27 de marzo, el día en que Popular pudo ya morir | Compañías

Banco Popular sufrió varios infartos antes de morir en la madrugada del 6 al 7 de junio, tras su intervención por parte de la Junta Única de Supervisión (JUR). Eso es al menos lo que mantienen varias fuentes financieras conocedoras de la delicada situación que atravesó la entidad antes de su muerte definitiva. Tanto es así que ya en su junta de accionistas, celebrada el 11 de abril, Popular ya era un banco zombi. No tenía más futuro que su venta inmediata.

“No había tiempo ni si quiera para ser asistido con una ampliación de capital”, explican las mismas fuentes, aunque reconocen que se intentó una a toda prisa, y ya había fecha para llevarla a cabo, el 12 de junio, y una cantidad, unos 4.000 millones de euros que Barclays y Deustsche Bank habían reconocido por carta que podían conseguir. Pero ya era tarde. La carta llegó entre el 3 y 5 de junio. Varias fuentes consultadas aseguran que Emilio Saracho ya era consciente de que la ampliación era prácticamente imposible llevarla a cabo , pero había que intentarlo.

Estas mismas fuentes explican que el 27 de marzo creían ya que el banco saltaba por los aires. Ese día fue cuando el comité de riesgos y el de auditoría, encabezados por dos consejeros que acababan de aterrizar en la entidad, Antonio González-Adalid y Carlos González Fernández, respectivamente, confirmaron que había un desfase en las cuentas del banco de 2016 de algo más de 600 millones de euros, entre tres partidas. Este desajuste fue comunicado a Pricewaterhouse (PwC), auditor que no había detectado este descuadre.

Lo primero que planteó la auditora, al parecer bastante preocupada, fue comunicárselo a la CNMV. Y así se hizo. Entonces se abrió un intenso debate en el consejo de administración del banco y con el auditor. Y se procedió a un análisis a fondo de las cuentas de 2016.

Era una cantidad que en otras circunstancias y en otro banco no hubiera inquietado. “No es la primera vez que una empresa debe corregir sus cuentas de un año anterior”, explica un experto. “Si la cantidad es pequeña se comunica a la CMNV y se corrige y normalmente queda en eso”, añade. Otra cosa es si la cantidad es elevada. “Entonces hay que hacer una reformulación de cuentas y eso no gusta a nadie. Además, hay que convocar consejo y junta para aprobar las nuevas cuentas. En el caso de que la corrección aun siendo pequeña afectase al 5% del monto de resultados del año y que el efecto sobre el patrimonio no supere una horquilla de entre el 2% y el 5% también habría que reformular cuentas. En el caso de Popular estuvo rozando la reformulación de cuentas, pero finalmente no fue necesaria”, explica un experto conocedor de lo que estaba ocurriendo en Popular en esos momentos.

Desde esa fecha más o menos y hasta el día 3 de abril, día en el que se comunicó como hecho relevante en la CNMV este desfase y su solución, se sometieron las cuentas del banco a un minucioso análisis, ya que la reformulación de sus cuentas, apuntan varias fuentes, hubiera supuesto ya la caída de la entidad. Y es que pese a lo bajas que eran las cifras, “ponía en evidencia las cuentas de 2016, que se debían someter a aprobación el 10 de abril, lo que elevaba más la desconfianza del mercado, podía provocar un retraso en la junta, y su suma, en caso de reformulación, reducía el ratio de capital que conllevaba directamente al impago de los bonos convertibles contingentes (cocos)”. La declaración de default de los cocos de Popular suponían la muerte del banco, apuntan varios expertos.

La CNMV tenía la llave para decidir si el ajuste que debía hacer Popular era una reexpresión de las cuentas o una reformulación, equivalente a su muerte. Al final, y tras concluir el examen por parte de PwC , la CNMV consideró que el ajuste era una reexpresión de las cuentas, que afectaban a los ejercicios de 2016 y 2015. El banco, según fuentes del exconsejo de Popular, se había salvado por la campana en esta ocasión, pero había quedado tan tocado que ya no salían los números para pasar el ratio de capital en junio. Fue entonces cuando se tomó la decisión de poner en venta el banco o realizar una ampliación que solo plantearse “sonaba ya a fracaso”, explican las mismas fuentes.

El Banco de España poco después comenzó su vigilancia diaria de liquidez. “De ahí viene el discurso de Saracho, que sonó incluso subrealista en la junta de accionistas del 10 abril”, mantienen otras fuentes. “Su intervención pudo gustar o no, pero a nadie dejó indiferente (planteó la venta o una ampliación de capital como únicas soluciones)”. Inmediatamente la acción de Popular se desplomó y nunca más se recuperó. A ello, y como si el mercado también lo supiese comenzó la salida de depósitos del banco. Era su declive definitivo, crisis de liquidez y que días después iba a convertirse también en solvencia. Esto es lo que se cuenta entre los exconsejeros de Popular. Ahora habrá que ver lo que descubren los dos peritos nombrados por el Banco de España para el caso Popular.

