Qué debes saber si Hacienda aún no te ha efectuado la devolución del IRPF | Mi dinero

Han pasado las vacaciones de verano y también más de dos meses desde que terminara el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente a 2016. A estas alturas, la mayoría de contribuyentes con resultado a devolver ya ha recibido su dinero; algunos incluso ‘cobraron’ apenas unos días después de haber rendido cuentas con el fisco. Hasta agosto, Hacienda ha devuelto más de 7.300 millones de euros a 11,7 millones de contribuyentes, efectuando el 83,9% de las devoluciones. Así, aún quedan 2,2 millones de declaraciones pendientes de abonar. Si eres de los que forma parte de esa cifra y todavía no has visto el ingreso que te corresponde, te conviene saber con qué plazos cuenta la Agencia Tributaria y cuáles son los posibles motivos de los retrasos en el pago.

Plazos e intereses

Cuando la autoliquidación del IRPF resulta a devolver, la Administración tributaria ha de practicar una liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración, que fue el pasado 30 de junio. Así, Hacienda tiene como tiempo límite hasta el próximo 30 de diciembre.

En caso de que no se haya procedido a la devolución dentro del plazo, entonces Hacienda ha de devolver de oficio aquel importe. Si no hubiera ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al contribuyente, cuando lo haga, tendrá que devolver el importe pendiente más los intereses de demora devengados desde el día 31 de diciembre hasta el día de su devolución.

El tipo de interés de demora del año 2017 es el 3,75%, y el de 2018 será aprobado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 (a finales de 2017).

La devolución se realiza por transferencia bancaria, aunque puede autorizarse el pago por cheque cruzado o nominativo.

Joan Pons, socio director del despacho ETL Global-LinkServices, señala que “la posibilidad de que la devolución del IRPF sea objeto de comprobación y, por consiguiente, se vea retrasada, es mayor en aquellos supuestos en que los elementos tributarios del contribuyente (ingresos, gastos deducibles, situaciones personales,…) requieran ser contratadas con diversas fuentes de información (básicamente de otros contribuyentes)”.

Motivos de retraso

Hay que tener en cuenta que el retraso no significa que Hacienda haya descubierto que hay errores. Por lo general, los contribuyentes que confirman el borrador tal cual los primeros días de campaña son los que antes obtienen las devoluciones (incluso en 48 horas). Esto es porque el contribuyente suscribe la documentación aportada por Hacienda y avala que todo es correcto (los expertos recomiendan no obstante repasar bien el borrador para evitar errores que pueden aflorar en un futuro). Si se realizan modificaciones en el borrador o se corrigen o añaden datos, entonces es posible que pase algo más de tiempo, dado que Hacienda se toma su tiempo en verificar los cambios. También, si se hace manualmente la declaración de la renta, las comprobaciones son más exhaustivas.

Algunas de las causas más habituales de retraso están relacionadas con la desgravación por la compra de la primera vivienda. Es frecuente que al comprar una casa no aparezca consignado en el borrador o en los datos fiscales y el comprador tenga que añadirlo. Se trata de una de las principales omisiones que suele haber en los borradores de la declaración. También si se ha disfrutado de algún periodo de excedencia o si hay diferencias con declaraciones de años anteriores en las circunstancias personales o familiares. En este punto, influyen un divorcio, un cambio de residencia o añadir hijos menores de edad a cargo.

Notificaciones

También pueden detectarse errores aritméticos (en una suma o al consignar los datos personales, por ejemplo). Así, en caso de que la declaración de la renta tenga alguna incidencia, se inicia el procedimiento de “Requerimiento de Datos” o “Propuesta de Liquidación Provisional” y Hacienda lo comunica al contribuyente vía notificación. Suele tratarse de expedientes sin mala fe y en tal caso el contribuyente no es penalizado.

Asimismo, cuando la cantidad a devolver es muy elevada, Hacienda mira con lupa esa declaración. Otro factor de retraso es presentar la declaración a última hora.

En esta campaña han presentado su declaración 19,66 millones de contribuyentes. Muchos también deben pagar a Hacienda.

