Cuenta atrás para declarar las operaciones vinculadas de 2016 | Legal

El 30 de agosto, se publicó la Orden HFP/816/2017, que aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales.

En lo relativo a operaciones vinculadas, la información que hasta el ejercicio 2015 se facilitaba en el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se ha trasladado a esta nueva declaración que amplía los supuestos de operaciones sobre las que se debe informar. Así, a partir del ejercicio 2016, se suprimen los cuadros de información contenidos en el modelo 200, debiendo incluirse esa información, junto a otra adicional, en el nuevo modelo 232.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero o con presencia en territorio español están obligados a presentar esta declaración. En ella deberán cumplimentar la información relativa a las operaciones vinculadas, cuando realicen operaciones con la misma persona o entidad vinculada y el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000 euros, o cuando el importe conjunto de las operaciones vinculadas específicas en el período impositivo supere los 100.000 euros.

A estos efectos, se consideran operaciones específicas las actividades económicas realizadas por contribuyentes del IRPF en estimación objetiva con entidades en las que estos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes y sus respectivos cónyuges (individual o conjuntamente) tengan un porcentaje igual o superior al 25 % del capital social o de los fondos propios. Siendo la finalidad de este tipo de operaciones la transmisión de negocios, de valores o de participaciones representativas en los fondos propios de cualquier tipo de entidad no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores – o que estén admitidos a negociación en mercados regulados situados en paraísos fiscales-, la transmisión de inmuebles o distintas operaciones sobre activos intangibles.

Como novedad, en el modelo 232 existe siempre obligación de informar respecto de las operaciones del mismo tipo que a su vez utilicen el mismo método de valoración. Pero sólo en el caso de que el importe del conjunto de dichas operaciones en el período impositivo, sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad, con independencia del importe de la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada.

Por otro lado, se mantiene el deber de cumplimentar la información de operaciones vinculadas con aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en aquellos casos en que la aplicación de esta reducción sea consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas.

Sanciones

La sanción por no presentación consistiría en una multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de estos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

En el supuesto de presentación incorrecta, se aplicaría una multa pecuniaria proporcional del 0,5%, 1%, 1,5% ó 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, si representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% ó 75%, respectivamente, de las operaciones que se tendrían que haber declarado o una multa pecuniaria fija si el porcentaje fuera inferior al 10%.

Sin embargo, existen excepciones a esta obligación de informar, por ejemplo respecto a las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal. Tampoco es necesario informar de aquéllas realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas, salvo que se acojan al régimen de exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. Y por último, tampoco existe ese deber de informar respecto a las operaciones efectuadas dentro del ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

Plazo y forma de presentación

El plazo de presentación del modelo 232 será el mes siguiente a los diez posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiera la información a suministrar. Es decir, unos cuatro meses después de la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades, que se debe presentar en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Así, para el ejercicio 2016 el plazo de presentación va desde el 1 de noviembre hasta el próximo 30 de noviembre de 2017.

En cuanto a la forma de presentación, se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de internet.

Contenido del modelo 232

El apartado relativo a la información de operaciones con personas o entidades vinculadas debe cumplimentarse separando las operaciones de ingreso o de pago, sin efectuar compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto.

Se declaran las operaciones por persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de operación, siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración. Para cada operación de ingreso o pago hay que consignar: el NIF de la persona o entidad vinculada, los apellidos y nombre o la razón social de la persona o entidad vinculada, el tipo de vinculación, el código de la provincia cuando la persona o entidad vinculada sea residente en territorio español y el país de residencia de la persona o entidad vinculada cuando no sea residente, el tipo de operación (dígito identificativo), si es ingreso o pago, el método de valoración y el importe de la operación sin incluir el IVA.

El apartado de operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles debe contener en primer lugar los datos identificativos de la entidad matriz (NIF y razón social), y, posteriormente, de forma separada por persona o entidad vinculada, las rentas sobre las que se aplica la reducción.

