los precios que le piden son muy elevados y opta finalmente por alquilar un apartamento en el norte de España. Convence a Adrien Pison en el Startup Weekend, un evento de emprendedores en Bretaña, para desarrollar un nuevo negocio. Ambos fundan Yescapa.

Ronda de financiación. El 2 de febrero de 2015 captan medio millón de euros para comenzar a desarrollar el negocio en España. El 17 de enero de 2016, un año después de lograr la inversión, la compañía logra llegar a los 2.000 usuarios.

Alemania. El 28 de abril de 2016 se lanza la plataforma en el país germano. Alquila caravanas en Berlín, Hamburgo, Colonia, Dresde, Múnich y Fráncfort.

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Hacienda no entiende la economía digital | Compañías

Hacienda somos todos, y cualquier persona –física o jurídica– que lleve a cabo una actividad económica sujeta a tributación debe pagar lo que exigen las leyes. Esto debe aplicarse tanto en el mundo offline como online, sin que las nuevas tecnologías e internet sirvan como subterfugio para escapar del control de Hacienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria debe primero comprender el funcionamiento de los nuevos modelos de negocio digitales para encontrar luego la forma de regularlos. No se pueden aplicar fórmulas antiguas a realidades nuevas, ya que ello puede resultar en mecanismos de control ineficientes, desproporcionados y contrarios a la normativa del entorno digital.

Un ejemplo de esto último lo encontramos en el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Hacienda que incluye la obligación para las plataformas colaborativas de informar sobre el arrendamiento de viviendas con fines turísticos. Este texto es claramente impreciso en sus definiciones, pero adolece de un defecto aún mayor: se impone un régimen de información contrario a la normativa digital e inadecuado según la naturaleza de las plataformas y de la actividad que llevan a cabo.

Las llamadas plataformas colaborativas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, están sometidos a la directiva de comercio electrónico y a su ley nacional de transposición. Este régimen jurídico exime a las plataformas de ejercer una actividad general de supervisión o monitorización de sus contenidos, de forma que no están obligadas a recabar información de manera activa (sea para transmitirla o no a las autoridades públicas). Por tanto, la normativa propuesta desde Hacienda quebranta el régimen jurídico establecido por las autoridades europeas para las plataformas digitales, tratando de cambiar con una norma de rango reglamentario lo que está establecido en una directiva comunitaria.

¿Y no pueden las plataformas igualmente compartir la información que se les pide? La respuesta es que no. Además de que la normativa les exime de hacerlo, las plataformas tampoco pueden dar la información que quiere Hacienda porque no la tienen. El texto del proyecto prevé que las plataformas remitan un conjunto de información tremendamente exhaustivo que comprende los datos personales de anfitriones y huéspedes, la identificación de los inmuebles con su referencia catastral y detalles sobre la duración de las estancias y el importe de cada alquiler (incluso aunque sea gratuito).

Las plataformas digitales son muy diferentes entre sí, desde algunas que se limitan a ser un portal de anuncios que facilita el contacto entre particulares, hasta otras que tienen funcionalidades adicionales para aportar más seguridad a la intermediación. De esta manera, la información que maneja cada tipo de plataforma es muy dispar y, en ningún caso, llega hasta los extremos que pretende Hacienda. En otras palabras, la Agencia Tributaria está pidiendo a las plataformas digitales una información sobre la actividad subyacente (la de arrendamiento de viviendas con fines turísticos) que se produce en el entorno digital que ellas habilitan, pero que es una actividad en la que no intervienen y sobre la que no disponen de toda la información, ya que no tiene relación con el servicio concreto que prestan a sus usuarios.

En definitiva, las obligaciones tributarias contenidas en el proyecto de Real Decreto son, por un lado, contrarias a la normativa de comercio electrónico y, por otro, injustificadas, desproporcionadas e irreales por lo que respecta al propio funcionamiento de las plataformas y del entorno digital.

Además, como han advertido la Comisión Europea y la CNMC, este tipo de normas desproporcionadas representan una barrera de entrada al mercado que desincentiva la aparición de nuevos competidores digitales, lo que obstaculiza el desarrollo de la innovación y la digitalización. España necesita sumarse a la transformación digital y aprovechar más las oportunidades que esta ofrece para conseguir un modelo de crecimiento estable y con futuro. Para ello es necesario que las administraciones entiendan mejor los modelos digitales y sean más creativas a la hora de buscar fórmulas para regularlos, evitando alterar por vías indirectas aquellos instrumentos jurídicos que ya funcionan y que han permitido el desarrollo de dichas nuevas realidades económicas.