Los mensajes de Hacienda

En la página web de la Agencia Tributaria es posible consultar el estado de la tramitación de la devolución del IRPF de 2016. El contribuyente debe de identificarse de tres formas posibles. Si no se tiene la Clave Pin o el certificado electrónico, entonces es necesario proporcionar el DNI y el número de referencia, que la propia AEAT remite en un mensaje SMS al teléfono móvil del contribuyente. Una vez se accede, aparece un mensaje. Pero, ¿qué significado tienen las notas de Hacienda? Dependen de la fase de tramitación en la que se encuentre la declaración presentada. Los mensajes que pueden aparecer son, básicamente, los siguientes:

Su declaración se está tramitando. Hacienda tiene en su poder la declaración de la Renta presentada, pero todavía no ha realizado ninguna revisión sobre la misma.

Su declaración está siendo comprobada. Los técnicos de la Agencia Tributaria están por fin revisando la declaración. Es un proceso rutinario para verificar que todo está bien. Si es correcta, tu declaración pasará en breve al siguiente estado.

Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted. La declaración está aprobada por el organismo, así que la devolución sigue su curso. Ahora queda esperar un poco a que devuelvan el dinero.

Su devolución ha sido emitida el dia X/X/XXXX; si en 10 días no ha recibido el importe, acuda a la delegación/administración de la Agencia Tributaria correspondiente a su domicilio fiscal. La orden de pago ya está dada.

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Referéndum Cataluña: El verdadero debate de una Hacienda catalana | Mercados

Como ya señalaba Bodino, uno de los atributos del poder soberano es la facultad de gravar a los súbditos con contribuciones e impuestos, así como de eximir de los mismos a algunos de dichos súbditos. Siendo así, no debe extrañarnos que parte del plan soberanista del actual Gobierno de la Generalitat incluya la pretensión de recaudar la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña a través de su propia Agencia Tributaria.

Ante todo, debemos aclarar que la creación de una Agencia Tributaria por parte de una comunidad autónoma no presenta ninguna particularidad ni implica, por sí misma, el incumplimiento del marco legal y constitucional. Las comunidades autónomas tienen competencia para la gestión de sus tributos propios y de los estatales cuya cesión no solo implica la recaudación, sino también las competencias para su aplicación. En concreto, se trata de los impuestos sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte.

Para ello, muchas comunidades han replicado el modelo de agencia que existe en el Estado, ya que la experiencia demuestra su eficacia como modelo organizativo para la gestión tributaria. Sin ir más lejos, así sucede en Andalucía, territorio poco sospechoso de tener un afán secesionista.

Por tanto, no es la creación de una Agencia Tributaria catalana lo que debe preocuparnos, sino el contenido con el que se le dote. Y, según el acto de su presentación pública, la aspiración del Gobierno catalán es que, en caso de que salga el sí en el referéndum del 10 –suponiendo que llegue a celebrarse–, esta agencia recaude la totalidad de los impuestos exigibles en Cataluña. Por tanto, estamos hablando, básicamente, de los impuestos sobre la renta, sobre el valor añadido y sobre sociedades, que quedan al margen de las competencias gestoras de las comunidades autónomas.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda ha hecho pública una nota en la que advierte a los contribuyentes de que las declaraciones por dichos impuestos presentadas y pagadas a la Administración catalana carecen de cualquier efecto. Se señala, además, que tal forma de proceder puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas e, incluso, penales.

Como puede comprobarse, el conflicto podría terminar afectando individualmente a ciudadanos y empresas que, como contribuyentes, podrían verse sometidos, hipotéticamente –la verdad, yo no creo que llegue a suceder– a dos Administraciones tributarias intentando ejercer su poder –uno legítimo, según nuestro actual marco normativo y otro, no– para la recaudación de los tributos. En esta situación, resulta difícil coincidir con el Ministerio de Hacienda en que la presentación equivocada de las declaraciones puede llegar a ser constitutiva de un ilícito penal. El delito fiscal exige dolo para su comisión y este no puede apreciarse en un estado de confusión administrativa como el que acabamos de describir. Pero, dicho esto, sí es cierto que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va a renunciar a liquidar y exigir los impuestos que le corresponden, pudiéndose producir situaciones de pagos duplicados y de conflictos con el ciudadano derivados de la falta de competencia de la agencia catalana.