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Hacienda se quedar con el 4% de las ventas ‘online’ de bienes entre particulares | Economa

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Paradise Papers: Qué son y dónde están los paraísos fiscales | Mi dinero

Trinidad y Tobago es una república caribeña, formada por dos islas, que se encuentra frente a la costa de Venezuela y que, según la OCDE, es el único paraíso fiscal que existe hoy en el mundo. Esta es una de las sorprendentes conclusiones del G20 celebrado el pasado junio. Este grupo de países encomendó en 2008, en plena crisis financiera, a la OCDE una lista de territorios no cooperantes en la lucha contra la evasión fiscal. El organismo internacional empezó apuntando a sospechosos habituales como Andorra, Gibraltar, las islas del Canal (Jersey, Guernsey, Man), Suiza y un largo etcétera. Sin embargo, la presión internacional provocó que los territorios offshore se lanzaran a firmar un alud de tratados de intercambio de información fiscal. Ello ha derivado en lo que para muchos resulta absurdo y es que, sobre el papel, la OCDE considere a Trinidad y Tobago como el único país no cooperante, expresión que utiliza en lugar de paraíso fiscal.

El problema es que no resulta sencillo describir un paraíso fiscal y una cosa es decir que se intercambiará información tributaria en un papel y otro intercambiarla en realidad. Oxfam se sitúa en el lado opuesto de la OCDE y considera que en el mundo existen 73 paraísos fiscales y entre ellos figuran Holanda o Irlanda, dos Estados que tradicionalmente no han formado parte de las listas de paraísos fiscales.

Si la OCDE pone la atención en la existencia de tratados de intercambio de información tributaria, Oxfam amplía el foco e incluye los países con baja o nula tributación y aquellos que conceden ventajas fiscales a empresas sin necesidad de desarrollar una actividad económica sustancial. En este sentido, Holanda mantiene una política tributaria muy atractiva en materia de dividendos, lo que provoca que muchas empresas ubiquen sus cabeceras en el pequeño país europeo. De hecho, Holanda figura como el primer país inversor de España y eso sucede porque muchas compañías estadounidenses –principal inversor real– recalan a España, pero pasando antes por los Países Bajos.

Los llamados paradise papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado La Sexta y El Confidencial en España, reveló datos de dos bufetes de abogados ubicados en Singapur y Bermudas y con relaciones con jurisdicciones opacas, según los términos que utiliza la investigación, y que incluye a países como Malta. ¿Esta pequeña isla, que forma parte de la UE, es también un paraíso fiscal? No lo es para la mayoría de países y organismos, pero es cierto que mantiene una legislación tributaria que facilita conexiones con otros territorios que sí son paraísos fiscales.

De hecho, Malta figuraba en la lista inicial de paraísos fiscales que aprobó el Parlamento español en 1991 y en la que figuraban 48 territorios. Entre ellos, también aparecían otros dos Estados miembros (Luxemburgo y Chipre). Este listado sigue vigente, pero han desaparecido de él 16 países por el hecho de haber firmado convenios de doble imposición o intercambios de información fiscal. Y otros nueve están en negociaciones (ver gráfico).

Curiosamente, uno de los países que ha salido de la lista es Trinidad y Tobago, que rubricó con España un tratado de intercambio de información fiscal. El inspector de Hacienda José María Peláez se muestra escéptico y recuerda que los convenios firmados hasta ahora contemplan que el intercambio de información sea individualizado y justificado. Ello resta efectividad a este tipo de convenios.

En este sentido, hay muchas esperanzas en el acuerdo multilateral de intercambio de información financiera que se firmó en Berlín en octubre de 2014 y que se establece un protocolo para que las Administraciones tributarias compartan información de forma automática y sin que medie petición previa a partir de este año o el siguiente. La información se remitirá de forma estandarizada, un aspecto muy importante para su efectividad. Hasta la fecha, un centenar de jurisdicciones han firmado el acuerdo multilateral. Aún es pronto para saber si las esperanzas acerca del nuevo acuerdo multilateral están o no fundadas.

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Ana Mato y el PP cobraron “en efectivo y en especie” de la trama de Correa, según Anticorrupción | España Home

Ana Mato y el PP cobraron “en efectivo y en especie” de la trama de Correa, según Anticorrupción

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Casi 50.000 empresas informan a Hacienda del IVA en tiempo real | Mi dinero

Casi 50.000 empresas están aplicando el Suministro Inmediato de Información (SII), lo que significa que envían los datos de IVA a la Agencia Tributaria en tiempo casi real. El nuevo sistema es el cambio de gestión en el principal tributo indirecto más importante desde que se introdujo el IVA en España en 1986.