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Hacienda quiere cerrar ya la reforma del impuesto de plusvalía | Mi dinero

El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tienen previsto mantener mañana martes una reunión crucial para cerrar ya cuanto antes la reforma del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido popularmente como plusvalía municipal. Se trata de una de las tareas pendientes más importantes del departamento que dirige Cristóbal Montoro desde que el pasado mes de mayo el Tribunal Constitucional declarara contrarios a la Carta Magna varios artículos de la Ley de Haciendas Locales.

El alto tribunal se sumó así a las tesis defendidas por miles de contribuyentes que han estado recriminando a los ayuntamientos la aplicación de este impuesto incluso en transacciones inmobiliarias donde no ha existido ningún beneficio o plusvalía. Con un mercado de precios inmobiliarios a la baja durante más de cinco años, numerosas transacciones se han cerrado por precios inferiores a los de adquisición del inmueble, por lo que muchos ciudadanos recurrieron a los tribunales para defender que tributar por plusvalía en esos casos contradecía el espíritu del propio impuesto. Las últimas cifras oficiales disponibles calculan que las casas acumulan hoy todavía una depreciación superior al 22% de media, respecto a los máximos alcanzados en 2008.

Una vez obtenido el respaldo del Constitucional en mayo pasado, el Ministerio de Hacienda se comprometió a modificar la legislación y aclarar dos cuestiones claves en las que no entró el alto tribunal: cómo habrá que demostrar que efectivamente no se ha producido un incremento de valor y desde qué fecha comienza a operar la aplicación del nuevo tributo.

Documentos exigidos

Salvo cambios de última hora, el borrador elaborado por el Ejecutivo sobre el que girará la negociación mañana con los ayuntamientos establece un “nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para los casos en los que el sujeto pasivo acredite que no ha obtenido un incremento de valor”.

La forma de probar esa inexistencia de plusvalía será, según Hacienda, calculando la diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición, aportando, eso sí, los títulos que documenten la transmisión, es decir, las escrituras de compraventa; o bien, en su caso, “los valores comprobados por la Administración tributaria correspondiente”.

En el caso de las herencias o donde no se produce transmisión o venta alguna, Hacienda determina que se tengan como referencia los valores declarados en el impuesto de sucesiones y donaciones. Además, se modifican los coeficientes que se aplicaban sobre el valor catastral de los terrenos en función del número de años en los que se hubiera generado el incremento de valor. El nuevo cómputo será anual hasta un máximo de 20 años. Asimismo, está previsto, tal y como había solicitado la FEMP, que se graven las transmisiones efectuadas con un lapso de tiempo inferior al año, que hasta ahora estaban exentas.

En cuanto a la fecha a partir de la cual se aplicará este nuevo sistema, está previsto que el proyecto de ley de reforma de la Ley de Haciendas Locales entre en vigor el día después de su publicación en el BOE, si bien algunos aspectos, como la exención de tributar por plusvalía en caso de que no exista incremento de valor, serán efectivos desde el pasado 15 de junio de este año, fecha en la que se publicó la sentencia del Constitucional en el BOE.

¿Qué ocurre con las compraventas anteriores a esa fecha? y ¿serán compensados los ayuntamientos por la pérdida recaudatoria que sufrirán? Son dos de las cuestiones que, sin duda, estarán mañana sobre la mesa. Fuentes de la FEMP explican que es urgente que se determine cómo deben proceder los ayuntamientos, ya que se suceden los recursos y los contribuyentes que optan por acudir a los tribunales. Además, seguirán reclamando una compensación por la pérdida recaudatoria, pese a no poder estimarla.

Los contribuyentes afectados

La tasadora Tinsa ha efectuado un cálculo para estimar cuántas viviendas se habrían vendido en España a un precio inferior al que fueron adquiridas. Es la forma de conocer a cuántos contribuyentes les afectará la reforma de la plusvalía.

Metodología. Esta entidad ha cruzado la información disponible sobre precios de la vivienda, transacciones y el periodo medio de tenencia de las casas vendidas a partir de 2013 (ya que pueden recurrirse solo las operaciones efectuadas cuatro años atrás).

Estadísticas. Con las cifras de los índices de precios que elabora la propia tasadora más los datos de Fomento y el Colegio de Registradores, Tinsa llega a la conclusión que un total de 550.000 casas podrían haber tributado de más por plusvalía. No solo son casas que han sido vendidas, también incluye inmuebles objeto de herencias, donaciones o permutas, que están obligadas a tributar por este impuesto municipal.

