Guarda los tickets porque los gastos escolares pueden desgravar: cuáles y dónde | Mi dinero

Las familias murcianas podrán aplicar una deducción en el IRPF de 100 euros por la adquisición de material escolar y libros de texto en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. Si no se es familia numerosa, en declaración individual, la suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro no puede superar los 15.000 euros. En declaración conjunta, el límite es de 30.000 euros.

Además, los contribuyentes podrán deducir el 15% de las cantidades satisfechas por gastos de custodia en guarderías y centros escolares de hijos menores de tres años, con un máximo de 330 euros en tributación individual y 660 euros en tributación conjunta. Uno de los requisitos es que ambos padres trabajen fuera del domicilio familiar. Que la base imponible general, menos el mínimo personal y familiar, sea inferior a 19.360 euros, en declaraciones individuales, e inferior a 33.880 euros en declaraciones conjuntas, siempre que la base imponible del ahorro, sea cual sea la modalidad de declaración, no supere 1.202,02 euros.

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¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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Un coronel de la Guardia Civil coordinará también a los Mossos para evitar el referéndum | Cataluña

Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sido nombrado este mediodía por la Fiscalía como “director técnico” para coordinar a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil en los operativos para evitar el referéndum del 1 de octubre.

Así lo ha comunicado este mediodía el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, a los mandos de todas las policías en una reunión en la que ya ha participado el coronel del Institutoo armado. Pérez de los Cobos era hasta ahora el responsable del despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña que hasta el momento se ha traducido con el envío de cientos de agentes a la comunidad autonóma.

Fuentes del Ministerio del Interior han negado que la decisión de la fiscalía suponga retirar a la Generalitat las competencias sobre la policía catalana, encargada del mantenimiento del orden público en la comunidad, y justifica la medida por la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos. Estas fuentes insisten que los Mossos mantendrán su total autonomía en el resto de las funciones que desempeñan.

La decisión llega tras una semana convulsa en la que la Fiscalía no ha ocultado su malestar por la actuación de los Mossos, a los que acusan de no cooperar con los dispositivos ordenados por las autoridades judiciales desplegados en los últimos días. El caso más notorio fue la entrada de la Guardia Civil en la sede del Departamento de Economía de la Generalitat, situado en la Rambla de Catalunya de Barcelona.

Allí, donde llegaron a congregarse miles de personas, fueron destrozados tres vehículos del cuerpo armado y los agentes del Instituto armado permanecieron asediados por los manifestantes dentro del edificio cerca de 24 horas. El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, se vio obligado a llamar la jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para que se habilitara un pasillo de seguridad por el que los guardias civiles pudieran abandonar el lugar.

Romero de Tejada ya anticipó sus intenciones hace unos días a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra. En el encuentro, el fiscal expresó su queja al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, por la poca implicación de la policía catalana para impedir 1-O. 

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Desafío independentista: Así son los tres cruceros en los que nadie robará ni los champús | Mercados

Cómo alojar a 5.000 personas durante dos semanas en una ciudad con la ocupación turística más alta del país, con un presupuesto limitado y sin mucha antelación. Ante este problema se encontró el Ministerio del Interior cuando decidió trasladar a más de 5.000 operativos de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña por la ofensiva independentista del uno de octubre. Y la solución llegó por mar desde Italia: Tres buques híbridos entre cruceros y ferris que ya están amarrados en puertos catalanes.

Se desconoce el coste de este despliegue, ya que ni las compañías italianas que han facilitado las embarcaciones al Gobierno ni Interior han querido dar datos al respecto. Otras navieras consultadas desconocen las tarifas que se pueden aplicar ya que no ofrecen un servicio de “alquiler”.

Eso sí, el ministerio puede evitar pagar los costes de amarre ya que bajo el artículo 171 de la ley de Puertos, los buques de Estado están exentos del pago de tasas. Aunque estos buques estén bajo bandera privada italiana, al ser requeridos para un uso oficial pueden acogerse a esta regla. Esta exención permitiría a Interior ahorrarse alrededor de 37.000 euros en gastos de amarre, practicaje o de recepción de residuos.

Hasta el cinco de octubre estos cruceros serán el hogar de 5.000 policías divididos en alrededor de 1.500 camarotes en tres embarcaciones en las que pasarán la noche y comerán: el GNVRhapsody, el GNV Azurra y el Moby Dada. Las tres embarcaciones pertenecen a dos compañías italianas, Grandi Naviere Veloci y Moby. 

