Qué debes saber si Hacienda aún no te ha efectuado la devolución del IRPF | Mi dinero

Han pasado las vacaciones de verano y también más de dos meses desde que terminara el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente a 2016. A estas alturas, la mayoría de contribuyentes con resultado a devolver ya ha recibido su dinero; algunos incluso ‘cobraron’ apenas unos días después de haber rendido cuentas con el fisco. Hasta agosto, Hacienda ha devuelto más de 7.300 millones de euros a 11,7 millones de contribuyentes, efectuando el 83,9% de las devoluciones. Así, aún quedan 2,2 millones de declaraciones pendientes de abonar. Si eres de los que forma parte de esa cifra y todavía no has visto el ingreso que te corresponde, te conviene saber con qué plazos cuenta la Agencia Tributaria y cuáles son los posibles motivos de los retrasos en el pago.

Plazos e intereses

Cuando la autoliquidación del IRPF resulta a devolver, la Administración tributaria ha de practicar una liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración, que fue el pasado 30 de junio. Así, Hacienda tiene como tiempo límite hasta el próximo 30 de diciembre.

En caso de que no se haya procedido a la devolución dentro del plazo, entonces Hacienda ha de devolver de oficio aquel importe. Si no hubiera ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga, tendrá que devolver el importe pendiente más los intereses de demora devengados desde el día 31 de diciembre hasta el día de su devolución.

El tipo de interés de demora del año 2017 es el 3,75%, y el de 2018 será aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (a finales de 2017).

La devolución se realiza por transferencia bancaria, aunque puede autorizarse el pago por cheque cruzado o nominativo.

Joan Pons, socio director del despacho ETL Global-LinkServices, señala que “la posibilidad de que la devolución del IRPF sea objeto de comprobación y, por consiguiente, se vea retrasada, es mayor en aquellos supuestos en que los elementos tributarios del contribuyente (ingresos, gastos deducibles, situaciones personales,…) requieran ser contratadas con diversas fuentes de información (básicamente de otros contribuyentes)”.

Motivos de retraso

Hay que tener en cuenta que el retraso no significa que Hacienda haya descubierto que hay errores. Por lo general, los contribuyentes que confirman el borrador tal cual los primeros días de campaña son los que antes obtienen las devoluciones (incluso en 48 horas). Esto es porque el contribuyente suscribe la documentación aportada por Hacienda y avala que todo es correcto (los expertos recomiendan no obstante repasar bien el borrador para evitar errores que pueden aflorar en un futuro). Si se realizan modificaciones en el borrador o se corrigen o añaden datos, entonces es posible que pase algo más de tiempo, dado que Hacienda se toma su tiempo en verificar los cambios. También, si se hace manualmente la declaración de la renta, las comprobaciones son más exhaustivas.

Algunas de las causas más habituales de retraso están relacionadas con la desgravación por la compra de la primera vivienda. Es frecuente que al comprar una casa no aparezca consignado en el borrador o en los datos fiscales y el comprador tenga que añadirlo. Se trata de una de las principales omisiones que suele haber en los borradores de la declaración. También si se ha disfrutado de algún periodo de excedencia o si hay diferencias con declaraciones de años anteriores en las circunstancias personales o familiares. En este punto, influyen un divorcio, un cambio de residencia o añadir hijos menores de edad a cargo.

Notificaciones

También pueden detectarse errores aritméticos (en una suma o al consignar los datos personales, por ejemplo). Así, en caso de que la declaración de la renta tenga alguna incidencia, se inicia el procedimiento de “Requerimiento de Datos” o “Propuesta de Liquidación Provisional” y Hacienda lo comunica al contribuyente vía notificación. Suele tratarse de expedientes sin mala fe y en tal caso el contribuyente no es penalizado.

Asimismo, cuando la cantidad a devolver es muy elevada, Hacienda mira con lupa esa declaración. Otro factor de retraso es presentar la declaración a última hora.

En esta campaña han presentado su declaración 19,66 millones de contribuyentes. Muchos también deben pagar a Hacienda.

Los mensajes de Hacienda

En la página web de la Agencia Tributaria es posible consultar el estado de la tramitación de la devolución del IRPF de 2016. El contribuyente debe de identificarse de tres formas posibles. Si no se tiene la Clave Pin o el certificado electrónico, entonces es necesario proporcionar el DNI y el número de referencia, que la propia AEAT remite en un mensaje SMS al teléfono móvil del contribuyente. Una vez se accede, aparece un mensaje. Pero, ¿qué significado tienen las notas de Hacienda? Dependen de la fase de tramitación en la que se encuentre la declaración presentada. Los mensajes que pueden aparecer son, básicamente, los siguientes:

Su declaración se está tramitando. Hacienda tiene en su poder la declaración de la Renta presentada, pero todavía no ha realizado ninguna revisión sobre la misma.

Su declaración está siendo comprobada. Los técnicos de la Agencia Tributaria están por fin revisando la declaración. Es un proceso rutinario para verificar que todo está bien. Si es correcta, tu declaración pasará en breve al siguiente estado.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted. La declaración está aprobada por el organismo, así que la devolución sigue su curso. Ahora queda esperar un poco a que devuelvan el dinero.

Su devolución ha sido emitida el dia X/X/XXXX; si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. La orden de pago ya está dada.

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Referéndum Cataluña: El verdadero debate de una Hacienda catalana | Mercados

Como ya señalaba Bodino, uno de los atributos del poder soberano es la facultad de gravar a los súbditos con contribuciones e impuestos, así como de eximir de los mismos a algunos de dichos súbditos. Siendo así, no debe extrañarnos que parte del plan soberanista del actual Gobierno de la Generalitat incluya la pretensión de recaudar la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña a través de su propia Agencia Tributaria.