A partir de julio, las grandes empresas -aquellas que facturan más de seis millones de euros-, las compañías adscritas al régimen de devolución mensual (Redeme) o los grupos de IVA deben enviar en un plazo de ocho días el detalle de las facturas emitidas y recibidas. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, aseguró hoy durante su intervención en el congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla que casi 50.000 empresas se han incorporado al nuevo sistema.

El SII ha exigido que las empresas modificaran su organización interna y sus modelos de facturación. Menéndez minimizó el coste económico que ha supesto adecuarse al IVA en tiempo real y destacó que conlleva más ventajas que perjuicios. Las 50.000 empresas suman el 90% del censo de compañías que por su tamaño o  características deben aplicar el SII. Si se excluyen las sociedades exentas de liquidar el impuesto, el porcentaje aumenta al 97%. La Agencia Tributaria ya se ha puesto en contacto con estas compañías y, de momento, no ha aplicado sanciones.

Hacienda ha recibido información de 700 millones de facturas expedidas y recibidas. Unas 10.000 empresas adheridas al Redeme -y que por lo tanto estaban obligadas a informar del IVA en tiempo real- solicitaron su baja de este sistema. Menéndez se mostró convencido de que se irán reincoporando a medida que el conocimiento del funcionamiento del SII se amplíe. De hecho, señaló que la tendencia será que incluso las empresas que no están obligadas a informar del IVA en tiempo real opten por el nuevo modelo de gestión. Aun así, no está previsto forzar por ley a las pymes a aplicar el SII.

Hacienda pone en valor que el nuevo sistema permite que a las compañías contrastar la información procedente de terceros. Además, los adscritos al SII ya no deben presentar los modelos fiscales 347, 340 y 390. Y el pago del IVA se amplía del día 20 del mes al 30.

Aun así, la patronal CEOE criticó el poco plazo que han tenido las empresas para cumplir con el SII y defendieron, sin éxito, que la entrada en vigor se retrasara hasta el 1 de enero de 2018. A partir de esa fecha, el margen de ocho días para informar del IVA de las empresas bajará a cuatro días.

Cataluña como telón de fondo

La crisis política en Cataluña ha estado presente en los tres días que ha durado el Congreso de Inspectores de Hacienda. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, trasladó su “cariño” a los funcionarios que trabajan en Cataluña. El presidente del colectivo, José Luis Groba, lamentó la presión que sufren los inspectores en Cataluña y señaló que la Agencia Tributaria Catalana (ATC), una de las “estructuras de Estado” creadas por la Generalitat, no tiene capacidad para recaudar los tributos que hoy gestiona Hacienda. A pesar de que empresas públicas catalanas se comprometieron a pagar sus tributos a la ATC, ninguna se ha atrevido a desafiar al fisco y, hasta la fecha, están al día con la Agencia Tributaria.

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Los inspectores piden que el Estado recompense a quien denuncie fraudes fiscales | Mi dinero

La Organización de inspectores de Hacienda del Estado ha presentado este jueves su propuesta de Estatuto de la Agencia Tributaria. Durante su congreso anual que se celebra hoy y mañana en Sevilla, este colectivo ha reclamado que se regule la figura del confidente fiscal. Es decir, proponen que el Estado premie a aquellos ciudadanos que denuncien un supuesto fraude fiscal si el caso finaliza con el cobro de una deuda fiscal. En el ámbito del contrabando, ya se contempla esa posibilidad. El Estado también premia, por ejemplo, con un 10% del patrimonio aflorado a aquellos ciudadanos que comunican la existencia de una herencia que pasa a manos del sector público por falta de herederos.

Los inspectores creen que premiar al chivato fiscal elevaría el número de comunicaciones de fraude e incrementaría la recaudación. En la misma línea de lucha contra la evasión, los inspectores propusieron que se les permita actuar de incógnito. Actualmente, tienen la obligación de identificarse como funcionarios públicos nada más acceder a una empresa o comercio.