El Rhapsody es el más nuevo de todos y el que más comodidades tiene. Se construyó en 1996y puede albergar a 2.448 pasajeros. También es el más grande, con 161 metros de eslora (largo) , 38 de manga (ancho) y 38.000 toneladas de peso. En el Rhapsody hay una piscina, un restaurante, una sala infantil, sala de lectura, sala de juegos, centro comercial y hasta una capilla. 

No está claro si los huéspedes temporales podrán hacer uso de todas las instalaciones ya que las directrices dependen del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado sobre el tema.
El GNV Azurra baja un escalafón en cuanto a extras se refiere. No cuenta con piscina, sala de juegos ni sala de lectura, por ejemplo. Fue construido en 1980 y es 8 metros más largo que el Rhapsody, pero 14 más estrecho. En él podrán alojarse hasta 2.180 policías distribuidos en 518 camarotes.

El último, y el que más sorna ha levantado entre los internautas y curiosos en los últimos los días, es el Moby Dada. Un buque de 34.000 toneladas, en el que caben 1648 personas, adornado con los personajes de los Looney Tunes de la Warner. Piolín, Silvestre y el Demonio de Tasmania lucen en la “fachada” de la improvisada morada de los miembros de la policía nacional desplazados. El Rhpasody y el Moby están amarrados en el puerto de Barcelona, y el Azurra en Tarragona.

Con la llegada de las embarcaciones a Cataluña comenzó la polémica. Los estibadores se negaron a prestar servicios a los buques, cuando en un principio este gremio no opera en cruceros. Entre el personal del puerto de Barcelona hay ideas de todos los gustos, según un trabajador del mismo, que hace hincapié en que el ambiente que se vive es festivo a pesar de las diferencias.

Más policías para el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó este viernes que el Ministerio enviará más operativos para hacer frente al desafío independentista por las “movilizaciones tumultuarias que se están produciendo”.  

Los efectivos desplazados cumplirán labores de “vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán si se mantuviera el referéndum ilegal”, declaró Zoido.
Los policías cobrarán entre 40 y 110 euros por día en dietas. Los que pernocten en hoteles recibirán 80 euros, los que hagan lo propio en cuarteles, 110, y 95 será la cantidad asignada para los que sean acomodados en los buques. Los que ya estén destinados en Cataluña cobrarán 40 euros.

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Por qué los catalanes pagan los impuestos más altos | Mi dinero

La idea de que los catalanes pagan más impuestos que el resto y reciben menos ha calado en Cataluña. Es uno de los argumentos que más ha utilizado el movimiento independentista, especialmente en los inicios del procés, cuando Artur Mas recibió un portazo de Moncloa a su propuesta de pacto fiscal. ¿Es cierto que los catalanes pagan más que el resto? La respuesta es sí. Se dirá, y con razón, que Cataluña es una comunidad rica y, por lo tanto, es lógico que en un sistema fiscal progresivo contribuya más que, por ejemplo, Extremadura, la región con la mayor tasa de paro y menor PIB per cápita. Sin embargo, si la comparación se realiza sobre bases imponibles idénticas, también los datos dicen que se tributa más bajo el paraguas de la Generalitat. Es decir, una renta baja en Cataluña paga más que una renta baja de otra comunidad autónoma. Cuando un catalán cobra una nómina, compra una vivienda, firma una hipoteca, alquila una casa, posee un patrimonio o pone gasolina abona más impuestos que la media de españoles.

Ello es así porque la Generalitat de Cataluña ha utilizado su capacidad normativa para elevar los tributos más que el resto de Gobiernos autonómicos. Para unos, ello simplemente refleja la mala gestión de una de las comunidades autónomas con un mayor nivel de deuda pública y que ha registrado las cifras más elevadas de déficit público. La Generalitat, en cambio, asegura que su mayor fiscalidad relativa es la consecuencia de la infrafinanciación que sufre. Los datos del Ministerio de Hacienda reflejan que los recursos que recibe Cataluña están por debajo de la media, algo que también sufre Madrid o la Comunidad Valenciana.

Más información sobre el conflicto catalán

El IRPF es el tributo más relevante por recaudación y en el que las diferencias fiscales entre comunidades afectan a un mayor número de contribuyentes. El Gobierno tripartito de José Montilla fue pionero en 2010 en elevar la parte autonómica del impuesto a las rentas altas, una medida que después siguieron otras comunidades. La medida afectó a sueldos a partir de 100.000 euros. Este tipo de decisiones son celebradas por los partidos de izquierda, pero su impacto recaudatorio es bajo por el simple hecho de que el número de contribuyentes afectados es reducido.

