¿Tiene tiempo el Gobierno para aplicar el artículo 155 antes del 1-O? | Legal

Mucho se ha hablado en los medios de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución Española por parte del Gobierno ante lo sucedido en Cataluña. De acuerdo con este precepto, ante un incumplimiento grave por parte de una comunidad autónoma de sus obligaciones constitucionales y legales, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a su cumplimiento forzoso.

Los expertos consultados coinciden en la falta de tiempo para llevar a cabo la tramitación que exige la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno. Y es que el artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, incluye, tal y como explica Germán Gómez Orfanel, catedrático de derecho constitucional de la Universidad Complutense, “la propuesta del Senado por parte del Gobierno de las medidas concretas que pretende aplicar, el requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla sus obligaciones constitucionales y legales, la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para que estudie la propuesta y permita alegaciones de la comunidad afectada y, finalmente, el debate y su aprobación por mayoría absoluta en el Senado”. Una tramitación que para este catedrático “requeriría unos veinte días”.

En sintonía con este planteamiento se sitúa Pablo Gutiérrez de Cabiedes, abogado y catedrático de derecho procesal de la Universidad CEU San Pablo, que coincide en que “no existe prácticamente tiempo para cumplir el procedimiento de aplicación del artículo 155″. Sin embargo, algunos expertos creen que todavía habría cierto margen para aplicarlo. En este sentido, José Eugenio Soriano, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense, matiza que si el Gobierno pretende aplicarlo “tiene que apresurarse para cumplir todos los trámites previstos en el artículo 189 del Reglamento”.

El 155 no concreta qué medidas puede tomar el Gobierno

Se trata de un mecanismo de gran alcance puesto que el precepto solo indica que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”, no especificando cuáles pueden ser esas medidas concretas.

Según recoge Gómez Orfanel, entre las medidas que podría adoptar el ejecutivo en aplicación del artículo 155 “podemos pensar además de en el desplazamiento de competencias, en categorías como la sustitución, ejercitando el Estado las competencias autonómicas, o en la suspensión o destitución de órganos autonómicos como por ejemplo se recoge en la Constitución italiana incluso con la disolución de la Asamblea regional y la destitución del presidente de la Región”. Soriano también hace referencia a la regulación de esta figura jurídica en la constitución italiana, donde sí se especifica que, ante “medidas regionales que violen la igualdad entre los italianos, directamente podrá sustituirse en ese Gobierno regional”. A lo que añade que en el caso de España, el Estado, en virtud de la activación del artículo 155 CE, también tendría la “posibilidad de suspender al Gobierno y colocar a un delegado” pero sólo ante “una situación de extrema emergencia que determinara que el cumplimiento de las obligaciones que la comunidad autónoma incumple tuvieran que realizarse de esa forma y que no hubiera alternativa”.

Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, destaca que la suspensión de la autonomía no tiene por qué ser una consecuencia de la aplicación de este mecanismo ya que “el artículo permite distintas medidas en contenido y grado que pueden oscilar desde la intervención de ciertas competencias hasta la asunción de algunas (interior, policía, economía, etc.) o todas las que ejerce la comunidad autónoma”.

Hacienda ya controla las cuentas de la Generalitat

Debido a la dimensión de las consecuencias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones que pretende evitarlo. Sin embargo, sí ha empleado otros mecanismos legales existentes como el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos publicado en el BOE el pasado 16 de septiembre, que supone la toma de control sobre las cuentas de la Comunidad Autónoma de Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda.

Se trata de una medida que genera controversia entre los expertos. José Eugenio Soriano considera que “tiene apoyo directo en el artículo 135 que establece el principio de estabilidad presupuestaria y en la evitación de la desviación de poder”, Por el contrario, Gómez Orfanel, afirma que esta iniciativa no está jurídicamente legitimada puesto que “no ha cumplido con la regulación prevista en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” ya que no ha realizado “el requerimiento al presidente de la comunidad para adoptar un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto, el Ministro de Hacienda no puede sustituirlo adoptando él tal acuerdo”. Por su parte, Gutiérrez de Cabiedes, añade que “precisamente porque el artículo 155 ha adquirido un carácter de tabú, cuya aplicación se ha querido evitar, el Gobierno ha actuado con otros mecanismos legales existentes” siendo uno de ellos “la intervención de gasto del actual Gobierno autonómico de Cataluña”.

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Desafío independentista: Así son los tres cruceros en los que nadie robará ni los champús | Mercados

Cómo alojar a 5.000 personas durante dos semanas en una ciudad con la ocupación turística más alta del país, con un presupuesto limitado y sin mucha antelación. Ante este problema se encontró el Ministerio del Interior cuando decidió trasladar a más de 5.000 operativos de las fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña por la ofensiva independentista del uno de octubre. Y la solución llegó por mar desde Italia: Tres buques híbridos entre cruceros y ferris que ya están amarrados en puertos catalanes.