Ante todo, debemos aclarar que la creación de una Agencia Tributaria por parte de una comunidad autónoma no presenta ninguna particularidad ni implica, por sí misma, el incumplimiento del marco legal y constitucional. Las comunidades autónomas tienen competencia para la gestión de sus tributos propios y de los estatales cuya cesión no solo implica la recaudación, sino también las competencias para su aplicación. En concreto, se trata de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

Para ello, muchas comunidades han replicado el modelo de agencia que existe en el Estado, ya que la experiencia demuestra su eficacia como modelo organizativo para la gestión tributaria. Sin ir más lejos, así sucede en Andalucía, territorio poco sospechoso de tener un afán secesionista.

Por tanto, no es la creación de una Agencia Tributaria catalana lo que debe preocuparnos, sino el contenido con el que se le dote. Y, según el acto de su presentación pública, la aspiración del Gobierno catalán es que, en caso de que salga el sí en el referéndum del 10 –suponiendo que llegue a celebrarse–, esta agencia recaude la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña. Por tanto, estamos hablando, básicamente, de los impuestos sobre la renta, sobre el valor añadido y sobre sociedades, que quedan al margen de las competencias gestoras de las comunidades autónomas.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha hecho pública una nota en la que advierte a los contribuyentes de que las declaraciones por dichos impuestos presentadas y pagadas a la Administración catalana carecen de cualquier efecto. Se señala, además, que tal forma de proceder puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas e, incluso, penales.

Como puede comprobarse, el conflicto podría terminar afectando individualmente a ciudadanos y empresas que, como contribuyentes, podrían verse sometidos, hipotéticamente –la verdad, yo no creo que llegue a suceder– a dos Administraciones tributarias intentando ejercer su poder –uno legítimo, según nuestro actual marco normativo y otro, no– para la recaudación de los tributos. En esta situación, resulta difícil coincidir con el Ministerio de Hacienda en que la presentación equivocada de las declaraciones puede llegar a ser constitutiva de un ilícito penal. El delito fiscal exige dolo para su comisión y este no puede apreciarse en un estado de confusión administrativa como el que acabamos de describir. Pero, dicho esto, sí es cierto que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va a renunciar a liquidar y exigir los impuestos que le corresponden, pudiéndose producir situaciones de pagos duplicados y de conflictos con el ciudadano derivados de la falta de competencia de la agencia catalana.

Por tanto, el anuncio realizado no constituye una buena noticia para la economía de la comunidad autónoma, ya que el clima de negocios de cualquier territorio depende, en buena medida, de la seguridad jurídica que se ofrezca. Todo lo contrario al escenario que plantea el Gobierno catalán. En todo caso y por la vía de la recomendación, nada mejor que presentar y pagar los impuestos a cada una de las Administraciones en función de su competencia. Esto es, los principales tributos del sistema –como decíamos, IRPF, IVA e IS–, a la Administración estatal.

En todo caso y como he señalado, no creo que esta situación de duplicidad de Administraciones tributarias llegue realmente a plantearse. Por ello, resulta más útil realizar alguna reflexión para el día después, una vez que el conflicto, en sus manifestaciones de unilateralidad más graves, haya desaparecido. La financiación autonómica, como sabemos, es una de las asignaturas pendientes en la presente legislatura y sus aspectos administrativos forman parte de la reforma que, antes o después, deberá acometerse. Esto es, deberemos plantearnos si resulta conveniente incrementar las competencias de gestión de las comunidades autónomas, extendiéndola a tributos, como el IRPF, cuya recaudación se cede parcialmente. Esta ha sido, ya desde antiguo, una aspiración de Cataluña, que planteó en la negociación del actual sistema de financiación.

A mi juicio, la respuesta debe ser negativa, aunque con matices. La experiencia comparada muestra –Alemania es un caso paradigmático– que una Administración tributaria fragmentada es mucho menos eficaz en la aplicación del sistema tributario y, en particular, en la lucha contra el fraude. Entre otras cosas, porque también se fragmenta la información y nada garantiza que esta sea compartida a fin de que se puedan planificar correctamente las actuaciones inspectoras. Dichas tareas deben seguir realizándose de manera centralizada, si no queremos perder en términos de eficacia.

Ahora bien, y estos son los matices, la actual participación de las comunidades autónomas en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria del Estado no es del todo satisfactoria. Se produce a muy alto nivel y con una capacidad de influencia y decisión en el área operativa muy limitada. Tal vez aquí sí exista algún margen de mejora para dar cabida a las aspiraciones de comunidades que, como Cataluña, quieren tener un mayor control sobre los ingresos que dotan su Hacienda. Creo que esta es la verdadera discusión relevante, lo que tenemos ahora, fuegos artificiales.

Jesús Rodríguez Márquez es socio F&J Martín Abogados. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UCM.

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Autónomos: tengo que pagar el IVA y no tengo dinero. ¿Qué hago? | Autónomos

Los autónomos están obligados al pago trimestral del IVA que recaudan durante la emisión de sus facturas. Existen unas fechas fijas en las que afrontarlo. Sin embargo, el trabajador por cuenta propia puede encontrarse sin efectivo en ese momento, de manera que no puede hacer frente a dicha obligación. En muchas ocasiones, esta imposibilidad se deriva del impago, por parte de sus clientes, de esas mismas facturas. Hay que tener en cuenta que, en España, el periodo medio de pago se sitúa en torno a los ochenta días.