Por tanto, el anuncio realizado no constituye una buena noticia para la economía de la comunidad autónoma, ya que el clima de negocios de cualquier territorio depende, en buena medida, de la seguridad jurídica que se ofrezca. Todo lo contrario al escenario que plantea el Gobierno catalán. En todo caso y por la vía de la recomendación, nada mejor que presentar y pagar los impuestos a cada una de las Administraciones en función de su competencia. Esto es, los principales tributos del sistema –como decíamos, IRPF, IVA e IS–, a la Administración estatal.

En todo caso y como he señalado, no creo que esta situación de duplicidad de Administraciones tributarias llegue realmente a plantearse. Por ello, resulta más útil realizar alguna reflexión para el día después, una vez que el conflicto, en sus manifestaciones de unilateralidad más graves, haya desaparecido. La financiación autonómica, como sabemos, es una de las asignaturas pendientes en la presente legislatura y sus aspectos administrativos forman parte de la reforma que, antes o después, deberá acometerse. Esto es, deberemos plantearnos si resulta conveniente incrementar las competencias de gestión de las comunidades autónomas, extendiéndola a tributos, como el IRPF, cuya recaudación se cede parcialmente. Esta ha sido, ya desde antiguo, una aspiración de Cataluña, que planteó en la negociación del actual sistema de financiación.

A mi juicio, la respuesta debe ser negativa, aunque con matices. La experiencia comparada muestra –Alemania es un caso paradigmático– que una Administración tributaria fragmentada es mucho menos eficaz en la aplicación del sistema tributario y, en particular, en la lucha contra el fraude. Entre otras cosas, porque también se fragmenta la información y nada garantiza que esta sea compartida a fin de que se puedan planificar correctamente las actuaciones inspectoras. Dichas tareas deben seguir realizándose de manera centralizada, si no queremos perder en términos de eficacia.

Ahora bien, y estos son los matices, la actual participación de las comunidades autónomas en los órganos de dirección de la Agencia Tributaria del Estado no es del todo satisfactoria. Se produce a muy alto nivel y con una capacidad de influencia y decisión en el área operativa muy limitada. Tal vez aquí sí exista algún margen de mejora para dar cabida a las aspiraciones de comunidades que, como Cataluña, quieren tener un mayor control sobre los ingresos que dotan su Hacienda. Creo que esta es la verdadera discusión relevante, lo que tenemos ahora, fuegos artificiales.

Jesús Rodríguez Márquez es socio F&J Martín Abogados. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UCM.

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La gran ‘Hacienda catalana’ | Opinion Home

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Autónomos: tengo que pagar el IVA y no tengo dinero. ¿Qué hago? | Autónomos

Los autónomos están obligados al pago trimestral del IVA que recaudan durante la emisión de sus facturas. Existen unas fechas fijas en las que afrontarlo. Sin embargo, el trabajador por cuenta propia puede encontrarse sin efectivo en ese momento, de manera que no puede hacer frente a dicha obligación. En muchas ocasiones, esta imposibilidad se deriva del impago, por parte de sus clientes, de esas mismas facturas. Hay que tener en cuenta que, en España, el periodo medio de pago se sitúa en torno a los ochenta días.

Según la Agencia EFE, nombrando a la empresa de facturación Billage, los autónomos pueden solicitar el aplazamiento de estas obligaciones, a pesar de las modificaciones legales que han tenido lugar en los últimos meses. Con esta opción, el autónomo se permite ir pagando el IVA a plazos, que previamente han sido acordados con la Agencia Tributaria. Eso sí, abonando el interés correspondiente que los Presupuestos Generales del Estado fijan.