Por otro lado, es importante destacar que la propia existencia de las plataformas ya ayuda a las autoridades fiscales, gracias a la mayor trazabilidad de las operaciones. Asimismo, algunas plataformas envían también información periódica a sus usuarios de la actividad económica generada y su forma de tributación para facilitar el pago de los impuestos correspondientes. Es más, en otros países, incluso se han llegado a acuerdos con plataformas para que estas procesen el pago de ciertas tasas turísticas en nombre de los usuarios, poniendo de manifiesto que las fórmulas de colaboración público-privada son posibles si se entiende la naturaleza y particularidades de los nuevos modelos digitales.

Entonces, ¿cuál es la solución? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades europeas y de los organismos de competencia, las administraciones deben llevar a cabo una revisión normativa para adaptarse a la digitalización, colaborando con las plataformas para encontrar soluciones eficientes que garanticen el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. La heterogeneidad de las plataformas digitales impide la aplicación de soluciones uniformes al uso, y Hacienda debe escuchar a las plataformas y trabajar con ellas para buscar soluciones realistas, proporcionadas, flexibles y adaptadas al mundo digital.

Alfonso González de León es abogado y consultor senior en Vinces.

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Cuatro vías para luchar contra la turismofobia | Compañías

Poca gente va a Londres a pasar sus vacaciones de verano ni a Siberia a disfrutar de las navidades. Los turistas van buscando experiencias satisfactorias durante sus estancias y existe una línea de pensamiento único que les lleva a coincidir en sus preferencias: sol en verano y sol en invierno. Esa es la razón que ha llevado a España a convertirse en uno de los países más visitados del mundo. Pese a que disfruta de un clima similar a otras naciones del entorno como Italia, Túnez, Egipto o Turquía, España ha abierto brecha con el resto por una razón: seguridad. No se ha visto dañada por los atentados que han afectado a esos cuatro enclaves (a los que habría que añadir dos destinos urbanos como Londres y París) y eso ha provocado un efecto llamada que ha llevado a España a ganar siete millones de viajeros en 2015, otro siete millones de viajeros en 2016 y probablemente a subir otros nueve en 2017. En esos dos primeros años ha ganado lo mismo que lo logrado en los doce años anteriores.

Con lo que nadie contaba, y menos los políticos que han realizado unos balances tan positivos sobre el buen pulso del turismo, era con la reacción de los vecinos que conviven a diario con los turistas. La llegada masiva de viajeros ha servido para acuñar el término de turismofobia, definido como el rechazo vecinal a la presencia masiva de viajeros en sus calles y en sus bloques de viviendas. Hasta ahora, los turistas colapsaban las ciudades, pero por la noche pernoctaban en los hoteles, lo que evitaba los conflictos nocturnos con los vecinos. Pero eso cambió con la llegada de plataformas como Airbnb o HomeAway, que han permitido un doble beneficio: ofrecer un alojamiento mucho más económico que los hoteles a los turistas y permitir a un gran número de particulares sacarse un dinero extra compartiendo su casa con turistas.

Los vecinos y los hoteleros quieren poner coto a los pisos para turistas, mientras que las plataformas no están dispuestas a renunciar a un negocio que les permite además potenciar su imagen como fuente de ingresos alternativa para muchas familias en la parte final de una crisis económica que se resiste a desaparecer. En este contexto, ¿qué soluciones existen para tratar de alcanzar la paz social? Una de las posibilidades que manejan las autonomías más visitadas es la de introducir tasas turísticas. Las grandes capitales europeas, como Londres, París o Roma, ya las cobran desde hace varios años. La experiencia, sin embargo, demuestra que el impacto sobre la demanda es mínimo.

Un buen ejemplo se ha producido en Cataluña, que desde octubre de 2012 cobra una tasa a todos los viajeros que se alojan en sus establecimientos. Las tarifas van desde los 2,50 euros para cruceristas y turistas de hoteles de cinco estrellas hasta los 0,50 de los hostales. La medida no ha servido para reducir el interés de los turistas por este destino. Más bien todo lo contrario. En 2013 recibió 15,5 millones de viajeros, consolidando su posición como la comunidad más visitada de España, y ha seguido sumando turistas hasta los 18 millones a finales de 2016.