Según la Agencia EFE, nombrando a la empresa de facturación Billage, los autónomos pueden solicitar el aplazamiento de estas obligaciones, a pesar de las modificaciones legales que han tenido lugar en los últimos meses. Con esta opción, el autónomo se permite ir pagando el IVA a plazos, que previamente han sido acordados con la Agencia Tributaria. Eso sí, abonando el interés correspondiente que los Presupuestos Generales del Estado fijan.

Estas cantidades son más reducidas que los intereses que establecen las entidades bancarias, y cuentan con la ventaja de que los autónomos no tienen que aportar garantías en el caso de que no superen los 30.000 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria recientemente ha modificado su criterio respecto a los aplazamientos de IVA, advirtiendo que sólo los concederá en determinadas ocasiones.

Excepciones para pedir aplazamiento

Entre las excepciones contempladas sí será posible que, cuando el afectado presente cualquier medio válido en derecho, sirva para demostrar que el cliente que tenía que pagar el IVA al autónomo no lo ha hecho. Una vez que este aplazamiento se solicite pueden suceder dos cosas.

La primera de ellas es que el cambio sea concedido y el interesado no tenga que realizar más trámites. La segunda, que sea denegado a través de la inadmisión de la solicitud. En esta situación, la Agencia Tributaria marca que no se inicia un periodo voluntario de ingreso, sino que el autónomo entra en periodo ejecutivo. Es por ello que debe abonar el recargo ejecutivo de, al menos, el 5% del importe a ingresar.

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El destape de España en protección de datos | Tendencias

El 27 de julio pasado saltaron las alarmas: un importante fallo de seguridad dejaba al descubierto los documentos alojados en LexNET: la plataforma de intercambio de información del Ministerio de Justicia, utilizada por más de 3.500 órganos judiciales. Hasta el momento de la resolución del problema, miles de archivos con información sensible sobre demandas y pleitos habían permanecido al descubierto. Ahora que se acerca la fecha de aplicación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) el 25 de mayo de 2018, la pregunta se antoja retórica: ¿estamos preparados?

¿Qué implica para los ciudadanos el RGPD?

La Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) destaca que el RGPD amplía el ámbito de aplicación territorial, lo que “supone una garantía adicional a los ciudadanos europeos”. “Permite que el reglamento sea aplicable a empresas que, hasta ahora, podían estar tratando datos de personas en la UE y, sin embargo, se regían por normativas de otras regiones o países que no siempre ofrecen el mismo nivel de protección que la normativa europea”, señala la AGPD en un documento de resolución de dudas.

La Agencia también cita nuevas herramientas de control de sus datos para los ciudadanos, como el derecho al olvido o el derecho a la portabilidad. Explica que el primero es consecuencia del derecho a exigir que los datos personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, estos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron recogidos, cuando se haya retirado el consentimiento o cuando estos se hayan recogido de forma ilícita. “El interesado puede solicitar que se bloqueen en las listas de resultados de los buscadores los vínculos que conduzcan a informaciones que le afecten que resulten obsoletas, incompletas, falsas o irrelevantes y no sean de interés público, entre otros motivos”.

Sobre el derecho a la portabilidad, se refiere la posibilidad de que el interesado recupere sus datos -de la empresa u organización que en ese momento esté al cargo de su trato y almacenamiento- en un formato que le permita su traslado a un nuevo responsable. “Cuando ello sea técnicamente posible, el responsable [actual] deberá transferir los datos directamente al nuevo responsable designado por el interesado”, señala la AGPD.

La respuesta por parte de los expertos es rotunda: no, no lo estamos. No lo están, concretamente, las empresas. En ello coinciden, con matices, tres expertos consultados: José Luis Zimmermann, director de la Asociación Española de Economía Digital (Adigital); Borja Adsuara, exdirector de Red.es y abogado experto en derecho digital y José Alberto Rodríguez, director global de Protección de Datos de la empresa de software en nube Cornerstone OnDemand.

“Existe mucho desconocimiento y muchas dudas (fundadas) con respecto a ciertos aspectos de su aplicación”, asegura Zimmermann. “No es un reglamento fácil de aplicar y además estamos aún pendientes de la ley que debe aprobarse para su puesta en marcha, que en teoría debería ofrecer una mayor seguridad jurídica”, añade. Como ejemplo pone la confusión en torno al consentimiento, un concepto a su juicio esencial.

El problema, según Rodríguez, parte de una mala base: “Si las empresas no están preparadas para el nuevo RGPD seguramente es porque tampoco lo están para cumplir las legislaciones actuales”, apunta. Cita sonados casos de fugas o acceso ilegal a información como el robo de datos de 1.000 millones de cuentas de Yahoo, la filtración de una base de datos de LinkedIn con 167 millones de presuntas credenciales o la pérdida de 1.370 millones de registros de la empresa River City Media.

“Estos son casos muy delicados en los que hay que tener en cuenta no sólo la cantidad de registros que se perdieron, sino la sensibilidad de los datos almacenados. Muchas de estas fugas de contenían información sensible como cuentas bancarias, direcciones y números de teléfonos de los usuarios”, señala el experto en Protección de Datos. Sostiene, no obstante, que aunque el panorama sea “preocupante”, Europa “es líder mundial en protección de datos personales, en particular gracias al nuevo reglamento”.