Reforma global. Tras estos retoques parciales, los expertos esperan que Hacienda aborde la reforma global de un tributo que está mal diseñado y lo integre en el nuevo sistema de financiación autonómica.

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Cuenta atrás para declarar las operaciones vinculadas de 2016 | Legal

El 30 de agosto, se publicó la Orden HFP/816/2017, que aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales.

En lo relativo a operaciones vinculadas, la información que hasta el ejercicio 2015 se facilitaba en el modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades, se ha trasladado a esta nueva declaración que amplía los supuestos de operaciones sobre las que se debe informar. Así, a partir del ejercicio 2016, se suprimen los cuadros de información contenidos en el modelo 200, debiendo incluirse esa información, junto a otra adicional, en el nuevo modelo 232.

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen en España mediante establecimiento permanente, así como las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero o con presencia en territorio español están obligados a presentar esta declaración. En ella deberán cumplimentar la información relativa a las operaciones vinculadas, cuando realicen operaciones con la misma persona o entidad vinculada y el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere los 250.000 euros, o cuando el importe conjunto de las operaciones vinculadas específicas en el período impositivo supere los 100.000 euros.

A estos efectos, se consideran operaciones específicas las actividades económicas realizadas por contribuyentes del IRPF en estimación objetiva con entidades en las que estos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes y sus respectivos cónyuges (individual o conjuntamente) tengan un porcentaje igual o superior al 25 % del capital social o de los fondos propios. Siendo la finalidad de este tipo de operaciones la transmisión de negocios, de valores o de participaciones representativas en los fondos propios de cualquier tipo de entidad no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores – o que estén admitidos a negociación en mercados regulados situados en paraísos fiscales-, la transmisión de inmuebles o distintas operaciones sobre activos intangibles.

Como novedad, en el modelo 232 existe siempre obligación de informar respecto de las operaciones del mismo tipo que a su vez utilicen el mismo método de valoración. Pero sólo en el caso de que el importe del conjunto de dichas operaciones en el período impositivo, sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad, con independencia del importe de la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada.

Por otro lado, se mantiene el deber de cumplimentar la información de operaciones vinculadas con aplicación de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles, en aquellos casos en que la aplicación de esta reducción sea consecuencia de la cesión de determinados intangibles a personas o entidades vinculadas.

Sanciones

La sanción por no presentación consistiría en una multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de estos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.

En el supuesto de presentación incorrecta, se aplicaría una multa pecuniaria proporcional del 0,5%, 1%, 1,5% ó 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, si representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% ó 75%, respectivamente, de las operaciones que se tendrían que haber declarado o una multa pecuniaria fija si el porcentaje fuera inferior al 10%.

Sin embargo, existen excepciones a esta obligación de informar, por ejemplo respecto a las operaciones realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal. Tampoco es necesario informar de aquéllas realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas, salvo que se acojan al régimen de exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. Y por último, tampoco existe ese deber de informar respecto a las operaciones efectuadas dentro del ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

Plazo y forma de presentación

El plazo de presentación del modelo 232 será el mes siguiente a los diez posteriores a la conclusión del periodo impositivo al que se refiera la información a suministrar. Es decir, unos cuatro meses después de la presentación de la declaración del Impuesto de Sociedades, que se debe presentar en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Así, para el ejercicio 2016 el plazo de presentación va desde el 1 de noviembre hasta el próximo 30 de noviembre de 2017.

En cuanto a la forma de presentación, se efectuará de forma obligatoria por vía electrónica a través de internet.

Contenido del modelo 232

El apartado relativo a la información de operaciones con personas o entidades vinculadas debe cumplimentarse separando las operaciones de ingreso o de pago, sin efectuar compensaciones entre ellas aunque correspondan al mismo concepto.

Se declaran las operaciones por persona o entidad vinculada que agrupen un determinado tipo de operación, siempre que se haya utilizado el mismo método de valoración. Para cada operación de ingreso o pago hay que consignar: el NIF de la persona o entidad vinculada, los apellidos y nombre o la razón social de la persona o entidad vinculada, el tipo de vinculación, el código de la provincia cuando la persona o entidad vinculada sea residente en territorio español y el país de residencia de la persona o entidad vinculada cuando no sea residente, el tipo de operación (dígito identificativo), si es ingreso o pago, el método de valoración y el importe de la operación sin incluir el IVA.

El apartado de operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles debe contener en primer lugar los datos identificativos de la entidad matriz (NIF y razón social), y, posteriormente, de forma separada por persona o entidad vinculada, las rentas sobre las que se aplica la reducción.