Estas cantidades son más reducidas que los intereses que establecen las entidades bancarias, y cuentan con la ventaja de que los autónomos no tienen que aportar garantías en el caso de que no superen los 30.000 euros. Sin embargo, la Agencia Tributaria recientemente ha modificado su criterio respecto a los aplazamientos de IVA, advirtiendo que sólo los concederá en determinadas ocasiones.

Excepciones para pedir aplazamiento

Entre las excepciones contempladas sí será posible que, cuando el afectado presente cualquier medio válido en derecho, sirva para demostrar que el cliente que tenía que pagar el IVA al autónomo no lo ha hecho. Una vez que este aplazamiento se solicite pueden suceder dos cosas.

La primera de ellas es que el cambio sea concedido y el interesado no tenga que realizar más trámites. La segunda, que sea denegado a través de la inadmisión de la solicitud. En esta situación, la Agencia Tributaria marca que no se inicia un periodo voluntario de ingreso, sino que el autónomo entra en periodo ejecutivo. Es por ello que debe abonar el recargo ejecutivo de, al menos, el 5% del importe a ingresar.

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El 3,5% de contribuyentes más adinerados aporta el 36% de la recaudación por IRPF | Mi dinero

El IRPF es el tributo más importante por recaudación y es el que permite que el sistema fiscal español sea progresivo en su conjunto. Se trata de un impuesto que grava principalmente las rentas del trabajo y del ahorro. Los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria reflejan que el 40% de los contribuyentes del impuesto no llegaron a ganar 12.000 euros en la declaración presentada en 2016. Estos contribuyentes aportaron menos del 1%de la recaudación. En el otro extremo, los declarantes que ganaron más de 60.000 euros sumaron solo el 3,53% de los declarantes y aportaron el 35,7% de los ingresos por IRPF. Ello refleja el carácter progresivo del tributo. El grueso de declarantes se ubica entre los 12.000 y 60.000 euros de renta. Representan el 56,2% y son responsables de seis de cada diez euros que recauda el Estado por IRPF.

La aportación de las rentas bajas a la recaudación del impuesto se reducirá en los próximos ejercicios cuando se apruebe la medida pactada entre Ciudadanos y el PP. Ambos partidos acordaron exonerar del impuesto a los asalariados con nóminas hasta 14.000 euros. Actualmente, son las rentas inferiores a 12.000 euros quienes no deben abonar el impuesto.

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy asegura que pretende cumplir su compromiso electoral de rebajar el IRPF a todos los contribuyentes. Una medida que, en caso de salir adelante, se aprobaría al final de esta legislatura.

La crisis económica ha cambiado la demografía del IRPF. En 2007, por ejemplo, solo 102.678 contribuyentes presentaban rentas negativas. En cambio, en 2015, este colectivo sumaba a 677.396 personas. Las bases imponibles negativas se registran cuando el salario obtenido a lo largo del año es inferior a la reducción por rendimientos del trabajo o cuando las minusvalías superan las plusvalías. El desempleo y la crisis explican el incremento de los contribuyentes con rentas negativas.

Comparado con 2007, el número de personas que realiza la declaración de la renta ha aumentado un 4,2%. Sin embargo, este incremento se ha concentrado en la parte baja del impuesto. Los contribuyentes que no llegan a 12.000 euros al año alcanzan hoy los 7,2 millones de personas, un 7,8% más que antes de la crisis. Los declarantes entre 12.000 y 60.000 euros también han aumentado ligeramente un 2,5% hasta llegar casi a los once millones. Por último, el colectivo que gana más de 60.000 euros se ha reducido un 8% y suma hoy 687.904 declarantes. La crisis económica, por tanto, ha engordado el grupo de ciudadanos con rentas bajas. Aun así, si se compara con el ejercicio anterior, los datos reflejan que las rentas superiores a 600.000 se han incrementado un 13,2% respecto a 2014. Un signo de recuperación.