En el caso de España, cree que el punto de partida también es positivo “porque existe tanto la concienciación como la legislación necesaria”. Lamenta, eso sí, “que sean pocas las compañías que realmente han iniciado ya las acciones necesarias para estar preparadas frente al nuevo RGPD”. Y no solo llegan tarde las empresas, sino también -afirma Adsuara- las Administraciones Públicas y la propia Agencia Española de Protección de Datos (AGPD). “La UE dio un plazo de dos años desde la entrada en vigor del RGPD (el 25 de mayo de 2016) hasta la aplicación directa del régimen sancionador para que se adaptase todo el mundo. Quedan 10 meses y, como los malos estudiantes, casi nadie ha hecho los deberes”, asegura.

Cambios necesarios

¿A qué deberes se refiere Adsuara? ¿En qué difiere este reglamento de lo establecido hasta ahora por la ley? Los expertos señalan que el RGPD supone un cambio de enfoque. “La normativa actual señala detalladamente cuales son las obligaciones y las medidas que deben adoptar las empresas. En el nuevo reglamento, sin embargo, son las empresas las que proactivamente deben demostrar que cumplen el reglamento, estableciendo las medidas que crean oportunas en función del nivel de riesgo que el tratamiento de datos pueda significar para las personas”, explica Zimmermann.

El director de Adigital sugiere, para empezar a adaptarse, hacer una revisión profunda de los tratamientos realizados en la empresa, “empezando por identificar y documentar todos los procesos: de dónde se obtienen datos, qué se hace y quién puede acceder a ellos, tecnologías empleada, etc.”. A continuación -prosigue- habría que examinar qué aspectos del reglamento no cumplen actualmente y amoldar los procesos. Señala que uno de los principales cambios pasa por la necesidad de adaptar las cláusulas informativas y documentar el cumplimiento normativo. “Según los casos, habrá que llevar un registro de la actividad de tratamiento, nombrar un delegado de protección de datos, modificar los contratos con los proveedores que requieran tratamiento de datos, realizar evaluaciones de impacto o adaptar los procedimientos de atención de derechos de las personas”, comenta.

Rodríguez ahonda en la figura del delegado de protección de datos, “un rol que en muchas organizaciones no existe y que será clave para cumplir de forma segura el nuevo reglamento”. Explica que esta persona será la responsable de velar por el cumplimiento de la RGPD, informará sobre las obligaciones de la empresa, determinará cuándo y cómo debe realizarse una evaluación del impacto de la privacidad, será el contacto ante las autoridades nacionales de protección de datos, etc.

La respuesta por parte de los expertos es rotunda: no, no estamos preparados en materia de protección de datos

El directivo de Cornerstone OnDemand destaca la importancia de que cada organización defina qué datos necesita realmente y para que los utiliza. Y, una vez hecho, elaborar procedimientos que ayuden a evitar las sanciones y tener un plan de contingencia en caso de una situación especial como puede ser una fuga de datos. “La ley establece un flujo operativo claro: tratamiento lícito, leal y transparente; datos adecuados, pertinentes, limitados, exactos y actualizados; conservación limitada en el tiempo y almacenamiento seguro”, puntualiza.

Adsuara comenta que, si bien algunas especificidades no estarán claras hasta el mismo 25 de mayo, conviene ir poniendo en marcha tareas a su juicio prioritarias. Por ejemplo, recabar de los titulares de los datos su consentimiento informado, expreso y específico (para cada finalidad) para toda la información personal que la organización vaya a tratar.

Multas y puntos delicados

¿Y qué pasa si no se cumple el RGPD? Las organizaciones infractoras se enfrentan a multas que podrían alcanzar los 20 millones de euros o bien de hasta un 4% de su cifra de facturación anual. “Se aplicaría la cifra más elevada entre estas dos cantidades, que podría suponer incluso el cierre”, afirma Rodríguez. Sin llegar a esos extremos, los expertos indican otro daño inevitable ante cualquier mínima multa o problema de fuga de datos: el perjuicio en términos de reputación frente a sus empleados y clientes actuales y futuros. No hay más que mirar al caso LexNET y a tantos otros.

También conflictivo es dónde establecer el límite entre la información profesional y personal de un empleado, que determinará a qué datos de empleados, clientes y otros con quienes se relacione puede acceder una empresa o una organización. “Es uno de los puntos más delicados. El RGPD establece el principio de minimizar la recogida de datos, que deberá estar justificada. Pero, ¿es esa justificación siempre objetiva? ¿Si mi trabajo requiere una atención especial (por ejemplo, si soy conductor o piloto), podría una empresa exigir que lleve siempre una pulsera de control de actividad que notifique sobre mis horas de sueño?”, plantea Rodríguez.

“Una empresa puede tratar la práctica totalidad de los datos personales de una persona, siempre y cuando lo realice correctamente y disponga de una causa de legitimación. Por ejemplo: el consentimiento del interesado, la ejecución o preparación de un contrato, el cumplimiento de una obligación legal, la protección de los intereses vitales de una persona, o el interés legítimo”, añade Zimmermann. Adsuara especifica que, si bien os datos personales son todos los que se refieren a una persona física (identificada o identificable), todas las personas tienen una esfera pública (profesional) y una esfera privada. “Ahí se establece el límite”, afirma.

Rodríguez concluye con una insistencia: “El reglamento no impone, de manera general, nuevas restricciones al tipo de datos que se podrían acceder. Lo que hace es reforzar el hecho de que sólo se utilicen los datos realmente necesarios, de manera clara y transparente, y durante un tiempo limitado. Y eso ya está a menudo definido en las leyes laborales, los convenios colectivos o la jurisprudencia”.