El documento presentado será entregado a todos los grupos parlamentarios y los inspectores confían en que finalmente exista un compromiso firme de establecer un Estatuto de la Agencia Tributaria como se contemplaba cuando se creó este organismo en 1992. Los inspectores destacaron que es rentable invertir en políticas contra la evasión. Sostienen que por cada euro que destina el Estado a luchar contra el fraude recupera casi diez. Estas son otras medidas que proponen los inspectores:

  • Director de la Agencia Tributaria

Los inspectores proponen que el director de la Agencia Tributaria sea elegido por el Congreso de los Diputados y, no como sucede ahora, por el Ejecutivo. Para el nombramiento se requeriría una mayoría cualificada y el mandato sería por cinco años y renovable por otros cinco.  Además de no seguir el calendario electoral, para asegurar la independencia se fijarían causas de destitución tasadas y reguladas. Actualmente, el secretario de Estado de Hacienda es también el presidente de la Agencia Tributaria. Los inspectores piden que se suprima este cargo para desvincular el organismo público de la política.

“La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria”, señala el documento. Se trata de una muy vieja reclamación que ya fue estudiada, por ejemplo, por Josep Borrell en su etapa como secretario de Estado de Hacienda. 

  • Órgano único de recaudación

Los inspectores defienden que se centralicen las deuda a recaudar por todas las Administraciones Públicas mediante su integración en un sistema de red que permitiría la interconexión automática.

Proponen que la Dirección General del Catastro pases a formar parte de la Agencia Tributaria como un departamento más. “La integración generaría importantes sinergias, que reforzarían la estructura de medios de apoyos administrativo”.

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Los españoles declaran tener en el extranjero el equivalente al 13,4% del PIB | Mi dinero

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, anunció hoy que los últimos datos de la declaración de bienes en el exterior reflejan que los españoles han informado de bienes en el exterior por un importe de 156.122 millones de euros. Se trata de una cifra que equivale al 13,4% del PIB.

La declaración de bienes en el exterior obliga a los españoles con bienes o derechos (depósitos, cuentas, acciones o inmuebles, entre otros) que superan los 50.000 euros a informar de ello ante la Agencia Tributaria. Si bien se trata de una mera declaración informativa, el régimen sancionador es muy duro. De hecho, la liquidación y sanción puede superar el valor de los bienes en el exterior. Además, los contribuyentes que no han presentado el modelo 720 teniendo la obligación de hacerlo no se pueden amparar en la prescripción. La elevada sanción y la imprescriptibilidad son dos factores que han llevado a la Comisión Europea a abrir un expediente contra España. Bruselas emitió un dictamen en el que reclamó rebajar las multas por incumplir la obligación de informar de los bienes en exterior.

Durante su intervención en el congreso anual de la Organización de Inspectores de Hacienda celebrado en Sevilla, Fernández de Moya, recordó que la Agencia Tributaria recaudó 14.883 millones por su actividad contra el fraude fiscal en 2016. Una cifra elevada, pero que supone un 5% menos que el ejercicio anterior. Aunque la situación ha mejorado este año. Hasta junio, Hacienda ha recaudado por su plan contra el fraude fiscal 7.459 millones, un 5,2% más que en el mismo período del año anterior.

La situación política en Cataluña ha provocado que el Gobierno no cuente con suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobar las cuentas de 2018. Fernández de Moya recordó que estaba previsto incluir en las cuentas para el próximo año una rebaja del IRPF. En concreto, el pacto con Ciudadanos contemplaba que las rentas inferiores a 14.000 euros no pagaran el impuesto sobre la renta. El límite actual está fijado en 12.000 euros. Además, se contemplaba una reducción para contribuyentes con salarios hasta 17.000 euros. Esta medida ha quedado en el aire por la prórroga presupuestaria.

El Ejecutivo confía en aprobar el Presupuesto de 2018 una vez iniciado el año. El acuerdo con Ciudadanos también incluía ayudas fiscales adicionales para las contribuyentes con hijos a cargo. Además, se elevará el incremento de la reducción tributaria por familias numerosas

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Cataluña: La fragmentación fiscal no es la solución | Mi dinero

El sistema tributario de un país está integrado por unos impuestos que deben pagar los ciudadanos y por una Administración Tributaria que debe aplicar y gestionar dichos impuestos. El sistema tributario español es un foco permanente de problemas que ahora se ven agravados por las veleidades independentistas de algunas comunidades autónomas, como sucede con Cataluña.