Se desconoce el coste de este despliegue, ya que ni las compañías italianas que han facilitado las embarcaciones al Gobierno ni Interior han querido dar datos al respecto. Otras navieras consultadas desconocen las tarifas que se pueden aplicar ya que no ofrecen un servicio de “alquiler”.

Eso sí, el ministerio puede evitar pagar los costes de amarre ya que bajo el artículo 171 de la ley de Puertos, los buques de Estado están exentos del pago de tasas. Aunque estos buques estén bajo bandera privada italiana, al ser requeridos para un uso oficial pueden acogerse a esta regla. Esta exención permitiría a Interior ahorrarse alrededor de 37.000 euros en gastos de amarre, practicaje o de recepción de residuos.

Hasta el cinco de octubre estos cruceros serán el hogar de 5.000 policías divididos en alrededor de 1.500 camarotes en tres embarcaciones en las que pasarán la noche y comerán: el GNVRhapsody, el GNV Azurra y el Moby Dada. Las tres embarcaciones pertenecen a dos compañías italianas, Grandi Naviere Veloci y Moby. 

El Rhapsody es el más nuevo de todos y el que más comodidades tiene. Se construyó en 1996y puede albergar a 2.448 pasajeros. También es el más grande, con 161 metros de eslora (largo) , 38 de manga (ancho) y 38.000 toneladas de peso. En el Rhapsody hay una piscina, un restaurante, una sala infantil, sala de lectura, sala de juegos, centro comercial y hasta una capilla. 

No está claro si los huéspedes temporales podrán hacer uso de todas las instalaciones ya que las directrices dependen del Ministerio del Interior, que no se ha pronunciado sobre el tema.
El GNV Azurra baja un escalafón en cuanto a extras se refiere. No cuenta con piscina, sala de juegos ni sala de lectura, por ejemplo. Fue construido en 1980 y es 8 metros más largo que el Rhapsody, pero 14 más estrecho. En él podrán alojarse hasta 2.180 policías distribuidos en 518 camarotes.

El último, y el que más sorna ha levantado entre los internautas y curiosos en los últimos los días, es el Moby Dada. Un buque de 34.000 toneladas, en el que caben 1648 personas, adornado con los personajes de los Looney Tunes de la Warner. Piolín, Silvestre y el Demonio de Tasmania lucen en la “fachada” de la improvisada morada de los miembros de la policía nacional desplazados. El Rhpasody y el Moby están amarrados en el puerto de Barcelona, y el Azurra en Tarragona.

Con la llegada de las embarcaciones a Cataluña comenzó la polémica. Los estibadores se negaron a prestar servicios a los buques, cuando en un principio este gremio no opera en cruceros. Entre el personal del puerto de Barcelona hay ideas de todos los gustos, según un trabajador del mismo, que hace hincapié en que el ambiente que se vive es festivo a pesar de las diferencias.

Más policías para el 1-O

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmó este viernes que el Ministerio enviará más operativos para hacer frente al desafío independentista por las “movilizaciones tumultuarias que se están produciendo”.  

Los efectivos desplazados cumplirán labores de “vigilancia del espacio público y mantenimiento del orden y actuarán si se mantuviera el referéndum ilegal”, declaró Zoido.
Los policías cobrarán entre 40 y 110 euros por día en dietas. Los que pernocten en hoteles recibirán 80 euros, los que hagan lo propio en cuarteles, 110, y 95 será la cantidad asignada para los que sean acomodados en los buques. Los que ya estén destinados en Cataluña cobrarán 40 euros.

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El recelo del PNV deja en el aire la rebaja del IRPF y la mayor baja por paternidad | Mi dinero

En mitad del clima enrarecido y crispado por el proceso soberanista en Cataluña, el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Un trámite que se prevé tortuoso. De hecho, Hacienda ha modificado el calendario previsto y ha sacado de la agenda del Consejo de Ministros de hoy la aprobación del Presupuesto. Se busca ganar tiempo para acercar posturas.

El PNV, que apoyó las cuentas del ejercicio en curso, se ha mostrado reacio a ceder sus votos y ha criticado la actuación del Gobierno en la gestión de la crisis política abierta en Cataluña. También el procés ha sido clave, pero en sentido contrario, para acelerar el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos. La formación naranja ha querido confirmar su apoyo a las cuentas para dar una imagen de estabilidad.

Ciudadanos apoyará los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y ha negociado medidas como incluir una rebaja del IRPF. En concreto, las cuentas contemplarán que los asalariados que ganan menos de 14.000 euros al año no tributen por IRPF. Actualmente, la exención se limita a quienes cobran hasta 12.000 euros. Para las rentas entre 14.000 y 17.500 euros se fijará una reducción tributaria que aún no se ha concretado. También en el ámbito del IRPF, se ampliarán las bonificaciones y ayudas para las familias con hijos. Y el compromiso es bajar el IVA de las entradas de cine del 21% al 10% en 2018.