Sin embargo, actualmente, las diferencias tributarias en el IRPF no se limitan a las rentas elevadas como sucedía años atrás. Hoy, el sobrecoste fiscal para los salarios bajos o medios ya es significativo. De hecho, Cataluña no es la comunidad con un IRPF más elevado para los ricos, sino que se caracteriza por mantener la mayor presión fiscal sobre las rentas bajas y medias.

Un salario medio, que según el INE asciende a 22.858 euros, paga 3.187 euros por IRPF en Cataluña frente a los 3.024 euros de media. Suponen 163 euros más, un importe que ya es relevante para este nivel de renta. En comparación con Madrid, un trabajador que cobra el salario medio paga 226 euros más por IRPF, un 7,6% más. Así, a igual sueldo bruto, el salario neto que entra en la casa de un residente en Cataluña está por debajo de la media. Para todos los tramos de renta, la presión fiscal sobre el trabajo es mayor en Cataluña que el promedio.

La Generalitat es responsable de esta situación. Cataluña es la única comunidad autónoma que no ha reformulado el tramo autonómico del impuesto tras la reforma fiscal que entró en vigor en 2015 y que supuso una reducción del número de tramos y de los tipos impositivos en la parte estatal. El impuesto sobre la renta está cedido en un 50% a las comunidades autónomas, que tienen capacidad para modificar los gravámenes y los escalones del tributo. En la negociación entre el PDeCAT y la CUP se valoró un nuevo incremento a las rentas altas, que finalmente no se aprobó, pero pasó totalmente desapercibido el hecho de que no tocar los tramos bajos del IRPFcondenaba a las trabajadores con peores nóminas a pagar más que en el resto de autonomías.

En prácticamente todos los tributos en los que la Generalitat tiene competencia, Cataluña aplica gravámenes superiores a la media. Cuando un contribuyente adquiere una vivienda debe abonar el IVAsi es de nueva construcción y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) si es de segunda mano. Las comunidades tienen competencia sobre el ITP. Cataluña fue de las primeras comunidades en subir este impuesto. Actualmente, el gravamen asciende al 10%. Esto significa que por la adquisición de una casa de 300.000 euros ubicada en Cataluña, el comprador abona 30.000 euros por ITP. La misma cifra que en Galicia o la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades, la cifra es inferior. Madrid es la región que mantiene un gravamen más bajo, del 6%. Implica que, fiscalmente, comprar una casa de 300.000 euros en Madrid es 12.0000 más barato que en Cataluña. A partir de este año y por exigencias de la CUP, Cataluña fijó un gravamen incrementado del 11%para las viviendas que superan el millón.

Formalizar la escrituración de una casa o cerrar un préstamo hipotecario conlleva abonar el impuesto de actos jurídicos documentados, sobre el que las autonomías tienen competencia. En este caso, Cataluña nuevamente aparece como una de las comunidades que aplican un gravamen mayor. En el impuesto sobre hidrocarburos, la Generalitat mantiene el tipo en el nivel más alto permitido, algo que también sucede en Galicia, Andalucía, Asturias, Valencias, Castilla-La Mancha y Baleares. Madrid se sitúa en la zona baja.

El impuesto sobre sucesiones es el único tributo sobre el que la Generalitat tiene competencia y que se encuentra por debajo de la media. En el resto, se sitúa por encima.

La tendencia natural en Cataluña es compararse con Madrid, el otro gran polo económico de España y, en el ámbito tributario, siempre sale mal. En todos los tributos, un catalán paga más que un madrileño. Madrid ha mantenido una política fiscal totalmente opuesta a la catalana y ha bajado los impuestos en todos los tributos sobre los que tiene competencia. Además, es la única comunidad que no aplica el impuesto sobre el patrimonio. Un contribuyente que tenga una riqueza neta de cuatro millones de euros abonará en Cataluña 41.943 euros por Patrimonio y no pagará nada en Madrid. Además, el impuesto sobre el patrimonio se aplica allí donde reside al contribuyente, con independencia del lugar en el que se ubiquen los bienes. Es decir, uno puede tener inmuebles en el Paseo de Gracia de Barcelona, pero si vive en Madrid estará exento del tributo. Si bien las estadísticas no permiten afirmaciones contundentes, los expertos fiscales sí que aseguran que se producen cambios de residencia por motivos tributarios.
El argumentario independentista señala que una Cataluña independiente gozaría de una presión fiscal menor porque recaudaría directamente los tributos que ahora ingresa el Estado y de los que transfiere una parte a las autonomías.