Otra de las medidas, no exenta de polémica, es prohibir la construcción de hoteles y poner coto a los pisos turísticos, bien evitando su construcción o limitando al máximo el número de días para su alquiler. Esa decisión la tomó el ayuntamiento de Amsterdam, que también aprobó un plan para que en cinco años los cruceros de turistas desembarquen fuera del casco urbano y no en el centro. Una medida similar aprobó el ayuntamiento de Barcelona, que prohibió la construcción de nuevos hoteles desde 2015 y la concesión de licencias para apartamentos turísticos a partir de este año. Bruno Hallé, socio de la consultora Magma TRI Hospitality Consulting, cree que los esfuerzos para acotar los efectos indeseados del turismo deben concentrarse en el alojamiento ilegal. “Si lo controlas en Barcelona te quitas 70.000 camas de un plumazo. En cambio lo que se ha hecho es un plan que establece una moratoria sobre el 90% de la oferta frente al 70% que está paralizada en la actualidad”. Hallé considera que el plan supone un bloqueo de facto sobre la oferta hotelera en Barcelona, ya que solo se permitirá proyectos en zonas sin demanda. En los distritos con mayor demanda, como Ciutat Vella o el Eixample, solo se concederán licencias siempre que se suprima otra. “Si hay algún inversor que está dispuesto a gastarse 30 millones de euros es porque previamente habrá hecho un estudio sobre la viabilidad de la inversión. No creo que sea conveniente hablar de que existe sobreoferta hotelera si no más bien de la dificultad de invertir de zonas sin demanda”, dice.

La Comisión Europea baraja elevar la fiscalidad de las empresas ligadas a economía colaborativa ante la presión de Macron y Merkel

Los hoteleros, sin embargo, consideran que la solución al conflicto la tienen las autoridades políticas, que hasta ahora se han mantenido de perfil en el fenómeno de la economía digital. En primer lugar, las autoridades comunitarias han defendido hasta ahora el modelo de la economía colaborativa como algo diferente al resto. Cuando las protestas han arreciado y a las voces de países como España se han unido Alemania y Francia, la Comisión ya se ha tomado en serio la cuestión y prevé debatir un incremento de la fiscalidad a estas compañías en el próximo Consejo de Ministros de Economía que se celebrará en Tallin (Estonia) a mediados de septiembre. La mecha la ha prendido el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, que tildó de “inaceptable” la factura fiscal de Airbnb en Francia, donde solo pagó 100.000 euros en el último ejercicio fiscal, pese a ser su segundo mercado con más de diez millones de usuarios.

El trabajo más arduo les espera, sin embargo, al Estado Central y a las autonomías. Al primero, con competencias en sociedad de la información, le toca velar porque todos los anuncios que se publiquen en plataformas como Airbnb o Home Away estén dados de alta en los registros oficiales. Los hoteleros ponen como ejemplo lo sucedido en San Francisco, donde la amenaza de sancionar con 1.000 dólares a cada casa sin número de registro provocó la anulación de 14.000 anuncios. A las autonomías, competentes en materia turística, les toca regular para clarificar dónde y cómo se pueden alquilar pisos para turistas y si pueden compartir espacio con los vecinos.

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Lo que hacen autonomías y municipios para frenar el turismo masivo | Compañías

El pasado año, la cifra de turistas que visitó España superó los 75 millones. La previsión para este año apunta a que se podría llegar a a los 84 millones, una cifra inédita que podría llevar a España a superar a Francia como primer destino mundial. Pero el auge turístico tiene su contrapartida: el turismo masivo, especialmente visible en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Ambos municipios  y las grandes autonomías turísticas han tratado de frenar, con poco éxito por ahora, la masificación y exceso de afluencia en ciudades como Madrid o Barcelona. La última en intentarlo ha sido Baleares, cuya nueva ley entró el martes en vigor.

La principal novedad es que los propietarios que pongan sus pisos a disposición de los turistas sin los permisos correspondientes emitidos por la Conselleria de Turismo serán sancionados. Las multas podrán llegar a los 40.000 euros para los propietarios y a los 400.000 en el caso de las plataformas de alquiler. El texto en vigor desde ayer fija que debe ser el propietario del piso el que disponga de la documentación que demuestre que cumple con la ley. Además se le prohíbe arrendarlos por más de 30 días, cobrar una fianza y se establece como obligatorio un contrato de alquiler. En el caso de incumplimiento, el propietario se verá expuesto a una sanción económica.