Ciudadanos cerró este pacto de la rebaja del IRPF en junio, tras sortear la negativa inicial del ministro de Hacienda. Cristóbal Montoro era partidario de posponer a final de legislatura la reducción fiscal.

Ahora, el acuerdo para apoyar el Presupuesto también incluye elevar una semana hasta las cinco el permiso de paternidad. Ya el año pasado se amplió dos semanas. Rivera, que compareció ayer en el Congreso, señaló que entre los compromisos también se ha incluido la equiparación salarial de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza. 

El presidente de Ciudadanos también aseguró que se incluirán ayudas de guardería para las familias con hijos entre cero y tres años y prometió inversiones para el Corredor Mediterráneo. En total, Rivera estimó que el pacto entre PP y C’s ascenderá a 8.000 millones de euros. “Si se cumplen, Ciudadanos dará luz verde a los Presupuestos”, dijo. 

En cualquier caso, el pacto con Ciudadanos se daba por hecho. Las cuentas del año pasado salieron adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La clave será la negociación con los nacionalistas vascos, que ya arrancaron el año pasado una actualización del cupo muy beneficiosa para los intereses del País Vasco.

La posibilidad de que el Presupuesto no salga adelante es real y podría acelerar la convocatoria de elecciones. Sin embargo, fuentes del Gobierno reconocen que este escenario no es deseable en un contexto como el actual, en el que altos cargos de la Generalitat de Cataluña están detenidos y el movimiento independentista llama a una manifestación permanente.

Si no se produce un Consejo de Ministros extraordinario, será el viernes 29 de septiembre cuando se aprueben los Presupuestos de 2018, que deben ser remitidos al Congreso antes del 1 de octubre. Ello significa que podría habilitar el sábado 30.

El pasado julio, los Presupuestos ya sortearon su primer trámite parlamentario cuando el Congreso aprobó el techo de gasto para 2018 con los votos de PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coalición Canaria y la abstención de Nueva Canarias. El límite de gasto no financiero se fijó en 119.834 millones, un 1,3% más que el ejercicio anterior. El incremento es inferior a la evolución prevista del PIBnominal y, por ello, Hacienda mantiene que son unos Presupuestos austeros.

España se ha comprometido con Bruselas a rebajar su déficit público hasta el 2,2% del PIB, lo que supondría cumplir el Pacto de Estabilidad de la UE por primera vez en una década. Se trata de un reto exigente, aunque es cierto que en el momento en el que se baja del entorno del 3%, los posibles desvíos se consideran más aceptables tanto por Bruselas como por los mercados.
La deuda pública, que ronda el nivel del 100%, también debe mantener una senda descendente. Según los objetivos de estabilidad, el pasivo se situará en 2018 en el 97,6% del PIB para caer hasta el 92,5% en 2020. El crecimiento económico, el aumento de los ingresos y la contención del gasto son las variables que permitirán reducir la deuda.

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La UE asumirá parte de las competencias de la CNMV | Mercados

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de Reglamento para transferir amplios poderes de supervisión bursátil desde las autoridades nacionales a los organismos comunitarios.

La nueva norma supone el mayor paso dado hasta ahora para crear un supervisor único europeo, una suerte de CNMV con competencias sobre ciertas áreas de todas las Bolsas del continente.

El proyecto de Reglamento otorga a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) la potestad de impulsar investigaciones sobre casos de abuso de mercado con repercusiones transfronterizas.

La ESMA, con sede en París, asumirá, además, el control directo de los índices de referencia (como el Euribor) y de las proveedores de datos; así como la autorización y supervisión de los fondos de inversión armonizados por la legislación europeo.

El organismo podrá imponer multas de hasta 10 millones de euros o de hasta el 6% de facturación anual a las empresas que infrinjan sus normas. Y de 1,2 millones de euros a los particulares.

El Reglamento, que necesitará el visto bueno de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, supone el embrión de un supervisor único para los mercados bursátiles, en un proceso similar al que transfirió al Mecanismo Único de Supervisión (dependiente del BCE) la vigilancia sobre la mayor parte de las entidades financieras del continente.

“Estamos dando pasos decisivos para fortalecer el sistema europeo de supervisión financiera”, ha señalado Jirky Katainen, vicepreisdente de la Comisión Europea para el área de Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad.

La transformación de la ESMA persigue, además, centralizar el control europeo sobre gran parte de la actividad de la City londinense, el mayor centro financiero de la zona euro que, tras el brexit, dejará de ser territorio comunitario.