Sin embargo, Madrid también es una comunidad rica, que aporta más de lo que recibe a la caja común y mantiene los tributos más bajos de España. Desde la Generalitat rechazan estas comparaciones y aseguran que el efecto capitalidad aporta a Madrid unos ingresos extra que le permiten bajar impuestos ¿Podría Cataluña mantener esa misma política fiscal? Las mayores subidas tributarias aprobadas en Cataluña se realizaron durante el tripartito formado por los partidos de izquierda: PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Cataluña. Y los Gobiernos de Convergència primero y PDeCAT después, han estado sustentados por partidos de izquierda que se oponen a una política fiscal de corte liberal.

Que Cataluña haya sido la única comunidad que no ha actualizado su IRPF y, por lo tanto, castigue a las rentas bajas no es culpa del Estado. La idea de que una Cataluña independiente mantendría tributos más bajos es indemostrable y dependería en buena medida de quien gobernara. Si la CUP, por ejemplo, siguiera teniendo la llave de las mayorías en el Parlamento, parece improbable que Cataluña destacara por mantener una baja presión fiscal.

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Referéndum: Cataluña: cuando la política se divorcia del derecho | Mercados

Los acontecimientos de las últimas semanas, y muy particularmente los acaecidos desde que el miércoles por la mañana la Guardia Civil realizara detenciones y registros en varias dependencias de la Generalitat, están contribuyendo a un aumento de la tensión en Cataluña, que puede terminar en episodios de violencia. Así las cosas, no es extraño escuchar que debe darse paso a la política, para alcanzar alguna solución que permita reconducir la situación para evitar males mayores.

De entrada, es preciso subrayar que quienes insisten en este dar paso a la política parecen tener un concepto algo extraño de la misma. Si bien es cierto que el Derecho no agota la política, también lo es que abrir la puerta a la política al margen del Derecho conlleva unos riesgos que deben tenerse en cuenta, riesgos tanto mayores cuando quien ha vulnerado el orden jurídico –y al que la política entendida como una especie de pacto debería venir a rescatar– es quien más obligado estaba, por su posición institucional, a respetarlo.

En este sentido, flaco favor hace a la política como método civilizado de ordenar la convivencia el sostener que, cuando quien desde las instituciones públicas anuncia la comisión de varios delitos con explícito desprecio a la Constitución, al Estatuto y a los tribunales, hay que dejar de aplicar el ordenamiento jurídico si puede movilizar en la calle a un número suficiente de manifestantes.

Consagrar un espacio de impunidad para aquél que desde el poder y con dinero público puede controlar la calle no se me antoja un camino adecuado para alcanzar los acuerdos pacificadores que, según esta visión estrecha de la política, permitirían resolver la crisis actual. En efecto, así se estaría trasladando a quienes han generado el problema un mensaje muy sencillo: hay incentivos para intentar romper la democracia constitucional, pues las alternativas son o bien éxito, o bien ausencia de consecuencias jurídicas y vuelta a la posición de partida.

Ahora bien el Derecho no agota la política, y corresponde a esta mostrar, de un lado, las razones (políticas, pero también morales) de una determinada ordenación jurídica; y de otra, apuntar a soluciones para cuando puedan afrontarse, desde la tranquilidad, los problemas que aquejan a la estructura del Estado.

En primer lugar, siendo cierto que no puede haber Estado de Derecho sin cumplimiento de la ley, debe explicitarse continuamente que la norma cuyo cumplimiento quiere asegurarse –en este caso, la que prohíbe celebrar un referéndum como el proyectado por Puigdemont– recoge tal prescripción por razones políticas y morales, no siendo simplemente resultado de una voluntad arbitraria.

Un referéndum de secesión no es una consulta por medio de la cual los electores se pronuncian sobre si una determinada región sigue formando parte de un Estado o no. Consiste en someter a la decisión de la mayoría el estatus de ciudadano de parte de la población, pues una hipotética ruptura de la unidad estatal convertiría en extranjeros a los habitantes del territorio afectado. De tal modo que cuando una norma prohíbe celebrar referenda de esta naturaleza lo que está es, simplemente, recordando que no existe el derecho a convertir en extranjeros a parte de los conciudadanos.