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Albella lucha por retener el poder de la CNMV frente al supervisor europeo | Mercados

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, defendió ayer el territorio del supervisor español de los mercados ante la reforma que propone la Comisión Europea. Lo hizo en la presentación del Observatorio sobre la Reforma de los Mercados Financieros Europeos 2017.

En un borrador de reglamento que publicó a finales de septiembre, la UE prevé transferir amplios poderes de supervisión bursátil desde las autoridades nacionales al coordinador de las comisiones europeas de valores (ESMA). Este se creó en 2011, junto con la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) y el organismo equivalente para los seguros y los planes de pensiones, EIOPA. Albella explicó que ESMA creará un comité ejecutivo que llevará las riendas del día a día con cinco personas más el presidente y señaló que lo deseable sería que en él hubiera un español.

Albella, que cuenta con una plantilla de unas 400 personas con la promesa de contratar unos 50 técnicos más antes de final de año, defendió su territorio. Señaló la aprobación de folletos de renta fija dirigidos a inversiones cualificados, de titulizaciones y de ciertos emisores especializados, como las empresas tecnológicas. “No tiene sentido dividir la información financiera continuada [las cuentas de resultados, por ejemplo] y la actuación concreta respecto a un folleto. Es dividir la fuerza”, sentenció.

Bruselas calcula que la ESMA, tal y como está esbozado ahora el reglamento, pasará a tener el control de unos 1.600 folletos al año, el 45% del total de la Unión Europea.

El jefe del vigilante español de los mercados reclama un puesto para la cuarta economía de la zona euro en la cúpula de ESMA

Ahora, ESMA tiene supervisión directa sobre dos cuestiones únicamente: las agencias de rating y los registros de las operaciones (trade repositories, en la jerga) que se realizan de manera bilateral (OTC, por sus siglas en inglés).

La Comisión pretende que en el futuro la ESMA vigile de forma directa los índices de referencia considerados críticos (ahora está solo el euríbor), las cámaras de contrapartida central (CCP, por sus siglas en inglés), los proveedores de datos, así como determinados fondos de capital riesgo, de emprendimiento social y fondos de inversión a largo plazo.

En el informe de la Fundación de Estudios Financieros han participado entre otros, la directora general de Inverco, Elisa Ricón; la anterior vicepresidenta de la CNMV y actual socia de EY, Lourdes Centeno, y varios expertos de la firma de asesoramiento regulatorio finReg.

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La CNMV europea alerta de las emisiones de criptodivisas | Mercados

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha puesto en su punto de mira a las colocaciones en el mercado de criptodivisas, las ICO (Initial Coin Offerings). La ESMA ha hecho públicos sendos comunidados sobre los riesgos para los inversores y otro con recomendaciones dirigidas a las entidades que estén analizando participar en dichas colocaciones.

El supervisor del mercado europeo considera que los inversores no están siendo conocedores del elevado riesgo que están asumiendo por participar en las ICO. De esta forma, advierte a los inversores del elevado riesgo de perder el capital invertido “al tratarse generalmente de inversiones muy especulativas y de elevado riesgo”.

Alerta además de la fuerte volatilidad que pueden tener las monedas o tokens y recuerda que los inversores podrían no tener la posibilidad de recuperar su inversión en un periodo de tiempo prolongado. Asimismo, reconoce que las ICO podrían entrañar un riesgo de fraude y de blanqueo de capitales. La CNMV, que ha participado en el análisis realizado por la ESMA, ha abierto un portal para que los inversores interesados en las ICO puedas realizar sus consultas. El regulador español también cuenta con otro canal de consultas para las entidades.

La ESMA ha manifestado también su preocupación por la posibilidad de que las entidades que promueven este tipo de actividades no estén cumpliendo con la regulación europea relevante, tanto en lo que se refiere a la directiva de folletos, como a la Mifid -para que los mercados financieros funcionen mejor-, la normativa sobre gestores de fondos de inversión alternativa y la de blanqueo de capitales.

Las Initial Coin Offering (ICO), son un sistema de financiación que, simplificando mucho, es un paso más del crowdfunding mediante el que distintos proyectos habrían levantado más de 3.500 millones de dólares de capital desde 2014, según datos de la plataforma Coindesk.

El supervisor del mercado europeo recuerda que en las ICO los inversores no reciben acciones ni derechos, sino tokens que sirven para acceder o comprar un servicio o producto. En otros casos, otorgan un derecho de voto o participación de los futuros ingresos de la entidad emisora.

El pasado mes de octubre, la CNMV reconoció que estaba analizando este fenómeno al tratarse de un mecanismo de captación de ahorro. Fuentes del supervisor del mercado español aseguraban entonces que “en la medida en que son un posible mecanismo de captación de ahorro, la normativa tiene que proteger a los ahorradores con independencia del medio en que se produzca esa captación”.