El Reglamento confiere a la ESMA poderes exclusivos sobre ciertos servicios cuando sean ofrecidos desde un país tercero, como es el caso de las cámaras de compensación y liquidación. Esa potestad someterá a la City a una estrecha y centralizada vigilancia europea, muy superior, curiosamente, a la que soporta en estos momentos, porque está supervisada en exclusiva por las autoridades británicas. La Autoridad europea bursátil, ya dispone, además, del control directo sobre las grandes agencias de calificación

El cambio de la ESMA se enmarca en la reforma de las autoridades europeas de supervisión financiera (EBA o Autoridad Bancaria; EIOPA o Autoridad de Seguros y pensiones de jubilación; y ESMA), cuya estructura y financiación se reforzará para que dejen de ser poco más que unos foros de coordinación de las autoridades nacionales y pasen a convertirse en organismos con poderes de control sobre el día a día de os mercados.

Con ese objetivo, la Comisión también propone  que cada una de esas Autoridades se dote de un comité ejecutivo independiente similar al que dirige el BCE. La propuesta incluye la sustitución de la financiación nacional de las Autoridades (60% del total) por contribuciones directas del sector financiero y bursátil, lo que permitirá a los organismos aumentar sus recursos y lograr su independencia de las capitales. El presupuesto comunitario seguirá cubriendo el 40% de la financiación, lo que permitirá a Bruselas ejercer una importante influencia sobre las tres Autoridades.

 

1.600 folletos y 134 fondos

La ESMA, según el proyecto de Reglamento aprobado hoy por la CE, asumirá la autorización de los folletos de colocación en bolsa de ciertas emisiones mayoristas, los de emisores especializados (desde compañías mineras a navieras), los de titulizaciones y de los de emisores extranjeros (como la City tras el brexit). Bruselas calcula que la ESMA pasará a tener el control de unos 1.600 folletos al año o el 45% del total de la UE.

La ESMA también asumirá la supervisión directa de los fondos de inversión armonizados a nivel europeo. Se trata de fondos de reciente creación pero cuya actividad aumenta por momentos. En 2016 se autorizaron 22 fondos de capital riesgo (EuVECA), de los que ya operan 117. A los se añaden 7 fondos de empresariado social (EuSEF) y casi una decena de fondos de inversión a largo plazo (ELTIF).

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Báñez quiere aprobar ya el contrato temporal con indemnización creciente | Mi dinero

El Gobierno no quiere perder la iniciativa en materia laboral. Y mucho menos dejar esta iniciativa a Ciudadanos para que la capitalice en el Parlamento. Por ello, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocó hoy a los máximos líderes sindicales de CC OO y UGTy de las patronales CEOE-Cepyme, para acelerar los trabajos de las cuatro mesas de diálogo social abiertas y retomar el protagonismo de las propuestas laborales.

Báñez y los agentes sociales –que valoraron muy positivamente el encuentro– se propusieron tener cerrados acuerdos en la mayoría de todas estas materias antes de fin de año.

La ministra presentó a patronal y sindicatos un documento de propuestas; muchas de ellas están incluidas en el acuerdo de 150 medidas que el Gobierno pactó con Ciudadanos para la investidura, tal y como reconoció la propia Báñez. Si bien, aunque no citó a la formación naranja, la titular de Empleo sí dijo que la propuesta del Gobierno está “abierta a todos para introducir mejoras”.

Estas son las principales medidas que quiere sacar adelante Báñez en la negociación con patronal y sindicatos en los próximos tres meses:

Penalizar el abuso de la temporalidad y la rotación. Dentro de la mesa de negociación para la calidad del empleo, Báñez ha propuesto reducir a tres las modalidades de contrato. Uno sería fijo; otro temporal “de protección creciente” y un tercero de formación.

La ministra confirmó tras el encuentro que dicho contrato temporal consistiría en el consensuado con Ciudadanos en el pacto de investidura. Tendría una duración máxima de dos años, ampliable a un tercero por convenio. Y contaría con una indemnización de 12 días al término del primer año (actual indemnización de todos los contratos temporales);de 16 días al finalizar el segundo año y 20 días a partir del tercero (esta es la indemnización de los despidos objetivos procedentes).

Esto, en la práctica, ya supondría una primera penalización de la contratación temporal porque encarecería sus indemnizaciones al término del contrato.

En esta misma línea, Empleo quiere crear un sistema de bonus malus, que incremente las cotizaciones por desempleo que pagan las empresas a aquellas compañías que abusen de la temporalidad y de la rotación, y las rebaje a las que actúen correctamente en esta materia.

Asimismo, Báñez instó a que en la negociación colectiva empresas y trabajadores fijen límites sectoriales o en las empresas al volumen de contratación temporal que se pueda hacer.

Finalmente, en este capítulo, Báñez anunció que reforzará las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de fraude en la contratación. Para ello, “potenciará” la conversión de contratos temporales sin causa en indefinidos y “revisará” el régimen sancionador.

Plan de choque por el Empleo Juvenil. Estas medidas para los más jóvenes propuestas ayer por Báñez incluirían un nuevo contrato de relevo asociado a la jubilación parcial, para formar a los trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se incorporen a una empresa sin cualificación ni experiencia para ese puesto. Además, Empleo quiere sacar adelante la “ayuda de acompañamiento” de 430 euros a los jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil que consigan un contrato de formación.