No sólo eso; impedir un referéndum de este tipo implica afirmar una regla básica de ética política, como es la de la reciprocidad. Todos los que intervienen en una discusión de carácter político deben atenerse a las mismas reglas, como presupuesto para poder exigir a la otra parte el cumplimiento de lo acordado. Pues bien, esto es lo que obvia un referéndum de secesión: por un lado, porque una parte debe asumir que su comunidad política es divisible, sin que se imponga esta carga a la otra (en nuestro caso: España es divisible, Cataluña no); por otro, porque una victoria del No siempre es temporal (hasta la próxima consulta) mientras que la del Sí es definitiva.

Curioso método de resolver controversias aquel que, desde el comienzo del debate, desequilibra claramente las posiciones de quienes participan en el mismo, imponiendo una intolerable asimetría en las reglas de la discusión. Asimetría que se ve agravada por el hecho de que, precisamente por ser la victoria del No una cuestión meramente temporal, no sirve para resolver el problema; salvo que se trate de establecer, sin decirlo claramente, que se pretende forzar una situación en la que el único resultado que zanja la cuestión es el que permite la ruptura, aun al precio de –por el camino– privar de sus derechos de ciudadanía a parte de la población.

Obviamente ello no quita que, una vez afirmado el orden jurídico y el sometimiento de todos al Derecho, sea necesario repensar a fondo nuestra vida en común y el modo de articularla jurídicamente. Pero esta política debe descansar, a mi entender, en una serie de presupuestos que tienen también su justificación moral: la igualdad de derechos de todos los españoles, el permitir a las instituciones comunes realizar sus funciones en beneficio de toda la comunidad política, y asegurar que todos los poderes –también los que expresan la pluralidad de España– ejercen sus competencias sirviendo a todos los ciudadanos y no tratando de construir una identificación nacional de base romántica.

En consecuencia, no se trata de una dicotomía entre derecho y política, sino que la política exige mostrar las razones morales del derecho y actuar en consecuencia.

Pablo Nuevo López es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU

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¿Por qué se ha denegado el ‘habeas corpus’ a los detenidos por el referéndum de Cataluña? | Legal

Uno de los muchos términos jurídicos que nos está enseñando el desafío independentista es el de ‘habeas corpus’, un recurso que fue invocado por buena parte de los detenidos en el marco de la operación policial seguida por organizar el referéndum de Cataluña. Se trata de una figura muy conocida y empleada por la mayoría de los delincuentes en el momento de su detención, porque es una manera de que el juez les escuche rápidamente y pueda resolver su situación en menos tiempo.

El ‘habeas corpus’ consiste en un procedimiento especial, recogido en la Constitución (artículo 17) y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, dirigido a la inmediata comparecencia ante el juez de una persona detenida para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. Es rápido, porque finaliza en veinticuatro horas; sencillo, por ser accesible a todos los ciudadanos; general, de modo que se puede solicitar por un amplio elenco de personas, y universal, porque permite ver tanto las detenciones ilegales como las que, siendo inicialmente legales, se prolongan o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la ley.

¿Y por qué lo puede rechazar un juez?

Para decidir un ‘habeas corpus’, el juez debe valorar, en primer lugar, si concurren los supuestos legales y las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 17 de la Constitución y por la norma procesal penal (artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En segundo lugar, debe determinar si las personas están lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, es decir, si se cumplen los requisitos legales para internar a una persona. Además, se tiene que constatar si aún no ha transcurrido el plazo máximo legal de 72 horas para que el detenido sea puesto a disposición judicial. Y, por último, si se han respetado los derechos comprendidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución y de las leyes procesales (artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Si estos requisitos se cumplen, la detención es legal y el ‘habeas corpus’ se desestima. Así lo han entendido los jueces de Barcelona y Martorell, que han rechazado todos los presentados por los detenidos por la convocatoria de referéndum en Cataluña. Es importante saber, además, que contra esta decisión judicial no cabe recurso.

¿Cómo se tramita?

El ‘habeas corpus’ se solicita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Pueden pedirlo el fiscal, el defensor del pueblo, el detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y, en caso de menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. También puede iniciarlo de oficio el propio juez.

No se habilita por lo tanto al abogado del detenido, por lo que éste tendrá que convencer a su representado o familiares, de la necesidad de la interposición del ‘habeas corpus’ para poder hacerlo.