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La revolución tributaria iniciada con el SII | Mi dinero

Los economistas solemos insistir en la importancia que tiene la tecnología en el desarrollo económico. Los economistas clásicos como Marx, David Ricardo, Adam Smith, Schumpeter y, posteriormente, Solow o Schultz nos han trasladado la transcendencia que los cambios tecnológicos han supuesto en la comprensión, en la explicación del crecimiento de las sociedades modernas, las que se han colocado en los últimos siglos al frente de las economías avanzadas. Examinando la evolución de los factores esenciales de este desarrollo económico, como han sido el capital humano y la tecnología, esta última va a ser imprescindible para mantener a estas economías a la cabeza de las colectividades avanzadas social y económicamente, o desplazará de ese puesto de privilegio a aquellas que pierdan el ritmo de su aplicación y desarrollo. La tecnología es, sin duda, el futuro.

La productividad de una empresa, competir con ventaja en los mercados, ahora descansa principalmente en la utilización de la tecnología de última generación, la más vanguardista. En todos los sectores, aquellas empresas que quieren ser referencia en cuanto a su eficacia, dinamismo, presencia, prestigio, etc, han de embarcarse en una continua inversión tecnológica.

Si miramos al mundo tributario, no solo en España, sino en todos los países con tradición democrática, donde el pago de los impuestos es un deber de convivencia, la tecnología también ha revolucionado tanto la declaración y pago de los distintos tributos como su control. Si la presentación de los tributos por el sistema de autoliquidación y el envío de declaraciones con información de terceros con trascendencia tributaria, y de manera periódica, ha supuesto un cambio sin precedentes en la gestión tributaria, la aplicación de los avances tecnológicos, fundamentalmente los provenientes de la informática, ya ha cambiado, y cambiará más, el actual sistema de relaciones entre los contribuyentes y las Haciendas, así como el modo de trabajo interno, tanto en las administraciones tributarias como en las empresas.

En este sentido, la llevanza de los libros registro de IVA a través de la sede electrónica de la AEAT, el famoso Suministro Inmediato de Información tributaria (SII), es una muestra clara de cómo nos vamos a desenvolver en este ámbito. Enviar a la AEAT los datos fundamentales de las transacciones mercantiles entre los distintos intervinientes de la actividad económica en cuatro días –ocho en lo que resta de 2017– implica no solo imprimir una gran rapidez al envío de información tributaria a la Administración, sino que, además, conlleva una consecuencia, y yo así lo entiendo, que trasciende del mundo tributario y afecta a la limitada productividad –es lo que dicen los analistas económicos al respecto– del sistema económico del país en su conjunto, al obligar a las empresas, en general, a modernizar sus sistemas contables, tanto de facturación como de registro de operaciones.

En este caso, en buena parte a costa del esfuerzo y la inversión de empresas y despachos, la AEAT ha marcado una pauta de modernidad y de productividad que, ya sea por obligación o porque los tiempos no tienen pausa, está suponiendo un revulsivo para la evolución en la gestión empresarial de aquellos con tendencia a tomarse las innovaciones con cierta calma. Hay que darse cuenta de que se trata de transmitir la información, al menos en las grandes empresas, de máquina a máquina, sin que prácticamente intervenga la mano del hombre, por lo que los datos tienen que ser válidos de raíz, cuando se expide la factura, la nuestra o la que recibimos.

Esta mentalidad de cambio, de avance en este ámbito, presenta, sin embargo, ciertas lagunas que chocan con la deseada racionalidad, con las deseadas economías de escala y con el sentido común del sensato administrador público. A nadie se le escapa que en estos momentos nuestro país tiene tres administraciones con capacidad tributaria: la estatal, la autonómica y la local. Y tampoco pasa inadvertido, por lo menos en nuestro sector, que cada una de esas administraciones, y dentro de ellas, las de cada autonomía o Ayuntamiento, ha desarrollado plataformas distintas para la presentación de declaraciones, la gestión o la recaudación de los distintos tributos que controlan, aunque en algunos casos la información que se obtiene es básica para la recaudación de otras administraciones.

Mientras esto sucede aquí, en algunos impuestos ya se trascienden fronteras, ya se legisla para que, en las transacciones internacionales, cada país pueda ingresar lo que corresponde a su territorio y se intercambien información multilateralmente.