El primer problema es el de los impuestos que configuran nuestro sistema tributario. Solo hay que fijarse en el impuesto sobre el patrimonio, del que no siempre se es consciente de si está en vigor o no, o con el impuesto sobre sucesiones, que se paga o no según la comunidad autónoma en la que se resida, provocando importantes problemas de deslocalizacion de contribuyentes. Sería más que deseable, imprescindible, que el nuevo sistema de financiación autonómica que ahora se negocia resolviera esos problemas y diseñara la distribución de los importes recaudados entre Estado, comunidades autónomos y ayuntamientos de la forma más justa posible.

El segundo de los problemas se refiere al enorme fraude fiscal y economía sumergida que existe en nuestro país, muy superior al de los países de nuestro entorno. Bien es cierto que existen fraudes, como el fraude carrusel en el IVA, la planificación fiscal de las multinacionales o la utilización de los paraísos fiscales, que exigen la adopción de medidas coordinadas a nivel internacional. Pero para combatir el resto, existen muchas otras que se podrían aprobar en España y no se ha hecho hasta ahora.

La tercera dificultad es la referida a los órganos que deben gestionar el sistema tributario, que para los impuestos estatales es la Agencia Tributaria, y las comunidades autónomas gestionan los tributos cedidos y los propios. La Agencia Tributaria tiene serios problemas de funcionamiento operativo por la falta de personal y de medios que, en cierto modo, ha empezado a paliarse con las ofertas extraordinarias de empleo público que el Gobierno ha aprobado últimamente, confiando en que en el futuro siga en esa línea.

Los tres problemas mencionados se agravan con el problema del independentismo catalán y sus efectos futuros.

Cuando el problema era solo de negociación, y de ver lo máximo que se podía sacar cada vez que el Gobierno español de turno necesitaba los votos de los partidos catalanes, estos últimos tenían muy claro en el ámbito tributario que querían “las llaves de Letamendi”, el edificio principal de la Agencia Tributaria en Barcelona, y en esa sencilla frase se resumía que se quedaban con el edificio, los funcionarios, y la gestión y cobro de todos los impuestos estatales. Se fueron dando pasos intermedios, como la creación de la Agencia Tributaria Catalana y de un Consorcio para ir haciendo el traspaso, con el objetivo final de que la Agencia Catalana lo asumiera todo. Lo que ocurrió después es que ninguna comunidad autónoma ha querido ser menos que la otra y todas se lanzaron a crear sus propias Agencias Tributarias o Consorcios.

Los inspectores de Hacienda sabemos el desastre que supondría esa situación de fragmentación de la Agencia Estatal desde muchos puntos de vista, de gestión de los impuestos, de recaudación y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Por ello, no nos cansamos de remitir a las autoridades tributarias y a los grupos parlamentarios del Congreso nuestras propuestas y advertencias sobre lo que supondría de consecuencias desastrosas una división de las competencias de la Agencia Estatal. Dichas propuestas y peligros fueron presentadas incluso en el Parlamento de Cataluña, al que personalmente asistí en su momento como presidente de Inspectores de Hacienda para advertir de los graves peligros de esa fragmentación. Curiosamente y como detalle revelador señalar que no quisieron hacerme las preguntas en castellano, como solicité.

Los que trabajamos día a día con los impuestos sabemos lo imprescindible que es tener una buena base de datos y los problemas que genera en el día a día que, por ejemplo, no se disponga de la información que está en las Haciendas Forales. La base de datos de la Agencia Tributaria es admirada y envidiada en el ámbito internacional y se iría por mal camino si esa información se fraccionara y la gestionaran diferentes Administraciones tributarias, cada una con sus bases de datos.

Resulta curioso que los políticos catalanes hayan puesto algunas veces como ejemplo la descentralización existente en Alemania, cuando es precisamente este país el que ha tenido que dar marcha atrás en algunos aspectos de esa descentralización, como las bases de datos, al comprobar lo absolutamente desastroso que era el hecho de que cada región dispusiera de su propio sistema de número de identificación fiscal, haciendo imposible cualquier intercambio de datos con otras regiones y gestionar el propio sistema tributario nacional.