Puede solicitarse por escrito o por comparecencia y el agente de la autoridad o funcionario debe poner en conocimiento del juez esta solicitud, que la traslada al fiscal, y si cumple los requisitos admitirá a trámite el proceso y ordenará la inmediata comparecencia ante él del detenido o, si no, irá el al lugar donde se encuentre. El juez escuchará al detenido -representado por su abogado, si lo ha nombrado, aunque, como ya se ha apuntado, no es obligatorio-, al fiscal y al funcionario que procedió a la detención. Valorará las pruebas que se aporten y resolverá en el plazo de 24 horas.

Si el juez considera que la detención es legal, se deniega el ‘habeas corpus’ y la persona continúa en prisión. Además, si ha habido temeridad o mala fe por parte del detenido este deberá hacerse cargo del coste de este proceso.

Si el juez entiende que la detención es ilegal acuerda la inmediata puesta en libertad del detenido y si entiende que ha transcurrido el plazo legal máximo de detención acuerda su inmediata puesta a disposición judicial. Puede también decidir que continúe detenido pero en otro centro o bajo la custodia de personas distintas.

Por último, hay que tener en cuenta que, en caso de concederse el ‘habeas corpus’, se perseguirán también los delitos que hayan podido cometer las personas que hayan procedido a la detención declarada ilegal.

Para saber más sobre el concepto ‘habeas corpus’ consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer.

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El recelo del PNV deja en el aire la rebaja del IRPF y la mayor baja por paternidad | Mi dinero

En mitad del clima enrarecido y crispado por el proceso soberanista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Un trámite que se prevé tortuoso. De hecho, Hacienda ha modificado el calendario previsto y ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy la aprobación del Presupuesto. Se busca ganar tiempo para acercar posturas.

El PNV, que apoyó las cuentas del ejercicio en curso, se ha mostrado reacio a ceder sus votos y ha criticado la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis política abierta en Cataluña. También el procés ha sido clave, pero en sentido contrario, para acelerar el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos. La formación naranja ha querido confirmar su apoyo a las cuentas para dar una imagen de estabilidad.

Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha negociado medidas como incluir una rebaja del IRPF. En concreto, las cuentas contemplarán que los asalariados que ganan menos de 14.000 euros al año no tributen por IRPF. Actualmente, la exención se limita a quienes cobran hasta 12.000 euros. Para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros se fijará una reducción tributaria que aún no se ha concretado. También en el ámbito del IRPF, se ampliarán las bonificaciones y ayudas para las familias con hijos. Y el compromiso es bajar el IVA de las entradas de cine del 21% al 10% en 2018.

Ciudadanos cerró este pacto de la rebaja del IRPF en junio, tras sortear la negativa inicial del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro era partidario de posponer a final de legislatura la reducción fiscal.

Ahora, el acuerdo para apoyar el Presupuesto también incluye elevar una semana hasta las cinco el permiso de paternidad. Ya el año pasado se amplió dos semanas. Rivera, que compareció ayer en el Congreso, señaló que entre los compromisos también se ha incluido la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. 

El presidente de Ciudadanos también aseguró que se incluirán ayudas de guardería para las familias con hijos entre cero y tres años y prometió inversiones para el Corredor Mediterráneo. En total, Rivera estimó que el pacto entre PP y C’s ascenderá a 8.000 millones de euros. “Si se cumplen, Ciudadanos dará luz verde a los Presupuestos”, dijo. 

En cualquier caso, el pacto con Ciudadanos se daba por hecho. Las cuentas del año pasado salieron adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La clave será la negociación con los nacionalistas vascos, que ya arrancaron el año pasado una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses del País Vasco.

La posibilidad de que el Presupuesto no salga adelante es real y podría acelerar la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que este escenario no es deseable en un contexto como el actual, en el que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detenidos y el movimiento independentista llama a una manifestación permanente.

Si no se produce un Consejo de Ministros extraordinario, será el viernes 29 de septiembre cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, que deben ser remitidos al Congreso antes del 1 de octubre. Ello significa que podría habilitar el sábado 30.

El pasado julio, los Presupuestos ya sortearon su primer trámite parlamentario cuando el Congreso aprobó el techo de gasto para 2018 con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias. El límite de gasto no financiero se fijó en 119.834 millones, un 1,3% más que el ejercicio anterior. El incremento es inferior a la evolución prevista del PIBnominal y, por ello, Hacienda mantiene que son unos Presupuestos austeros.