Lo que se está poniendo de relieve es que en unos ámbitos avanzamos a saltos y en otros vamos a gatas. Y si no, díganme, ¿cómo es posible que los pequeños y medianos Ayuntamientos no hayan desarrollado o implementado un sistema de recaudación de sus recursos, cuando se sabe la gran bolsa de recaudación que está en el limbo de los justos?; ¿cómo puede ser que haya que firmar un convenio con cada una de las autonomías, y diferente al que se ha de suscribir con la AEAT, para presentar declaraciones de tributos propios y cedidos de terceros en las diferentes comunidades autónomas?; ¿cómo podemos tener que seguir utilizando programas de ayuda diferentes para la presentación del impuesto sobre sociedades y para el depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil, cuando el núcleo de la información que necesitan ambos organismos es el mismo?; ¿o cómo puede ser que la autoliquidación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte solo pueda ser presentada electrónicamente a través de una plataforma privada o hacer una cola del siglo pasado?

En definitiva, que los cambios tecnológicos están cambiando las relaciones tributarias y en este proceso, seguramente por su rapidez, se producen asimetrías y desajustes que sufren contribuyentes y asesores.

¿Y el futuro? Casi no podemos vislumbrarlo. Si nos sorprenden los cambios que se han producido en los últimos 20 años, qué será de lo que resulte del big data, de la inteligencia artificial o de la computación cuántica. Si hablamos de las aplicaciones de la inteligencia artificial y de los robots en la industria o en los servicios médicos, ¿qué nos depararán en el trabajo de los despachos o en el control de los tributos? La verdad es que siendo t@d@s Hacienda, a t@d@s nos da vértigo.

Jesús Sanmartín es presidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas.

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Un amaño para pagar menos IRPF acaba costando 98.000 euros a una empresa | Legal

En un caso resuelto por el juzgado n.º 33 de Madrid el pasado mes de marzo, una empresa y el trabajador despedido en el acto de conciliación disfrazaron interesadamente la relación de alta dirección como ordinaria para eludir el pago del IRPF asociado a la indemnización por despido improcedente.

Tras ello, la Agencia Tributaria realizó liquidación en el IRPF del trabajador despedido al considerar que la indemnización fijada en el acto de conciliación se debía a la extinción de una relación contractual de alta dirección, la cual no estaba exenta del impuesto. El trabajador, además de abonar los más de 500.000 euros del pago del impuesto tuvo que pagar otros 98.638,74 euros de intereses de demora. Tras ello ejercitó una acción de reembolso contra la empresa ya que consideraba que la negociación de la indemnización se hizo en base a cantidades netas, libres de impuestos. Lo cual se opone a lo manifestado por la empresa que indica que las cantidades son brutas y que el único obligado tributario es el trabajador despedido.

La sentencia aclara que en el acuerdo firmado por las partes en el acto de conciliación no consta que la cantidad de la indemnización fuera neta. Y añade que incluso aunque así constara, el acuerdo sería contrario a la ley y por lo tanto nulo, ya que según se indica en la resolución “los elementos de la obligación tributaria no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”.

Sin embargo, el juzgado sí da la razón al trabajador en cuanto al reembolso por parte de la empresa de los intereses de demora. Tal y como señala la sentencia en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo, la obligación de retener y pagar a cuenta es autónoma de la obligación del pago del impuesto, y por esa razón la Administración Tributaria debe exigir al retenedor los efectos perjudiciales, – intereses y sanciones-, generados por no haberse practicado la retención o haberse practicado de modo cuantitativamente insuficiente. Todo ello, independientemente de que el incumplimiento de la empresa viniera motivado por un acuerdo con el trabajador despedido.

Para el juez no cabe duda de que la relación era de alta dirección porque además de contar el demandante con los más amplios poderes otorgados por el consejo de administración para la organización y toma de decisiones estratégicas en la empresa, pertenecía al comité de dirección y su cargo era el de secretario general. Por lo tanto, aunque es el trabajador el sujeto pasivo del impuesto en cuanto a sus rendimientos por su trabajo, y los salarios e indemnizaciones por alta dirección, es la empresa como pagador de las rentas por el trabajo quien está obligado a retener e ingresar a cuenta el impuesto.