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El 3,5% de contribuyentes más adinerados aporta el 36% de la recaudación por IRPF | Mi dinero

El IRPF es el tributo más importante por recaudación y es el que permite que el sistema fiscal español sea progresivo en su conjunto. Se trata de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo y del ahorro. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que el 40% de los contribuyentes del impuesto no llegaron a ganar 12.000 euros en la declaración presentada en 2016. Estos contribuyentes aportaron menos del 1%de la recaudación. En el otro extremo, los declarantes que ganaron más de 60.000 euros sumaron solo el 3,53% de los declarantes y aportaron el 35,7% de los ingresos por IRPF. Ello refleja el carácter progresivo del tributo. El grueso de declarantes se ubica entre los 12.000 y 60.000 euros de renta. Representan el 56,2% y son responsables de seis de cada diez euros que recauda el Estado por IRPF.

La aportación de las rentas bajas a la recaudación del impuesto se reducirá en los próximos ejercicios cuando se apruebe la medida pactada entre Ciudadanos y el PP. Ambos partidos acordaron exonerar del impuesto a los asalariados con nóminas hasta 14.000 euros. Actualmente, son las rentas inferiores a 12.000 euros quienes no deben abonar el impuesto.

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que pretende cumplir su compromiso electoral de rebajar el IRPF a todos los contribuyentes. Una medida que, en caso de salir adelante, se aprobaría al final de esta legislatura.

La crisis económica ha cambiado la demografía del IRPF. En 2007, por ejemplo, solo 102.678 contribuyentes presentaban rentas negativas. En cambio, en 2015, este colectivo sumaba a 677.396 personas. Las bases imponibles negativas se registran cuando el salario obtenido a lo largo del año es inferior a la reducción por rendimientos del trabajo o cuando las minusvalías superan las plusvalías. El desempleo y la crisis explican el incremento de los contribuyentes con rentas negativas.

Comparado con 2007, el número de personas que realiza la declaración de la renta ha aumentado un 4,2%. Sin embargo, este incremento se ha concentrado en la parte baja del impuesto. Los contribuyentes que no llegan a 12.000 euros al año alcanzan hoy los 7,2 millones de personas, un 7,8% más que antes de la crisis. Los declarantes entre 12.000 y 60.000 euros también han aumentado ligeramente un 2,5% hasta llegar casi a los once millones. Por último, el colectivo que gana más de 60.000 euros se ha reducido un 8% y suma hoy 687.904 declarantes. La crisis económica, por tanto, ha engordado el grupo de ciudadanos con rentas bajas. Aun así, si se compara con el ejercicio anterior, los datos reflejan que las rentas superiores a 600.000 se han incrementado un 13,2% respecto a 2014. Un signo de recuperación.

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La revolución tributaria iniciada con el SII | Mi dinero

Los economistas solemos insistir en la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo económico. Los economistas clásicos como Marx, David Ricardo, Adam Smith, Schumpeter y, posteriormente, Solow o Schultz nos han trasladado la transcendencia que los cambios tecnológicos han supuesto en la comprensión, en la explicación del crecimiento de las sociedades modernas, las que se han colocado en los últimos siglos al frente de las economías avanzadas. Examinando la evolución de los factores esenciales de este desarrollo económico, como han sido el capital humano y la tecnología, esta última va a ser imprescindible para mantener a estas economías a la cabeza de las colectividades avanzadas social y económicamente, o desplazará de ese puesto de privilegio a aquellas que pierdan el ritmo de su aplicación y desarrollo. La tecnología es, sin duda, el futuro.

La productividad de una empresa, competir con ventaja en los mercados, ahora descansa principalmente en la utilización de la tecnología de última generación, la más vanguardista. En todos los sectores, aquellas empresas que quieren ser referencia en cuanto a su eficacia, dinamismo, presencia, prestigio, etc, han de embarcarse en una continua inversión tecnológica.

Si miramos al mundo tributario, no solo en España, sino en todos los países con tradición democrática, donde el pago de los impuestos es un deber de convivencia, la tecnología también ha revolucionado tanto la declaración y pago de los distintos tributos como su control. Si la presentación de los tributos por el sistema de autoliquidación y el envío de declaraciones con información de terceros con trascendencia tributaria, y de manera periódica, ha supuesto un cambio sin precedentes en la gestión tributaria, la aplicación de los avances tecnológicos, fundamentalmente los provenientes de la informática, ya ha cambiado, y cambiará más, el actual sistema de relaciones entre los contribuyentes y las Haciendas, así como el modo de trabajo interno, tanto en las administraciones tributarias como en las empresas.

En este sentido, la llevanza de los libros registro de IVA a través de la sede electrónica de la AEAT, el famoso Suministro Inmediato de Información tributaria (SII), es una muestra clara de cómo nos vamos a desenvolver en este ámbito. Enviar a la AEAT los datos fundamentales de las transacciones mercantiles entre los distintos intervinientes de la actividad económica en cuatro días –ocho en lo que resta de 2017– implica no solo imprimir una gran rapidez al envío de información tributaria a la Administración, sino que, además, conlleva una consecuencia, y yo así lo entiendo, que trasciende del mundo tributario y afecta a la limitada productividad –es lo que dicen los analistas económicos al respecto– del sistema económico del país en su conjunto, al obligar a las empresas, en general, a modernizar sus sistemas contables, tanto de facturación como de registro de operaciones.