España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público hasta el 2,2% del PIB, lo que supondría cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE por primera vez en una década. Se trata de un reto exigente, aunque es cierto que en el momento en el que se baja del entorno del 3%, los posibles desvíos se consideran más aceptables tanto por Bruselas como por los mercados.
La deuda pública, que ronda el nivel del 100%, también debe mantener una senda descendente. Según los objetivos de estabilidad, el pasivo se situará en 2018 en el 97,6% del PIB para caer hasta el 92,5% en 2020. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la contención del gasto son las variables que permitirán reducir la deuda.

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Cataluña: La Generalitat vuelve a informar a Hacienda de sus gastos semanales | Mercados

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas coercitivas adoptadas después de que la Generalitat desoyera el ultimátum de 48 horas que impuso el Ejecutivo central en el último Consejo de Ministros. El responsable de las cuentas públicas sorprendió al anunciar que Hacienda recibió esta mañana el informe semanal de los gastos de la Generalitat, una de las condiciones que se impuso en julio para controlar que no se destinaran recursos al referéndum independentista del 1 de octubre. De hecho, fue el vicepresidente Oriol Junqueras quien anunció la semana pasada que la Generalitat ya no se sentía vinculada a las órdenes del Gobierno y dejaba de informar al Gobierno. Aun así, fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que el envío de la información de los gastos mensuales no modifica el bloqueo presupuestario vigente. La Generalitat debería renunciar al proceso soberanista para que Hacienda devolviera la gestión económica a las autoridades catalanas.

El Gobierno de Mariano Rajoy, basándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ordenó el pasado viernes a la Generalitat a aprobar un acuerdo de no disponibilidad y exigió que las autoridades catalanas informaran de las deudas pendientes de pago.

La Generalitat no respondió a las exigencias del Gobierno y Montoro ha firmado hoy una nueva orden ministerial que se publicará el jueves en el BOE y que supone la intervención total de las cuentas catalanas. En concreto, Hacienda acuerda el cierre del Presupuesto de la Generalitat, que en la práctica supone que no se podrán adquirir nuevas deudas a partir de ahora y que solo se asumirán gastos con respaldo presupuestario. Además, el mando pasa a manos del departamento de Hacienda, que se ha comprometido a abonar las deudas pendientes de la Generalitat ligadas a los servicios básicos.

Montoro avisó de que las medidas coercitivas aprobadas tienen carácter indefinido y se mantendrán hasta que la Generalitat cumpla con sus compromisos. Montoro defendió que el escenario no puede compararse con el artículo 155 de la Constitución Española porque las competencias de la Generalitat no han sido anuladas, aunque el control de la tesorería pasa a manos de Hacienda. 

El ministro de Hacienda aseguró que espera que la Generalitat de Cataluña informe de las obligaciones pendientes para que el Estado pueda pagar a proveedores y funcionarios. Montoro aseguró que el Gobierno trabaja en mecanismos para garantizar el pago de las nóminas de los empleados públicos. Sin embargo, no dio detalles. A pesar de la situación de excepcionalidad y de que los colaboradores directos del vicepresidente y consejero de Hacienda, Oriol Junqueras, han sido detenidos, Hacienda espera que la Generalitat colabore en este punto para facilitar el ingreso de los sueldos públicos. “No estamos asumiendo competencias, sino que estamos garantizando gastos”, repitió Montoro.

La Generalitat de Cataluña está estudiando facilitar los datos de las nóminas para que sean abonadas por el Estado. El Ejecutivo ha bloqueado las entregas a cuenta que periódicamente abona con cargo al sistema de financiación y que suponen en torno a 1.400 millones al mes. Sin ese dinero, la Generalitat ve totalmente mermada su capacidad de decisión.

Los representantes de PDeCAT, ERC y Podemos aseguraron que el Gobierno está incumpliendo su propia normativa y que la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla la intervención de las cuentas, pero exige una serie de requisitos y avisos previos que el Gobierno se ha saltado. Denunciaron que una orden ministerial no puede ser el sustento legal que permita a Hacienda tomar el control de las cuentas públicas.