Sirva todo lo anterior para subrayar que la solución negociada, para contentar a algunos o para evitar problemas mayores, no puede suponer la fragmentación de la Administración Tributaria, por los efectos tan negativos que tendría desde el punto de vista de la eficacia en su aplicación y de la lucha contra el fraude fiscal.

Animo a los políticos a que adopten las soluciones que Inspectores de Hacienda venimos proponiendo durante años, insistiendo en la necesidad de aprobar el Estatuto de la Agencia Tributaria en el que se incluyera la participación de forma efectiva de las comunidades autónomas en sus órganos de dirección, conformando una Agencia Tributaria de todos y para todos, profesional e independiente.

José María Peláez Martos es inspector de Hacienda del Estado.

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Football Leaks: Los clientes de Mendes ya pactan con la Fiscala: qu har Cristiano Ronaldo?

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La recaudación por IRPF sube un 6% y se disparan los ingresos por Sociedades | Mi dinero

Los datos de ejecución presupuestaria publicados hoy por Hacienda reflejan una mejora notable de la recaudación por IRPF, el tributo más relevante del sistema fiscal y que grava principalmente las rentas salariales. Este impuesto aportó 53.002 millones hasta agosto, un 6,1% más. La mejora de la recaudación, junto con la reducción del gasto, explica que el déficit del Estado se haya reducido hasta el 1,84% del PIB frente al 2,85% registrado en el mismo período del año anterior. Aun así, la cifra supera el objetivo de déficit anual fijado para la Administración central en el 1,1%. Dicho de otra manera, el Estado rebasará el límite. 

El impuesto que refleja una mejor evolución es el impuesto sobre sociedades, el tributo que se aplica sobre los beneficios empresariales. El Estado recaudó 8.450 millones, un 60% más. Este incremento se explica en parte por las medidas tributarias que aprobó Hacienda a finales del ejercicio anterior y que ha supuesto un incremento de los pagos fraccionados. Si bien la situación económica ha mejorado, la mera evolución de los beneficios no puede explicar un incremento tan notable de la recaudación. Si se corrige el impacto normativo de los pagos fraccionados y otros factores distorsionadores, los ingresos por Sociedades aumentan un 7,6% en términos homogéneos y ello sí se debe a la mejora de la situación empresarial.

En cambio, el IVA registra una pérdida de recaudación inédita en los últimos años. El principal impuesto sobre el consumo aportó a las arcas públicas 43.872 millones, un 1% menos que en el mismo período del ejercicio anterior. Esta pérdida recaudatoria se explica por la entrada en vigor del Suministro Inmediato de Información (SII) que provoca que las grandes empresas puedan presentar sus declaraciones hasta el día 30 del mes siguiente, en lugar de hasta el día 20 como era habitual. Ello supone que la declaración del IVA de julio de las compañías acogidas a la obligación de informar del IVA en tiempo casi real se contabilizará en septiembre. Sin esta medida, la Agencia Tributaria calcula que la recaudación por IVA habría subido un 5,9%.

Por el lado de los pagos, el Estado gastó 97.634 millones hasta agosto, un 3,6% menos. Todas las principales partidas se redujeron. Destaca, por ejemplo, la caída del 4,2% del gasto en personal o del 6,7% en intereses.

Hacienda también publicó los resultados de ejecución hasta julio de las comunidades autónomas, que registraron equilibrio presupuestario. Las autonomías tienen el objetivo de cerrar el año con un déficit máximo del 0,6% y están en disposición de conseguirlo. Más preocupante es la situación de la Seguridad Social que hasta julio acumuló un déficit del 0,48% del PIB. Si bien supone una mejora respecto al año anterior, es la Administración que afronta un mayor desfase entre sus gastos e ingresos.

España se comprometió con Bruselas a bajar su déficit del 4,3% registrado el año pasado al 3% este ejercicio. Se trata de un reto exigente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) considera factible el cumplimiento, sin embargo, el riesgo de desvío es importante.

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