En este caso, en buena parte a costa del esfuerzo y la inversión de empresas y despachos, la AEAT ha marcado una pauta de modernidad y de productividad que, ya sea por obligación o porque los tiempos no tienen pausa, está suponiendo un revulsivo para la evolución en la gestión empresarial de aquellos con tendencia a tomarse las innovaciones con cierta calma. Hay que darse cuenta de que se trata de transmitir la información, al menos en las grandes empresas, de máquina a máquina, sin que prácticamente intervenga la mano del hombre, por lo que los datos tienen que ser válidos de raíz, cuando se expide la factura, la nuestra o la que recibimos.

Esta mentalidad de cambio, de avance en este ámbito, presenta, sin embargo, ciertas lagunas que chocan con la deseada racionalidad, con las deseadas economías de escala y con el sentido común del sensato administrador público. A nadie se le escapa que en estos momentos nuestro país tiene tres administraciones con capacidad tributaria: la estatal, la autonómica y la local. Y tampoco pasa inadvertido, por lo menos en nuestro sector, que cada una de esas administraciones, y dentro de ellas, las de cada autonomía o Ayuntamiento, ha desarrollado plataformas distintas para la presentación de declaraciones, la gestión o la recaudación de los distintos tributos que controlan, aunque en algunos casos la información que se obtiene es básica para la recaudación de otras administraciones.

Mientras esto sucede aquí, en algunos impuestos ya se trascienden fronteras, ya se legisla para que, en las transacciones internacionales, cada país pueda ingresar lo que corresponde a su territorio y se intercambien información multilateralmente.

Lo que se está poniendo de relieve es que en unos ámbitos avanzamos a saltos y en otros vamos a gatas. Y si no, díganme, ¿cómo es posible que los pequeños y medianos Ayuntamientos no hayan desarrollado o implementado un sistema de recaudación de sus recursos, cuando se sabe la gran bolsa de recaudación que está en el limbo de los justos?; ¿cómo puede ser que haya que firmar un convenio con cada una de las autonomías, y diferente al que se ha de suscribir con la AEAT, para presentar declaraciones de tributos propios y cedidos de terceros en las diferentes comunidades autónomas?; ¿cómo podemos tener que seguir utilizando programas de ayuda diferentes para la presentación del impuesto sobre sociedades y para el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, cuando el núcleo de la información que necesitan ambos organismos es el mismo?; ¿o cómo puede ser que la autoliquidación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte solo pueda ser presentada electrónicamente a través de una plataforma privada o hacer una cola del siglo pasado?

En definitiva, que los cambios tecnológicos están cambiando las relaciones tributarias y en este proceso, seguramente por su rapidez, se producen asimetrías y desajustes que sufren contribuyentes y asesores.

¿Y el futuro? Casi no podemos vislumbrarlo. Si nos sorprenden los cambios que se han producido en los últimos 20 años, qué será de lo que resulte del big data, de la inteligencia artificial o de la computación cuántica. Si hablamos de las aplicaciones de la inteligencia artificial y de los robots en la industria o en los servicios médicos, ¿qué nos depararán en el trabajo de los despachos o en el control de los tributos? La verdad es que siendo t@d@s Hacienda, a t@d@s nos da vértigo.

Jesús Sanmartín es presidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas.

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Hacienda no ingresará ni un euro por el fichaje de Neymar | Mi dinero

El fichaje de Neymar por parte del Paris Saint Germain (PSG) se convertirá en la mayor operación jamás registrada en el mundo del fútbol. Sin embargo, de ello no quedará constancia en las arcas de Hacienda. Hay dos fórmulas principales para hacerse con los servicios de un jugador con contrato en vigor. Una es alcanzar un acuerdo entre los dos clubs y fijar un precio por la cesión. En este caso, la operación estará sujeta a IVA. Cuando no existe acuerdo entre las partes, la legislación contempla la posibilidad de abonar la cláusula de rescisión, una figura específica de la normativa española. En este caso, es el jugador a través de su futuro club quien abona un importe preestablecido para quedar libre.

Hasta 2016, Hacienda interpretaba que el dinero de la cláusula era una renta sujeta a IRPF y debía tributar como tal. Ello encarecía la operación. Por ejemplo, la cláusula de rescisión de Neymar suma 222 millones y, si esta interpretación estuviera vigente, el PSG debería abonar 440 millones para que el brasileño pudiera pagar la cláusula y el correspondiente impuesto. El elevado coste fiscal llevó a los clubes a buscar alternativas para sortear el pago de impuestos. Por ejemplo, el Bayern de Múnich prefirió abonar 20 millones al Barça por Thiago Alcántara en 2013 en lugar de pagar los 18 millones de su cláusula de rescisión. Le resultaba más rentable pagar más dinero que asumir el coste fiscal.

Sin embargo, todo cambió a partir del verano pasado cuando la Dirección General de Tributos emitió una resolución vinculante en la que modificó su postura. La DGT interpretó que el jugador que abona la cláusula de rescisión recibe una compensación del club que le pretende. Logra así una ganancia patrimonial que al instante se convierte en pérdida cuando realiza el pago al club para quedar libre. Tributos consideró que la operación debe entenderse como neutral en términos fiscales y estableció que los pagos de la cláusula de rescisión no están sujetos a IRPF.