Se trata, también en este caso, de una ayuda similar al complemento salarial pactado por el Gobierno y Ciudadanos, para el que Empleo cuenta con 3.200 millones de Bruselas, según dijo ayer Báñez. El Gobierno quiere también ampliar hasta 3.000 euros la bonificación de los contratos de formación que se conviertan en fijos.

Formación. La ministra anunció la publicación “inminente” de dos convocatorias de subvenciones: una para formar a trabajadores en economía digital y tecnologías de la información; y otra, para programas transversales (idiomas, por ejemplo) de carácter sectorial.

Los líderes de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez se mostraron satisfechos y optimistas tras el encuentro con Báñez. Consideraron que la reunión de ayer y las propuestas del Gobierno, son “un buen punto de partida”. Si bien insistieron en que Báñez no les propuso medidas cerradas, sino que todas serán negociables.

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell dijo que los empresarios están dispuestos a hablar de todo, salvo del incremento de cotizaciones sociales. Con ello, ya rechazó, al menos la propuesta subir las cuotas a las empresas que abusen de la temporalidad.

Otras propuestas

La agenda de temas planteada hoy por Báñez a los agentes sociales incluyó estas otras iniciativas:

Salario Mínimo. Los responsables de Empleo quieren “iniciar ya” el análisis con empresarios y sindicatos de los efectos de la última subida del 8% del salario mínimo en 2017; y, en función a ello y a las disponibilidades presupuestarias, negociar la subida para el próximo año.

Igualdad. El Gobierno propone negociar con los interlocutores sociales “medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género, según una tabla de clasificación profesional”.

Conciliación. El Ejecutivo quiere sacar adelante en los próximos tres meses un plan de racionalización de horarios.

Ayudas a parados. Tras prorrogar el plan Prepara, solo hay un capítulo para el que el diálogo social se da más tiempo; hasta finales de abril. Se trata de la reorganización de todos los programas de ayudas a parados de larga duración. Báñez anunció la puesta en marcha en este tiempo de la tarjeta social, donde figurarán las ayudas de cada Administración a los ciudadanos.

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Barclays ficha a Miguel Temboury como asesor en España | Compañías

Barclays ha nombrado a Miguel Temboury asesor sénior de la firma en España, para la que trabajará estrechamente con los co-responsables de banca de inversión, Konstantin Sajonia-Coburgo y Nacho Moreno, según ha informado en un comunicado.

Temboury es abogado del Estado, se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y cuenta con una extensa experiencia profesional. Actualmente ejerce como abogado, actividad que seguirá desarrollando.

Entre 2011 y 2016, fue subsecretario de Economía y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad. Entre otros cargos, fue miembro del consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como miembro de la junta rectora del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y presidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, entre otras responsabilidades.

En el citado comunicado, la entidad asegura sentirse “encantada” de que “un profesional de su talla y prestigio” pase a formar parte de su equipo. “Estamos convencidos de que la reconocida trayectoria profesional de Miguel Temboury y su conocimiento de sectores clave en la economía como el financiero, el  energético y el de infraestructuras complementarán nuestra capacidad de asesoramiento y supondrán un elemento diferenciador en España”, ha señalado.

Por su parte, Temboury destacó que el peso de la banca de inversión y corporativa de Barclays a escala global “responde a las crecientes necesidades de desarrollo y competitividad del nuevo tejido empresarial y financiero español”. “Me enorgullece prestar mis servicios a una firma
que sin duda jugará un papel importante en la economía española en los siguientes años”, ha añadido.

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La CNMV reprende a los brókeres: les pide explicaciones de por qué cotizan en cada Bolsa | Mercados

Los brókeres españoles suspenden en transparencia. O, al menos, a la hora de justificar que han operado siguiendo el criterio de mejor ejecución. Así lo considera la CNMV que ha remitido una carta, a la que ha tenido acceso CincoDías , a los principales intermediarios españoles. Después de haber analizado el modus operandi de 15 entidades financieras ha detectado “diversas deficiencias” a la hora de justificar que buscan el beneficio del cliente cuando operan en la Bolsa oficial (en España, Bolsas y Mercado Españoles) o en alguna de las múltiples plataformas surgidas en los últimos años.

Hasta 2008, la fecha en la que entró en vigor la primera regulación europea sobre los mercados financieros (Mifid), BME tenía el monopolio absoluto de los intercambios bursátiles. Pero entonces se abrió la veda a la constitución de plataformas alternativas en las que se podían comprar y vender acciones. Las oficiales retienen su poder único en las salidas a Bolsa y las subastas de apertura y cierre. La normativa introdujo también la obligación de que cuando un intermediario cierre la compra o la venta de los títulos de un valor lo haga tomando las “medidas razonables” para garantizar la “mejor ejecución”.