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El Tesoro se sobrepone a la tensión política y vuele a cobrar más por las letras a seis y doce meses | Mercados

El Tesoro Público ha colocado 5.970 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho cobrando más a los inversores por sus títulos, coincidiendo con el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que se elevará la previsión de crecimiento para 2018 a un rango de entre el 2,8% y el 3% si se normaliza la situación en Cataluña.

Los tipos más negativos que ha ofrecido el Tesoro en esta subasta confirman que los inversores siguen confiando en los títulos de deuda española, a pesar de la incertidumbre generada en Cataluña por el desafío independentista, que ha afectado a las reservas turísticas y a la compraventa de viviendas y ha motivado la salida de Cataluña de más de 2.000 empresas. De hecho, la demanda ha superado ampliamente los 10.000 millones de euros.

Javier Urones, analista de XTB, señala que el Tesoro “logra sobreponerse a la tensión política y consigue una mejora en los tipos de financiación para la economía española”. Y añade que “parece, por tanto, que a medida que el conflicto político en Cataluña pierde protagonismo el mercado vuelve a premiar las buenas cifras económicas que está firmando nuestro país en este ejercicio”.

En concreto, el Tesoro ha colocado 1.270 millones de euros en la subasta de letras a seis meses, con una rentabilidad marginal del -0,406%, más negativa que la ofrecida en la emisión previa del mismo tipo de papel (-0,373%) celebrada en octubre.

En la subasta de letras a 12 meses, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado en los mercados 4.700,67 millones de euros y también ha ofrecido tipos marginales más negativos, al pasar del -0,310% de la subasta anterior al -0,383% de esta subasta.

Después de la subasta de este martes, el Tesoro volverá a los mercados el jueves, con una nueva emisión de bonos y obligaciones, con la que espera captar en los mercados entre 4.000 y 5.000 millones de euros. Así, subastará un bono a tres años, con cupón del 0,05%; otro bono a cinco años, con cupón del 0,45%; obligaciones a 10 años, con cupón del 1,45% y obligaciones con vencimiento en 2066 y cupón del 3,45%.

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Industria se enfrenta a Iberdrola y le exige las cuentas de las centrales de carbón que cerrará | Compañías

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el real decreto que regula el cierre de centrales eléctricas en España, que recoge que el Gobierno podrá denegar el cierre de una instalación cuando, por ejemplo, amenace a la seguridad de suministro eléctrico.

Según explicó el Ministerio, con esta iniciativa el Gobierno contará con una “medida regulatoria que asegurará que las decisiones de cierre de centrales son coherentes con los instrumentos de planificación energética y, de esta manera, son compatibles con los objetivos en materia de seguridad del suministro, sostenibilidad y precio de la energía”.

El Gobierno ratifica así su posición de que las decisiones tomadas por las empresas en el ámbito energético deben estar subordinadas al “interés general y a la planificación en esta materia”, destacó el departamento de Alvaro Nadal.

En concreto, el reglamento tiene como finalidad regular el procedimiento de cierre de las instalaciones de producción de energía eléctrica.

A diferencia del régimen actual, que sólo contempla la seguridad del suministro, la autorización del Ministerio de Energía únicamente se concederá tras valorar adicionalmente la coherencia del cierre con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima, así como la coherencia de los precios y la competencia del mercado eléctrico.

De esta forma, se denegará el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.

Energía señaló que el reglamento establece como ámbito de aplicación las instalaciones de producción de energía eléctrica de potencia superior a 50 megavatios (MW), con independencia de su tecnología, por ser aquellas que requieren autorización del propio Ministerio para su operación. Las centrales de menor tamaño se regirán por el marco de autorización propio de las comunidades autónomas.

 Sólo el titular de la instalación podrá solicitar la autorización administrativa de cierre correspondiente ante la Dirección General de Política Energética y Minas. Junto a la solicitud, deberá adjuntar varios documentos, como una memoria justificativa en la que se detallen las circunstancias técnicas, económicas, ambientales o de cualquier otra índole que fundamenten el cierre, información técnica de la instalación y un plan técnico y económico de desmantelamiento. 

Una vez recibida la solicitud, el Ministerio solicitará a REE, Enagás, CNMC y otros organismos implicados los correspondientes informes que valorarán el eventual cierre.

Energía, teniendo en cuenta los informes, resolverá la autorización o denegación de la solicitud. En caso de denegación de la solicitud, el titular de la instalación deberá continuar con la actividad por sí mismo o transmitir la instalación a un tercero, lo que podrá hacer si así lo desea mediante una subasta regulada por el real decreto. Esta subasta, aseguró el Ministerio, “permitirá establecer si la instalación tiene valor económico para un operador distinto y, siendo este el caso, facilitar su transmisión para que continúe operando la central”.