Plataformas como Airbnb o HomeAway cuentan con 15 días para adaptar su oferta a la nueva ley de alquiler turístico. Esta ya prohibía parcialmente el alquiler en algunas zonas. Ahora apunta un techo máximo de camas para turistas, que queda establecido en 623.624, de las que más de la mitad estarán en manos de los hoteleros. Cada archipiélago dispondrá de libertad para decidir si permiten el alquiler de viviendas con fines turístico, cuanto tiempo y en que zonas.
Otras autonomías también han reformado sus normativas referentes a los alojamientos turísticos, con notables diferencias en el enfoque, pero con un denominador común: el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a esas leyes. Canarias y Madrid han tenido que modificar sus normas para frenar el fenómeno de los pisos turísticos.

Baleares limita a 623. 624 el número de turistas que se podrán alojar en el archipiélago

La última reforma fija que los vecinos de los edificios donde haya apartamentos turísticos podrán vetarlos, en caso de que lo ampare sus estatutos de la comunidad de vecinos. Estas nuevas medidas tienen su repercusión en Madrid capital, especialmente en los barrios del centro, donde se encuentra el grueso de apartamentos y viviendas alquiladas con fines turísticos. Las plataformas como Airbnb son consideradas empresas turísticas y como tales, todos los pisos que anuncien deben disponer del certificado de idoneidad para vivienda de uso turístico (Civut), un documento que garantiza al turista que el alojamiento elegido dispone de medidas de seguridad obligatorias, así como agua fría y caliente, calefacción, energía y ventilación directa al exterior. Los propietarios también están obligados a informar a la Policía Nacional sobre la identidad de sus clientes.

Es la comunidad más afectada por la creciente oferta de pisos turísticos irregulares. Barcelona es la ciudad con más viviendas turísticas, ya que prácticamente el grueso de la comunidad está agrupado en los barrios del centro de la ciudad. Aunque la Generalitat no se ha implicado en la regulación de estos alojamientos, el gobierno de Ada Colau está comprometido para acordar ciertas medidas reguladoras de una oferta irregular que supera los 8.000 pisos. El pasado mes de junio impuso a la plataforma Airbnb una multa de 600.000 euros, con el objetivo de dar fin a lo que calificó Janet Sanz, teniente de alcalde de Barcelona, como “una estafa a la ciudad”.

La quinta autonomía por número de visitantes extranjeros también ha tomado medidas legales para evitar los alquileres ilegales en la ciudad. Cinco plataformas estuvieron a punto de firmar un acuerdo con la Generalitat Valenciana para incluir en sus páginas web la obligación de indicar un “número de matrícula” de todos los pisos que identifica las propiedades como legales a alquilar, pero finalmente el acuerdo no llegó a firmarse. Airbnb, HomeAway y Rentalia han tenido que hacer frente a una sanción económica de 30.000 euros cada una por incluir viviendas sin registrar.

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Airbnb faces EU clampdown for not paying ‘fair share’ of tax | Business

EU finance ministers will discuss how to force home-sharing platforms such as Airbnb to pay their fair share of taxes and in the right tax domains next month after the French minister for the economy described the current situation as “unacceptable”.

The European commission announced on Thursday that a joint proposal from France and Germany would be discussed at a meeting in Tallinn, Estonia, on 16 September. Brussels will also advise on how best to deal with the so-called sharing economy, in which Airbnb is a major player.

It was revealed this week that Airbnb paid less than €100,000 (£90,336) in French taxes last year, despite the country being the room-booking firm’s second-biggest market after the US.

In response, the French economy minister, Bruno Le Maire, informed the national assembly that the EU’s Franco-German axis would be proposing a pan-European clampdown. “These digital platforms make tens of millions of sales and the French treasury gets a few tens of thousands,” the minister said, adding that the current setup was “unacceptable”.

Le Maire further claimed in parliament that an ongoing consultation being led by the commission and the OECD to address the tax question were “taking too much time, it’s all too complicated”. Many digital platforms operating in the EU have a base in Ireland, including Airbnb, where they can exploit a low corporation tax regime. Le Maire said: “Everybody has to pay a fair contribution.”

In Brussels, a commission spokeswoman, Vanessa Mock, told reporters that the issue was sensitive as any reforms needed agreement from all member states. “Tax is complicated and it is a unanimity issue and that’s why we can’t necessarily race into a new area like this without reflecting on the best approach to taxing a digitalised economy … It’s essential we maintain a level playing field,” she said.

Mock added that developments in the field of the sharing economy would be looked at “very closely” and that Brussels would bring its own ideas to the table.