La nueva versión de esta ley (Mifid 2) sustituye esas “medidas razonables” por “medidas suficientes”. La directiva europea entiende por mejor ejecución que garantice al cliente el precio más bajo (si compra acciones) o más alto (si las vende). Por ello requerirá, a partir del próximo 1 de enero, que den cuenta anualmente de los cinco centros de negociación más frecuentes en sus operaciones y que justifiquen por qué los han utilizado.

El principal punto débil que observa la CNMV en el modo de operar de los brókeres actualmente es no aportar las suficientes pruebas que soporten la decisión de que comprar una acción en la plataforma de BME es más o menos conveniente para el minorista que en una alternativa. Y eso que cada bróker tiene la obligación de dar cuenta de su política de mejor ejecución en su página web. En este sentido, pone el foco sobre un aspecto concreto: las comisiones y costes cargados en esos mercados. El intermediario debe centrar su análisis en conseguir la mejor “contraprestación total” (la suma del precio del instrumento financiero y los costes).

Este es el principal caballo de batalla de Bolsas y Mercados Españoles desde que se abrió la veda a plataformas alternativas. Estas han mermado la cuota de mercado de BME hasta el 61,59%, según los datos registrados por Fidessa desde el 1 de enero. Por detrás, destacan Bats CXE (20,51%), Turquoise (8.24%) y Bats BXE (6.44%).

El precio mínimo que cargan estas plataformas al usuario final es lo que las hace más atractivas. De hecho, algunos intermediarios como Auriga han afirmado que esas comisiones son tan pequeñas que han optado por no cargárselas al minorista. Esto hace de la carta de la CNMV una invitación implícita del regulador a los brókeres a utilizar más mercados que el oficial. Sin embargo, recuerda que la nueva regla europea no obliga a operar en más de una Bolsa si se puede justificar que un solo mercado ofrece las mejores condiciones. Tampoco el que las plataformas alternativas sean mucho más baratas justifica que el intermediario les cargue con comisiones extra, algo que prohíbe expresamente la carta de la CNMV. BME, por su parte, defiende con datos de julio que ofrece los mejores precios por contar con la horquilla más ajustada entre los órdenes de compra y venta.

El regulador remite su queja tanto a las entidades que realizan servicios de ejecución como a los que se limitan a transmitir órdenes y contratar a otros la compra y venta de las acciones. Estos también están obligados a garantizar esa “mejor ejecución”, aunque operen a través de un intermediario.

Aunque las transacciones extrabursátiles (aquellas que se realizan de forma bilateral y al margen de la Bolsa) están reguladas por parámetros diferentes, la CNMV recuerda que los intermediarios deben comprobar que el precio “es justo” y la ejecución “óptima”. También avisa de que el bróker debe obtener la autorización del cliente cuando vaya a operar fuera del mercado regulado.

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Urbas intenta tranquilizar a sus accionistas | Compañías

El consejo de administración de la promotora Urbas ha dicho hoy que las diligencias abiertas por una querella de Anticorrupción parecen afectar sólo a la ampliación de capital de 2015, cuyas
acciones no han salido a cotización, por lo que las actuales, suspendidas de negociación, no están afectadas.

En un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo se pronuncia así después de que el pasado 13 de septiembre el organismo supervisor suspendiera la cotización de las acciones de Urbas, después de recibir un escrito en el que el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional informaba de que se seguían diligencias
contra Urbas Grupo Financiero; su presidente, Juan Antonio Ibáñez, y otros.

Las diligencias se abrieron tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción para investigar presuntos delitos de estafa, relativos al mercado y a los consumidores, y de administración desleal.

El consejo de administración de Urbas ha señalado que, aunque todavía no tiene la información completa, “fiel y real” de las actuaciones judiciales, “parece ser que los hechos objeto de investigación afectan, única y exclusivamente, a la ampliación de capital social acordada en la junta general de accionistas de julio de 2015″.

Ha recordado que los títulos correspondientes a esa ampliación no han salido a cotización, por lo que trabajará para levantar la suspensión cautelar que acordó la CNMV, pues las acciones que se estaban negociando actualmente no son objeto de la investigación judicial abierta.

El consejo de Urbas señala, no obstante, que la ampliación se aprobó en junta respetando todos los requisitos legales necesarios, sin que nadie la haya impugnado por los cauces reglamentarios.

También ha indicado que el valor de la ampliación de capital consistente en la aportación de activos inmobiliarios fue validado por el informe remitido por el experto independiente designado por el Registro Mercantil, y su contabilización fue sancionada por el auditor e inscrita en el registro.

Además, ha afirmado que la situación provocada por la suspensión de la cotización de las acciones y los hechos investigados no interfiere en el desarrollo de las actividades y operaciones de la compañía, que sigue funcionando normalmente.

El consejo de Urbas ha manifestado que en cuanto reciba traslado de las actuaciones judiciales pondrá en conocimiento del mercado el análisis que haga de ellas.