Supone un cambio relevante y que beneficia a los clubes compradores. El PSG no abonará ni un euro a la Hacienda española por la operación, sin embargo, fuentes jurídicas indican que la operación sí que está sujeta a retención en Francia. Se considera que el dinero de la rescisión que el club facilita al jugador para pagar su cláusula es renta salarial. Francia es un país con un IRPF muy elevado y el PSG deberá hacer frente a una notable carga fiscal para que el sueldo neto del jugador alcance las cifras comprometidas y que algunas fuentes cifran en 30 millones de euros al año. Según Le Figaro, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social francesa ingresarán 300 millones de euros en cinco ejercicios. La Hacienda española solo obtendrá réditos de la operación en la medida en que el F.C. Barcelona ganará dinero con la venta y tributará por el impuesto sobre sociedades si cierra el año con beneficios. 

En el caso de que PSG y Barcelona hubieran llegado a un pacto, la compra estaría sujeta a IVA. Sin embargo, fuentes tributarias indican que teniendo en cuenta las reglas de localización, la operación se entendería realizada en Francia. En este caso, la equipo parisino se autorepercutiría el IVA para que la operación fuera neutral. Es decir, se devengaría y, al mismo tiempo, se deduciría el impuesto.

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El enredo de la exención de la prestación por maternidad | Mi dinero

Ya tuvimos ocasión de analizar, en este periódico, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de 6 de julio de 2016, que reconocía a una contribuyente la exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad. Ayer mismo tuvimos conocimiento de una nueva sentencia del mismo tribunal, que insiste en aplicar idéntico criterio. Como anticipábamos en nuestra anterior tribuna, no estábamos –ni ahora lo estamos– ante una cuestión cerrada.

El origen de la controversia se encuentra en la, a nuestro juicio, deficiente técnica normativa empleada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que fue la que introdujo en nuestro ordenamiento el beneficio fiscal controvertido. Así, uno de los párrafos del artículo 7.h) de la LIRPF proclama la exención de “las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. Y, a continuación, en párrafo aparte, se añade: “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”.

Ante esta normativa, caben dos interpretaciones. La más correcta es la que niega la exención de la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social (SS), en la medida en que no está mencionada en el primero de los párrafos transcritos. Su inclusión en el segundo no sería relevante a estos efectos, ya que se refiere, exclusivamente, a las prestaciones pagadas por comunidades autónomas y entes locales, no por la Seguridad Social.

Este es el mejor planteamiento desde un punto de vista técnico, por dos razones. De un lado, ya que es el que mejor se acomoda a la literalidad del precepto, teniendo en cuenta, además, que el artículo 14 de la Ley General Tributaria prohíbe la analogía en materia de exenciones. De otro, en la medida en que, desde un punto de vista teleológico, también es la solución más plausible. Así, parece que la voluntad del legislador, plasmada en el art. 7.h) de la LIRPF, es declarar la exención de prestaciones de tipo asistencial, pero no de la prestación por maternidad satisfecha por la Seguridad Social, que es equivalente al sueldo del trabajador. Este tipo de rentas, equivalentes a un salario, nunca están exentas, ni siquiera cuando lo que se percibe es una prestación por desempleo.

Ahora bien, no se puede negar que la interpretación que realiza el tribunal madrileño sea razonable. Así, cuando el precepto señala que “también” están exentas las prestaciones por maternidad satisfechas por comunidades autónomas y entes locales, puede dar a entender que el párrafo anterior exime a las estatales.

De igual modo, la exposición de motivos de la citada Ley 62/2003 señalaba, literalmente, que “se establece la exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo”. Por tanto, este elemento interpretativo podría conducirnos a pensar, con el tribunal de Madrid, que la auténtica intención del legislador era eximir, de forma general, las prestaciones por maternidad.

No obstante, existen otros pronunciamientos judiciales en sentido contrario y que acogen la posición que nosotros consideramos preferible. Es el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 27 de octubre de 2016, que realiza una referencia explícita a la prohibición de la integración analógica de las normas de exención.

También es la posición de la Administración, plasmada en la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 2 de marzo de 2017, dictada en unificación de criterio. Además del argumento literal al que antes hemos hecho referencia, tal resolución otorga relevancia, con buen criterio, al finalista resaltado. A su tenor, “hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad”.

En otras palabras, “el fundamento de la prestación es la suspensión del contrato de trabajo y no por la causa (la maternidad) que origina dicha suspensión”. Sin embargo, la naturaleza de las prestaciones por maternidad satisfechas por comunidades autónomas o entes locales “son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”. Dándose esta distinta finalidad y no existiendo una mención expresa a las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social, el TEAC concluye su no exención. Y este es un criterio que vincula a toda la Administración tributaria.

En definitiva y como muestran las líneas anteriores, nos encontramos ante un conflicto generado como consecuencia de la redacción confusa de una ley que, además, cuenta con una exposición de motivos un tanto descuidada. Por tanto, no es otra cosa que mala técnica normativa en el ámbito tributario.

Ante esta situación, solo podemos concluir con dos recomendaciones. La primera, dirigida al Gobierno, como es la necesidad de una modificación legislativa. A nuestro juicio, sea cual sea la solución por la que se opte, debería ser equitativa. No tiene sentido eximir las prestaciones por maternidad y, por ejemplo, mantener el gravamen sobre las de desempleo. La segunda tiene por destinatarios a los contribuyentes: quien pretenda aplicar esta exención debería tributar por la prestación y luego presentar la oportuna reclamación, porque sabemos cuál es el criterio que va a seguir aplicando la Administración tributaria.

 Javier Martín Fernández / Jesús Rodríguez Márquez son Socios de F&J Martín Abogados y profesores de Derecho Financiero y Tributario de la UCM

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Declaración renta: ¿Está exenta del IRPF la prestación por maternidad? La justicia vuelve a abrir el debate | Mi dinero

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dar la razón a una particular al declarar exenta de tributar por IRPF la prestación por maternidad cobrada de la Seguridad Social.