Además, si el mecanismo de subasta no permite la transmisión a un tercero, podría aprobarse un esquema de compensación por la continuidad de la actividad. Dicho esquema se diseñará para asegurar que se otorga al menor coste posible, y en todo caso, con un coste inferior al beneficio económico que los consumidores derivarían de la continuidad de la actividad.

La norma será de aplicación a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública en esta materia lanzada por el Ministerio de Energía en julio de este año y sobre los
que aún no haya recaído resolución administrativa.

En línea con esto, el Ministerio ha solicitado, en aplicación del artículo 20.4 de la Ley del Sector Eléctrico, a Iberdrola, como titular de las centrales de Lada (Asturias) y la Velilla (Palencia), la remisión de la información contable de dichas centrales correspondiente a los últimos tres años.

Iberdrola anunció el pasado viernes su decisión de completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que, recordó, representa en la actualidad sólo el 1,8% de la capacidad total del grupo, que asciende a 48.062 megavatios (MW), y el 1,5% de la producción eléctrica en los nueve primeros meses del año en curso (1.596 sobre 102.494 gigavatios).

En este sentido, la compañía explicó que había solicitado la autorización de cierre de las centrales térmicas de Lada y Velilla ante el Ministerio de Energía, plantas que suman una potencia de 874 MW.

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El dinero en planes de pensiones se podrá retirar a los 10 años sin límites | Mi dinero

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad ha puesto en audiencia pública un proyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que recoge una reducción de las comisiones desde el 1,75% actual a una escala de tres tramos en función de la política de inversión del fondo y la posibilidad de rescatar el plan a los 10 años de su contratación.

Además, esta propuesta normativa desarrolla la previsión legal que los planes de pensiones se puedan retirar a los 10 años. A pesar de que el sector había pedido que se limitara este supuesto (imponiendo un tope máximo a retirar), Economía ha preferido dejar plena libertad..

Para el departamento de Luis de Guindos, poder retirar el ahorro acumulado a los 10 años “sin imitación alguna” puede hacer “más atractivo este producto” y atraer a gente más joven a la contratación de los mismos.

Este real decreto, tras el periodo de consulta pública, requiere el informe del Consejo de Estado, y con posterioridad irá al Consejo de Ministro, un proceso que puede suponer un periodo de seis meses a contar desde ahora.

En el caso de las comisiones, señaló que la rebaja hay que entenderla en el proceso de reducción de comisiones iniciado en 2014, que fue del 25%, al pasar la máxima del 2% al 1,5%.

Ahora se avanza en esa rebaja y se pasa del 1,5% de comisión de gestión a una comisión que de media quedará en el 1,25%. A esto se suma la comisión de depositaría, que baja del 0,25% al 02,%. En total, la comisión total media quedará en el 1,45%.

En la comisión de gestión se aplicará una escala en tres tramos en función de la política de inversión del fondo de pensiones. La comisión máxima del fondo que invierta sólo en renta fija bajará del 1,5% al 0,85%. En el caso de aquel que invierta en renta fija mixta, que es el sector más importante, se rebaja al 1,3%, y en el resto, que incluye renta variable mixta y pura y fondos garantizados, se mantiene en el 1,5%. 

  • Planes de pensiones de renta fija: comisión de gestión máxima del 0,85%.
  • Planes de pensiones de renta fija mixta: comisión de gestión máxima del 1,3%.
  • Planes de pensiones de renta variable y garantizados: comisión de gestión máxima del 153%.

Fuentes de Economía recuerdan que en los planes de renta fija, la reducción total de las comisiones ha sido del 60%, si se tienen en cuenta los niveles que había en 2014. Con el último recorte, los partícipes de planes se ahorrarán 68 millones de euros al año.

En cuanto a la posibilidad de rescatar el plan de pensiones a los 10 años, Economía indicó que será posible hacerlo para las nuevas aportaciones y para el stock de ahorro a partir del 31 de diciembre de 2015. Así, se podrá disponer del plan de pensiones a partir de 2025. 

En la actualidad hay varios supuestos excepcionales que permiten rescatar un plan de pensiones antes de la jubilación. Se trata de una enfermedad grave, el desempleo de larga duración y, durante la crisis, se abrió la puerta a hacerlo también si el titular estaba inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria. A esos supuestos se les une ahora, con carácter de “normalidad”, recuperarlo a los 10 años.