La junta de accionistas de Urbas aprobó, en julio de 2015, una ampliación de capital de 384 millones de euros, mediante la aportación no dineraria del 100 % del capital social de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

El presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, manifestó el pasado 14 de septiembre a Efe que cinco expertos se encargaron de realizar toda la operación a la hora de efectuar las tasaciones de las propiedades de la empresa para hacer la ampliación de capital, por lo que ni la empresa, ni él personalmente, habían tenido capacidad de manipular nada.

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Cataluña: una economía fuerte en medio del caos político | Compañías

El conflicto entre la Administración central y la catalana no ha minado el ánimo de los inversores extranjeros. La prima de riesgo de la deuda española permanece estable (en los nueves meses que han transcurrido apenas ha sufrido cambios, ya que empezó en 109 puntos básicos y el viernes cotizaba en el entorno de los 117 puntos) y la llegada de capital extranjero ha seguido aumentando a buen ritmo, incluso en Cataluña, lo que refleja que la confianza en la economía española persiste, pese a que las disputas entre ambas partes se han recrudecido en los últimos meses. Sin embargo, la cercanía del referéndum para que los ciudadanos catalanes voten si quieren independizarse de España ha provocado la reacción política, en primer lugar, y la de los empresarios, en segundo, alertando sobre los riesgos de la convocatoria de una consulta y de una futurible independencia. Esas advertencias pueden provocar un efecto no deseado en los mercados, con una escalada de la desconfianza y de la prima de riesgo, que por ahora los analistas descartan, al menos en el corto plazo.

Está mucho menos claro cómo el apoyo a la independencia evolucionará a medio plazo. Ese camino dependería en gran medida de las políticas y respuestas de ambas partes. Podría haber desencadenantes que hicieran que el camino a corto plazo no fuera lineal, lo que podría conducir a una escalada mayor:una chispa de violencia; una respuesta desproporcionada por cualquiera de las partes; o quizás la aplicación del artículo 155 por parte del gobierno central para retirar las competencias autonómicas a Cataluña”, resalta un informe del banco británico Barclays sobre Cataluña.

Otro informe de Goldman Sachs recalca que la celebración de un referéndum tiene un apoyo mayoritario de la población, pero que eso no significa que quieran más independencia, sino que están a favor de una mayor autonomía del Estado central y a recibir un mejor trato fiscal. “En nuestra opinión, la celebración de un referéndum es una oportunidad de Cataluña para recordar al Gobierno de Madrid las demandas de la región sobre mayor autonomía. Esa es la parte de donde viene la fuerza de Cataluña, no de sus reivindicaciones de independencia”, apuntó.

El Gobierno central le ha prestado 68.458 millones desde 2013, el 30% del rescate autonómico

A falta de dos semanas para la celebración del referéndum, la fotografía de la economía catalana refleja una fortaleza que contrasta con el caos político que se vive, con un parlamento fracturado entre los que apoyan y rechazan la independencia y un gobierno autonómico que ha cortado las líneas de comunicación con Hacienda.

Comunidades autónomas

El PIB de Cataluña ha crecido dos ejercicios consecutivos rozando el 4%, por encima de la media nacional, y la tasa de paro se ha mantenido por debajo de la marcada por España durante toda la crisis. El último dato correspondiente a la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre corrobora una tendencia visible desde 2011: la tasa de paro en España fue del 17,22% de la población activa y la de Cataluña fue del 13,20%, cuatro puntos por debajo. La mayoría de empresas no ha huido de la comunidad autónoma, sino que ha redoblado su apuesta por seguir creciendo en Cataluña. El ejemplo más claro es la multinacional Amazon, que a principios de septiembre confirmó que tendrá un centro de I+D en Barcelona, que se sumaba al nuevo centro logístico anunciado en abril. La cadena hotelera B&B anunció también a principios de septiembre una inversión de siete millones de euros para duplicar las camas del establecimiento que tiene en Viladecans, que en 2018 tendrá 216 habitaciones, convirtiéndose en el más grande de la firma, que en la actualidad tiene seis hoteles en Cataluña.

El temor a la secesión apenas ha tenido reflejo en las cifras de comercio exterior. Las exportaciones han crecido a buen ritmo y la inversión extranjera, lejos de recortarse, ha aumentado de forma continuada en los últimos cuatro ejercicios. De 2.675 millones de euros captados en 2012 se ha pasado a 5.051 millones en 2016. Estas últimas cifras se refieren a inversión productiva, aquellas que genera actividad y empleo. Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, apuntan en esa misma dirección. Entre enero y marzo, la inversión extranjera recibida por Barcelona fue de 856 millones de euros, un 70% más que el mismo período de 2016 y la cifra más alta desde que estalló la crisis económica.

Dos terceras partes de la deuda de Cataluña está en manos del Gobierno

Esta aparente contradicción responde a dos cuestiones: la primera es que los inversores no se han creído hasta ahora la opción de la independencia, y en segundo lugar, la intervención de facto de la economía catalana desde que Mariano Rajoy llegó a la presidencia en diciembre de 2011. Entre 2012 y 2016, el Estado ha gastado 223.000 millones de euros en el rescate autonómico, de los que 68.458 (el 30,7% del total) los ha recibido Cataluña.