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“La digitalización va a revolucionar el trabajo de los funcionarios” | Tendencias

Creemos que se puede eliminar el 25% de las horas de trabajo que realizan los empleados públicos. La digitalización y automatización de tareas hace que los funcionarios ya no tengan que hacer según qué cosas, como rellenar formularios u ordenar archivos. Es mejor dedicar ese tiempo a actividades que aporten más valor”. William D. Eggers (Chicago, 1967) tiene muy claro que el sector público necesita una reforma en profundidad. Y que las nuevas tecnologías la van a hacer posible. “La digitalización va a propiciar grandes cambios en la función pública en los próximos tiempos”.

Una de las consecuencias de ese cambio será una reordenación de la masa laboral. “Hay que retirar gente de las actividades manuales y pasarla a las digitales. Esto no es una novedad: llevamos un siglo haciéndolo. En los años 50, la gran mayoría de empleados públicos se dedicaba a mecanografiar documentos. Con el tiempo se fueron sustituyendo esos puestos de trabajo por otros que requerían personal con mejor formación, que aportaban más valor y se pagaban mejor. Ahora estamos en las mismas”, asegura este experto en administración pública, responsable de investigación en sector público de Deloitte y autor de una decena de libros sobre la transformación digital de los gobiernos. “Le aseguro que la digitalización y automatización crearán nuevos empleos que antes no existían. Todos los responsables públicos con los que he hablado en España me han dicho que no tienen gente suficiente con experiencia digital”, señala.

Eggers sostiene que los gobiernos deben volcarse en la digitalización de los servicios de la misma forma que lo hacen las compañías privadas. La Administración ganará así eficiencia y reducirá costes, mientras que los ciudadanos mejorarán su experiencia de uso. Uno de los ejemplos que cita son los sistemas de aviso incidencias por fotografía que han puesto en marcha muchos ayuntamientos de todo el mundo, como el de Córdoba en el caso de España. Basta con enviar desde el teléfono una imagen de una farola dañada para que el consistorio sepa que la tiene que reparar. “Desde el transporte hasta la educación, la sanidad o el medio ambiente, todas las áreas son susceptibles de ser mejoradas gracias a las herramientas digitales”, sentencia Eggers.

Estonia es, en opinión de este experto, el espejo en el que se deberían ver el resto de países. “Casi todos sus servicios se pueden hacer online. Nunca tienes que darles tus datos más de una vez; se tarda unos 8 minutos en pagar los impuestos y unos 15 en montar una empresa. Han decidido que, en tanto que país pequeño que quiere promocionarse, quieren convertirse en una referencia mundial en gobierno digital”. En Helsinki han decidido hacer lo posible para que la gente no tenga la necesidad de tener coche en propiedad para 2025. “Están combinando los servicios de compañías como Uber con los de carsharing y la oferta de transporte público, agregándolo todo en una app pública que te organiza los trayectos”, ilustra.

Aunque haya países capaces de poner en marcha proyectos tan avanzados como los citados, la prioridad a corto plazo debe ser acabar con el papel. ¿Por qué resulta tan complicado para algunos países digitalizar la burocracia? “Hace falta, ante todo, decisión política. También adoptar una estrategia adecuada, que debe ser consistente en el tiempo. Y poner en marcha departamentos de digitalización y responsables (chief digital officer, CDO) con poder real”, explica. Indicar a los gobiernos cómo dar esos pasos es a lo que dedica la mayor parte de su tiempo Eggers. En el fondo se trata de un cambio de mentalidad. “Hay que rediseñar los procesos. No puede ser que tengas que leerte documentos de diez páginas en el teléfono para hacer un trámite, esas cosas tienen que cambiar”, opina.

La experiencia dice que la digitalización de procesos abre la puerta no solo a la participación de la ciudadanía, sino a la cocreación de servicios. “Con el diseño correcto se pueden hacer muchas cosas. Mire el ejemplo de Waze: la gente informa de cómo está el tráfico, lo que beneficia a la comunidad. ¿Por qué no hacer fotos de grafitis o de mobiliario urbano estropeado para comunicárselo al Ayuntamiento sin hacer trámites farragosos? Lo mismo debería suceder para reportar un crimen, avisar de que hay carreteras poco seguras o alertar de otras incidencias”, arguye Eggers.

¿Llegará el día en que el smartphone sea el instrumento que nos comunique con la Administración? “El contacto humano sigue siendo útil para varias casas. Pero creo que llegaremos a que sea posible tener casi cualquier interacción a través de canales online. También lo haremos con robots, sin duda, ya sean chatbots u otro tipo de máquinas o dispositivos. Probablemente sea más barato darle teléfonos inteligentes a quienes no tengan que mantener abiertas oficinas físicas para atenderlas”.

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