Airbnb insists that it does not make “important, long-term business decisions on the basis of taxation” and that it follows rules and pays all the tax it owes in the places it does business. The platform, whose headquarters is in San Francisco, contends that the overwhelming amount of money generated by Airbnb stays with hosts and their communities.

However, the company has endured a difficult summer in the face of growing antipathy towards its business model in popular tourist destinations across Europe, in particular Spain, for causing an influx of holidaymakers at certain locations and making it more difficult for traditional hotels.

Paris city council has already voted to make it mandatory from 1 December to obtain a registration number from the town hall before posting an advertisement for a short-term rental on its website.

The ruling potentially makes it harder for property owners using Airbnb to exceed the 120 days a year legal rental limit for a main residence, and easier for the authorities to collect local taxes.

In Barcelona, where tensions have been rising for years over the surge in visitors, the impact of sites such as Airbnb on the local housing market has led to anti-tourist protests. In Mallorca and San Sebastián, an anti-tourism march is being planned for 17 August to coincide with Semana Grande, a major festival of Basque culture.

In Ibiza, the authorities are placing a cap on the number of beds for tourists. Owners will also be banned from renting their homes, or rooms within them, via websites such as Airbnb and Homeaway unless they obtain a licence. Owners face fines of up to €400,000 if they break the law. The websites face the same fine for letting people advertise without a valid licence number.

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Balearic Islands caps number of beds available for tourists | Travel

British tourists are set to find trips to Mallorca and Ibiza more expensive as a law placing a cap on the number of hotel beds and stricter rules governing holiday rentals are introduced.

The Balearic Islands’ government has introduced the restrictions in an effort to appease local residents, who have been complaining that they are being priced out of the rental market by holidaymakers.

New rules will ban flat owners from renting their apartments via websites such as Airbnb and Homeaway unless they obtain a special licence to do so. Owners face fines of up to €400,000 (£361,000) if they break the law, and the websites face the same fine for letting people advertise without a valid licence number.

The new law introduces a cap of 623,624 beds that can be used for tourists, and there are plans to cut that by 120,000 over the next few years. Almost 70% of the beds assigned will be in Mallorca and more than half will be in hotels.

There will be no new licences issued for the next year under the plan, which the left-wing coalition government claims will make tourism more sustainable. But critics say the law is confusing and will take a toll on the local economy.

Airbnb users condemned the move, saying it would force people to stay at larger hotel chains rather than renting flats from private owners. “So-called progressive political parties are ironically banning social renting to hand over everything to big hotel chains,” read one comment on Foro Vacacional, a Spanish online forum for holiday rental professionals, which takes sponsorship from Airbnb and Homeaway.

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Baleares multará hasta con 40.000 euros a quien alquile un piso a turistas | Compañías

Los propietarios de pisos de edificios de cualquier zona de Baleares que los alquilen a turistas se enfrentan a partir del martes a multas que oscilan de 20.000 a 40.000 euros, según recoge la nueva ley del alquiler turístico de las Islas Baleares, que entra en vigor ese día.

En el caso de las inmobiliarias, intermediarios turísticos o plataformas digitales que los publiciten, como AirBNB o HomeAway, la sanción puede llegar a los 400.000 euros.

El Govern del PP de José Ramón Bauzá ya prohibió en la pasada legislatura, en 2012, el alquiler de pisos a turistas, aunque apenas se persiguió esta actividad.

Ahora, el ejecutivo progresista liderado por la socialista Francina Armengol y los econacionalistas de MÉS quiere hacer efectiva esta norma con instrumentos y sanciones ante una actividad que está creando a residentes y trabajadores que vienen a las islas serias dificultades para encontrar un lugar para vivir a precios razonables.

La nueva ley deja la posibilidad a los consells insulars de cada isla -Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera- y al Ayuntamiento de Palma de decidir si permiten el alquiler turístico en pisos, cuánto tiempo y en qué zonas.

Estas instituciones, gobernadas por partidos progresistas, tienen un año para acordar qué hacen, aunque se prevé que mayoritariamente mantendrán la prohibición.

Con el fin de perseguir el alquiler ilegal en pisos, la Conselleria de Turismo pondrá en funcionamiento una plataforma electrónica para que los ciudadanos denuncien a los propietarios que los alquilen. En ningún caso las denuncias pueden ser anónimas y solo servirán para que los inspectores inicien su trabajo.

A efectos prácticos, el propietario que desde el martes tenga en su piso a un turista menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza, está actuando ilegalmente y se expone a ser multado.