Esos fondos, que han servido para pagar vencimientos e impagos con proveedores, se han convertido posteriormente en deuda. El pasivo de Cataluña no ha dejado de crecer desde 2012 y se ha situado en el primer trimestre de este año en 75.443 millones, el 27% del total de todas las comunidades autónomas. El Estado es el principal acreedor de Cataluña, con 50.626 millones de euros. La estrategia del Gobierno central era establecer un vínculo de dependencia económico lo suficientemente fuerte con Cataluña para desactivar el conflicto político. Y hasta ahora lo había conseguido, ya que los fondos que ha ido proporcionando a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) han servido para pagar a los empleados públicos, las facturas a los proveedores y sobre todo para evitar el contagio al sector privado.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó esta semana que no se habían identificado deslocalizaciones a otras autonomías, aunque advirtió que la secesión tendría un impacto catastrófico, con un recorte del PIB del 30%. Independizarse de España supondría la salida automática de la UE y el establecimiento de aranceles en sus intercambios comerciales. Una parte sustancial de las ventas de bienes y servicios de Cataluña se destina a España y la imposición de barreras arancelarias las haría menos competitivas, por lo que las empresas españolas buscarían proveedores en otros países.

La resolución de ambos conflictos (político y económico) no parece sencilla y ofrece distintas alternativas. Josep González, presidente de PIMEC, la patronal que representa a medio millón de pymes, aboga por la conveniencia “de un referéndum acordado con el Gobierno y también cumplir con la legalidad”. Otros abogan por que política y economía se encuentren en un pacto fiscal, en el que Cataluña vea “reconocido” el desajuste fiscal que sufren. Las últimas conclusiones de Hacienda, realizadas a partir del trabajo de Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los expertos para la reforma de la financiación autonómica, apuntan a que hay cuatro comunidades que aportan más al Estado de lo que perciben. Se trata de Baleares, con un saldo negativo de 1.516 millones, Comunidad Valenciana (1.735 millones), Cataluña (9.892 millones) y Madrid (19.205).

Con el propósito de que la secesión no se produzca, políticos y empresarios han unido sus voces para frenar el referéndum Todos coinciden en desactivar la ruptura con España, pero las diferencias son evidentes en cómo resolver el conflicto, que van desde una reforma de la Constitución, del sistema de financiación autonómico para corregir el déficit fiscal catalán con el Estado o incluso un nuevo estatuto de autonomía que amplíe las competencias frente al Estado.

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La buena marcha de la vivienda calienta el mercado de suelo | Mi dinero

La recuperación del mercado de la vivienda, de la que ya nadie duda, sigue trasladándose al suelo y viceversa. El Ministerio de Fomento hizo pública el viernes la estadística de precios de suelo correspondiente al segundo trimestre de este año. En ella, aunque el promedio nacional de encarecimiento de los solares todavía registra cifras modestas, del 1,8% anual; lo cierto es que en las localidades de más de 50.000 habitantes los suelos vendidos se revalorizaron una media del 11,7%, hasta situarse en 326,3 euros por metro cuadrado.

Este fenómeno es lógico si se tiene en cuenta que la mayor actividad promotora y de venta de casas continúa muy concentrada en las grandes urbes y en los municipios más turísticos del área mediterránea.

Eso sí, el hecho de que los solares en esos territorios ya repunten a tasas de dos dígitos no solo da muestra del apetito que existe por adquirir terrenos para edificar, sino que anticipa nuevas subidas de precios en las casas futuras. De alguna forma, el precio de la vivienda y el suelo se retroalimentan.

La estadística, elaborada con datos procedentes de los registros de la propiedad, muestra también el repunte protagonizado por las ventas de solares. De abril a junio se contabilizaron un total de 5.998, un 35,2% más que las realizadas en idéntico periodo del año pasado. La superficie que fue transmitida representó un total de 7,2 millones de metros cuadrados, que representa un aumento del 28,6% anual.

Otro indicador que da idea del vigor de este mercado es el valor total alcanzado por los terrenos vendidos, que fue de 1.073,8 millones de euros, un significativo 43% más que en el segundo trimestre de 2016.

Por territorios, llama la atención cómo mientras Cataluña es la comunidad autónoma donde más número de transacciones de suelo se registraron el segundo trimestre del año, su valor en millones de euros es el tercero más elevado, por detrás del precio total marcado por las compraventas en Madrid y Andalucía. Este fenómeno se explica por la cantidad de superficie transmitida, que en el caso andaluz superó al catalán y, sobre todo, por el precio del metro cuadrado. Así, Madrid ostenta los valores más caros, ya que pese a vender casi un 40% menos de superficie que Cataluña, el valor que alcanzó ésta fue un 39% superior.

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