Según ha explicado el Tribunal en un comunicado recogido por Efe, la mujer no incluyó en su declaración de la renta los 8.993,60 euros que percibió en el ejercicio de 2013 en concepto prestación por maternidad al considerar que estaba exenta.

Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.

Según los magistrados del TSJM, la petición de la interesada está amparada por la propia Ley del IRPF que establece las prestaciones familiares exentas de tributar.

El tribunal considera que la prestación por maternidad percibida por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social “tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general”.

La decisión del TSJM choca con una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) del pasado mes de marzo, que aseguró que no estaba entre las exenciones previstas en la normativa del IRPF. El TEAC aseguró entonces que se hace necesario unificar criterios debido a la “especial trascendencia” de esta prestación para los derechos y garantías de los obligados tributarios.

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Autónomo: sepa qué porcentaje de luz, gas o internet puede deducirse | Mi dinero

La nueva ley de autónomos aprobada por el Congreso establece una regla objetiva para que el profesional que trabaja en casa pueda deducirse en el IRPF los suministros como luz, gas, agua o internet. En concreto, la legislación establece que será deducible “el resultado de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”.  En este simulador puede comprobar qué porcentaje puede aplicarse en función de su situación:

En un primer momento, la nueva ley de autónomos contemplaba que el trabajador por cuenta propia que utiliza parta de su casa como oficina o taller pudiera deducirse el 20% de la factura de los suministros como agua, electricidad o internet. Se buscaba así dar salida a diversas sentencias y a una resolución vinculante del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) que, contraviniendo el criterio seguido por la Agencia Tributaria, establecieron que el trabajador que utiliza una parte de su vivienda habitual como oficina o taller tiene derecho a deducirse parte de los suministros. 

Durante la tramitación en el Congreso, en el que intervino directamente el Ministerio de Hacienda, se pulió el borrador inicial que contenía errores conceptuales y también se detalló que la deducción de los suministros sería por “el resultado de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior”. En un primero momento, las formaciones políticas aseguraron que el porcentaje de deducción de los suministros aumentaba así del 20% al 30%. Sin embargo, la norma no dice eso. De hecho, el cambio pactado con Hacienda es restrictivo y limita la deducción de los suministros. En este calculadora puede comprobar qué porcentaje puede aplicarse en función de su situación:

Por ejemplo, un informático que tenga una casa de 100 metros cuadrados y utilice 30 metros cuadrados a oficina podrá desgravarse el 30% de esa proporción. Ello da como resultado una deducción del 9%. En el caso hipotético de que la mitad de una vivienda habitual se utilizara con fines económicos, el porcentaje de deducción será del 15%. Y se trata de un supuesto poco común. Con la regla objetiva, es simplemente imposible deducirse el 30% de los suministros como se dijo en un primer momento. La mayor parte de los autónomos que trabajan en casa tendrán derecho a una desgravación inferior al 10% de los suministros.

Aun así, la normativa abre la puerta a que el autónomo pueda deducirse un porcentaje mayor del que refleja la regla objetiva, pero para ello deberá demostrar que tiene tal derecho y ello no siempre es fácil. Deberá buscar medios de prueba que justifiquen que, por la naturaleza de la profesión o por las horas dedicadas o por cualquier otro motivo, el porcentaje de deducción es mayor del que sale al aplicar la fórmula.

A pesar de las limitaciones, la regla objetiva fijada en la ley de autónomos que presentó Ciudadanos en el Congreso y que fue negociada con organizaciones como la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) clarifica la situación en un ámbito en el que todo era incertidumbre y en el que la Agencia Tributaria ha mantenido hasta ahora una calculada ambigüedad.

Hasta 2015, el criterio de Hacienda era que el autónomo que trabaja en caso podía deducirse los gastos ligados a la titularidad de la vivienda como el pago de la hipoteca, el IBI o la tasa de basuras en el mismo porcentaje que la parte de su vivienda dedicada a una actividad profesional. Este prorrateo, sin embargo, no se contemplaba en el caso de los suministros, donde la Agencia Tributaria indicaba que no era factible determinar qué parte se destinaba a un fin particular y qué parte a un fin profesional.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó esta tesis de Hacienda y, poco después, en octubre de 2015, el TEAC emitió una resolución vinculante que obligaba a la Administración a permitir que parte de los suministros fuera deducible. Sin embargo, no aclaraba cómo hacerlo. “Podría servir un criterio combinado de metros cuadrados con los días laborales de la actividad y las horas en que se ejercite dicha actividad en el inmueble”, señala el TEAC. Si bien la resolución era de obligado cumplimiento para la Administración, la Agencia Tributaria no aclaró qué fórmula de cálculo o medio de prueba podía utilizar el trabajador por cuenta propia para desgravarse los suministros. Dejaba toda la responsabilidad al contribuyente.

La nueva ley de autónomos, que tras su aprobación en el Congreso se tramitará en el Senado, tiene la virtud de clarificar la situación. Gustará más o menos, pero ahora los trabajadores por cuenta propia ya cuentan con una fórmula a la que acogerse. Si bien la nueva ley no está en vigor, el derecho a deducirse los suministros se aplica desde 2015 y, por lo tanto, los autónomos pueden desgravarse ya luz, agua o internet. Ante la ausencia de ninguna otra fórmula de cálculo, parece razonable que el autónomo que tenga dudas empiece ya a aplicar la regla objetiva incluida en la nueva legislación.

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