Además, la documentación que demuestre que la actividad es legal la debe aportar el propietario, lo que resulta un cambio sustancial hasta ahora que facilita mucho el trabajo de los 15 inspectores actuales, cifra que el Govern incrementará.

Para ayudar a los turistas, la conselleria creará una aplicación de móvil específica para que consulten si la casa que se pretende alquilar es legal o no. A día de hoy en Mallorca hay 15.000 viviendas con autorización para alquilar.

La ley permite alquilar en Baleares a turistas si se trata de casas aisladas (chalés) o rústicas, adosados o medianeras de pueblos, siempre y cuando tengan la correspondiente licencia de la Conselleria de Turismo, requisito indispensable.

En esta misma línea de frenar la especulación inmobiliaria, el Govern ha aprobado esta semana el proyecto de la primera Ley de la Vivienda de las Islas Baleares, cuyo objetivo es facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda.

El texto obliga a los “grandes poseedores” de viviendas -sociedades y empresas, no particulares- a cederlas si llevan dos años vacías con el fin de hacer frente a una “necesidad objetiva de dificultad” de acceso a la misma, según ha explicado el conseller del Territorio, Energía y Movilidad.

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De la burbuja de la propiedad a la burbuja del alquiler | Mi dinero

Algo pasa con el alquiler. De patito feo del sector inmobiliario en los años noventa y primeros 2000, desde que estalló la burbuja de la propiedad ha pasado a ser considerado como el gran negocio refugio, el nuevo blue chip, que dirían los analistas de Bolsa. Antes, aquellos que residían como inquilinos eran poco menos que considerados unos parias, ahora, aquél que dispone de una vivienda que puede arrendar, ya sea a turistas o a inquilinos tradicionales es visto con ¿sana? envidia como el prototipo de ciudadano que será inmune, por ejemplo, al tan cacareado recorte de las pensiones que viene.

Cuando se estaba gestando la última burbuja, sociólogos, demógrafos, economistas y toda clase de expertos argumentaron que España era un país de propietarios en el que habían confluido, además, las variables macro que todos recordamos. Una cohorte de población que demandaba su primera vivienda de las más numerosas de la historia, que contaba con empleo estable y que fue espoleada por la barra libre de crédito. Todo remaba a favor de los compradores de vivienda, incentivos fiscales incluidos; y el alquiler ni se contemplaba como opción.

“¿Cómo voy a pagar 600 euros de alquiler, si hay hipotecas más baratas?”, espetaban los futuros propietarios. Con mantras así empezó todo. Muchos ciudadanos eran de esa opinión, cuando la cuenta no era la correcta. Claro que hay hipotecas inferiores a algunas rentas de alquiler, pero no referidas a la misma vivienda.

De hecho, numerosos ejecutivos con elevados sueldos residen en los mejores barrios de Madrid o Barcelona como inquilinos “en una casa que jamás me podré comprar”, reconoce un directivo de banca. Muchos pensaron que el precio de esa casa que adquirían con tanto esfuerzo no bajaría nunca y que su revalorización anual haría que su patrimonio aumentara solo. “Si te va mal, vendes y ya está”, era el consejo de los más convencidos.

Estalló la burbuja y la economía y el sector inmobiliario entraron en la peor recesión que se recuerda. Las viviendas comenzaron a depreciarse, los despidos se contaban por centenares de miles al mes y en algunos casos ni vendiendo el piso se podía cancelar el pago de la hipoteca pendiente. Entonces, el alquiler resurgió como la gran alternativa.

Lo fue para quienes perdieron su empleo y tuvieron que vender su casa y lo sigue siendo hoy para la inmensa mayoría de jóvenes sobradamente preparados que al acceder a un empleo no tienen otra opción. Primero, por los elevados precios que alcanzan las rentas. Y segundo, porque la mayoría que obtiene un contrato desconoce dónde acabará trabajando a corto y medio plazo. Asimismo, existe una corriente de expertos que defiende que muchos de esos jóvenes que hoy se estrenan como inquilinos lo son por convicción y probablemente tardarán en comprar o no lo llegarán a hacer nunca.

Algunos porque han sufrido el drama del desahucio en casa de sus padres y rechazan hipotecarse por 20 o 30 años; y otros porque consideran que ser inquilinos les otorga mayor movilidad laboral y les permite liberar más renta para destinar a formación, viajes, ahorro u otras inversiones alternativas.