En definitiva, la empresa fue condenada a resarcir al directivo con los intereses de demora abonados por éste, 98.638,74 euros, los cuales no se hubieran producido si la empresa hubiera cumplido con sus obligaciones de retener e ingresar a cuenta.

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Hacienda no ingresará ni un euro por el fichaje de Neymar | Mi dinero

El fichaje de Neymar por parte del Paris Saint Germain (PSG) se convertirá en la mayor operación jamás registrada en el mundo del fútbol. Sin embargo, de ello no quedará constancia en las arcas de Hacienda. Hay dos fórmulas principales para hacerse con los servicios de un jugador con contrato en vigor. Una es alcanzar un acuerdo entre los dos clubs y fijar un precio por la cesión. En este caso, la operación estará sujeta a IVA. Cuando no existe acuerdo entre las partes, la legislación contempla la posibilidad de abonar la cláusula de rescisión, una figura específica de la normativa española. En este caso, es el jugador a través de su futuro club quien abona un importe preestablecido para quedar libre.

Hasta 2016, Hacienda interpretaba que el dinero de la cláusula era una renta sujeta a IRPF y debía tributar como tal. Ello encarecía la operación. Por ejemplo, la cláusula de rescisión de Neymar suma 222 millones y, si esta interpretación estuviera vigente, el PSG debería abonar 440 millones para que el brasileño pudiera pagar la cláusula y el correspondiente impuesto. El elevado coste fiscal llevó a los clubes a buscar alternativas para sortear el pago de impuestos. Por ejemplo, el Bayern de Múnich prefirió abonar 20 millones al Barça por Thiago Alcántara en 2013 en lugar de pagar los 18 millones de su cláusula de rescisión. Le resultaba más rentable pagar más dinero que asumir el coste fiscal.

Sin embargo, todo cambió a partir del verano pasado cuando la Dirección General de Tributos emitió una resolución vinculante en la que modificó su postura. La DGT interpretó que el jugador que abona la cláusula de rescisión recibe una compensación del club que le pretende. Logra así una ganancia patrimonial que al instante se convierte en pérdida cuando realiza el pago al club para quedar libre. Tributos consideró que la operación debe entenderse como neutral en términos fiscales y estableció que los pagos de la cláusula de rescisión no están sujetos a IRPF.

Supone un cambio relevante y que beneficia a los clubes compradores. El PSG no abonará ni un euro a la Hacienda española por la operación, sin embargo, fuentes jurídicas indican que la operación sí que está sujeta a retención en Francia. Se considera que el dinero de la rescisión que el club facilita al jugador para pagar su cláusula es renta salarial. Francia es un país con un IRPF muy elevado y el PSG deberá hacer frente a una notable carga fiscal para que el sueldo neto del jugador alcance las cifras comprometidas y que algunas fuentes cifran en 30 millones de euros al año. Según Le Figaro, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social francesa ingresarán 300 millones de euros en cinco ejercicios. La Hacienda española solo obtendrá réditos de la operación en la medida en que el F.C. Barcelona ganará dinero con la venta y tributará por el impuesto sobre sociedades si cierra el año con beneficios. 

En el caso de que PSG y Barcelona hubieran llegado a un pacto, la compra estaría sujeta a IVA. Sin embargo, fuentes tributarias indican que teniendo en cuenta las reglas de localización, la operación se entendería realizada en Francia. En este caso, la equipo parisino se autorepercutiría el IVA para que la operación fuera neutral. Es decir, se devengaría y, al mismo tiempo, se deduciría el impuesto.

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Hacienda ha devuelto 7.315 millones de euros en la campaa de la renta | Economa

El ministrro de Hacienda, Cristobal Montoro.

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La juez archiva la investigacin por el amao del Levante-Zaragoza de la campaa 2010-2011 | Comunidad Valenciana Home

Leonardo Ponzio, ex jugador del Zaragoza, accede a la Ciudad de la Justicia de Valencia para prestar declaracin sobre el presunto amao.

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