Respecto al tratamiento fiscal en el rescate a los 10 años del plan, fuentes ministeriales indicaron que “la posibilidad de disponer del capital no modifica” el tratamiento fiscal, que se entiende como un rendimiento del trabajo que tributa al tipo marginal.

Sobre la posibilidad de que haya una retirada masiva de fondos en 2025, el Ministerio expuso que a 31 de diciembre de 2015 había un stock  acumulado de 68.000 millones de euros en fondos de pensiones individuales,  para agregar que las “propia dinámica” de jubilaciones hará que ese stock vaya disminuyendo en el entorno de 4.000 o 5.000 anuales, que saldrían de manera “natural”.

Por ello, la cifra que podría salir de golpe en 2015 será “mucho menos dinero” de esos 68.000 millones. Además, Economía subrayó que la  liquidez a los 10 años introduce un elemento de “competencia” en los productos de ahorro.

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Paradise Papers: Qué son y dónde están los paraísos fiscales | Mi dinero

Trinidad y Tobago es una república caribeña, formada por dos islas, que se encuentra frente a la costa de Venezuela y que, según la OCDE, es el único paraíso fiscal que existe hoy en el mundo. Esta es una de las sorprendentes conclusiones del G20 celebrado el pasado junio. Este grupo de países encomendó en 2008, en plena crisis financiera, a la OCDE una lista de territorios no cooperantes en la lucha contra la evasión fiscal. El organismo internacional empezó apuntando a sospechosos habituales como Andorra, Gibraltar, las islas del Canal (Jersey, Guernsey, Man), Suiza y un largo etcétera. Sin embargo, la presión internacional provocó que los territorios offshore se lanzaran a firmar un alud de tratados de intercambio de información fiscal. Ello ha derivado en lo que para muchos resulta absurdo y es que, sobre el papel, la OCDE considere a Trinidad y Tobago como el único país no cooperante, expresión que utiliza en lugar de paraíso fiscal.

El problema es que no resulta sencillo describir un paraíso fiscal y una cosa es decir que se intercambiará información tributaria en un papel y otro intercambiarla en realidad. Oxfam se sitúa en el lado opuesto de la OCDE y considera que en el mundo existen 73 paraísos fiscales y entre ellos figuran Holanda o Irlanda, dos Estados que tradicionalmente no han formado parte de las listas de paraísos fiscales.

Si la OCDE pone la atención en la existencia de tratados de intercambio de información tributaria, Oxfam amplía el foco e incluye los países con baja o nula tributación y aquellos que conceden ventajas fiscales a empresas sin necesidad de desarrollar una actividad económica sustancial. En este sentido, Holanda mantiene una política tributaria muy atractiva en materia de dividendos, lo que provoca que muchas empresas ubiquen sus cabeceras en el pequeño país europeo. De hecho, Holanda figura como el primer país inversor de España y eso sucede porque muchas compañías estadounidenses –principal inversor real– recalan a España, pero pasando antes por los Países Bajos.

Los llamados paradise papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado La Sexta y El Confidencial en España, reveló datos de dos bufetes de abogados ubicados en Singapur y Bermudas y con relaciones con jurisdicciones opacas, según los términos que utiliza la investigación, y que incluye a países como Malta. ¿Esta pequeña isla, que forma parte de la UE, es también un paraíso fiscal? No lo es para la mayoría de países y organismos, pero es cierto que mantiene una legislación tributaria que facilita conexiones con otros territorios que sí son paraísos fiscales.

De hecho, Malta figuraba en la lista inicial de paraísos fiscales que aprobó el Parlamento español en 1991 y en la que figuraban 48 territorios. Entre ellos, también aparecían otros dos Estados miembros (Luxemburgo y Chipre). Este listado sigue vigente, pero han desaparecido de él 16 países por el hecho de haber firmado convenios de doble imposición o intercambios de información fiscal. Y otros nueve están en negociaciones (ver gráfico).

Curiosamente, uno de los países que ha salido de la lista es Trinidad y Tobago, que rubricó con España un tratado de intercambio de información fiscal. El inspector de Hacienda José María Peláez se muestra escéptico y recuerda que los convenios firmados hasta ahora contemplan que el intercambio de información sea individualizado y justificado. Ello resta efectividad a este tipo de convenios.

En este sentido, hay muchas esperanzas en el acuerdo multilateral de intercambio de información financiera que se firmó en Berlín en octubre de 2014 y que se establece un protocolo para que las Administraciones tributarias compartan información de forma automática y sin que medie petición previa a partir de este año o el siguiente. La información se remitirá de forma estandarizada, un aspecto muy importante para su efectividad. Hasta la fecha, un centenar de jurisdicciones han firmado el acuerdo multilateral. Aún es pronto para saber si las esperanzas acerca del nuevo acuerdo multilateral están o no fundadas.