Para esas nuevas generaciones alquilar ya no es tirar el dinero y sobre ese nuevo mantra parece estar construyéndose la nueva edad de oro del alquiler. El problema es que esta repentina predilección por el arrendamiento ha pillado al sector prácticamente en pañales. Frente a unas cifras que en la actualidad oscilan entre el 75%-80% de propietarios por el 20%-25% de arrendatarios, lo cierto es que no siempre fue así. El censo de población de 1970 muestra un país donde el 30% de los hogares vivía de alquiler, una cota que a partir de entonces se redujo hasta llegar a apenas el 9,6% en 2001.

Como todas las políticas públicas se orientaron a favor de la propiedad, en 2008 el mercado de alquiler contaba con una escasa oferta, un parque de vivienda en muchos casos obsoleto y gestionado por particulares. Muy lejos de los modelos que triunfan en Europa, donde el 30% de los hogares vive de promedio de alquiler, basados en la gestión de intermediarios profesionales y un papel protagonista de la Administración.

La norma no escrita del libre mercado dice que cuando la demanda aumenta y supera a la oferta, los precios suben. Eso fue lo que pasó cuando estalló la crisis. La demanda de pisos para alquilar, tradicionalmente enclenque, comenzó a aumentar. Al principio, la oferta también se incrementó porque había un exceso de casas que no lograban venderse. Muchos de sus propietarios vieron en el arrendamiento una solución temporal a la imposibilidad de hacer su activo (la casa) líquido. Los precios de los alquileres se mantuvieron estables. Pero la euforia fue aumentando y ello desembocó en que alquilar una casa puede brindar una rentabilidad bruta anual del 4,3%, que se eleva al 9,5% si se suma la plusvalía al vender el inmueble. Pocos productos de inversión ofrecen hoy beneficios equivalentes.

A partir de 2013, con la mejora del mercado laboral y el regreso del crédito las ventas comenzaron a recuperarse y la oferta de casas se drenó rápidamente. A este fenómeno se le sumaron la recuperación del turismo nacional y el auge del alquiler por días o temporadas. Los caseros vieron en este negocio la oportunidad de obtener fuertes ingresos sin la incertidumbre de la morosidad o la ocupación ilegal de casa.

El problema es que lo que simulaba un pingüe negocio, esconde numerosos gastos de gestión. Hasta tal punto, que recientes estudios demuestran que no es más rentable el alquiler turístico que el residencial, salvo con altos niveles de ocupación. Y muchos caseros han comenzado a hacer el camino de vuelta, desengañados con el alquiler turístico. Sea como fuere, hoy hay barrios de Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Ibiza (y apenas ninguna urbe más) tomados por los turistas que se alojan en esos pisos de vacaciones, cuyas rentas son más elevadas que las del alquiler estable.

Surgen las primeras alertas sobre si se estará gestando una burbuja del alquiler, si el alza de las rentas acabará incrementando a su vez los precios de venta, y si la culpa es de los pisos turísticos. Los expertos lo niegan, pero es urgente un análisis sosegado sobre qué se puede hacer y qué no para evitar otra espiral de precios. En algunas zonas de Madrid y Barcelona las casas ya se encarecen más del 15%.

Señores políticos, promotores y agentes del sector analicen cómo frenar entre otras la turismofobia, los subarriendos ilegales o abusos de los caseros con sus inquilinos. Y recuerden que hay que garantizar el acceso a una casa, en propiedad o alquiler, a quienes se emancipan si no queremos que se agrave el creciente envejecimiento. Recuerden, algo pasa con el alquiler.

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Transparencia fiscal sobre el mercado del alquiler turístico | Compañías

La ofensiva de Hacienda contra la proliferación del fraude fiscal en torno a nuevas formas de economía colaborativa contará muy pronto con un instrumento jurídico específico. La Dirección General de Tributos ha elaborado el borrador de un decreto que obligará a que las plataformas digitales que median entre particulares en el mercado de alquiler de viviendas turísticas deban colaborar con Hacienda a través de la cesión de datos personales. El texto establece que estas entidades deberán realizar “periódicamente” una declaración informativa especial que incluya el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, de los días de pernoctación, el importe abonado y un número de referencia catastral. La razón de estos requerimientos es preventiva y está dirigida a extremar el control sobre una actividad con potenciales características de un ignoto foco de economía sumergida.

Fenómenos como el creado en torno a la plataforma de alquiler turístico Airbnb permiten a particulares obtener elevados rendimientos de sus inmuebles –que pueden llegar a los 20.000 euros anuales que se paga de media por un apartamento en el centro de Barcelona– y no declararlos a Hacienda. Si a ello se une el exponencial crecimiento del parque de viviendas dedicadas a esta actividad, un 74,8% más entre 2014 y 2016, la decisión de Hacienda parece un paso necesario y obligado. Airbnb ha reaccionado ante el anuncio de esa nueva exigencia de información con una negativa: rehúsa comunicar datos de sus clientes, que considera protegidos por la normativa europea de protección de datos, y que solo cederá en el contexto de un procedimiento judicial. La compañía se apoya también en la directiva que regula el comercio electrónico.

La cuestión de si el decreto que elabora Tributos es un instrumento ajustado a derecho o no para reforzar el control de las viviendas de alquiler turístico es una cuestión jurídica que hay que examinar a fondo. Pero más allá de dilucidar y perfeccionar este extremo, existe un aspecto indudable en esta cuestión: la necesidad de arrojar transparencia y control fiscal sobre este y todos los mercados.

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Airbnb rechaza ceder los datos de sus clientes como reclama Hacienda | Compañías

El pasado viernes, la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, publicó el borrador de un decreto con el que pretende endurecer el control sobre Airbnb. En ese texto, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro establece la obligación a la plataforma de presentar “periódicamente” una declaración informativa especial, que incluirá el nombre de los titulares de las viviendas, de los clientes que se alojan en ellas, los días que pernoctaron, el importe abonado y un número de referencia catastral. En la exposición de motivos, Hacienda admite que el objetivo es la “prevención del fraude fiscal” al aumentar los controles sobre “las personas o entidades, en particular, las denominadas plataformas colaborativas, que intermedien en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

Un proyecto que trata de disipar el enfado vecinal en Madrid y Barcelona, los dos principales focos del fenómeno de la turismofobia, y de frenar las críticas de hoteleros y apartamentos turísticos ante lo que consideran un foco de “economía sumergida”. El último en arremeter contra los pisos turísticos fue el consejero delegado de NH, Ramón Aragonés. “La turismofobia la han provocado los alojamientos ilegales. Es un fraude fiscal con una tolerancia difícil de entender. Hay ciudades con más oferta no reglada que reglada”, aseguró en la última junta de accionistas

Montoro exige el nombre de clientes y propietarios, el número de pernoctaciones, el importe abonado y la referencia catastral

Ni la presión de Hacienda ni la de los hoteleros ha hecho salirse del guión que lleva defendiendo desde hace varios meses la compañía norteamericana. “Los anfitriones de Airbnb desean pagar los impuestos correspondientes en España y queremos trabajar con los políticos para que el proceso sea simple y claro para todos. Por esta razón, hemos implementado una serie de herramientas que ayudan a simplificar los impuestos para los anfitriones, como recordatorios, historiales de transacciones descargables y enlaces a recomendaciones independientes sobre fiscalidad”, apuntan fuentes de la plataforma. Esa guía fiscal ha sido elaborada por la consultora EY, en la que se especifica como tributan los rendimientos derivados de alquilar una casa a través de Airbnb y cómo deben realizar las declaraciones de IRPF.

El punto innegociable para la compañía es que no cederá los datos personales de sus clientes. Y se escuda en la directiva comunitaria de protección de datos. “Esta indica que los datos personales son aquellos que identifican a una persona y que están sujetos a leyes de protección y privacidad muy estrictas”, recalcan esas fuentes, que señalan que solo cederán datos personales, tal y como reclama Montoro, si la petición se realiza a través de la justicia. “La acción de compartir datos solo puede ocurrir en respuesta a una petición legal válida, en el contexto de un proceso legal válido”, aseguran.

Otra directiva emanada de Bruselas, la relativa a comercio electrónico, es la que le sirve a la compañía con sede en San Francisco para defenderse de las acusaciones de no perseguir el fraude de aquellos inquilinos que no pagan los ingresos recibidos. “Es importante destacar que, bajo la legislación de la Unión Europea, los estados miembros no pueden imponer a las plataformas colaborativas, en la medida en que prestan servicios de alojamiento, una obligación general de monitorizar o buscar de manera activa hechos o circunstancias que indiquen actividades ilegales”, asegura uno de los artículos de la directiva.

Por su parte, otra plataforma, HomeAway, mostró este jueves sus dudas también sobre las competencias del Estado para solicitar los datos personales de los usuarios y propietarios de la plataforma de alquiler vacacional, aludiendo a las normativas europeas en materia de protección de datos. No obstante, se mostró abierta a colaborar con Hacienda para lograr “una mayor transparencia” sobre los gestores y propietarios de los pisos.

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