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Una docena de lobbies influyó en la redacción de la reforma hipotecaria | Mi dinero

El Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes para su tramitación parlamentaria, ha tardado más de un año en alcanzar su redacción definitiva. Meses en los que el texto ha pasado bajo la lupa de multitud de organismos oficiales pero en los que también han intervenido más de una docena de lobbies, entre asociaciones empresariales, profesionales y de consumidores (ver tabla), que han presentado sus alegaciones a los distintos borradores de la norma. Un proceso en el que las asociaciones bancarias han tenido el papel protagonista y que deja cambios sustanciales en el articulado final del proyecto de ley que establecerá las nuevas reglas de juego del crédito para la compra de vivienda.

La parte troncal de la reforma hipotecaria se limita a adaptar una directiva europea de obligado cumplimiento, que España debía haber traspuesto antes de abril de 2016, pero el proyecto ha terminado incluyendo aspectos dirigidos a regular la transparencia de los contratos para dar mayor seguridad jurídica a las partes y tratar de atajar la alta litigiosidad de las hipotecas. Este campo ha sido objeto de encendidas discusiones y de intentos desde todos los frentes por modular sus efectos. Con desigual fortuna.

En total, han sido 14 organizaciones las que han remitido propuestas para modificar la reforma hipotecaria en ciernes, incluyendo patronales de bancos, cajas, cooperativas de crédito, aseguradoras, colegios profesionales de notarios y registradores o representantes de los consumidores, según constan en la información analizada por el Consejo de Estado durante su evaluación del proyecto de ley. En total, se han remitido 26 escritos de alegaciones desde el proyecto inicial planteado de cara al verano de 2016 hasta el texto que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros hace una semana, pasando por la reformulación del proyecto que el Ministerio de Economía planteó esta primavera a la luz de los varapalos judiciales sobre cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias.

Cerca de la mitad de las propuestas fueron planteadas por las patronales financieras, con la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), a la cabeza. Ambas han presentado cuatro lotes de propuestas desde septiembre del año pasado hasta la fecha, incluyendo aportaciones de última hora que llegaron cuando el texto estaba ya en manos del Consejo de Estado.

Por contra, solo una asociación ha representado los intereses de los consumidores durante la preparación de la nueva norma. Se trata de Facua que, además, solo presentó un bloque de alegaciones y lo hizo sobre el articulado inicial de verano de 2016, que sufrió cambios significativos en las distintas versiones manejadas este año.

“No hemos hecho alegaciones desde septiembre de 2016 porque no nos han pedido más desde entonces”, explica Rubén Sánchez, portavoz de Facua, quien asume que el diálogo constante que el Ejecutivo sí ha mantenido con las asociaciones financieras demuestra que la norma llegará “hasta donde la banca les deje regular”. Así, aunque admite que el texto final, al que acaba de acceder, aporta cambios positivos, considera que está “lejos de la norma hipotecaria ideal para defender los intereses de los consumidores”.

La banca, a su vez, viene reclamando una norma “equilibrada”, argumentando que proteger en exceso al cliente puede reducir la concesión de crédito. En su último escrito de alegaciones, la AEB planteó que la reforma “deja al sector bancario español en peor condición que al de otros Estados miembros”, y considera un “efecto claramente expropiatorio” eliminar algunas comisiones de la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.

Finalmente, en todo caso, el Gobierno ha accedido a cambiar el articulado definitivo de la reforma en un aspecto que preocupaba enormemente a la banca: las cláusulas de vencimiento anticipado, que rigen cuándo las entidades pueden ejecutar el crédito e iniciar un desahucio.

De las tres cuotas impagadas actuales, baremo que la justicia considera poco proporcional, Economía decidió pasar a un impago del 3% del crédito (el 5% en la segunda mitad del préstamo) según el penúltimo borrador. Finalmente lo ha rebajado al 2% del préstamo, o a nueve cuotas impagadas (4% o 12 cuotas en la segunda mitad), atendiendo las peticiones de la banca. El texto final también limita los efectos retroactivos de la norma (solo atañen al vencimiento anticipado y al cambio de hipotecas a tipo fijo) que era otra de las principales reivindicaciones de CECA y AEB para limitar el impacto de la ley.

Por su parte, las aseguradoras han pedido matizar la prohibición de ventas vinculadas de productos; las tasadoras, que el cliente tenga libertad para elegir valoradora; y los notarios han ayudado a definir su nuevo rol de asesores de la clientela. Facua confía en que algún partido incluya sus propuestas en el turno de enmiendas a la norma aunque esta ya cuenta con apoyo mayoritario (sumando los votos de PP, C´s, PNV y Coalición Canaria, que han consensuado la redacción definitiva). 

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